ESTATUTO ONTOLÓGICO DEL EMBRIÓN. POR UN PLANTEAMIENTO CONVERGENTE ENTRE CIENCIA Y FE

Benjamín Forcano

Éxodo 98 (marz.-abr’09)
– Autor: Benjamín Forcano –
 
PLANTEAMIENTO ACTUAL DEL PROBLEMA

Siempre la cuestión del aborto vino envuelta en un interrogante. Pero hoy nos llega más fuerte porque descubrimos que de la pregunta qué es el embrión y cuál es su valor derivan muchas implicaciones éticas, clínicas y hasta políticas.

Hasta ahora, bastaba con decir que el embrión, tras sucesivas divisiones y transformaciones, llegaba a ser un organismo adulto y daba lugar a una persona. En el momento presente, las ciencias han avanzado mucho y levantan muchas dudas. No resulta tan obvio que el embrión, en su origen, fuera ya ese individuo al que da lugar: “En lo que se refiere al estatuto ético del embrión se nota en algunas posiciones que parten del presupuesto de que se tiene la verdad y, lo que es peor, que las alternativas que no defienden la protección del embrión desde el momento mismo de la entrada del espermatozoide en el óvulo, no consideran como valor la vida humana o que, más aún, la desprecian” (ALONSO BEDATE, C., en Gen-Etica, “El estatuto ético del embrión humano: una reflexión ante propuestas alternativas”, Ariel, 2003, p. 31).

En su sentido más inmediato, por aborto entenderíamos la acción de abortar, es decir, de impedir el nacimiento de un “nuevo ser humano”, al cual en los dos primeros meses lo denominaríamos embrión y, en los siete siguientes, feto. Esta sería la acepción más común para expresar la pérdida de un “ser humano” en cualquier tipo de finalización del embarazo, sea espontánea o voluntaria.

Si la tesis antigua, propia de la biología genética o preformacionista, es adoptada como presupuesto válido e indiscutible, poco o nada cabe esperar: es inútil dialogar y pretender establecer un nuevo enfoque del problema, pues más que atender a la realidad misma embrionaria y hacerlo descriptiva y rigurosamente con los ojos de la ciencia genética y epigenética, lo hacemos desde la “creencia” de que es así y es así porque siempre ha sido así: se sobrepone más que la razón científica, la creencia “que da por cierta una cosa que el entendimiento no alcanza o que no está demostrada”. Esta ausencia de crítica queda suplida por una postura subjetiva, cerrada y dogmática, sorda a cualquier revisión.

Entonces, es fácil que se emprendan iniciativas, acciones, campañas contra el aborto dando por probada una verdad que no lo es. Adoptamos posturas contundentes, incondicionales, suprimiendo el debate necesario que arrojaría luz, aparcaría los dogmatismos y podría dar lugar a concordar posturas científica y éticamente coherentes.

No aprendemos de la historia que, sobre este punto, nos alecciona claramente: es ley natural la evolución del saber humano y nunca podemos identificar la verdad con los resultados de un determinado momento histórico, pues cada momento está ceñido a un horizonte limitado de comprensión, que luego puede variar, como con frecuencia ha ocurrido.

PRESUPUESTOS PARA UN RECTO PLANTEAMIENTO DEL TEMA

1. Nuevas relaciones entre ciencia y fe: Vaticano II

Nadie puede negar que en la cultura moderna se da una cierta hostilidad entre científicos y religión, quizás especialmente contra la religión cristiana, porque ella suele partir de certidumbres incuestionables en tanto que la ciencia parte de análisis empíricos y racionales de la realidad.

Esta hostilidad de científicos contra la religión parecía haber entrado en declive con el concilio Vaticano II, y con razón, pues el Vaticano II puso fin a toda una edad antimodernista, simplemente porque la Iglesia se había aferrado, como si de la misma fe se tratara, al paradigma cultural de la Edad Media.

El concilio recalcó especialmente la incidencia de todo esto para el campo de la teología: “Las recientes adquisiciones científicas, históricas o filosóficas plantean nuevos problemas que arrastran consecuencias para la vida y reclaman investigaciones nuevas por parte de los teólogos. Los teólogos pondrán empeño en colaborar con los hombres versados en otras disciplinas; poniendo en común sus energías y sus puntos de vista y respetando el método y exigencias propias de la ciencia teológica, deben buscar siempre el modo más adecuado para comunicar la doctrina con los hombres de su tiempo. En el cuidado pastoral deben conocerse suficientemente las conquistas de las ciencias profanas de modo que también los fieles sean conducidos a una vida de fe más genuina y más madura” (GS, 62; cfr. también GS 5 y 7).

Estos textos marcan una nueva actitud ante la ciencia. La marca, sobre todo, el mensaje final dirigido por los padres conciliares a los hombres del pensamiento y de la ciencia:

“Un saludo muy especial a vosotros los buscadores de la verdad, a vosotros, los hombres del pensamiento y de la ciencia, los exploradores del hombre, del universo y de la historia. No podíamos dejar de encontraros. Vuestro camino es el nuestro. Vuestros senderos no son nunca extraños a los nuestros. Dichosos los que, poseyendo la verdad, la siguen buscando, a fin de renovarla, de profundizar en ella y comunicarla a los demás.

Nunca quizá, gracias a Dios, se ha mostrado tan claramente como hoy la posibilidad de un acuerdo profundo entre la verdadera ciencia y la verdadera fe, servidoras ambas de la única verdad. Tened confianza en la fe, esta gran amiga de la inteligencia” (mensaje del Concilio a los “Hombres del pensamiento y la ciencia”).

La ciencia trata de describirnos el mundo real como es, liberándolo progresivamente de falsos conceptos que, se quiera o no, repercuten en las imágenes que nos hemos creado de Dios, de la religión y del hombre. La verdad sobre Dios es única y ni la ciencia ni la religión pueden caminar por separado atribuyéndose el privilegio de tener en propiedad esa verdad. Esa visión antagónica acabó, —debe acabar— porque todo creyente sabe, y lo sabe aún más el teólogo, que nunca su búsqueda está exenta de limitaciones, dudas y correcciones, lo que equivale a admitir lo que escribe el físico John Polkinghorne: “La religión sabe desde hace mucho que en último término toda imagen humana de Dios resulta ser un ídolo inadecuado” (La fe de un físico, EVD, 2007, p. 279).

Los modos de inteligibilidad de la realidad dependen de cada época. En la modernidad fue tal el ensalzamiento de la omnipresencia y del poder de Dios que se hizo a costa de reducir casi a la nada la realidad del hombre. ¿Por qué la teología establecía paradigmas, conceptos de comprensión que muchas veces eran contradictorios con los postulados de la ciencia, del humanismo y de la ética?

Con razón, Javier Montserrat, profesor de la Universidad de Comillas y de la Autónoma de Madrid, en la introducción al libro del científico Arthur Peacocke comenta lo que para este autor eran ideas claves al final de su investigación: “La necesidad de que la idea moderna de Dios sea reformulada desde el mundo de la ciencia; la semejanza entre la forma de razonamiento de la ciencia y de la teología; la necesidad de superar el clásico dualismo antropológico de la teología clásica; la necesidad de pensar a Dios de forma coherente con su continua acción divina en el mundo en el marco de su esquema pan-en-enteista” (Arthur Peacocke, Los caminos de la ciencia hacia Dios, ST, 2008, Introducción, p. 29).

La inteligibilidad del mundo real por la ciencia y la razón es presupuesto ineludible para acceder al encuentro de la ciencia y la teología, lo cual exige mantener claro que la fe es una cosa y otra los conceptos en que vertimos la verdad que se nos revela y que vamos formulando a través de los nuevos conocimientos que surgen en la historia. Como muy bien decía el teólogo Rhaner, la Iglesia ha tendido a entender la figura del cristianismo como un todo, sin advertir que en ese todo la reflexión teológico-científica debe intentarse siempre de nuevo.

2. La realidad biológica embrionaria y la moral cristiana

De puro suponerlo y repetirlo, apenas nos damos cuenta de que los cristianos nos presentamos en la sociedad defendiendo, respecto al aborto, una moral que nos distinguiría de los demás y que se apoyaría en razones propias.

No son pocos los que ven en esto una coartada para eludir la realidad. Muchos teólogos y moralistas católicos piensan que el tema del aborto, —al igual que otros—es un problema humano sobre el que la moral cristiana no tiene aportación específica. Sería vano buscar en el Nuevo Testamento un tratado de biología o de ética racional y vano esperar un tratamiento que resultase exclusivo del pensar católico.

En el momento actual, creo poder ratificar como seguros los puntos siguientes:

a) El Magisterio de la Iglesia católica establece que “la vida desde su concepción, ha de ser salvaguardada con sumo cuidado” (GS, nº 51), pero se guarda muy mucho de afirmar que sea competencia de ella determinar el momento de esa concepción o fecundación, que viene a durar unas veinte horas. Atendiendo a lo acordado en el concilio, la interpretación de los padres decidió excluir deliberadamente que la concepción se la colocara en el momento mismo de la unión de los gametos masculino y femenino. Esta voluntad parece quedó reflejada en alguna de la notas que advertía expresamente “quin tangatur tempus animationis” (sin que se toque el tiempo de la animación). No obstante, otros documentos eclesiásticos parecen afirmar algo distinto: “El embrión humano tiene desde el principio —desde la constitución del cigoto— la dignidad propia de la persona humana”, “La Iglesia ha sentido el deber de reafirmar la dignidad y los derechos fundamentales e inalienables del ser humano, incluso en las primeras etapas de su existencia” (INSTRUCCIÓN DIGNITAS PERSONAE, Introducción, 4 – 5 – 37, 12 diciembre 2008).

b) En todo caso, es preciso subrayar que en la Tradición cristiana ésta ha sido una cuestión abierta, discutida y discutible, como lo demuestra la teoría de la animación simultánea (defendida por San Alberto) y la teoría de la animación sucesiva (defendida por Sto. Tomás).

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LAS MUJERES ANTE EL ABORTO

Justa Montero

Éxodo 98 (marz.-abr’09)
– Autor: Justa Montero –
 
En el año 1979 se anunció el juicio a diez mujeres y un hombre (conocidos como las “11 mujeres de Bilbao”) acusadas de haber abortado en el caso de las mujeres y de haber realizado los abortos en el caso de hombre. El motivo de su decisión no permitía interpretaciones: la precaria situación económica en la que vivían. Su valentía y determinación permitió que las organizaciones feministas primero y las organizaciones sociales y políticas más tarde realizaran una campaña que llevó por primera vez (a excepción de lo sucedido durante el periodo de la II República) el aborto a la escena pública demandando soluciones para la situación que vivían miles de mujeres. Estamos ante una larga historia.

Desde entonces, y han pasado 30 años, la polémica reaparece de forma recurrente y prácticamente siempre en los mismos términos. Sucedió entre 1982 y 1985, cuando el gobierno de Felipe González propuso la despenalización parcial del aborto, y así ha sido cada vez que se incluye en la agenda política la necesidad de cambiar una ley a todas luces problemática e insuficiente, independientemente del alcance de la propuesta concreta que se presente. Y similar es también la virulencia que muestran quienes se oponen a reconocerlo como un derecho que puede asistir a las mujeres.

Desde 1985, y con la despenalización ya en vigor, hemos acompañado a las mujeres en su búsqueda, a veces complicada, de un lugar donde acudir para interrumpir su embarazo y el movimiento feminista tuvo que levantar una campaña en defensa de las mujeres y profesionales sanitarios que en una veintena de ciudades fueron denunciados por asociaciones pro-vida (que en adelante llamaré anti-elección) o por ex maridos o ex novios de mujeres que habían abortado, acusadas de hacerlo fuera de la ley. En algunos casos fueron juicios que se sobreseyeron; en otros se llegó a condenar con penas de prisión a los profesionales; hubo casos particularmente sangrantes como el juicio a tres profesionales de la sanidad pública en Pamplona, que acabó con la posibilidad de que las mujeres pudieran abortar en Navarra ante la inseguridad jurídica y la ausencia de apoyo institucional.

Esta dinámica inquisitorial había amainado en los últimos años, instalándose una aparente normalización en la prestación del aborto en la medida que las clínicas privadas atendían la demanda de las mujeres. Pero era cuestión de tiempo que reaparecieran los problemas, ya que al estar considerado un delito, salvo en tres excepciones, se deja las puertas abiertas a que cualquier persona pueda realizar su particular interpretación de los supuestos y denuncie a una mujer por abortar ilegalmente.

A ello hay que añadir la planificada campaña del movimiento anti-elección con el objetivo de crear un ambiente hostil y desplazar la atención y el debate a un terreno favorable a sus tesis. Se denunciaron supuestas prácticas generalizadas consistentes en “arrojar fetos en cubos de basura” o en “trituradoras de fetos”, algo que se ha demostrado falso pero que ha tenido un fortísimo impacto en el imaginario colectivo dado el lógico rechazo que esas supuestas prácticas produce, instalando la duda sobre posibles excesos en la práctica de los abortos.

Situaciones igualmente grotescas se suceden en los hospitales públicos donde la mayoría de las y los profesionales sanitarios, sean mujeres u hombres, jefes de servicio, ginecólogos, ATS o enfermeros, apelando al derecho a la objeción de conciencia, deniegan la atención a las mujeres que demandan una interrupción del embarazo, incluso en situaciones de urgencia y riesgo para su salud. En varias Comunidades Autónomas no se puede abortar bajo ningún supuesto en ningún hospital público. Es el caso de Navarra, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia y Madrid; en muchas ocasiones las mujeres tienen que desplazarse a otras ciudades para abortar, en el 97% de los casos en una clínica privada donde se pueden encontrar con miembros de las asociaciones anti-elección increpándolas y llamándolas asesinas.

El seguimiento de la aplicación de la actual “ley de aborto” (recogido en varios estudios, entre ellos el de la Coordinadora estatal de organizaciones feministas) aporta datos que evidencian hasta qué punto la tibieza de una ley está pasando factura, y cómo la inseguridad y la inequidad caracterizan la situación actual. Durante veinticuatro años se ha mantenido una normativa que, al no reconocer el aborto ni como derecho de las mujeres ni como un problema de salud pública, ha obligado a ir “trampeando” y buscando las triquiñuelas para lograr una práctica que pudiera atender la mayoría de los casos, pero siempre sujeta al acoso y denuncia de quienes tratan de imponer la lectura más restrictiva posible de lo que está permitido por ley y la interpretación más amplia de las prohibiciones que la misma ley contempla.

LA DISPUTA IDEOLÓGICA Y ÉTICA

Resulta sorprendente que todo lo relacionado con el cuerpo de las mujeres, con sus opciones sexuales y reproductivas, sea motivo de tanto enconamiento e interés público cuando las opciones respecto a la maternidad y sobre cómo y con quién vivir la sexualidad no son decisiones públicas y colectivas sino íntimas y privadas, al tratarse de aspectos centrales de la vida e identidad de cada persona. Y es precisamente esta significación profunda de la sexualidad y de la capacidad reproductiva de las mujeres lo que podría explicar que confluyan en la cruzada por el control del cuerpo de las mujeres, desde la jerarquía eclesiástica hasta sectores de la clase médica y de la clase política.

En la historia más reciente se encuentran innumerables ejemplos de cómo el interés por controlar el cuerpo de las mujeres está en el centro de las disputas ideológicas y propuestas políticas. Este interés deriva de considerar que las mujeres reproducen biológica, cultural y simbólicamente un colectivo o un orden moral que hacen visible su presencia y una autonomía que se consideran amenazantes para el orden patriarcal; que su cuerpo es un lugar de interpretaciones y asignación de códigos culturales, y se convierten en portadores de mensajes entre grupos étnicos y/o religiosos enfrentados en guerras; que permite aplicar políticas de control de población; que para los fundamentalismos religiosos su cuerpo se convierten en símbolo de un determinado orden moral y una amenaza para los valores de la familia tradicional que defienden. La oposición al placer, a los derechos sexuales, a los anticonceptivos, incluido el preservativo, y al aborto va pareja a la oposición a cualquier cambio que pueda representar una mayor autonomía de las mujeres. En definitiva es una disputa por unos valores, un modelo de relaciones entre hombres y mujeres y de organización de la sociedad, que para la jerarquía católica requiere el sometimiento y papel subordinado de las mujeres, como sucede en su propia institución.

Si el control de la capacidad reproductiva de las mujeres ha sido y es un mecanismo de sometimiento, reafirmar su autonomía como seres sexuales y la maternidad como una opción (el llamado “derecho al propio cuerpo”) es un elemento central de la propuesta feminista; porque la reproducción, al igual que la sexualidad, es un derecho y un placer cuando se decide libremente, y una fuente de sufrimiento cuando se niega o se impone. Se rechazan por tanto las interpretaciones normativizadoras y reduccionistas que plantean la maternidad como algo inherente al ser mujer a una supuesta naturaleza femenina, innata e inamovible, que determina la condición social de todas las mujeres.

Pero las mujeres han ido tomando la palabra y ha emergido la diversidad de experiencias, vivencias, deseos y expectativas de las mujeres en muchos ámbitos de la vida, y también en el de la maternidad. Para ello el feminismo se ha tenido que sacudir la visión universalista y homogeneizadora que caracterizó el discurso de los años 70 y 80 que encerraba a las mujeres en una categoría social compacta y abstracta que presuponía similares necesidades e idénticos comportamientos y sentimientos

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UNA PERSPECTIVA CRISTIANA SOBRE EL ABORTO

Javier de la Torre

Éxodo 98 (marz.-abr´09)
– Autor: Javier de la Torre –
 
Quiero con este artículo rendir homenaje a uno de los grandes expertos en el tema del aborto en España. Me refiero al P. Javier Gafo S.I. (†2001), biólogo y teólogo, que dedicó gran parte de su vida académica a reflexionar sobre este tema. Nada mejor que utilizar sus palabras para exponer lo que sería la postura cristiana del aborto.

Su tesis doctoral en la Universidad Gregoriana de Roma sobre el tema de la moralidad de los antianidatorios fue publicada posteriormente con el título de El aborto y el comienzo de la vida humana (1979). Han pasado, por lo tanto, treinta años, y creo que, como en tantas cosas, es bueno escuchar de nuevo sus argumentos hoy.

Al comienzo de su libro ya se pregunta si existe un fundamento para conceder distinto juicio ético a los métodos anticonceptivos, a los métodos antianidatorios y a los métodos abortivos. Para el P. Gafo esta vía media cuenta con una serie de argumentos que llevan a estudiarla seriamente. “Nos referimos, en primer lugar, a la existencia de una tradición secular en el pensamiento eclesial que, basada en presupuestos científicos hoy inaceptables, distinguía dos fases en el desarrollo embrionario, de las que únicamente en la segunda (en general, a partir del tercer mes del embarazo) el feto poseería un carácter plenamente humano”. El jesuita reconoce que los nuevos datos científicos (la fecundación marca indiscutiblemente el comienzo de una existencia humana) obligan hoy a reestudiar, desde una perspectiva nueva, la vieja distinción entre feto animado y no-animado que dominó tantos siglos en la tradición de la Iglesia.

Su preocupación, por lo tanto, se centra en el juicio ético sobre el aborto precoz que tiene lugar al comienzo del embarazo y si “participa del mismo juicio ético que el aborto en fases avanzadas del desarrollo embrionario”. Para analizar esta cuestión seguiremos el método que siguió en tantos temas: tomar en cuenta los datos de la ciencia y confrontarlos luego con la Escritura, la Tradición, el Magisterio y la Teología.

LOS NUEVOS DATOS CIENTÍFICOS

Gafo cree que no puede afirmarse biológicamente que el cigoto sea una parte del organismo de la madre. Se trata de una realidad biológicamente distinta, ante la que se plantea el problema inverso: “cómo explicar que el organismo materno no se defienda mediante un rechazo inmunológico, de ese cuerpo extraño que es el cigoto” (p. 19).

Pero al analizar la totipotencia de las primeras células embrionarias concluye que al conservar la capacidad para dar origen a un individuo completo pueden servir de punto de partida para la formación de un nuevo individuo. Además “los blastómeros de la mórula parecen ser unidades biológicas relativamente independientes, que pueden ser separadas del conjunto, comportándose entonces como el cigoto originario”. Esto significa que “hasta el estadio de mórula, el huevo no es un individuo en sentido pleno, sino que mantiene aún abierta la posibilidad de dar origen a más de un individuo, o, por el contrario, de que dos huevos humanos se fundan en un único individuo mosaico” (p. 22).

La posibilidad de los gemelos univitelinos le lleva a preguntarse cómo valorar una realidad biológica humana pero “que es aún susceptible de recombinarse con otro embrión, dando origen a un único individuo, o que, por el contrario, mantiene aún la posibilidad de dar origen a dos individuos humanos idénticos” (p. 23).

Javier Gafo hace también un exhaustivo estudio de la elevada mortalidad intrauterina antes de la anidación (entre el 40-70%). Gran número de embriones por tener un complemento cromosómico anómalo son incapaces de superar este estadio. El 87% de los embriones abortados en las primeras cinco semanas son portadores de graves anomalías cromosómicas o crosomopatías.

El P. Gafo reconoce que con la anidación, el contacto y relación madreembrión se hace más directo y que existe una considerable dependencia del embrión en cuanto a nutrición de la madre aunque también es consciente que el embrión tiene sus propios sistemas enzimáticos y una circulación sanguínea propia. Reconoce que la anidación no supone ningún salto cualitativo en el desarrollo embrionario y que hay mayor diferencia entre las células germinales y el cigoto que la que existe antes y después de la anidación. Además, el hecho de un mayor contacto en la anidación no excluye que con anterioridad pueda darse ya una interacción madreembrión.

Considera, ya en 1979, la experiencia de la partenogénesis en animales y del cloning en anfibios como otro modo excepcional y artificial de constituir el punto de partida de un nuevo ser. Reconoce que las experiencias con anfibios parecen significar que cualquier célula somática podría servir de punto de partida para el desarrollo de un individuo completo. Las células somáticas participan, por tanto, del mismo estatus privilegiado del cigoto. Mientras en la mayoría de las células somáticas la totipotencia absoluta de su contenido de información se bloquea en el curso del desarrollo embrionario, en los gametos permanece la capacidad originaria para la formación de un nuevo ser. “La diferencia estriba únicamente en que en un caso se trata de un proceso que se desencadena de un modo natural y espontáneo, mientras que en el segundo caso se precisa un estímulo artificial que provoque dicho desarrollo” (p. 33).

ESCRITURA

Para Javier Gafo “no existe en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, una condena clara del aborto. La condena de los pharmakeia, contenida en el NT, podría referirse al aborto, aunque no es claro que tenga tal significado. No deja de llamar la atención el hecho de que no exista una clara condena del aborto, a pesar de que era practicado abiertamente” (p. 70). El aborto era conocido y practicado, pues en varios pasajes (Num 12,12; Job 21, 10; Job 3, 16; Ecles 6, 3-5) se habla del aborto sin ningún juicio moral o penal.

El texto más frecuentemente citado es Ex 21,22-23. Este pasaje narra la disputa de dos personas en la que una golpea involuntariamente a una mujer embarazada, provocándole un aborto. El culpable deberá pagar una multa en caso de que la mujer sobreviva y pagar con su propia vida, según la ley del talión, en caso de que perezca como consecuencia del aborto. El texto no penaliza el aborto sino la violación del derecho del padre a la descendencia. Además se trata de un aborto involuntario. El texto tendrá un gran influjo en la tradición a través de su traducción en los LXX en una traducción poco fiel del texto original, realizada probablemente por influjo del pensamiento helénico (se utiliza el término “exeikonismenos”, que es traducido por “formado”). En esta traducción se castiga al causante del aborto involuntario con multa si el feto no se encuentra todavía formado y con la muerte si el feto ya estaba formado.

Por lo tanto, no hay una condena clara ni en la Biblia ni en ninguna palabra de Jesús de Nazaret. Juan Pablo II lo admite cuando afirma que la “Escritura nunca habla de aborto voluntario”(EV 61). Esto no implica que en la vocación de algunos profetas y en algunos textos descubramos una valoración de la vida prenatal.

LA TRADICIÓN

El análisis de la tradición se centra en la cuestión del momento en que se produce la animación del feto durante el desarrollo embrionario. La tesis de la animación retardada defiende que el alma racional solamente se infunde cuando el embrión humano está suficientemente formado para poder recibir el alma racional. Existe un tiempo en el que el embrión humano no es plenamente humano por carecer de alma racional. Esta discusión es importante, pues lleva aparejada una cuestión muy relacionada con lo que nos preocupa: ¿debe formularse, en caso de aborto anterior a la animación racional del feto, el mismo juicio moral que se expresa a propósito del aborto después de la animación, cuando aquél está ya plenamente constituido corporalmente? ¿Cabe distinguir en el desarrollo embrionario una fase subhumana y una fase plenamente humana? ¿O una hominización plena y otra no plena, una fase no animada y otra animada por el alma racional? (p. 58).

La tesis de la progresiva formación del feto a lo largo del desarrollo embrionario puede considerarse como patrimonio común de la embriología de la antigüedad (p. 65). En los distintos autores (Diógenes, Empédocles, Pitágoras) las fechas varían entre los 35 días y los 120 días. Se habla de aborto normalmente a partir de los 40 días. Aristóteles e Hipócrates distinguen entre “eflujos” y aborto (después de los 40 días). Sorano de Éfeso (s. II) distingue entre “ekroia” (pérdida), que alude al semen que no ha adquirido forma humana, y “ektrosis” (aborto), interrupción del embarazo después del segundo o tercer mes. Estas ideas, tal como vienen expresadas por Aristóteles, parecen tener una base experimental y de observación (Aristóteles, De animalium generatione, 1. 3, c. 9). Desde el 322 a. C. hasta el s. XVII fueron dominantes en Occidente.

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EL CONTEXTO JURÍDICO INTERNACIONAL PARA UNA LEY DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

María Duran i Febrer

Éxodo 98 (marz.-abr’09)
– Autor: María Duran i Febrer –
 
1. INTRODUCCIÓN

La Ley Orgánica 9/1985 de 5 de julio, reguladora de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), normativizó el aborto en tres supuestos: grave riesgo para la integridad física o psíquica de la embarazada, graves taras físicas o psíquicas del feto, y cuando el embarazo fuera consecuencia de una violación.

Cuando en 1983 el Parlamento Español votó favorablemente el proyecto de Ley Orgánica que regularía la IVE, cincuenta y cuatro diputados de Alianza Popular interpusieron recurso previo de inconstitucionalidad, el cual fue desestimado por el Tribunal Constitucional en la sentencia 53/1985 de 11 de abril, declarando la constitucionalidad del aborto en los tres supuestos sobre los que fue consultado.

En su sentencia, el alto tribunal diferencia los derechos de la mujer del bien jurídico digno de protección que es la vida en gestación, en la ponderación que efectúa el Constitucional prevalece el derecho de la mujer; la sentencia pone de relieve cómo la vida es un continuo en el que la protección del nasciturus se acrecienta en función de su viabilidad fuera del seno materno.

El Código Penal de la democracia, promulgado en el año 1995, prorrogó la vigencia del artículo 417 bis del anterior Código Penal, referido a las causas de justificación del aborto. Este sistema de legislar la interrupción voluntaria del embarazo ha tenido consecuencias jurídicas no deseadas para muchas mujeres y profesionales de la medicina, que se han visto criminalizados porque los tribunales no han considerado suficientemente justificada la causa de la IVE, basta recordar la sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de 1 de abril de 1998, en la que refiriéndose al informe realizado por una psiquiatra, se dicta sentencia condenatoria al considerar que el referido informe era “demasiado escueto”.

Determinadas praxis judiciales, de dudosa ortodoxia, que durante los años 2007 y 2008 imputaron a un importante número de mujeres que habían abortado, sin tener en cuenta la fecha en que tuvo lugar la interrupción voluntaria del embarazo, ni la garantía del derecho a la intimidad, evidenció cómo la vigente ley generaba inseguridad jurídica, lo que obligaba a su revisión.

A partir de las iniciativas de la legislatura anterior, la cuestión de género/sexo se ha convertido en una variable significativa, y en este sentido hay que hacer referencia a la Ley Orgánica 1/2004 para la Protección Integral contra la Violencia de Género, la Ley 15/2005 reguladora del matrimonio civil, y la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; en todas ellas hay una aproximación entre el sujeto real (hombre o mujer) y el jurídico, rompiendo la abstracción de un único sujeto jurídico ideal. En la vigente ley reguladora de la IVE la voluntad de la mujer no es determinante en la interrupción voluntaria del embarazo, sino que tienen que ser los profesionales de la medicina quienes establezcan si se dan alguno de los supuestos en los que el aborto está permitido, lo que se contradice con la ciudadanía plena de las mujeres.

Detectar las carencias de la vigente ley, el estudio del derecho comparado y las buenas prácticas en los países de nuestro entorno, fue la labor del grupo de personas expertas a las que el Ministerio de Igualdad encargó elaborar un informe y una propuesta legislativa que pudiera conseguir el máximo consenso de la ciudadanía española.

2. LEGISLACIONES Y BUENAS PRÁCTICAS EN EUROPA

Tanto la Unión Europea como sus Estados miembros contemplan la interrupción voluntaria del embarazo a partir de la configuración del derecho a la salud sexual y reproductiva.

Las organizaciones supranacionales europeas, UE y Consejo de Europa, tratan el aborto desde la perspectiva de los derechos humanos, siendo significativas las Resoluciones del Parlamento Europeo de los años 2003 y 2009, y la del Consejo de Europa de 2008.

En el año 2003, el Parlamento de la Unión Europea aprobó la Resolución sobre salud sexual y reproductiva que para proteger la salud reproductiva y los derechos de las mujeres recomienda que el aborto sea legal, seguro y accesible para todas las mujeres; hace un llamamiento a los gobiernos para que “se abstengan de procesar a mujeres a quienes se les haya practicado un aborto ilegal”; hace hincapié en que el asesoramiento debe ser confidencial y ha de estar exento de juicios de valor; asimismo, referido a las jóvenes solicita a los gobiernos que “ofrezcan apoyo a las adolescentes embarazadas, con independencia de que deseen interrumpir el embarazo o llevarlo a término, y que garanticen su posterior educación”.

El 14 de enero de 2009 el Parlamento Europeo aprobó la Resolución sobre la situación de los Derechos Fundamentales en Europa 2004-2008, la cual en el apartado 60 subraya la necesidad de acrecentar la conciencia pública sobre el derecho a la salud genésica y sexual, e insta a los Estados miembros a que establezcan una educación sexual adecuada e información y servicios de asesoramiento confidenciales, faciliten métodos anticonceptivos, con el fin de prevenir todo embarazo no deseado y los abortos ilegales y en situación de riesgo.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó por 102 votos a favor y 69 en contra la Resolución 1607/2008 en la que se invita a los Estados miembros a “despenalizar el aborto si no lo han hecho aún, allá donde sea delito, y garantizar el derecho de las mujeres a esta práctica y levantar las restricciones existentes”. La resolución afirma el derecho de todos los seres humanos, incluidas las mujeres, al respeto por su integridad física y a la libertad para controlar sus propios cuerpos. En este contexto, la decisión última de practicarse o no un aborto debería ser un asunto que sólo concierne a la mujer, y ella debería tener los medios para ejercer ese derecho en una forma efectiva.

Si bien las resoluciones referidas carecen de fuerza vinculante, son directrices a los Estados miembros y candidatos para que adecuen sus legislaciones con el fin de armonizar las prácticas sociales y jurídicas.

Analizando las legislaciones nacionales de los países miembros de la Unión Europea que regulan la interrupción voluntaria del embarazo, se puede observar cómo la mayor parte de ellas son leyes centradas en el derecho a la salud, en especial las de promulgación más reciente.

La mayoría de la normativa sobre IVE fue elaborada en la década de los setenta, si bien se han producido modificaciones en los últimos años; en este sentido cabe hacer referencia a la legislación de Gran Bretaña (1967 y 1990), Finlandia (1970), Austria (1975), Francia (1975 con reformas en 2007), Suecia (1975 con reformas 2007), Italia (1978), Holanda (1980 y 1984), Alemania (1992-1995), Bélgica (1990), Bulgaria (1990 y 2005), Dinamarca (2007) y Portugal (2007).

Solamente Gran Bretaña y Holanda tienen leyes de plazo sin indicaciones, y el plazo para la interrupción voluntaria del embarazo llega hasta las 24 semanas; mientras que en Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Suecia y Portugal las leyes combinan los plazos con las indicaciones.

Gran Bretaña tiene la legislación más antigua, y en su origen la más dilatada en el plazo, que fue reducida de 28 semanas a 24 semanas por la Ley de Fertilización Humana y Embriología de 1990. Excepcionalmente, después de las 24 semanas, se puede practicar un aborto para salvar la vida de la madre, prevenir daño grave físico o mental o riesgo de anomalías físicas o mentales del feto. El aborto debe practicarse en hospital o clínica especializada y será gratuito a través del servicio específico nacional que exista.

Holanda es el país de la UE con la ratio más baja de abortos a pesar de tener previsto un plazo de 24 semanas, lo cual es aplicado de forma estricta. En la mayoría de los supuestos se realiza dentro de las 22 semanas, y sólo por razones médicas se extiende a la semana 24. Pasado este límite, entra en juego la tipificación del Código Penal. Es delito también la práctica fuera de los centros autorizados.

Los dos sistemas son diferentes, si bien coinciden en que, hasta un límite temporal establecido, las mujeres serán las que decidan sobre la IVE.

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GEN-ÉTICA

Benjamín Forcano

Éxodo 98 (marz.-abr´09)
– Autor: Benjamín Forcano –
 
En el mundo de la bioética y de la genética, tan importante para tomar decisiones personales y políticas, reina mucha confusión y poca serenidad. Se está dando una violenta manipulación de los sentimientos de los ciudadanos en el sentido de que la ciencia estaría traspasando los límites de la ética.

Este es el sentir de Federico Mayor Zaragoza, quien, además de coordinar el libro con Carlos Alonso Bedate, lo prologa. El camino a seguir en este campo agitado es el de atender con rigor los argumentos, sin mezclar indebidamente campos tan distintos como el de la ciencia y de la fe, cualquiera que ésta sea. Lo cual no quita sino que supone una interactuante colaboración entre ambos, nunca excluyente ni, menos, condenatoria.

En este terreno de luces y sombras, certezas e incertidumbres se mueven con libertad e independencia de criterio los diecinueve autores que intervienen en la elaboración del libro. Todos ellos son investigadores en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, Universidad Autónoma de Madrid, en la Facultad de Genética de la Complutense y en otros Centros de Biotecnología, de Medicina y de Derecho.

Puede imaginarse el lector que el cuadro de colaboradores citado abordará cuestiones más importantes e interpelantes: aspectos científicos (Alberto Martínez, Carlos Romero Casanobona, Bernart Soria y Alfonso Valencia); aspectos sociales y jurídicos (Ignacio Núñez de Castro y José Luis García); aspectos éticos (Carlos Alonso Bedate, Juan Ramón Lacadena, Diego Gracia Guillén, Yolanda Gómez, Javier Sánchez Caro y María Casado); y sigue un anexo de Federico Mayor Zaragoza (40 páginas) sobre Gen-Ética.

Le sobra razón a Federico Mayor cuando escribe: “Este libro llega en un momento muy oportuno. Y debo decir que el mérito de su articulación corresponde al profesor Carlos Alonso Bedate, que tanto ha meditado sobre esta materia. Juzgo el libro de gran calidad y espero sinceramente que contribuya a la necesaria función de esclarecer cuestiones confusas, más por razones ideológicas que científicas”.

Y concluye comentando la Declaración universal sobre el genoma humano y los derechos humanos: “El compromiso moral contraído por los Estados al adoptar la Declaración Universal del Genoma Humano y los Derechos Humanos es un punto de partida: anuncia una toma de conciencia mundial de la necesidad de una reflexión ética sobre las ciencias y las tecnologías. Incumbe ahora a los Estados dar vida a la Declaración con las medidas que decidan adoptar, garantizándose así su perennidad”.

LA JUVENTUD Y EL ABORTO: UNA VISISÓN DESDE LA PRÁCTICA CLÍNICA

Isabel Serrano Fuster

Éxodo 98 (marz.-abr´09)
– Autor: Isabel Serrano Fuster –
 
Soy ginecóloga y a lo largo de mi labor profesional he tenido oportunidad de atender a muchas jóvenes enfrentadas a un embarazo inesperado que termina en un aborto. Y con frecuencia, como padres, madres, profesores o sanitarios, nos preguntamos ¿cómo es posible que con toda la información que tienen cerca de 15.000 jóvenes menores de 20 años aborten cada año?

El discurso social tiende a dividirse en dos grupos: uno, que sólo piensa en la responsabilidad de los propios jóvenes, basándose en sus típicos comportamientos (sexualidad lúdica, escaso miedo al riesgo…), y otro, que otorga más responsabilidad al conjunto de la sociedad que es la que transmite a sus jóvenes valores negativos (sexo fácil, culto al cuerpo, falta de compromiso…) o la que no pone a su alcance medidas de prevención suficientes.

Aunque me sentiría más cerca del segundo grupo, no se trata de buscar culpables sino soluciones. Aunque seguramente unos y otros, la juventud y la sociedad adulta, tenemos parte de responsabilidad en el aumento de embarazo juvenil y su consecuencia de abortos tempranos, también está en nuestras manos, las de todos, poner las bases para que la situación vaya a mejor.

¿QUÉ VEMOS EN LA PRÁCTICA DIARIA?

Efectivamente, la mayoría de los y las jóvenes inician pronto una actividad sexual coital porque vivimos en una sociedad coitocéntrica que deja poco espacio a las relaciones amorosas basadas en otras formas de relación… y eso cala en nuestros jóvenes.

Respecto a la sexualidad juvenil… La media de edad de inicio de experiencias sexuales coitales ronda los 17 años, lo que quiere decir que aunque algunos empezarán más allá de los 20, otros lo harán a los 14 o a los 15. Debemos ser conscientes de que sus prácticas sexuales se desarrollan muchas veces de forma inesperada, no planificada, en lugares inapropiados y con una urgencia que con frecuencia les hace actuar sin medidas de protección. Por eso es tan importante que seamos capaces de entender el proceso y promover la prevención necesaria.

Respecto a su actitud ante la maternidad y la paternidad… también hay cosas especiales. La mayoría no piensa en ello porque no entra en sus planes, pero no hay que olvidar que para una parte de la juventud, especialmente para la socialmente más vulnerable, tener un bebé puede suponer un medio para tener algo propio, cariño sin condiciones, una pareja consolidada, la autonomía de la que carecen, o para demostrar que no son estériles o que ya son mayores… Por eso, sabiendo que esas fantasías pueden acabar en embarazos irresponsables y en abortos, es tan importante actuar antes de que el problema haya llegado a sus vidas.

Y cuando el embarazo se ha producido, las vivencias se intensifican: terror a decirlo en casa, ambivalencia, culpabilización, miedo al proceso, temor a sus consecuencias…

ALGUNOS EJEMPLOS

María llegó a mi consulta con gran preocupación. Joven responsable, muy cerca de cumplir los 18 años, con escaso apoyo familiar, conviviendo desde hace unos meses con su pareja de 19 años. Ambos tenían claro que no deseaban seguir con un embarazo inesperado, producto de un fallo anticonceptivo. Su decisión había sido más que reflexionada, pues llevaba tres meses tratando de convencer a su madre de que la acompañara a un servicio sanitario y le firmara su autorización. Por motivos religiosos, por supuesto respetables, la madre, se negaba de manera rotunda. Otras alternativas tampoco eran posibles. ¿Conseguir su emancipación legal? Imposible al requerir la presencia del padre, que después de separarse de su madre estaba desaparecido. ¿Viajar a Francia donde la ley permite abortar a menores de 18 años sin autorización paterna? Imposible por falta de dinero. Resultado: esa joven ha sufrido lo inimaginable porque su familia, y el Estado, la han obligado a mantener un embarazo que de ninguna manera quería. No deberíamos pasar por alto, además, el nulo papel de su pareja, al que también se le obliga a ser padre contra su voluntad.

Y hay tantos casos… Jóvenes que tras una rotura de preservativo no saben dónde acudir para conseguir una píldora del día después, que no saben que sucedió porque habían tomado alcohol y no tenían consciencia de riesgo, que se les había olvidado tomar una píldora… Como siempre… unos actúan con responsabilidad y otros no, pero sería injusto decir que eso es propio sólo de la gente joven.

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EMPAR PINEDA

Evaristo Villar y Pepa Torres

Éxodo 98 (marz.-abr’09)
– Autor: Evaristo Villar y Pepa Torres –
 
EMPAR PINEDA, una de las mujeres más destacadas del Movimiento Feminista en España, ha vivido en primera línea los acontecimientos más relevantes de la lucha por la liberación de la mujer en nuestro país. Su actividad política proviene de los últimos años de la dictadura, en los que ocupó un papel destacado en el Movimiento Comunista. Participó en la creación de la Coordinadora Feminista de Cataluña y fue fundadora del Colectivo de Feministas Lesbianas de Madrid. En el 2004 recibió el premio Margarita Borrás 2004, que reconoce el esfuerzo de aquellas y aquellos que se han dedicado a la defensa de los derechos de las minorías sexuales. En la actualidad trabaja en la clínica Isadora de Madrid, estigmatizada por los movimientos antiabortistas por su postura ante los déficit de la sanidad pública en cuestiones de género, interrupción voluntaria del embarazo o intervenciones de reasignación de sexo. Es una de las integrantes de la corriente Otras Voces Feministas

La campaña del lince, ¿qué te sugiere?

Es vergonzosa. Se trata de un chavalín de más de nueve meses. Y quieren hacernos creer que es un feto a punto de ser abortado frente al lince protegido. Es el colmo, nos quieren tomar por imbéciles. O les falta talento o les sobra descaro. Me encanta el icono de la corriente que nos llamamos Otras Voces Feministas: se ve una tiara con la leyenda “que se exterminen ellos”.

Se han filtrado a la prensa algunos datos del Comité de Expertos: hasta las 14 semanas para el aborto libre, hasta las 22 con regulación. ¿Qué te parecen estos datos?

Quienes estamos a favor del aborto somos gente que defendemos la vida, y pensamos que los bebés deseados, con posibilidad de ser criados en condiciones adecuadas -no como si fueran crías de conejos o de gallinas- tienen derecho a nacer. Nos importa la vida digna y las mujeres tenemos que ser responsables.

Desde este posicionamiento, Otras Voces Feministas defendemos la posibilidad del aborto hasta la viabilidad fetal, es decir, hasta las 22 o 24 semanas, que es cuando el feto puede ser viable fuera del útero materno. Hasta entonces, que sea la mujer la que decida libremente. A partir de ahí, solo en casos muy extremos, como puede ser el grave riesgo de la vida de la madre o las graves malformaciones o lesiones fetales que darán lugar al nacimiento de un bebé sin autonomía propia ni capacidad cognitiva, etcétera.

Pensamos también que, aun con la posibilidad del aborto hasta esas semanas, el embrión humano es siempre un bien jurídico a proteger. Y, a partir de su viabilidad, debemos mimarlo en todo el proceso hasta el final del embarazo, ayudando especialmente a las madres en situación difícil. Lo que no se soluciona ciertamente -aunque menos es nada- con el cheque de los 2.500 euros. ¡Fuera hipocresías, por favor!

Vivimos en sociedades abortivas de muchas dimensiones de la vida que culpabilizan y pretenden penalizar sólo a las mujeres que interrumpen su embarazo. Las mujeres, se afirma desde la teología feminista, casi nunca eligen el aborto como primera solución de su embarazo. Su primera opción es la maternidad y se llega al aborto cuando la primera opción se muestra inviable. En el seno de la sociedad y del sistema anida una gran hipocresía, ¿no te parece?

Es cierto. Si la sociedad valorase lo que representa un nuevo ser social tendría que rodear de mayor protección todo el proceso de gestación. La mujer que decide responsablemente llevar adelante su embarazo merece un mayor respeto. Lo que se traduce en la necesidad de una información y formación adecuada sobre salud sexual y reproductiva de la mujer y también del hombre. Se trata no sólo de evitar que los embarazos sean imprevistos, sino deseados y planificados humanamente. Es más, se trata de presentar una antropología donde el ser humano, además de otras cosas, es un ser sexuado y sexual; que no tiene por qué vivir la sexualidad como un tabú ni como algo malo, sino como un gozo, una satisfacción, un forma maravillosa de comunicación entre las personas. Y esto exige una sólida educación de la que aún estamos en mantillas.

En mi trabajo profesional me estoy encontrando con educadoras y educadores que están intentando llevar adelante esta difícil tarea en medio de múltiples dificultades que se levantan a veces desde las mismas instituciones. Por ejemplo, en algunos Institutos de Andalucía y con gobierno socialista… Y no hablo ya de dificultades sino de prohibiciones en otras autonomías donde domina una política educativa más conservadora. ¿Hipocresía? ¿Cómo negarla? Pienso que mientras no se logre que entren en el curriculum de estudios como algo natural estos temas que atañen a la salud sexual y reproductiva seguiremos siendo víctimas del miedo, del peligro y del engaño, terreno abonado para los embarazos no deseados y los abortos no queridos.

Hay quienes piensan que el aborto pertenece más al ámbito sanitario que al jurídico, y mucho menos al Código Penal. ¿Se puede llevar a una mujer a la cárcel por el hecho de interrumpir libremente su embarazo?

Yo creo que el aborto no es ningún delito. Deberían quedar en el Código Penal sólo aquellos abortos provocados contra la voluntad de la mujer. Esto sí sería un delito real. Para mí el límite estaría en las 22 o 24 semanas para poder abortar por decisión libre de la mujer. Porque eso es aborto para la Organización Mundial de la Salud. Luego quedarían esos casos de grave malformación o lesión fetales de los que ya hemos hablado.

Me da pena y coraje que a la ministra de Igualdad se le llene la boca diciendo que ninguna mujer irá a la cárcel con la propuesta del Comité de Expertos. Pues no es verdad, porque, mientras siga en el Código Penal el artículo 145, la mujer podrá ir a al cárcel. La razón es muy sencilla: por un aborto fuera de ley se le condenara a la mujer a pagar una multa; pero, si no paga la multa, irá a la cárcel.

El Movimiento Feminista ha impulsado campañas de autoinculpaciones bajo el lema “Yo también he abortado”. Imaginemos que hay una campaña en contra de pagar la multa por un aborto fuera de ley. Pues irán a la cárcel. No se puede engañar a la gente. Somos ciudadanos, no súbditos.

¿Piensas que los límites que se han filtrado desde la Comisión de Expertos sobre la posibilidad de interrupción del embarazo van a subsanar los desajustes de la actual legislación en el tema?

Yo creo que para “este viaje no hacían falta estas alforjas”. Con la legislación actual, que data ya desde el 1983 y que fue refrendada por el Constitucional en el 1985, no se respeta la libre decisión de la mujer. Es interesante recordar, a este propósito, la incoherencia de un partido político como el PP que ahora se presenta como el máximo defensor de la legislación actual. Pues resulta que, en aquel entonces, cuando se llamaba Alianza Popular, presentó con sus 50 diputados y senadores un recurso de inconstitucionalidad. Pero el alto tribunal falló a favor de la constitucionalidad de la ley.

Pero en la actual ley siempre tiene que haber algún facultativo que dé el visto bueno, el nihil obstat en versión médica a la decisión de la mujer. También es cierto que una mujer puede abortar sin límite. Basta con que cuente con el placet médico. Y esto es lo que se está haciendo actualmente. Por ejemplo, desde el punto de vista de la salud psíquica, si un psiquiatra juzga que, de seguir adelante con el embarazo, esa mujer puede sufrir patologías psiquíatricas, la mujer podrá abortar en cualquier momento de su embarazo. De hecho, hay mujeres que abortan en este país con 23, 24 semanas, aunque son poquísimas, ni siquiera llegan al 1% del total de mujeres que abortan.

Lo que es intolerable es lo que está pasando con las mujeres a las que se les anuncia la malformación fetal grave a las 28, 30 o 32 semanas. Que ante tal despropósito los políticos y los jueces se lleven las manos a la cabeza cuando la legislación vigente está amparando esa práctica, parece hipócrita.

¿Y qué opinión te merece la propuesta de los 16 años sin consentimiento paterno?

Yo estaba conforme con que se le reconociera a la mujer la posibilidad de decidir a los 16 años. Pero, por lo visto, ahora la ministra está reculando. Habla de sí, pero acompañada de alguien mayor de edad, sea quien sea. Esto se presta a la risa. Imagínate, camino de la clínica (y digo de la clínica porque la sanidad pública va a seguir igual) se encuentra con alguien mayor de edad y le dice: ”¿te importaría acompañarme…?”.

Siempre que se ha intentado ampliar la Ley del aborto, los antiabortistas, los pro-vida, junto con la jerarquía de la Iglesia católica y el PP han armado la marimorena. Y una se pregunta, ¿por qué el Gobierno no se decide de una vez por todas a plantarles cara apoyándose en la mayoría de la ciudadanía y el resto de fuerzas de la izquierda? ¿Por el miedo al Vaticano, a la jerarquía católica española, a perder dos millones de votos? Esto me indigna porque no se puede jugar con el dolor de tanta mujer.

En el debate sobre el aborto y su legislación ¿qué aspectos te producen mayor indignación por ser humillantes y dolorosos para la mujer?

Quizás el más importante sea el no reconocimiento de la autonomía y capacidad de decisión en la mujer. Nunca se me olvidará que, a la muerte de Franco, una de las primeras cosas contra la que tuvimos que luchar en el Movimiento Feminista fue contra las leyes franquistas falsamente proteccionistas de las mujeres. Eran leyes que nos sobreprotegían privándonos de autonomía. Pues bien, que a estas alturas el Gobierno socialista plantee, como se ha filtrado del Comité de Expertos, tres días de reflexión para una mujer que ya ha decidido abortar, me parece volver a caer en el falso proteccionismo. Si es para informarle al oído de las ayudas que tendrá si mantiene su embarazo, me parecería indignante. ¿Por qué no hacerlo a todo el mundo por los medios de comunicación pública? Necesitamos autonomía, no protección.

Otro elemento importantísimo sería este: abortar no es una intervención cualquiera, es un acto siempre extraordinario. No voy a dramatizar sobre el tema porque cada mujer va a esta intervención de acuerdo a su psicología, ideología o creencia. Pero no quiero ignorar que hay mujeres que sufren mucho con la interrupción de su embarazo. Conozco por oficio muchos casos en los que se le ha dado la triste noticia de la grave malformación fetal después de las 24 o 26 semanas.

No sé por qué se corrió la voz de que yo tenía acceso a la red sanitaria pública francesa y bastantes parejas se han estado poniendo en contacto conmigo durante los últimos años. Con ellas he establecido una relación muy estrecha. Y he podido constatar no sólo el dolor sino también la desprotección y desamparo en que se encuentran aquí entre nosotros. Pero hay algo más, he constatado también la hipocresía de un sistema sanitario como el nuestro que paga a la sanidad pública francesa hospitalización, gasto clínico y médico de la intervención que ella misma no es capaz de hacer a través de su red hospitalaria pública.

¿Qué piensas del documento “por una maternidad libre y un aborto seguro” de la Coordinadora Feminista? ¿Cuáles son sus propuestas de mayor calado?

Quizás el título sea lo más logrado. Quiero añadir que, cuando comenzamos el Movimiento Feminista, nosotras decíamos “por una maternidad libre y deseada“ (que cierra mejor el asunto) “y por un aborto seguro”.

Son mis viejas compañeras, y, sin embargo, tengo discrepancias con ellas. Ellas no quieren poner plazo a la libre decisión de la mujer y yo sí. Yo creo que hay que llamar a la responsabilidad de las mujeres. Yo no creo que se deba abortar en cualquier momento de la gestación, salvo en casos muy justificados. Mi ética no me permite abortar en cualquier momento. A ver quién es la guapa que le dice al ginecólogo o ginecóloga: “me he despistado, se me han acelerado las semanas y estoy de 30 o 32 semanas y quiero abortar”. ¿Qué puede hacer el ginecólogo? Vamos a ver, que en los comienzos del Movimiento, cuando luchábamos a brazo partido para sacar el aborto del Código Penal, no concretáramos más, me parece normal. Fue entonces necesario. Pero ahora las cosas han cambiado y tenemos mucha más experiencia. Es más, la OMS llama aborto hasta las 22 o 24 semanas; al resto ya no lo llama aborto.

En el conflicto entre la objeción de conciencia por parte del personal sanitario y la obligación de prestar este servicio por parte de la administración pública, ¿por dónde habría que inclinarse a tu juicio?

Yo soy partidaria del reconocimiento de la objeción de conciencia. Hay motivos por los que una persona puede sentirse impedida para prestar este servicio. Pero también tiene que haber garantía por parte de las instituciones públicas de que la existencia de personal sanitario objetor no pone en riesgo el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo. Las autoridades sanitarias deben legislar la objeción de conciencia, pero también garantizar el servicio. No se puede perpetuar lo que está pasando actualmente en algunos centros hospitalarios donde es objetor todo el servicio de ginecología y obstetricia. No se puede olvidar que la Constitución que reconoce el derecho a la objeción de conciencia se refiere a un derecho individual, no de un servicio.

¿Cuál es el verdadero problema que yo he investigado a fondo? No es el hecho de que sea objetor o no el personal sanitario de los hospitales públicos. El verdadero problema está en que lo sea el jefe de servicio de ginecología y obstetricia. Los jefes son quienes deciden si en su servicio se puede hacer o no el aborto. En esta situación, no le puedes exigir heroicidades al personal subalterno, que, en verdad, tampoco se siente apoyado por la propia institución. Aún no se les ha borrado de la memoria a los sanitarios la campaña de acoso y desprestigio que la derecha y el Opus Dei desplegaron en Pamplona contra la Dr. Elisa Sesma que, a raíz de la aprobación de la ley, hizo el primer aborto legal en el hospital público Virgen del Camino. La campaña fue tan dura y despiadada que incluso difundió octavillas con la foto de Elisa y la leyenda “Primer asesinato legal en Navarra”. Y ¿qué hicieron las autoridades sanitarias entonces? Absolutamente nada. Ninguna salió en su defensa. Si no hubiera sido por la campaña que hicimos entonces el Movimiento Feminista, la doctora Sesma hubiera dado con sus huesos en la cárcel.

Entonces, “ vente a mi clínica privada”, puesto que hacerlo en un centro público de la Seguridad Social resulta tan difícil…

Es lo que se está haciendo. En tiempos de Felipe González, el Parlamento Europeo mostró su preocupación por la cantidad de ginecólogos de las clínicas privadas procesados por aborto. El presidente González, para resolverlo anunció que se iban a crear seis unidades de reproducción en seis hospitales públicos. En ellas se harían abortos y también fecundación asistida, incluyendo la fecundación in vitro. La intención parecía evidente: atraer a los ginecólogos a la sanidad pública. Pues bien, de las seis propuestas, sólo se creó una, la del Hospital Príncipe de Asturias en Alcalá de Henares. Pero tenemos que añadir que en ese hospital, el anestesista era objetor de conciencia. Por eso en Alcalá de Henares no se hacían más abortos que hasta las 12 semanas. En definitiva, la historia del aborto en nuestro país es una historia de hipocresía. Es cierto que vivimos en sociedades complejas donde la organización de la convivencia y los servicios públicos no son apreciados por todos de la misma manera. Mi ética social me lleva a defender a capa y espada una sanidad pública donde sea posible dar un trato digno a la mujer durante todo el proceso de su embarazo y gestación.

¿Qué es lo que le está faltando a la sanidad pública para poder ofrecer en ginecología y obstetricia un servicio digno, eficaz y seguro?

Para que los abortos puedan hacerse en los Centros hospitalarios y ambulatorios de la sanidad pública tiene que haber, en primer lugar, mucha voluntad política. Ello exigiría introducir cambios sustanciales en los planes de enseñanza de la medicina porque actualmente no se enseña cómo abordar técnicamente el aborto en las facultades de medicina.

Luego, se necesitan recursos. No se puede solucionar ni técnica ni humanamente el aborto sin viabilidad hospitalaria. El aborto no admite listas de espera. Es necesario contar con los ambulatorios que, bien equipados, podrían asumir perfectamente el aborto hasta las 12 semanas.

Finalmente, como en materia sanitaria las transferencias ya están hechas, el color político del cada gobierno autonómico se muestra muy diferente ante este tema. Teniendo esto en cuenta y manteniendo que es un problema que compete fundamentalmente a la sanidad pública, ésta podría llegar a conciertos puntuales con los centros privados, como se está haciendo ya en Andalucía.

La presencia de los y las migrantes ¿está complicando las cosas?

Hay algunos datos que conviene tener en cuenta, por ejemplo, que con la llegada de inmigrantes se ha incrementado el número de abortos; que en la comunidad de Madrid más del 50% de los abortos que se practican son de inmigrantes; que el 25% de los abortos que se han hecho durante el año 2008 en la Comunidad de Madrid los ha financiado la sanidad pública.

A pesar de estos datos, no se puede ignorar que las inmigrantes siguen teniendo muchas dificultades de acceso al sistema sanitario español. Además del frecuente rechazo del médico de atención primaria, la demandante tiene que enfrentarse a una evidente falta de protocolo entre la atención primaria y la llegada al ginecólogo. En honor a la verdad, hay que decir que este problema no representa la misma dificultad para las latinoamericanas y procedentes del Este europeo que para el resto. En unos casos la lengua y en otros la información les ayudan a superar mejor las dificultades.

Un caso muy especial han representado últimamente las mujeres rumanas que han tenido el aborto como método anticonceptivo. Conozco muy bien las dificultades de las trabajadoras sociales del Centro de Especialidades de Carabanchel ante el hecho de tener que enfrentarse ante la repetición del aborto por la misma persona. Gracias al tesón de estas trabajadoras sociales, apoyadas por las funcionarias del servicio de IVE se están consiguiendo algunas cosas. Por ejemplo, acercar a estas mujeres a un plan de control de la natalidad y de planificación familiar. Además, se ha conseguido que el Servicio Madrileño de Salud haya comenzado a financiar inicialmente los abortos con menos recursos, y luego, a través de la intervención del Defensor del Pueblo, de toda mujer emigrante o nativa que decida abortar dentro del marco de la legalidad vigente.

No obstante (y sigo hablando de la praxis en la Comunidad de Madrid), el procedimiento a seguir por una embarazada que quiere interrumpir voluntariamente su embarazo conforme a ley y que sea financiado por la sanidad pública es realmente endiablado. No le puede resultar fácil a una mujer inmigrante que tiene que enfrentarse a tantas dificultades de golpe. Es un protocolo de largo recorrido que complica enormemente el problema. Se precisa un informe psiquiátrico que se debería hacer inicialmente en los Centros de Especialidades del Servicio Madrileño de Salud. Pero como el servicio psiquiátrico de estos centros suele resistirse a hacer informes para abortar, la tarea se traspasa a las clínicas privadas. Se hace luego una ecografía de la gestante. Y con estos informes, el Centro administrativo de la calle Sagasta, 6 autoriza la financiación pública y remite a la mujer a una de las clínicas privadas. El tesón de las trabajadoras sociales y el apoyo de los y las funcionarias de la calle Sagasta han conseguido que todo este proceso sea financiado por la sanidad pública. Pero, ¿cómo puede realizar este recorrido una inmigrante que puede ser, además, trabajadora doméstica? Verdaderamente complicado porque son muchos días y muchos permisos laborales.

A propósito, ¿cómo acabó el conflicto con la clínica Isadora?

No ha acabado, no se ha cerrado aún el sumario. Es increíble, el juez Sierra facilitó que se presentaran como acusación particular todos los grupos antiabortistas, neonazis y demás. Entre ellos, Alternativa Española. Nosotros la rechazamos porque, entre otras razones, iba a tener acceso al sumario, y, con ello, a los nombres de las mujeres que habían abortado en Isadora en aquel tiempo. Recurrimos la autorización por defecto de forma a la Audiencia Provincial. Y, curioso, ante este recurso, el juez dejó en suspenso la autorización. Pero lo curioso es que el juez tendrá que cerrar de alguna manera el sumario llevando el caso hasta la vista oral con estas personaciones o con otras, porque él no ha encontrado nada de qué acusarnos y tampoco el fiscal. Y así estamos.

¿Qué conciencia tienes de las discrepancias que existen dentro de la Iglesia católica sobre este tema?

Estoy muy al tanto y las sigo con interés. No me resulta tan ajeno este ambiente, pues yo hice en San Sebastián el primer Curso de Teología para seglares con participación de Álvarez Bolado, Ricardo Alberdi, Rafael Belda, etcétera. Desde mi actual posición de agnóstica pero de antigua creyente, deseo que los cristianos tiréis para adelante. Hoy más que nunca es necesaria vuestra presencia cristiana frente a esa jerarquía vaticana que lo que está haciendo es llevar por delante lo más hermoso del Evangelio de Cristo. ¡A ver si así posibilitáis que mucha gente recuperemos la fe!

MATERNIDAD Y ABORTO: LIBRE DECISIÓN DE LAS MUJERES O CONTROL DEL ESTADO SOBRE NUESTROS CUERPOS Y NUESTRAS VIDAS

Charo Luque

Éxodo 98 (marz.-abr’09)
– Autor: Charo Luque –
 
El análisis sobre las distintas miradas, los distintos enfoques, que unas y otras sociedades han tenido a lo largo de la historia sobre el aborto, nos hace comprender lo ajeno que les ha sido a todas ellas los derechos y la autonomía de las mujeres. Tanto su aceptación como su penalización, han sido desarrolladas en base a criterios culturales y religiosos, pero, en ningún caso, bajo el prisma del desarrollo de los derechos reproductivos de las mujeres.

La influencia del cristianismo en nuestras sociedades occidentales ha sido, sin duda, causa de la involución en las posiciones y desarrollos legislativos en materia de aborto a lo largo de nuestra historia. Pero la concepción patriarcal de la necesidad de control sobre el cuerpo y sobre las vidas de las mujeres es un factor igual de determinante, dada la importancia que ello ha tenido para la consolidación de las vigentes estructuras sociales y políticas.

COMPARACIÓN NORMATIVA EN EL MARCO EUROPEO

El desarrollo normativo en Europa, en estos últimos siglos, ha llevado parejos avatares y ha ido moldeándose en consonancia con las tendencias más o menos liberales de la época. En la actualidad, bajo una primera apariencia de diversidad, nos encontramos con marcos legislativos muy similares, unos más aperturistas desarrollados entorno a plazos y otros más restrictivos en base a criterios. Pero todos dejando el control final de la reproducción en el Estado y limitando o anulando la capacidad de las mujeres para poder decidir sobre sus derechos reproductivos y sobre sus vidas.

En el marco europeo podemos encontrarnos con diferentes modos de regular o límites para la interrupción voluntaria del embarazo. Entre los países más restrictivos nos encontramos con: Andorra, Malta, Irlanda o Mónaco, donde la única causa posible es el riesgo para la vida de la madre. En situación muy similar se encuentra Polonia, aunque también es posible cuando el embarazo sea resultado de una violación o incesto. España, junto a Irlanda del Norte y Portugal, incluye también el supuesto de salud mental, quedando también recogidas las causas de violación y malformación fetal.

Luxemburgo, Finlandia y Gran Bretaña, cada uno con diferentes límites gestacionales, introducen el supuesto general de las motivaciones socioeconómicas, incluyendo también en todas ellas las malformaciones fetales, y en las dos primeras la violación.

Y para terminar nos encontramos con un amplio grupo que opta por las llamadas leyes de plazos, en las que en términos generales no se incluyen supuestos, al menos en determinado periodo del embarazo. Entre estos países se encuentran: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Francia, Grecia, Hungría, Letonia, Holanda, Noruega, Rusia y Suecia, entre otros. En este último grupo existe un amplio abanico de plazos, que van desde las doce semanas hasta las veinticuatro.

Los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y sobre su maternidad, como hemos podido ver, no han sido un objetivo de unión ni uniformidad en Europa. Por el contrario, allí donde las concepciones religiosas (como Irlanda) están más asentadas, o allí donde los gobiernos tienen más compromiso político con la Iglesia católica (como España), las mujeres hemos sido moneda de cambio por una paz social que sólo beneficia los intereses patriarcales, religiosos y económicos.

EL DESARROLLO NORMATIVO EN LA II REPÚBLICA ESPAÑOLA

Centrándonos en nuestro Estado, y haciendo una pequeña batida de nuestra historia más reciente, deberíamos partir con la referencia a Ley de Reforma Eugenésica del Aborto, aprobada por la Generalitat Catalana el 25 de diciembre de 1936 (Diario Oficial de la Generalitat, 9 de enero de 1937), que fue, para su época y para el contexto europeo, una legislación avanzada.

Esta ley, que partía de la necesidad de acabar con los abortos clandestinos y con el consiguiente riesgo para la vida de las mujeres, se desarrollaba tanto en base a plazos como, fundamentalmente, a supuestos. Entre los supuestos, además de las causas terapéuticas y eugenésicas, se desarrollaban otras que abrían el campo a libre decisión de la mujer, como una maternidad no deseada por causas amorosas-sentimentales o la denominada decisión consciente de limitación de la natalidad voluntaria.

Esta ley se apoyaba en dos pilares, el primero de ellos, la realización de los abortos en condiciones médicas adecuadas, creándose la obligatoriedad de su realización únicamente en aquellos centros que expresamente estaban autorizados para ello, responsabilizando penalmente a quienes realizasen abortos sin las necesarias garantías sanitarias y fuera de estos centros homologados. Con esta imposición, además, se aseguraba la adecuada cobertura, ya que las prácticas de interrupción voluntaria del embarazo debían realizarse sólo por parte del personal médico.

Y la segunda base en la que se asentaba la ley era la exclusiva decisión de la mujer, en todas aquellas indicaciones que le eran potestativas, sin que pudiera realizarse por terceras personas (marido, familiares…) ninguna intervención ni objeción a la decisión tomada por la mujer.

EL ABORTO EN EL RÉGIMEN JURÍDICO FRANQUISTA

El golpe de Estado franquista y la posterior dictadura acaban con los citados aires aperturistas, que daban a las mujeres un espacio de libertad y decisión sobre su voluntad reproductiva. La normativa franquista, en este terreno, se concreta en la Ley de Protección de la Natalidad de 1941, que tiene claras influencias en la legislación italiana, concretamente en el Códice Rocco, de 1930, en el que se entiende el aborto como un atentado a la nación, incluyendo entre los llamados “ultrajes a la raza” las relaciones sexuales entre personas alemanas y judías, la sodomía y el aborto.

La citada Ley de la Natalidad, de 1941, queda plasmada en el Código Penal de la época (1944), en los artículos 411 al 417. En el artículo 411 se fija la responsabilidad penal de los que practicasen abortos con prisión mayor, para los que los realizaran sin el consentimiento de la mujer, y de prisión menor los que tuvieran el consentimiento de la misma.

En el artículo 413 se fija la pena para la mujer que se sometiera voluntariamente a un aborto, con prisión menor (de seis meses y un día a seis años de privación de libertad). En el artículo 414 se desarrolla el anterior, incluyendo el aborto honoris causa, el que está motivado por la ocultación de la deshonra, incluyendo la responsabilidad de los padres de la mujer que pudieran cooperar o consintiesen para la realización del aborto. El artículo 416 se dedica a la responsabilidad penal de quienes publiciten medicamentos, utensilios, formas o prácticas que faciliten o provoquen abortos, incluyendo en este apartado a comerciantes, fabricantes, personal sanitario, vendedores, anunciantes, etc. Y el artículo 417 se dedica a fijar la inhabilitación del personal sanitario que se vea incurso en estas prácticas. Este contenido se mantuvo en la redacción dada en el Código Penal de 1973.

EL RETORNO A LA DEMOCRACIA, EL ABORTO Y LA LIBERTAD DE ELECCIÓN DE LAS MUJERES

El aborto en nuestro país en las últimas décadas ha estado unido al cambio de régimen político y las consiguientes movilizaciones y reivindicaciones sociales.

Comenzaba para las mujeres de este Estado un largo camino por la consecución del derecho a decidir y la plena autonomía, que aún están inconclusos. Los avances alcanzados, desde el derecho a la anticoncepción hasta la tímida despenalización del aborto en 1985, tuvieron que ser fruto de la movilización de las mujeres y la continua reivindicación del movimiento feminista.

A nivel institucional, el primer indicativo que pretendía marcar el camino de la abolición de la penalización del aborto en nuestra recién inaugurada democracia se realizó por el Partido Comunista de España, con la presentación de una moción que solicitaba la amnistía para las presas y presos condenados por delito de aborto, difusión de anticonceptivos y adulterio. Esta moción fue rechazada por los votos de los diputados de Unión de Centro Democrático y Alianza Popular. Temas tan trasnochados como la penalización de la publicidad sobre anticoncepción estuvieron en vigor hasta finales de 1978.

Este era el panorama de los derechos de las mujeres en la primera década de la recuperada democracia. Y fueron los años 80 los que marcaron la lucha de las mujeres por el aborto libre.

El PSOE ganó las elecciones generales por primera vez en el 82. Mucha gente de la izquierda puso las esperanzas en el cambio. Las mujeres pudimos comprobar con nuestra propia experiencia que las políticas neoliberales, pacatas, tímidas y de imagen, iban a ser las que se iban a emplear.

Las reivindicaciones del movimiento de mujeres en materia de aborto se materializaron de forma más visible en las manifestaciones multitudinarias en distintas ciudades del Estado, en la primavera de 1983. En todo el Estado español hubo movilizaciones, manifestaciones y campañas masivas de autoinculpaciones en esta época. Muchos hombres y mujeres nos implicamos en una reivindicación que creíamos que había llegado el momento de conseguir. La institucionalización de los movimientos sociales y la desmovilización en pro de unos equilibrios políticos desembocó en una ley artificiosa en la que hubo que buscar los recovecos legales para poder colarnos por la puerta falsa, quedando en el ánimo de todas las mujeres y profesionales implicados la sensación de que se cometía una infracción, al menos en el orden jurídico.

Tortuoso fue el camino hasta esta Ley Orgánica 9/1985, donde se despenalizaba en algunos supuestos la práctica del aborto en nuestro Estado. Esta reforma se basaba en una modificación del Código Penal, en la que tras una supuesta ponderación sobre los valores y principios constitucionales entre los derechos de las mujeres (a la integridad física y moral, a la salud, a su propia vida, al libre desarrollo de su personalidad…) y el concepto de vida humana y el conflicto de interés entre ambos, se determinó finalmente un texto que mantenía la penalidad del aborto como precepto general e incluía excepciones a la norma. En este punto sería importante resaltar que en la práctica, como era su intención, la excepción se convirtió en la norma general, y su penalización, el precepto general, quedó reducida a determinadas incursiones de los sectores judiciales más reaccionarios.

Pero todo ello se enmarcaba en el problema fundamental, el no reconocimiento de plenos derechos reproductivos a las mujeres y de la ausencia absoluta de autonomía de las mujeres para decidir sobre algo tan vital para el desarrollo y futuro de su vida y su personalidad. El control de la reproducción queda en manos del Estado y la moral imperante en nuestra sociedad queda salvada. Es un sonoro triunfo de la hipocresía política y judicial y un rotundo fracaso en el desarrollo de la autonomía y empoderamiento de las mujeres.

El PSOE estuvo gobernando 14 años consecutivos, y en todo ese tiempo hubo transformaciones constatables derivadas de la entrada en el proceso democrático, de las directrices europeas, de las exigencias de la ciudadanía y de los cambios políticos introducidos. Pero el derecho por antonomasia de las mujeres que significa la libertad plena de elección sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas no lo conseguimos.

LA NORMATIVA VIGENTE EN NUESTRO ESTADO

Mediante la aprobación de la citada Ley Orgánica 9/1985 se efectuó la modificación del entonces artículo 417 bis del Código Penal, que pasamos a analizar con mayor detalle. Esta modificación suponía, en definitiva, la inclusión de tres excepcionalidades en las que no era punible el delito de aborto: la malformación del feto, que el embarazo sea consecuencia de una violación o que suponga un grave riesgo para la vida o la salud física o psíquica de la mujer.

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EL ABORTO

Varios Autores

Éxodo 98 (marz.-abr’09)
– Autor: Varios Autores –
 
No por mayor ruido, la multiforme crisis que nos golpea en esta primera década del milenio anula otros problemas graves que viene arrastrando la sociedad española desde la segunda mitad del pasado siglo. Uno de ellos es el aborto o interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

Según datos del Ministerio de Sanidad, las cifras se han incrementado en los últimos diez años: de 53.847 abortos en 1998 se ha pasado a 112.138 en 2006; en el primer año, la cifra supuso una tasa de 6 por cada mil mujeres, y en el último la tasa fue de 11,4.

La actual legislación, que data de 1985, se está mostrando insuficiente. Parcialmente despenalizadora y bajo control judicial, es una ley que deja fuera de norma reguladora los embarazos que suponen grave riesgo para la integridad física o psíquica de la madre o del feto y los que son consecuencia de violación. Comparada con las legislaciones europeas que se han ido adaptando a las recomendaciones de organismos internacionales como la ONU, la OMS o el Consejo de Europa, la legislación española, además de dejar sin protección jurídica a las mujeres y a los profesionales de la medicina, está encubriendo prácticas alegales. Su indefinición del aborto terapéutico y del eugenésico está siendo el paraguas que ampara una práctica cada día más laxa. Por otra parte, la ausencia de una política sanitaria coherente está llevando a la sanidad pública a la hipocresía de empujar a realizar fuera de nuestras fronteras lo que no se atreve a realizar en la red de hospitales públicos.

Por exigencia social u oportunidad política el Gobierno ha iniciado el proceso de reforma de la ley, encomendando su estudio a una Comisión de Expertos que ha aconsejado una fórmula mixta: interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras catorce semanas y, hasta las 22 , en caso de grave riesgo para la salud de la mujer o graves anomalías del feto. También ha puesto en candelero la incongruencia de la apreciación legal sobre los 16 años de la mujer: autónoma para unos casos y dependiente para otros, como hasta ahora ante la IVE.

Los sectores antiabortistas están haciendo gala del fundamentalismo que les caracteriza, llegando hasta exigir la anulación de la misma ley del 1985. Entre estos, la Conferencia Episcopal Española, amparándose en una supuesta ley natural, ha recrudecido su postura más política que evangélicamente compasiva y respetuosa con la autonomía del saber científico. Los movimientos cristianos de base críticos no se sienten representados en esta postura de la jerarquía eclesiástica.

Desde Éxodo apostamos por un tratamiento de la IVE que asuma al menos algunos criterios como los siguientes: el papel predominante de las mujeres; la distinción de planos jurídico y ético, científico y religioso; y abrir un amplio espacio de debate social sobre esta materia en toda la ciudadanía.