DEMOCRACIA, MOVIMIENTOS SOCIALES Y CRISIS DE REPRESENTACIÓN POLÍTICA

Jaime Pastor

Éxodo 89 (may.-jun’07)
– Autor: Jaime Pastor –
 
La configuración de una democracia liberal en la historia española reciente ha estado muy condicionada por sus orígenes en una “reforma pactada” del franquismo formalizada en la Constitución de 1978 así como por su relación con la evolución del capitalismo occidental y la “integración europea” bajo hegemonía neoliberal. El resultado de todo este proceso ha sido la tendencia a una “desdemocratización” cada vez más evidente de la política o, si se quiere expresar de otra manera, la consolidación de una democracia electiva en su forma pero elitista en el fondo, es decir, en lo que afecta a las decisiones relacionadas con el “núcleo duro” de la política. Se trata, por cierto, de una tendencia que, aunque tenga aquí sus particularidades, coincide con la que se está produciendo a escala mundial mediante la creciente sustitución de las soberanías populares conquistadas tras largas luchas por una “gobernanza global” cada vez más oligárquica, como recientemente ha subrayado, entre otros, Marco Revelli.

De la “reforma pactada”…

Comenzando por la Constitución de 1978, habría que recordar que el objetivo de las fuerzas políticas y poderes fácticos que participaron en el mitificado “consenso” de la transición fue sentar las bases de un sistema político en el que, además de blindar la Monarquía (a la que no sólo se la libra de un referéndum frente a la opción republicana, como ocurrió en Italia o Grecia, sino que se la exonera de toda responsabilidad política y jurídica por sus actos), la “unidad de España” (establecida de forma esencialista en el artículo 2 y garantizada por el Ejército en el artículo 8) y la “economía de mercado” (eso sí, atenuada por la autodefinición entonces en boga como “Estado social y democrático de derecho”), buscando además primar la “gobernabilidad” en detrimento de la representatividad y pluralidad de la sociedad española.

Esto último se reflejó en el establecimiento del sistema electoral menos proporcional posible (el basado en la Ley de D’Hont, la barrera del 5%, la sobrerrepresentación de las circunscripciones provinciales con menor población y las listas cerradas y bloqueadas de las candidaturas), en la concepción de un Senado que fuera contrapeso a las decisiones del Congreso, en la adopción de la “moción de censura constructiva” (copiada del modelo alemán, según el cual es necesario no sólo obtener la mayoría sino presentar también una candidatura alternativa a la presidencia del gobierno) y en un Tribunal Constitucional que se erigiría pronto en “tercera Cámara”.

Todo ello reforzado por la relegación a segundo plano de cualquier forma de democracia participativa, como se pudo comprobar en el reconocimiento tan limitado del referéndum y de la iniciativa legislativa popular dentro del texto constitucional.

En efecto, el referéndum es regulado como competencia exclusiva del Estado (artículo 149.1, 32) y tiene un carácter generalmente consultivo, salvo en lo que se refiere a la reforma constitucional y a la ratificación de la iniciativa autonómica o la aprobación y modificación de los Estatutos de Autonomía, con un trato especial para el caso de Navarra. A esto se añadió por la Ley Orgánica correspondiente del 18 de enero de 1980 la posibilidad de referéndum en el ámbito local “de acuerdo con la legislación de Régimen Local y a salvo, en todo caso, la competencia exclusiva del Estado para su autorización”.

En cuanto a la Iniciativa Legislativa Popular, quedaban excluidas de la misma materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional o relativas a la prerrogativa de gracia (artículo 87.3) y, más tarde (en la ley del 26 de marzo de 1984), “aquellas otras cuya iniciativa reguladora reserva la norma fundamental a órganos concretos del Estado”.

La cuestión de la pluralidad nacional y regional de la sociedad española fue abordada en el artículo ya mencionado (dictado directamente desde la jerarquía militar a través de Adolfo Suárez y Pérez Llorca), en el Título VIII y en las Disposiciones Adicionales. La intención era tratar de hacer compatible la afirmación de la “indisolubilidad e indivisibilidad de la Nación española” con el reconocimiento de unas “nacionalidades y regiones” que pudieran acceder a la autonomía por distintas vías y, a su vez, poner un techo a la misma frente a futuras presiones sobre el “Centro”.

En resumen, se estableció un régimen político que si bien no era presidencialista tampoco era estrictamente parlamentario y, a la vez, ya no se basaba en el centralismo aunque tampoco reconocía la pluralidad nacional en términos de igualdad entre los distintos pueblos.

Se conquistaban, por tanto, libertades y derechos básicos negados por la dictadura, pero siempre sin poder traspasar determinadas “líneas rojas” con el fin de asegurar la “gobernabilidad” y la “estabilidad” del sistema. Fue en ese marco constitucional, surgido de una reforma y no de una efectiva ruptura con la dictadura franquista (confirmada por el pacto de silencio sobre su origen en un golpe de estado, una guerra de exterminio y una masiva represión posterior), como hemos vivido a lo largo de los tres últimos decenios sucesivos ciclos y acontecimientos conflictivos, siendo quizás los más relevantes el intento del golpe de estado del 23-F de 1981 (que, aunque frustrado, contribuyó a frenar las presiones autonomistas catalanas y vascas), la entrada en la Comunidad Europea (que permitió la integración en el “centro” del sistemamundo capitalista) y la aprobación por referéndum de la entrada en la OTAN en 1986 (implicándonos en un bloque militar bajo hegemonía USA mediante un hábil ejercicio de democracia plebiscitaria) y, posteriormente, la alternancia de gobiernos del PSOE y del PP en diferentes legislaturas hasta la actualidad.

La continuidad de una línea de fractura izquierda-derecha a escala estatal ha estado generalmente acompañada por la relacionada con la tensión entre nacionalismo español y nacionalismos “periféricos”, reflejada en la relativa consolidación de subsistemas de partidos en el ámbito autonómico en los que, como ocurre en Euskadi, Catalunya y Galiza, fuerzas políticas nacionalistas de esas Comunidades Autonómicas tienen un peso relevante, cuando no hegemónico. No hace falta recordar que la persistencia de la violencia armada de ETA, además de ser rechazable éticamente, ha sido un factor adicional de inestabilidad política y de crispación en relación a la cuestión vasca durante todo este tiempo, convirtiéndose además en un eje de confrontación política y electoral, especialmente tras la división entre los grandes partidos respecto a la apertura o no de un proceso de paz y diálogo a raíz de la declaración de alto el fuego de ETA el pasado 24 de marzo de 2006, ahora definitivamente frustrada tras su atentado doblemente mortal del 30-D de 2006.

Pese a las limitaciones antes mencionadas, diferentes movimientos sociales se han ido manifestando durante todo este tiempo. Así, en un primer momento es el movimiento obrero, a través de los sindicatos, el principal protagonista de la conflictividad social hasta que, a través de CCOO y UGT, se inserta en una dinámica de “concertación” neocorporativista; le siguen luego “nuevos” movimientos como el ecologista, el pacifista y antimilitarista (cuya campaña por la objeción de conciencia y la desobediencia civil al servicio militar obligatorio ha sido la más masiva y exitosa en la historia europea) y el feminista, con mayor o menor fuerza durante todo este tiempo, destacando especialmente la confluencia de todos ellos en la campaña por la salida de la OTAN que finalmente sale derrotada en el referéndum celebrado el 12 de marzo de 1986. Dentro de ese proceso la Huelga General del 14-D de 1988 aparece en cierto modo como el “punto de inflexión” a partir del cual la crisis del bloque social que había apoyado a los gobiernos del PSOE se acentúa apuntando hacia una recomposición desde la izquierda que sólo se refleja en un ascenso limitado de Izquierda Unida, muy pronto contrarrestado por la ofensiva de un PP que finalmente accede al poder en 1996.

Ha habido que esperar a los efectos del movimiento “antiglobalización” de finales de los 90 para conocer un nuevo ciclo de reactivación ciudadana que tiene su mayor expresión durante el primer semestre de la presidencia española de la UE en 2002 (con la confluencia de ese movimiento con la Huelga General del 20 de Junio) y culminará finalmente en las movilizaciones contra la guerra de Iraq y la participación en la jornada mundial del 15-F de 2003. Fruto exitoso, aunque tardío, de esas acciones será la retirada de las tropas españolas de Iraq en abril de 2004 tras la derrota del PP en marzo de ese mismo año gracias a la participación electoral masiva de un sector tradicionalmente abstencionista y de nuevos votantes jóvenes.

…al “cinismo democrático”

Sin embargo, más allá de este sucinto relato de una serie de acontecimientos o conflictos, lo más relevante es que la relación de la mayoría ciudadana con los partidos políticos y los movimientos sociales ha ido cambiando a lo largo de estos tres decenios, en función tanto del comportamiento y de los resultados de la acción de éstos como de las transformaciones sociales y culturales que se han ido produciendo.

No olvidemos que ya a finales de los años 70 empezó a hablarse del “desencanto” como un fenómeno ligado a la relativa frustración que vivió la mayoría de quienes se movilizaron más activamente contra la dictadura franquista a la vista de los limitados resultados alcanzados en la “transición”.

Tampoco han sido ajenos a un distanciamiento entre partidos y ciudadanía tanto el paso del “fordismo” al “posfordismo” y la “flexibilización” y “precarización”de la fuerza de trabajo –que han contribuido a una mayor fragmentación y desestructuración de una clase obrera cada vez más feminizada y multiculturalcomo el tipo de cultura política de “cinismo democrático” 2 que se ha ido difundiendo, reforzada por el creciente peso de unos medios de comunicación –periódicos, radios y cadenas televisivasque se han convertido en actores y espacios preferentes de “infoentretenimiento” y, a la vez, escenarios de lucha por el control de la agenda política.

En ese contexto no sólo la afiliación a partidos y sindicatos ha ido decayendo, en contraste con los primeros años de la transición, sino que también la tendencia a la participación en los procesos electorales ha ido disminuyendo, salvo con ocasión de determinadas elecciones “críticas” (como las generales del 86, las del 96 o las de 2004), constatándose así un proceso de desafección ciudadana hacia la política institucional.

Paralelamente, hay que comprobar que se han ido manifestando otras líneas de fractura en la sociedad: una tiene que ver con la actitud ante el creciente deterioro del medio ambiente, el “desarrollismo” y la especulación urbanística en diversas zonas del país (con la consiguiente salida a la luz pública del fenómeno cada vez más extendido de la corrupción política); otra, con la tendencia a asociar o no inmigración con “seguridad ciudadana” y, al menos en relación con la población procedente de países africanos o asiáticos, con el “terrorismo internacional”.

Estos nuevos marcos de diferenciación política y electoral han ido influyendo en los discursos y prácticas de los partidos políticos, generalmente tentados por convertirse en “atrápalatodo” y por reforzar rasgos de tipo “populista”. Se ha ido configurando así una sociedad más compleja y plural en la que esas distintas líneas de fractura han ido teniendo mayor o menor peso en el comportamiento político y electoral de la ciudadanía según las coyunturas y las cuestiones que los principales partidos y los grandes medios de comunicación han ido introduciendo.

Sin embargo, la línea de fractura “izquierda-derecha”, convencionalmente concentrada en PSOE y PP respectivamente, no ha reflejado una verdadera polarización política en torno a proyectos políticos, económicos y sociales alternativos. Ambos partidos han tendido a subordinar sus propuestas al marco hegemónico neoliberal dominante a escala global y en la Unión Europea: su actitud favorable al Acta Única de 1996, al Tratado de Maastricht de 1992 y al Sí en el referéndum sobre el Tratado Constitucional Europeo, todos ellos en coherencia con la opción por la “vía hayekiana” de construcción de un “nuevo europeísmo” 3, son una clara demostración de ese amplio consenso.

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LAICIDAD Y DEMOCRACIA

Demetrio Velasco

Éxodo 89 (may.-jun’07)
– Autor: Demetrio Velasco –
 
La laicidad y la democracia son, como casi todas las realidades humanas, construcciones sociales que los seres humanos hemos conseguido levantar con esfuerzo y que siguen mostrando, todavía, la huella de la fragilidad de nuestros mejores logros. Están siempre amenazadas por quienes se resisten, bien sea por exceso o por defecto, a convivir todos juntos en sociedades razonablemente libres e igualitarias.

Laicidad y democracia son el fruto de procesos históricos que se corresponden con el enorme cambio de mentalidad que supone pasar de sociedades premodernas regidas por la religión, y por el ordenamiento moral y jurídicopolitico que de ésta se derivan, a sociedades pluralistas y seculares, que funcionan conforme a una lógica democrática y laica. Para esta nueva lógica, la religión, como otras importantes realidades de la vida social, como la familia o el extranjero, deben encontrar su nuevo lugar, que el consentimiento de los demás tendrá que legitimar.

Obviamente, lo que decimos de la religión se debe aplicar, por la misma razón, a aquellas instituciones o asociaciones que se definen específicamente de naturaleza religiosa. Así, el cambio de una sociedad católica, en la que la Iglesia ha gozado del privilegio de ser la madre y maestra de todos, el Arca de Noé dispensadora de la salvación a los hombres, y que ha contado para ello con los recursos del poder y de su legitimación, a una sociedad laica, en la que la Iglesia sólo puede pretender ejercer su magisterio y su servicio con la libertad y eficacia que le garantiza un estado de derecho democrático, supone, en mi opinión, mucho más que un cambio de régimen político. Es fruto de una experiencia, histórica, social y cultural, inédita, que no todos hemos vivido con la misma intensidad ni en el mismo sentido. Es lógico que quienes han visto más cuestionada su mentalidad y sus intereses hayan reaccionado de forma más polémica y agresiva.

Por otro lado, sería ingenuo pensar que la construcción de sociedades laicas y democráticas ha sido fruto de un proceso exento de graves irracionalidades e injusticias. Todos sabemos que, en muchos momentos y lugares, la laicidad ha ido acompañada de una forma de entender la secularización dogmática y beligerante, que exigía, entre otras cosas, la privatización e incluso la desaparición de la religión de la vida social.

Por eso, para definir estas situaciones se han utilizado términos como secularismo o laicismo. Pero, así como desde la misma Iglesia se ha debido rehabilitar la figura de Galileo, hoy, pocos ocultan que dicha teoría de la secularización ha estado viciada por graves déficits de comprensión de la realidad religiosa y socipolítica. Prohibir a Dios hacer milagros en nombre del rey no es menos “bárbaro” que prohibir a Galileo pensar con libertad en nombre del Libro de los Reyes. El que intereses religiosos o políticos espúreos hayan legitimado dicha barbarie, no significa que deba ser así. El que la Iglesia católica haya defendido e impuesto durante tanto tiempo un régimen de cristiandad, no debería impedir el ejercicio de su auténtica vocación de Iglesia pueblo de Dios en una sociedad plural y secular. El que la experiencia de la laicidad a la francesa haya sido, en numerosas ocasiones, la de un laicismo agresivo y militante, y que haya servido de modelo para otros procesos laicistas, no debe llevarnos a sacar conclusiones erróneas.

Para la cuestión que aquí nos ocupa, me parece relevante resaltar que la forma de entender la religión en nuestras sociedades modernas, pluralistas y seculares, supone una “ruptura” con la forma de entender la religión en la sociedades tradicionales (pre-modernas). El creyente moderno comulga con un “imaginario social” para el que el individuo humano, reconocido como sujeto de derechos y libertades e igual en dignidad a todos los demás seres humanos, se ha convertido en el referente normativo de las relaciones sociales.

Ninguna relación humana que suponga dominación de unos seres humanos sobre otros, que legitime la desigualdad y la exclusión, o que niegue los derechos fundamentales de la persona, puede ya legitimarse. Dicha ruptura se puede fechar históricamente en el contexto de las revoluciones liberales. Pretender que no ha habido dicha ruptura histórica y que se puede ser, simultáneamente, moderno y premoderno es, en mi opinión, imposible.

No se puede afirmar, por ejemplo, como lo hace la Iglesia católica, que se pueden defender los derechos humanos sin tener que cuestionar la legitimidad de las estructuras de poder del Antiguo Régimen. Aunque todavía subsistan, de hecho, algunas situaciones y ordenamientos jurídico-políticos propios de la sociedad tradicional, en el sentido de que se siguen manteniendo situaciones de desigualdad y de dependencia personales, estos hechos ya no cuentan con la legitimidad que los hacía plausibles en la sociedad premoderna.

La laicidad como condición de posibilidad de una sociedad democrática

Desde que las guerras de religión y el pluralismo social rompieron de forma irreversible el dosel sagrado de la unidad religiosa, la única fórmula razonable para organizar la convivencia social ha sido la de un poder político no confesional que utilizando la laicidad, como un “proceso de ajuste” jurídico político, ha garantizado los derechos y libertades de individuos y grupos humanos. Gracias a la laicidad del Estado se ha podido convivir en paz, primero, sin destruirse mutuamente, y, después, colaborando juntos en la creación de sociedades democráticas en las que todos gozan de la condición de la ciudadanía.

Creo no tergiversar la historia si digo que la libertad y la igualdad han sido, y siguen siendo, las razones más genuinas de la lucha de la sociedades laicas por liberarse de una situación de dominio y de opresión que, en gran medida, se legitimaba, y se sigue legitimando, en nombre de la religión. 2 El derecho a la libertad de conciencia, exigido frente a poderes seculares y religiosos simbióticamente unidos, fue el punto de partida y sigue siendo un umbral irrenunciable del ser humano moderno.

La laicidad es fruto de un “imaginario” moderno cuyos principios básicos deberíamos asumir como propios, tanto creyentes como no creyentes. Cito los más relevantes: – todo ser humano es autónomo para pensar y obrar con libertad. Y, cuando hablamos de “autonomía”, nos referimos a la “autonomía espiritual” y no sólo a la “autonomía de lo temporal”, como han venido sosteniendo buena parte de los enemigos de la laicidad moderna. Para éstos, la autonomía de lo espiritual estaría en manos de quienes tienen una relación privilegiada con el mundo de lo religioso, del que se supone que emanan todos los valores espirituales…La sacralización de lo espiritual y su origen heterónomo impediría ejercer coherentemente el “derecho a la libertad religiosa”, por ejemplo. – Los seres humanos son capaces de construir por si mismos, gracias a un consenso razonable, las sociedades en las que tienen que convivir, convirtiéndose así en la fuente legitimadora de todo poder y autoridad, así como de las instituciones que los encarnan. Todo poder y autoridad queda así “desacralizado” ya que se niega su pretendida legitimación religiosa o tradicional…

La libertad que define al sujeto moderno no es tanto la “libertad como no-coerción”, tal como la ha defendido una gran parte del liberalismo (libertad negativa y positiva), cuanto la “libertad como no dominación”, es decir, la que impide el ejercicio arbitrario del poder por quien se cree diferente a los demás y estar por encima de ellos. Esta concepción republicana de libertad es incompatible con cualquier forma de relación asimétrica entre seres humanos que suponga privilegio.

Pero, a la vez, exige un poder legítimo que la proteja, incluso mediante la coacción. Podríamos decir que el derecho a la libertad, comenzando por la libertad religiosa, ha sido fruto de una legitimación no religiosa del poder. No olvidemos que la objeción de conciencia es un invento civil, no eclesiástico, y que el derecho a ejercerla encontró en la Iglesia católica a uno de sus más encarnizados enemigos. Todavía, hoy, el recelo eclesiástico a aceptar el derecho de libertad religiosa como un derecho humano subjetivo, del que es titular originario todo creyente, es reflejo del recelo frente a la laicidad y la democracia.

La laicidad así entendida es un proceso que corre paralelo con la democracia y con la desacralización del poder. Podríamos definirla, por tanto, como “un régimen social de convivencia, cuyas instituciones políticas están legitimadas principalmente por la soberanía popular y (ya) no por elementos religiosos”.

Esta definición, centrada en la idea de transición entre una legitimidad otorgada por lo sagrado a una forma de autoridad proveniente del pueblo, nos permite entender que la laicidad, como la democracia, es un proceso, más que una forma fija o acabada en forma definitiva…ya que subsisten formas de sacralización del poder, aún bajo esquemas no estrictamente religiosos.”

Definir la laicidad como un proceso de transición de formas de legitimidad sagradas o formas democráticas basadas en la voluntad popular nos permite también comprender que ésta (la laicidad) no es estrictamente lo mismo que la separación Estado-Iglesias. De hecho, existen países que no son formalmente laicos, como los países nórdicos, Dinamarca y Noruega, pero que lo son en la medida en que sus formas de legitimación política son esencialmente democráticas y adoptan políticas públicas ajenas a la moral de la propia iglesia oficial. Por otro lado, también existen países formalmente laicos, pero que están condicionados al apoyo político proveniente de las iglesias mayoritarias, lo que pervierte su laicidad.

También es un error equiparar el Estado laico a la República, como ocurrió en Francia. Independientemente del régimen legal que tienen algunos países, sus Estados, es decir, el conjunto de instituciones por las que se gobiernan, dependen en cierta medida , mayor o menor, de la legitimidad proveniente de las instituciones religiosas. De ahí, la diferencia entre países protestantes (más laicos), ortodoxos (menos laicos) o católicos (problemáticos). El Estado es más o menos laico, según el grado de independencia y el requerimiento de la legitimidad proveniente de la institución eclesiástica.

Entender la laicidad como una cuestión de legitimidad democrática del poder, o, mejor aún, como un proceso de legitimación siempre desacralizador del mismo, nos lleva a ver en la laicidad no sólo una garantía para la democracia, sino una condición de posibilidad de los derechos y libertades democráticos. Allá donde se pretenda construir una sociedad desde legitimidades particularistas y premodernas, como es el caso de los fundamentalismos religiosos o de los nacionalismos etnoculturales, se está atentando contra la laicidad y contra la democracia. Cuando una iglesia pretende legitimar o deslegitimar un poder político porque no se adecua a su credo religioso o moral, está amenazando la laicidad necesaria para construir una sociedad democrática.

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PROFUNDIZAR LA DEMOCRACIA

Éxodo 89 (may.-jun’07)
 
“CUANDO te parezca que las cosas van mejor, es que se te ha pasado algo por alto”, nos advierte un corolario de Murphy. Y la oposición política española, secundada por la jerarquía católica, se lo han tomado tan en serio que cada día nos obsequian con alguna solícita advertencia del tenor siguiente: estad alerta, porque “nada es tan malo nunca como para que no pueda empeorar”. Quizás lleven algún punto de razón, pero no es bueno pasarse de la raya porque te pueden tomar, como ya está ocurriendo, por el aguafiestas de turno. Pues, en situaciones como esta, la gente tiende mayormente a dar crédito a la filosofía del propio Murphy que dice: ” no discutas nunca con un tonto, puede que la gente no aprecie la diferencia”.

“Profundizar, como pretendemos, la democracia” en nuestro país cuando los comportamientos y las instituciones se están devaluando, parece una tarea ímproba y urgente. Ímproba porque, instalados como estamos en la bronca permanente, esto nos va a exigir un esfuerzo sobrehumano para vencer las resistencias y urgente porque una buena terapia como la que socialmente estamos necesitando no se puede aplazar “sine die” sin poner en peligro la misma convivencia.

Un buen diagnóstico de lo que nos está pasando nos encamina directamente a las causas. Y en este camino no valen atajos que, frutos de la ideología o de la pasión, nos impidan un análisis riguroso. Partir apresuradamente de la convicción de que el deterioro actual de la democracia se debe exclusivamente a los “cuadros dirigentes”, por mayoritario que parezca, no deja de ser un mal punto de partida. Ni todos los dirigentes son iguales ni todos buscan exclusivamente su propio interés.

Tampoco se explica la crispación y malestar actual echando la culpa a la imperfección de “las mediaciones institucionales”. Es verdad que todo colectivo político o religioso tiende por naturaleza a institucionalizarse y a convertir los nobles fines que inspiraron su nacimiento en defensa de su propia permanencia. En este sentido, no se puede disimular fácilmente el lamentable espectáculo que en ocasiones ofrecen los partidos políticos, los sindicatos y las mismas iglesias defendiendo casi borreguilmente intereses corporativos.

Las mediaciones constitucionales sobre las que se asienta la democracia necesitan evidentemente un bautismo transformador para ponerse al ritmo de las exigencias y cambios sociales. Esto es verdad. Y quizás los obispos también necesiten alguna pasada por el Evangelio.

Pero, ¿es esto todo? ¿Explican estas cusas toda la realidad? Creemos que no. Los síntomas están apuntando a un mar más de fondo. Muy brevemente, digamos que la terapia política o religiosa, aplicada en otros tiempos y en otras situaciones, ya no basta. Ni valen ya los acuerdos que hicieron posible la instauración de la democracia, ni en la Iglesia los intentos de renovación surgidos al calor del Vaticano II son hoy suficientes. La nueva realidad, surgida después de treinta o cuarenta años, está exigiendo otro tipo de respuestas. Se acabó el continuismo, es preciso poner en marcha la imaginación.

Traigamos ante los ojos tres síntomas que, a nuestro modo de ver, apuntan a la base de la actual debilidad de la democracia y del conflicto ideológico existente: el rescate de “la memoria histórica”, tanto en la sociedad como en la Iglesia, para hacer justicia a los que sucumbieron defendiendo la legalidad y la dignidad de la conciencia, en primer lugar. Ya no se puede escribir hoy la historia de este país sin integrar la memoria de nuestros vencidos. Por otra parte, tampoco será posible construir un proyecto político o religioso que sirva para todos y todas sin “integrar las diversas identidades” que reclaman un reconocimiento en el marco estatal o eclesial. Y, finalmente, “nuestras alianzas políticas o religiosas” con el mundo exterior ya no pueden establecerse de espaldas a la justicia y a la paz.

Porque a estas alturas, ni el imperio, ni el Vaticano, dada su trayectoria, merecen sin más nuestra confianza.

LA NECESIDAD DE UN NUEVO RELATO

Antonio García Santesmases

Éxodo 89 (may.-jun’07)
– Autor: Antonio García Santesmases –
 
Treinta años después de las primeras elecciones democráticas vivimos en un clima de crispación que no ha tenido igual en los años que hemos tenido de democracia. Sería fácil afirmar que todo se debe a una competencia feroz entre los partidos que no se corresponde con las diferencias reales entre las distintas opciones políticas. Sería fácil repetir ese diagnóstico pero no lo voy a hacer porque creo que no se corresponde a la verdad. No estamos ante la pelea de una clase política que vive de espaldas a las preocupaciones de los ciudadanos,que está enfrascada en problemas que sólo a esa misma clase política importa.

Pienso,por el contrario,que nos encontramos ante una opinión pública soliviantada,conmovida en su emocionalidad más primaria,a la que se apela a las vísceras para reaccionar y movilizarse ante lo que los medios adictos a la derecha consideran la ruptura de los pactos básicos que dieron lugar a la transición política.

Tengo la impresión de que muchos lectores de la revista Exodo no frecuentan los medios de comunicación de la derecha ni escuchan las emisoras del mundo católico-conservador y,por ello,quizás no perciben de la misma manera la ofensiva ante la que nos encontramos. Una ofensiva que no ha tenido parangón en otros momentos de nuestra historia democrática. Todo comienza con el diagnóstico realizado por estos medios acerca del proyecto del presidente Zapatero. Todos ellos han caracterizado con la mayor dureza su pretensión de efectuar algunos cambios en la cultura política heredada de la transición democrática.

Podemos comenzar con la caracterización realizada acerca del personaje y de sus propósitos para comprender la magnitud del desafío ante el que nos enfrentamos.

¿ESTAMOS ANTE UNA SEGUNDA TRANSICION?

Si uno lee a los columnistas de la derecha la situación que vivimos se resume de la siguiente manera: un presidente del gobierno que accede al poder de una manera inesperada,fruto de un atentado terrorista,que cambia abruptamente la percepción de la población, llega al ejecutivo decidido a realizar la política que no pudo llevarse a cabo por los límites impuestos al proceso de transición.

Según la interpretación de estos medios si bien la izquierda tuvo que asumir los condicionamientos de aquel proceso y aceptar que no era posible realizar su proyecto,en el fondo de su corazón seguía anidando una voluntad de revancha que ha aparecido en cuanto ha tenido ocasión. Ese revanchismo está unido a la reivindicación de los peores elementos de un modelo que los españoles de bien creían definitivamente olvidado: la reivindicación del republicanismo trasnochado; la defensa del laicismo sectario; la apuesta por un federalismo inviable. Todo envuelto en un inconfundible olor a masonería bienintencionada que pretende resolver los graves problemas de la coyuntura internacional con un pacifismo blando,dispuesto a rendirse a cualquier precio ante el enemigo- sea éste el terrorismo etarra,el islamismo radical- e incapaz de defender con vigor los principios y los valores del mundo occidental.

Este presidente incapaz e insolvente,con sus buenas intenciones y sus resentimientos,nos ha llevado al borde del abismo; es hora de acabar con su gestión antes de que sea demasiado tarde; hay que lograr que su etapa de gobierno quede reducida a un paréntesis en la historia de España y en la historia del socialismo. Sólo con la derrota de Zapatero las cosas volverán a su cauce y podremos poner a los nacionalismos en su sitio; combatir de verdad el terrorismo hasta derrotarlo; ocupar el lugar que nos corresponde en la escena internacional; y enterrar todo este conjunto de soflamas moralizantes,tan bienintencionadas – concederán los más benévolos- como inconsistentes.

Esta interpretación de los columnistas liberalconservadores ha ido configurando un clima de crispación que no habíamos visto en España: las recomendaciones a Zapatero para que sin dilación acompañe a su abuelo en el cementerio; la equiparación de la educación para la ciudadanía con el dictado totalitario del nazismo; la confusión en torno a la cuestión nacional,y otras muchas cuestiones han ido modulando los sentimientos del bloque liberalconservador hasta un nivel de excitación emocional tan intenso que cuesta recordar algo parecido.

Algunas personas de izquierda no aceptan este diagnóstico y acostumbran a relativizar la novedad de este comportamiento aludiendo al hecho de que la derecha siempre actúa de la misma manera. Creo que no es cierto. La derecha española fue extremadamente dura con Felipe Gónzalez al final de su mandato; para entonces éste llevaba catorce años en el gobierno y al final de su gestión se habían ido acumulando problemas de corrupción de enorme gravedad. No es habitual que acaben envueltos en escándalos el director de la Guardia Civil,el gobernador del Banco de España y el ex presidente del gobierno de Navarra entre otros. Es bien cierto que los medios de la derecha elevaron la tensión (como reconoció posteriormente Luis María Anson) para lograr la derrota de Felipe Gónzalez porque no veían otra manera de acabar con su liderazgo,dado el apoyo electoral del que éste disfrutó hasta el final.

La situación ahora es muy distinta. A Zapatero no se le reprochan temas de corrupción; lleva muy poco tiempo gobernando,y sin embargo,suscita un odio visceral que no se daba en el caso de Felipe Gónzalez. ¿Cuál es el motivo?

El primero y esencial es que Zapatero aparece Punto de mira ante la opinión pública como alguien que reconoce con orgullo ser heredero de los que perdieron la guerra civil. Zapatero es hijo de un vencido. Al principio parecía que el asunto no tenía relevancia pero eso era lo que creíamos ingenuamente. La realidad ha desmentido nuestros asertos. Zapatero ha removido uno de los puntos clave de la transición. Ha decidido dar cauce a la reivindicación de algunos de los grupos que pretendían hacer justicia a las victimas del franquismo,dev olverles su dignidad y recuperar su memoria. Es verdad que lo ha hecho con suma prudencia pero,sin embargo,la polvareda levantada es tal que refleja mejor que todos los análisis posibles los límites de la democracia española.

La transición se realizó desde el miedo. Miedo a repetir los errores del pasado,miedo a provocar un conflicto fratricida entre los españoles,miedo a polarizar la sociedad y crear un clima de guerra civil. Ese miedo es el que provoca que se decida que hay que echar al olvido los agravios,los recuerdos de la represión,los momentos de dolor,que no es el momento de pedir un ajuste de cuestas ni de dar cauce a una justicia reparativa. Esa política marca la especificidad de la transición española. En otros países el recuerdo remite a lo vivido en una guerra mundial,a la responsabilidad ante el crecimiento y el desarrollo del nazismo,a la claudicación de muchos ciudadanos ante el totalitarismo. Cuesta mucho reconocer que una gran mayoría no supo estar a la altura y decir no cuando todavía era tiempo. Baste con pensar en la polémica suscitada acerca de las últimas revelaciones de G.Grass.

Nuestro caso es distinto. Se afirma que,ante la realidad dramática de una guerra civil,la memoria debe ser total,que no cabe realizar una memoria selectiva, que sólo mire a un lado. Nada más justo pero hay que añadir que uno de los bandos,el que triunfa en la guerra civil,utiliza selectivamente la memoria durante años y años para recordar a los caídos por Dios y por España. El otro bando tiene que exiliarse,viv e en las cárceles,o espera agazapado la oportunidad de ir rehaciendo su vida. Muchas de esas historias particulares,de esos padecimientos específicos, tuvieron que ser olvidados cuando llegó la transición porque la prioridad era consolidar la democracia.

Lo ocurrido con la propuesta de Zapatero demuestra que hay una España republicana que esperaba su oportunidad. En cuanto esa España ha querido levantar la voz,ha sido tan duramente denostada,que hay que concluir que existe un franquismo en España que es cualquier cosa menos residual. No es una anécdota la importancia de escritores como Pio Moa,César Vidal o José María Marco,y su enorme capacidad de ventas. Han estado en el ranking de los bestsellers durante meses.

En todo este enorme y terrible drama hay una dificultad casi imposible de salvar: la incapacidad de la derecha cultural española para equiparar el franquismo con el nazismo y el fascismo italiano. Una imposibilidad que redunda en la dificultad para construir un relato de la historia de España que sea creíble. Los mismos que critican a Zapatero por dar alas a los que quieren reivindicar la memoria histórica son los que,a su vez, reivindican una interpretación exclusiva de la historia de España. Por un lado afirman que a nadie le preocupa lo que ocurrió hace más de setenta años en la guerra civil. Por otro,sin embargo, proclaman con orgullo que somos una gran nación que no tiene complejos en afirmar sus raíces (unos remontan esas raíces a hace más de tres mil años y otros,más modestos,se conforman con quinientos años). La derecha va recuperando el terreno en el campo de la historiografía mientras la izquierda ha ido cediendo el terreno en manos en unos casos de los nacionalismos periféricos y en otro de los cosmopolitas apátridas. Por ello es tan difícil desconectar el tema de la memoria de la cuestión de la nación.

II. ESPAÑA: NACIÓN DE NACIONES

Toda la legislatura ha estado marcada por dos objetivos que hoy están puestos en cuestión: el proceso de paz en el país vasco y la reforma de los estatutos de distintas autonomías,comenzando con la catalana. No era poca cosa conseguir acabar de una vez por todas con la pesadilla etarra y lograr asentar una nueva concepción de la nación española.

Es mucho más doloroso el primer fracaso,pero es mucho más significativo,desde la perspectiva con la que enfocamos este trabajo,el segundo.

Antes de que se produjera el atentado de la T4 en Barajas y el comunicado de Eta del pasado mes de junio se habían acumulado muchos datos que Punto de mira Zapatero ha removido uno de los puntos clave de la transición. Ha decidido dar cauce a la reivindicación de algunos de los grupos que pretendían hacer justicia a las victimas del franquismo, devolverles su dignidad y recuperar su memoria reflejaban lo difícil que era modificar el imaginario español. Desde las elecciones de marzo del 2.004 hasta el 30 de diciembre del 2.006 trascurren casi tres años. Tres años completos si contamos desde las elecciones autonómicas catalanas de noviembre del 2.003 hasta las autonómicas de noviembre del 2.006. Tres años donde Cataluña hace una oferta a España que es recibida con una inequívoca muestra de recelo,de desconfianza,de hostilidad.

Comienza la desazón cuando se descubre que el Conseller en Cap J. L. Carod Rovira ha negociado con representantes de la banda terrorista Eta las condiciones para el abandono de las armas. Cuando se produce el atentado del 11 de marzo del 2.004 y se piensa en las primeras horas que ha sido Eta todo fue responsabilizar a Carod Rovira- Maragall-Zapatero “que estarán contentos con haber evitado la sangre en su tierra y haber logrado que el atentado sea en Madrid”. Todo el que vivió aquellas primeras horas difícilmente podrá olvidar el odio acumulado contra el gobierno catalán.

El descubrimiento de la verdad de la autoría de los atentados provocó el vuelco de la opinión pública que todos recordamos,pero el daño estaba hecho. Un daño que vendría a identificar a Ezquerra Republicana de Cataluña con todo el espectro de la compleja vida política catalana. Si toda Cataluña era igual a Ezquerra y si Ezquerra era igual a Batasuna- Eta la demonización estaba asegurada.

Una población como la española,agotada por años de terrorismo,era continuamente bombardeada con un mensaje simple pero eficaz: el terrorismo etarra tiene su raíz en el nacionalismo vasco; el nacionalismo vasco es etnicista; todos los nacionalismos son perniciosos; el nacionalismo catalán es aún más peligroso que el vasco porque pretende acabar con el Estado y romper España.

Es comprensible que este discurso que ha calado tanto en lugares como Madrid y Valencia (y ello explica algunas de las razones del descalabro electoral de los socialistas) sembrara de inquietud a muchos ciudadanos de la España periférica y a muchos progresistas de la España central,que no entendían cómo se producía esa identificación grosera entre los distintos nacionalismos y esa reducción de todos ellos a una pandemia fruto de una enfermedad peligrosa y violenta.

Sería un buen ejercicio académico estudiar la prensa de Madrid en todo el período anterior y posterior a la negociación del Estatuto de Cataluña y captar la dureza de los comentarios en contra del intento del parlamento catalán. Pondré un ejemplo entre otros muchos. Cuando los representantes del parlamento catalán intervienen en las Cortes Españolas para presentar su proyecto las críticas subieron de tono y se cebaron en la presidenta del Partido de los socialistas de Cataluña,en Manuela de Madre.

El hecho de que esta mujer reivindicara como propia la lengua y cultura catalana; el que mostrara que había emigrado de su tierra andaluza pero había encontrado en Cataluña una tierra de acogida; el que se manifestara a favor de poder simultanear la identidad catalana con la europea y con la española; el que defendiese el modelo cívico de un nacionalismo que logra mantener su identidad sin tener que reivindicar la necesidad de tener un Estado propio…todo ello era demasiado para una mentalidad acostumbrada a polarizar a la opinión pública. Los matices no cabían entre los que piensan que sólo cabe optar entre la defensa incondicional del Estado o la necesidad de contar con un Estado propio para poder realizar en plenitud la identidad nacional. Esta crítica despiadada venía por un lado de los conservadores españoles que seguían defendiendo su tesis favorable a una apuesta por esa España sin complejos que remonta su existencia a más de quinientos años y que no puede admitir otra nación que lo que ellos entienden como nación española. Hasta ahí no había demasiadas sorpresas.

Más grave era lo ocurrido en las filas socialistas. La apuesta parlamentaria del gobierno durante esta legislatura se basaba en alcanzar un acuerdo parlamentario con Ezquerra republicana,con el Bloque Nacional Galego y con Izquierda Unida. Zapatero debía su elección como secretario general del PSOE al voto de los socialistas catalanes. Tenía una deuda con Maragall y había quedado comprometido por unas palabras pronunciadas en plena campaña electoral a las elecciones autonómicas donde se comprometía a apoyar lo que saliera del parlamento catalán.

Esta perspectiva del gobierno no era compartida por muchos de los socialistas que habían sido protagonistas de los gobiernos de Felipe González. Tampoco era compartida por el diario El País.

Para todos ellos el apoyo de los socialistas catalanes era imprescindible si se quería tener una mayoría parlamentaria en Madrid. Aceptaban de buen grado los votos del Psc pero no habían asumido la novedad de la izquierda catalana.

Ese fue,a mi juicio,el mayor handicap. El hecho realmente nuevo de la España de los años setenta frente a la España de los años treinta se basaba en que el socialismo era hegemónico en Cataluña. Esto no había ocurrido en los años treinta. Gracias a la imbricación entre los catalanistas progresistas,que venían de los medios estudiantiles,y de los trabajadores inmigrantes,se había constituido un partido que lograba grandes resultados en las elecciones municipales,que daba mayorías en el parlamento en las generales pero que siempre sucumbía en las autonómicas. Y eso fue así hasta que se juntaron dos elementos: el final del gobierno de Pujol tras veintitrés años y el contar con un líder electoralmente potente como Pascual Maragall.

El proyecto de Maragall era enormemente ambicioso porque pretendía implicar a España en un nuevo relato. Los nacionalistas más radicales siempre le advirtieron que era más utópica la España federal con la que soñaba que la Cataluña independiente a la que ellos aspiraban.

Si algo demuestra el proceso que hemos vivido es lo difícil que es para muchos aceptar la combinación de dos elementos centrales en la reflexión política actual. Me refiero a la nación y al Estado. Ni toda nación para sobrevivir puede tener un Estado propio; ni todo Estado para legitimarse puede contar con una nación homogénea.

Si sólo cupieran esas dos posibilidades entonces tendrían razón los nacionalistas más radicales que piensan que una vez definida la identidad lingüística,cultural,simbólica,histórica,de un pueblo, éste constituye una nación que sólo puede realizarse en plenitud contando con un Estado propio.

Los nacionalistas de Estado piensan que para legitimarse,el Estado necesita homogeneizar la población,reducir sus diferencias,trascender sus particularidades,hasta hacerlas compartir un único relato y un proyecto de vida en común.

Para los que defendemos la posibilidad de una nación de naciones ese modelo no es aplicable a España. No somos Francia. Tenemos un Estado en el que habitan distintas naciones. Unos pensaran que son naciones incompatibles que están a la espera de poder saltar hasta constituir Estados propios. Otros pensamos que cabe entender la propia realidad nacional española como una realidad compleja en la que habitan distintas identidades nacionales en su seno. Por ello era tan importante haber sido sensibles a las palabras de Manuela de Madre – de una inmigrante de Huelva que se marcha a vivir a Cataluña – y vive su nueva tierra y su nueva patria de adopción,como algo propio sin renegar de su tierra andaluza. Era muy importante que esas palabras hubieran sido acogidas de otra manera.

Hubiera sido muy deseable esa capacidad de escucha para acabar con los tópicos acerca de la imposibilidad de mantener distintas identidades y para no seguir pensando que nación como madre no hay más que una. Desgraciadamente no fue así. Fue especialmente dolorosa esa incomprensión por parte de muchos socialistas. Era como si los que en los años ochenta se vivieron depositarios de una tradición nacional,y fueron incluso definidos como un gobierno de jóvenes nacionalistas,no comprendieran que la nación se dice de muchas formas y que en Cataluña se estaba jugando la oportunidad de vivir su propia aventura nacional; de vivir de nuevo embarcados en una nueva travesía que conjugara lo español y lo catalán. Es cierto que no era algo nuevo en la vida española. Era asumir de nuevo la vieja batalla de Azaña favorable a unir la causa del liberalismo español y del nacionalismo catalán.

¿Fue capaz Madrid de entenderlo?; ¿estuvo Cataluña a la altura?; ¿qué refleja lo ocurrido acerca de de la transición política española? Muchas son las preguntas que se acumulan y que el tiempo irá despejando. Un tiempo a la espera de lo que decida el Tribunal Constitucional,pero muchos tenemos un mal sabor de boca por todo lo ocurrido. Dice Pujol que Cataluña se miró en el espejo y no acabó de gustarse tras lo ocurrido. El nacionalismo español más tradicional apareció y mostró su peor faz. La izquierda española no estuvo,creo ,a la altura de las circunstancias.

III. ¿ALIANZA DE CIVILIZACIONES?

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JOSEP RAMONEDA

José Antonio Pérez Tapias

Éxodo 89 (may.-jun’07)
– Autor: José Antonio Pérez Tapias –
 
Hablar de nuestra democracia con Josep Ramoneda es compartir análisis y reflexiones no sólo con un ciudadano cabal, sino con un destacado observador y comentarista de nuestra realidad política. Su rigor informativo y su honestidad intelectual forman parte de su quehacer diario como periodista, el que tantos hemos incorporado a nuestras vidas cotidianas como oyentes de radio o lectores de sus columnas habituales. Su solidez académica y su activismo cultural le llevaron hace años a la dirección del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, el cual es punto de encuentro para las actividades más diversas, lugar de cita para debates abiertos y laboratorio de ideas y experiencias que desde ese foco radicado en Cataluña dinamizan la realidad cultural de nuestro país. En su despacho del CCCB nos recibe para la entrevista que amablemente, con su característica generosidad, nos ha concedido para Éxodo. La entrevista se convirtió en una larga y rica conversación que bien merece la pena que sea compartida con nuestros lectores. Conste desde el inicio nuestro más profundo agradecimiento a Josep Ramoneda.

Desde las primeras elecciones democráticas, tras la dictadura franquista, han pasado 30 años. A lo largo de ellos se han dado procesos y acontecimientos que han ido marcando nuestra trayectoria colectiva. Podemos recordar algunos: aprobación de la Constitución en el 78, pactos de La Moncloa, intento de golpe de Estado en el 81, terrorismo de ETA, victoria electoral del PSOE y legislatura del “cambio” en el 82, referéndum sobre la permanencia en la OTAN, entrada en la UE, huelgas generales, casos de corrupción, proceso en torno al GAL, victoria del PP en el 96, atentado islamista del 11-M en 2004, elecciones del 14-M en las que gana el PSOE con Zapatero, el llamado “proceso de paz” en relación al terrorismo de ETA., hasta el día de hoy. Destaca en la actualidad la ruptura de la tregua por parte de ETA y las apelaciones a la unidad de todos los demócratas para hacer frente al terrorismo. Pero ellas caen en el suelo pedregoso de una política muy crispada, tras una legislatura en la que el PP no ha cesado en su política de confrontación y de intentos de deslegitimación del gobierno de R. Zapatero. Tras este sucinto recorrido por los avatares más significativos de nuestro recorrido democrático, ¿podemos hablar de una democracia “sana” y consolidada en España?

Podemos hablar, ciertamente, de democracia consolidada, pero de democracia “sana” no tanto. Surgen dudas al respecto al leer a determinados articulistas e ideólogos de la derecha, con su insistencia en la amenaza a la unidad de España y ese tipo de cosas. Profundizando en la cuestión, es obligado tener presente factores de nuestro pasado que afectan a la democracia que tenemos.

Por un lado, no hay que olvidar que la democracia en España es también hija de su historia, reconociendo que cuando se recupera tras la dictadura no deja atrás un lastre de partida: falta cultura democrática al inicio de la transición. El franquismo modeló una sociedad con una marcada cultura conformista y de adaptación de los individuos a lo existente.

Por otro, si reparamos en la experiencia política de los partidos que operaban en la clandestinidad contra la dictadura es obligado reconocer que esa acción política no se identificaba sin más con la experiencia democrática.

Algo que sí se realza en relación a la transición de la dictadura a la democracia es el valor del consenso, pero también aquí hay que decir que, siendo el consenso necesario en su momento, ha pasado después a ser objeto de una mitificación excesiva. La búsqueda del consenso político, aparte otros antecedentes, vino a ser el cumplimiento de algo que el PCE ya planteó décadas atrás con su propuesta de “reconciliación nacional”. Luego, siendo útil en su momento, el consenso pasó a verse exagerado como bien absolutamente deseable. Y no hay que perder de vista la otra cara de la democracia, la del conflicto y el disenso.

Hoy nos encontramos precisamente con eso, con un conflicto muy acentuado al haberse dado la ruptura de la lógica del consenso por parte del PP, lo cual se produce de una manera un tanto dramática, aunque viene gestándose desde comienzo de los 90. La premisa de la crispación alimentada por la derecha es que, siendo minoritaria, sólo podía ganar desde cierta sensación de crisis. Y se ha dedicado a cultivarla.

La democracia española tiene sus hitos en cuanto a momentos conflictivos, pudiéndose señalar el intento de golpe de Estado del 81, lo ocurrido en torno al GAL y, después, la tensión en torno a la decisión de entrar en la guerra de Irak. El problema actual es que el PP ha llevado el asunto a una ruptura institucional en torno a la política antiterrorista. Se instala en la negación de acuerdos en cuestiones relativas a instituciones del Estado.

En otro orden de cosas, es insoslayable como herencia del franquismo una tendencia al caudillismo que ha funcionado una y otra vez, suponiendo un fuerte lastre para el juego democrático. El recurso a la figura del líder carismático se encuentra reforzado por la forma como se pretende hacer política democrática en la sociedad de la imagen.

Y puestos a mencionar restos del franquismo hay que subrayar la paradoja que supone que uno de ellos, aunque surgido contra el mismo, siga siendo ETA. Aquí no ha habido “reciclaje”.

¿Qué decir de los liderazgos políticos, a los que acabas de hacer alusión?

En España, una secuencia con ciertos acentos catalanes, es la que representan González, Aznar, Pujol, Maragall, Zapatero, Rajoy, Clos. Montilla…Estoy tentado de decir que ha habido un “salto de calidad” importante, hacia líderes más livianos, aunque no quisiera que esta apreciación se entendiera dicha sólo por motivos de cultura política según razones de edad, es decir, generacionales. Lo cierto es que han cambiado los modos de hacer política, de elaborar el discurso, de formular propuestas, etc. Un caso singular es el de Rajoy, que fue Ministro del Interior, entre otras cosas, con Aznar de Presidente. ¿Cómo puede ser luego candidato con un proyecto político propio? Es difícil. Por la izquierda, la dificultad se centra en la elaboración de un discurso alternativo. Mirando más allá, observemos el caso de Sarkozy, donde encontramos un “producto” creíble como proyecto, de ahí el apoyo electoral obtenido; se trata de un “producto” contradictorio, pero con capacidad de presentarse como proyecto.

Si es difícil lograr proyectos diferenciados, resulta además que la izquierda se asusta a la hora de intentarlo, mientras que la derecha acaba asumiendo políticas cruciales de la izquierda, como las sociales. Mientras que la derecha gana ventaja por ahí, la izquierda se obsesiona inútilmente por la búsqueda del centro. ¡Y en política, el centro no existe! Es otro mito. Por la calle no anda la gente de centro. Es una especie de “limbo político”.

Hablando de esto, recuerdo a Mitterrand, quien sostenía que para ganar había que obtener primero el pleno apoyo de los tuyos y después se podría ganar a los demás. Es decir, no se gana desdibujando la propuesta propia.

En la situación que comentamos nos tropezamos con una paradoja de la comunicación, que viene dada por el debilitamiento de las instituciones sociales intermedias, lo que da paso al monólogo del líder de cada partido, que espera la respuesta a través de los sondeos de opinión. Así, los recursos para la comunicación dan lugar a una mala comunicación. Los partidos quedan como meras “máquinas electorales”, lo cual implica una pérdida.

Si profundizamos filosóficamente en la cuestión, ¿estamos lejos de la tan invocada “democracia deliberativa”?

Lo que se subraya al hablar de “democracia deliberativa”, esto es, la capacidad de argumentar en el espacio público, es una función esencial de la democracia. Pero muchas veces constatamos lo lejos que estamos de una deliberación en serio, antes o después de las decisiones políticas. Quiero hacer mención de algo especialmente llamativo: aquí se suprimió el servicio militar obligatorio sin un minuto de discusión política sobre cuestión tan relevante. No digo que hubiera que mantenerlo, pero de un plumazo desapareció algo que había sido tan nuclear a nuestra concepción política, casi desde los griegos, podemos decir, como es la idea de la ciudadanía en el servicio de las armas. Y ello se produjo además por motivos claramente electoralistas. Otro ejemplo, más de actualidad: recae un fuerte tabú para debatir a fondo cuestiones relativas al Estado de las autonomías. ¿Por qué no es posible hacer un balance serio sobre lo positivo y lo negativo en todo el recorrido que llevamos del Estado de las autonomías? Sólo se plantean las cosas en términos de transferencia de poderes. Encontramos por ahí una versión postmoderna, en el Estado de las autonomías, de los viejos vicios del caciquismo y el clientelismo.

En nuestra trayectoria política colectiva ha sido decisivo el proceso de descentralización política que nos ha conducido, partiendo de la Constitución y concretamente de su art. VIII, al Estado de las autonomías. ¿Puede decirse que la construcción del Estado de las autonomías ha redundado en mayor madurez democrática de las instituciones y en más participación democrática de la ciudadanía? ¿Cómo valorar, desde la perspectiva del camino recorrido, las reformas estatutarias llevadas a cabo a lo largo de esta legislatura? Y al hilo de eso, nacionalismo y democracia, ¿hasta dónde son compatibles –o cuándo empiezan a ser incompatibles?

Nacionalismo y democracia no eran problema en “Estados cerrados”, con una identidad de legitimación compartida por todos, como ha sido históricamente el caso, por ejemplo, de Francia. Son situaciones en las que el nacionalismo coincide con el perímetro del Estado en cuyo seno se desarrolla la democracia. El Estado nacional es el marco y la democracia corresponde a las instituciones. El problema surge cuando se dan varios nacionalismos en un mismo Estado, los cuales colisionan entre sí. Es insoslayable el hecho de que todo nacionalismo tiene en mayor o menor medida un carácter excluyente y, por tanto, dificultades para la inclusión. En Cataluña, sin ir más lejos, hay dificultades para tener en cuenta a los “otros”. Incluso hay gente que se siente molesta por el hecho de que su Presidente haya nacido en Andalucía. Entonces, ¿quiénes somos “nosotros”? Ante ese tipo de cosas creo necesario prescindir de raíces y apostar por la idea de morada, insistiendo en que habitamos un lugar que ya habitaron otros.

Aparte el debate sobre nacionalismo y democracia, es del todo cierto que el Estado de las autonomías ha funcionado, aunque están más satisfechas con el mismo las comunidades menos nacionalistas, dado el nivel de competencias alcanzado. Vistas las cosas con perspectiva histórica, soy de los que piensan que “se forzó la cosa” un tanto a la hora de desarrollar lo apuntado por el artículo VIII de la Constitución. Creo que una anécdota protagonizada por el futbolista Pep Guardiola ilustra la cuestión. Preguntado por su opinión acerca de una posible selección catalana de fútbol, tras mostrarse favorable a la misma, preguntó contra quién jugaría, cómo se llamaría la “otra” selección del resto de España, que ya no sería la española, al menos tal como ha existido hasta ahora, por faltarle Cataluña. La anécdota, en clave de fútbol, plantea un problema político de fondo que subyace a la cuestión territorial que se ha querido abordar a través del Estado de las autonomías: ¿cómo se llama la “otra” parte que queda, descontadas las comunidades llamadas históricas? La carencia de nombre refleja el fondo del problema.

Una pieza fundamental en nuestra vida democrática la constituyen los partidos políticos, reconocidos en la misma Constitución como cauces de participación democrática. La paradoja viene dada por el hecho de que su democracia interna, en general, deja mucho que desear. ¿Es posible que ese déficit se corrija alguna vez?

La problemática de los partidos políticos, en cuanto a su democracia interna, es universal, no es sólo española. Se puede decir que todos los partidos son “leninistas” y, a la vez, que ese modo de funcionar que encontramos en ellos no se reduce sólo a las formaciones políticas. Retomando lo que comentábamos antes, diría que estamos inmersos en un complejo mediático que condiciona todo. Por lo demás, la experiencia es que un partido unido siempre se propone como ejemplo de cohesión y eficacia, necesarias en política, pero al precio del debate interno, que genera situaciones de crisis. Pensemos en el caso del Partido Socialista Francés, con un debate interno siempre muy intenso, y en ese sentido ejemplar, pero teniendo que afrontar siempre todos los problemas que al hilo de ello aparecen. Mas, sin duda, su dinámica de primarias, tendencias, etc., da lugar a una participación mayor y a la incorporación de gente joven. Recordemos sus congresos, vivos gracias a las tendencias organizadas, incluso en época de Mitterrand. Un ejemplo contrario: en el PP, tras aparecer Rodrigo Rato con una propuesta diferenciada, tuvo que abandonar sus intentos de un papel relevante en el mismo. Y por otro lado, miremos la experiencia de los Verdes allá donde han funcionado como partido asambleario. Ese funcionamiento acaba siendo catastrófico para políticas estables. Incurre en ello ERC.

Tras las observaciones anteriores es obligado decir que necesitamos en los partidos mecanismos representativos internos reales y eficaces. No se puede seguir diciendo en la puerta lo que no se dice dentro. Hay que acabar con el paralizante respeto a la pirámide que bloquea la vida interna de los partidos.

Otra vía de democratización vendría dada por las mejoras en el sistema electoral. A ese respecto son referencia siempre los partidos ingleses, en los que el poder del diputado depende directamente del poder de los electores, y no del poder del aparato del partido. Eso explica que internamente se produzcan relevos antes de que en unas votaciones se pierda. El partido se anticipa dado que a los diputados, por ejemplo, les importa la continuidad o el relevo de alguien en tanto que tienen que dar cuenta de ellos a sus propios electores. Por eso el Partido Laborista ya ha producido el cambio de Tony Blair por Gordon Brown. Frente a ello, nos encontramos en España con un sistema electoral muy rígido.

Un Estado democrático de derecho no puede prescindir de las instituciones y procedimientos de la democracia representativa, destacando al respecto todo lo que supone la dinámica parlamentaria de la representación política. ¿Hacia dónde canalizar propuestas de democracia participativa que complementen o refuercen los mecanismos de la democracia representativa?

Como punto de partida de la reflexión hay que poner la velocidad de vértigo a la que se toman decisiones en el mundo actual, sobre todo en el ámbito económico. También la política tiene que ser capaz de decisiones ágiles. De ahí la imposibilidad de una democracia participativa llevada a extremos insostenibles. Son necesarios mecanismos de representación muy ágiles. Pero eso hay que hacerlo compatible con otras medidas alentadoras de la participación. Junto a las propias del sistema electoral, se pueden instaurar formas de consulta dentro de los períodos de mandato de cuatro años. Si distinguimos entre cliente o usuario de servicios y ciudadano, podemos pensar que éste es el interlocutor de quien lleva la agenda política, y se pronuncia mediante el voto a ese respecto, mientras que aquél puede ser consultado sobre políticas concretas o medidas puntuales cada vez que sea necesario, sin que ello ponga en peligro la correlación mayoríaminorías de cada legislatura o mandato.

Para hacer lo que sugiero vuelve a ser decisivo el papel de los medios de comunicación, siendo indispensables medios independientes como lugares del debate público. A este respecto hay que tener en cuenta todas las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, en especial Internet, a pesar de la ambigüedad de lo que supone la red. Pero ahí tenemos, por citar algo reciente, la campaña de Segolene Royal en Francia. Lo que está claro es que es necesario acabar con el alineamiento tan estrecho entre determinados partidos y ciertos medios que se está dando en España.

Una clave fundamental de la convivencia democrática es la capacidad del sistema político para articular la pluralidad de nuestra realidad social. Eso es hoy especialmente relevante en lo que se refiere a la diversidad cultural tan intensa que presenta la sociedad española. ¿Nuestras instituciones democráticas están dando respuesta política eficaz y éticamente orientada en lo que se refiere al pluralismo cultural? Es decir, ¿va siendo nuestra democracia más inclusiva?

Es un hecho que la inmigración está cambiando el perfil y la estructura de nuestra sociedad. Así, fijándonos en el entorno inmediato de este Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, tenemos que en un par de décadas hemos pasado del 2% al 55% de población inmigrada. Hay que subrayar que el cambio se está llevando bien en general. Pero me hago una pregunta crucial de entrada: ¿qué queremos ocultar mitificando la diferencia? El primer principio democrático es la igualdad de derechos de todos los ciudadanos. A eso añado otra segunda cuestión de principio: los derechos se conquistan colectivamente, pero son individuales. Tengo fuertes reservas en lo que se refiere a derechos colectivos. Pienso que hay que verlos, en todo caso, como ampliación del derecho a la libertad de expresión. Si consideramos lo que afecta a la utilización de la lengua propia, lo podremos resolver correctamente desde el prisma de la libertad de expresión, habida cuenta que las diferencias no dan mayor legitimidad. Todo ello hay que verlo como propio de una sociedad plural que reclama una verdadera cultura democrática. Ciertos discursos nacionalistas, de un etnicismo exclusivista, cuando no excluyente, son un obstáculo para ella. El nacionalismo no es automáticamente democrático.

Nuestras realidades políticas no las podemos pensar ya al margen de la Unión Europea. ¿Ha contribuido la integración política en Europa a consolidar la democracia en España, verificando en algún modo el dicho orteguiano de que España era el problema y Europa la solución? Y, por otra parte, ¿qué decir en el momento actual, con el bloqueo sufrido por el proyecto de Tratado para una Constitución europea, del déficit democrático de la UE?

La Unión Europea es el fenómeno político más interesante, noble y atrevido que ha conseguido la humanidad. Se trata de una institución supranacional de países diversos, la cual no tiene parangón. Su legitimidad de origen es muy fuerte: la “voluntad contra la guerra civil”. De ella nace la UE, después de 400 años matándose los europeos, después del infierno de las dos guerras mundiales. La idea de Europa madura desde la convicción de que ya no habrá guerra entre Estados europeos, generándose el “tabú de la guerra civil”.

Lo que acabo de decir no es contradictorio con el reconocimiento de que existe un grave déficit democrático en la UE. Es un proyecto que arranca como iniciativa de las élites, a la vez que se empieza a construir la casa desde abajo, como la unión económica que suponía el Mercado Común. Después se ha ido dando paso a las estructuras políticas, pero en este terreno no se ha sabido movilizar a la ciudadanía. Se le ha consultado tarde y los más respondones han dicho “no”, entre otras cosas por el déficit democrático que es necesario resolver. El “no” en los referendos de Francia y Holanda es reacción al déficit que señalamos.

La cuestión al día de hoy es que hemos avanzado poco. El objetivo del “mini-tratado” del que se está hablando entre Merkel, Zapatero, Sarkozy…, teniendo enfrente a otros como Polonia o República Checa, rotundamente contrarios al Tratado que se ratificó por muchos, es evitar consultar a ciudadanos que ya pasaron factura. Sería un paso importante dotarnos en la UE de un sistema ágil de toma de decisiones, sin que haya grupos que las bloqueen.

En cualquier caso, para España es una suerte extraordinaria participar en la UE. De hecho, ya en la transición política fue fundamental el horizonte europeo, siendo la integración en la Comunidad Económica Europea en 1986 algo así como “la gasolina para el despegue”. El balance es muy positivo.

El impacto cultural de Europa hacia fuera es enorme. Son muchos los países que quieren entrar en la UE. Desde un punto de vista geopolítico, hay que destacar lo que representa Europa para la necesaria multilateralidad del mundo contemporáneo.

Un caso especial es el que representa Turquía en relación a la UE. El que entrara en la Unión significaría que un país de población mayoritariamente musulmana acepta las reglas de juego de la democracia que la misma Europa entiende como no negociables. A este respecto bien vale recordar una posición como la que mantuvo Schroeder y criticar la intolerable cerrazón de Sarkozy. Se trata de mantener abiertas las puertas de la UE siendo exigentes, si bien es verdad que antes hay que resolver mejor la articulación política de Europa.

Cambiando de escala: ¿consideras pertinente hablar de instituciones de una democracia planetaria que contrapesen y “domestiquen” un mercado global? ¿Es un horizonte utópico asumible el de una “ciudadanía mundial”?

Como ya quedó apuntado, la globalización económica es muy rápida; prácticamente está hecha, con el factor añadido de que también se han globalizado el crimen y el terrorismo. Parafraseando a Hegel podemos decir que la política llega aún más tarde que la filosofía.

Es difícil imaginar organismos democráticos internacionales con capacidad suficiente. Ahí tenemos la ONU, con escasa capacidad de coerción. En cuanto a su funcionamiento, ni vale el veto de algunos ni es suficiente el lema un país, un voto. ¿Qué hacer? Aparecen problemas agudos en relación a otros organismos, como la OMC. Lo que sí parece cierto es que la gobernabilidad del mundo hay que resolverla hoy por hoy en el nivel de las relaciones entre Estados, buscando un equilibrio de poderes conforme al número de actores existente, habida cuenta de las efectivas luchas de intereses. Para el futuro será decisiva, por ejemplo, la relación ente EEUU y China.

Por otro lado, hay que manejar un concepto de ciudadanía que comprometa a todos los Estados del mundo, correlativa a derechos humanos. No debemos consentir nada parecido a una escisión entre superhombres y los consiguientes infrahombres: Nietzsche no debe acabar teniendo razón.

Los derechos humanos que pretendemos universales, ¿qué papel han de jugar en la acción política democrática? ¿Puede pensarse y, lo que es más importante, realizarse la democracia sin el horizonte normativo de unos derechos humanos universales?

Se ha dado un uso y abuso de la doctrina de los derechos humanos, especialmente por parte de los EEUU, que ha devaluado el concepto. Así, por parte de otros, democracia y derechos humanos se ven como banderas que tratan de legitimar el dominio, como algo que se instrumentaliza en función de determinados intereses.

Amartya Sen, en uno de sus últimos libros, titulado “Identidad y violencia”, también viene a subrayar todo eso. Coincido con él, y de ahí mis resistencias a hablar de “civilización”, obsesionados por un concepto que obliga a considerar la realidad desde el punto de vista de los factores identitarios. Eso está al fondo de la reducción que ha hecho Occidente del mundo musulmán a los fundamentalistas islámicos. Se da un olvido de la gente abierta, liberal, cosmopolita que hay en el mundo musulmán, por ejemplo, en Irán, aunque tengan que padecer ahora los rigores de su régimen. Occidente cae en la contradicción de no aliarse en el mundo musulmán con los sectores avanzados, sino que busca a los más retrógrados, como ocurrió en Afganistán y como sigue sucediendo con Arabia Saudí.

Es fundamental para la democracia misma la relación que mantenga con la economía, habida cuenta de que nos movemos en un contexto de mercado capitalista. Hoy por hoy, ¿hasta dónde condiciona la economía a la política? A la vista de la erosión a la que se ve sometido el Estado nacional, ¿qué cabe esperar en cuanto a autonomía de la política democrática respecto de los condicionamientos económicos?

Hay un temor reverencial excesivo del poder político hacia el poder económico. Eso se percibe por la gente. La relación entre el poder político y el económico es complicada, cierto, pero se hacen concesiones innecesarias del primero al segundo que dañan a la democracia. Concretamente, la izquierda está cediendo demasiado ante los poderes económicos. Un ejemplo, ¿por qué se suprime el tratamiento fiscal que venían teniendo los grandes patrimonios en el derecho de sucesión? No hablamos de la herencia de pequeños patrimonios familiares, sino del legado que suponen grandes patrimonios muebles e inmuebles. El Consejero de Economía de la Generalitat, Castells, quiere mantener ese impuesto para grandes patrimonios y le va a ser imposible, una vez que se elimine en las demás comunidades autónomas, pues eso facilita las “trampas” o “rodeos” para eludir el tributo de sucesiones en Cataluña.

Está claro que la capacidad de intimidación del dinero es grande. Hoy el capital amenaza a los mismos poderes públicos con las deslocalizaciones, por ejemplo. Pero hay que subrayar que un gobierno tiene capacidad y recursos y debe trabajar para plantear abiertamente la problemática relación con el mundo económico.

Democracia y educación se han considerado a la par desde los griegos. Esa correlación se nos plantea hoy al hilo del debate en torno a la educación para la ciudadanía. Habida cuenta de que el ciudadano no nace, sino que se hace, ¿con qué criterios hay que abordar dicha tarea pedagógica? ¿Cómo ves las reacciones de la derecha española a las propuestas del gobierno, ya recogidas en la recién aprobada LOE?

La educación es central, básica para la democracia. Un proyecto político serio debe movilizar a la ciudadanía en torno a la educación, y más ante la sociedad del conocimiento, en una Europa que debe luchar contra los bajos salarios y a favor de la calidad democrática de sus sociedades e instituciones. Los poderes públicos han de entender que la cultura es un bien de primera necesidad. En ese sentido también hay que trabajar desde otras instituciones y desde la sociedad civil. Es lo que hacemos desde el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona.

En cuanto a la educación para la ciudadanía, son rechazables los argumentos espurios de la derecha política, que se hace eco de apetencias de monopolio en ese terreno por parte de la Iglesia católica, que no quiere renunciar a la exclusiva en cuestiones de moral y costumbres. Pero al lado de eso, dicha Iglesia no ha perdido la batalla de la financiación.

No obstante, la idea de una “asignatura” con ese rótulo no me hace especialmente feliz, pues parece que inevitablemente se le cuela algo de la antigua Formación del Espíritu Nacional. No se trata de impartir doctrina oficial. Hay que movilizar en torno a la educación, insistiendo en la necesidad de educar en hábitos democráticos.

La democracia necesita de una opinión pública viva, crítica, plural, etc. Para ello es decisivo el papel de los medios de comunicación en una sociedad democrática. ¿Contamos en España con una opinión pública vigorosa?

La opinión pública española es poco exigente. Tiende a dejarse arrastrar por ciertos liderazgos comunicativos. En otros países de nuestro entorno no existe ese fervor que lleva a creer ciegamente a determinados personajes. Falta hábito de pensamiento crítico, de preguntar por qué; prima el argumento de autoridad, incluyendo a la autoridad de quien tiene poder mediático. La discusión, el debate, fácilmente se entiende como pelea. Ello forma parte de nuestras carencias en cuanto a tradición democrática. Hace poco, en un periódico de Suecia me encontré una valoración interesante respecto a la larga etapa de gobierno de Felipe González. Con todo lo positivo que había hecho, venía a decir, se echaba en falta que, con la autoridad moral y el poder con que se contó, sobre todo al comienzo, no se hiciera todo lo posible por dotar a España de la cultura democrática que no tenía.

Un punto especialmente candente es el relativo a la laicidad que muchos propugnamos para los espacios públicos y, en especial, para el Estado y el sistema educativo. La laicidad que exige la coherencia de una democracia constitucional no es antirreligiosa, sino contraria a los privilegios confesionalistas. ¿Cómo evalúas la situación actual en España, con una aconfesionalidad del Estado muy condicionada por los acuerdos con la Santa Sede de 1979? Los creyentes se distribuyen por todo el espectro político y, sin embargo, un amplio sector del episcopado católico y del clero en general se decanta hacia posiciones políticas muy conservadoras y, en algunos casos, antidemocráticas por su integrismo: ¿cómo ves la distancia entre esos dos fenómenos?

Sin duda, los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979 deben revisarse. La Iglesia católica es una entre otras. Y el principio de laicidad, fundamental en democracia, implica exigencias tanto para el Estado como para las religiones que no deben soslayarse.

Hay paradojas por todos sitios. Así, en Francia, país laico, el Estado mantiene todos los templos, y en EEUU, cuya sociedad es quizá la más religiosa, el Estado no gasta directamente nada en religión alguna. En España llevamos un retraso notable en estas cuestiones. La Iglesia católica está dando un espectáculo lamentable en nuestro país. La sociedad más laica del mundo se ve constreñida a mantener una Iglesia que pretende seguir estando por encima del poder político, con injerencias constantes en el ámbito legislativo y queriendo imponer sus concepciones valorativas a toda la sociedad. El PSOE no se ha atrevido con todo ello. Sería necesario que en las próximas elecciones generales concurriera ante el electorado con la propuesta de revisión de los acuerdos Iglesia- Estado en su programa.

Remitiéndonos a procesos electorales muy próximos (referéndum sobre el Estatut de Cataluña, sobre el Estatuto de autonomía de Andalucía, elecciones municipales…), ¿cómo interpretar los altos índices de abstención? ¿No responden los partidos a lo que espera la ciudadanía? ¿Vamos, como alguien vaticina, hacia una democracia sin demócratas?

La abstención en las elecciones se valora de muy distintas maneras. Unos la ven como catastrófica; otros dicen que no es tan negativa, pues refleja que la gente está contenta, y que abstenerse de votar es otra forma de manifestarse.

No se puede disimular el problema de la falta de movilización de la ciudadanía y de la escasa empatía entre aparato político-mediático y sociedad. En Cataluña, estudiando todos los datos, puede concluirse que la política se ha dirigido a un 40% de la población, el porcentaje formado por quienes dicen sentirse catalanes o más catalanes que españoles. El resto es el que da la espalda a la política en las últimas convocatorias electorales.

Además, un escenario de crispación como el que tenemos no favorece la participación. Aunque en determinados momentos se haya rentabilizado, desacredita a la política y a los políticos.

¿Qué queda de la “pasión política”? ¿Por dónde detectas vectores con capacidad de transformación política, de articulación de alternativas, de propuestas innovadoras viables?

Es necesaria la recuperación de la política. El apogeo del individualismo en las últimas décadas, así como las presiones del poder económico, se han encontrado con un límite: problemas que la ciudadanía ha de afrontar insoslayablemente, y eso requiere de la política, que necesita siempre de un “pathos” para movilizar y conseguir sus objetivos. Es necesaria la política, y política democrática, para que nuestro mundo no se convierta en un casino global.

DEMOCRACIA Y PROCESOS DE CAMBIO

Joaquín García Roca

Éxodo 89 (may.-jun’07)
– Autor: Joaquín García Roca –
 
La democracia es el sistema político que establece últiples maneras de ir más allá de sí misma. Cuando se cierra al cambio posible y deseamble pierde su condición democrática y cuando no incorpora trasformaciones en respuesta a las situaciones que la rodean pierde su condición humana. No todo sistema es capaz de ir más allá de sus límites institucionales, pero basta colocar al ciudadano en el centro para someterse a un proceso de mutación continua. El código genético de la democracia es la sociedad abierta.

¿Cuáles son hoy los cambios que solicitan una trasformación del sistema democrático? ¿Cómo puede el sistema democrático enfrentarse a esta nueva realidad? La democracia necesita revisar sus discursos políticos y sus prácticas para encajar la realidad de un mundo interdependiente y conectado no sólo por los productos, mercancías y finanzas sino también por los flujos migratorios. Asimismo necesita recrear los mecanismos de producción de la seguridad, en atención a los cambios habidos en la índole de los peligros y de las amenazas. Finalmente, la democracia debe reconsiderar las formas de la gobernación atendiendo a las trasformaciones técnicas que afectan al uso del poder. Sólo de este modo, pronunciar su nombre será un acto de esperanza.

La ampliación del circulo territorial

Las migraciones masivas de Sur a Norte y de Este a Oeste a fin de escapar de la pobreza y romper la resignación así como la creciente movilidad de la raza humana- 191 millones de desplazados en 2005 frente a 99 millones en 1980- ponen a prueba la democracia actual. En una época global, densamente conectada e interdependiente, la democracia se acredita socialmente en la capacidad de ampliar el derecho a ser admitido como ciudadano y promover y defender la vida de todos.

Los inmigrantes sacan a luz las contradicciones e insuficiencias del sistema democrático, que necesita ampliar el concepto de ciudadanía, que en lugar de otorgarse en razón de la sangre o por nacimiento, se vincule a la condición de ser vivo. La posesión de la vida nos convierte en sujeto de derechos. En consecuencia, ninguna democracia con justicia puede excluir a los inmigrantes, extranjeros y refugiados. Si no se les reconoce la voz, ni tienen un sitio en la toma de las decisiones colectivas, perecerá la democracia del futuro. Quienes han sido admitidos como trabajadores en los oficios que no quieren los autóctonos, quienes ya han sido admitidos como soldados en los ejércitos para defender el país de adopción, quienes ya han sido incorporados como contribuyentes en Hacienda para cotizar y mantener de este modo las pensiones, pueden y deben acceder a la ciudadanía, con todos sus derechos. La democracia necesita recrear de nuevo los criterios para definir la pertenencia.

Pero no podrás hacerlo sin una mutación de la democracia actual, que sea capaz de anclar el acceso a la ciudadanía en el ejercicio de vecindad. Ya está ocurriendo en las elecciones con ciudadanos comunitarios, que han superado las barreras y las fronteras en el ejercicio del voto. Esa ciudadanía cívica debe comenzar por el reconocimiento de que el residente con su presencia como vecino y no sólo como trabajador contribuye a la construcción de la comunidad política y tiene derechos civiles, sociales y políticos. Se abre un nuevo horizonte para la democracia que tiene como ideal la inclusión a través de la residencia, que comienza en el ámbito municipal y se extiende a los espacios autonómico, estatal y europeo, con todos los derechos y deberes de los demás vecinos que llegaron antes que ellos.

Es previsible que las democracias caminen hacia la superación de los límites territoriales y se replanteen lo que crea el vinculo entre los seres humanos que integran una comunidad. ¿Es su condición étnica lo que nos une, y las propiedades naturales lo que constituyen a los nuestros? ¿Es la condición religiosa lo que nos une, y los dioses el factor de la cohesión? En la actualidad es la dignidad de todo ser humano, que se despliega en los derechos humanos universales, lo que tiene fuerza de cohesión para refundar la democracia.

Más aún, “quizá sea necesario fundar de nuevo la filosofía política partiendo de la figura del refugiado” (AGAMBEN 2001) no sólo en relación a los inmigrantes sino para salvar sus contradicciones actuales. Los mecanismos sociales, políticos y jurídicos que los excluyen del reconocimiento de ciudadanía convierten simultáneamente a quien es objeto de esa exclusión en “no-persona”. Los nichos anónimos que jalonan algunos cementerios españoles o el cadáver en el barco que espera se le acepte en algún país, sin que nadie le reclame es la máxima expresión de la “no-persona”.

La prueba del extranjero

La comunidad política está condicionada por la pertenencia a una comunidad definida en términos de cultura, historia, lengua o tradiciones compartidas que crean vínculos profundos entre sus miembros. En la actualidad, el reconocimiento de la ciudadanía se despliega en ciudadanía múltiple y trasnacional. Una vez que la ciudadanía se arraiga en la condición de persona residente y vecino, amanece un rasgo sustantivo, que no puede significar asimilación sino reconocimiento de la diversidad cultural.

La democracia se ha sustentado sobre el gobierno de iguales y entre iguales y siempre le ha sido difícil el acomodo de los diversos, que por su parte eran refractarios a la homogeneización. De ahí que haya tenido siempre un anclaje territorial y se identifique con un espacio, una ciudad o un país, que se consideran homogéneos étnica y culturalmente. Se ha sustanciado en los estados-nación, como espacio de reconocimiento de los iguales y ha tenido serias dificultades para traspasar las fronteras, excluidas las mercancías, los bienes y los servicios. De hecho mientras se derriban las fronteras para el capital, se levantan muros de contención para los inmigrantes.

Actualmente, se ve desbordada por el nacimiento de la trasnacionalidad, que permite pasar de una región del mundo a otra con la misma facilidad con la que las personas solían cambiar de residencia entre una ciudad y la siguiente. Se puede estar aquí y allá al mismo tiempo sin abandonar su cultura, su familia, sus amistades. La interacción y la comunicación global instantáneas se extiende entre todas las partes del planeta, pero sobre todo permite que los pobres se trasladen al lugar que el capital escoja como residencia. Nacen de este modo formas no territoriales de pertenencia y de lealtad. El antropólogo de la Universidad de Yale, Arjun APPADURAI (1996, 166) denuncia que “ni el pensamiento popular ni el académico…han sabido enfrentarse a la diferencia existente entre ser una tierra de inmigrantes y ser un nodo de una red posnacional de diásporas”

Las comunidades culturales existen repartidas por distintos países y no se encuentran determinados por el territorio. Está naciendo la ciudadanía trasnacional que admite una pluralidad de pertenencias nacionales. La democracia tendrá que plantearse cómo gobernar una realidad configurada por diásporas culturales que proceden de distintas partes del mundo. RIFKIN 2004, 330-337).

La trasmutación de las amenazas

La democracia desde sus orígenes intenta producir la protección y la seguridad, que permita vivir juntos ante las amenazas de la vida colectiva, para lo cual levanta fronteras precisas y traslada al Estado el uso de la violencia legitima. Y lo podía lograr mientras las amenazas eran locales, concretas y arraigadas en un espacio. Las expectativas eran tantas que la democracia fue saludada como “una aurora magnífica”.

En la actualidad, las amenazas se han ampliado a escala global y han cambiado su naturaleza, como es el caso del terrorismo, del calentamiento global, de los virus informáticos, de la clonación de seres humanos, de la pérdida de la biodiversidad, que producen consecuencias incalculables en cualquier lugar y con duración indefinida. Es lo que los analistas llaman el nacimiento de la sociedad de riesgo. La democracia en sede al Estado-nación no fue concebida para abordar riesgos globales ni problemas que afectan a toda la humanidad simultáneamente. Si no pueden afrontarlos, menos pueden prevenirlos ni anticiparse a sus efectos. Este es un límite sustantivo de las democracias actuales, que para hacer frente a los nuevos riesgos se siguen recurriendo a los mismos actores, instrumentos y políticas vinculados a la defensa militar y a los aparatos represivos del Estado. Las atrocidades del terrorismo internacional han acentuado la obsesión por prevenir actos similares mediante el poder militar.

¿Cómo abordar democráticamente la gestión de los peligros y de las nuevas amenazas cuando los medios productores de seguridad producen inseguridad? (GARCÍA ROCA, 2005 ). De hecho, estos días vivimos escenas de indefensión del ciudadano ante los mecanismo de seguridad del Estado: la policía que debería producir seguridad, produce violencia e inseguridad en los ciudadanos. Los Estados que intervienen en la guerra de Irak en nombre de la paz y de la democracia producen más inseguridad y muerte.

Se precisa un nuevo enfoque democrático cuando el uso de la violencia, aunque sea legítima, produce lo contrario de lo que intenta a causa de la transformación de los medios tecnológicos y distorsiona las prioridades políticas. La estrategia militar es el parte de defunción de la democracia. Cada vez que la lucha militar contra la violencia en sus múltiples versiones se activa, se niega todo aquello para lo que se concibió y se legitimó la política democrática. Cada vez que triunfan las estrategias militares, se declara innecesaria y superflua la política. Donde triunfa la militarización de la seguridad, se eclipsan las potencialidades de la democracia.

En nombre de la guerra contra el terrorismo se ha intentado justificar la violación de los derechos humanos y de las libertades civiles, se han debilitado las normas y las instituciones democráticas, de las que dependen la paz y la seguridad.

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