LEY DE DEPENDENCIA Y ESTADO DE BIENESTAR

Varios Autores

Éxodo 87 (ener.-febr.’07)
– Autor: Varios Autores –
 
JUNTO a la sanidad, la educación y las pensiones, la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia representa una novedad de enorme calado social porque se presenta con la pretensión de llegar a convertirse en cuarto pilar del estado de bienestar. Y esto merece, de entrada, no sólo una acogida favorable, sino también una mirada reflexiva o crítica.

Porque esta es una ley nueva entre nosotros, impensable si nos retrotraemos sólo algunos años en nuestra historia. Trata de abordar una problemática reciente en la sociedad española, debido el crecimiento de las personas dependientes y al modelo tradicional de atención, basado, fundamentalmente, en el trabajo de la mujer. Se estima que en este año 2007 España cuenta con una población dependiente de unos 2,8 millones de personas: 1.1 millones con una discapacidad (dependencia) severa o total y 1,7 con discapacidad (dependencia) moderada.

El concepto de dependencia, está ligado, como se ve, al de discapacidad. Y éste es un fenómeno muy complejo porque afecta a muy diferentes personas y a un número de facultades diverso en cada una de ellas. La funcionalidad de una persona es distinta según el número y la intensidad de las facultades afectadas. Es más, la disfuncionalidad en alguna facultad (visión, audición, desplazamiento, desarrollo de tareas, relación con los demás, etc.) no tiene por qué impedir el desarrollo y autonomía de la persona.

La sociedad se enfrenta, entonces, al dilema de atender a la dependencia o promover la autonomía. No puede evitar este reto si pretende ser una sociedad justa. Porque, por una parte, las personas dependientes son ciudadanos y ciudadanas que tienen unos derechos, y, por otra, la discapacidad suele arraigar, en mayor medida, entre las capas sociales más vulnerables (familias pobres, mujeres, etc.).

La presencia de la nueva ley de dependencia en la sociedad española nos invita a una doble consideración o mirada. Desde un punto de vista crítico, el vaso aparece medio vacío: más allá del interés electoral y de legitimación de un sistema desigual e injusto (la ley se ha fraguado en un paquete de pactos entre el gobierno, la patronal y los sindicatos mayoritarios), son muchos los síntomas que hacen pensar que los problemas ligados a la autonomía/ dependencia de las personas no se van a resolver tan fácilmente: el trabajo doméstico de las mujeres va a seguir siendo el principal recurso, los empleos en este sector continuarán siendo precarios (a cargo principalmente de mujeres inmigrantes) y las personas dependientes seguirán siendo más bien objeto de atención que protagonistas de su propia vida.

Sin embargo, en la medida que la ley va a afectar a aquellos sectores sociales más frágiles (por edad, enfermedad o accidente) que hasta ahora han sido meramente objetos de misericordia (atención familiar –singularmente de la mujer) o transacción mercantil y pasan a ser sujetos de derechos, el vaso está medio lleno y merece reconocimiento. Al menos, un impulso que nos anime a dar nuevos pasos hacia ese otro mundo posible que queremos construir.

FORO DE VIDA INDEPENDIENTE / XIARA /ASAMBLEA FEMINISTA

Jesús Aguilar y Evaristo Villar

Éxodo 87 (ener.-febr.’07)
– Autor: Jesús Aguilar y Evaristo Villar –
 
Hacemos la entrevista, en esta ocasión, no a una sola persona concreta, sino a tres colectivos que activa o pasivamente se sienten afectados por la Ley de Dependencia. Se trata del Foro de Vida Independiente, de la Asociación de Empregadas de Fogar “Xiara” y de La Asamblea Feminista de Madrid. A las tres agrupaciones le hemos formulado las mismas preguntas. Son estas: 1.ª ¿Quiénes sois?; 2.ª ¿Qué tiene que ver vuestro colectivo con la Ley de Dependencia?; 3.ª ¿De qué forma os veis afectados/as por esta Ley: qué os resuelve o no resuelve esta ley?; 4.ª ¿Qué propuestas alternativas tenéis que formular? En las páginas que siguen ofrecemos sus respuestas a nuestro cuestionario. No queremos establecer ninguna interferencia entre los colectivos que responden y el lector. Tampoco nos sentimos con autoridad para establecer comparaciones ni valoraciones. Queremos que, en esta ocasión, los colectivos hablen sin intermediarios y los lectores saquen su propias conclusiones.

¿Quiénes sois?

Somos el Foro de Vida Independiente, una agrupación ciudadana que se organiza a través de Internet para luchar por los derechos de las personas que son discriminadas por su diversidad funcional (discapacidad). Carecemos de estructura, NIF, junta directiva, presidente, etc. Cada uno se representa a sí mismo y delega puntualmente su representación en otros para actuaciones concretas.

¿Qué tiene que ver vuestro colectivo con la Ley de Dependencia?

Muchos de nosotros vivimos todos los días en situación de «inDependencia» y, por lo tanto, somos los verdaderos expertos en esta realidad. Llevamos trabajando desde 2004 para hacer llegar a todos los agentes sociales y a gobiernos y administraciones públicas nuestro punto de vista sobre cómo debería ser la Ley. Hemos elaborado más de media docena de documentos relacionados con esta Ley y hemos comparecido para expresar nuestro punto de vista en el Congreso de los Diputados, la Generalitat de Cataluña, la Generalitat de Valencia y la Junta de Castilla y León. También hemos visitado a diversos agentes sociales y comparecido ante diferentes medios de comunicación.

¿De qué forma os veis afectados/as por esta Ley: qué os resuelve o no resuelve?

Esta Ley puede representar la herramienta que muchos de nosotros necesitamos para poder vivir una vida en igualdad de oportunidades con el resto de la ciudadanía. Poder levantarnos y acostarnos con la libertad de horarios de la que disponen los demás, poder participar plenamente en la vida social, poder trabajar y estudiar sin ser discriminados. En definitiva, poder controlar nuestras propias vidas sin vivir condenados a elegir entre vivir en una residencia o depender eternamente de nuestra familia. En función de V I S Foro de Vida Independiente lo que se establezca en los reglamentos y en los desarrollos en las Comunidades Autónomas, podremos disponer de herramientas como una asistencia personal adecuada bajo nuestro control económico, a través del pago directo, una prestación ya contemplada en el artículo 19 de la Ley.

Mientras no salgan los Reales Decretos que detallen a qué se tiene derecho exactamente, no sabremos qué es lo que resuelve la Ley. No obstante, con su redacción actual sí sabemos qué no resuelve: la discriminación histórica de las personas que vivimos en situación de «inDependencia». Al no garantizar las ayudas técnicas necesarias, no proveer de asistencia personal para la vida comunitaria (más allá de estudios y trabajo) y establecer un copago en función de ingresos y patrimonio (contraviniendo el principio constitucional de equidad), esta Ley: seguirá sin garantizar las herramientas que necesitamos para participar plenamente en la sociedad y nos seguirá haciendo repagar por el mero hecho de ser diferentes.

¿Qué propuestas alternativas tenéis que formular?

Nuestras propuestas alternativas están orientadas a conseguir una garantía real y efectiva de la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas que viven en situación de «inDependencia», en línea con lo establecido en la recientemente aprobada Convención de la ONU para las personas con discapacidad (diversidad funcional).

Estas propuestas se centran principalmente en los siguientes aspectos:

a. La consideración de las ayudas técnicas como un derecho no sujeto a disposiciones presupuestarias. De esta manera, además de cumplir con lo establecido por la ONU, se garantizaría la salud de los asistentes personales y de las personas de apoyo, se ahorrarían costes y se crearían nuevos yacimientos de empleo y de desarrollo económico.

b. La eliminación de la discriminación que supone el copago (o repago) en función de ingresos y patrimonio. Si se parte del principio de que se debe pagar igual a personas diferentes por realizar el mismo trabajo, el copago en función de ingresos resulta en una discriminación para las personas que viven en situación de «inDependencia». Así, al necesitar la ayuda de otra persona para realizar su trabajo, ven detraído de su salario el dinero necesario para pagar su asistencia personal. Si el coste de la asistencia personal no es cubierto plenamente por la administración, la persona recibe al final una menor retribución por realizar la misma tarea que sus compañeros de trabajo. Las personas con gran diversidad funcional que quieren trabajar pasan en seguida a ganar más que la mayoría de su grupo, por lo que, con el copago en función de ingresos, acaban copagando (o repagando), y por lo tanto, cobrando menos por el hecho de ser diferentes.

c. La provisión de la asistencia personal en cuantía suficiente y de manera que se pueda desarrollar una vida plena que no reducida al ámbito laboral y académico. Esta asistencia no debe estar restringida a ningún tipo o nivel de «inDepedencia», en línea con lo que se indica en el artículo 19 de la Convención de la ONU.

d. La verdadera garantía de los derechos establecidos en la Ley a través de asesores en promoción de la autonomía o de Vida Independiente que garanticen que los posibles usuarios del sistema sean conscientes de sus derechos y de sus mecanismos de reclamación, ante la valoración y la asignación de servicios. Este tipo de figura ya existe en otros países en los que está implantada la filosofía de Vida Independiente y está definida en el actual proyecto de Ley Británico, paralelo al español.

XIARA

¿Quiénes sois?

Somos la asociación de trabajadoras de hogar “Xiara”, de Galicia, y nuestro objetivo fundamental es luchar por la dignificación social y laboral de nuestra profesión en cuanto a condiciones legales de nuestro trabajo y sociales.

¿Qué tiene que ver vuestro colectivo con la Ley de Dependencia?

La Ley de Dependencia tiene mucho que ver con nuestro trabajo, ya que en la mayoría de los casos atendemos y mejoramos las condiciones de vida de muchas personas dependientes que atendemos, cuidamos y acompañamos en sus casas.

¿De qué forma os veis afectadas por esta Ley: qué os resuelve o no resuelve?

Nos afecta esta nueva ley en dos sentidos fundamentalmente: en cuanto a la relación del voluntariado con las personas dependientes y un servicio profesionalizado y de substitución de puestos de trabajo que influiría notablemente en un aumento de la precarización del mismo, y en cuanto a la privatización de los servicios (empresas privadas gestoras al cien por cien de los servicios y atención de personas dependientes), entendemos que servicios que son para la comunidad no deben estar en manos de empresas privadas porque no se garantiza un servicio igual y de calidad para todas las personas que tenga algún tipo de dependencia y sus familiares.

¿Qué propuestas alternativas tenéis que formular?

Al igual que en la educación, la salud … que son servicios para todos y todas, tienen que tener unos mecanismos de control para que la profesionalización y la calidad en el servicio sea garantizada; si las personas que van a trabajar con las personas dependientes no tienen unas condiciones laborales mínimas ( prestación por desempleo, horarios, salarios en condiciones dignas, bajas laborales en condiciones dignas, acceso a la formación profesional) no se puede garantizar la calidad del servicio.

Proponemos que: _ no se reconozca el voluntariado como forma de llevar un servicio de estas características adelante; _ la gestión del servicio a nivel de personal, infraestructuras, etc., sea público.

ASAMBLEA FEMINISTA DE MADRID

¿Quiénes sois?

La Asamblea Feminista de Madrid es un grupo con una importante historia de lucha y reivindicaciones. Su origen arranca a finales de los años 80, y se constituyó como un espacio donde poner en común experiencias y debates, aunar esfuerzos y coordinar la lucha feminista. Las mujeres que hoy formamos la Asamblea participamos del empeño colectivo del feminismo para conseguir un mundo donde las diferencias de sexo no supongan discriminación ni subordinación y en el que las mujeres vivamos con autonomía y libertad.

Nuestra práctica como colectivo se basa en un feminismo crítico y reivindicativo, que abarca distintas actividades, como son el estudio y análisis de temas que nos interesan como feministas, la difusión de nuestras ideas y propuestas a través de charlas-debate, mesas redondas, publicación de documentos. También realizamos campañas en colaboración y coordinación con otros grupos de mujeres de Madrid, entre las que destacamos el 8 de Marzo y con otros grupos del Estado, a través de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas.

¿Qué tiene que ver tu colectivo con la Ley de Dependencia?

La Ley de Dependencia aborda una parte muy importante del trabajo de cuidados que actualmente desarrollan las mujeres, como es el cuidado a personas dependientes de carácter permanente (personas ancianas, enfermas o discapacitadas). Actualmente, todos estos trabajos implicados en el cuidado de la vida, el bienestar físico, emocional y afectivo de las personas, son desarrollados casi en exclusividad por las mujeres, (en el 83% de los casos).

A pesar de todos los avances conquistados, las mujeres continuamos siendo las responsables del mantenimiento doméstico, de la crianza de hijos e hijas o la atención de personas ancianas y enfermas, liberando al hombre de estas tareas, posibilitando así su acceso al mercado de trabajo y a la vida pública como un individuo autónomo sin este tipo de “cargas”. Mientras que para nosotras la responsabilidad casi exclusiva hacia este trabajo de cuidados supone unos costes personales y profesionales que nos determinan a la hora de no partir en igualdad de condiciones, siendo una de las principales causas de discriminación y un lastre para la realización personal y profesional de las mujeres. A pesar de producir bienestar, somos las más perjudicadas, bien por limitaciones en el acceso al mercado laboral, sobrecarga de tareas, sacrificio o renuncia.

Pero la Ley no afecta sólo a las mujeres como cuidadoras, sino también como receptoras de cuidados (lo son en el 69% de los casos). Entre otras razones porque la mujer presenta una mayor esperanza de vida que el hombre, lo que hace que aumente el riesgo de dependencia y su prolongación en el tiempo.

¿De qué forma os veis afectadas por esta Ley. ¿Qué os resuelve a vuestro entender?

La ley está planteada para abordar la actual desprotección y falta de recursos existente hacia una parte de la población dependiente, ya que deja fuera a niños y niñas pequeños sanos, que por no ser dependientes con carácter de permanencia no son contemplados en la ley.

El objetivo del texto nos parece muy positivo ya que pretende dar cobertura de atención a “los grandes dependientes”, con situaciones muy problemáticas y con gran precariedad por falta de recursos. Esto supone que toda persona que sea valorada y reconocida como dependiente tendrá derecho de atención. Este derecho deberá ser garantizado por el Estado y Administraciones públicas, a través de la creación de un Sistema de Atención a nivel Estatal, con carácter Universal.

¿Qué no resuelve?

Aunque la Ley prevé resolver los problemas más acuciantes a los que se enfrenta la población de grandes dependientes, 1.125.000 personas en 2005, esto apenas supone el 40% del total de discapacitados que ese mismo año necesitarán ayuda. El otro 60%, donde encontramos personas con discapacidad intelectual, problemas de salud mental o enfermos de Alzheimer de primer grado, pueden quedar fuera del actual sistema de valoración al no ser reconocidos como dependientes.

Otro de los aspectos más graves de esta Ley es la introducción, como una modalidad más del sistema de atención, de la ayuda a la persona principal que cuide (mujeres en un 83% de los casos). Esta ayuda será percibida en función de la capacidad económica de la persona dependiente, y para recibirla la principal cuidadora no debe estar trabajando remuneradamente, pero sí tiene que darse de alta y cotizar a la seguridad social.

El contemplar esta ayuda a la persona cuidadora, como una modalidad más de acceso al sistema, esta vez con rango de ley. Supone seguir potenciando el rol de cuidadora de las mujeres, volviendo a cargar sobre nosotras una responsabilidad que debe ser asumida por el conjunto de la sociedad. Desde el feminismo criticamos por ello el salario al ama de casa o mujer cuidadora, al mismo tiempo que defendemos como necesario y justo el reconocimiento del trabajo de cuidados. En este sentido, nos parece positivo que se reconozcan todos los beneficios sociales y económicos de los que goza cualquier trabajadora, como el derecho a pensión y prestaciones para cuidar en condiciones dignas. Pero debería ser una medida transitoria para mujeres que actualmente por edad y situación no han podido optar en igualdad de condiciones a toda una serie de oportunidades profesionales.

¿Qué propuestas alternativas tenéis que formular?

Esta Ley supone una gran oportunidad para abordar las tareas de cuidados desde la corresponsabilidad social de todos y todas. Para ello, nosotras, como feministas, planteamos: – Que sea a través de un sistema público y verdaderamente universal, sin que el derecho de atención se limite por el nivel de dependencia, la nacionalidad y el poder adquisitivo. – Que este derecho sea garantizado por las Administraciones Públicas, sin que para las mujeres siga suponiendo una imposición social, que nos discrimina. Debemos elegir si queremos cuidar, en qué condiciones y durante cuanto tiempo, poniéndose todos los medios adecuados para ello.

Es necesario que el catálogo de servicios garantice la prioridad de los servicios públicos frente a los concertados y privados que contempla la ley. Ya que es la única manera de garantizar su accesibilidad y calidad. Además, deben ser flexibles y variados, en función de las necesidades cambiantes de la familia y del dependiente.

La modalidad de ayuda a la mujer cuidadora no debe aparecer con rango de ley, como un servicio más que presta el sistema. Vemos positivo el que a las mujeres que cuidan actualmente se les reconozca el trabajo de cuidados que realizan a través de mejoras concretas y de carácter transitorio que vayan enfocadas a una mejora de sus condiciones de vida, como el derecho a pensión u otras prestaciones que demanden. Aunque nunca con rango de ley, ya que significa perpetuar nuestro rol de cuidadoras volviendo a cargar sobre las mujeres una responsabilidad que es también de los hombres y de la sociedad en su conjunto.

LAS PERSONAS EN ESTADO DE DEPENDENCIA. ESTADO DE LA CUESTIÓN

Colectivo Ioé

Éxodo 87 (ener.-febr.’07)
– Autor: Colectivo Ioé –
 
Todos los estados europeos han aceptado la definición de “dependencia” dada por el Consejo de Europa en 1998: “necesidad de ayuda o asistencia importante para las actividades de la vida cotidiana”. Tres factores concurren en esta definición: la existencia de alguna limitación física o mental que merma las capacidades de la persona; la imposibilidad de realizar actos corrientes de la vida diaria; y la necesidad de cuidados por parte de otras personas.

Vamos a ofrecer una aproximación general al colectivo de personas en situación de dependencia en España, para indicar después los cuidados que reciben. En general, se puede avanzar que se trata de una problemática creciente en la sociedad española debido, por una parte, al mayor número de personas dependientes y, por otra, al cuestionamiento del modelo tradicional de atención basado en el trabajo doméstico de las mujeres. La Ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, que será analizada en otros artículos de este número de Éxodo, pretende salir al paso de esta problemática.

LA DEPENDENCIA Y SUS GRADOS

El número de personas con problemas de dependencia para realizar actividades de la vida cotidiana depende mucho de la vara de medir, es decir, del grado de dependencia que establezcamos para considerar a una persona “dependiente”. Según el libro blanco del gobierno sobre la atención a las personas en situación de dependencia, la población dependiente en España en 1999 sería de 2,4 millones, de las cuales:

- 1.959.890 tendrían una discapacidad severa o total para realizar actividades básicas de la vida diaria: levantarse y acostarse, desplazarse dentro del hogar, asearse, controlar las necesidades fisiológicas, vestirse o desvestirse, comer y beber, reconocer personas u objetos y orientarse, entender y ejecutar instrucciones o tareas sencillas.

- 1.526.432 tendrían, o bien discapacidad moderada para realizar las actividades básicas anteriores (algo menos de la mitad del grupo), o bien discapacidad para actividades instrumentales: deambular sin medio de transporte, hacer la compra, preparar la comida, limpiar o planchar, limpiar o mantener la casa, cuidar a otros miembros de la familia.

Si tenemos en cuenta el incremento de la población española en los últimos ocho años, el número de personas con dependencia severa y moderada en 2007 se puede estimar en 1,1 y 1,7 millones, respectivamente (2,8 millones en total). A continuación, ampliamos la información disponible en torno a dos factores estrechamente relacionados con la dependencia: la prevalencia de discapacidades y sus causas (las enfermedades crónicas y los accidentes) y el envejecimiento de la población.

DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA

Las anteriores estimaciones del gobierno se basan en la Encuesta de discapacidades aplicada por el INE en 1999, que detectó 3,5 millones de personas con alguna discapacidad (9% de la población total). Trece años antes, en 1986, otra encuesta oficial había detectado 5,7 millones (15% de la población de aquel año). ¿Significa esto que las personas con discapacidades se habían reducido en 2,2 millones?: no, simplemente se había rebajado el umbral para definir algunos trastornos, lo que redujo automáticamente el volumen de personas afectadas (por ejemplo, no poder “correr” dejó de considerarse una discapacidad).

Bajo el concepto de discapacidad se incluyen limitaciones muy diversas que afectan con mayor o menor gravedad las facultades que son habituales para desenvolverse en la vida cotidiana (ver, oír, desplazarse, desarrollar tareas, relacionarse con los demás, etc.). Sin embargo, conviene tener en cuenta que, de las 36 discapacidades recogidas en la encuesta de 1999, las personas afectadas registran un promedio de 6 (el 36% sólo una o dos), es decir, pueden ejercitar normalmente –también como promedio– las 30 facultades restantes. Además, tener una discapacidad no quiere decir que no se pueda realizar la función o actividad correspondiente; esto sólo ocurre en algo más de la cuarta parte de los casos (no ver nada, no oír nada, no tener ninguna capacidad de relacionarse con los demás, etc.). Incluso, cuando tal ocurre, no significa que el sujeto no pueda suplir o compensar su “diversidad funcional” 4 mediante el uso de otras facultades. Es importante hacer estas matizaciones pues en muchos casos las discapacidades representan limitaciones parciales que no tienen por qué impedir una inserción social y laboral normalizada.

Tal como se recoge en el Gráfico 1, las mujeres se encuentran más afectadas por discapacidades que los hombres, si bien esto se produce con un ritmo variable según la edad: hasta los 50 años, la tasa masculina de discapacidades es mayor, en parte como efecto de que padecen cinco veces más siniestros laborales y doble número de accidentes de tráfico que las mujeres; en cambio, a partir de los 50 años la tasa femenina sobrepasa a la masculina como efecto combinado de su mayor morbilidad (tienden a contraer más enfermedades discapacitantes) y menor mortalidad (esperanza de vida siete años mayor que la de los hombres).

Las discapacidades afectan con mayor intensidad a las familias con bajos ingresos debido a que padecen unas condiciones ambientales menos saludables y mayores riesgos de contraer enfermedades y sufrir accidentes. Además, sus posibilidades de rehabilitación son menores al no disponer de suficientes recursos económicos. Tal como se recoge en el Gráfico 2, la prevalencia de personas con discapacidad es tres veces mayor en las familias pobres que en las ricas: la proporción de trastornos correlaciona estrechamente con los tramos de ingresos.

ENFERMEDADES Y ACCIDENTES

Las enfermedades destacan como la principal causa de las discapacidades ya que en ellas tiene su origen el 48% de las limitaciones funcionales masculinas y el 61% de las femeninas. Conviene tener en cuenta que, según la última Encuesta Nacional de Salud (2003), había 18 millones de personas en España con alguna enfermedad crónica o de larga duración diagnosticada por el médico (43% de la población) y, de ellas, 6,4 millones reconocían que les limitaba en sus actividades habituales (15% de la población). Esta prevalencia de enfermedades crónicas que limitan la capacidad para desenvolverse en la vida cotidiana, es mucho mayor entre las mujeres (28,1%) que entre los hombres (12,3%). El Gráfico 3 recoge la diversa incidencia por sexos de las principales enfermedades crónicas.

Los accidentes, por último, están en el origen del 21% de las discapacidades masculinas y del 9% de las femeninas. Además, constituyen la cuarta causa de muerte del conjunto de la población y la primera entre los menores de 35 años. Por tipos de accidente, destacan los laborales, por encima de los de tráfico y los domésticos.

AUMENTAN LAS PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES

La edad de las personas es el factor más asociado a la prevalencia de discapacidades. Si la media de personas con discapacidad en la encuesta de 1999 se situaba en el 9%, la frecuencia se elevaba al 32% entre los mayores de 64 años, bajaba al 1,2% entre los menores de 16 años y se reducía al 5% entre los situados en edad laboral (16-64 años). De ahí la importancia que tiene el envejecimiento de la población española como factor explicativo de la dependencia.

El envejecimiento de la población se debe, a su vez, a dos causas: el incremento de la esperanza de vida y la reducción de la tasa de natalidad. La consecuencia es que la proporción de personas mayores de 64 años ha pasado del 10% de la población en 1970 al 17,5% en 2005.

CUIDADOS A PERSONAS DEPENDIENTES

Los cuidados que necesitan las personas dependientes se pueden agrupar en tres tipos, que a veces se compaginan entre sí: la ayuda familiar, a través de los propios parientes, que se basa en las relaciones de reciprocidad; la ayuda mercantil, obtenida en el mercado privado, mediante la compra-venta de servicios; y la ayuda pública, cuando los cuidados son proporcionados por la administración pública.

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CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS PARA EL AVANCE REAL EN DERECHOS SOCIALES. LA POSTURA DEL FORO DE VIDA INDEPENDIENTE

Foro de Vida Independiente

Éxodo 87 (ener.-febr.’07)
– Autor: Foro de Vida Independiente –
 
INTRODUCCIÓN

El Foro de Vida Independiente es una agrupación de hombres y mujeres que promueve la participación ciudadana directa para erradicar la discriminación de las personas con diversidad funcional (discapacidad) y promover la lucha por la igualdad real de oportunidades de este colectivo. Este Foro carece de entidad jurídica y estructura económica, y muchos de sus miembros vivimos todos los días la situación de “dependencia”, causada, no por la gran diversidad funcional que tenemos, sino por la inexistencia de medidas efectivas que nos proporcionen una verdadera igualdad de oportunidades y erradiquen la discriminación que hemos sufrido a lo largo de toda la historia y que persiste hoy en nuestro país.

Este documento pretende resumir la postura del Foro ante la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LEPA). Está basado en otros documentos desarrollados desde el mismo Foro que analizan la Ley en sus diferentes aspectos y en los que se puede encontrar justificación y argumentación detallada de muchas de las ideas que aquí se exponen. Nuestra postura se puede resumir afirmando que esta Ley proporcionará a la sociedad española un insuficiente avance en servicios y un retroceso en derechos de las personas discriminadas por su diversidad funcional de todas las edades.

CONSIDERACIONES SOBRE EL DISEÑO Y ENTORNO DE LA LEY _ Aspectos ideológicos

Enfoque asistencial versus no discriminación e igualdad de oportunidades: – Se proyecta una ley regresiva, que remitirá la política social a tiempos anteriores a la Ley de Integración Social de los Minusválidos, 1982 (LISMI), e ignora el avance que supuso la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de 2003 (Ley 51/2003, LIONDAU) que pone el acento en los derechos y la condición de ciudadanía. – El principio de Vida Independiente ni se contempla ni se salvaguarda. – Tal como se estipula en la LIONDAU, esta ley debería ser una medida para erradicar la histórica discriminación que siempre hemos sufrido las personas con diversidad funcional en situación de dependencia aportando las herramientas (sociales, económicas y tecnológicas) necesarias para colocarnos en igualdad de oportunidades con el resto de la ciudadanía. _ Sin embargo se elude la oportunidad histórica y la responsabilidad de rediseñar unos servicios sociales bajo nuevos paradigmas y conceptos ya establecidos. Lo que fundamentalmente hace es poner los recursos de siempre bajo el paraguas de un “nuevo” sistema que sigue siendo discriminatorio para nuestro colectivo y asistencialista. La novedad que representa el concepto de asistencia personalizada, que es bienvenida, es tímida y difusa. – El espíritu y la letra del texto actual se alejan del acervo europeo y las líneas de progreso en materia de participación ciudadana, integración e igualdad de oportunidades suscritas en las recientes Declaraciones Internacionales de Madrid, 2002, (no discriminación + acción positiva = integración social) y de Málaga, 2003, (Progresar hacia la plena participación en cuanto ciudadanos). – En un análisis ideológico global, este anteproyecto es una iniciativa más cercana a la generación de puestos de trabajo y a generar actividad empresarial del tercer sector, basándose en las necesidades de las personas con diversidad funcional, que en la creación del cuarto pilar del estado del bienestar propio de un Estado de derecho.

Promoción de la autonomía y tradición de cuidados

- La denominación del futuro sistema debería ser “Sistema Nacional para la Promoción de la Autonomía” o “Sistema Nacional para la Vida Independiente”, en línea con el propio título de la Ley. – La ideología que subyace detrás del término “actividades básicas de la vida diaria”, que sólo hace referencia a las actividades de higiene y cuidado, ignorando otras que hoy día son igual de fundamentales, como el ocio, el disfrute del tiempo libre, las relaciones personales, la sexualidad, etc., nos colocan al nivel de criaturas que sólo aspiran a la mera supervivencia. Desde nuestro punto de vista se fomenta la “granjerización” de las personas con diversidad funcional. – Confunde en su articulado los conceptos de autodeterminación o autonomía moral (capacidad de tomar decisiones) con autonomía física, sensorial o intelectual (capacidad de realizar actividades físicas, sensoriales o intelectuales sin necesidad de apoyo). – Deja fuera del sistema a grandes colectivos de personas con necesidades de apoyo para su plena igualdad de oportunidades, como, por ejemplo, las que tienen una diversidad funcional transitoria y aquellos que tienen una diversidad funcional intelectual o mental.

Aspectos económicos

La manera de financiar el Sistema Nacional de la Promoción de la Autonomía propuesta por el gobierno actual, según nuestros análisis: – No involucra a toda la sociedad en el sistema, discriminando a la persona que vive una situación de “dependencia” responsabilizándola de su diferencia. – La financiación es insuficiente e injusta y empobrece a las clases más vulnerables de la sociedad. – Establece un copago en función de renta y patrimonio que es discriminatorio, impide la igualdad de oportunidades, desincentiva la incorporación al mundo laboral y vacía de contenido el concepto de universalidad de derechos fundamentales. – Hace que las personas que se acojan a este sistema, personas tradicionalmente discriminadas y económicamente débiles, paguen con el tercio que les corresponde para que la economía española crezca, mientras que las administraciones tendrán un gasto final de 0 euros. – En el mejor de los casos (suponiendo que los demás países no aumenten su inversión), pasa a España del duodécimo al octavo lugar de Europa en inversión en el sistema de promoción de la autonomía, siguiendo un 23% por debajo de la media europea. Mientras no se adopten las medidas necesarias para poner a España al nivel europeo medio de gasto social público en la promoción de la autonomía, resultará imposible afrontar este sistema con garantías de éxito.

Otros aspectos

- La creación del Sistema Nacional de Promoción de la Autonomía o de Vida Independiente es una recomendación que nace del Pacto de Toledo en el acuerdo publicado el 2 de octubre de 2003 3. Por ello entendemos que en línea con esa recomendación, el sistema final debe ser también consensuado y apoyado a través del Pacto de Toledo, de manera que se garantice su estabilidad independientemente del partido que gobierne. – La creación y seguimiento de este sistema debe realizarse con el consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento y en todos los Parlamentos Autonómicos. – La creación del sistema de dependencia fue prometida en sus programas electorales y mítines por los dos partidos mayoritarios PSOE y PP. – Para conseguir un sistema sostenible, los agentes sociales deben contribuir en todos los aspectos, incluido el económico y participar en la creación y seguimiento del sistema. – El texto de la Ley no se basa en el artículo 9.2 de la Constitución, que establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitando su participación en la vida política, cultural y social, que es lo que necesitan la mayoría de las personas que viven en situación de dependencia . – Se debe garantizar que la intensidad de los servicios y las prestaciones económicas sean iguales en toda la geografía del Estado español, disponiendo mecanismos correctores que eviten desequilibrios por los estancamientos en mínimos frente a los desarrollos y mejoras del sistema. – Los servicios y prestaciones económicas deberán estar garantizados en el caso de desplazamiento por el territorio de la Unión Europea sin causar perjuicio alguno a los usuarios itinerantes por menoscabos en la integridad de la prestación, considerando los diferentes tratamientos y marcos laborales en el lugar de residencia destino.

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LA PUESTA EN MARCHA DE LA LEY DE DEPENDENCIA. POSIBILIDADES PARA LA IMPLANTACIÓN DE UNA NUEVA FIGURA PROFESIONAL

Mª Jesús Arriola y Usue Beloki

Éxodo 87 (ener.-febr.’07)
– Autor: Mª Jesús Arriola y Usue Beloki –
 
NECESIDAD DE NUEVOS PLANTEAMIENTOS

La aprobación de la Ley 39/2006, del 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, más conocida popularmente como Ley de Dependencia, ha constituido un primer gran paso en la atención a personas que por diferentes circunstancias de salud y/o sociales se encuentran necesitadas de ayuda para la realización de las actividades de la vida diaria. Esta Ley se caracteriza por abarcar un amplio abanico de propuestas y actuaciones, que se irán concretando a medida que para su desarrollo se vayan aprobando los reglamentos correspondientes.

En cuanto a las prestaciones del sistema para la atención a la dependencia, la Ley hace mención a la mejora de la calidad de vida y la autonomía personal de las personas dependientes de acuerdo a los siguientes objetivos (Art. 13):

- Facilitar una existencia autónoma en su medio habitual, todo el tiempo que desee y sea posible. – Proporcionar un trato digno en todos los ámbitos de su vida personal, familiar y social, facilitando su incorporación activa en la vida de la comunidad.

Estos objetivos remarcan los planteamientos que vienen recogidos en todas las políticas sociales dirigidas a la atención de las personas mayores, que hacen referencia a prestar atención a la persona en su medio habitual de residencia, y hacerlo garantizando una buena calidad de vida. Para ello en la Ley se incluye un catálogo de servicios (arts. 15 y 16) y prestaciones económicas (arts. 17, 18, 19, 20).

Hasta la fecha, la atención de las personas dependientes en su entorno habitual ha sido realizada prácticamente en su totalidad desde las redes tejidas por las familias más o menos amplias o por los grupos primarios más próximos, con el apoyo puntual de algunos servicios institucionales como la Ayuda a Domicilio o los Centros de Día.

Sin embargo, la familia actual está viendo alterada su naturaleza y composición tradicional tanto desde un punto de vista cuantitativo, como cualitativo. Cuantitativamente, se ha visto profundamente mermada en su número y composición. La reducción brusca de la tasa de natalidad desde mediados de los años 70, la incorporación creciente de la mujer al mercado de trabajo y los cambios en las pautas culturales han transformado hasta tal punto la vida familiar que han redundado al fin y a la postre en la reducción de su tamaño y en las posibilidades para desarrollar funciones que hasta hace poco se le consideraban privativas. Cualitativamente, los efectos derivados de procesos de reestructuración familiar, de cambios en los comportamientos sociales y de las dificultades de conciliar la vida familiar con otros ámbitos han provocado una modificación profunda del concepto y significado de la familia. No es de extrañar, por lo tanto, que algunos expertos digan que estamos asistiendo a una verdadera revolución.

Ante este nuevo escenario hay quienes plantean que las familias van a dejar de prestar atención a las situaciones de necesidad que están presentando las personas mayores, y que ello va a ser debido, no tanto por un cambio de valores en cuanto a la solidaridad intergeneracional, como a la influencia de cambios socioeconómicos como los mencionados, que dificultan la realización de las tareas a las que tradicionalmente respondía.

Esta opinión no es compartida por otros teóricos que sostienen que no sólo han cambiado las condiciones del entorno social de las familias, sino que, además, los propios valores de solidaridad, tan arraigados en otros momentos históricos, están en cuestión; vivimos en una sociedad mucho más individualista, en la que el valor del presente y su disfrute es lo que cuenta, por lo que la atención social a las personas más dependientes, no va a querer ser asumida por el ámbito familiar y se va a trasladar al ámbito institucional público.

Sin embargo, las evidencias que se derivan de la atención a los mayores en el ámbito europeo muestran que las familias quieren seguir ejerciendo un papel importante en la cobertura de las situaciones de necesidad que presentan sus familiares, pero solicitan apoyo a la sociedad y en especial a los estamentos públicos, para poder realizar estas funciones de ayuda. Es lo que se conoce como complementariedad de los cuidados, que indica que los servicios formales de apoyo son utilizados para aumentar la contribución de las personas cuidadoras y usualmente representan una especialización de tareas entre los proveedores de apoyo formal e informal.

Dentro del ámbito familiar, las personas cuidadoras cada vez más asumen el cuidado expresando de manera explícita las condiciones necesarias para llevarlo a cabo, en cuanto a tiempo libre, económicas, de colaboración de otros miembros de la familia, y buscando el apoyo a través de recursos externos, públicos y privados 3. Los cuidadores /as demandan de la sociedad en general, pero específicamente de la Administración, que entienda su situación y que les preste ayuda de acuerdo a la realidad que están viviendo. En suma, ellos /as junto con las personas atendidas son los interlocutores válidos ante la Administración, lo que implica que ésta debe reconocer en los mismos su capacidad de decisión tanto sobre la mejor forma de atención para la persona mayor como que la propia persona que cuida debe ser ayudada.

La demanda a la Administración es un cambio en la relación predominante hasta ahora, en la que las personas atendidas y las personas cuidadoras tenían asignado un papel de receptoras de programas y de ayudas previamente diseñados, hacia una relación de carácter más horizontal, en la que se considere al grupo familiar o a la persona con necesidad de atención, interlocutor directo a la hora de establecer los recursos y ayudas que necesita la persona atendida.

UNA NUEVA PROFESIÓN: LA GESTIÓN INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Es en este nuevo escenario de colaboración en el que contemplamos el papel del modelo de intervención profesional denominado gestión integral de casos (o coordinación, servicio de dirección, gerencia de casos…).

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PROGRAMA “ENVEJECER EN CASA”

Elena Estevés

Éxodo 87 (ener.-febr.’07)
– Autor: Elena Estevés –
 
En el año 1996, se realizó un estudio sobre la realidad social y laboral existente en el Distrito de Ciudad Lineal; se observó el aumento de personas mayores dependientes que permanecían en su domicilio, y, por otro, el incremento de personas en situación de exclusión social con necesidades económicas, escasos recursos personales para la resolución de problemas y formación insuficiente para competir en el mercado laboral.

Por todo ello, la Asociación Candelita creó el programa “Envejecer en Casa” con los siguientes objetivos generales: – Establecer medidas de acompañamiento social encaminadas a favorecer la integración social de las personas que se encuentran en riesgo o exclusión social. – Potenciar mediante la participación social de las personas mayores la integración sociolaboral de las personas en situaciones de riesgo o exclusión social. – Mejorar la calidad de vida de ambos colectivos a través de un plan de intervención individualizado adaptado a las necesidades concretas de cada uno.

En coherencia con sus objetivos, tiene dos tipos de beneficiarios. Por un lado, las personas dependientes que viven solas o bien familias con personas enfermas o incapacitadas a su cargo que necesitan cuidado y ayuda para realizar tareas tanto en el hogar como fuera del mismo. Por otra parte, el colectivo objeto de la inclusión sociolaboral a través del empleo en estos servicios, que está constituido por inmigrantes, perceptores de la Renta Mínima o con expediente en Servicios Sociales.

El programa tiene como finalidad, por una parte, la integración sociolaboral de estas personas y, por otra, la provisión de servicios de atención a personas o familias que se encuentran en situación de dependencia (enfermedad, incapacidad…). El programa adopta un enfoque integrado hasta llegar al objetivo de la inserción a través del empleo en el que, además, se tiene en cuenta la situación personal y familiar de los individuos a la hora de diseñar los itinerarios de inserción.

Sin embargo, para una eficaz inserción a través del empleo, es necesario un proceso, en general largo, dependiendo del grado de exclusión del colectivo, mediante el que se capacite a estas personas para el desempeño de las tareas que habrán de realizar. Este proceso abarca varias fases:

1 Las personas interesadas en participar en este programa realizarán una entrevista personal con el fin de conocer la problemática personal y determinar cuál es su situación actual (nivel de estudios, experiencia laboral, situación personal, etc.). En función de los resultados de estas entrevistas se definen los objetivos y se elabora los itinerarios de inserción laboral para cada persona.

2 Las personas interesadas en Ayuda a Domicilio realizarán cursos de formación ocupacional como Auxiliares de Ayuda a Domicilio, donde se imparten módulos sobre las tareas a realizar en los diferentes servicios (cocina básica, aseo personal, organización del hogar, etc.).

3 Una vez se considera que la persona está preparada para desarrollar el trabajo, será contratada por la Asociación para que desarrolle su trabajo como Auxiliar de Ayuda a Domicilio dentro del programa Envejecer en Casa. De esta forma se atienden las necesidades y se ofrecen a los nuevos trabajadores una posibilidad de empleo para el que están plenamente capacitados. Además, en función de las expectativas y necesidades de cada uno (situación personal y familiar, en especial si tiene niños a cargo) se ajusta el número de horas y los horarios laborales, de forma que se evitan situaciones de desatención a la infancia.

4 Con el fin de garantizar la calidad del trabajo y la mejora del mismo se realiza un acompañamiento del participante en el puesto de trabajo, al que se ofrecen cursos específicos en función de las necesidades demandadas (Terapia Ocupacional, Salud Mental, Infancia

EL ALZHEIMER, EL MAL DEL OLVIDO

Mª Jesús Moralia del Campo

Éxodo 87 (ener.-febr.’07)
– Autor: Mª Jesús Moralia del Campo –
 
El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que, actualmente, no tiene cura ni prevención, y que causa un deterioro en tres niveles: cognitivo, conductual y funcional, produciendo una sobrecarga sobre el cuidador muy difícil de sobrellevar. Por eso insistimos en la importancia de cuidar al cuidador.

La Asociación Nacional del Alzheimer, AFALcontigo nació, en 1989, del deseo de un grupo de familiares de enfermos, de obtener información y apoyo en un momento en que la enfermedad de Alzheimer casi no era conocida.

AFALcontigo tiene ámbito nacional, está declarada de utilidad pública, colabora con el resto de asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer de España y del mundo, y dedica sus esfuerzos a la información, formación, apoyo y presentación del colectivo español de afectados, en el que incluimos tanto al enfermo como a su familia cuidadora.

Esta Asociación tiene como objetivo prioritario colaborar con la investigación biomédica en demencias y ayudar a todas las familias afectadas –hay unos 800.000 enfermos de Alzheimer en España– a afrontar el impacto de la enfermedad, a la vez que trata de sensibilizar a la opinión pública y las instituciones sobre la carga que supone atender al enfermo de Alzheimer y los altísimos costes sociales y económicos que ello trae consigo, reclamando de los poderes públicos la creación y desarrollo de recursos especializados en este tipo de demencias (ayuda a domicilio, centros de día, residencias, ayudas técnicas…) que garanticen una adecuada calidad de vida a los enfermos y a sus familiares cuidadores.

La llamada Ley de Dependencia supone la esperanza de que en un futuro no lejano puedan mejorar las cosas para todos los dependientes. No obstante, hay algunos puntos en esta ley que merecen la crítica de nuestro colectivo de afectados por el Alzheimer u otra demencia; entre los más destacables podemos mencionar:

1. La propia definición de la dependencia que recoge la ley, al basarse en las actividades básicas de la vida diaria y no en las instrumentales, deja fuera de la consideración de dependiente a los enfermos de Alzheimer en la primera fase, y casi en la segunda, de la enfermedad. Sin embargo, en estas fases también necesitan el cuidado diario y la presencia constante de su cuidador familiar.

2. El hecho de que la familia sólo vaya a ser escuchada pero no pueda decidir plenamente el tipo de servicio que desea para su enfermo.

3. La falta de presencia de lo sanitario, lo que acentúa la descoordinación sociosanitaria, a pesar de que todos los que trabajamos por el sector discapacidad hemos venido clamando históricamente por la necesidad de esta coordinación.

4. La imposibilidad de equidad en la distribución de los servicios en todo el territorio nacional.

Como se ve, son fallos importantes que pelearemos por que se vayan corrigiendo para poder llegar a disponer de unos servicios equitativos para todos.

La enfermedad del Alzheimer nos sitúa en una realidad dramática, agravada por las sombrías previsiones de crecimiento futuro, acorde con el envejecimiento poblacional. No obstante, AFALcontigo encara este futuro con optimismo realista y confía en que la investigación consiga, al fin, la conquista de esta enfermedad que golpea el cerebro del enfermo y el corazón de la familia. Mientras tanto, AFALcontigo continuará su labor como parte de ese gran movimiento social para la ayuda mutua. No en vano, Alzheimer se escribe con “a” de ayuda.

EL PRE-JUICIO EN POLÍTICA

Benjamín Forcano

Éxodo 87 (ener.-febr.’07)
– Autor: Benjamín Forcano –
 
La vida política es un campo privilegiado para descifrar la condición y pasiones del ser humano. Yo hace tiempo que, cuando me asomo a un programa de televisión , me interesa primero de todo los nombres de los que intervienen. De muchos, sabemos algo de su biografía. Y he llegado a la decisión de cerrar o desconectar sin son nombres que intervienen en nombre de los partidos.

Prescindo de ellos porque ya sé lo que me van a decir –llevan consignas y estrategia preparadas– y porque me resulta insoportable su irracionalidad. Irracionalidad que proviene de no hablar por sí mismos, de no valorar los razonamientos del contrario, de no proyectar análisis de la realidad, de no preocuparse por los derechos de la mayoría, de intentar ante todo contradecir y desacreditar al opositor. Un ejercicio éste pre-racional, prehumano (porque lo racional es lo específicamente humano) dictado por la adhesión al propio partido o bandera y con el único objetivo de que el propio partido salga invicto.

Guían esta irracionalidad intereses individuales o de partido, no del pueblo. Porque los intereses del pueblo –el único que delega el poder y tiene derecho a que se le represente con honestidad, obediencia y eficacia–, son siempre los mismos, se trate del partido que sea. No es consecuente, por tanto, que los políticos se ataquen obstinadamente como si de intereses distintos se tratara. En unos o en otros, o en ambos a la vez, reside la voluntad enceguecida de hacer de la política un coto de intereses privados, intentando, eso sí, recabar la legitimación del pueblo.

Esta postura es hoy común, inalterable y pestilente en ciertos debates políticos. El televidente capta rápido: ¡Ya hieden! No van a informar, a reconocer lo bueno o lo malo, a dialogar, sino a denigrar y triturar, contra toda evidencia. Y, encima, los hay que, tachonados de oportunismo, no tienen pudor en acudir una y otra vez como si de modelos a seguir se tratara.

En el ámbito de la convivencia, la perduración de esta dialéctica partidista produce confusión y malestar y subrepticiamente va inoculando fobias de exclusión y menosprecio. El fenómeno no por ser cotidiano deja de ser preocupante. Un clima democrático no debiera ofrecer en sus instituciones cancha a estos falsos maestros de la política y de la convivencia. La misma ciudadanía debiera retirarles audiencia y demostrarles que la boca por la que ellos hablan no es altavoz del alma del pueblo.

Desgraciadamente, muchos ciudadanos piensan por lo que algunas de estas personas dicen en estos programas. Es hasta cierto punto lógico cuando el canal informativo es siempre el mismo. Pero es que la cosa va hasta el extremo de que, aún siendo evidente la falsedad, se les presta incondicional y regocijado asentimiento. Algo pasa ahí, que hace posible ese pacto, sellado sin razones, comportamiento típico del que procede con pre-juicio,es decir, sin criba de la razón.

Sería bueno, no obstante, no confundir el cinismo de los que proceden a sabiendas de ocultar y mentir, con la acrítica receptividad de muchos televidentes. Es inevitable que, en nuestro interior personal, aniden las ideas, pautas y sentimientos que desde diversas instancias se nos fueron introyectando. No todos han dispuesto luego de medios y circunstancias adecuadas que les permitieran valorar ese contorno, despojándolo de elementos exagerados, unilaterales e incluso falsos.

Dicho esto, considero escandaloso y un atentado contra la salud pública esa mediocraciapolítica, en la que se mueven ciertos periodistas, como investidos para pontificar sobre todo. Distorsionan la realidad y no tienen como deber primario informar lealmente, es decir, sin pre-juicios, y alimentan el tanque de visiones obsesivamente partidistas y rencorosas. Esta mediocraciapolítica ha olvidado que su misión no es halagar ni dar alas a un poder político desnaturalizado, sino acompañarlo críticamente, con apertura de reales alternativas posibles.

La insolencia, además de estúpida, es antidemocrática, y arranca de profesar que tan solo tal o cual partido es vehículo de verdad y de soluciones. Insolencia que trastueca hechos básicos como son los de pensar que sólo la derecha define bien la realidad de España, sólo la derecha asume y respeta la religión, sólo la derecha garantiza los valores morales, sólo la derecha gobierna y legisla de acuerdo a la herencia cultural de la católica España; o, por el contario, que sólo la izquierda es sospechosa de todos los males.

Vamos a ser sinceros, en este pre-juicio se agita el fantasma de las dos Españas: la de que por ser español hay que ser de derechas (neoliberal), la de que por ser de derechas hay que ser católico y la de que por ser católico hay que rechazar toda izquierda (socialismo). Esta división dual pura, apriorística , es la que está en la base del pre-juicio. Por las venas de muchos españoles corren todavía los miedos de enfrentamientos seculares, vividos casi siempre entre tradición y avance, imperialismo políticoreligioso y proyecto social revolucionario, entre sociedad premoderna y sociedad abierta pluralista.

Los tiempos no están ya para guerras fratricidas. Hemos avanzado, pero renacen los fantasmas, porque hay quien los agita.

Los católicos estamos aprendiendo a sentir y demostrar que, no por ser españoles, debemos ser católicos y que no por no ser católico se deja de ser verdadero español. Confesamos que hemos coaccionado muchas veces hasta imponer la fe y hemos prostituido el Evangelio legitimando intereses de los más ricos y poderosos, callando ante la injusticia e induciendo a resignación al pueblo. Eso no es la Buena Nueva del Evangelio. Han pasado décadas donde ha quedado claro que la libertad religiosa es un derecho de toda persona: cada uno es libre de ser creyente o ateo. Una buena o mala convivencia no depende de ser creyente o ateo, sino de ser un mal creyente o un mal ateo.

Los no católicos y, entre ellos los que sean ateos, deben admitir que la religión católica en sí, tal como brota del Evangelio, no es alienante, ni es opresora, ni cómplice del precapitalismo, del capitalismo o de ninguna otra suerte de neoliberalismo, sino defensa y lugar nato de los más pobres: los preferidos y auténticos vicarios del Dios de Jesús. Eso explica precisamente que los mismos católicos podamos denunciar y combatir todo desvío eclesiástico en contra.

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FRENTE A LA GLOBALIZACIÓN ARMADA. FORO SOCIAL DE SEVILLA 2007

Ángel Villagrá

Éxodo 87 (ener.-febr.’07)
– Autor: Ángel Villagrá –
 
Por la disolución de la OTAN

Entre las distintas corrientes o frentes de lucha que los Movimientos antiglobalización vienen desarrollando en el mundo, hay dos que están arraigando en los países europeos de forma especial: el ‘frente ecologista’ de carácter crítico-radical, es decir, aquél que, superando el horizonte meramente ‘conservacionista’, pone el punto de mira en el modelo mismo de producción y consumo; y el ‘movimiento contra la guerra’ que ha pasado del rechazo puntual, frente a tal o cual guerra (conflicto de los Balcanes, guerras de Oriente Medio, Afganistán, Palestina, etc.), a entender que la naturaleza de las guerras de nuestro tiempo está inserta en la lógica misma de Globalización neoliberal. La violencia militar organizada, las invasiones, las guerras desatadas bajo el eufemismo de lucha contra el terrorismo, son la expresión más brutal de un mismo, único y complejo proceso, el de la dominación neocolonial de los países imperialistas del Norte sobre los empobrecidos pueblos del Sur, es decir, el de la globalización capitalista. De ahí que los analistas más comprometidos hayan comenzado ya a caracterizar el fenómeno como un proceso de ‘globalización armada’.

En esa dinámica hay protagonistas de distinto nivel; pero todos los actores navegan al son de la misma música. La OTAN pertenece al primer nivel de protagonismo. Junto con el Banco Mundial, el G8, la OMC, y el FMI, forma parte de una arquitectura institucional que diseña y ejecuta la militarización del mundo al servicio de una maquinaria de beneficio y expolio que tiene siempre los mismos beneficiarios y el mismo tipo de víctimas; es un poderoso instrumento militar al servicio de los intereses de las grandes potencias occidentales y, con ellas, de las empresas transnacionales que en ellas han florecido. La OTAN ejemplifica, a las claras, la brutalidad de la globalización capitalista neoliberal que somete, expolia y empobrece a los pueblos y destruye la naturaleza.

En efecto, si bien la OTAN fue concebida, allá en 1949, como una alianza defensiva contra la URSS, en el marco de la llamada guerra fría, lejos de disolverse tras la desaparición del Pacto de Varsovia, se fue ampliando gradualmente hasta más que duplicar hoy el número de los países miembros originales. En la actualidad, engloba ya a 26 países, incluidos algunos que anteriormente pertenecieron al Pacto de Varsovia, como Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia y otros en las antípodas del Atlántico Norte: Japón, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur y, próximamente, Israel. Del Atlántico Norte hasta el Pacífico Sur, cualquier zona del planeta puede ser objeto de su intervención.

Su evolución en los últimos quince años ha tenido consecuencias nefastas, a la vista de todos. Así, _ * la Alianza Atlántica se ha afincado en Europa como instrumento central de la lógica imperial de Estados Unidos, que la UE ha hecho propia, sirviendo, entre otras cosas, para asentar el proyecto de una Europa fortaleza y de mercaderes; _ * ha desarrollado múltiples operaciones de injerencia y agresión: en la guerra de Yugoslavia, donde ha llegado a emplear armas radiactivas, y en Somalia; en las actuales campañas de limpieza étnica en Afganistán y, secundariamente, en el propio Iraq. A la vez, es llamativo cómo no ha movido un solo dedo para defender los pisoteados derechos del pueblo palestino, aunque sólo fuera por razones humanitarias. Por el contrario, la OTAN no ha dudado en apuntalar las posiciones del Estado de Israel en ese espacio geográfico; _ * ha propiciado un escandaloso crecimiento del gasto militar, a nivel conjunto y en cada uno de los países miembros. El presupuesto OTAN (alrededor de 600.000 millones de dólares/año) supone el 70% del gasto militar mundial. Bajo esa influencia, en España, el gasto militar en 2007 alcanzará la cifra de 23.052,07 millones de euros (61 millones diarios), un 6% más que en 2006, lo que representa en términos presupuestarios 13 veces más que el gasto en Agricultura, 18 veces más que en Vivienda, 26 veces más que en Sanidad, 32 veces más que en Cultura. La investigación militar obtiene el doble de inversión pública que la investigación civil en las universidades, y 5 veces más que la investigación sanitaria; _ * ha contribuido significativamente al descrédito del sistema de Naciones Unidas, al menos desde que en su reunión de Washington, en 1999, decidió que «en adelante las acciones militares OTAN no tendrán por qué vincularse con resoluciones específicas del Consejo de Seguridad». Es decir, la OTAN decide dónde, cuándo y cómo interviene en el mundo, siguiendo instrucciones del Pentágono.

Por todo lo anterior, concluía el Manifiesto ciudadano de Sevilla, «sobran los motivos para reclamar la inmediata disolución de la OTAN y, con ella, el final de las guerras de agresión por ella acometidas al servicio de la globalización capitalista… y sobran razones para exigir que el Estado español abandone la Alianza Atlántica y que su gobierno proceda a denunciar los convenios de defensa hispano-norteamericanos y demande el desmantelamiento de las bases de utilización conjunta”.

La agenda de la Contracumbre

Siendo así las cosas, los movimientos de resistencia global no podían permanecer pasivos ante la cita de Sevilla donde los ministros de Defensa de los países OTAN anunciaban una cumbre para los días 8 y 9 de febrero, en la que se pretendía reforzar su presencia militar en Afganistán y diseñar nuevos frentes de intervención en un futuro próximo, especialmente Oriente Medio y África (Sudán).

Convencidos de que la OTAN es el brazo armado de la globalización capitalista, y de que sólo la rebelión de la ciudadanía puede detener esta locura imperialista, declaraban su veredicto en uno de sus comunicados: «Quienes estamos empeñados en crear condiciones para ese ‘Otro mundo posible’ que anhelamos, denunciamos en este final de 2006 lo mismo que ya afirmábamos en 1986: que la OTAN, lejos de las beatíficas misiones de paz que le atribuyen los gobiernos de turno, es una organización al servicio de la violencia y la inseguridad internacional, que actúa contra los derechos de los pueblos y frente a sus esfuerzos por vivir en paz, que sostiene un sistema socioeconómico de violencia global en el que unas minorías se aprovechan de los recursos de todo el planeta sumiendo en la miseria a la mayoría de la humanidad, que impide el tan deseado desarme nuclear y que es causa de la guerra global que nos amenaza».

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LEY DE DEPENDENCIA Y ESTADO DE BIENESTAR

Varios Autores

Éxodo 87 (ener.-febr.’07)
– Autor: Varios Autores –
 
JUNTO a la sanidad, la educación y las pensiones, la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia representa una novedad de enorme calado social porque se presenta con la pretensión de llegar a convertirse en cuarto pilar del estado de bienestar. Y esto merece, de entrada, no sólo una acogida favorable, sino también una mirada reflexiva o crítica.

EDITORIAL

PUNTO DE MIRA

- Las personas en estado de dependencia

ENTREVISTA

- Foro de vida independiente. Xiara. Asamblea Feminista de Madrid, Jesús Aguilar y Evaristo Villar

A FONDO

- Notas críticas a la nueva Ley de Dependencia, Paula Baeza y Amaia Pérez orozco – Consideraciones y propuestas para el avance real en derechos sociales. La postura del Foro de Vida Independiente, Miguel Ángel de Prada – La puesta en marcha de la Ley de dependencia. Posibilidades para la implantación de una nueva figura profesional, Mª Jesús Arriola y Usue Beloki

EN LA BRECHA

- Programa “envejecer en casa”, Elena Estevés – El Alzheimer, el mal del olvido, Mª Jesús Morala del Campo

ACTUALIDAD

- Frente a la globalización armada. Foro Social de Sevilla-2007, Ángel Villagrá – El pre-juicio en política, Benjamín Forcano – VII Foro Social Mundial. Luchas populares, alternativas populares, Evaristo Villar