LA SOCIEDAD DIVIDIDA

nº 85 octubre 06
 
De un tiempo a esta parte estamos asistiendo a un fenómeno creciente de crispación social. Opiniones antagónicas e irreconciliables, debates nada dialécticos donde no se mueve nadie de las posiciones iniciales, descalificaciones personales y de grupo, trifulcas, insultos, etc. La calle, el parlamento y los medios sirven a la vez de fuente y de altavoz a todo esto y van situando a cada persona, a cada colectivo en alguno de los extremos del debate. De este modo, la sociedad se va caldeando, posicionando, crispando, dividiendo. Sin que sean comparables los contextos, si no fuera por los nacionalismos autonómicos, cederíamos fácilmente a la tentación de ver en todo esto otra reedición de las dos Españas de las que hablaba Machado.

En una sociedad cada día más plural y compleja, será siempre muy difícil diagnosticar los verdaderos motivos que explican el fenómeno. Más difícil será aún encontrarle la terapia adecuada… Pero, metodológicamente, se nos antoja mirar todo esto desde esos ventanales mayores que representan las últimas leyes orgánicas o de carácter más social que han ido apareciendo en estos últimos años. ¿Serán esas leyes las verdaderas causas de la actual confusión, de la discordia?

A pesar de su importancia, no creemos que sean estas políticas la causa única de la actual crispación. Tanto más cuanto que, durante el recorrido, todas estas leyes han ido perdiendo peso, se han ido acomodando más a los intereses políticos del legislador que al problema social que trataban de encauzar. Nos referimos a leyes tales como la de los matrimonios homosexuales, la LOE o ley orgánica de Educación, la ley de género o igualdad entre le hombre y la mujer, las políticas de normalización de los inmigrantes, a la ley de la recuperación de la memoria histórica, a la política de pacificación de Euskadi, etc. ¿Son estas leyes causa o excusa para la actual crispación?

No es este el lugar para abordar un asunto realmente tan complejo, pero, más que causa, estas leyes nos parecen un pretexto, una excusa. Nuestra opinión es que la actual situación obedece, más bien, a una estrategia bien montada por unos poderes económico-políticos muy concretos y alimentada y difundida por unos medios poderosos que están al servicio de unos intereses muy particulares. Les podrá resultar acertado o desacertado el envite, pero en ello están invirtiendo muchas energías y creando mucha confusión.

Más al fondo, todo esto es posible por el actual descrédito que se está echando sobre todo lo público colectivo: desde la magistratura a la política, desde la educación a la sanidad, desde los medios de comunicación públicos hasta la misma configuración autonómica del Estado. Y todo esto es peligroso. Se comienza descalificando a los políticos (“todos son iguales, corruptos”, “están ahí para forrarse”), se continua con los partidos (“no buscan más que elpoder”), se desprecia la acción política como servicio a la colectividad y se descalifica la democracia como forma de participación de los ciudadanos. Y es verdad que hay en todo esto mucho criticable, pero ¿es bueno llevarlo hasta el extremo del descrédito? ¿Qué se pretende?

Ha habido épocas en que se ha podido reconocer un cierto paradigma de funcionamiento en las religiones, en las iglesias. Pero, hoy día, dada su organización y funcionamiento piramidal, excluyente y muy poco respetuoso con los derechos de la persona, y dado también su posicionamiento partidista tanto a nivel universal como entre nosotros, en España, parece muy poco lo que estas instituciones pueden inspirar acerca de una práctica sociopolítica justa y equitativa entre los ciudadanos.

Más que una alocada descalificación de toda acción política y eclesial, este número de Éxodo puede llevarte a una reflexión serena y ponderada sobre las actuales mediaciones en que estamos apoyando nuestra ciudadanía, nuestra mundialidad. ¿Qué nos urge reformar, convertir?

IÑAKI GABILONDO

Evaristo Villar y Juanjo Sánchez

nº 85 octubre 06
– Autor: Evaristo Villar y Juanjo Sánchez –
 
Iñaki Gabilondo nació en San Sebastián en el seno de una familia numerosa. Sus excepcionales dotes personales, su inusitada capacidad de trabajo y su impecable profesionalidad le han colocado a la cabeza de nuestros mejores comunicadores de todos los tiempos. Iñaki es un melómano apasionado, un lector empedernido y viajero ilusionado. Con más de 40 años en la radio y actualmente en La Cuatro de TV quizás haya sido “Hoy por Hoy” el programa líder que le ha colocado durante muchos años a la cabeza del ranking de audiencia en la radio española.

Los sondeos del Instituto Gallup le han situado en el primer puesto del ranking “Credibilidad de Periodistas”. PR Noticias le ha reconocido como el periodista más influyente. Iñaki Gabilondo es uno de los periodistas españoles más premiado; será difícil que ninguno de los premios importantes del periodismo español esté ausente en su vitrina. Citamos sólo el último, la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2006).

Iñaki nos recibió con un caluroso apretón de manos y durante la entrevista se mostró muy cordial y diáfano. ¿Te ha sorprendido que el Consejo de Redacción de Éxodo haya pensado unánimemente en ti para esta entrevista?

Me extrañó, sí, porque yo tengo muchas más preguntas que respuestas. En todo este tipo de debates yo ando buscando. Espero, no obstante, poder compartir mis dudas con vosotros. A lo mejor os valen mis perplejidades.

Tú que llevas tanto tiempo en esto de la información desde los más importantes medios del país, ¿consideras acertada nuestra percepción de que existe una crispación desmesurada, más allá de lo razonable, en la sociedad española actual?, ¿que la sociedadse está dividiendo, polarizando quizás en exceso?

Desde hace algún tiempo yo estoy preocupado por la deriva de los partidos políticos y los medios de comunicación que nacieron al servicio de grandes y nobles causas y que ahora no lo parecen tanto. Ya no se ve tan claro que los partidos políticos estén al servicio de la democracia y que los medios de comucación defiendan los sueños de libertad del hombre. Creo que hoy necesitan reflexionar seriamente sobre su deriva actual, porque, probablemente, sin caer en la cuenta y manteniendo todavía la retórica fundacional, están empezando a convertirse, exagerando un poco, en un cierto peligro para la sociedad.

Parece muy serio lo que acabas de decir, ¿puedes aclararlo un poco más?

Lo que digo lo afirmo muy desde dentro, desde lo que, a mi juicio, podría llegar a pasar si no somos autocríticos. Vamos a ver: que el bien común es teóricamente el gran objetivo de los partidos políticos nadie puede dudarlo. Pero lo que actualmente se advierte es que el único objetivo que parece acabar moviendo a los partidos es el poder. La lucha por el poder será siempre necesaria como medio para alcanzar otros fines. Pero, si los partidos políticos no son alguna vez autocríticos, la lógica del poder puede llegar a cegarlos y a concentrar todo su esfuerzo en eso, en la sola conquista del poder. Y esto ya no es bueno, es peligroso. Respecto a los medios de comunicación, y mirando desde dentro, habría que decir algo parecido. No es que, desde mi punto de vista, los medios hayan perdido su aliento fundacional. Lo que pasa es que la lógica del editor, el interés de la empresa periodística se ha apoderado de la inspiración original, y entonces los propios intereses pueden ir acabando con los iniciales sueños de libertad. A veces, dicho sea en broma, suelo decir que cada diez años debería haber dos meses sin prensa, sin radio y sin televisión para permitir que este mundo se regenere un poco.

Quieres decir que la práctica habitual, que la cotidianidad, por el lógico desgaste, acaba desvirtuando o pervirtiendo los más nobles ideales, o ¿adviertes que hay algún otro tipo de intencionalidad?

Sinceramente, yo creo que la deriva actual puede estar inducida. En parte sin quererlo, es verdad, como consecuencia de esta corriente de circulación de la acción política.

Pero tampoco descarto que dicha deriva esté inducida con una calculada intencionalidad. En este sentido, creo que en España, desde el 11 de marzo de 2004, se ha puesto en marcha una estrategia, en parte calculada y en parte derivada de la propia ira, encaminada a sobreexcitar cuanto pueda ser sobreexcitado y a tensionar cuanto pueda ser tensionado. Lo que estamos comprobando ahora no es el resultado de la tensión natural de las cosas, sino de una decisión previamente tomada. Una tensión que, intuyo, se podría expresar del siguiente modo: “la calle nos ganó; pero, si queréis calle, tendréis calle”. Esta actitud empezó a notarse pronto. Por lo cual nos va a costar mucho llegar a discernir cuánto hay de realidad social en el debate actual y cuanto hay de realidad inducida. Inducida, a mi modo de ver, en dos aspectos: inducida como cálculo estratégico para toda la legislatura y, también , inducida como consecuencia de la ira.

En definitiva, pienso que los partidos políticos tienen que reestudiar más a fondo su pensamiento y su acción en la sociedad. Y lo mismo tienen que hacer los medios de comunicación. Porque, en estos momentos, la suma de los partidos políticos en tensión y de los medios de comunicación en competencia están provocando una tal crispación social que deberíamos tener mucho cuidado no sea que algún día no se nos escape de las manos.

Algo que nos deja perplejos en este panorama es el posicionamiento unilateral de la jerarquía eclesiástica. En algún momento has dicho tú que te resulta “inconcebible”. A nosotros nos resulta, sencillamente, escandaloso. ¿Qué significa esa actuación?

La posición de la jerarquía católica a mi también me causa escándalo, un gran escándalo. Yo creo que la Iglesia tiene una responsabilidad muy importante en la concordia ciudadana. La Iglesia no puede ser ni la abanderada ni el escenario de la discordia social. Y los hechos, aunque ella lo desmienta, están demostrando que hoy día está siendo lugar de confrontación y fuente de discordia. Y esto es completamente intolerable. Cuando la Iglesia ha liderado sus grandes causas y lo ha hecho en nombre de sus grandes principios siempre ha ido con la cara por delante. Ahora parece no querer dar la cara. Cuando la COPE está descargando esa agresividad tremenda y descarada contra todo lo que se mueve en este país, la iglesia jerárquica mira hacia otra parte, como si ella no tuviera ninguna responsabilidad.

A este propósito, un día le dije al obispo Blázquez: “mire usted, yo ya sé que la COPE no dice lo que ustedes le dicen que tiene que decir. Tampoco a mi me dice Polanco lo que tengo que decir, aunque ustedes me reprochen eso. Pero le digo una cosa. Un medio de comunicación, en sus programas fundamentales, no está transmitiendo exactamente lo que sus patronos quieren decir, pero está mostrando lo que sus patronos están dispuestos a entender como aceptable. Porque bastaría que mañana la COPE empezara a decir que el Papa tiene que ser mujer, que habría que enajenar los bienes de la Iglesia, etc. para que la Conferencia Episcopal apareciera cerrando la emisora. De manera que lo que se oye es lo que marca los límites de lo que la empresa acepta”. Pues bien, si esto es así, tendremos que aceptar que la COPE dice lo que sabe que a la jerarquía católica le parece aceptable. Y en este sentido, la jerarquía católica está haciendo jugar a la Iglesia un juego de crispación social inaceptable y ofensivo para la paz ciudadana.

¿Y cuáles pueden ser las consecuencias de todo esto?, ¿adónde nos puede estar llevando?

Me parece -lo digo con toda honestidad- que esta actitud de la jerarquía está haciendo daño a la sociedad. Lo que me preocupa son las heridas sociales, las tensiones sociales que ya empiezan a aflorar. Me preocupa, y mucho, que la gente empiece a mirarse con recelo, que se creen grupos de ciudadanos enemigos. Eso es intolerable. Y los que estamos participando en este juego somos muy culpables, pero en un grado distinto. No sé la responsabilidad que yo puedo tener, aunque yo creo que estoy jugando con honradez. En todo caso, soy un ciudadano particular. Para mi, la jerarquía eclesiástica, por lo que representa, me parece que tiene mayor responsabilidad. Lo he dicho por la antena, se lo he dicho a monseñor Amigo, a monseñor Blázquez y se lo digo a quienquiera que tenga ocasión. Incluso, cuando me han preguntado mi opinión sobre Federico Jiménez Losantos, les he dicho: mira, de Federico Jiménez Losantos podemos hablar mucho, pero no es ésta la cuestión, no es él la categoría; la categoría está en que un personaje como él, con un pensamiento, a mi juicio, completamente incendiario, está participando en un medio de comunicación cuya titularidad pertenece a la Conferencia Episcopal. Esa es la categoría. Todo lo demás es secundario.

Cuando los comunicadores habláis de la Iglesia católica ¿sois conscientes de la gran diversidad que tanto en el discurso como en la praxis existe actualmente en ella?

Yo sí, por supuesto. Por eso, cuanto he dicho hasta ahora sobre la actual posición de la Iglesia, me he cuidado mucho de referirme no a la Iglesia en general, sino a la jerarquía católica en concreto. Conozco la existencia de otras miradas distintas dentro de la fe y de la Iglesia. Por supuesto que las conozco. Y, naturalmente, yo nunca haré una argumentación anti-Iglesia, sino anti-jerarquía de la Iglesia. Esto lo tengo bastante claro.

Yo tengo una hermana misionera, he conocido muy de cerca y seguido con gran complicidad y con toda mi solidaridad muchos movimientos cristianos de base. Estuve en el Salvador en el primer aniversario de la matanza de los jesuitas de la UCA y, en solidaridad con ellos, hice un programa en directo desde allí. Es más, mi escándalo es mayor porque vengo de una familia muy católica, con algún miembro, como digo, en las fronteras misioneras de la Iglesia. Soy agnóstico, pero mantengo vivo ese trasfondo religioso en que hemos sido educados todos los que venimos de una familia católica. Y, por supuesto, con un respeto superlativo a la fe. Si no fuera por esto, mi indignación no sería tan grande. Lo miraría como un fenómeno menor. Pero me siento dolido en nombre de la gran cantidad de gente cuya fe y cuya manera de entender la vida debería merecer otra cosa. Soy, en consecuencia, muy severo con la jerarquía católica española en estos momentos de crispación. Más que alinearse escandalosamente con algunas posiciones que están jugando a la confusión y la crispación entre los ciudadanos, se esperaría de ella un debate sereno que llevara hacia la convergencia y la concordia. Nunca se podría esperar de la Iglesia que sea una de las causas de desintegración social.

¡Todavía sobre la Iglesia dos preguntas muy concretas. No sabemos si coincides con nuestra idea de que la Iglesia, dada su constitución dogmática y vertical, no acaba de encajar bien en una sociedad democrática. Quizás esté temiendo que, en un contexto así, se le escapan parcelas de poder. Y la segunda, – has aludido antes al destrozo de tejidos que causan algunas posturas- ¿adónde puede conducirnos esta posición de la Iglesia?

Parecería que Roma (y comienzo por la Iglesia en general, luego nos referimos a la Iglesia española en particular) después de un papado que aspiraba a la conquista universal, estuviera tratando de hacer un regreso hacia el interior de las murallas para purificar la doctrina contaminada en contacto con el exterior. No lo sé, lo que veo es que la Iglesia no está acertando en la comunicación con las transformaciones culturales de nuestro tiempo. La Iglesia está fracasando, a mi juicio, de una manera estrepitosa en el entendimiento de una nueva sociedad. Se le está yendo. Las respuestas que el hombre de hoy anda buscando ya no las encuentra en la Iglesia. Por eso digo que se está distanciando de la realidad.

En lo que toca a la Iglesia en España, he comparado algunos discursos 1949, y son clavados. Lo cual me hace pensar si lo que dicen tiene que ver algo con la Iglesia o más bien con esa idea política de que sólo hay una forma de entender España que es la tradicional católica. La prueba está en que esa especie de tentación ha llevado a los actuales dirigentes de la Iglesia española a plantearse la quimera de si la unidad de España es un bien moral. A mi, todo esto me sorprende porque se está dando la sensación de un enorme desconcierto. Cuando estás asistiendo al fenómeno de que la sociedad se te está yendo porque ya no estás dando respuestas a sus interrogantes más serios, tú te pertrechas en un atrincheramiento doctrinal inamovible y te alineas con la desfasada idea política de que España o es católica o no es. ¿Por qué todo esto?

Y ¿adónde puede conducirnos semejante postura?

No lo sé. Pronosticar el futuro es equivocarse, la vida da muchísimas vueltas. Yo tengo la impresión de que no va a tardar mucho en aparecer un formidable movimiento de tipo espiritualista. Se han pasado. La trituradora de la competitividad, del beneficio al galope, del todo rápido, ahora y ya, está quemando etapas demasiado aprisa. Es toda una locura en la que estamos metidos. El hombre está lleno de preguntas sin respuestas, está metido en un montón de territorios fronterizos entre la razón y la pasión… Y sospecho que hay aquí un espacio muy rico para la exploración. Muchas cosas andan por ahí flotando.

En este momento la gente no encuentra ya en la Iglesia oficial ni consuelo ni respuestas. Y a lo mejor tampoco tendría por qué encontrarlas. Se señala incluso a la Iglesia como uno de los males de nuestro mundo… No sabría pronosticar. La sensación de lo sagrado anda siempre por ahí brotando en un sin fin de cosas, construyendo ¡otro mundo sin saber muy bien hacia dónde… Pero de lo que sí estoy convencido es de que la jerarquía católica y la española, para empezar, por ahí no van a ninguna parte. Están dejando fuera del territorio de la fe a muchísima gente. Y esto es muy grave.

Saliendo del campo meramente eclesiástico, no sabemos si compartes la opinión de que, de esta situación de crispación y división, los grupos que más salen ganando son los más fundamentalistas, los más violentos. ¿Qué opinión te merece el retorno de la kale borroka en el actual esfuerzo por la pacificación de Euskadi? ¿No hay también ahí un rebrote de los grupos más fundamentalistas frente a los moderados?

Hombre, claro. La historia de la humanidad es una lucha de la moderación frente al extremismo, de la razón frente a la averna. “Gritad, gritad, seréis un millón de años más jóvenes”, diría el escritor polaco Jerzy Lec. Gritar es lo más fácil, es lo primero que aprenden los niños. Y España es uno de los países que han tenido malas experiencias al respecto. Aquí la moderación las ha pasado siempre moradas frente a los griteríos de izquierda y derecha.

En la kale borroka hay mucho de religioso, quizás en el peor de los sentidos. Hay una especie de mística en esos grupos incendiarios. Yo creo que en Euskadi habría que secularizar la política, porque actualmente está muy “religiosada”. Los grupos y los bandos se comportan prácticamente como si estuviéramos entre los albigenses y los cruzados del siglo XIII. Hay que secularizar las cosas. La política es una manera de solucionar las tensiones y los diferentes intereses entre los hombres. No es menos, pero tampoco es mucho más. Echarle a esta tarea política la trascendencia de que en cada momento, en cada gesto, en cada posición estamos tocando casi, casi la bomba atómica, es llevar las cosas a unos terrenos realmente desorbitados. Es propiciar el crecimiento de peligrosos extremismos y, consiguientemente, el debilitamiento y aniquilación de los moderados.

Por otra parte, la banalización de la vida acaba debilitando la sociedad. La falta de voluntad, el todo fácil, del aprenda fácil inglés (¡nada se aprende fácilmente, nada!), el todo ya, ahora, enseguida, sin esfuerzo, etc. constituye una mentalidad que está desmusculando la sociedad. Cuando los anhelos de la vida se reducen a tener un mejor coche, mejor modelo de móvil, etc. ¿qué se puede esperar? Yo nunca soy muy pesimista, porque los pesimistas también se equivocan. Pero sí creo que, hoy por hoy, no estamos en el momento más brillante de la humanidad. Y me fastidia que quienes se han presentado ante la sociedad como guías, faros, o referencias de la sociedad no lo sean. Vivimos un poco en el desconcierto, pero esperamos que el faro nos guíe, de algún modo, hacia el puerto.

LA LEY DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Carmen Martínez Ten

nº 85 octubre 06
– Autor: Carmen Martínez Ten –
 
Hace menos de treinta años, las mujeres españolas eran consideradas, en el Código Civil como un apéndice del varón del que dependían para todo. El franquismo recuperó el viejo código civil de 1889, considerando a la mujer casada, a efectos de capacidad judicial, junto a los menores, los locos y los sordomudos que no sabía leer ni escribir. Por eso necesitaban la licencia del marido, la licencia “marital”, para cualquier cosa, desde abrir una cuenta en un banco, hasta para cobrar su propio salario o sacar el carné de conducir. La normativa laboral y el Código Penal incluían en su articulado, disposiciones que sancionaban la discriminación como ley. Aunque hoy nos parezca increíble por un crimen pasional o en defensa del honor, al hombre se le asignaba penas muy exiguas, mientras a las mujeres se las podía encarcelar por adulterio. Cuando contemplamos con horror los asesinatos de mujeres por motivos de honor, que supone la ley de la sharia en el islam, haríamos bien en reflexionar sobre nuestro pasado reciente, y sobre lo que el nacional-catolicismo supuso para las mujeres en este país.

Mientras, las mujeres europeas se incorporaban al mercado de trabajo tras la segunda guerra mundial, porque durante la guerra habían demostrado que podían hacerlo durante la guerra y además hacía falta mano de obra por la cantidad de hombres muertos en los frentes, las españolas permanecían limitadas en todos los campos. Todavía en la década de los 70 les estaba vedado ser jueces, o notarios, o abogados del Estado y un largo etcétera de profesiones en base a su condición femenina.

¿CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA LA LEY DE IGUALDAD DESDE AQUELLA SITUACIÓN?

Las españolas han recorrido en 30 años el camino que las francesas o las alemanas, no digamos las nórdicas, recorrieron en 70. Como un río desbordante, y a pesar de los obstáculos, han entrado en la universidad y en el mercado de trabajo. Ahora hay más mujeres que hombres en la carrera judicial y hay mujeres soldados en Afganistán, mujeres guardias civiles y mujeres policías.

Algunos datos son ilustrativos del camino recorrido y del que resta por recorrer, para que la igualdad legal recogida en el artículo 9.2 de la Constitución Española de 1978 se transforme en igualdad real.

La tasa de actividad femenina se ha incrementado ininterrumpidamente en los últimos años. Si en 1985 era del 27,8%, en el primer trimestre del 2006 era, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del 47,47%. 20 puntos de diferencia y un ritmo de crecimiento muy superior a la tasa de actividad masculina que sin embargo era, todavía, en el tercer trimestre de 2005, 22 puntos mayor.

El avance educativo ha sido probablemente el más espectacular y un logro de la política de generalización de la escolarización obligatoria y la coeducación. Tan solo hace unos años las diferencias de nivel educativo entre hombres y mujeres, se midieran como se midieran, por tasa de analfabetismo, por matriculaciones universitarias o por finalización de estudios primarios, eran abismales. De hecho la falta de acceso a la educación era uno de los mayores obstáculos, quizás el mayor, para poder empezar a hablar de igualdad de oportunidades.

Actualmente, en España, como ocurre en el conjunto de países europeos, la matricula femenina es superior a la masculina en casi todos los niveles educativos, especialmente en la universidad; las alumnas obtienen resultados superiores a sus compañeros, tienen menor fracaso escolar y abandonan los estudios en menor proporción que ellos. El informe de la OCDE publicado en 2006 revela que la proporción de alumnas que finalizan el Bachillerato es superior en 7 puntos a los alumnos.

Otro ámbito en el que se puede hablar de avances es el de la participación política, sobre todo desde el nombramiento de un Gobierno paritario y de una Vicepresidenta mujer, tras las elecciones de 2004 que ganó el Partido Socialista. En el Congreso de los Diputados hay un 36% de escaños ocupados por mujeres tras estas mismas elecciones. Sin embargo, la presencia de mujeres es muy reducida en el poder económico, el judicial o el universitario.

DONDE SE HA AVANZADO MUY POCO ES EN EL REPARTO DE RESPONSABILIDADES FAMILIARES

En España la familia desempeña un papel muy importante como vínculo entre las personas y prestadora de servicios y cuidados entre sus miembros. Las mujeres son en realidad las “cuidadoras” domésticas en un país donde los servicios de apoyo (residencias para mayores, escuelas infantiles, centros de atención para enfermos crónicos o minusválidos físicos o psíquicos) son claramente insuficientes.

Hasta ahora, era la familia, o mejor dicho las mujeres en las familias, las que cuidaban en más del 80% de los casos a las personas dependientes, ya sean éstas ancianas, enfermas, niños o minusválidos. Dado que ya son mayoría aquellas familias en las que trabajan ambos miembros de la familia, esta situación está haciéndose cada vez más complicada. Por una parte, las mujeres no pueden, aunque quieran, con la carga. Aunque muchas recurren a otras mujeres de la misma familia, fundamentalmente las abuelas, para el cuidado de los niños pequeños, o al servicio doméstico integrado por mujeres emigrantes, otras no tienen más remedio que abandonar su empleo o hacer equilibrios extraordinarios para hacer compatibles la jornada laboral y el cuidado de los suyos. También renuncian a tener hijos y las bajas tasas de natalidad española se explican en parte por esta imposibilidad de compatibilizar horarios y tareas.

Esta situación ocurre, con un cambio en la implicación de los hombres, llamativamente lento. Así lo atestigua el exiguo 1,34% de permisos de maternidad/paternidad que fueron disfrutados por hombres, de los 239.958 concedidos en el año 2003. Igualmente, según datos de la EPA relativos a 2004, el 93,7% de los abandonos del mercado de trabajo “por razones familiares” correspondieron a mujeres.

La Encuesta de Usos del Tiempo del Instituto de la Mujer, de 2001, reflejaba que las mujeres dedican a “Trabajo doméstico” más del doble de tiempo que los varones (7 horas y 22 minutos, frente a 3 horas y 10 minutos diarios).

En el mismo sentido, la Encuesta de Empleo del Tiempo del INE 2002- 2003 refleja que un 92,7% de lasmujeres dedican mucho tiempo diario a la categoría “Hogar y Familia”, con una duración media de 4 horas y 50 minutos. Por el contrario, sólo un 70% de los varones reconoce dedicar algún tiempo a estas actividades, con una media de 2 horas y 6 minutos.

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UNA TRANSICIÓN INACABADA, LA RELIGIOSA

Juan A. Estrada

nº 85 octubre 06
– Autor: Juan A. Estrada –
 
Es hoy bastante frecuente encontrar referencias en los medios de comunicación social sobre el proceso de transición político y económico. La rápida transformación de la sociedad, a partir de la década de los sesenta, está vinculada a la modernización de la economía, que ha hecho que España cuente entre los países ricos, se convierta en una potencia industrial y, progresivamente, se homologue a nuestro entorno europeo. De la misma forma, se propone a España como un modelo de transición, desde la dictadura a la democracia, y también como ejemplo para los países del Este que han entrado en la Unión Europa. Es uno de los Estados que más se han aprovechado del proceso de integración, convirtiéndose en una sociedad abierta ¡y favorable a la Unión europea. Hay un fondo de verdad en estas afirmaciones, aunque se puede objetar al acento triunfalista del enfoque, dadas las lagunas y carencias del actual modelo económico; las dificultades y tensiones políticas que subsisten, y la parálisis actual de la Unión Europea, aquejada de falta de liderazgo y de un proyecto consensuado y dinámico. El balance es claramente positivo, aunque haya problemas de fondo, políticos y económicos, que no se resuelven en cuatro décadas. A esto hay que añadir que ya se está cerrando el ciclo de la transición, una vez establecido el sistema económico de mercado y el político de democracia parlamentaria. Resurgen problemas y voces que hasta ahora habían estado silenciadas o marginadas, poniendo en primer plano tensiones irresueltas como las nacionalidades, el modelo político del Estado y el sistema económico y financiero vigente.

En este contexto ¿Qué ocurre con el cambio religioso? ¿Cuál es la nueva situación de la sociedad cuarenta años después del concilio Vaticano II? ¿Cómo se ha respondido a los nuevos retos que plantea la secularización y la laicización del Estado? ¿Cuáles son los problemas internos y externos que aquejan a la Iglesia española? ¿Ha sido exitosa la transición desde el nacional catolicismo y el Estado confesional concordatario a una situación homologable con los países de nuestro entorno europeo? ¿Se puede hablar de una transición cultural y religiosa exitosa, comparable a la política y económica?

La gran mutación sociocultural que se ha producido en Europa occidental desde la década de los sesenta ha planteando un nuevo reto al cristianismo, y dentro de ese marco se mueve también el catolicismo español que, a diferencia de las otras naciones occidentales, ha tenido que afrontar varias transformaciones simultáneamente y en muy poco tiempo. Lo que nuestros vecinos han ido desarrollando durante un siglo de cambios se ha condensado aquí en cuatro décadas. De ahí la mayor dificultad para una transformación cultural y religiosa. Los problemas del catolicismo en Europa se han agudizado aquí por la rapidez y radicalidad del proceso.

EL VATICANO II: UNA IGLESIA EN TRANSICIÓN

Los cambios socioculturales han ido mucho más allá de los previstos en el Concilio Vaticano II. La reconciliación con la modernidad, concretizada en la Gaudium et Spes y la declaración de libertad religiosa, era el punto de partida para pasar de una Iglesia de cristiandad a otra en estado de misión; del proselitismo eclesiástico a la construcción del reino de Dios en el mundo; de la teología del entorno, al diálogo ecuménico y con las otras religiones; de la iglesia desigual a la del pueblo de Dios; del clericalismo a la plena participación de los laicos y a la emancipación de la mujer. Estos cambios, enmarcados en la llamada conciliar a la renovación de la Iglesia y al discernimiento de los signos de los tiempos, ponían fin oficialmente al antimodernismo, al rechazo de las libertades democráticas y a la impugnación de los derechos humanos.

A finales de los sesenta comenzó a darse la dinámica hacia las sociedades postmodernas, post-industriales y secularizadas. En este nuevo contexto había que avanzar en la línea marcada por el Concilio para responder a los nuevos retos de la sociedad emergente. Pero ya en el final del pontificado de Pablo VI, y luego con Juan Pablo II, se percibía la progresiva involución del catolicismo. El miedo a los cambios, que llevaba consigo la letra y el espíritu conciliar, se acrecentó ante los nuevos retos de las sociedades emergentes. La consecuencia fue que mientras la sociedad occidental, y dentro de ella la española, cambiaba muy deprisa, el catolicismo involucionó hacia el modelo tradicional tridentino, frenando primero y bloqueando en un segundo momento el proceso de renovación comenzado. Tras una época de cambios, en el siglo XX, vino un cambio de época (marcada por la globalización y la postmo-dernidad), mientras que la Iglesia entraba en una etapa de hibernación (según Karl Rahner, la retirada a los cuarteles de invierno).

Lo primero a tener en cuenta es que los cambios en los procesos de socialización y de la identidad colectiva son muy lentos, graduales, y claramente diferenciados de los económicos y políticos. Es mucho más fácil cambiar las instituciones sociales que transformar la mentalidad y la sensibilidad de la gente. La reforma institucional, organizativa y también doctrinal del Concilio, que puso nuevos acentos eclesiológicos, tropezaba con un catolicismo sociológico y tradicional, que impregnaba las mentalidades y las sensibilidades. Esto era especialmente claro en el caso de la iglesia española, para la que el Concilio fue una autentica provocación para la que no estaba preparada desde el punto de vista teológico y doctrinal, ni desde la perspectiva pastoral y sociológica.

En cuanto que la mayoría de la población se había socializado en el contexto del nacional catolicismo, el de una sociedad homogénea, confesional y tradicional, subsistían muchos de los esquemas y pautas de conducta, aunque cambiara el entorno institucional eclesial y de la misma sociedad. La modernización del país no conlleva automáticamente la transformación de las mentalidades, porque educar e inculturar a la población en nuevas pautas de conducta requiere mucho tiempo, para que la nueva socialización desplace a la vieja. Adquirimos una identidad por aprendizaje, imitación e identificaciones afectivas, desde modelos de referencia a los que imitamos y seguimos. De ahí, la mayor dificultad emocional para cambiar de mentalidad y actitud. La europeización” de la población española requiere mucho más tiempo que la de sus instituciones políticas y económicas. Y esto también se da a nivel eclesial, mucho más cuando los cambios venían de fuera y no respondían a la dinámica interna de la iglesia española. Es comprensible que la involución post-conciliar afectara especialmente a la Iglesia española, que se había visto forzada a asumir pautas y reformas eclesiales para las que no estaba preparada, eran indeseadas por un sector importante del catolicismo español y bloqueadas desde el poder político que veía en el Concilio una amenaza para sus intereses y la supervivencia del régimen. Los que asumieron el Concilio contra sus deseos y expectativas, por fidelidad al papa y a la Iglesia universal, se apresuraron a sintonizar con la nueva dinámica conservadora que se impuso desde finales de los setenta.

En realidad las generaciones que hemos vivido el tránsito de un modelo de sociedad a otra, siempre estaremos afectadas por las dos sociedades en las que hemos vivido, la tradicional de cristiandad y la nueva secularizada, laica, democrática y pluralista. Pertenecemos a dos culturas distintas, de ahí la importancia de la generación del tránsito como mediación y puente entre ambas, sin que podamos pertenecer plenamente a una de ellas. Sólo las jóvenes generaciones, los menores de treinta años que no conocieron la época franquista, pueden socializarse en la nueva cultura emergente, aunque no dejan de recibir la influencia y la impronta socializante de las generaciones mayores, que les transmiten valores y modos de conducta establecidos en su cultura. Para la nueva socialización hacen falta referentes y modelos que faciliten la nueva identidad, tanto en la sociedad como en la Iglesia. De ahí que la crisis de los gurús, de los padres y de los modelos, en la educación, la familia, la Iglesia y en la sociedad, sean una de las causas de los problemas de identidad de las nuevas generaciones. O no encuentran referentes en sus mayores, que les sirvan de orientación y de norma, o rehúsan su valor ejemplarizante porque responden a un modelo que les parece superado y con poca afinidad para los problemas actuales.

El Vaticano II creó el marco para un cambio de identidad a partir de una redefinición doctrinal y reubicación del sistema de creencias, prácticas e instituciones La pregunta de Pablo VI a la Iglesia, ¿qué dices de ti misma?, cristalizó en una experiencia nueva, la conciliar, anticipo de una iglesia católica globalizada, y se tradujo en una serie de documentos y una sensibilidad nueva, a la que se llamó el espíritu conciliar. El “nosotros” colectivo se transformó a partir de la reforma litúrgica, la nueva definición de la Iglesia como pueblo de Dios, y la reubicación de la jerarquía y del papado en un contexto colegial, comunitario y laical. Este cambio fue asumido por la opinión pública, suscitando toda clase de expectativas y esperanzas, y también afrontado por el catolicismo más conservador, que luchó por frenar la renovación, alargar el proceso de implantación de los cambios, y minimalizar la interpretación de los textos conciliares. La alarma de la minoría tradicionalista conciliar dejó paso a una crisis de identidad que generó la polarización interna de la Iglesia, y que se saldó con la (involución1)]. En España se tradujo en la pérdida de liderazgo de Tarancón, en la reconquista eclesial de la que había sido minoría conciliar y en la nueva política de nombramientos propiciados por el nuncio Tagliaferri. Al fallar las expectativas de renovación conciliar y enfrentarse a una sociedad mucho más compleja y menos receptiva de lo que se esperaba, se dio la involución postconciliar a nivel mundial, y muy especialmente en la Iglesia española.

De ahí una polarización en la Iglesia española, la de una jerarquía mayor y tradicional, formada en el nacional catolicismo y para la que mayoritariamente el Concilio fue una inesperada y desagradable sorpresa, y las generaciones jóvenes que han crecido en una sociedad e Iglesia que ya no era la de sus padres. La gerontocracia de la Iglesia católica, en la que se considera joven a un obispo a la edad en que cualquier estamento de la sociedad se plantea la jubilación, hizo que les resultase más difícil comprender y asumir los cambios de la mutación sociocultural en Europa. Por edad y formación eran una generación poco propensa a asumir los cambios y los retos que planteaba el nuevo momento histórico. La nueva imagen de Iglesia desbordaba a los católicos tradicionales, hegemónicos en la jerarquía episcopal, pero se revelaba también insuficiente para una gran parte de la sociedad y del mismo catolicismo, que en los sesenta y setenta soñaba con cambiar España y la Iglesia, para dejar paso luego a las generaciones de la sociedad próspera y europea. De ahí, la crisis de la unidad interna y la erosión de la cohesión eclesial, agudizada por la creciente pluralidad sociocultural. La alternativa planteada por la jerarquía a los disconformes con la involución fue la de acomodarse e integrarse en la nueva mayoría tradicional, o la marginación y el gueto. Para ello se reforzó el aparato disciplinario y autoritario que había estado muy limitado durante los años conciliares. La Sagrada Congregación de la Fe se convirtió en clave de la curia romana y en los distintos países se procedió a atacar las instancias progresistas. El miedo se impuso en la teología, favoreciendo la autocensura y el repliegue del clero más abierto y de los movimientos laicales, que sufrieron una pérdida de miembros y un recorte de su autonomía respecto de la jerarquía.

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MÁS ALLÁ DE LA CRISPACIÓN: RECUPERAR LA JUSTICIA

Juanjo Sánchez

nº 85 octubre 06
– Autor: Juanjo Sánchez –
 
El viernes, 23 de junio, moría inesperadamente JOSÉ MARÍA MARDONES. La noticia nos dejó a todos sin palabras, sin aliento. Dura noticia, la pérdida de un creyente auténtico y de un pensador infatigable, que derrochó toda su energía precisamente en tender puentes entre la fe y la razón, entre el cristianismo y la cultura en que irremisiblemente se halla encarnado. Una labor imprescindible de diálogo, de autocrítica y de crítica constructiva, de mediación y reconciliación, de la que tan necesitados andamos justamente en estos momentos de dura crispación e incluso división en la sociedad española. La ausencia de esa labor, de ese trabajo callado, riguroso, constante y esperanzador, difícilmente podrá compensarse.

Pero su memoria nos incita a seguir trabajando en los caminos que dejó abiertos para “otro mundo posible”, para una sociedad justa y reconciliada.

Al pensar en algún libro que pudiéramos presentar en este número de ÉXODO, dedicado a la crispación y la división en nuestra sociedad española, en un momento de lucidez nos vino al recuerdo uno de los últimos que nos dejó MARDONES y que ya presentamos en la revista con motivo de la temática, cercana a la que en este número nos ocupa, de las difíciles relaciones entre religión y la laicidad. Me refiero al libro Recuperar la justicia. Religión y política en una sociedad laica (Sal Terrae, Santander 2005).

Volver a comentar este libro adquiere hoy el sentido de un homenaje de reconocimiento y gratitud a JOSÉ MARÍA MARDONES por su generosa y rica colaboración con nuestra revista. Pero tiene sentido hacerlo, además, porque frente a la situación de crispación y polémica permanente, estratégicamente inducidas, Chema señalaba con lucidez y valentía a la cuestión esencial, al imperativo que debiera ocupar y preocupar verdaderamente tanto a creyentes como a laicos, a políticos como al resto de ciudadanos, si es que de verdad les mueve, como diría Kant, el interés por la humanidad: recuperar la justicia. Este imperativo atañe, en verdad, tanto a la política como a la religión. La política –denunciaba Mardones- ha perdido en gran medida su pasión por la justicia, ha sufrido un adelgazamiento o vaciamiento democrático que la reduce peligrosamente a mero ejercicio pragmático de poder o que la lleva a abordar preferentemente las cuestiones culturales, de identidad o religiosas dejando intactos los problemas de fondo como son la economía capitalista globalizada, el trabajo precario, la injusticia y el sufrimiento que origina a las mayorías empobrecidas y excluidas. Algunas medidas que se han tomado últimamente obligarían a matizar esta crítica, pero el diagnóstico sigue siendo en lo esencial certero.

Esta situación se agrava, según Mardones, porque a la misma responde la religión con otra miopía imperdonable, de graves consecuencias. La religión, el cristianismo, ha perdido en no menor medida su pasión mesiánica por el reino de la fraternidad, el compromiso recio por la justicia y una genuina praxis de transformación del mundo, de lucha por una sociedad justa y humana, por “otro mundo posible”, y se ha refugiado en una falsa religiosidad, en un viraje hacia la intimidad y el sentimiento, combinada con una velada –o descaradamente abierta- lucha por recuperar no tanto la justicia cuanto el poder perdido.

Nada debe extrañarnos por eso –comentaba ya entonces Mardones que nuestra sociedad esté irritada, crispada, por cuestiones que cada parte se permite magnificarlas como diferencias que definen lo progresista o lo genuinamente religioso, tales como aquellas sobre las que inciden justamente las que en este número denominamos las “leyes de la discordia”. Si Chema hubiera podido escribir en este número de ÉXODO, posiblemente hubiera endurecido su juicio crítico sobre algunas actitudes y actuaciones de partidos, medios de comunicación e iglesia institucional. Sobre todo de ésta, por lo que a ella le unía como creyente comprometido. Con respeto, pero con lucidez y valentía, denunciaba abiertamente: “Produce pena advertir la insistencia de nuestros obispos y grupos tradicionales en las cuestiones de degradación moral de nuestra sociedad y no señalar el vínculo existente entre el capitalismo consumista y la degradación de la moral que deploran… Si se advirtiera la estrecha vinculación de unos fenómenos y otros… quizá fuéramos menos estentóreos en las acusaciones de algunos aspectos morales y más proféticos en la denuncia de otros que se ocultan o pasan inadvertidos” (pág. 261).

Recuperar la justicia, abordar las grandes cuestiones, los grandes problemas que aquejan a los humanos, sería la genuina respuesta evangélica que conduciría a superar la actual situación de crispación de nuestra sociedad. El diagnóstico crítico y las propuestas de JOSÉ MARÍA MARDONES siguen plenamente vigentes.

N.B. A los que quieran bucear en las raíces históricas de la actual crispación y división de la sociedad española, de esas “dos Españas” –“una muerta, hueca y carcomida y otra nueva, afanosa y aspirante, que tiende hacia la vida”-, que, como dijo en su momento Ortega, “están trabadas en una lucha incesante”, nos atrevemos a recomendar la lectura del excelente estudio de Santos Juliá, Historia de las dos Españas (Taurus, Madrid 2004).

LA LEY DE INMIGRACIÓN Y POLÍTICAS DE NORMALIZACIÓN

Miguel Pajares

nº 85 octubre 06
– Autor: Miguel Pajares –
 
INTRODUCCIÓN

La discordia entre gobierno y oposición, en el caso de la inmigración, no está tanto en la ley como en la política que se ejecuta y, especialmente, en el proceso de normalización (regularización) realizado en el año 2005. No obstante, en este artículo comenzaremos por hacer un análisis de la ley vigente, denominada comúnmente ley de extranjería, para comentar después el proceso de normalización.

LA LEY DE EXTRANJERÍA: DE LA 7/1985 A LA 14/2003

En 1985 se hace en España una ley de extranjería que contenía todas las características de las leyes restrictivas que antes o después se irían implantando por toda Europa; leyes que centraban sus prioridades en el cierre de fronteras a la inmigración y convertían la lucha contra la inmigración irregular en el aspecto prioritario de la política de inmigración. La integración social de la población inmigrada estaba completamente ausente de nuestra primera ley de extranjería: no se mencionaba el derecho a la reagrupación familiar, ni se establecía ningún tipo de permiso de residencia permanente, ni se hablaba de otras medidas u organismos que tuviesen la función de favorecer la integración social.

Para las personas inmigradas se definía un status de clara inferioridad de derechos. El derecho al trabajo quedó limitado por la necesidad de un permiso de trabajo, difícil de conseguir y tampoco muy fácil de renovar; el derecho a la seguridad jurídica también se vio reducido, especialmente por un procedimiento de sanciones y expulsiones –previsto para los extranjeros- en el que no se requiere intervención judicial (salvo para autorizar el internamiento en un centro); el derecho a la salud, la educación de los hijos, y otros, sólo se aplicaba a quienes tenían situación legal, y los perdían en cuanto dejaban de tenerla; el derecho a vivir en familia no se menciona en la ley, pero sí en su posterior reglamento de aplicación (1986), aunque quedaba también muy limitado en la práctica por la complejidad del procedimiento; el derecho de voto no se aplica a los extracomunitarios; etc.

Esa ley se hace en un momento en el que apenas había inmigración extracomunitaria en España (99.625 residentes extracomunitarios en 1985), pero Europa ya había transmitido a los gobernantes españoles todos los miedos y prejuicios contra la inmigración que estaban en boga. España tenía que jugar bien su papel de frontera sur de la Comunidad Europea para concluir su integración y a ello se dedicaron los mayores esfuerzos. Pero lo cierto fue que la inmigración no se detuvo, produciéndose un ritmo de entradas lento pero constante, y lo que sí sucedió es que muy pocos inmigrantes lograron el status legal; la ley no permitía al inmigrante acceder al permiso de trabajo y residencia. Así, después de cinco años de aplicación de la ley de extranjería, fue necesario un proceso especial de regularización en el que se concedieron 108.312 permisos (la mayor parte de los que en los años siguientes estuvieron vigentes).

En 1993, con un gobierno socialista (el mismo que había puesto en marcha la ley de extranjería), se produce un giro importante: la integración social pasa a ser un objetivo explícito de la política de inmigración. Al año siguiente se aprueba el Plan para la Integración Social de los Inmigrantes, que tiene tres ejes básicos: cooperación para el desarrollo con los países emisores de inmigrantes, control de flujos (contingentes, control de fronteras) e integración social. Posteriormente se crea el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, se inicia la creación del Observatorio Permanente de la Inmigración y se plantea la reforma del Reglamento de Extranjería que daría lugar al que entró en vigor en abril de 1996, con el que se introducirían algunas mejoras en derechos para las personas inmigradas. En ese mismo año se puso en marcha el contingente anual, lo que supuso el reconocimiento de la existencia de un flujo continuado de inmigración laboral, algo que ningún país europeo lo hacía en 1993.

La primera reforma de la ley de extranjería se hace en 1999 dando lugar a la ley 4/2000, que fue una ley avanzada por lo que se refiere a reconocimiento de derechos para los extranjeros que ya se hallaban en el país (en España), tanto para los que tenían residencia legal, como para aquellos que se hallaban en situación irregular. La ley era ejemplar por lo que se refería a los derechos de estos últimos, a los que se garantizaba la asistencia sanitaria completa (no solamente para casos de urgencia como se pretendía por parte del gobierno, que ya en ese momento era del Partido Popular), la educación obligatoria y no obligatoria (incluidas las becas de estudios), ciertas ayudas sociales, la justicia gratuita en casos de necesidad, etc., así como los derechos de asociación, reunión, indicación, etc. La condición que se les ponía para el disfrute de algunos de esos derechos es que se hallasen empadronados en algún municipio, pero eso es algo que podían hacer desde el momento de su entrada en España, independientemente de su situación administrativa.

Como se recordará, la ley 4/2000 se aprobó, en diciembre de 1999, con el voto en contra del entonces partido del Gobierno (el Partido Popular), el cual prometió cambiarla si ganaba las elecciones de marzo de 2000, elecciones que ganó por mayoría absoluta. En ese mismo año quedó aprobada la ley 8/20001 que reformó la 4/2000. La nueva ley supuso un importante recorte de derechos, sobre todo para las personas en situación de estancia irregular. Perdieron el derecho a la educación no obligatoria, a las ayudas a la vivienda y otras prestaciones sociales, a la tutela judicial efectiva, a la asistencia jurídica gratuita en casos de necesidad, etc. Pero, además, se les negaron algunos derechos considerados fundamentales, como el derecho de huelga, el de sindicación, el de asociación, el de manifestación y el de reunión, aspecto que motivó la presentación de varios recursos de inconstitucionalidad contra esa ley.

Por lo que se refiere a la canalización legal de los flujos de inmigración, la ley 8/2000 no aportó nada nuevo, lo que, en la práctica, significó que la entrada de inmigrantes seguiría (y ha seguido) produciéndose principalmente por vías irregulares. El Gobierno del PP cambió la ley diciendo que era precisamente esto lo que quería combatir, pero, si así era, su fracaso resultó estrepitoso. Los instrumentos dispuestos después para el ordenamiento de los flujos (contingentes de 2002, 2003… y convenios con algunos países) han sido escasos e inadecuados, y ponen en cuestión que aquel Gobierno quisiera realmente reconducir los flujos de inmigración hacia vías legales.

Así se llegó a la tercera reforma de la ley de extranjería. Ésta fue presentada dos días antes de las elecciones municipales del 25 de mayo de 2003, lo que indicó que nuevamente el gobierno del del Partido Popular utilizaba este tema para obtener votos, presentándose como más duro que nadie contra la inmigración. Se trató, ciertamente, de una reforma en sentido restrictivo, centrada en penalizar más la inmigración irregular y en facilitar las expulsiones. Las restricciones que se habían introducido en el Reglamento de aplicación de la ley, y que el Tribunal Supremo había anulado (once artículos del Reglamento), volvían a ser introducidas en la nueva reforma. Restricciones en derechos como el de la asistencia jurídica de quienes entran irregularmente, la libertad de circulación de estas personas cuando no son sometidas a expediente de expulsión, etc. Se introducían también nuevas sanciones para las compañías aéreas que transportan personas sin la documentación adecuada, y se posibilitaba el uso de los datos del padrón municipal contra las personas que se hallan en situación irregular. Se daba, en definitiva, una nueva vuelta de tuerca, aumentando el carácter policial y restrictivo de la normativa de extranjería.

La propuesta de reforma planteada por el PP contó con el apoyo del PSOE cuando el primero aceptó 24 enmiendas planteadas por el segundo, enmiendas que introducían algunos aspectos positivos. El más destacado fue la incorporación del visado de entrada para búsqueda de empleo, además de determinados artículos antidiscriminatorios. Quedó pendiente, sin embargo, la modificación de los artículos que negaban derechos considerados fundamentales. En los años posteriores, ya con gobierno socialista, se ha hablado de una nueva reforma de la ley pero aún no se ha hecho ninguna propuesta concreta, y no parece que en esta legislatura haya muchas posibilidades de que se vaya a hacer.

EL PROCESO DE NORMALIZACIÓN DE 2005

En el año 2005 se produjo el proceso de normalización, la más amplia regularización de inmigrantes en situación irregular que hasta el momento se ha realizado en España. En ese proceso se presentaron 691.655 solicitudes, y tuvieron respuesta positiva algo más del 83 % de las mismas. A principios de marzo de 2006 las personas regularizadas eran aproximadamente 576.000.

El proceso de normalización trae como resultado, en el año 2005, un crecimiento en el número de extranjeros con residencia legal y en el número de extranjeros con alta Seguridad Social mayor que el de los años anteriores. Los residentes crecen en un 38,5 %, alcanzando el número de 2.738.932. Este proceso no afectó a todos los colectivos por igual: los de más reciente inmigración, concretamente los ecuatorianos, los rumanos, y los bolivianos, tuvieron un crecimiento mayor, mientras que en el caso de los colectivos de inmigración más antigua, especialmente los marroquíes, los peruanos, los dominicanos y los chinos, el proceso de normalización tuvo menos peso en el crecimiento de su número de residentes.

Pero lo más importante es el crecimiento que se produce en altas laborales en la Seguridad Social. 2005 fue un año de fuerte crecimiento en las altas laborales de extranjeros: en España los extranjeros afiliados a la Seguridad Social eran, en enero de 2006, 1.757.081, el 9,7 % del conjunto de la oblación empleada con alta en Seguridad Social (el año anterior los extranjeros eran el 6,6 %). Ello viene acompañado de un importante crecimiento del porcentaje que ocupan las mujeres entre el conjunto de los trabajadores extranjeros, que alcanza el 39,7 %, un porcentaje muy parecido al que se da en el conjunto de la población trabajadora española (40,9%).

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LA LOE: CONCORDIA Y DISCORDIA

Luis Gómez Llorente

nº 85 octubre 06
– Autor: Luis Gómez Llorente –
 
En el contexto del presente número de la revista EXODO, dedicado al análisis de la “sociedad dividida” tomando como punto de vista “las leyes de la discordia”, no pretenderé llevar a cabo un examen sistemático de la LOE, sino más bien mostrar tan solo algunos de los criterios antagónicos que se manifestaron en torno a la misma, e identificar en lo posible donde se sitúan sus respectivos protagonistas.

En primer lugar, y aunque parezca sorprendente dado el ruido ambiental que nos rodea, lo cierto es que tras los numerosos retoques llevados a cabo en el proyecto inicial, fruto de múltiples e intensas negociaciones con los distintos sectores implicados, sobre la LOE en su conjunto recae actualmente más consenso que disenso, lo que no empece para que los agoreros del catastrofismo político, y del victimismo religioso, sigan lanzando incansablemente los teatrales denuestos que justifican sus respectivas posiciones de preconcebida confrontación total.

La LOE, tal como ha quedado finalmente, no entusiasma mucho a nadie, como ocurre con toda norma de carácter transaccional; nadie ve en ella plenamente realizados sus ideales, pero todos, o casi todos por lo menos, conciben la posibilidad de desarrollarse bajo su amparo. Que nadie se escandalice: Ese es el caso de la mismísima Constitución de 1978, y quizá por ello es por lo que merece una adhesión racional suficiente, y una continuidad duradera. La experiencia nos enseña que en una sociedad libre y pluralista, dotada de un régimen parlamentario auténticamente representativo, una ley que refleje plenamente las aspiraciones de cualquier grupo o partido, está predestinada a ser poco duradera. La alternancia política acaba derogándola.

Por eso puede afirmarse la aparente paradoja de que el escaso entusiasmo que suscita a unos y otros la LOE, puede y debe interpretarse como signo de durabilidad. Todos la ponemos reparos. Todos creemos que contiene excesivas concesiones a “los otros”. Pero lo cierto es que ha quedado como una norma tan poco dogmática y tan mucho flexible, como para que se puedan llevar a cabo sin cambiarla políticas educativas del más diverso signo, según se ponga mayor o menor énfasis (y recursos) en las distintas posibilidades que abre.

Es más, pudiera llegar a censurarse que en un punto clave, de álgida polémica, cual es el de la enseñanza confesional de la religión en la escuela, la LOE opta por el escapismo, limitándose a afirmar lo obvio: Que se impartirán clases de religión católica de carácter voluntario conforme a los Acuerdos con el Vaticano. Pero rehuye entrar en lo problemático: Qué se hace con los que rehúsan tales enseñanzas para que de verdad sea plena y absolutamente libre el aceptarlas, que es donde se centra el quid del debate. La LOCE lo afrontaba, asumiendo íntegramente las pretensiones eclesiásticas, la LOE lo elude, con lo que habrá de ser ulteriormente regulado por decreto, a sabiendas de que los decretos son cosa que puede cambiar el Gobierno de turno sin pasar por el Parlamento. Hasta ese extremo es “flexible” la LOE.

¿Por qué suscitó entonces tanta hostilidad inicial la LOE?

Resulta fácil comprender la extremada acritud con la que se aborda en un principio la actual fase de reforma educativa si nos situamos en los resultados de las elecciones generales de 24 de marzo de 2004, y más concretamente, del desconcierto y brusca desilusión que producen entre los medios más conservadores de la enseñanza, y más en particular dentro de la cúspide eclesiástica.

En efecto, lo que pasó en la enseñanza fue simplemente un aspecto parcial de lo acontecido en otras parcelas de la vida nacional: La derecha de este país no se esperaba ese resultado. El acceso de Zapatero a la jefatura del gobierno, como resultado de aquellas elecciones, les produjo un malestar y desconcierto del que algunos no se han repuesto todavía.

Concretamente, en el campo educativo, el nuevo gobierno se apresuró a dejar en suspenso la aplicación de la flamante LOCE, la recién nacida ley de educación elaborada por el PP, en la que el sector confesional había logrado prácticamente colocar casi todas sus ambiciones. Las declaraciones a este respecto de apoyo a la LOCE por parte de FERE-CECA, y singularmente por parte de Dña. Rosa de la Cierva, fueron abundantes, explícitas, y rotundas. Con respecto a la cúpula eclesiástica, la disposición adicional segunda de la LOCE venía a colmar de satisfacción en su integridad el régimen de enseñanza de la religión católica preconizado por los obispos. (Plena validez académica, y asignatura alternativa evaluable y obligatoria impuesta a los paganos que rehusaran la enseñanza confesional), manteniéndose, de paso, el sistema tradicional de nombramiento y cese de los profesores de religión.

Mas hete aquí que de la noche a la mañana se encontraron con un nuevo Decreto que alteraba los plazos previstos en el Decreto de calendario para la puesta en práctica de la LOCE, lo que técnicamente era impecable (norma del mismo rango), con lo que se establecía un compás de espera dentro del cual se tramitaría una nueva ley (la LOE) que vendría a derogar la LOCE (enseguida entraremos en el fondo de los contenidos).

Tanto malestar les produjo el insólito cambio de panorama como para que presentaran recursos contra la legalidad del Decreto de aplazamiento o rectificación de plazos en el Decreto de calendario para la implantación de la LOCE, pataleta que obviamente ha quedado en agua de borrajas. Recordemos todo ello sin embargo para explicar el mal humor y las actitudes de resentimiento con el que “a priori” sería cogida la política educativa del nuevo gobierno.

Tanto más era así, cuanto que la tramitación de la LOCE había sido de confrontación total. Las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista fueron sistemáticamente laminadas. Cabría pensar, pues, que se iba hacia un cambio pendular, aunque lo cierto y verdad es que tal cosa no ha ocurrido, y que una buena parte de aquellas enmiendas presentadas entonces por los socialistas no se ven ahora reflejadas en la LOE. Baste como botón de muestra citar el tema de la elección irrestricta del Director por el Consejo escolar del centro, o el régimen de admisión de alumnos en los centros concertados, que han sufrido muy notables alejamientos de lo postulado en aquellas enmiendas sostenidas por el PSOE en la anterior legislatura.

La actitud de la nueva ministra, Sra. San Segundo, de un escaso arraigo entre aquellos que durante años vinieron manteniendo la postura ideológica del PSOE en el mundo educativo, y la disposición abiertamente pactista de sus colaboradores, iban a posibilitar el muy notable acercamiento de posiciones que se ha producido. Acercamiento imposible al PP, empeñado en mantener durante toda la legislatura una oposición frontal y absoluta a cuanto diga o promueva este gobierno, pero sí a los sectores que constituyen su base social preferente en el mundo educativo (la enseñanza concertada).

¿QUÉ DEFIENDE LA LOE?

La LOE no es una nueva reforma educativa. Se equivocan quienes afirman que en España cambia constantemente el rumbo de la política educativa. Les despista la sucesión de las leyes promulgadas desde 1978: Estatuto de Centros Escolares (UCD) LODE, LOGSE, y LOPEG (PSOE), LOCE (Partido Popular), y finalmente LOE (PSOE).

En realidad, aquí, desde la restauración del sistema constitucional (1978), no ha habido más que una reforma educativa (con altibajos y rectificaciones) y un intento frustrado de contrarreforma (la LOCE).

Dicho a grandes rasgos, la reforma llevada a cabo por la democracia –protagonizada por los gobiernos del PSOE- tiene dos ejes: En primer lugar, democratizar la escuela (impulso a la participación de padres, profesores y alumnos en la gestión de los centros sostenidos con fondos públicos), que de manera insuficiente acometía el Estatuto de Centros de UCD, y que vino a implantar de forma más satisfactoria y duradera la LODE.

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SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

Enma Mateos y Yolanda Iglesias

nº 85 octubre 06
– Autor: Enma Mateos y Yolanda Iglesias –
 
En estos días, el pleno del Congreso ha dado luz verde al proyecto de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que será remitido al Senado para su debate y votación.

Con este texto legal se pretende crear un nuevo derecho individual de atención hacia las personas que no pueden valerse por sí mismas. El reconocimiento de este derecho pretende ser garantizado por el Estado y las distintas administraciones públicas a través de la puesta en marcha de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con unas condiciones básicas y un contenido común para todo el territorio.

Es una ley que ha levantado gran expectativa social sobre todo para la población dependiente porque supone un gran paso en el reconocimiento de su situación de discriminación y vulnerabilidad en la que se encuentran actualmente. Pero también para las mujeres, que en un 83% son las que resuelven estas tareas de cuidados, a costa en muchas ocasiones de su propia autonomía y salud. Debido a la escasa participación por parte de los hombres en estas tareas y una evidente falta de recursos de las administraciones públicas.

Ante esta situación, esta nueva ley es presentada como el cuarto pilar del Estado del bienestar comparándola con el derecho a Sanidad o la Educación. Sin embargo desde distintos colectivos de personas dependientes y sus familiares, así como de grupos feministas se viene denunciando aspectos de la ley que recortan la cobertura real que tendrá el nuevo derecho de atención, que lo alejan bastante de la universalidad y gratuidad de los otros dos pilares con los que se le compara.

LA UNIVERSALIDAD DE LA LEY

El derecho a la sanidad y la educación son verdaderamente universales, accediendo aquel que lo necesita. Esto no ocurre con el derecho de atención, cuya cobertura aparece limitada en el texto a través tres criterios: el sistema que se estipula para valorar la dependencia, el acceso a los servicios y su no gratuidad.

La ley está planteada para dar cobertura y atención a situaciones muy problemáticas y permanentes con gran precariedad por la falta de recursos. En este estado se encontraban 1.125.000 personas en 2005, apenas algo más del 40% de total de discapacitados que ese mismo año requerían ayuda. El otro 60%, donde encontramos personas con discapacidad intelectual, problemas de salud mental o enfermos de Alzheimer de primer grado, pueden quedar fuera del actual sistema de valoración, al no ser reconocidos como dependientes.

Otro de los aspectos que recorta la universalidad es la no gratuidad de las prestaciones a las que se tiene derecho. La ley estipula un sistema de copago por el cual el beneficiario deberá aportar una cantidad de dinero según su renta y patrimonio para acceder a los servicios y ayudas que se le asignen. Sin embargo, no se concretan qué baremos se utilizarán o a partir de qué rentas se tendrá que copagar, aspectos clave para conocer la cobertura real que tendrán los servicios. Esto puede significar que se deje fuera del sistema a las clases medias, que serán las más perjudicadas por el copago. Además, el concepto de copago es discriminatorio ya que supone una penalización económica a la persona, por su condición de dependiente. Ninguno de los otros pilares contempla fórmulas de copago en función de renta o patrimonio. Recibir asistencia para levantarse de la cama, lavarse, vestirse, estudiar o trabajar, no debe considerarse un derecho menos fundamental que la educación y la sanidad.

EL ACCESO A LOS SERVICIOS

La ley estipula tres modalidades para acceder a las prestaciones y servicios que se recogen en el sistema de atención. Una de ellas resulta especialmente preocupante por la repercusión que tendrá sobre las mujeres. Nos referimos a la modalidad de ‘ayuda’ para la persona cuidadora, que será percibida en función de la capacidad económica de la persona dependiente. La cuantía se recibirá en forma de prestación, no de salario. La persona cuidadora no debe estar trabajando remuneradamente, pero sí tendrá que darse de alta y cotizar a la Seguridad Social para el cobro de la prestación.

Se habla de modalidad excepcional pero no se concreta nada de las condiciones y requisitos para optar a ella. Se prevé que cuando esté en marcha la ley serán unas 300.000 a 400.000 personas cuidadoras las que recibirán esta ayuda. Más que las plazas de residencias y centros de día juntos (275.000 y 104.000), dos de los servicios importantes del sistema de atención. Si el texto reconoce en su exposición de motivos el reparto injusto del trabajo de cuidados para las mujeres, no debe introducir como una modalidad más del sistema (esta vez con rango de ley) la ayuda a la persona cuidadora.

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¿PARA CUÁNDO LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN?

Luis Guridi

nº 85 octubre 06
– Autor: Luis Guridi –
 
El 24 de mayo de 2.006 entró en vigor la L.O.E. ¿Qué ha sucedido posteriormente? ¿Si está en vigor por qué no se aplica? Nos referimos a un aspecto de la Ley que afecta laboralmente a unos trece mil trabajadores, profesores de religión.

POR PARTE DE F.E.P.E.R. ANTES DE LA LEY

F.E.P.E.R durante muchos años estuvo trabajando para conseguir la normalización de la situación laboral del profesorado de religión. Al final no hubo más remedio que optar por la vía de las denuncias en los tribunales y las denuncias en los medios de comunicación. Por fin y a raíz de la Ley de Acompañamiento 50/98, decidimos dirigirnos al Congreso y Senado quienes han aprobado una nueva Ley que ha derogado la anterior, eso sí con la abstención del P.P.

Con esta nueva Ley, ciertamente no la más perfecta pero sí la más posible, ha cambiado sustancialmente la situación de este colectivo. F.E.P.E.R ya consiguió el objetivo y podría muy bien desaparecer. Ahora toca llevarla a la práctica a los mismos profesores. Pero por desgracia, la realidad de los hechos nos ha demostrado que es necesaria e imprescindible nuestra presencia porque ni los sindicatos han defendido la Ley (excepto F.E.P.E.R) ni los profesores han defendido su dignidad, en todo caso comprensible ante las amenazas del M.E.C. y de la Jerarquía.

POR PARTE DE LOS SINDICATOS

A última hora, muchos que no se preocuparon o aceptaron sumisamente la situación, asociaciones, sindicatos, plataformas etc. quisieron interesadamente subirse al carro de los que han luchado durante muchos años para modificar la Ley. Pero no subieron para apoyar, sino para neutralizar el trabajo realizado por F.E.P.E.R. Todos querían apuntarse, pero una vez vistas las dificultades en su aplicación, estos grupos se dedican ahora a paralizar la Ley, promovida desde el M.E.C.,y contentar así las presiones de la Jerarquía. Los sindicatos mayoritarios aceptan sin rechistar la imposición de la Administración, o admiten “estrategias sindicales” en defensa de los intereses de sus sindicatos, pero en contra de los intereses de justicia de los trabajadores. No revisan sus decisiones con sus afiliados (con sus bases) decidiendo su política sin contrastar con los trabajadores. Esos mismos sindicatos, alguno por cierto recomendado por la Jerarquía (ver WEB Diocesana de Extremadura), durante este proceso han expulsado expresamente del Convenio Único a los trabajadores-profesores de religión. Antes ya hicieron otros lo mismo

POR PARTE DE LA JERARQUÍA ECLESIÁSTICA

A la enseñanza moral de la Iglesia pertenece el derecho a un trabajo estable, a un salario justo y a una vivienda digna. Tales derechos se ven hoy vulnerados entre nosotros, en los profesores de religión. La Jerarquía eclesiástica nunca ha querido aplicar el Estatuto de los Trabajadores a las relaciones laborales de este colectivo . Además, a sabiendas de que no es parte en la relación laboral, ha utilizado el poder fáctico y ha presionado por todas las vías posibles a los partidos políticos, al Gobierno y al MEC para que no cumplan con la nueva Ley. Y estos colectivos saben que el Gobierno principalmente debe acatar y ser el guardián de su cumplimiento. Pero lo más delirante son las manifestaciones de la Jerarquía en contra de la Adicional 2ª, puesto que siempre achaca que no se cumplen los Acuerdos pero nunca dice en qué no se cumplen. Cuantos votaron esta Ley sabían muy bien que en nada iba contra los Acuerdos, se cumplían más bien las Directivas Europeas y la Constitución Española. Por eso, estaremos dispuestos a ver, juzgar y actuar en consecuencia, si se nos manifiesta dónde, cuándo y cómo va esa Ley contra los Acuerdos. La Jerarquía junto con el M.E.C. son la causa principal de este incumplimiento. Los sindicatos, algunas asociaciones y la Plataforma, creada por la Jerarquía, se adhieren por causas ajenas a los trabajadores en una clara dejación de sus obligaciones.

POR PARTE DEL MEC

Parece que algunas Instituciones hacen de la opresión ejercicio del poder y en nombre de la legalidad. En muchas ocasiones las garantías, reglas del derecho y los mismos derechos de los ciudadanos están en función de los intereses de las Instituciones, fuera de los ciudadanos y no coincidentes con sus necesidades. En este caso no creemos existan dudas sobre la aprobación de la Ley y de su entrada en vigor el día 24 de mayo y de las correspondientes derogaciones. Si alguno duda puede entrar en la Pag. WEB de feper.org. y asegurarse de la misma o acudir al B.O.E.

Sin embargo otros intereses inconfesables han hecho que se retrase la misma y sigan los trabajadores como si la misma no existiera, con presiones, amenazas y arbitrariedades por parte del MEC y de la Jerarquía.

Ahora se repite una cantinela para justificar esta situación: la necesidad de que salga un Real Decreto para su desarrollo. La Ley tiene efectos y derechos individuales y su puesta en marcha es de aplicación inmediata. ¿Necesita el Estatuto de los Trabajadores desarrollarse o ya es en sí mismo un desarrollo? Por parte del MEC no se han realizado las liquidaciones correspondientes con el pago a la gratificación de Navidad como se venían realizando en años anteriores, porque lógicamente no hay finiquito y en consecuencia hay un contrato continuado con la modificación automáticamente de aquello que no esté conforme con el Estatuto de los Trabajadores como es el contrato a tiempo determinado en aquellos que lleven más de tres años o lo determinado en los Convenios únicos de cada Comunidad Autónoma.

Curiosamente, son el Gobierno y la Jerarquía Católica quienes se saltan esta Ley a la torera. Por el poder de los que así actúan y por el miedo lógico de quienes sufren la fuerza del poder, a pesar de sus protestas, este curso se ha saldado con el incumplimiento de la Ley y con circunstancias de verdadera arbitrariedad. Como ciudadano, me rebelo con mis escasas fuerzas a admitir que el ordenamiento jurídico se vulnere con tanta normalidad y se siga aplicando una Ley derogada por la fuerza del poder. En esta sociedad de “DERECHO” parece que las normas jurídicas dicen lo que al poder político del momento quiere o le conviene que diga. No importa ni el espíritu ni el desarrollo en su tramitación en las Cortes. ¡Pobre Estado de presunto derecho!

Ahora aparece en la prensa que el M.E.C. y la Jerarquía están tratando sobre la relación laboral de los profesores de religión o sea que la Administración a sabiendas (prevaricación) incumple la propia Ley donde dice “La regulación de su régimen laboral se hará con la participación de los representantes del profesorado” y permite su discusión con un elemento extraño no representativo. El profesor no puede aceptar Carta de una profesora por el trato recibido del M.E.C. esos acuerdos pues se producen en un marco de ilegalidad manifiesta y que supondría consagrar “los privilegios” respecto a otros trabajadores.

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ÉXODO EN CAYUCOS: “MÁS ALLÁ DE LA MUERTE”

Esteban Tabares

nº 85 octubre 06
– Autor: Esteban Tabares –
 
Desde el mes de mayo, “Sevilla Acoge” participa en el Plan de Acogida de Emergencia de africanos llegados a Canarias, mediante un convenio suscrito entre el ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y diversas entidades humanitarias. Cada diez o doce días venimos recibiendo grupos de 15-20 personas, senegaleses la mayoría. Tras unos días de acogida y “descanso” con nosotros, continúan su ruta hacia otras partes del país para reunirse con algún familiar, amigo o paisano, cuya dirección o teléfono traen en el bolsillo. Muy pocos se quedan por Andalucía; su meta es Madrid o Barcelona principalmente. ¡Ya están en España! Ya alcanzaron su sueño, aunque residirán aquí sin “papeles”.

Roberto, que gestiona nuestros proyectos de co-desarrollo, viajó en agosto pasado a Senegal y ha vuelto tan impresionado que cuenta y no acaba. Dice que si él fuese senegalés haría lo mismo: subirse a un cayuco y venir para acá. Las condiciones de vida se han deteriorado tanto que no hay esperanza de futuro y la gente más joven y cualificada no aguanta más el presente. ¡Se acabó el tiempo de la resignación! Salen y saldrán como sea. Roberto mantuvo bastantes entrevistas con jóvenes de diversos niveles: analfabetos, universitarios, los camareros del hotel, taxistas, profesores… y todos respondían sobre la inmigración que “No tenemos otra salida; no hay otra alternativa. Nos gustaría quedarnos en Senegal, pero ¿qué se nos ofrece?”… Quedó muy impresionado con una pintada que se repite en las paredes “AUDELÀ DE LA MORT. MOURIR OU BARCELONE” (“Más allá de la muerte. Morir o Barcelona”), lo cual muestra el nivel de desesperanza y nulos horizontes de futuro.

N’Demba M’Baye, senegalés y mediador intercultural, nos cuenta que la gran mayoría de la población de Senegal sobrevivía de la agricultura, ganadería y pesca. Pero la sequía que padecen desde hace varios años hace imposible la agricultura y el ganado se pierde. Además, ¿para qué cultivar la tierra si luego no hay a quien vender los productos? “Sólo nos queda la pesca, pero ¿dónde pescar? si la mayoría del mar está “vendido” a las grandes compañías pesqueras de otros países”. Los jóvenes se movilizaron para quitar al anterior gobierno, pero el país no avanza, retrocede cada vez más. Las madres intentan convencer a los hijos para que no viajen, pero ellos “prefieren morir antes que quedarse y ver la situación que atraviesan sus familias”. Un chico argumentaba: “Aquí ves a una persona andando, pero está muerta por dentro”…

Ousseynou Dieng, senegalés y también mediador intercultural en “Sevilla Acoge”, indica que la democracia allí es muy peculiar: “Es un hombre y a su alrededor un vacío, donde uno dice qué se hace y el resto lo alaban”. Como ejemplo cita a los 76 imanes de las mezquitas que le prometían al presidente del Gobierno senegalés su apoyo incondicional en las elecciones; o el marabú que tiene cuatro millones de seguidores y le promete que lo van a reelegir. En Europa preocupa el envejecimiento de la población, mientras que en Senegal preocupa el exceso de jóvenes: “Son jóvenes desesperados que no ven lo prometido de cara al futuro”.

Ousseynou nos habla también de la “fuga de cerebros”. Por ejemplo, la Escuela de Ingenieros de Senegal ha puesto en el mercado este año 107 ingenieros que después no encontrarán trabajo; ¿a dónde irán?… Senegal se enfrenta a la amenaza del expolio de sus reservas pesqueras. “Acabaron con las reservas del Norte y ahora lo harán con las del Sur”. En los años 80 la pesca era el sector que más riqueza generaba en el país, pero con el paso de la pesca artesanal a la industrial, los pequeños pescadores con cayucos no pueden nada frente a los enormes barcos congeladores europeos o asiáticos. Los cayucos ya no sirven para pescar, sino para emigrar: “Estamos acostumbrados a viajar desde nuestros antepasados”…

Assane Güeye, otro amigo senegalés, se lamenta y dice que “Los inmigrantes son falsos. Porque cuando van a Senegal muestran la imagen del éxito, hacen cosas distintas a las habituales, presumen de coche, casa, no se replantean quedarse, sino retornar nuevamente y regresar al año siguiente a Senegal con más dinero, lujos… Con ello invitan al vecino a venir a España, quedándoles como única alternativa el cayuco al estar cerradas las fronteras. La gente allí los mira como héroes y llegar aquí es un aplauso para ellos”.

Podíamos seguir con más testimonios. Ellos saben mejor que nadie qué pasa allí y por qué vienen aquí. Los europeos no tenemos ni idea y nuestros gobiernos tampoco. Sólo saben imponer medidas policiales de control de fronteras y usar la inmigración como boomerang electoral de unos contra otros. Una opinión pública fragmentada que fomenta las posiciones más conservadoras y anti-inmigrantes y despierta nuestros viejos miedos.

La emigración, igual que el hambre, es efecto del empobrecimiento. Sólo se logrará frenarla favoreciendo un desarrollo endógeno y un comercio internacional justo: “Dejaos de oenegés y pagadnos mejor el café”. Es una injusticia que África sea un continente muy rico y que tenga 24 de los 25 países más empobrecidos del mundo. Si África no va a mejor, nadie podrá detener el éxodo migratorio. Ahora hay 936 millones de africanos y dentro de veinte años serán 1.500 millones.

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