Políticas institucionales de los municipios

José Ramón González Parada

Las ciudades

Las grandes ciudades, consideradas motores del desarrollo por ubicarse en ellas los centros productivos y de negocios, son también por esa misma razón, las campeonas de la necesidad y la pobreza. En ellas se avecina la población más vulnerable, la más expuesta a los estragos de la economía, los inmigrantes que carecen de redes protectoras familiares, los carentes de acceso a medios de subsistencia. Ciudades como Atenas, Lisboa y Madrid fueron consideradas en el epicentro de la crisis económica social, capitales europeas del hambre, sin que esta condición, a diferencia de otras “capitalidades”, fuera suficiente para movilizar las energías sociales e institucionales que la situación requería. ¿Requería? ¿Es que ya está solucionado el problema? ¿Es que ya no se requiere nada de los poderes locales en las grandes ciudades? Rompiendo el apagón informativo en relación a la emergencia alimentaria persistente, llegan a ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia aires de renovación en materia alimentaria, impulsados por el Pacto de Milán.

La novedad hoy en el sur de Europa es que la crisis alimentaria es consecuencia de situaciones estructurales y que por tanto no parecen estar sometidos a coyunturas de breve duración; por otra parte sobrepasa la situación de poblaciones marginales que por razones políticas o éticas han sido ayudadas en su alimentación, afectando ya a sectores de clase media, que nunca habían sospechado su empobrecimiento. El enfoque cambia cuando la situación se hace crónica y la asistencia estructural. Entonces las implicaciones sociales y políticas son las claves de un sistema de asistencia, y la reclamación de una efectiva aplicación del derecho a la alimentación es la clave de un planeamiento que supere las medidas meramente asistencialistas.

El enfoque asistencialista de los Estados

Sin embargo las grandes ciudades quedaron fuera del esquema asistencial diseñado desde la UE, que puso a disposición de los gobiernos fondos especiales para la distribución de alimentos. El procedimiento es para todos los países idéntico, compra de alimentos en licitaciones internacionales, distribución a través de organizaciones civiles y un sistema de supervisión y control altamente burocratizado, lo que supuso quejas por parte de las entidades de reparto de alimentos, convertidas en apéndices de la burocracia europea. A destacar en el sistema de la ayuda europea –que por otra parte se completa con donaciones de grandes filántropos y de campañas populares de recogida de alimentos– dos aspectos que lo caracterizan.

Por una parte el sistema de compra en base a grandes licitaciones que devuelve al agronegocio parte de las ventas perdidas como consecuencia de la crisis social. El sistema de licitación cierra de hecho las puertas a cualquier iniciativa local, a las pequeñas cooperativas, a los sindicatos agrarios, a los pequeños productores; como dato llamativo en el año 2014 la licitación para el abastecimiento de leche para su distribución gratuita que el Gobierno Portugués hizo con los fondos europeos, se adjudicó el concurso a una multinacional con base en Asturias, a pesar de que Portugal era y sigue siendo excedentaria en leche. Por tanto la filosofía que impregna la ayuda alimentaria en la UE es la misma que llevó a la crisis, el modelo neoliberal. Un modelo que en el caso de la ayuda alimentaria impide cualquier circuito de proximidad, premia el agronegocio frente a las pequeñas economías agrícolas locales, y niega el mínimo planteamiento de soberanía alimentaria.

Otro aspecto destacable es la opción por los bancos de alimentos y otros organismos semejantes como principales canales de distribución mayorista. En el caso español el organismo estatal responsable de la gestión de esta ayuda alimentaria es el Fondo Español de Garantía Agraria –FEGA– organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca…, que se encarga de las licitaciones, y entrega las provisiones adquiridas al Banco de Alimentos y a Cruz Roja, que actuando como mayoristas distribuyen los alimentos entre las entidades sociales que entregan los paquetes de alimentos a la población necesitadas, entre las cuales destaca Caritas. Este procedimiento, que tiene la ventaja de apoyarse en unas entidades con instalaciones y capacidad logística demostrada, necesita para ser operativo el concurso de un buen número de voluntarios que ponen las organizaciones, y produce la impresión –impresión deseada y potenciada por los gestores públicos– que la cuestión de la pobreza, del hambre, se resuelva por la vía de la compasión y la caridad de la solidaridad popular. Aparte de ocultar conscientemente que los productos entregados gratuitamente fueron comprados en el mercado con fondos públicos (al menos en los últimos recuentos hechos por la Red de Investigación y Observatorio de la Solidaridad, el 60% de los alimentos entregados por el Banco de Alimentos y de la Cruz Roja provenían del FEGA, siendo el 40% restante obtenido por donaciones de grandes filántropos y por las campañas populares de recogida de alimentos) este sistema de abastecimiento y reparto elude cualquier conexión con el poder local, y evita cualquier referencia o reclamación en base al derecho a la alimentación. Es más, resulta habitual que los servicios sociales de los ayuntamientos “deriven” hacia las entidades asistenciales privadas los casos que les llegan de emergencia alimentaria.

Según un informe de Graham Riches (Canadá) “los bancos de alimentos se han establecido como una de las industrias caritativas de más rápido crecimiento en las sociedades del primer mundo, y están jugando un papel importante en el ámbito de la reestructuración de los Estados de Bienestar, haciendo posible –y más asumible- el recorte de derechos que viene aplicándose en determinados países. Su rápida expansión e institucionalización refleja la prevalencia de la pobreza”.

Estrategia alimentaria en las grandes ciudades

En el mes de Octubre de 2016 se firma en Milán el Pacto de Política Alimentaria Urbana –Pacto de Milán– , en el que se define la competencia de los poderes locales para una estrategia alimentaria de las ciudades, siendo el primer protocolo internacional en el que se establece un programa de intervención municipal en el ámbito de la producción y distribución de alimentos. Se adhieren a este Pacto 123 ciudades, entre las que se encuentran Alcalá de Henares, Barcelona, Bilbao, Córdoba, Denia, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Menorca, Mieres, Oviedo, Rivas Vaciamadrid, Valencia, Villanueva de la Cañada, Vitoria-Gasteiz y Zaragoza, una lista provisional a la que se siguen sumando ciudades. En octubre de 2016, la ciudad de Valencia, tras un proceso de votación, fue la ciudad designada para organizar el Encuentro Anual y Cumbre de Alcaldes del Pacto de Milán de 2017 que tendrá lugar del 19 al 21 de octubre de 2017.

El análisis y desarrollo actual de este acuerdo intermunicipal a escala mundial necesitaría todo un número monográfico de esta revista, por lo que en este artículo vamos a señalar solo alguno de los aspectos más relevantes para nuestro objetivo. Hay tres consensos básicos en el Pacto,

  • la responsabilidad de los poderes locales para mejorar la alimentación de las personas que habitan en las ciudades,
  • la prevalencia de una alimentación de mala calidad,
  • y la persistencia de bolsas de pobreza urbana en situación de emergencia alimentaria.

Y se proponen diversos ejes de intervención, entre otros promover la agricultura urbana y periurbana, integrándola en los programas municipales; los huertos urbanos adquieren en el Pacto una dimensión productiva, no solo educativa o de ocio. También se proponen promover los circuitos cortos de producción y consumo, centrándose en los pequeños productores y las empresas agrícolas familiares, destacando el papel de la mujer en la producción y procesamiento de alimentos, las redes y las plataformas del productor al consumidor o grupos de consumo. Todo ello en el marco de una apuesta por la producción agroecológica, y por la redistribución y la justicia social, enfrentando el problema de la malnutrición y desnutrición consecuencia de la pobreza.

La filosofía, el contenido y la agenda del Pacto de Milán supone un cambio epistemológico en relación al paradigma de la alimentación que defiende el sector agroalimentario industrial que domina en la burocracia europea y que determina el modelo de la ayuda alimentaria que se analiza en el epígrafe anterior.

El Pacto de Milán propone un catálogo de acciones recomendadas, del cual recogemos los siguientes puntos:

  • Utilizar las transferencias de alimentos y de dinero, y otras formas de protección social (bancos de alimentos, comedores comunitarios, despensas de emergencia, etc.) para asegurar el acceso a una comida sana a los segmentos vulnerables de la población, teniendo en cuenta las convicciones, culturas, tradiciones, costumbres y preferencias alimentarias específicas de las diferentes comunidades, en el respecto de la dignidad humana y para evitar una mayor marginación (Punto 14).
  • Redefinir los programas de los comedores escolares y otros servicios alimentarios institucionales con el fin de ofrecer comida sana, de procedencia local/regional, de temporada y producida de manera sostenible (Punto 15).
  • Fomentar y apoyar actividades de economía social y solidaria con especial atención a actividades en campo alimentario que favorezcan medios de vida sostenible para los segmentos marginados de la población en los diferentes niveles de la cadena alimentaria y faciliten el acceso a alimentos sanos y seguros en las áreas urbanas y rurales (Punto 17).
  • Promover la constitución de redes y apoyar las actividades de la sociedad civil, (como huertos y comedores comunitarios, comedores sociales, etc.) destinadas a crear inclusión social y proporcionar comida a los segmentos marginados (Punto 18).

El Ayuntamiento de Madrid, como firmante del Pacto de Milán y del Pacto contra el Hambre promovido por la plataforma de la Carta contra el Hambre, desarrolla su estrategia alimentaria entre cuyos objetivos se encuentra la Iniciativa Legislativa Municipal (ver artículo específico en este mismo número) como línea de acción del Marco Estratégico de Equidad/Economía Social. Y también toma en cuenta promover los canales cortos de comercialización, la alimentación escolar, los huertos escolares, y la emergencia social, entre otros aspectos.

Una iniciativa de la Carta contra el Hambre son los Centros Municipales de Cultura Alimentaria, que ya se experimenta en forma embrionaria en el distrito madrileño de Tetuán, donde a la vez que se da satisfacción a la inmediata necesidad de alimentos, se convierte en escuelas de ciudadanía, para que los afectados encuentren un canal de proposición, participación y mejora.

Por último, la Carta contra el Hambre ha propuesto como espacios aprovechables para Centros de Cultura Alimentaria la red de Centros de Mayores (89 en la Capital) con cocina, comedor, aulas para divulgación o talleres, espacio de usos múltiples para asambleas, que pueden proporcionar una actividad intergeneracional e integrada en el barrio, aumentado su valor como servicio público del que también se benefician los usuarios del Centro.

La confluencia de estrategias municipales, diversas pero enmarcadas en una filosofía común, supone por una parte mejorar la satisfacción de necesidades sociales en un marco de derechos, y por otra la recuperación de la acción política de los poderes locales frente a la política del PP de ajuste y recorte de las competencias municipales.