Se me ha preguntado por la relación entre ética y democracia, pero aquí hay que hacer algunas puntualizaciones. A mi entender, si una democracia está en estado de derecho, sometida al imperio de la Ley, el único imperativo ético a considerar debiera ser el que Kant expresó diciendo “nadie me puede obligar a ser feliz a su modo”. Quizás sea conveniente citar el texto completo:

“Nadie me puede obligar a ser feliz a su manera (tal como él se imagina el bienestar de otros hombres), sino que es lícito a cada uno buscar su felicidad por el camino que mejor le parezca, siempre y cuando no cause perjuicio [Abbruch] a la libertad de los demás para pretender un fin semejante, la cual libertad puede coexistir con la libertad de todos y cada uno según una posible ley universal (esto es, coexistir con ese derecho del otro.” (Teoría y praxis, 1793 / VIII, 289)

Esta definición de libertad de Kant, aparentemente tan “individualista”, tiene que ser compatible, por supuesto, con otra definición que el mismo autor nos apunta en Hacia la Paz perpetua: “la facultad de no obedecer ninguna ley exterior sino en tanto en cuanto he podido darle mi consentimiento”. Aquí el acento se pone, como vemos, en la copertenencia entre libertad y participación política en la legislación. Se puede decir que todo este horizonte de problemas puede resumirse en el siguiente texto de El conflicto de las facultades, en el que Kant condensa lo que podríamos llamar el “ideal republicano”:

“La idea de una constitución concordante con el derecho natural de los hombres, a saber, que quienes deben obedecer a la ley también deben ser al mismo tiempo, unidos, los legisladores, subyace a todas las formas políticas y la comunidad política acorde con ella, que pensada por conceptos racionales puros se llama ideal platónico (respublica noumenon), no es una vacía fantasmagoría sino la norma eterna para toda constitución civil”. (Streit, VII, 90-91)

Creo, en efecto, que en cualquier intento de conferir a la ética un mayor protagonismo en la constitución de la democracia –por encima de lo que nos señalan estos textos de Kant–, se escondería siempre una concesión más o menos larvada a alguna suerte de principio despótico. La ética no debe inmiscuirse en la política más que en el sentido de que la república debe garantizar algo así como una gramática para la libertad, de tal modo que, en efecto, nadie puede obligar a nadie a ser feliz a su manera. Lo cual implica, por supuesto, que nadie debe ser feliz de manera que comprometa el modo de ser feliz de los demás. Por poner un ejemplo, los hombres no tienen derecho a ser felices diciendo de paso a las mujeres como deben ser felices ellas.

Ahora bien, el problema, como suele ocurrir en tantos casos, se complica si traemos a colación algunos textos de Marx, es decir, si descendemos al asunto de nuestra “democracia real” (en el mismo sentido, me refiero, al que se hablaba de “socialismo real” en contraposición a los bellos ideales que se barajaban en la obra de los autores socialistas). Porque, entonces, nos encontramos con una realidad que no ha sido mencionada: el capitalismo. La pregunta es, ahora, qué posibilidades de realización tiene este “ideal republicano” que hemos mencionado en condiciones capitalistas de producción. El problema es sumamente grave, porque el liberalismo político que acabamos de delinear más arriba, resulta ser muy difícil de articular con lo que se llama liberalismo económico (y actualmente, neoliberalismo). Podemos resumir el dilema con una famosa frase de Eduardo Galeano, referida a la historia liberal del siglo xx: “para dar libertad al dinero, en Latinoamérica, las dictaduras encarcelan a la gente”. Lo que nos hace pensar que, en una estricta coherencia con el pensamiento republicano, para dar libertad a la gente, es preciso encarcelar al dinero, mediante una vigilancia exhaustiva y una legislación implacable.

La dificultad fundamental reside en el hecho de que el aludido “ideal republicano” se levanta sobre el presupuesto de un “imperio de la ley” establecido por procedimientos políticos (y además democráticos). El problema es que, según demuestra la obra de Marx –y según constatamos a diario en los periódicos–, bajo condiciones capitalistas, el poder político está siempre enteramente secuestrado por un metabolismo económico inmensamente más poderoso.

Y en estas condiciones, la cuestión ya no puede ser “ética y democracia”, sino “ética y democracia en condiciones capitalistas”. Hay un libro eminentemente clásico sobre este asunto, escrito por Max Weber en 1905, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y hay un libro más actual sumamente interesante sobre el mismo tema: El nuevo espíritu del capitalismo, de Ève Chiapello y Luc Boltanski (Akal, 2002). Sin embargo, en esta ocasión, prefiero referirme a una excelente novela recién publicada que, para el caso que nos ocupa, no puede ser más pertinente. Me refiero a la novela Made in Spain, de Javier Mestre (Caballo de Troya, 2014), de la que ya publiqué en su momento una reseña, de la que repetiré ahora algunos argumentos.

La novela de Javier Mestre tiene un argumento sumamente sencillo: un joven porrero –apodado el Búho– que se ha quedado “colgao” a vivir en Chaouen (Marruecos), recibe noticia, de pronto, de que sus padres han muerto en un accidente de coche y que él es el heredero de su fábrica de zapatos en Alicante. La aventura a continuación es simple: el Búho intenta dirigir la fábrica sin dejar de ser buena persona y sin olvidar que vive en España, es decir, un Estado de derecho y una democracia. Lo que ocurre a continuación es sumamente instructivo para el tema que nos ocupa en este artículo.

Para entenderlo es muy oportuno que traigamos a la memoria un conocido pasaje del prefacio al Libro I de El Capital. Es un texto muy conocido: Marx nos dice que si bien es cierto que en su obra no ha podido morderse la lengua (de modo que no ha pintado precisamente de rosa al capitalista y al terrateniente), en realidad, la cosa no iba de eso. El capitalista y el terrateniente, en El capital, no interesan en tanto que personas (buenas o malas), sino en tanto que personificación de categorías económicas. No se trata de responsabilizar a los capitalistas por lo que hacen y deciden, sino de responsabilizar a todo un sistema de producción respecto al cual, nos dice Marx, ellos no son sino criaturas.

Made in Spain es como si hubiera querido comprobar qué significa esto humanamente hablando. Al frente de su fábrica, el Búho se resiste a personificar las categorías económicas correspondientes. Javier Mestre parece limitarse a esperar a ver qué pasa. Y no hay que esperar mucho. La conclusión es, en realidad, estremecedora. La cosa se puede resumir en una línea: no hay manera de ser una buena persona en un mundo como este. La ética del siglo xx y xxi debería haber reflexionado mucho sobre semejante problema. Pero, por lo visto, estuvo muy ocupada en otras cosas, sobre todo dándole vueltas y más vueltas al insondable misterio del dilema del prisionero: “si todo el mundo se comporta como un miserable villano, puede ocurrir, sorpresivamente, que, sin embargo, el resultado no sea el mejor de los posibles”, lo cual, al parecer, contradice las expectativas levantadas por la mano invisible de Adam Smith. Otros intentaban comprender a Derrida, descubrían el rostro del otro leyendo a Lévinas o leían a Rorty a ver si así comprendían porqué Vargas Llosa tenía razón.

En otros sitios –incluso en esta misma revista– he insistido ya en que, en la segunda mitad del siglo xx, tan sólo la Teología de la Liberación aceptó pensar en la gravedad del problema ético de nuestro tiempo, acertando con el concepto de “pecado estructural”.

Podemos intentar resumir este otro dilema, mucho más interesante que el del prisionero. Hay que comenzar reparando en que el capitalismo no se puede explicar por la maldad de sus protagonistas. Y lo que no es sino la otra cara de la moneda: desdichadamente, tampoco se puede remediar con la bondad de los protagonistas. No es sumando millones de microscópicas maldades humanas como se constituye la maldad del capitalismo. La cosa es grave, porque, en suma, se está diciendo con ello que en este mundo capitalista la mayor parte de los problemas que afectan a la vida de los seres humanos no tienen solución moral. Como veremos –y como supo muy bien hacer ver la Teología de la Liberación– eso no quiere decir que la moral no tenga aquí nada que decir. Sí tiene mucho que decir, pero en un sentido bastante inesperado. Tan difícil, que, en verdad, podría decirse que el problema aún está esperando su Crítica de la razón práctica. Para eso, me temo que habrá que esperar bastante, porque no veo yo mucha voluntad. Sin embargo, la novela de la que hablamos, Made in Spain, ilustra bien el tipo de problema al que me estoy refiriendo.

El capitalismo no deja a los hombres la opción de ser buenas personas. Tampoco es que las haga especialmente malas. Quien sí entendió esto perfectamente fue Bertolt Bretch. “Eres un buen tío –decía–, por eso te vamos a fusilar en un buen paredón, con unas buenas balas”. Podemos citar el poema completo:

Algunas preguntas para un “hombre bueno”

Bueno, pero ¿para qué?

Dices que no eres sobornable,

pero el rayo que cae sobre la casa tampoco es sobornable.

De lo que una vez has dicho no te retractas.

Pero, ¿qué has dicho?

Dices que eres honesto, que lo que piensas lo dices.

Pero, ¿qué piensas?

Que eres valiente. ¿Contra quién?

Que eres sabio. ¿Para quién?

No te preocupa tu beneficio personal.

¿El de quién entonces?

Que eres un buen amigo. ¿De buena gente?

Entonces escucha: sabemos que eres nuestro enemigo.

Por eso ahora vamos a mandarte al paredón.

Pero teniendo en cuenta tus méritos y tus buenas cualidades,

será un buen paredón, y te dispararemos

con buenas balas de buenos fusiles

y te enterraremos con una buena pala en una buena tierra.

La ironía de Marx en El Capital también es demoledora en este sentido. En principio, nos dice, el capitalista, en tanto que personificación de categorías económicas, se dice a sí mismo: “mi disfrute es un robo a mi función”. En efecto, el ciclo capitalista no es sólo D-M-D’. Al día siguiente, el capitalista no puede sencillamente haberse fundido en lujos la diferencia entre D’ y D, porque, en ese caso, tendría que abrir la fabrica en la misma situación que el día anterior: D-M-D’. Pero eso no es lo que está haciendo su competencia. Ellos, más austeros y recatados, han reinvertido todo lo que han ganado: D’-M-D”, y al día siguiente, harán la misma jugada: D”-M-D”’. Así, pues, se pueden diferenciar dos tipos de capitalistas, los católicos y los protestantes. De eso es de lo que trataba, por supuesto, el famoso libro de Max Weber que antes hemos citado. Los católicos se lo funden todo en orgías, yates y cocaína. Luego se confiesan y ya está. Eso les vale para ir al cielo de todos modos, pero su empresa está perdida, porque, mientras tanto, los protestantes y los calvinistas, que no pueden confesarse, reinvierten todo lo que ganan y viven pobres como ratas. Un capitalista que no invierte hoy más que ayer pero menos que mañana es un capitalista sentenciado. La economía crece, y si tu empresa no crece, porque te lo fundes todo en lujos, la suerte está echada.

¿Seguro? No tanto, nos explica Marx. Al final, este Weber de manual no es tan definitivo. En realidad, el capitalista protestante está haciendo la siguiente jugada:

D-M-D’

D’-M-D”

D”-M-D”’

etc.

Pero, el capitalista “católico”, no está haciendo lo que antes dijimos, sino más bien esto:

D-M-D’

D”’-M-D””

D””’-M-D”””’

etc.

¿Y cómo lo logra, si se lo gasta todo en lujos? Muy sencillo, como es católico, se dedica a hacer fiestas y a invitar banqueros. Les hincha a cocaína y prostitutas, y luego les pide un crédito. Así consigue buenas amistades, montando una casta social de lujos, distinción y buenas relaciones. De vez en cuando se confiesa y todo arreglado.

El capitalismo no puede vivir sin créditos. Pero no te dan créditos si eres pobre como una rata, si no juegas al golf con tus compinches, si no invitas a buenas cenas en un buen palacio. Hay que ser un poco católico para acceder a líneas de crédito, hay que poder dejar un buen coche aparcado a la puerta del banco. Así pues, nos viene a decir Marx, el capitalista disfruta de su riqueza en tanto que personificación de ciertas categorías económicas: el lujo, el derroche, el placer y la ostentación, son parte de su función. Las reuniones importantes, los capitalistas las hacen en los campos de golf. Si eres un capitalista protestante, austero y ascético como un monje de clausura, te quedas fuera de juego.

Si esto es así respecto al disfrute de la plusvalía, no digamos ya respecto a su producción. Por lo mismo que los pobres capitalistas se sacrifican jugando al golf por el bien de su empresa, también es por el bien de su empresa que a veces tienen que sacrificar y mutilar el bienestar de sus trabajadores. No les pagan poco por tacañería, sino por su bien. Esto no es una ironía. Hay que tener en cuenta que un empresario que no explote máximamente a sus trabajadores no les está haciendo precisamente ningún favor. Quizás parezca que los beneficia hoy o mañana, pero no pasado mañana o al otro. Mientras él se hace el generoso con sus empleados, sus competidores están economizando costes y reinvirtiendo beneficios. Será cuestión de tiempo que sus productos no puedan competir en el mercado. Al final, su empresa quebrará y sus trabajadores, además, no le estarán agradecidos. Tendrá que hacer un ERE o cerrar. Los obreros quedarán en paro, su vida será una tragedia. Y todo por culpa de un empresario bienintencionado que intentó ser justo.

“Si mato de hambre a mis perros no es por crueldad, es que si los alimentara, me arruinarían el negocio”, dice un emprendedor meritorio en una novela de Bretch. Los capitalistas no son malas personas por maldad –aunque es cierto que acaban cogiéndole gusto–, sino porque es parte de su función. Es su manera de hacer bien su trabajo. Igual que la hilandera tiene que prestar atención a su trabajo y procurar que no se le parta el hilo o se le enrede la madeja, el capitalista tiene que bajar los salarios, endurecer las condiciones, intensificar el ritmo de trabajo. Será la única forma de que su empresa prospere y de que esa prosperidad brinde puestos de trabajo a una población que sin su concurso se pudriría en el paro.

El Búho, el protagonista de la novela Made in Spain, hace un experimento, por lo tanto, muy irresponsable: intenta ser responsable, cumplir la ley, ser justo, incluso ser buena persona. Como se verá, el resultado no es bueno para nadie. Al final, todos tienen que prestarle un poco de maldad y un poco de injusticia para que su empresa pueda seguir adelante y evitar así una tragedia humana irreversible. Si la novela no termina en el arroyo es porque el Búho se retira a tiempo con todas sus buenas intenciones.

La misma encrucijada que marca la vida del capitalista, marca, en realidad, la vida del obrero. Los asalariados dependen a vida o muerte de la suerte de su empresa. Y saben que las empresas dependen a vida o muerte de la buena salud de eso que los periódicos llaman “la economía”, los mercados, el IBEX 35, la prima de riesgo… Ellos no están muy seguros de que una subida de sueldo sea buena para la prima de riesgo o los mercados. Pero sí saben muy bien por experiencia que si a los mercados les va mal, a ellos les va peor. Así, pues, votan a los que saben gestionar bien esas cosas complicadas, no a cualquier Búho colgao que prometa hacerles un favor.

El asunto, por tanto, comienza por la ética, pero termina por la democracia. Pues el problema es que la democracia no tiene mucho sentido sobre un trasfondo ético en el que ya no hay manera de distinguir entre el bien y el mal. La población vota al PP o al PSOE porque reconoce ahí dos estilos de hacer lo mismo: beneficiar a los que tienen la sartén por el mango. Ojalá se tratara de luchas de clases –vienen a decir–, ojalá se tratara de que lo que pierde el capital lo gana el obrero. No es así: si a los capitalistas les va mal, es peor aún. Aquí no hay ningún Robin Hood que robe a los ricos y se lo entregue a los pobres. Si los pobres se ponen tontos, los capitalistas deslocalizan la empresa o quiebran. Eso no es bueno para nadie. En las negociaciones sindicales, por eso mismo, los obreros se suelen cuidar mucho de pedir la luna; más bien, proponen bajarse el sueldo a sí mismos, despedirse por turnos, dejar de cobrar las horas extras, cualquier cosa con tal de que no cierre la empresa o tenga que optar por la deslocalización. Al final es verdad: una empresa es una gran familia. Si al cabeza de familia le va mal, todo se va a pique.

Esto ni es una ironía de marxista, ni es un delirio de empresarios con cara de cemento. Es la cruda realidad y punto. Se llama capitalismo. Los empresarios saben lo que dicen y no bromean cuando dicen eso de que aquí estamos todos en el mismo barco. Ya hemos visto que ellos tampoco son los dueños todopoderosos. Son criaturas del capital, personificación de categorías económicas. El capitalismo no es menos inflexible con ellos que con el último de sus obreros. En lugar, por tanto, de la lucha de clases, es muy humano pensar que a cualquier empleado le conviene arrimar el hombro y procurar que la empresa prospere. Si en la Edad Media preguntas a los trabajadores de una cantera qué hacen, contestarán que picar piedra. En nuestros tiempos contestarán con orgullo que están construyendo una catedral. Así, pues, los ricos son ricos porque lo exige su función, y los pobres son pobres por el bien de su empresa. Lo peor, en cualquier caso, es que no haya empresa. Esto es una familia y a cada cual le corresponde ocupar su lugar.

El lado oscuro de todo este asunto es que una familia es lo contrario de una sociedad. Al menos lo contrario de una república de ciudadanos. De esos maravillosos textos de Kant de los que hemos partido, por lo tanto, no queda nada de nada. Los ciudadanos se definen por la libertad, la igualdad y la fraternidad. Lo de la fraternidad tiene que ver, precisamente, con eso de no depender de nadie para existir, con eso de no depender de un amo, de un padre, de un marido, de un señor. Una república no tiene nada que ver con una gran familia. En este sentido, el capitalismo tiene algo de paradójico y de ridículo. Sin duda que potencia un progreso técnico muy poderoso. Pero, al mismo tiempo, supone un retroceso antropológico a un tiempo prerrepublicano, en el que la ley de familia se impone sobre cualquier otra consideración. Esto, naturalmente, desemboca en una infantilización inédita de la población. En verdad, nunca la población ha sido tan menor de edad como bajo el capitalismo. Nunca ha tenido de forma tan general hipotecada su vida a la voluntad de otro, de un otro que ahora ya no es un padre o un señor, sino una instancia anónima y caprichosa que habla todos los días de forma imprevisible a través de las subidas y bajadas de la Bolsa. Nunca los dioses estuvieron tan locos.

El famoso antihumanismo de Althusser, tan denostado dentro y fuera del marxismo, tenía mucho que ver con este asunto. No era Althusser quien era antihumanista, sino el capital. La cuestión radicaba en la siguiente constatación: es inútil intentar encontrar las leyes económicas del capitalismo interrogando a la naturaleza humana. El capitalismo es una realidad práctica tozudamente antihumanista. Darle vueltas a los instintos humanos –el egoísmo, la ambición, la racionalidad instrumental, etc.– es la peor manera de apresar las leyes del capital. Había que tomar la decisión teórica de poner al hombre entre paréntesis, precisamente para comprender el sobrecogedor paréntesis “práctico” con el que el capitalismo encierra al ser humano. Por eso, decía Althusser, había que ser antihumanista teórico. Eso no tenía nada que ver con ninguna suerte de antihumanismo práctico.

Lo que demuestra la historia del Búho es que este mundo no tiene una solución moral. Al capitalista –por decirlo en resumen– le queda poco margen de juego entre el catolicismo y el protestantismo. Tiene que ser protestante para acumular y católico para conseguir créditos. Pero la enseñanza inquietante es que este mundo tampoco tiene una solución política que no esté dispuesta a cambiar el tablero de juego. Esto del tablero es una buena metáfora que ya he utilizado otras veces. No se puede intentar ganar al parchís en el tablero del ajedrez. Hay veces que no basta con ganar o perder. Hay veces que no hay más remedio que cambiar de juego. Con el capitalismo pasa eso. El problema no es quién gana cada partida, sino el juego al que se está jugando. Lo malo no es perder, lo malo es jugar, porque el juego mismo es un juego nefasto. Entre otras cosas, es nefasto porque, para algunos, para la mayor parte de la población, perder es lo menos malo que puede pasarles.

El que la cosa no tenga solución moral, no quiere decir que no sea una cuestión moral. Lo que significa, más bien, es que la moral y la política se mezclan. Hemos dicho antes, parafraseando a Marx un poco en broma, que los capitalistas no son responsables de lo que hacen en tanto que capitalistas. Pero sí son responsables de querer el capitalismo. Los trabajadores son sensatos, sin duda, al apretarse el cinturón por el bien de su empresa. Es sensato dentro de un juego insensato. Una vez que estás en el juego, las cartas están echadas, no hay tiempo ni espacio para inoportunos escrúpulos morales. Pero sí hay una cuestión moral sobrevolando el tablero de juego: la de elegir que el juego sea ese cuando podría, sin duda, ser otro bien distinto.

Se trata de una cuestión moral o política, ahora es difícil hacer esa distinción. No hablamos ya de la responsabilidad del empresario, que puede ser un buen o un mal empresario y una buena o mala persona. Lo que demuestra Made in Spain es que es muy difícil saber lo que es un buen o un mal empresario y, lo que es peor, que es muy difícil saber lo que es una buena persona cuando eres empresario. El Búho es una buena persona, intenta ser un buen empresario. Resulta ser un empresario fatal. Y es muy difícil distinguir si es “fatal” en un sentido moral o económico, porque un empresario que arruina económicamente su empresa por escrúpulos morales, no es exactamente lo que consideraríamos una buena persona, pues alguna responsabilidad moral tendrá respecto al desastre humano generado por sus buenas intenciones. Estamos, por tanto, hablando de una cosa bien distinta. Se trata de un tipo de responsabilidad moral que nos obliga a pensar en algo así como el mundo inteligible platónico. No es ya que los capitalistas, los banqueros o los trabajadores pueden ser más o menos buenas personas. Se trata de preguntarnos qué responsabilidad moral y política tenemos con “aquello que hace banquero al banquero”, “obrero al obrero”, “capital al capital”. Eso es lo que Platón, en efecto, llamó eîdos. “Aquello en lo que consiste un caballo” no es ningún caballo. Se puede galopar mejor o peor sobre un caballo, alimentar mejor o peor a los caballos. Pero no se puede galopar sobre “aquello en lo que consiste ser caballo”. Y no está muy claro qué significaría alimentar mejor o peor “aquello en lo que consiste ser caballo”, es decir, “aquello que hace caballo al caballo”. El problema es que, respecto a cosas históricas tales como el capitalismo, el problema no radica (aunque también, sin duda) en lo que hacen los capitalistas mejor o peor, sino en la estructura que hace capitalista al capitalista (en el eîdos capitalista, diría Platón.

En suma, se trata de pensar nuestra responsabilidad respecto a las estructuras. Las estructuras no son personas. Pero afectan a la vida de las personas mucho más que las buenas o malas intenciones personales. Vivimos en un mundo en el que las estructuras son mucho peores que las personas. Las estructuras matan con mucha más eficacia que las personas. Y en un mundo en el que las estructuras son de una inmoralidad omnipresente, la moralidad personal se infecta con todo tipo de paradojas. Lo resumía en una sola frase en un viejo artículo sobre el tema: “en un mundo en el que las estructuras violan los mandamientos con una eficacia colosal e ininterrumpida, es inmoral limitarse a respetar los mandamientos… y las estructuras” (El Viejo Topo, nº251: “Los diez mandamientos del siglo xxi”).

Hay que preguntarse qué significa este problema moralmente. Es difícil de explicar en pocas palabras, pero el problema está sobre la mesa desde los tiempos de Platón. Sería muy sencillo que todo residiese en luchar contra la corrupción de los banqueros, por ejemplo. Una cosa es que los banqueros sean malos y otra muy distinta plantear que lo malo es que los banqueros sean banqueros. No se lucha de la misma forma contra una cosa y contra otra. Las estrategias políticas son muy distintas y las implicaciones morales muy diferentes.

Así, pues, hemos comenzado explicando que la cuestión ética respecto a la democracia es tan sencilla que se resuelve en lo que podríamos llamar una república en estado de derecho. Sin embargo, vemos que la cuestión ética en una democracia capitalista se convierte en un verdadero avispero. En determinadas condiciones, al parecer, ser honrado es algo fatal y ser un villano es algo bueno para el pueblo que te vota. Haría falta un nuevo Moisés o un nuevo Jesucristo para aclarar el problema. Aunque algunos no vamos a esperar a eso.

Introducción

Sobre la democracia de mínimos que vivimos en este país, cada vez más enferma (sólo hay que observar la legislación más reciente), se cierne casi desde su nacimiento en 1978, una sombra negra, extensa y pesada, que no somos capaces de despejar: la sombra de la Jerarquía Católica. Su larga mano planea, en indisoluble imbricación con los poderes del Estado, sobre casi todas las políticas socialmente relevantes: educación, finanzas, asuntos de índole moral, costumbres, legislación social…, etc., es decir, sobre la vida de las personas, los usos y costumbres. Todo al amparo de unos Acuerdos del Estado Español con la Santa Sede que colisionan con nuestro ordenamiento constitucional y ponen en entredicho la misma la soberanía nacional.

Muchos ciudadanos, entre ellos los Cristianos y Cristianas de Base, pero no solo, venimos clamando desde hace tiempo por un Estado laico en el que toda la ciudadanía pueda reconocerse, un Estado que sepa legislar para todos, con respeto absoluto de la libertad de conciencia y de pensamiento de cada uno. Y ello, por principios estrictamente democráticos. Porque tenemos claro que si bien un Estado laico no supone por sí mismo la existencia de una democracia de base plena, sí estamos convencidos de que no es posible ninguna democracia real sin la consolidación social y política de la laicidad, sin sustrato común respetado, sin igualdad ante la ley, sin que sean igualmente reconocidos todos los modos de pensar y sentir.

En este marco, en las páginas que siguen se abordan las relaciones que vinculan el concepto de democracia con el de laicidad, desde cuatro perspectivas diferentes: a) qué entendemos por democracia subversiva o democracia radical; b) cómo y por qué lo laico es lo común, y una sociedad laica es aquella que no discrimina ni privilegia a nadie; c) algunas imágenes de nuestra realidad que ponen de manifiesto cómo la falta de laicidad tiene graves consecuencias que impiden la libertad y la igualdad; y d) qué caminos han de abrirse ya si queremos avanzar decididamente hacia esa democracia en la que creemos que no será posible sin una sociedad laica. Con ello queremos contribuir, en lo posible, a enriquecer ese pensamiento crítico necesario que pueda actuar como motor del cambio social cultural y político. Los cuatro abordajes que se presentan confluyen en una misma conclusión, ya adelantada en el título: Sin laicidad no hay democracia.

Una democracia subversiva

La democracia liberal o representativa ya no sirve para organizar la convivencia social, porque la idea de democracia entendida como “el poder del pueblo” se ha ido desvirtuando radicalmente a causa de su trágica asociación con el liberalismo. En efecto, la praxis política de los Estados basados en la democracia liberal ha puesto en entredicho el propio concepto de democracia, porque nunca se han planteado la necesidad de afrontar el principal problema de la política, que es el hecho de la dominación de las mayorías sociales por una minoría que acapara todo el poder en su propio beneficio. Inserta en un modelo socioeconómico que estratifica a la sociedad, genera clases sociales antagónicas, e impone que unos tengan la capacidad de explotar a otros y puedan imponerles su propia voluntad, el ideal de la democracia queda en entredicho o, simplemente, queda anulado.

En la democracia liberal, el “poder del pueblo” ha venido a reducirse a la emisión de un voto que, de un lado se mercantiliza progresivamente y, de otro, es entregado a partidos políticos que, además de privar al ciudadano de cualquier tipo de control posterior, se van desplazando precisamente para defender, unos y otros, las teorías del libre mercado. Da igual si se llaman socialdemócratas, liberales o demócrata cristianos; al fin y al cabo la democracia liberal hace que unos y otros acaben defendiendo los mismos intereses, los del capital.

Afincadas en ese modelo de democracia liberal, las sociedades occidentales apenas han conseguido avanzar en términos de justicia social, en paliar las graves desigualdades o en eliminar la pobreza de amplias capas de la población. Tan solo oscilan los porcentajes de esa pobreza real: el 10%, en los países escandinavos, y entre el 20 y el 30% en la UE y EEUU. Pero las relaciones de dominación persisten e, incluso, se agravan.

Siguiendo esa dinámica, el poder ha venido a ser usurpado por nuevas corporaciones nunca elegidas por los ciudadanos: bancos, empresas transnacionales, instituciones financieras…, etc., monstruos económicos que llegan incluso a suplantar a los Estados, reducidos con frecuencia a meros gestores de sus intereses.

El vaciamiento de la democracia ha sido completo. Su filosofía originaria ha quedado reducida al voto (fácilmente manipulable), a la representación política sin control y a la ideología liberal. El capitalismo ha pervertido el significado real de democracia, contradiciendo sus presupuestos originales. Quien decide ya no es el pueblo consciente, sino una masa alienada en el consumo. Y ello, dentro de los márgenes que permiten los centros de poder económico y financiero.

Estos rasgos son particularmente evidentes en tiempos de crisis. Nunca como ahora la subordinación de los intereses colectivos a una minoría privilegiada fue tan extrema, nunca el capital gozó de tanta facilidad para socializar pérdidas y privatizar beneficios. La voluntad popular ha sido anulada y la democracia despreciada sin remilgos. En estas coyunturas se evidencia mejor aún que capitalismo y democracia son incompatibles.

Frente a esta situación, en los países liberales están emergiendo en las últimas décadas dos tipos de respuestas: de un lado, una oleada de desafección ante la vida pública (ya no votan cerca del 50% de los ciudadanos censados); de otro, la indignación y rebeldía de los sectores más concienciados que no admiten el engaño de que solo sea posible participar en la esfera política a través de un voto tan estéril.

Apostamos por esa rebeldía. Porque creemos que en una sociedad democrática las personas son más libres e iguales que en cualquier otro modelo de convivencia social, necesitamos regenerar la democracia, radicalizarla, reinventarla si es preciso. Nadie puede ahogar las profundas aspiraciones humanas a la felicidad, por el camino de los derechos igualitarios, de la libertad, de la participación en lo común, de la solidaridad y la convivencia pacífica.

Es necesario y urgente acercar a la calle la esfera de la política, convertir los parlamentos en una gran caja de resonancia de la opinión pública; airear todas las cuestiones que interesan al común, sin tabúes ni vetos; someter a votación lo que en cada ámbito importa para que la vida de todos sea cada día más digna.

La democracia no será tal si no incorpora mecanismos de participación directa, si no supera la miseria del actual modelo liberal-representativo para convertirse en una hoja de ruta participativa de toda la ciudadanía, y si no derriba los muros, hasta hoy infranqueables, del espacio donde se toman las decisiones económicas, financieras, laborales o culturales. Para la democracia no puede haber áreas tabú, al margen de la voluntad popular.

Para avanzar en ese empoderamiento popular, es decir, para reconstruir la democracia como “el poder del pueblo”, y superar las dictaduras ataviadas con fachadas parlamentarias, necesitamos apostar fuerte en tres grandes frentes complementarios y paralelos:

1. a) Liberarla del secuestro del capitalismo, afrontando profundas transformaciones en el sistema económico capaces de subvertir las relaciones de dominación, y trastocando el sistema político para que las leyes puedan someter a los poderes económicos;
2. b) Abrir un proceso constituyente y reescribir una nueva Constitución que haga compatible la democracia representativa con la democracia participativa, sabiendo que ésta última ha de tener prioridad sobre cualquier forma de delegación del poder.
3. c) Establecer la laicidad como régimen de convivencia que restablezca el axioma democrático de que el poder radica en la soberanía popular y no en instancias superiores o ajenas al pueblo. Sobre los principios básicos de esa laicidad –libertad de conciencia, igualdad de derechos, y preeminencia del bien común en toda actuación del Estado– habrán de levantarse los cimientos de la democracia.

El fracaso de la democracia liberal ha dado paso a un tiempo nuevo, de construcción de una democracia más auténtica y genuina, una democracia realmente subversiva, en el sentido aportado por N. Bobbio: «…La democracia es subversiva en el sentido más radical de la palabra, porque, allí donde florece, subvierte la concepción tradicional del poder, la que asume que el poder –ya sea político o económico, paternal o sacerdotal– desciende siempre de lo alto.» Es necesario y urgente avanzar en esa tarea.

La laicidad configura la democracia

El término “laicidad” viene del griego laos, que significa pueblo, es casi sinónima de la otra palabra griega para decir pueblo, demos, de donde viene nuestra demo-cracia. Un Estado democrático es un estado regido por el poder popular. En rigor no se puede decir que una sociedad sea laica o deje de serlo. La sociedad es un mosaico de individuos y de pueblos, de comunidades diferentes en sus creencias y convicciones, de personas que pueden ser confesionales o no; unos y otras siempre como particulares, nunca como públicas.

Pero sí podemos afirmar que la mayoría de hombres y mujeres que conforman la sociedad española se va caracterizando por la independencia y autonomía de cualquier tutela religiosa. Es decir, se trata de construir la Historia sin acudir a la religión. Queremos una sociedad que sea de verdad independiente de toda tutela religiosa, pero no contraria a la religión. La laicidad respeta profundamente el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de libre creencia

La sociedad vive hoy cambios muy profundos y seguimos viviendo un proceso de secularización que es imparable. Es decir, podemos afirmar que una sociedad en su conjunto es laica si está regida por el pueblo y no por otros poderes, por sagrados que se les consideren; no por la “jerarquía”, que en griego significa eso “poder sagrado”. Desde luego, no por las jerarquías eclesiásticas, pero tampoco por las jerarquías políticas, ni económicas.

Laos y demos son en griego palabras equivalentes; pero, demos adquiere el significado de gente reunida, y laos se refiere a un lugar, un territorio. Laicidad quiere decir, por tanto, que un Estado es laico, cuando las personas reunidas en un mismo territorio son regidas por el poder popular, por la soberanía popular, por el mismo pueblo; no por poderes jerárquicos, sean de la índole que sean. La jerarquía es lo más contrario que hay a la democracia.

El capitalismo refuerza las sociedades jerárquicas, por lo que la igualdad siempre está subordinada a la libertad individual. Además, por medio del desarrollo se ha llegado a una naturalización directa de la desigualdad donde los de abajo son vistos como inferiores.

Un estado es laico cuando es completamente neutral en materias religiosas, es decir, cuando las grandes decisiones políticas, o económicas y culturales, las toma el Estado al margen de toda injerencia religiosa. Laicidad y democracia deben ir siempre juntas. En una sociedad democrática ninguna persona es más sagrada que otra. La laicidad no es antirreligiosa, ni es contraria a la religión, sí es anticonfesional.

Lo laico es lo común lo que nos iguala a todos y a todas por nuestros orígenes más radicales, no por lo sagrado de la religión. Un estado sin jerarquías religiosas, y también sin el predominio de unas clases sociales sobre otras. Una sociedad laica de verdad no puede tener como dioses a esos ídolos del dinero y de la propiedad privada, tiene que ser ajena a toda religión que adore a cualquier dios. Donde no hay una clara separación entre religión y estado, se llega a manipulaciones inconcebibles de religión.

Una sociedad laica requiere también un parlamento laico; es decir, un parlamento donde los partidos que debaten en él las decisiones legislativas, se consideran a sí mismos sencillamente como “partidos”, es decir, como lo que son, como partes de la sociedad, no como “iglesias”, es decir, como portadores de valores más o menos absolutos. El único eje vertebrador de la sociedad laica son los Derechos Humanos. Es el fundamento ético mínimo que tiene un Estado laico para configurar la convivencia ciudadana.

Lo laico es lo más universal, es lo propio de todo ser humano, en lo que coincidimos todos y todas, lo que nos hace iguales, es lo que se refiere al pueblo, a lo más popular de la sociedad. Por eso, la sociedad que se estructura como laica rechaza todo privilegio que no es cosa de todos y todas, que va en contra de la igualdad, porque hace referencia solamente a unos pocos.

La laicidad es un elemento definitivo para configurar un Estado democrático. Sin laicidad no hay democracia. Si por democracia se entiende el gobierno del pueblo, contando siempre con el mismo pueblo. Y el pueblo lo forman esa mayoría de hombres y mujeres que pertenecen a una clase social de trabajadores y trabajadoras, de personas situadas en la base social más amplia. Hombres y mujeres que exigen el reconocimiento de derechos básicos de todo ser humano, como son el derecho al trabajo, a la vivienda, a la alimentación, a la salud y a la cultura. En realidad, nos preocupa que ya no sea la soberanía popular la que gobierna actualmente este país, sino la soberanía del capital. Una estructura de poder que oprime y ahoga a las clases sociales populares. Es la degeneración de la democracia.

El gran reto de la democracia es hacer vivo y operante el principio de igualdad. La igualdad es lo más subversivo que existe hoy día. Sin igualdad no hay democracia. Recordemos los principios de la revolución francesa: Libertad, Igualdad y Fraternidad. Queremos llegar a una igualdad social, empezando por el reconocimiento efectivo de derechos y libertades, e igual trato a mujeres que a varones en todos los aspectos de la vida social, laboral, familiar.

Nos planteamos en el ámbito político-económico la tarea de ir eliminando las enormes desigualdades sociales entre pobres y ricos que se dan en la actualidad. Cada vez hay más pobres y cada día los ricos son más ricos. La desigualdad se ha ampliado en un 60% en la última década (2002- 2011). Buscamos de igual forma una igualdad en el terreno de la economía de tal manera que prevalezca la soberanía popular, lo de todos y todas, por encima de la soberanía del capital que es la que actualmente nos está rigiendo. Y una igualdad político-cultural, de tal manera que se pongan los cauces necesarios para que las clases dominantes no impongan su ideología al resto de la sociedad.

Colisión entre democracia y laicidad, hoy

Existen demasiados ejemplos de las graves carencias que tiene nuestra democracia. Las podríamos agrupar en cuatro grandes sectores: el educativo, el económico, el político-jurídico y el social. En todos ellos se manifiesta la injerencia de la Iglesia católica (IC) que, aprovechando el peso de la tradición cultural y religiosa de nuestro país, utiliza constantemente como piedra angular los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español, firmados en 1976-79.

En el sector de la educación la interferencia de la jerarquía católica es palmaria. Lo vemos en la última ley aprobada sobre esta materia. En el preámbulo de la LOMCE se afirma: “El Acuerdo entre el Estado español y la S.S. sobre Enseñanza y Acuerdos Culturales garantiza que el alumnado de la educación primaria y secundaria obligatoria que así lo solicite, tiene derecho a recibir la enseñanza de la religión católica e indica que a la Jerarquía eclesiástica corresponde señalar los contenidos de dicha enseñanza“. Esto supone que los niños y jóvenes que opten por la asignatura de religión van a sufrir un adoctrinamiento en lugar de una formación integral laica, que defienda la libertad de pensamiento y de conciencia, que ayude a asumir la pluralidad y la diversidad, formándose críticamente en los valores democráticos. El texto de la ley se refiere tendenciosamente al derecho de los padres y las madres a elegir el tipo de educación que prefieran para sus hijos, pero ¿dónde quedan los derechos de los niños y niñas? ¿Dónde está escrito que sea la escuela el lugar adecuado? Esa lectura interesada impide que sea la escuela pública y laica el instrumento idóneo para formar personas libres, críticas y con auténticas convicciones democráticas.

En el área económica pasa algo parecido. Otra vez volvemos a tropezar con los omnipresentes acuerdos que otorgan un trato privilegiado a la IC en forma de asignación económica directa de los presupuestos generales del Estado, además de abundantes subvenciones y exenciones fiscales. La vigente Ley Hipotecaria (1998) permite además a la IC la inmatriculación de bienes, otorgando a los obispos la facultad de inscribir y registrar propiedades que no figuren a nombre de ninguna persona en el Registro de la Propiedad.

Todo ello es una flagrante contradicción con la esencia del Estado democrático, según la cual el Estado es el único que tiene la capacidad y la obligación de disponer de los recursos económicos de todos para atender a las necesidades sociales, de acuerdo con las resoluciones del Parlamento. Como esto evidentemente no es así, se está incumpliendo sistemáticamente el art. 16.3 de la Constitución, que establece la aconfesionalidad del Estado español.

En el ámbito político, las carencias democráticas se evidencian, tanto en el proceso político que nos ha llevado al bipartidismo imperante, como consecuencia de una ley electoral injusta, como en la reforma constitucional impuesta en agosto de 2011 (Art. 135) por acuerdo de los dos partidos mayoritarios para dar prioridad al pago de la deuda soberana, por encima y por delante de cualquier gasto social necesario. Uno y otra han propiciado que prevalezca la soberanía del capital sobre la soberanía popular, si bien aquí no se ha hecho evidente una participación directa de la IC.

Sí lo son, en cambio, las injerencias de la jerarquía de la Iglesia católica en determinados ámbitos de la vida social, sea sobre las políticas sociales como sobre el desarrollo legislativo regulador de los derechos civiles, la moral pública, la investigación, etc. Un ejemplo claro fue el Proyecto de Ley –finalmente retirado– de Protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, propuesto por el gobierno ante la reiterada coacción de ciertos obispos, que pretendía modificar la vigente Ley de Salud reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, de 2010. Este poder de coacción moral es incompatible con el pluralismo ético y cultural de la sociedad española y con el ejercicio de las libertades que consagra, al menos en teoría, nuestra Constitución.

Especial atención merece el tema de la igualdad entre hombre y mujer. Sigue siendo una asignatura pendiente en nuestra sociedad ya que todavía estamos muy lejos de ella. Un estudio económico reciente demuestra que el salario de las mujeres, a igualdad de trabajo, es inferior al de los hombres en más del 20% y añade que esto es así pese a que el grado de preparación de ellas actualmente es superior. Pero, obviamente, no es la única diferencia. Existen muchas más en los campos moral, familiar, social, etc. Esta discriminación histórica está muy arraigada en nuestro país por razones culturales derivadas en gran medida de la influencia de la religión católica, cuya moral sigue anclada en categorías del pasado, sin entender los valores culturales de los nuevos tiempos.

Es momento ya –y llega tarde– de instaurar un marco normativo nuevo que supere definitivamente estas injerencias y garantice el derecho de los ciudadanos a la libertad de conciencia; es momento de consolidar una ética cívica basada en el respeto a los Derechos Humanos; es momento ya de consolidar el principio de laicidad en aras de la mayor independencia del Estado respecto de todas las confesiones religiosas.

Caminos para una sociedad laica y radicalmente democrática

Hecho el diagnóstico, ¿qué hacer? Es evidente que tenemos ante nosotros un camino largo y difícil. Buena parte de él se concreta en cambios legislativos que den posibilidad de repensar una sociedad diferente, radicalmente diferente. El camino de avance hacia esa sociedad laica y auténticamente democrática, pasa necesariamente por abordar una profunda reforma de muchas leyes que rigen nuestra vida social, económica y política.

En primer lugar, necesitamos un proceso constituyente que devuelva la soberanía al pueblo. Todos sabemos quiénes detentan hoy el poder, cómo lo ejercen y a través de qué medios lo articulan: tenemos unas instituciones políticas al servicio de las grandes corporaciones, la gran banca y el gran capital. La democracia hoy está secuestrada. La falta de laicidad es uno de los grandes motivos por los que este tinglado puede sostenerse.

La nueva Constitución habría de dejar mucho más claro que somos un Estado laico y, por tanto, que no habrá trato preferente para ninguna escuela de pensamiento, para ninguna confesión religiosa: todos iguales ante la ley. Este principio deberá hacerse operativo mediante una nueva Ley Orgánica de Libertad de Conciencia, que lo garantice de manera rotunda e inequívoca, a la vez que derogue la actual Ley de Libertad Religiosa de 1980. Así quedará consolidada en nuestro ordenamiento jurídico la libertad de pensamiento, conciencia, religión y otras convicciones, de modo que nadie pueda ser obligado a declarar sobre sus creencias, su ideología o su religión.

Para quebrar la hegemonía ideológica ejercida desde la jerarquía de la IC, en connivencia con las fuerzas políticas más conservadoras, urge –como ya se ha señalado anteriormente– denunciar los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede, firmados en 1976 y 1979, y posteriormente renovados y mantenidos por los gobiernos sucesivos. Estos Acuerdos están en el origen de gran parte de los males que nos afectan como democracia: origen de privilegios para la financiación de la IC, exenciones de impuestos, partidas presupuestarias especiales en los PGE, cesión de buena parte de las responsabilidades del Estado en materia educativa a la IC (vía conciertos, facilidades de concesión de licencias, cesiones de terrenos, etc.), injerencia de la IC en las tareas legislativas (ley de Educación, Ley del aborto, Ley hipotecaria, (inmatriculaciones), L. del Mecenazgo, etc. Es absolutamente imprescindible denunciar estos Acuerdos y exigir a los diferentes partidos políticos que propugnen una regeneración democrática, que incluyan su denuncia en sus programas electorales.

Otro ámbito a considerar, de especial importancia, es el de la enseñanza. El derecho universal a la educación laica y de calidad, igual para niños y niñas, es algo prioritario y ahora está en franco peligro. Vivimos una época en la que la escuela pública está siendo atacada por la vía de los hechos. Las ansias privatizadoras de los actuales responsables, están reduciendo progresivamente sus recursos, aumentando las ratios en las aulas, los profesores y profesoras menguan, y se suprimen herramientas como las aulas de integración, compensación, etc. No se garantizan las sustituciones de los profesores o profesoras en situación de baja maternal o enfermedad, y así se promueve subterráneamente, aunque con políticas muy concretas, el desvío de alumnos a centros privados, ante el deterioro visible de la escuela pública y la impotencia de miles de profesores que ven cómo les cortan la hierba debajo de sus pies.

La expresión más clara de esto que está pasando se llama LOMCE. Y uno de sus logros más preclaros es la nueva asignatura de religión evaluable y su singular programa hecho público hace poco en el BOE (23-2-2015). Mientras se amplía y “dignifica” la ¿asignatura? de religión, se suprime la filosofía, la historia. Interesan las materias útiles para el “emprendimiento”… y la religión. Además de esta situación, que van a pagar todos nuestros hijos y nietos y, al final, toda la sociedad, estamos viendo cómo el Estado, en dejación de sus responsabilidades, ya no garantiza plaza en la escuela pública para cada niño o niña, y procura desviar lo que puede hacia la privada y la concertada. ¿Por qué hay que seguir pagando con dinero público los colegios concertados con “ideario propio”, es decir, no laico, no democrático? Solo el Estado puede garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la educación en condiciones reales de igualdad, calidad y universalidad.

Las actuales tendencias del MEC acaban de recibir un nuevo refuerzo; los derechos de la gente, otro gran varapalo. Ellos dicen: “que estudien los que puedan pagárselo”. Nosotros decimos: las oportunidades educativas han de ser iguales para todos y todas: el famoso 3+2 de la enseñanza universitaria no es más que otra vuelta de tuerca inmisericorde para impedir que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas puedan seguir hasta el final, si lo desean, los estudios universitarios: otro atentado contra la igualdad de derechos. ¿Por qué España es uno de los países de la Unión Europea con las matrículas más caras en las universidades públicas?

Por último, nos referiremos a la necesidad de denunciar y derogar las leyes que, en el ámbito económico y fiscal, establecen privilegios económicos y fiscales para las iglesias y para las asociaciones de tipo confesional o ideológico y entidades de ellas dependientes. Estos privilegios son la causa de no pocas desigualdades y de discriminación respecto al conjunto de la sociedad. No a la financiación con dinero público de las confesiones religiosas, no a las aportaciones de bienes patrimoniales para el desarrollo de sus actividades. No a la financiación de la IC a través de la casilla del IRPF. La actividad de las entidades religiosas o filosóficas, que son entidades privadas, debe ser regulada según el derecho privado, en las mismas condiciones que se apliquen a las demás asociaciones civiles.

El número de leyes y medidas necesarias para abrir caminos a una sociedad realmente democrática y realmente laica es mucho más amplio. Solo hemos esbozado aquí algunos cambios que consideramos urgentes y necesarios. Sin embargo, no nos resistimos a terminar sin poner de manifiesto que para que todos ellos se puedan llevar a cabo, será necesario el concurso de una ciudadanía viva, activa y decidida a hacer con su apoyo que estas reformas sean posibles. Ya no se pueden dejar en manos de las élites los cambios necesarios. Si el pueblo no empuja los cambios, serán otros, los que los harán y será contra las gentes y sus legítimos intereses y derechos.

Atravesamos un momento especial para que el municipalismo transformador, el que sustenta territorios en democracia, se abra camino, tanto en los procesos electorales como en la acción directa de los espacios y movimientos de la ciudadanía. Tenemos por delante cinco años que van a trascender este 2015, recorrido suficiente para confirmar la profundidad de la crisis, evaluar respuestas y seguir ensayando formas de movilización colectiva. El sistema productivo-especulativo que propone la Unión Europea, basado en países centrales y élites bancarias que recogen beneficios frente a mayorías excluidas, agrandará los agravios y reforzará un descontento cada vez más organizado.

Lo que no quiere decir que el descontento se canalice hacia la contestación del modelo: el auge de la extrema derecha que insiste en «morir matando» y generar identidad frente a los «invasores bárbaros», la apatía de sofá, de televisión con Facebook y centro comercial, o la venta de ilusiones en torno al regreso del Estado de bienestar de los años noventa, son también salidas posibles. Existe el peligro de volver a formas reduccionistas de entender la política, retomando miradas unívocas y lineales. La Modernidad nos ha dejado al menos tres siglos en los que, desde diferentes ideologías, se ha consolidado la idea de democracia como conjunto de reglas (orden instituido, procedimiento) y no como un proceso de expansión (instituyente, no acotable). En 1976 el informe de la Trilateral «La gobernabilidad de las democracias» dio una vuelta de tuerca a este planteamiento, identificando el poder político con el poder electoral (la representación vía competencia por votos). Los movimientos sociales estarían ahí, desde esta perspectiva, no para localizar y visibilizar conflictos (como han hecho feminismos, movimientos obreros y ahora la reclamación de democracias participativas), sino para aportar cargos y buenos técnicos y técnicas en participación. Punto. De un plumazo se habrían borrado los procesos políticos que parten desde abajo y se consolidan en interacción directa con la ciudadanía.

Pero las innovaciones políticas desde abajo ganarán fuerza. Este abajo emergente crecerá como consecuencia del conflicto que se va haciendo más palpable y visible con las élites «de arriba»: desde el poder financiero a las administraciones que intentan arrebatar poder local, o los impedimentos para articular economías sociales que primen criterios de proximidad, cooperativismo, democracia o inclusión como referentes de su actividad.

Revuelo de candidaturas

Desde el protagonismo de los nuevos movimientos globales (democracia radical, sustentabilidad socioambiental, dignidad), se puede colaborar activamente en la experimentación de democracias de alta intensidad: participativas y deliberativas en las instituciones; capaces de apoyar y acompañar procesos autónomos de radicalización democrática de nuestras economías, de contestación del patriarcado, de creación de un nuevo o renovado tejido vecinal. En definitiva, de apuestas que nos otorguen el derecho y la práctica de decidir sobre nuestra vida (individual y colectivamente) con miras a sostenerla, no a controlarla o construirla de forma suicida ante los límites ambientales.

En este contexto se sitúa el revuelo de candidaturas iniciado en 2015, cuyas derivas habrán de repensarse en los siguientes años a través de un municipalismo transformador. Un revuelo que viene marcado no por coyunturas, sino por dinámicas iniciadas en los noventa y que tendrán su recorrido bajo nuevos ciclos de protesta, reinvención de partidos y sindicatos o propuestas de tejer economías desde territorios en democracia. Yo diría que estamos en un ciclo de movilización social largo, ya consolidado alrededor de la práctica del protagonismo social y de las demandas de dignidad y derechos.

El revuelo por las candidaturas municipalistas, aparte de una crisis civilizatoria y una ciudadanía que busca nuevas referencias políticas, tiene hitos territoriales y vecinales muy concretos y visibles: la aparición de Guanyem, Podemos o el desarrollo de iniciativas municipalistas y de economía social en varias comunidades autónomas; las protestas vecinales de resonancia estatal como Gamonal o Can Vies; o también el crecimiento de candidaturas independientes como agrupación de electores en muchos pueblos.

En el plano de partidos políticos de diseño más clásico se evidencia el cierre de oportunidades como acicate de dicho revuelo. Por ejemplo, las dificultades de Izquierda Unida (IU) para renovarse (organizativa, discursiva y horizontalmente) y por acoger las ansias renovadas de protagonismo social y demanda de bienestar. Alberto Garzón, nuevo líder de la formación y valedor de esa renovación, encuentra una gran oposición interna: «muchos puñales vienen de dentro», ha llegado a afirmar. ICV-EUIA por su parte quiere entrar en esa dinámica, pero resguardar a la vez su electorado y capitalizar sus votos (visibilidad y acceso a recursos institucionales), y lo mismo ocurre con otras estructuras organizativas asentadas en el juego político. Por su parte, las CUP retoman en Cataluña su propuesta para una Trobada Popular Municipalista.

También contamos con la búsqueda de espacios propios que apoyen esas dinámicas de participación en organizaciones de diferente perfil sociopolítico como Equo (ecologismo político institucional), Frente Cívico-Somos Mayoría (familia crítica al interior de IU), Municipalia (proceso iniciado en Madrid como reflexión hacia un municipalismo transformador) o Movimiento por la Democracia, con presencia en algunas ciudades y en círculos provenientes de la tradición de la autonomía política.

Como dice la canción, ahí llegó el comandante y mandó parar. Desde el círculo de Pablo Iglesias en Podemos, en parte también conectando con un sentir de construir el municipalismo no desde el partido sino desde la confluencia, se aplaza la inserción de Podemos en la contienda electoral municipal. La razón fundamental ya se conoce: evitar que sea un coladero de malas prácticas que faciliten munición al enemigo, de cara a las próximas generales. Queda situada, por tanto, como pieza angular de la contienda por el poder político por parte de las élites de Podemos, el acceso al poder electoral por arriba. Una agrupación que se inserta en las estrategias que surgen y surgirán de la mano de los nuevos movimientos globales, que facilitan (con sus discursos, redes de confianza, metodologías de participación y organización territorial) herramientas que abran la puerta al poder social en su acoso al poder político, en este caso a través de la vía electoral. De este modo, aunque todavía es pronto para establecer juicios más asentados, Podemos se sitúa a caballo entre los partidos-ciudadanía y las formas clásicas de partidos de masa. Pero, decididamente, la apuesta de Podemos ha abierto una brecha no sólo de ilusión, sino también de trabajo para construir otras estrategias políticas.

Miedo de las élites ante la organización del descontento

Los de arriba, enrocados en el bipartidismo o complacientes con el acceso puntual a las instituciones, se sienten tocados, incomodados o, cuando menos, importunados. El cortijo se les llena de voces discordantes que se contagian de un lugar a otro, vía medios clásicos o a través de las llamadas redes sociales. Los de abajo se atreven incluso a organizar su propio descontento mediante iniciativas concretas que desafían lo institucional, para airearlo; y a la vez tratan de sentar bases sociales (redes territoriales, círculos, apoyos de luchas sociales, metodologías que buscan la participación, ampliándola con mayor o menor éxito a la ciudadanía desafecta, etc.) que no circunscriban el poder político al mero engranaje del poder electoral. Estas inercias refuerzan la importancia del municipalismo transformador como eje de trabajo: una movilización desde el protagonismo ciudadano que facilita encuentros y confluencias en redes/territorios reales y activa procesos sociales «desde abajo» para reclamar derechos y democratizar la economía.

Puestas estas semillas en torno a la necesidad de buscar y reconstruir el poder electoral desde lo local, las diferentes formas de entender la política pasan a reclamar paternidades en un intento de recoger los frutos de estas innovaciones. Guanyem hizo despegar a los Ganemos. Los llamados «momentos de locura» donde todo parece abierto, hasta la democratización de las instituciones o de los viejos paradigmas y formas de hacer política, son consustanciales a estas bifurcaciones históricas. Y basta una chispa para que, como ocurrió con la acampada iniciada en Sol el 15 de mayo de 2011, se pongan en marcha innovaciones y redes políticas de nuevo cuño cuya frescura no será eterna, pero durará unos años. Lo que sí pervivirá de todo este ciclo es un gran aprendizaje de potencialidades y retos para trabajar desde esta política del «y» (de la articulación, del protagonismo y el pensamiento colectivos) frente a una política del «o» (excluyente, de bandos). Y también será una escuela social para nuevos activistas.

No obstante, junto a las innovaciones se producen diversas formas de recuperación y cooptación. El tiempo dirá qué iniciativas acaban insertándose en uno u otro camino. En muchos lugares, Izquierda Unida entra en estos Ganemos como forma de sostener y ampliar su papel de interlocutor en el nuevo ciclo de movilización. En otros casos, sin embargo, la perseverancia en retener el control de la marca genera amplios rechazos. Entre las desavenencias iniciales más ilustrativas cabe citar el Ganemos de la región de Murcia (donde la marca apunta a quedar en manos de IU, Equo, CLI-AS y Republicanos); o la división en Málaga (con IU por un lado, y Podemos, Movimiento por la Democracia, Equo y Frente Cívico por otro). Y, finalmente, la aparición de Somos Asturias (con el apoyo de Podemos) como alternativa de referencia que irá cuajando en diferentes Somos en el Estado español, o la agrupación electoral Ahora Madrid, cuajada recientemente como fusión entre Ganemos y Podemos en la capital del país.

Dilemas estratégicos: transformar o reformar el sistema social vigente

¿Se puede decir que estas candidaturas están planteando un municipalismo transformador? ¿O es la vieja estrategia de ganar capilaridad local, utilizada por las élites de cualquier signo ideológico, para favorecer proyectos estatales centrados en el poder electoral? La cosa, así la veo yo, va de grises y de procesos. De grises, porque creo que hay una diferencia entre candidaturas por un municipalismo transformador y aquellas que se insertan en nuevas lógicas de poder electoral local-estatal. Entre los mayores claros de esa propuesta de municipalismo citaría ejemplos como el de la Marea Atlántica, surgida en A Coruña. Como afirman en su página web (mareatlantica.org) no están por elegir entre «Pokémons» o «Pikachus», en alusión a los enfrentamientos dualistas-electoralistas antes descritos y, al presentarse como «proceso ciudadano», apuntan al aireamiento de un municipalismo transformador. Sus cinco principios son:

«Garantir unha vida digna para todas as persoas, construír unha economía xusta e sustentábel, forxar democracia e participación cidadá e selar un compromiso ético».

Desde mi observación como participante en Ganemos de Córdoba, compruebo que se ha forjado una coalición amplia de trabajo entre: ciudadanía descontenta y ávida de participación, Frente Cívico, Equo, Podemos y algún y alguna representante del movimiento vecinal o integrante de la PAH. Decididamente a favor de una agrupación de electores bajo el paraguas de Ganemos, las asambleas apelan a la generosidad y al reconocimiento de la diversidad, a la par que el programa se entiende como un instrumento para el protagonismo social y se estructura hacia líneas semejantes a las expuestas por Marea Atlántica.

Y entre los grises tirando a color oscuro tendremos la confirmación de que las innovaciones necesitan, en primer lugar, de otra cultura política, otra paideia como se decía en los diálogos entre activistas. Si no, esfuerzos como los emprendidos desde Guanyem o los Ganemos aperturistas pueden acabar apuntando en demasía a las candidaturas (poder electoral en el corto plazo) y sembrar poco en las instituciones gestadas desde un poder social, más definitorio en el medio y largo plazo. No se trataría de «ganar» en el juego establecido, pues el margen de «ganancia» es pequeño ante la ausencia de poder político real para hacer «grandes cambios»; sino, más bien, de alimentar el caldo de cultivo para otros juegos, para otros actores y actrices, de mayor protagonismo social y más ligados a necesidades sentidas y ya enfrentadas en luchas concretas. Lo que requiere desplazar egos, apuntalar generosidades, crear escenarios que rehúyan la dialéctica binaria de entender la política, no confundir diversidad con enfrentamiento.

En definitiva, hay que entender que el juego social transformador es más grande que los juegos particulares, por muy emancipadores que se (auto)presenten. De lo contrario muchas localidades verán la emergencia de Ganemos, de Somos, de Ahoras o de «partidos-ciudadanía» que, en realidad, son una marca para proyectos grupales y no ciudadanos. O cuyo programa insista en el marco procedimental (orden, formas de participación) sin apuntar a dinámicas procesuales y reales de emancipación: impugnar las medidas neoliberales como el pago de la deuda, cambiar el modelo productivo hacia formas de economía social y sustentable, democratizar las instituciones (gestionar lo transversal y general al municipio, cogestionar lo que pueda ser accesible con la ciudadanía), pero también ayudar a sembrar autogestión fuera de las instituciones (en defensa de derechos, mediante espacios reclamados y resultantes del poder social, desarrollando tejido cultural y económico comunitario, etc.).

Asistimos, pues, a los necesarios «momentos de locura», que yo diría que son «momentos de sensatez», dada la instalación en nuestras vidas y en nuestras instituciones de pautas propias de una sociedad enferma, que no cuida sus lazos y su bienestar, que pierde su instinto de autorreproducción. Momentos donde se pone en tela de juicio y se contesta desde la práctica una obsoleta forma de concebir la política. Algo que aún persistirá y será patente en el medio plazo, esa ventana abierta de los próximos cinco años que llevará a refundar toda práctica, sean partidos, sindicatos, municipalismo, nuevas formas de economía, etc., a fin de hacerles encajar con la radicalización de la democracia y la búsqueda de bienestar y justicia social. Unas resistencias que pueden venir también de algunas élites de la izquierda cuando insisten en los sacrificios que ha de hacer lo social y lo diverso en aras de lo eficiente y unitario para alcanzar un poder electoral que, por otro lado, apenas contiene poder político si no se ve impulsado de un poder social.

Asimismo, ese poder emergente que innova y se articula desde abajo y hacia los lados no es sinónimo, no necesariamente, de «fragmentación». En este país se dan culturas políticas que priman el hacer local: los nacionalismos periféricos, lo libertario, antaño lo anarquista y el ser cada uno y cada una de su pueblo y de su territorio. Cuidado, claro está, con regresar a un «tiempo de tribus». Pero es cuando menos irreal seguir pretendiendo que la construcción de monocultivos (contaminados y contaminantes) sea una respuesta universal y lineal, válida para cualquier situación y cualquier cultura. Aquí no: ni en estos momentos de recomposición desde el protagonismo social, ni en el histórico hacer vinculado o anclado (que no refugiado en islitas) a prácticas de proximidad.

El tiempo dirá si estos grises se clarifican. Y si las apuestas coyunturales se transforman en procesos por un municipalismo transformador. La ventana de oportunidad para construir territorios en democracia ha sido abierta y será difícil cerrarla sin dar muchas explicaciones o imponer muchos cerrojos. Algo que, no tan paradójicamente, serviría para alimentar aún más las demandas de protagonismo social, derechos y dignidad

Un diagnóstico de la evolución de la economía en la sociedad española no se puede hacer aisladamente sino teniendo en cuenta los estrechos vínculos entre economía, ecología y sociología política, y ubicando el caso español en el contexto europeo y de las relaciones internacionales. Todas estas dimensiones están articuladas en lo concreto y tanto el diagnóstico como las propuestas políticas que se esbozan a continuación parten de una visión crítica con el modelo social establecido.

La acumulación productiva y el objetivo de lucro como lógicas sistémicas abocan a una depredación del medio, a la explotación de unas clases (mayoritarias) por otras (minoritarias) y a la rivalidad y jerarquización entre los pueblos. Las instituciones estatales, supranacionales y las grandes corporaciones transnacionales aplican estas lógicas hasta donde les es posible, mediante la regulación del campo mercantil, fiscal, penal, etc., la defensa de la propiedad privada de los medios productivos y la libertad de movimiento de los capitales, y el despliegue de modelos de competitividad mercantil y explotación laboral cuyos límites solo se encuentran en las resistencias populares, sindicales y políticas de los y las de abajo.

El reto ecológico

El curso ecológico de nuestro planeta está sometido a una alteración que pone en tela de juicio la sostenibilidad de la vida, no sólo para las próximas generaciones sino también para la nuestra. Y la razón principal de esta gravísima alteración del medio ambiente, que da pie a la mayor ola de extinción de especies en la historia del planeta y a una degradación profundísima de las condiciones y territorios habitados por la especie humana, no tiene que ver con causas naturales sino, más bien, con el modelo de producción y consumo que orienta las bases de nuestra economía. Un modelo acostumbrado a consumir compulsivamente materias primas y energías no renovables, altamente emisor de gases de efecto invernadero que contaminan la tierra y el agua, generando una huella ecológica cada vez más grande, con residuos tóxicos en expansión que hacen del planeta algo parecido a un vertedero. Las consecuencias de este modelo de crecimiento son devastadoras y plantean grandes retos ecohumanos:

1. El caos climático, producido por la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, cuyas consecuencias en el calentamiento global nos enfrentan a plazos exiguos (a lo más cinco años) para emprender medidas planetarias de transición energética hacia un esquema de energías renovables, electrificación del sistema productivo y de transporte, extracción productiva de baja emisión en carbono, y reducido recurso a materias primas y energía.
2. Un proceso de finalización del acceso razonable y barato a energías fósiles, por otro lado las principales causantes de la emisión de gases de efecto invernadero. El Peak oil ya se ha producido, y aunque nuevas formas agresivas de extracción (fractura hidráulica, nuevos yacimientos en el ártico, etc.) pueden retrasarlo, o realizar sustituciones internas entre diferentes fuentes (gas natural) con mayores reservas, sin duda alguna es una de las razones de los grandes conflictos militares y fronterizos de nuestra época, por lo que es de urgencia vital sustituir estas fuentes, sin caer en el abismo civilizatorio del peligro de las nucleares.
3. El agotamiento de tierras fértiles, materias primas de uso industrial y zonas irrigadas con agua potable de calidad. El calentamiento, la erosión y la desertificación están reduciendo las aguas dulces en la tierra y explican en gran medida los conflictos políticos y bélicos en numerosas zonas del planeta. Las corporaciones privadas globales se apropian de las materias primas esenciales, entre las que destacan las bases de la industria alimentaria mundial. Las grandes potencias están emprendiendo una adquisición a gran escala de zonas ricas en materias primas, tierras fértiles y zonas abastecidas de agua (para riegos y uso humano) cuya escasez está agudizándose, más aún con las prácticas de privatización en la propiedad y gestión de estos bienes comunes, socavando principios clave como el de soberanía alimentaria.

Los desafíos para enfrentar estas cuestiones insoslayables comprometen a un cambio de modelo productivo y energético, defensa y cuidado de los bienes comunes, infraestructuras sostenibles, desarrollo de energías renovables, economía ecológica, agricultura de proximidad, soberanía alimentaria, minoración y reciclaje de residuos, etc., tal como se recoge en el Cuadro 1.

Cuadro 1

Productivismo vs sostenibilidad ecológica

El reto económico: oligarquía política, finanzas y transnacionales

En las modernas sociedades capitalistas el aparato del Estado se ha convertido en una herramienta de regulación flexible al servicio del capital transnacional. En este sentido, los responsables de la política económica son una casta alejada de los intereses de la mayoría cuando sus principales fines se dirigen a facilitar las inversiones rentables a bajo coste fiscal y laboral, y a garantizar que el sistema financiero y la gran industria puedan encontrar apoyos y rescates ante eventuales crisis de envergadura. Las decisiones de inversión se toman en función de las expectativas de rentabilidad efectiva para los agentes capitalistas: accionariado y acreedores de deuda, con frecuencia de origen extranjero (según el Fondo Monetario Internacional, un tercio del accionariado español en diciembre de 2013 pertenecía a inversores extranjeros, la mayoría de cinco países: Francia, Alemania, Estados Unidos, Luxemburgo y Reino Unido).

En la actual etapa neoliberal, tras la crisis de rentabilidad de los años 70, hay contradicciones añadidas, fruto de las políticas de reestructuración y ajuste, así como de desregulación financiera y desarrollo de políticas expansivas –especialmente favorables al sistema bancario– que han facilitado hasta 2007 el abaratamiento del crédito. Pero a partir de ese año la combinación de un deterioro de la tasa de rentabilidad y un ascenso de las cargas financieras constriñó los factores fundamentales de la acumulación capitalista (inversión, crecimiento del empleo y de la masa salarial, etc.) y, con ellos, se abrió una etapa de oscilación entre la recesión y el estancamiento, con efectos sociales especialmente negativos para la mayoría de la población trabajadora.

En toda esta situación, los actores más aventajados han sido las grandes corporaciones transnacionales privadas, con alto poder de mercado e influencia política. Las estrategias de oligopolización, en forma de empresa-red transnacional, de rescate estatal y de ajuste de empleo y salarial han compensado en parte la reducción media de la tasa de ganancia efectiva, en detrimento de una fortísima destrucción del pequeño empresariado y de un desempleo brutal. En términos de algunos economistas críticos, podríamos estar atravesando una fase de decadencia, cuanto menos en Europa –extensible en diversos grados a la tríada que suma a Japón y EEUU–, de la onda larga de acumulación en vigor, en un capitalismo global donde emergen nuevos actores. Las grandes corporaciones exploran su transnacionalización, relocalizando las industrias manufactureras y reservándose los procesos tecnológicos y comerciales estratégicos.

En el marco de la Unión Europea nos encontramos con un marco institucional, económico y monetario propicio para el capital transnacional europeo, y pronto, si se llega aplicar el Tratado de Libre Comercio con EEUU, para el estadounidense. El Sistema Euro es la arquitectura que determina la marcha de Europa, y que la constituye como un área favorable al capital transnacional. El Sistema Euro equivale a un entramado institucional construido de manera asimétrica por acuerdos intergubernamentales, en el que se articula una política económica basada en el ajuste permanente (desde el Tratado de Maastricht, pasando por el Tratado de Lisboa, llegando al Pacto Fiscal), un presupuesto público irrisorio (centrado sobre todo en política agrícola) y la instauración de una moneda única, sin armonización fiscal ni laboral, y gestionada por el Banco Central Europeo que se ha pautado para controlar la inflación y adoptar una política monetaria basada en la flexibilidad cuantitativa al servicio de la confianza en los mercados interbancarios.

En resumen, el sistema Euro es el esquema institucional con el que ha cobrado cuerpo la financiarización y la austeridad en la política económica del continente. Un modelo que implica exigencias permanentes de devaluación fiscal y salarial, garantías y rescates para el sistema bancario privado, en detrimento de las condiciones y servicios públicos para las poblaciones europeas. Se trata de un sistema que propicia que aquellos países con peor inserción en la división europea del trabajo y con unos niveles de productividad más bajos, acumulen permanentemente déficits en la balanza de pagos, base que empuja a un mayor endeudamiento con las economías y sistemas financieros que presentan una mejor situación en estos capítulos. Esto implica una concentración de capitales en los países centroeuropeos, sobre todo en este periodo de gran recesión.

La ausencia de mecanismos de corrección y compensación de los flujos financieros especulativos aboca a un crecimiento desmesurado del endeudamiento privado que, en el caso de España, ha superado el 350% del PIB, provocando entre otros efectos la conversión de deuda privada en deuda pública a través de rescates bancarios, fiscalidad regresiva, subvenciones a las grandes empresas, etc. Esta deuda no sólo comporta un lastre monumental para nuestra economía sino un peso cada vez mayor para el gasto público (más de 30.000 millones de euros en los últimos años en pago de intereses) lo que provoca recortes en la política social y afectan especialmente a los sectores sociales más frágiles. El cuadro 2 sintetiza estos problemas y propone algunas líneas alternativas.

Cuadro 2

Tiranía financiera vs democracia económica

La cuestión social

En el marco del actual modelo socioeconómico se restringen los derechos laborales y sociales, y se produce un retroceso importante de los servicios públicos, lo que ocasiona mayor vulnerabilidad, peores condiciones materiales de vida y, en definitiva, menos autogobierno de la propia existencia. En especial, el paro de larga duración unido a la precariedad del empleo temporal y a tiempo parcial (no voluntario) se han convertido en una trampa de la que es cada vez más difícil salir, en especial para muchas mujeres que suelen padecer menores oportunidades laborales, escasas posibilidades de promoción, ocupaciones restringidas y una fuerte brecha salarial, mientras se siguen ocupando mayoritariamente del trabajo doméstico y reproductivo.

Para propiciar una restauración de las tasas de beneficio se ha aplicado medicina de caballo en materia de empleo, aplicando dos reformas laborales, la de 2010 y, sobre todo, la de 2012, que alteran la naturaleza de las relaciones laborales en el caso español: se pulveriza la cobertura de la negociación colectiva, la primacía de los acuerdos se da en las empresas y no en los sectores, los convenios decaen al cabo de un año si no se renuevan, rompiéndose el principio de ultraactividad, y se facilita y abarata el despido de manera drástica, generalizando la inestabilidad en el empleo, ampliando el empleo a tiempo parcial con bajos ingresos, y manteniendo tasas de desempleo por encima del 20%. Tal como recoge el Barómetro Social de España a partir de la Estadística de Salarios de la Agencia Tributaria, 2013 ha sido el año con un salario medio más bajo de toda la serie histórica, iniciada en 1992, y con una mayor distancia o desigualdad entre salarios altos y bajos.

Los corsés constitucionales al pago de la deuda pública (art. 135) y los compromisos hipócritas de control del déficit (que se centran en recortes en servicios públicos y derechos sociales, pero son sumamente generosos con los rescates y la desfiscalización al capital privado) han propiciado que la deuda soberana haya pasado del 37% del PIB en 2007 al 100% en 2015. Se han aplicado sin piedad políticas públicas de austeridad y recortes, que profundizan la recesión en la que está inmerso el capital privado, dominado por una desinversión rentable de carácter selectivo, o por la relocalización directa de capitales y unidades productivas.

En el plano social el panorama es desolador: recortes drásticos en el ámbito de la educación, de la sanidad, de la atención a la dependencia y de las pensiones; privatización de las últimas empresas públicas; y recortes salariales y de las prestaciones a las personas en paro y en situación de extrema necesidad que engordan los niveles de pobreza, exclusión social, desahucios y polarización de la renta y la riqueza.

Ante este diagnóstico, resulta evidente que es preciso emprender unas políticas alternativas a las vigentes, bajo parámetros democráticos que, a día de hoy, brillan por su ausencia. El Cuadro 3 apunta algunas propuestas en esa dirección.

Cuadro 3

Sistema excluyente-patriarcal vs condiciones dignas de vida y convivencia