VIDAS HIPOTECADAS. DE LA BURBUJA INMOBILIARIA AL DERECHO A LA VIVIENDA

Miguel Ángel de Prada

Éxodo 117 (en.-feb) 2013
– Autor: Miguel Ángel de Prada –
 
Un texto, dos autores y dos prologuistas. Es todo un libro para el diálogo, que consigue contar con la complicidad del lector desde la primera línea y establecer con él un diálogo reflexivo para la transformación social. Porque en España, la vivienda ha pasado de ser un derecho constitucional a proteger, a ser un derecho sistemáticamente vulnerado, tal como denunció en 2006 Miloon Kothari, evaluador de la ONU para España sobre el Derecho a una vivienda adecuada. Y además, según dicho informe de la ONU, en la vulneración sistemática de este derecho las administraciones públicas habían sido cómplices. Esto se decía ya en 2006, antes de cualquier atisbo de crisis en la burbuja inmobiliaria, y es que el problema de la vivienda en España no es de ahora, ni de antesdeayer, sino como nos recuerda José María Naredo: “Si alguna cosa dejó atada y bien atada la dictadura, fue la política de vivienda, la herencia de su modelo urbanístico y la práctica del pelotazo inmobiliario”. Desde las últimas décadas de la dictadura y lo mismo durante la democracia, la política de vivienda ha ido dirigida a convertir a los “proletarios en propietarios”, a través de transformar el bien social de la vivienda en mercancía, como nos explican Ada y Adriá.

El libro de apenas doscientas páginas lo podemos considerar un libro de bolsillo, accesible para todos los públicos, aunque estaría mejor decir que se convierte en libro de cabecera por la claridad en la exposición de “Cómo hemos llegado hasta aquí: El ADN de la burbuja inmobiliaria” (parte primera); por la contundencia de la respuesta colectiva que ha supuesto desde 2009 la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) (parte segunda), y por los valiosos consejos y recursos que ofrece a quienes se encuentren en vía de expulsión de la vivienda (parte tercera).

Ada Colau y Adriá Alemany son dos investigadores jóvenes, activistas catalanes del movimiento por el derecho a la vivienda digna, que surgieron de las luchas en 2006 en plena euforia del boom inmobiliario. Ada trabaja en el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y Adriá es economista. Como resultado de aquellas luchas, en 2009 impulsan la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), a la vez que elaboraban diversos materiales de reflexión y audiovisuales sobre el tema: el documental La ley del ladrillo (2007) y el corto El ADN de la burbuja inmobiliaria (2009). El presente texto es tanto fruto de sus luchas como de sus reflexiones y de su saber comunicar. Es un texto de lectura fácil, que forma parte del género literario del “ensayo reivindicativo”, como recuerda G. Pisarello, profesor de Derecho constitucional en la UAB y primer prologuista. El profesor Pisarello termina sus palabras con el lema que día tras día hacen posible las mujeres y hombres de la PAH: “Sí se puede”. Y este mismo lema sirve como título para la aportación de José Coy, afectado por la hipoteca en Murcia, que después de un intento fallido de constituir una asociación de afectados para defender sus derechos, encontró una guía válida en la experiencia barcelonesa de la PAH. Hoy hay más de 60 plataformas locales en toda España y es que todas las herramientas están diseñadas para su reproducción en cualquier lugar. La PAH no surgió de la nada, sino de un grupo de personas vinculadas a la experiencia de “V de vivienda”, movimiento social nacido en 2006 a partir de un correo electrónico anónimo que circuló por la red convocando a los jóvenes a hacer una concentración de protesta en las principales plazas de las ciudades del Estado para exigir el derecho a una vivienda digna. Internet fue y es el medio de organización, la misma forma de surgir y funcionar que han adquirido los nuevos movimientos sociales de “Democracia real YA” y el “15M”; similitudes que junto con la convergencia en los objetivos ha propiciado una fuerte articulación entre ellos. V de Vivienda hizo un gran aporte renovando el lenguaje y los códigos utilizados hasta el momento por los movimientos sociales tradicionales. Su fuerte, como recuerdan Ada y Adriá, fue la capacidad de conectar con la opinión pública mediante campañas directas e imaginativas; así fue el lema de la primera manifestación: “No tendrás casa en la puta vida”; o la creación del Superhéroe, que irrumpía, en los mítines de los candidatos en las elecciones municipales de 2007, con el artículo 47 de la Constitución inscrito en el dorso de su capa para denunciar la mercantilización de la vivienda y los esfuerzos sobrehumanos que tienen que hacer los ciudadanos para sobrevivir en unas ciudades cada vez más caras, inaccesibles y excluyentes.

El relato de este drama social es, para Ada y Adriá, “el resultado de una legislación anacrónica, que es prácticamente una versión contemporánea de la esclavitud: los que en una ocasión cometieron el error de firmar una hipoteca, quedarán condenados financieramente de por vida (…) Al desahucio se le suma una condena financiera que se transforma en una condena a la exclusión social: la persona podrá se embargada de por vida (nóminas, cuentas bancarias, herencias, etc) y tendrá serias dificultades para llevar una vida digna, ya que al aparecer en el listado de morosos puede convertirse en un impedimento a la hora de encontrar trabajo, alquilar una vivienda, contratar un línea telefónica o, incluso, percibir ayudas públicas. Por haber querido acceder a una vivienda, a un bien de primera necesidad reconocido como derecho fundamental, puede convertirse en un proscrito sin posibilidad de recuperarse (…) Esta grave vulneración del derecho a la vivienda implica la vulneración de otros derechos fundamental interdependientes, como es el derecho a la salud” (pp. 31-32), tal como se ha visto en el aumento de casos de suicidio por esta causa.

La respuesta colectiva de la PAH al gran problema social de los desahucios ha conseguido logros espectaculares: las personas afectadas han perdido el miedo a exhibir y se han unido; la fuerza conjunta ha llegado de la capacidad de aglutinar fuerzas para hacer frente a la todopoderosa banca, porque, como recuerda el prologuista afectado José Coy, Joaquín el Cura, sacerdote murciano y activista de la PAH, reza diciendo que “la banca no tiene corazón, la ciudadanía, sí”. Una ciudadanía que ha sabido manejar la pluralidad que atraviesa al movimiento en cuanto a procedencias (inmigrantes y autóctonos), identidades, creencias y culturas. Pluralidad que explica el gran arraigo de un movimiento tan joven que ha pasado del silenciamiento inicial mediático a situarse en el centro de la agenda social y política: a todos nos han hecho aprender lo que es la “dación en pago” y a la clase política la han puesto contra las cuerdas para hacerla cambiar la ley hipotecaria, pese a las resistencias directas de la gran banca. Termina el prologuista afectado por la hipoteca haciendo un llamamiento a no cejar ni un momento, dado que la realidad de las pequeñas victorias no debe hacer olvidar que el final del conflicto no está escrito. Sin embargo sí se han abierto las puertas de un cambio de época para el derecho a vivienda digna, para que la hipoteca de un bien no pueda nunca volver a hipotecar la vida de las personas. Quizá, lector, si has llegado hasta aquí, podrás felicitar a la PAH en su cuarto aniversario (29 de febrero de 2009) y podrás seguir diciendo, “sí se puede”, ¿o es que se puede hacer más en menos tiempo?

DESIGUALDADES INTERNACIONALES. HACIA UN PROGRAMA MUNDIAL DE JUSTICIA GLOBAL

Antonio García Santesmases

Éxodo 117 (en.-feb) 2013
– Autor: Antonio García Santesmases –
 
Rafael Díaz-Salazar es un gran especialista en dos ámbitos bien distintos dentro de la sociología que se realiza en España. Es uno de los grandes especialistas en sociología de la religión y, por ello, sus obras sobre la laicidad, sobre el factor católico y sobre la presencia de las distintas formas de religión en el espacio público son leídas, comentadas y discutidas por innumerables analistas interesados en estos temas.

Me temo que su gran éxito como sociólogo de la religión ha oscurecido la gran relevancia de su obra en otro campo de la sociología enormemente importante. Me refiero a su trabajo de investigación acerca de las desigualdades a nivel nacional e internacional; en torno a la interpretación del actual proceso de globalización; y a su apuesta por la democracia económica y por la regulación ecológica de los procesos productivos. Han sido años y años de estudio de estos temas sin descuidar su preocupación por el futuro del trabajo y por el papel de los nuevos movimientos sociales. Estamos ante un trabajo que combina muy bien la capacidad y el rigor del investigador analítico con la pasión del militante cristiano comprometido.

En esta obra que comentamos, Rafael Díaz-Salazar hace un esfuerzo realmente notable por sintetizar en pocas páginas el proceso actual de globalización, el incremento de las desigualdades a nivel internacional y la necesidad de reorientar el marco económico mundial. El autor se adentra en cuestiones que aparecen recurrentemente en los medios de comunicación pero en los que nunca se profundiza: el papel de las políticas de ayudas al de – sarrollo, la necesidad de un modelo de decrecimiento y la importancia de una política de justicia global.

Es en este punto, en esta demanda de una política de justicia global donde se plantean muchos de los problemas, de las interrogantes que suscita este pequeño y apasionante texto. Afirma el autor: “Como digo muchas veces: cuando llegue el día en que para la mayoría de los ciudadanos del Norte la pobreza mundial y las desigualdades internacionales sean tan importantes como la sanidad pública y las pensiones, se habrá empezado a resolver de verdad y con rapidez estos problemas” (p.74).

Ante esta afirmación, el comentarista no puede sino asentir, pero inmediatamente se pregunta por qué no ocurre. Creo que la razón está en que el miedo se ha asentado cada vez más en los países ricos. Cuando el Estado social no se ha extendido más allá de nuestras fronteras, cuando los sistemas sanitarios y la protección social están puestos en cuestión dentro de nuestro país e incluso en Europa, es muy difícil que la mayoría de la población apueste por la justicia global.

Y, sin embargo, esa apuesta es tan difícil como necesaria. Efectivamente, como señala Díaz-Salazar: “Tenemos que reorientar el actual modelo de globalización desde una nueva política de civilización. Debemos aprender que estamos ante algo más que una crisis económica. Sólo si cambiamos de paradigma cultural vamos a poder fundamentar otro tipo de economía” (p. 41).

DECÁLOGO PARA UNA VIVIENDA DIGNA

ATTAC Madrid

Éxodo 117 (en.-feb) 2013
– Autor: ATTAC Madrid –
 
La Campaña de Vivienda de ATTAC Madrid se ha creado con el fin de analizar las causas de la actual situación de la vivienda en España y elaborar propuestas que permitan convertir el acceso a la vivienda en un derecho exigible ante los poderes públicos.

Este decálogo es la propuesta que consideramos básica para corregir una situación disfuncional e injusta: millones de personas excluidas del acceso a una vivienda digna, una de las edades de emancipación más elevadas de Europa, cientos de miles de desahucios como resultado de un modelo que empujaba exclusivamente a la compra y al endeudamiento excesivo, un parque de vivienda social insuficiente, millones de casas vacías, un urbanismo incontrolado e insostenible, mala calidad de la construcción generalizada, etc.

Todo ello como consecuencia de políticas erróneas e irresponsables. Reconducir esta situación requiere un debate serio, profundo y constructivo que parta desde una premisa fundamental: el acceso a una vivienda digna es un derecho humano, reconocido como tal por el artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde este reconocimiento se debe impulsar una política de vivienda coherente que abarque todos los aspectos relacionados con el disfrute de este derecho y apueste decididamente por el alquiler social.

1. LA VIVIENDA ES UN DERECHO Y NO UN PRODUCTO FINANCIERO

El modelo de crecimiento económico cuyo máximo exponente se desarrolla a partir de mediados de la década de los noventa, unido a la presión de las entidades financieras, constructoras y promotoras inmobiliarias, amparadas por los Gobiernos y por los medios de comunicación a su servicio, ha provocado que el derecho reconocido en el artículo 47 de la Constitución haya sido obviado por todos los agentes intervinientes en el sector.

La vivienda se ha convertido en una mercancía y en un producto financiero orientados exclusivamente a la propiedad, lo que ha impulsado la especulación feroz sobre el suelo, el sobreendeudamiento privado y lo que ha venido a llamarse la “burbuja inmobiliaria”, verdadera mecha de la explosión de la crisis económica de España.

Para impulsar un cambio hacia modelos más justos y sostenibles, consideramos que es indispensable elaborar una Ley General de Vivienda con dos objetivos fundamentales:

- Garantizar que el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada sea exigible ante los poderes públicos.

- Fomentar políticas de acceso al uso y disfrute de la vivienda bajo figuras que no estén exclusivamente basadas en la propiedad, ni siquiera en modalidades de acceso diferido como el “alquiler con opción a compra”.

2. UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA LAS PERSONAS DESAHUCIADAS

La consecuencia más dramática de una política de vivienda basada en el fomento del sobreendeudamiento de amplias capas de la población ha sido el desahucio de cientos de miles de personas sin ninguna alternativa habitacional.

Es inaceptable que las administraciones públicas no ofrezcan alternativas dignas y adecuadas para quienes firmaron hipotecas y contratos de alquiler de buena fe y, por causas de fuerza mayor o derivadas de la crisis –como el paro– no han podido continuar pagando. Por este motivo, exigimos que los procedimientos de desahucio queden paralizados hasta que las administraciones no asuman su responsabilidad y ofrezcan respuestas a esta situación alarmante.

Asimismo, proponemos:

- Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Hipotecaria para que las personas hipotecadas afectadas por los procesos de ejecución posean mayores garantías y no queden en la actual posición de desamparo. Estas leyes contemplarán que nunca pueda adjudicarse una vivienda habitual en una subasta por menos del 80 del valor de tasación establecido en el momento en el que fue adquirida.

- Aprobación urgente de una Ley de Segunda Oportunidad para evitar que las personas hipotecadas, además de perder su vivienda, mantengan una deuda con el banco. Este tipo de ley ya existe en países de Europa como Francia y Alemania, y establecen medidas para que las personas hipotecadas no queden obligadas a tener que pagar una deuda de por vida y posean el justo derecho de empezar una nueva vIda sin cargas que les condenen a la exclusión social.

3. ALQUILER SOCIAL Y BANCA PÚBLICA

ATTAC Madrid defiende que el acceso a la vivienda debe realizarse potenciando el alquiler social, regulándolo en función de las circunstancias socio-económicas de la persona demandante y estableciendo rentas que no superen el 30 de sus ingresos.

En la actualidad existe un enorme déficit de viviendas en régimen de alquiler social en España (apenas un 1 de las existentes, frente al 15 de media en la UE-15). Esta carencia es el mayor lastre para permitir el acceso a la vivienda en condiciones aptas para la mayor parte de la población. Sin un alquiler social fuerte es imposible desarrollar una política de vivienda coherente.

Para paliar este déficit, consideramos indispensable:

- La constitución de un parque público y permanente de vivienda sin posibilidad de acceso diferido a la propiedad. Este parque puede impulsarse mediante la utilización de bolsas de suelo y de viviendas en manos de las entidades financieras intervenidas o rescatadas con dinero público.

- Una política de fomento del alquiler social que trascienda una función meramente asistencial, limitada a personas en grave situación de exclusión social, y apueste por un concepto abierto, de tal forma que el alquiler social se convierta en una forma digna de acceso a la vivienda para amplias capas de la población.

- La creación de una banca pública que tenga como objetivo prioritario financiar políticas públicas y privadas de vivienda en alquiler social. La financiación de la política de vivienda debe perseguir el fin exclusivo de promover un parque de viviendas adecuado a las necesidades de la sociedad española, por lo que no debe subordinarse a los intereses particulares de las entidades crediticias.

4. HAY ALTERNATIVAS A LA VIVIENDA EN PROPIEDAD CON HIPOTECA

El modelo actual de acceso a la vivienda se ha justificado ideológicamente con el estereotipo de la “cultura española de la propiedad”, ocultando interesadamente que esa “cultura” se ha promovido durante muchos años con dos objetivos principales: por un lado, permitir que las entidades financieras, las grandes constructoras y las promotoras obtuvieran enormes beneficios de forma inmediata; por otro, garantizar el control social de la población mediante el endeudamiento.

Con el fin de ampliar el abanico de modalidades de acceso y facilitar el disfrute de una vivienda digna, proponemos:

- Una política de vivienda que no dirija la conciencia de la ciudadanía hacia modalidades de acceso a la misma basadas en el endeudamiento.

- Una legislación que incentive la constitución de “sociedades cooperativas en régimen de cesión de uso”, similares a las que funcionan con éxito en los países escandinavos, en Canadá y en América Latina. En esta modalidad la propiedad de los inmuebles corresponde a la cooperativa, mientras que las personas asociadas adquieren un derecho de uso indefinido de las viviendas a un precio muy reducido (inferior a un alquiler o a una cuota hipotecaria). Las viviendas no se pueden vender ni alquilar, sólo se puede transmitir el derecho de uso. De esta forma se garantiza el disfrute de una vivienda digna a un precio asequible, de forma estable y sin provocar endeudamiento.

5. UN ALQUILER PRIVADO ATRACTIVO

La regulación del alquiler privado en España ha sufrido diversas reformas que han acentuado el desequilibrio entre las partes y han desincentivado esta modalidad de acceso a la vivienda. Por una parte se han promovido rebajas fiscales que favorecen a la persona propietaria y se han aprobado reformas legislativas que permiten desahuciar al inquilino incumplidor a través de un procedimiento judicial muy rápido (el llamado “desahucio exprés”). Por otra parte, se ha suprimido la Renta Básica de Emancipación y se ha reducido la estabilidad en la tenencia de la vivienda, permitiendo que se pueda rescindir el contrato en función de las necesidades del propietario.

Para equilibrar la posición de las partes y conseguir que el alquiler privado sea más atractivo, proponemos:

- Reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para garantizar la estabilidad vital del inquilino, facilitar la resolución de conflictos mediante arbitraje y evitar los abusos con la fianza en metálico y las garantías adicionales. La Ley debe fijar un procedimiento de revisión de la renta para aumentar la seguridad jurídica.

. Fomento de un sector profesional del alquiler. El objetivo, en contra del modelo de las SOCIMI, es conseguir un mercado del alquiler privado integrado por empresas y sociedades cooperativas que permita aumentar la oferta del parque de alquiler y reducir los precios. La legislación deberá exigir que estas entidades destinen un porcentaje determinado de viviendas al alquiler social. La profesionalización se considera también conveniente para facilitar la resolución de las incidencias derivadas del uso de la vivienda (averías, reparaciones, etc.) siempre que se garantice el mantenimiento de calidad de la misma y sus instalaciones.

- Reforma del Código Penal que contemple y defina como delito específico el “acoso inmobiliario”.

- Imposición fiscal progresiva en función del número de viviendas vacías que posea un mismo propietario y el periodo de tiempo en que se encuentren en esta situación, junto con la disminución de la imposición si las viviendas se ofertan en régimen de alquiler social.

6. ORGANIZAR EL CAOS: UN CENSO DE VIVIENDAS VACÍAS

La disfuncionalidad de la situación actual se manifiesta en la opacidad de los datos relacionados con el parque total de viviendas. Una política acorde con las necesidades de la población requiere elaborar un diagnóstico transparente y lo más exacto posible del parque total de viviendas, el número de viviendas desocupadas, el stock actual de las entidades financieras, etc.

Por este motivo consideramos fundamental:

- Elaborar censos de viviendas con una periodicidad que no supere los 5 años (en la actualidad se realizan cada 10).

- Realizar un censo especial de viviendas vacías que establezca tipologías de vivienda y permita elaborar estadísticas sobre su titularidad (entidades financieras, particulares, inmobiliarias, administraciones públicas, etc.).

- Confeccionar censos municipales o autonómicos de demandantes de vivienda social.

- Elaborar un censo de infraviviendas en el que se contemplen las necesidades específicas de quienes las habitan.

- Incluir un censo de viviendas vacías y un análisis de necesidades de vivienda como parámetros reguladores que impidan nuevos crecimientos insostenibles.

7. UNA NUEVA POLÍTICA DE SUELO Y URBANISMO

El modelo de desarrollo urbanístico especulativo existente, basado en la recalificación constante del suelo y el fomento de la construcción indiscriminada, es antieconómico, insostenible e injusto. Las medidas liberalizadoras de suelo han provocado incrementos continuos de su precio, evidenciando así que el mercado no puede garantizar el derecho al acceso a la vivienda. Además, nos alejan del modelo tradicional compacto de ciudad hacia otros modelos más antiecológicos.

Por otra parte, consideramos que la tradición urbanística según la cual las administraciones ceden a los propietarios de terrenos el 90 de las plusvalías es abusiva, ilegítima, fomenta la corrupción y conduce a la especulación con el suelo, prohibida expresamente por el artículo 47 de la Constitución.

Para potenciar una nueva política de suelo y urbanismo, proponemos: – Promover los instrumentos que aseguren el interés público en el acceso a la vivienda y el desarrollo sostenible del territorio (con Planes Directores Territoriales, por ejemplo), así como la obligada participación ciudadana en la elaboración de planes urbanísticos.

- Garantizar que el suelo, como bien escaso, cumpla una función social. Toda medida de liberación de suelo debe estar supeditada a su carácter genérico de bien protegido.

- Recuperar para la comunidad las plusvalías que genera la acción urbanizadora. Los costes y los beneficios urbanísticos deben tener como prioridad garantizar el derecho a la vivienda.

- Establecer límites y controles a las modificaciones abusivas de Planes Generales que desvirtúen los principios anteriores.

- Fijar controles estrictos para impedir que las cesiones urbanísticas se monetaricen o utilicen para fines privados y ajenos a los intereses de la comunidad.

8. FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

El parque edificatorio existente requiere actuaciones de rehabilitación que permitan alcanzar valores aceptables de habitabilidad y que se centren, al mismo tiempo, en mejorar la calidad de vida y la cohesión social en la ciudad. Para ello es indispensable considerar la vivienda en su contexto social, ajustando los desarrollos urbanos para facilitar actividades de cercanía e incluyendo en los mismos equipamientos sociales que garanticen la convivencia y la regeneración urbana.

Para ajustar la rehabilitación urbana a las necesarias medidas de sostenibilidad y cohesión social proponemos que se revise la normativa urbanística vigente y se redacte un nuevo Plan de Vivienda, Alquiler y Rehabilitación, así como Planes integrales de rehabilitación que incorporen los siguientes criterios:

- Transversalidad, de manera que no se limiten exclusivamente a la rehabilitación arquitectónica o a medidas fiscales. Deben integrar a todos los actores urbanos en torno al acceso a la vivienda, la calidad de vida y la cohesión social.

- Coexistencia de diferentes niveles de renta y diferentes modelos de acceso a la vivienda (alquiler privado, alquiler social) en las actuaciones integrales, para evitar procesos de segregación social y guetización que al mismo tiempo impidan la gentrificación del casco histórico.

- Cesión de suelo o inmuebles en el interior de la ciudad que garantice porcentajes suficientes de vivienda protegida y alquiler social junto con las correspondientes dotaciones públicas (colegios, parques, polideportivos, etc.) en las zonas infradotadas.

- Definición clara de infravivienda y medidas de control suficientes que aseguren su desaparición.

- Incorporación obligatoria de mejoras energéticas en la rehabilitación que garanticen la calidad de vida y la sostenibilidad a largo plazo del funcionamiento del edificio.

- Medidas de apoyo fiscal a las actuaciones de rehabilitación protegida.

9. UNA POLÍTICA DE FINANCIACIÓN JUSTA

Los incentivos fiscales y las medidas de apoyo a la compra o al alquiler de vivienda, tal como se han desarrollado hasta ahora, pueden tener un carácter regresivo y beneficiar a las rentas más altas en perjuicio de las más bajas. Por ese motivo, los incentivos deben replantearse como un instrumento subsidiario y destinarse únicamente a corregir los desequilibrios en el acceso a la vivienda

En la situación actual, las desgravaciones fiscales por adquisición de vivienda con hipoteca, las cuentas de ahorro vivienda, los cheques vivienda y cualesquiera otras medidas de apoyo a la propiedad deben ser eliminadas pues suponen fomentar el sobreendeudamiento familiar.

España carece de un organismo que evalúe los efectos de los incentivos sobre el acceso a la vivienda de la población. Por ello, proponemos la creación de un organismo evaluador de la política de financiación de la vivienda de carácter independiente con las siguientes funciones:

- Garantizar la transparencia en la financiación de la construcción y de la promoción.

- Proponer objetivos y medidas de financiación y analizar su grado de cumplimiento.

- Analizar el fraude existente y proponer medidas correctoras.

- Controlar que las entidades financieras que conceden créditos no financien a empresas en las que a su vez participan, así como que no puedan asegurar o garantizar operaciones suscritas por otras entidades.

10. MEMORIA DE LA BURBUJA: EXIGENCIA DE RESPONSABILIDADES

Sin aprender de los errores cometidos es imposible iniciar una nueva política de vivienda. Es imprescindible conocer qué decisiones condujeron a este desastre, quiénes las adoptaron, quiénes hicieron dejadez de sus funciones de control, quiénes se han enriquecido ilícitamente, quiénes pudieron evitarlo y no lo hicieron, etc.

ATTAC Madrid propone que una comisión ajena a partidos políticos, instituciones financieras y grupos empresariales lleve a cabo un análisis exhaustivo e independiente para exigir las responsabilidades correspondientes a quienes nos han llevado a esta situación y han generado la problemática actual:

- Crisis profunda en la que la exposición irreflexiva a los activos en vivienda ha arrastrado a las entidades financieras a una situación insostenible que ha repercutido gravísimamente en el resto de la sociedad.

- Millones de personas sobreendeudadas y cientos de miles desahuciadas o en proceso de desahucio. Paralelamente, millones de jóvenes sin posibilidades de emanciparse por no poder acceder a una vivienda.

- Millones de pisos vacíos y barrios enteros transformados en escenarios fantasmagóricos.

- Degradación ecológica de nuestros espacios protegidos y entornos urbanos insostenibles en ciudades expandidas sin control.

La Campaña de Vivienda de ATTAC Madrid se ha creado con el fin de analizar las causas de la actual situación de la vivienda en España y elaborar propuestas que permitan convertir el acceso a la vivienda en un derecho exigible ante los poderes públicos.

Este decálogo es la propuesta que consideramos básica para corregir una situación disfuncional e injusta: millones de personas excluidas del acceso a una vivienda digna, una de las edades de emancipación más elevadas de Europa, cientos de miles de desahucios como resultado de un modelo que empujaba exclusivamente a la compra y al endeudamiento excesivo, un parque de vivienda social insuficiente, millones de casas vacías, un urbanismo incontrolado e insostenible, mala calidad de la construcción generalizada, etc.

PODEMOS IMPEDIR LOS DESAHUCIOS. UN CASO PARADIGMÁTICO

Javier Baeza

Éxodo 117 (en.-feb) 2013
– Autor: Javier Baeza –
 
Aparece una mujer pequeña, de América del Sur, reclamando alguna ayuda. Cuando la necesidad embarga toda la vida, a veces es difícil determinar qué se necesita, cuál es la urgencia. En este caso la excusa, para comenzar, son unos papeles judiciales que no acaba de entender.

En la conversación con el equipo jurídico, la confianza ofrecida y el acercamiento personal, esta mujer va ganando soltura y la timidez inicial deja paso a un torrente de desgracias y penurias que provoca, aún más si cabe, cierta compasión ante esta mujer.

Se casó con el padre de sus dos hijas. Este, con problemas de alcohol y una violencia ante el mundo que reflejaba en malos tratos a su mujer, acaba desapareciendo de su vida. El intento de homicidio acabó con dicho personaje masculino entre rejas. La mujer, de esos hechos, acabó postrada en una silla de ruedas. El cuerpo y corazón lleno de cicatrices y magulladuras difíciles de reparar. Las externas más cicatrizables que las del corazón.

La mujer trabaja limpiando portales y distintas casas. Los papeles administrativos producen la tranquilidad de no ser continuamente molestada por redadas policiales racistas que sortean su barrio diariamente. Ella misma reconoce que, en esos tiempos, gana dinero. Esta situación económicamente boyante le permite intentar comprar un piso.

Como tantas otras, la entidad bancaria parece ser su mejor aliada ante la cifra astronómica de ceros que vale su vivienda 208.000 €. Con papeles, trabajo e irresponsabilidad bancaria financiera, le ofrecen la hipoteca. Esta asciende a más de 1475 €. Cantidad de dinero que va afrontando, cada vez más, doblando el lomo en la limpieza de portales y casas. Pero, dice, es joven y puedo hacer frente a ello. El sacrificio actual, sigue relatando, nos asegurará una vejez tranquila y cómoda en nuestra casa. El marido no es de arrimar mucho el hombro con el trabajo pero ella siente que tiene una familia como “dios manda”.

Llegan los tiempos de recesión. La limpieza se torna más dura porque los lugares de trabajo se van cerrando. Cuesta más llegar a las horas necesarias que posibiliten pagar la hipoteca y sobrevivir. Las hijas van creciendo y su independencia se vive, a pesar de las dificultades económicas, como una liberación. Se negocia con la entidad bancaria y esta acepta reducir la cuantía de la deuda mensual que la mujer ha de satisfacer por la hipoteca.

Tras abonar más de 50.000 €, al padre de sus hijas se le sube el alcohol y acaba dando una paliza grave a la mujer. Él acaba en la cárcel y ella presa de una silla de ruedas. El castillo de ilusiones, más parecido a uno de naipes con vendaval, se desmorona de la noche a la mañana. La imposibilidad de trabajar mientras dura la recuperación de la invalidez provocada por el intento de homicidio oscurece el futuro. Las mensualidades no pueden satisfacerse y la deuda acumulada con la entidad bancaria crece como la bola de nieve en caída libre.

Intenta negociar, siendo evidente su situación personal e incapacidad laboral, los pagos de la hipoteca. El banco no escucha. La desesperación se suma al dolor y hacen invivible esta difícil existencia.

La entidad bancaria comienza a presionar y le llega la notificación judicial de desahucio. Junto a sus hijas acuden a la sucursal de la entidad bancaria que les ha concedido el crédito hipotecario con el fin de negociar una solución que no pase por el abandono de la casa y la pérdida del dinero abonado. Cuestión esta que el director de la sucursal de secha al no estar, dice, en sus manos negociar una demora o una paralización del desahucio.

Quedan escasamente nueve días para la ejecución del desahucio y la mujer, en paro y con las heridas en vías de sanación, aparece por la parroquia.

La primera medida es acercarnos a la sucursal de la entidad bancaria. Acompañamos a la mujer. Solicitamos hablar con el director de la entidad y no saben si “nos podrá atender”. Esperamos y aparece el señor director. Pretende recibirnos, mal encarado con la mujer, en el pasillo de la sucursal. Le pregunto si no podemos pasar a un despacho y, de mala gana, accede.

La entrevista se desarrolla de manera tensa. No dirige ni una palabra a la mujer, a quien yo acompaño. Mirándome a mí, todo su discurso es que esta mujer “no ha querido pagar”, que incluso “apareció en una ocasión con muletas” y “que si todos -incluido yo mismo, dice- dejásemos de pagar nuestras deudas sería la hecatombe”. Todo el argumento es que él, y tampoco ya la entidad bancaria, no puede hacer nada porque ya está sometido al criterio del juez que es “quien ordena el desahucio”. Ante nuestra insistencia, a lo más que llegan sus competencias es volver a “llamar a sus jefes” advirtiéndonos, nuevamente, que la entidad bancaria ya no tiene ningún poder sobre la ejecución del desahucio. “Todo depende del juez”, es su despedida.

En esa misma mañana contactamos con un medio de comunicaión de tirada nacional y ponemos en su conocimiento el caso de esta mujer. Inmediatamente se traslada un periodista y un fotógrafo a la casa donde la familia -ahora vuelven a vivir las dos hijas, más un yerno y un nieto con ella- vive y la casa es objeto del desahucio.

Al día siguiente la situación es publicada en dicho periódico, identificando a la entidad bancaria y reflejando la intención de hablar con el director de la sucursal, rechazada por este, con el fin de reflejar las razones bancarias para no aceptar una modificación del pago de la deuda ante una situación tan delicada.

Curiosamente, ante la aparición en un periódico de tirada nacional, el letrado de la entidad contacta con nosotros para ver qué ocurre. Tras el relato pormenorizado que le hacemos de las circunstancias actuales de la mujer, las gestiones realizadas ante la sucursal bancaria y la petición de modificar el pago de la deuda… el letrado toma nota y queda en “hacer gestiones”.

Una vez más parece que la presión social, utilizando en este caso la exposición mediática, abre alguna puerta a la solución de otra familia en la calle con una deuda estranguladora.

Finalmente, tras la intervención del letrado de la entidad bancaria y la presión social ejercida, ésta se aviene a rebajar la cantidad mensual a pagar así como a desistir del de sahucio de dicha familia. Es importante señalar que, en ningún caso, la mujer se negó ni se negaba a pagar la deuda. La única pega era que los intereses bancarios van siempre más deprisa -más aumentados- que las horas de trabajo posibles y la cuantía económica de estas.

Hemos asistido a muchos desahucios. Situación terrorífica que “enajenan” socialmente a las familias o personas que las sufren. Creo que hoy podemos hablar de creación de pobreza y exclusión social a los desahucios. Es una realidad tan evidente, tan explícita, que resulta inexplicable la tibieza de muchos de nuestros dirigentes políticos, sociales o religiosos en la condena de semejante acto terrorista.

Las personas desahuciadas de sus viviendas, inmediatamente pasan a conformar también esa larga lista de de sahuciados sociales. Situación que va a provocar el agravamiento de las dificultades para poder solventar los problemas que, seguramente, causaron las situaciones que han impedido satisfacer las deudas de quien fue -en muchos casos- presionado o engañado con unos créditos enormes que había, de la manera que fuese, que satisfacer.

Además los desahucios señalan, claramente, aquellos responsables que han colaborado necesariamente en el desmantelamiento del estado de bienestar. Las entidades crediticias que nos vendieron un paraíso alcanzable sin contarnos que -era posible y no a muy largo plazo- estuviéramos inconscientemente colaborando en nuestra propia condena deudora con nulas posibilidades de satisfacción. Como la fábula del burro persiguiendo la zanahoria, pusieron el caramelo en la boca sin contar que éste vendría cargado de amargura.

La amargura de tener una deuda económica insalvable que condiciona no sólo el presente: el desahucio en sí mismo, sino el futuro teniendo que satisfacer una deuda económica que estrangula cualquier proyecto de futuro en dignidad.

EL PATIO MARAVILLAS. UNA COMUNIDAD EN TRÁNSITO

Gonzalo Gárate y Guillermo Zapata

Éxodo 117 (en.-feb) 2013
– Autor: Gonzalo Gárate y Guillermo Zapata –
 
“No avanza la acción conforme a un plan” (Q. Luther Blissett)

Lo que sigue aunque parezca lo contrario no es lineal, no tiene puntos de partida, ni de llegada, cada hito, cada punto es un proceso en sí. En estas líneas solo pretendemos acercarnos brevemente a las historias que han conformado el centro social Patio Maravillas y la comunidad que lo habita en sus más de cinco años de actividad. Un proceso con idas y venidas, saltos adelante y atrás que está muy lejos de evolucionar de forma recta, avanza a trompicones, en forma de espiral, pasando en varias ocasiones por un mismo lugar, atravesando y siendo atravesado por una comunidad en construcción permanente.

ORIGEN: DE LA CASA OKUPADA AL CENTRO SOCIAL

Cuando comenzamos a pensar el proyecto del Patio Maravillas hace ya más de seis años, teníamos un puñado de certezas y un saco de dudas. Las pocas certezas eran que queríamos abandonar las lógicas autoreferenciales y salir de lo que denominábamos “identidad okupa”. Queríamos un espacio abierto a cualquiera que quisiese experimentar qué era eso de la autogestión. Las muchas dudas eran la incertidumbre sobre la sostenibilidad del proyecto, la acogida que podría tener en la ciudad, si seríamos capaces de salir de nuestras redes en las que estábamos enredadas, si nos desalojarían al poco de tomar el espacio…

Nos apoyábamos en una doble intuición: Por un lado los centros sociales que habían iniciado ese viaje antes que nosotros y nosotras y habían definido un marco de posibilidad. Por otro, la sensación de que tras las movilizaciones contra la Guerra, el Pásalo y las movilizaciones de V de Vivienda había un enorme potencial colectivo deseando expresarse y una composición nueva que quería abordar el territorio desde otros presupuestos políticos.

TRAYECTO: DEL CENTRO SOCIAL AL ESPACIO DEL MOVIMIENTO

Los primeros años pasaron entre talleres y asambleas, manifestaciones y charlas, conciertos y encuentros, acciones y reuniones. Intentos de coordinación muy poco afinados y locos experimentos organizativos.

Mientras tanto, a nuestro alrededor y entre nosotros y nosotras se estaba empezando a poblar el ambiente de nuevas formas de hacer política que aún no entendíamos y sólo intuíamos levemente: Organización en forma de red, centralidad de la cuestión material y no tanto de la identidad, ruptura del eje “izquierda-derecha” y sustitución por el “arriba-abajo”, políticas de anonimato y de cualquiera, espontaneidad, tecnopolítica, comunicación como base para la organización, etc.

Y de pronto, un 15 de Mayo de 2011 todo aquello estalló y nos encontramos en una asamblea como en tantas otras ocasiones, pero esta vez estábamos en una plaza, montando una acampada, de pronto se comienzan a parar desahucios, redadas, etc. Y entran en el patio espacios que nunca habíamos imaginado: Democracia Real Ya, Juventud Sin Futuro, Yayoflautas, Tomalatele, la asamblea del barrio, mareas de todos los colores, etc.

Al finalizar la acampada, las plazas se extendieron a los centros sociales, que se empiezan a multiplicar, a nacer por todas partes. Y con ellos se multiplica su legitimidad. Del centro social minoritario, parcial, etc. El Patio se convierte en un nodo de una red tupida a través de la cual se organizan de forma más o menos difusa miles y miles de personas.

¿LLEGADA? DEL ESPACIO DEL MOVIMIENTO A LA INSTITUCIÓN COMÚN

Con la explosión del 15M el espacio se desborda, se queda pequeño, la intensidad de lo que lo atraviesa es más fuerte que nunca, sabemos que lo más importante que tenemos no se perderá por un desalojo, que lo que se ha construido es una forma de andar y una comunidad. Quien ha experimentado la autogestion, la autonomía, la potencia del común, difícilmente olvida que las cosas se pueden organizar de otra manera.

Sabemos que cuanto más caminamos por la cuerda floja, mejor lo hacemos, pero también que las caídas existen y que los Centros Sociales son espacios fundamentales para resistir a la crisis, producir lazo social, riqueza y sin duda, democracia.

Hemos pasado de un Patio planteado como espacio de fuga del tipo de organización social impuesta por el neoliberalismo a un Patio que pone en el centro la dimensión productiva, la riqueza social, el cooperativismo, etc. De un espacio social “alternativo” hemos descubierto que, a pesar de nuestra enorme precariedad material, estábamos mejor preparados para afrontar la crisis económica e institucional que todas las supuestas instituciones diseñadas para ello. De un espacio de una minoría hemos descubierto que podíamos formar parte (una parte minúscula entre otras muchas partes minúsculas) de un movimiento cualquiera que habitan hoy cientos de miles de personas.

Por eso creemos que se tiene que reconocer desde el poder político a los espacios de participación ciudadana no reglados desde arriba, la inconstitucionalidad desde abajo, lo que sucede dentro de un centro social jamás ocurrirá en un centro cultural del ayuntamiento. Es en la potencia política de las comunidades, en su capacidad de producir lazo social, nuevos derechos, conflicto social, riqueza y alegría donde está la salida de la crisis.

SER HOMBRE, TENER UNA CASA. REFLEXIÓN BÍBLICA

Xabier Pikaza

Éxodo 117 (en.-feb) 2013
– Autor: Xabier Pikaza –
 
Por naturaleza e instinto los vivientes nacen dentro de un nicho ecológico, que ellos pueden adaptar por instinto: “Las zorras tienen madrigueras, los pájaros hacen nidos, los hombres, en cambio, no tienen donde reclinar la cabeza” (Mt 8, 20): Vienen al mundo indefensos, han de ser acogidos, cuidados y educados largos años, en familia. No tienen casa previa, han de hacerla, haciéndose a sí mismos, en un plano personal y social, cultural y religioso. Así lo ha sabido Jesús, que acepta su desamparo radical de hijo del hombre, para iniciar así su gran tarea de ser (=hacer) casa para aquellos que no la tienen.

Esa tarea (hacer casa) vincula y define todos los hilos de la vida, desde la posesión del suelo hasta la arquitectura, con implicaciones personales, sociales, laborales y económicas, siempre con el riesgo de construir sobre arenas movedizas y no sobre roca, como pasa hoy en España (Mt 7, 24-27). La casa no es un problema más, es “el problema”, como muestra la crisis sangrienta en que vivimos, con una economía desquiciada y desalmada que se muestra en la especulación (hacer casa para enriquecerse a costa de otros) y al desahucio de los pobres.

Esta tarea no se arregla con un ligero barniz ornamental, sino que necesita un toque más hondo, estructural y personal, económico y financiero (bancario), político y moral y, en el fondo, ecológico. Tal como están las cosas, la crisis no ha hecho más que empezar. O cambiamos mucho o nos destruimos. La Biblia puede ayudarnos a caminar en la buena dirección.

ISRAEL, UNA CASA

Los hebreos (nómadas de estepa, emigrantes, evadidos de Egipto, cananeos pobres…) lograron superar su desamparo y construir un pueblo donde cada familia tuviera su propia casa y todos una Casa Común. Tardaron siglos, entre dificultades y crisis económicas, sociales y religiosas, pero lo intentaron, como sabe la Escritura. Creyeron ser casa de Dios y en parte lo fueron.

Su construcción siguió un ideal agrario de autonomía: Cada familia era y tenía una casa, con un campo propio, y estaba gobernada por un padre que mantenía unidos a los miembros del grupo (bet-ab, casa paterna), vinculados en clanes sociales más amplios, de manera que todos pudieran vivir tranquilos, cada uno “bajo su parra y su higuera” (cf. 1 Rey 4, 25), bajo un techo propio. Como garantía de unidad y justicia social, los judíos construyeron la Casa Común de Dios (el templo de Jerusalén) y desde ese trazaron las leyes del año sabático y del jubileo (que culminan en Lev 25), garantizando a todas las familias una casa y propiedad en Israel.

En principio no podía desahuciarse, ni expulsarle de su casa a nadie durante más de siete años, y además debían rescatarle (acogerle) sus familiares. De todas formas, ese ideal no logró imponerse nunca del todo (y hubo que dictar leyes de protección para emigrantes, huérfanos, viudas y esclavos sin casa para remediar las situaciones de desamparo). No lograron ser perfectos aquellos judíos, pero lo intentaron y sus leyes sociales eran mucho más justas que las nuestras. A pesar de ello, en tiempos de Jesús, muchos cayeron bajo la opresión de los poderes políticos y económicos vinculados al Templo y al Imperio de Roma, perdiendo sus casas, en manos de la oligarquía dominante, en una situación parecida a la nuestra (año 2013).

JESÚS, ARQUITECTO

Mc 6, 3 le presenta como tekton, constructor (albañil, herrero, carpintero…), y su oficio era hacer casas, como artesano subordinado, al servicio de los nuevos terratenientes ricos de las ciudades controladas por emperadores, reyes (Herodes, Antipas…) y sacerdotes (Anás, Caifás…) dedicados a la megalomanía de las grandes edificaciones (templos, puertos, palacios…), mientras los pobres perdían tierras y casas, por deudas y embargos.

Un día descubrió que su tarea no era construir más casas para el sistema injusto, sino salir a la calle para iniciar una conversión-revolución de tipo social y familiar, económico y religioso, a fin de que todos pudieran tener casa en la tierra de Dios. Así se liberó sin sueldo y, dejando su trabajo de tektonconstructor, se hizo arqui-tekton del Reino de Dios donde todas las familias tuvieran casa, empezando por los expulsados sociales, cojos-mancosciegos, leprosos-excluidos. No hizo casitas para pobres sin techo en las laderas y costas de Galilea, sino algo anterior: Les ofreció dignidad y conciencia, solidaridad y deseo de vivir, para que ellos mismos pudieran crear casa (construirla y compartirla). Su revolución tuvo dos rasgos principales:

- Llamó a los sin techo (nómadas de la vida, itinerantes) y los envió para curar-transformar a los propietarios, enfermos de la vida (de su orgullo y su prepotencia…). No empezó desde arriba, cambiando le economía del César de Roma con sus gobernadores y reyes. La buena nueva de la Casa de Dios (para todos) debía empezar desde los pobres, excluidos, sin-techo, portadores de una nueva esperanza de vida y casa compartida.

- Creyó que los ricos podrían cambiar por el testimonio y palabra de los pobres, sin guerra militar (como querían los celotas), sin conquista armada de Jerusalén. No se trataba de controlar el poder existente (para que todo siguiera lo mismo, aunque con nuevos dueños), sino de superar una estructura de poder que expulsaba de la casa a los pobres. Pensó que los ricos podían cambiar, pero sólo acogiendo a los pobres.

Jesús, el tekton de casas materiales, al servicio del orden establecido, se hizo así arqui-tekton, constructor de una humanidad reconciliada, a partir de los pobres. Por eso criticó a los viñadores homicidas (especuladores, sacerdotes), que se habían adueñado de la “finca” para su servicio (Mc 12, 1-12). Evidentemente, esos constructores que habían tomado la viña, para construir en ella sus palacios y templos, le juzgaron y mataron, oponiéndose así a la revolución de los pobres. Pero los cristianos saben que su muerte no fue en vano y que Dios le convirtió en “piedra angular” de la nueva casa del Reino (Mc 12, 10, cita de Sal 118, 22).

La cuestión de fondo era el Templo que debía ser “casa de oración”, es decir, de diálogo y encuentro, de fraternidad y gozo para todos, y de un modo especial para los pobres (es decir, un tipo de Parlamento, al servicio de la justicia y la igualdad). Pues bien, los sacerdotes y senadores (aliados con Roma) lo habían convertido en “cueva de ladrones” (Mc 11, 17), para legalizar sus intereses financieros, mientras los pobres, a quienes Jesús prometía el Reino, quedaban sin casa.

No le mataron por cuestiones religiosas separadas de la vida, sino por intereses muy materiales. Conspiran contra él y le matan los sacerdotes de Jerusalén, que habían pactado con Roma, para seguir siendo dueños de la Casa/Templo (con devotos sometidos y dinero), convirtiendo la religión en un mercado, cueva de bandidos, mientras los pobres no tenían casa familiar, como he puesto de relieve en mi Historia de Jesús (Verbo Divino, Estella 2013).

EVANGELIOS, LA CASA

Los cristianos no empezaron formando una nueva religión instituida, sino una federación de casas abiertas, desde y para los pobres, creando redes de comunicación y de vida fraterna, casas-familias, impulsadas por el testimonio y presencia de Jesús, a quien descubren como resucitado. Entre los diversos grupos hubo divisiones y tendencias, pero en todos formaban una “ekklesia”, una asamblea de personas y familias, compartiendo casa y esperanza. Podríamos fijar los tipos de casas de la Iglesia primitiva (en el documento Q en los escritos de Pablo), o presentar la iglesia como casa-para-los-sin-casa (1 Pedro), pero he querido centrarme en los evangelios, que ratifican de forma solemne la experiencia de la casa cristiana.

1 Marcos describe la forma en que los “señores” del mundo (gobernadores, sacerdotes) mataron a Jesús para mantener su “casa” (imperio, templo) como negocio sobre el pueblo. Su visión de los seguidores de Jesús se resume en tres símbolos centrales que son Pan, Casa y Palabra, como destaqué en un libro titulado precisamente así (Sígueme, Salamanca 1998). Ese convencimiento me ha llevado a redactar un largo comentario del Evangelio de Marcos (Verbo Divino, Estella 2012), poniendo como centro del mensaje de Jesús la experiencia y tarea de la casa.

Desde ese fondo se entiende la palabra y tarea central de Jesús: “Quien deje casa o hermanos… por el evangelio tendrá cien casas y hermanos…” (cf. Mc 10, 28-31). Jesús no pide a los suyos que dejen la casa por ascetismo o mendicidad, sino por el evangelio: Por comunión con los pobres, para compartirla con ellos, creando espacios de familia más amplia. El problema no era (ni es) que no haya casas (¡las hay, y muchas…!), es que no se comparten. Los ricos hacen casas para su disfrute privado, no para bien de todos. El tema de fondo no es de pobreza, sino de participación; Jesús no quiere que sus amigos quemen casas, sino que las compartan, de manera que así se multipliquen. Ésta es su nueva contabilidad, su “mercado de Reino: No se trata de tener contra los otros (multiplicando así los millones propios), sino de tener con y para todos, disfrutando así el ciento por uno en casas, hermanos y hermanas.

2 Mateo sigue básicamente a Marcos y pone en el centro de su mensaje el tema de la casa, pero añadiendo que Jesús quiso edificar (oikodomeô) una casa universal, dando las llaves a Pedro para que todos pudieran habitar en ella, prometiendo que nada ni nadie (ni siquiera el infierno, ni el neo-capitalismo) podría destruirla (Mt 16, 18-19). Esa ha sido su alternativa judeo-mesiánica de la casa frente a la casa judeo-sacerdotal de Jerusalén, convertida en cueva de bandidos, dando a Pedro la función (a veces no cumplida) de abrir la casa de modo que todos pudieran tener cabida en ella.

Esa visión se expresa en la parábola del juicio (25, 31-46), donde el tema de la casa (los sin-casa, extranjeros…) se inscribe en un contexto más amplio de necesidades personales, familiares y sociales (hambre, sed, desnudez, enfermedad, cárcel). Centro de esas necesidades son los sin-ropa (dignidad) y de los sin-casa (xenoi, extraños), que son los que vienen de fuera (emigrantes no acogidos) y también (como en nuestra sociedad) los expulsados (desahuciados) de las casas. En contra de la injusticia actual, el centro del proyecto de Jesús es acoger (ofrecer casa) a los que, por diversas circunstancias, no la tienen.

3 Lucas introduce en su evangelio algunas novedades de tipo económico y social, pero ha concretado su proyecto de Reino en el libro de los Hechos, presentando desde el principio la utopía de la casa común (cf. Hech 2- 4). Los primeros cristianos formaron una “federación de casas”, compartiendo la fe de Jesús y la comida. No tenían apenas estructuras exteriores, pero se reunían en las casas de los miembros (hermanos), convertidas en espacios de comunicación monetaria (¡bienes, comida!) y personal, de acogida y diálogo abierto en especial a huérfanos, viudas y sin-casa (cf. Hech 6).

Aquí se planteó el primer gran problema de la Iglesia, que Pablo interpretó como “dogma” central del evangelio: Las comidas compartidas en las casas de la Iglesia (Hech 15; cf. Gal 2, 5.14). Algunos querían “comidas y casas separadas” (para judíos por un lado, gentiles, por otro…). Pablo, en cambio, recordó que según Jesús todos los creyentes debían ser acogidos en las casas de la comunidad, compartiendo dignidad y comida. Así entendió el evangelio en forma de relación de casa y mesa, en comunión abierta a judíos y griegos, hombres y mujeres, libres y esclavos (Gal 3, 28). El problema de la Iglesia no es de ley ni clero, sino de casa y comida.

4 Juan ofrece una doctrina absolutamente necesaria para entender y resolver el tema, como indicó Caifás, Sumo Sacerdote, afirmando que debía morir Jesús para que se mantuviera el “orden de la casa”, el sistema religioso y social de la oligarquía de Jerusalén, vinculada a los romanos, que concede casas a unos y expulsa a otros (Jn 11, 47-53). Esa doctrina sigue siendo esencial en nuestro tiempo: Para que el sistema siga deben “morir” los pobres, quedarse sin casa. Jesús, en cambio, murió (fue asesinado “legalmente”) porque quiso “reunir a todos los hijos dispersos” (ofrecer a todos casa-familia). Era peligroso para la Gran Casa de Jerusalén, sigue siendo peligroso.

En esa línea se avanza la exigencia suprema de Jesús, que es la transparencia. El sistema de poder se mantiene por mentira y ocultamiento: Unos saben, a otros se les niega el saber; unos pueden, a otros se les quita el poder; unos tienen grandes casas, otros son expulsados de ellas. Pues bien, para invertir esa situación, Jesús propone un remedio: ¡Que todo se sepa! (Jn 15, 15). Ése es también hoy el principio de la solución: ¡Que se sepa quién manipula las casas, quién roba, quién excluye, de manera que empiece ya aquí el juicio de Mt 25, 31-46! Sólo donde se sepa y se diga en todas las plazas quiénes y cómo expulsan a los otros de las casas podrá iniciarse un camino de renovación.

NOSOTROS, UNA ENCRUCIJADA

Nuestro tiempo (2013) se parece en muchos rasgos al de Jesús. (a) Los poderes especulativos (neocapitalismo, bancos), manejando al Estado, han empleado parte del capital para construir casas, no para bien de la gente (¡que pueda vivir!), sino para ganancia propia, subiendo el precio y creando una inmensa burbuja inmobiliaria y financiera. (b) Una parte considerable de los que han comprado las casas en esas condiciones, con grandes hipotecas, tienen dificultades en pagarlas y corren el riesgo de perderlas (ser desahuciados). La solución tiene aspectos políticos, sociales y económicos que desbordan mi planteamiento. Pero la Biblia (mensaje de Jesús) ofrece al menos dos indicaciones significativas:

1. Las situación es escandalosa y anticristiana, en ella están implicadas las mismas iglesias oficiales (parecidas al templo de Jerusalén, que Jesús rechazó). Este escándalo ha surgido (al menos en España) en una sociedad de catolicismo básico (nacional-catolicismo), pero la Iglesia oficial no ha tenido la lucidez de verlo ni la valentía de condenarlo. Será tiempo de que lo haga.

2. La solución no es sólo el cristianismo, pero los cristianos tenemos mucho que decir y proponer, en la línea del mensaje de Jesús: O sabemos presentar el evangelio como experiencia y tarea de “casa compartida”, o terminaremos haciendo su mensaje y la misma Iglesia se vuelva irrelevante. ¿Si la sal se vuelve insípida con qué se salará? (Mt 5, 13).

CUANDO ESTÁ EN JUEGO EL DERECHO A LA VIVIENDA Y AL DESALOJO

Íñigo López Berruezo

Éxodo 117 (en.-feb) 2013
– Autor: Íñigo López Berruezo –
 
NO HABÍA GUILLOTINA PARA TANTO CUELLO

Los primeros contactos de la Asociación Pro Derechos Humanos con la ejecución de créditos hipotecarios se remonta al año 2008 cuando asumimos el asesoramiento y mediación en los conflictos planteados a raíz de los impagos de las cuotas y la amenaza de los desahucios.

Las entrevistas mantenidas en nuestra sede con los que eran entonces afectados por el aluvión de impagos y ejecuciones nos dio una perspectiva de este drama social desde sus inicios y hasta el momento más álgido vivido por nuestra asociación, esto es durante el año 2010 y principios de 2011.

Tuve ocasión de pronunciarme respecto de los desahucios en la Escuela de Práctica Judicial, ante una comisión de expertos convocada al efecto y para establecer criterios de actuación por parte de la Administración. Se buscaban ya entonces iniciativas para arbitrar soluciones al que por esa época (2010) era ya un problema de relevancia social. Expuse una metáfora que pudiera resumir la situación social creada y la efectividad de las leyes procesales e hipotecarias. Manifesté que la situación se asemejaba a las ejecuciones medievales que se llevaban a cabo en las plazas públicas, abarrotadas de gente, al objeto de ajusticiar al delincuente y sembrar el terror en el pueblo, que veía en carne ajena las consecuencias de contravenir la ley. El miedo guarda la viña.

El problema surgía cuando en lugar de ejecutar a uno frente a cien, eran 95 los ajusticiados frente a la atenta mirada de cinco. No hay guillotina para tanto cuello ni espectador para tan ejemplarizante espectáculo. En este caso la Ley pierde el carácter represivo y atemorizante que mantenía al pueblo sumiso y obediente.

Cuando son cientos y miles los ejecutados por la hipoteca y la escena del desahucio pierde su carácter estigmatizador, la sociedad tiene un problema, los desahuciados y el banco también, y la ley no alcanza a dar solución a tanta guillotina.

La realidad ha tirado la puerta abajo y la Ley Hipotecaria, los juicios ejecutivos y las medidas proteccionistas del acreedor son diques de arena ante el maremoto de desempleo, falta de recursos y lista de morosos. La Ley reposaba en el sustrato del miedo, poderoso medio de disuasión que, utilizado en sutiles dosis, es el mejor antídoto contra el impago y la desobediencia. Cuando eran pocos los morosos, el desahucio era un castigo ejemplarizador que disuadía al resto de deudores y mantenía la plaza firme y en perfecta tensión al ver el lanzamiento de aquellos que no pagaban.

LA APDH SUPO VER LA DESPROTECCIÓN AL DERECHO DE LA VIVIENDA

La Asociación Pro Derechos Humanos a la que tengo el honor de pertenecer supo ver hace algunos años el tremendo déficit en la protección del derecho a la vivienda que la incipiente crisis económica estaba comportando. Así, los desahuciados por la imposibilidad de pagar su deuda hipotecaria no solo perdían su techo sino que entraban en un riesgo de exclusión social y condicionamiento vital insoportable para nuestra sociedad. Comenzó así una campaña de asesoramiento y mediación con las entidades bancarias que nos hizo conocer de primera mano la tremenda tragedia personal que empezaba a tomar forma en todos los hogares afectados.

Como abogado y defensor del principio de legalidad no puedo compartir la reivindicación sostenida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que exige la modificación de la ley de ejecución de deudas hipotecarias con la aplicación retroactiva de la dación en pago a todos los contratos de crédito con garantía hipotecaria firmados durante la última década. Mantengo mi oposición por la inseguridad jurídica que supone para todas las partes contratantes admitir un cambio de reglas que afecte a las voluntades libremente constituidas en el negocio jurídico que supone el préstamo para la adquisición de una vivienda.

CONSENSO AMPLIO: NECESIDAD DE MODIFICAR LA LEY HIPOTECARIA

Las reglas del juego han cambiado y por tanto se hace necesario cambiar el tablero, los dados y las reglas, pero no respecto de todos los contratos y en todas las situaciones jurídicas creadas con antelación al tsunami económico. Soluciones las hay y desde mi modesta opinión trataré de aportar mi grano de arena a las iniciativas que en estos días se están debatiendo ante los poderes públicos.

En lo que creo existe un consenso relativamente amplio es en la necesidad de modificar la Ley Hipotecaria y en todo lo que remoce unas disposiciones decimonónicas y desfasadas.

Desfasada porque se mantiene anclada en los principios inspiradores del cumplimiento estricto de los contratos sin atender a las modificaciones que suponen un desequilibrio de las prestaciones y que vacían de sentido la compraventa que amparan. Estamos hablando de un derecho constitucional y tan sustancial al desarrollo personal del individuo como es la vivienda y aunque el contrato de compraventa con garantía hipotecaria forma parte del derecho civil privado de los contratantes, el objeto del mismo es el cumplimiento de un derecho y aspiración amparado por nuestra Constitución y paradigma del estado de bienestar al que supuestamente aspiramos.

Solo el clamor popular, los números rojos en las cuentas de explotación de la banca y algunos suicidios, han hecho reaccionar a los poderes públicos que ahora, tarde pero al fin ahora, van a abordar las medidas que puedan equilibrar de nuevo la balanza entre deudor y acreedor cuando están en juego el derecho a la vivienda digna y el desalojo de tantas familias.

LAS BANCAS TENÍAN EL VIENTO A SU FAVOR Y EL DINERO A RAUDALES

El sistema legal de ejecución de deudas hipotecarias que ampara la legislación española descansa por un lado en los procedimientos de subasta, adjudicación y lanzamiento recogidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2001 -continuista en gran medida de la anterior legislación procesal de 1889- y por otro en las particularidades de la Ley Hipotecaria que recogen los principios de la prenda o garantía real que sustentan el préstamo. Las entidades bancarias son en la práctica los prestamistas cuasi absolutos en estos contratos.

Con el viento a favor y el dinero a raudales, las entidades bancarias ampliaron el espectro de prestatarios manteniendo una constante que hoy actúa como palanca ante cualquier solución que alivie la soga: la naturaleza mixta de la deuda, real y personal del préstamo hipotecario. Esto supone que la vivienda responde de la devolución del préstamo y hasta el valor del bien, siendo el resto del crédito asumido de forma solidaria por el prestatario y sus avalistas con todos sus bienes presentes y futuros y ejecutables ante el impago de una sola de las cuotas.

Frente a otras ejecuciones como puede ser la referida a las letras de cambio, el impago de una cuota en la devolución del préstamo hipotecario presupone el incumplimiento del contrato y faculta a la entidad bancaria a exigir el pago de la totalidad del crédito permitiendo la valoración del bien (revaloración, ya que existen una valoración inicial cuando se concede la hipoteca) para adecuarla a la nueva situación del mercado y la ejecución del crédito pendiente.

Curiosamente en la inmensa mayoría de las escrituras hipotecarias que he visto se contemplan la valoración del inmueble para la eventual subasta en caso de impago, cantidad calculada cuando la burbuja inmobiliaria convertía las casas en becerros de oro, auténticos globos aerostáticos con el soplete a pleno rendimiento. Obviamente esa valoración no se respeta en la fase de ejecución de los inmuebles y la ley permite y contempla que se efectúe una nueva valoración (actualizada) antes de sacar el bien a subasta.

EL PROBLEMA NO ES DEL DEUDOR SINO DEL BANCO

Esto ha supuesto que después de pagar durante años y con puntualidad prusiana nuestras cuotas, en el momento de poder saldar la deuda con nuestro bien más preciado, éste no solo no vale lo que por él estamos pagando sino que apenas cubre el principal del crédito pendiente. Este es el punto de inflexión que muta el miedo de los afectados en indignación y ha movido a muchos deudores a abandonar su obligación y negociar en igualdad de condiciones con su acreedor. Por fin nos hemos dado cuenta de que, con independencia de lo duro que es perder una casa, el problema no solo es del deudor sino del banco que, insisto, con el viento a favor prestó el dinero necesario para comprarla y amueblarla y una vez que verificó los cada vez más laxos requisitos de ingresos, nivel adquisitivo, riesgos de impago…

SOLUCIONES AL DESAHUCIO

La ejecución de los bienes y el desahucio del propietario moroso es en puridad la aplicación lisa y llana de la ley y en tal sentido o se acata o se reforma, no hay otra salida. En la modificación se ha planteado la llamada dación en pago de la vivienda como satisfacción de la totalidad del préstamo hipotecario, sin tener que responder con los bienes presentes y futuros en caso de no alcanzar el valor de la casa el importe de lo adeudado (sistema anglosajón). Es una buena solución, insisto que no de forma legal y con carácter retroactivo, que puede incluirse en los futuros préstamos y que aunque condicionará la concesión de préstamos (ya lo anuncian los bancos), plantea una seguridad de la que el deudor carece, no convierte la deuda hipotecaria en una enfermedad crónica y desde luego, no distará mucho de la dificultad actual en la concesión de préstamos hipotecarios.

Otra solución al desahucio por la que yo abogo es la dación en pago con alquiler al desahuciado por el importe del principal. En este caso y toda vez que en cumplimiento del contrato la casa pasa a ser propiedad del prestamista, se debería arbitrar la posibilidad de que el deudor permanezca en la vivienda a cambio de abonar como renta por el uso y disfrute de la misma el importe mensual que corresponda a la devolución del principal y siempre y cuando éste sea en cualquier caso inferior a la cantidad media del alquiler de mercado.

Esta solución no está siendo adoptada en la actualidad por las entidades financieras a pesar de denunciar que la adjudicación de viviendas las está convirtiendo en auténticas inmobiliarias muy a su pesar. No deja de ser paradójico que no contemplen la posibilidad de recuperar al menos el importe prestado y no tener que provisionar la pérdida en su cuenta de resultados. Todos vamos sabiendo quién va a pagar al final esta acumulación de pérdidas por culpa del ladrillo…

LOS BANCOS SIGUEN INSISTIENDO EN NO PERDER SU NEGOCIO

Las iniciativas que baraja la administración son positivas pero a mi juicio no abordan con cierta valentía las efectivas soluciones al problema de los desahucios. Contemplan la dación en pago pero la circunscriben a unos casos bastante extremos y que excluyen a un amplio espectro de afectados para los que el desahucio se ejecuta sobre su vivienda habitual –y única- sin acceso a un alquiler en circunstancias similares.

No se fuerza a las entidades bancarias a estar y pasar por la obligación de establecer períodos de carencia obligatorios y revisables o a ceder la potestad de mantenerse en el inmueble en condición de arrendatario con el pago de una cantidad asumible.

En esta historia de opulencia y carestía que ha supuesto el boom inmobiliario, la lluvia de hipotecas y el granizo de desahucios, sí he sacado una conclusión que sin querer ser tendencioso, debo señalar: Los bancos, que no son los únicos malos de la historia, siguen insistiendo en no perder su negocio ni renunciar a sus intereses a pesar de ver el dramático panorama a su alrededor.

LOS GOBIERNOS VAN UN PASO POR DETRÁS DE LAS DEMANDAS SOCIALES

Los gobiernos que han vivido en primera persona esta situación no han actuado con agilidad y van un paso por detrás de las demandas sociales. Los afectados han perdido el miedo al desahucio y han tomado la calle, la voz y la iniciativa para que esto cambie. En definitiva, la realidad, como muchas veces en nuestra historia más reciente, ha tirado la puerta abajo. Es un momento inmejorable para modificar y cambiar leyes, usos y costumbres, para que todos podamos acceder a una vivienda digna y acorde con nuestras posibilidades. A ver si es verdad.

LOS DESAHUCIOS EVIDENCIAN LA CRISIS DEL DERECHO

José Ignacio Navas Olóriz

Éxodo 117 (en.-feb) 2013
– Autor: José Ignacio Navas Olóriz –
 
¿ESTÁN REGULADOS LOS DERECHOS DEL SUJETO CONSUMIDOR INMOBILIARIO?

La pregunta es: ¿la legislación española reguladora de los derechos de los consumidores inmobiliarios e hipotecarios está a la altura de la importancia del consumidor como protagonista y sujeto esencial de ese sector económico? ¿Es suficiente la regulación? Y en caso de serlo ¿protege de una manera eficaz y equilibrada los derechos del sujeto consumidor inmobiliario? O por el contrario: ¿las sucesivas Administraciones han sido incapaces de generar normas reguladoras y protectoras de una actividad vital y esencial para el propio sistema, y en consecuencia se hace necesaria una acción por parte de la sociedad civil dirigida a definir, reclamar y obtener tales normas?

INMORAL LA SOLUCIÓN DEL MONISMO ECONOMICISTA NEOLIBERAL

Sufrimos una crisis generalizada que afecta a todos los ámbitos sociales y a los valores que han regido nuestras conductas, tanto individuales como sociales y que ha asolado nuestros tradicionales esquemas éticos.

Considero inaceptable el monismo economicista que alimenta la creencia en una sola crisis, la financiera, y en la existencia de una sola manera de responder a la misma.

Llamo monismo economicista a esa forma de pensamiento que quiere hacernos creer que para toda pregunta solo hay una respuesta correcta y son incorrectas todas las demás. Una sola concepción, un solo sistema que es capaz de responder acertadamente cualquier cuestión que la sociedad civil plantee.

Se presenta como una nueva religión, en la que la crisis es el pecado original y el bautismo que limpia ese pecado y redimirá a las sociedades: la austeridad presupuestaria. Ahí cabe todo. Todo aquello, naturalmente, que favorezca la continuidad de ese sistema.

Creo que la crisis que sufrimos es institucional, producida por cambios políticos y sociales tanto en Europa como en España.

Por lo que se refiere al mercado inmobiliario, nuestra historia inmediata nos coloca frente a un país arrasado por la guerra, arruinado en vidas y bienes; con unos dirigentes ocupados, literalmente, en la represión, de espaldas a esa sociedad civil exhausta, que sufre la escasez de vivienda y alimentos y que ha de superar la extraordinaria tragedia que ha sufrido.

Es en la segunda década de la posguerra, con los años del desarrollismo, cuando se acomete la reconstrucción del país y en consecuencia, cuando comienza la masiva construcción de viviendas. Fruto de esa necesidad son las leyes protectoras y reguladoras de ese especial producto que hoy conocemos con el nombre de Viviendas de Protección Oficial o Protección Pública.

Pero no hay que engañarse, en esa política de emergencia no se contemplaba la vivienda como instrumento de política social -a pesar de las apariencias que las leyes promulgadas crearan-, sino como instrumento de política económica. La vivienda hizo ricos a unos pocos y endeudó durante largo tiempo a muchos.

Faltaban unos años para que la industria de la vivienda comenzara a plantearse la construcción de viviendas residenciales, libres de cualquier calificación oficial, y vislumbrara la apertura de un mercado que se orientaba, de modo decidido y casi único, por la opción en propiedad. Había comenzado la progresiva migración del campo a las ciudades. Caminábamos hacia una integración de España con la Comunidad Europea, los dos Estados alemanes se reunificaban, la desaparición del comunismo significó la desaparición del contrapunto político del capitalismo. El 1 de enero de 2002 comenzó a circular el euro.

EN ESPAÑA LA VIVIENDA CONTINÚA SIENDO MUY CARA

Según datos recientes, en los próximos años, 1.800 millones de personas se incorporarán al grupo de las clases medias, esta gigantesca clase media incidirá poderosamente en que la europea y norteamericana, la vieja clase media, tenga que aprender a renunciar a una parte de su confort.

La vivienda en nuestro país era muy cara, y continúa siendo cara. Por otro lado no podemos olvidar la fuerte dependencia de una parte de nuestro sistema financiero del sector de la construcción residencial. En el pasado inmediato, el cambio en las condiciones de crédito animó a las familias a tomar el riesgo de aumentar sus capacidades de compra. El aumento de los plazos y la bajada de los tipos de interés, variaciones o cambios estructurales por la entrada de España en el euro, permitieron, durante el pasado ciclo alcista, compensar el efecto de los precios sobre la accesibilidad a la vivienda, de tal manera que con cada nueva subida de precios, la ratio de accesibilidad disminuía.

En el año 2007 la elevación de la ratio de accesibilidad supuso la expulsión del mercado de los colectivos con menor renta, y el agotamiento de la demanda de compradores de primera vivienda. Si a esto añadimos, hoy, la escasez y carestía del crédito nos encontramos con un panorama desgarrador. La restauración de la demanda requiere un descenso de precios aún mayor, y la tonificación del crédito hipotecario.

Hoy partimos de una demanda agotada, lo que supone una menor rentabilidad futura. Los factores demográficos también han cambiado. La demanda por emancipación se reducirá aún más en el futuro. La inmigración disminuye, e incluso se ve animada regresar a su país de origen, y la segunda residencia dependerá en gran medida de la evolución del sector turístico. De este modo la economía española se ve abocada a un cambio estructural en el que el peso del sector de la construcción residencial ha de reducirse de forma sustancial.

EL CONSUMO DE SERVICIOS DEBE SER REGULADO

La característica de nuestro mundo es la tendencia poderosísima hacia la homologación. La diversidad existe y ha existido siempre pero lo característico hoy es el hecho de que a pesar de ser tan diferentes queramos consumir igual.

La sociedad de consumo no sólo se refiere al consumo de bienes sino también al de servicios, dado que cada vez tiene más importancia en las sociedades desarrolladas el consumo de servicios, fruto fundamentalmente de la mayor disponibilidad de renta y tiempo libre.

El consumo implica relaciones de posesión, de dominación, y por ello importa al Derecho. No podemos olvidar que el acto de consumir es un acto libre y voluntario de cada persona que depende de su cultura, pero al propio tiempo representa un fenómeno de masas, y como tal ha de ser objeto de regulación y de observación jurídica.

EL PROTAGONISTA ES EL SUJETO CONSUMIDOR

Hoy, dentro del mundo capitalista, el sujeto protagonista es el sujeto consumidor, y el consumo, su herramienta de poder. El trabajador contribuye al desarrollo de la actividad económica no sólo trabajando sino también consumiendo. Es sujeto activo de esa actividad en todo momento, incluso en el tiempo ocioso, cuando consume.

Además, ser consumidor no es una característica coyuntural de algunas personas, sino una condición permanente del ser humano. El grado de dependencia de la economía mundial de los niveles de consumo es tal, que una caída de esos niveles ha puesto en serio riesgo nuestro sistema.

Hoy la doctrina se ha puesto del lado del consumidor elevándolo a la categoría de sujeto especial del derecho, ayudándole a desarrollar su existencia mediante normas reguladoras y protectoras de esa actividad esencial y suprema. El consumidor vive con arreglo a su propio criterio y consume más o menos, peor o mejor, en función de su capacidad de endeudamiento.

LAS LLAMADAS HIPOTECAS SUBPRIME

Hoy, parte del mundo occidental globalizado está inmerso en una inédita crisis financiera o crediticia, provocada por las llamadas hipotecas subprime o de alto riesgo.

Estas hipotecas, desconocidas en nuestro país y en la mayor parte de los sistemas hipotecarios europeos, son una creación del sistema hipotecario de los EE. UU, en donde se constituían para garantizar los préstamos concedidos a aquellas personas que tenían escasa solvencia crediticia. Se trata, en definitiva, de un producto más caro por ir dirigido a unos clientes de mayor riesgo.

Por otro lado, las entidades dedicadas a las hipotecas subprime titulizaban esos créditos emitiendo cédulas hipotecarias que colocadas adecuadamente en el mercado eran adquiridas por otros bancos o fondos que obtenían suculentos beneficios con esos títulos.

Estas hipotecas no existen en España, pero existen hipotecas de consecuencias prácticas parecidas. Estoy hablando de aquellos préstamos concedidos a jóvenes que adquirían su primera vivienda y que se sostenían en unas condiciones financieras y de plazo difícilmente reproducibles y que consagraban todo a la amortización del préstamo destinado a la adquisición de su vivienda.

A esta transferencia vitalicia de rentas se añadía un factor de imprevisibles consecuencias: estos jóvenes no ponían dinero de su bolsillo, no entregaban parte de sus ahorros (inexistentes) para efectuar esa adquisición, ya que el propio sistema financiero se encargaba de resolver esa dificultad. El piso era tasado por un importe muy superior al realmente pactado, por encima del 100 % de su valor de mercado.

Me estoy refiriendo a aquellos préstamos concedidos por algunas entidades de crédito, de modo intencionado e irresponsable, para financiar adquisiciones de viviendas de precio más bajo que el importe del préstamo que la hipoteca garantizaba, y que se amparaban en tasaciones manipuladas o en figuras crediticias sofisticadas.

Este procedimiento se sostenía en la concepción de la vivienda no como un bien de uso, sino como un activo financiero, como un bien especulativo y de inversión. El fin del ciclo alcista, con la consiguiente caída de valor de los inmuebles, produjo, en algún sector social, consecuencias prácticas, no de intensidad y extensión, pero sí parecidas a las hipotecas de alto riesgo americanas.

Las hipotecas que se constituyen en España determinan que en caso de ejecución por impago, el importe obtenido se destine a saldar la deuda acreditada junto con sus intereses y gastos, pero en ningún caso suponen la sola concreción de la responsabilidad del deudor a los bienes hipotecados, sino que en nada modifican el régimen de responsabilidad personal del artículo 1911 del C.c.

Por otra parte en nuestro derecho es perfectamente posible lograr esa limitación de responsabilidad al bien hipotecado, siempre que así se acuerde en la escritura de constitución de hipoteca. Tengo que reconocer que en todos los años que llevo ejerciendo mi profesión de notario, no me he encontrado ni un solo caso de limitación de responsabilidad hipotecaria al bien hipotecado, con exclusión expresa de la responsabilidad personal del deudor.

LA CRISIS HIPOTECARIA

No parece ni razonable ni coherente que se hable de crisis cuando afecte a las de entidades de crédito dedicadas a la actividad hipotecaria, y no se hable de ella cuando las quiebras son las de los particulares consumidores que han solicitado esos créditos y cuya morosidad era previsible en caso de caída de la actividad inmobiliaria, y de otro, que los Gobiernos acudan en ayuda, únicamente, de esas entidades, mediante la rebaja del tipo de interés y de la inyección de cantidades ingentes de efectivo a un interés adecuado, sin que se promulgue, al propio tiempo, una regulación legal tuitiva de los intereses económicos de esos consumidores y de esas familias que pierden sus viviendas.

Esa situación que era impensable en Europa, dada la cultura jurídica de nuestro continente y el sistema de seguridad jurídica preventiva que rige en casi todos los países de la Unión Europea, ya no resulta tan exótica pues se perciben síntomas de la influencia que la concepción económica descrita va logrando en los ordenamientos jurídicos europeos.

El deudor está abandonado a su suerte y desgracia. Nada se hace para legitimar la severidad –por otra parte necesaria- de un procedimiento de ejecución hipotecaria que no ha tenido en cuenta, previamente, los posibles abuso que el moroso y próximo ejecutado haya podido sufrir.

El art. 1911 del C.c señala: “Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros”. Así pues, tal procedimiento de ejecución en nada altera la responsabilidad personal ilimitada del deudor que se extiende a todos sus bienes presentes y futuros, y que por tanto no excluye el que, una vez subastada la finca, pueda continuar el acreedor reclamando el pago de su crédito sobre otros bienes del deudor.

Es cierto que la subasta del bien inmueble hipotecado como única solución posible a un conflicto por falta de pago, no sólo es la exigida por los sistemas -el propio financiero y el de seguridad jurídica preventiva-, sino que sería la solución justa, equitativa y conveniente a ese desequilibrio contractual en situaciones de normalidad social y contractual, por lo que pocas críticas se pueden hacer, incluso desde la óptica del consumidor inmobiliario y financiero, a un sistema de constitución de garantías y de ejecución absolutamente regulado, controlado judicialmente y respetuoso con los plazos y notificaciones. Es un sistema garantista y fiable, que además viene precedido por otro que controla la legalidad y consuma la constitución de la garantía dando el máximo relieve al consentimiento informado y a la capacidad del prestatario deudor.

En nuestro país las hipotecas, cuando se constituyen señalan siempre el valor de tasación del inmueble hipotecado para el caso de ejecución, que siempre o casi siempre es distinto e inferior del que ha servido para la concesión del préstamo.

No hay razón alguna para que sean diferentes. Es más, hay supuestos de abuso que suponen en la práctica una intención comisoria o confiscatoria del bien hipotecado.

Basta dar publicidad a un problema y la solución que se propone para que la sociedad crea que el problema está solucionado o en vías de serlo. Ningún jurista alza su voz para desmentirlo.

La inflación de normas jurídicas es de varios dígitos. Más que ordenamiento jurídico hay desordenamiento jurídico, desbarate legislativo.

España, al igual que los demás países pertenecientes a la UE, sufre el déficit democrático de tener que trasladar a su derecho interno normas aprobadas de un modo escasamente democrático por los burócratas europeos, que muchas veces están más atentos a las pautas marcadas por los influyentes lobby anglosajones que a la historia y a las necesidades de nuestras sociedades, pero de otra ha de soportar el fenómeno del Derecho que nuestro sistema político produce.

En España el uso de la enmienda de última hora elaborada a toda prisa y al dictado del agente económico o inmediatas, ha sido, desgraciadamente, bastante frecuente.

La escasa calidad técnica de las normas probablemente responda a la prisa en dar respuesta a un problema socialmente apreciado y al propósito de aparentar que se está solucionando.

Las normas jurídicas responden a unos intereses que han de concernir a la sociedad en su conjunto y han de merecer un tratamiento global e integrador. Han de responder a unos principios y han de perseguir unos objetivos, y estos han de estar identificados y definidos, ya que esos principios y esas directrices u objetivos son también de aplicación.

El rechazo sin más de cualquier iniciativa que venga del “otro” no sólo significa o equivale a aplanamiento de la conciencia política del ciudadano y simplificación del debate político, sino que tiene un significado mucho más hondo y un alcance mucho más grave, ya que está hurtando del debate democrático y social, perspectivas en la solución de los conflictos o problemas sociales que nunca serán tenidas en cuenta por proceder del adversario político, que ha sido condenado al destierro durante el espacio de tiempo de cuatro años que es el que media entre la inicial derrota electoral y su eventual victoria.

Victoria que además equivaldrá a algo tan carpetovetónico como tomarse la revancha política, legislativa y judicial. Es por ello sumamente importante que la sociedad civil comience a percibir el rechazo de cualquier iniciativa no acompañada de su correspondiente explicación o justificación, como antidemocrático y manipulador, y por tanto condenable desde la perspectiva civil y política de una sociedad madura, y ello aunque tal proceder reciba ovaciones desde las filas de los partidos alternantes.

Las instituciones judiciales están en riesgo de perder prestigio y credibilidad. Ninguno de los dos partidos alternantes en el gobierno parece interesado en elevarse por encima de sus intereses partidistas para diseñar un poder judicial verdaderamente independiente, que no tenga que rendir cuentas a sus mentores políticos como ahora pudiera, a veces, parecer que sucede. Los jueces sólo han de estar subordinados a la Ley y al Derecho.

Estas circunstancias causan más daño e inestabilidad en el sistema que una modificación o reforma constitucional que ponga fin a un diseño agotado, que en su dimensión electoral se revela preocupantemente bipartidista, y que sólo beneficia los intereses de los dos grandes grupos parlamentarios, obligándoles, como consecuencia del fraccionamiento partidista, a conservar el poder como sea y allí donde lo ostenten.

En nuestro país no podemos hablar de falta de regulación como causa de nuestros problemas en este sector, más bien de lo contrario: hay una excesiva proliferación de normas, muchas de ámbito estatal y otras de ámbito autonómico que son contradictorias entre sí y que dificultan notablemente su aplicación práctica, cuando no su conocimiento por el jurista. El notario, el abogado, el juez, llegan a dudar, incluso, acerca de su vigencia. El desbarate legislativo es de tal intensidad que únicamente una medida radical y astringente podría resolver el problema. Esa medida no tiene por qué suponer o representar la recuperación de competencias por parte del Estado central y la correlativa pérdida de las mismas por parte de las comunidades autónomas, sino que puede lograrse a través de la aclaración, codificación, armonización y desarrollo del Derecho de Consumo.

DERECHO DE CONSUMO

Una protección eficaz del consumidor, especialmente el hipotecario, ha de pasar necesariamente por la elaboración de un único cuerpo legal que recoja todas las normas de protección de los derechos del consumidor.

Es urgente el cambio de orientación de la política de vivienda en España. Considero prioritaria la tarea de crear un Derecho de Consumo como rama autónoma y especial del Derecho que sustituya el dualismo de un Derecho civil patrimonial y un Derecho mercantil, por un Derecho Privado del Tráfico Económico, y en el que además la intervención del Estado a través de las normas de derecho público de carácter administrativo pueda generar y conseguir mantener vivo y eficaz ese derecho especialmente tuitivo, a través del documento público notarial.

Ese Derecho privado del Tráfico Económico puede convertirse en una herramienta decisiva a la hora de fortalecer y revitalizar a la sociedad civil y profundizar de ese modo en los derechos de la ciudadanía. Hoy, uno de los principales déficits democráticos se produce en el terreno del ejercicio práctico de ciertos derechos de contenido económico, o en la utilización a cambio de un precio de la multitud de servicios que ofrecen las sociedades occidentales. El desequilibrio entre los grandes agentes económicos y los usuarios es descomunal. Los primeros, además, van reduciendo su número y concentrando su poder de modo monopolístico. Así se observa en las continuas y cada vez más frecuentes concentraciones bancarias, o en las fusiones de grandes empresas inmobiliarias.

El poder de esos grandes grupos es inmenso, y la capacidad de restablecimiento de sus derechos por parte del consumidor es cada vez más raquítica. Podríamos decir que aunque el desarrollo de la protección en los derechos del consumidor ha sido espectacular en los últimos treinta años, la proporción entre los derechos de éste y el poder que han desarrollado los grandes agentes económicos ha retrocedido vertiginosamente.

El crecimiento y desarrollo, ordenado y democrático, de esta nueva rama del derecho no sólo conseguiría proteger a la ciudadanía de los abusos sino que propiciaría el respeto de sus derechos. No sólo equilibraría las posiciones contractuales sino que determinaría un cambio en la percepción de cómo se instalan los diversos agentes económicos y sociales en esas posiciones. Y obviamente ese Derecho de Consumo no quedaría constreñido a la esfera del derecho privado sino que entraría a regular una nueva manera, más horizontal y ajustada a la realidad de nuestro siglo, de entender las relaciones entre los administrados y la administración en el ámbito del derecho público administrativo.

A FONDO

LA NATURALEZA DEL NEGOCIO BANCARIO, LOS INTERESES, LA USUSRA Y LAS CONSECUENCIAS

Juan Torres López

Éxodo 117 (en.-feb) 2013
– Autor: Juan Torres López –
 
Tradicionalmente, los bancos se habían dedicado a desarrollar un negocio muy rentable y sumamente conservador: recoger el ahorro para trasladarlo en forma de créditos a los inversores productivos. Pero en los últimos cuarenta años se han producido una serie de cambios que lo han modificado para convertirlo en algo muy distinto y peligroso. En lugar de intermediar para trasladar el ahorro a la inversión productiva de las empresas, ahora lo recogen para dirigirlo a los mercados financieros en donde la actividad especulativa generalizada proporciona muchos más beneficios y en menos tiempo, aunque a costa, eso sí, de desarrollar operaciones muy arriesgadas y de dejar sin la necesaria financiación a gran parte de la actividad productiva.

Hasta que no se produjo el enorme desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, en los años 80 y 90 del pasado siglo, los movimientos financieros eran lentos y costosos (hacer un pago de una ciudad a otra llevaba días, y si se trataba de hacerlo a otro continente semanas y era algo muy caro). Pero cuando las telecomunicaciones permitieron que se realizaran operaciones financieras incluso en milésimas de segundo (hoy día se puede tardar solo cuatro segundos en invertir 1.000 millones de dólares), resultó que mover continuamente el dinero de un lugar a otro podía proporcionar enormes beneficios. Y eso fue lo que incentivó el extraordinario desarrollo de operaciones puramente especulativas: comprar una divisa o cualquier otro activo con el solo objetivo de venderlos enseguida si se conseguía que subiese su cotización podía generar una gran ganancia al hacerlo reiteradamente.

Para ello fue necesario que los banqueros usaran todo su poder político y lograsen que los gobiernos eliminaran cualquier tipo de barrera a los movimientos de capitales y que cambiaran las leyes que hasta entonces vigilaban el destino de los recursos financieros. En esas nuevas circunstancias se comenzó ya a generalizar una incesante actividad especulativa en torno a nuevos productos financieros cada vez más sofisticados y rentables (aunque también peligrosos), y la falta de normas y controles permitió que muchos de ellos se pusieran en circulación envueltos en engaños y fraudes de mil tipos (como las hipotecas basura, las preferentes, los ‘swaps’, etc., de nuestra época que terminaron arruinando a millones de personas).

EL DINERO BANCARIO Y LA DEUDA

Para alimentar este nuevo tipo de negocio y sacar el máximo rendimiento de él, se necesitaba incrementar continuamente la cantidad de dinero disponible y aquí es donde entra un elemento que, sorprendentemente, no suele ser muy conocido por la gente normal y corriente.

Esta suele creer que el dinero son las monedas y los billetes y, por tanto, que es el que crea el Estado. Es un error porque, en realidad, éste solo representa entre el 5 y el 10% de todo el dinero circulante.

La gran mayoría del dinero que se utiliza en la economía lo conforma el llamado dinero bancario, es decir, el que crean los bancos privados gracias al privilegio que lleva consigo el llamado “sistema de reservas fraccionarias” que rige su funcionamiento.

El procedimiento por el que los bancos crean dinero es muy sencillo y lo podemos explicar con las mismas palabras y con el ejemplo que Vicenç Navarro y yo utilizamos en nuestro libro Los amos del mundo, las armas del terrorismo financiero (Editorial Espasa. Madrid 2012, p. 57 y siguientes):

Supongamos que Pedro se deja convencer por un banquero y deposita los 100 euros de los que dispone en un banco, a cambio de recibir un interés del 4% al año. En ese momento, el banco hace dos anotaciones en su balance, que es el libro en donde registra sus cuentas:

- Por un lado, anota que tiene 100 euros como un activo (los activos son los bienes o los derechos sobre otros que tiene alguien), y más concretamente en concepto de dinero metálico entregado por Pedro.

- Por otro, anota que tiene un pasivo (los pasivos son las obligaciones de alguien) de 100 euros, puesto que ese metálico es en realidad de Pedro y tendrá que devolvérselo en el momento en que lo reclame.

Al hacerse este depósito no ha cambiado la cantidad de dinero en la economía. Sigue habiendo 100 euros, aunque ahora estén físicamente en otro lugar, en la caja del banco.

Ahora bien. El banco no guarda inmovilizado todo el dinero que Pedro ha depositado. Las leyes le permiten que hasta un 98% de esa cantidad lo dedique a realizar préstamos.

Ahora supongamos que otra persona, Rebeca, necesita 20 euros y que el banco se los presta al 7%.

Supongamos que le pone esa cantidad a su disposición en un depósito a su nombre y que le entrega unos cheques o una tarjeta con los que puede utilizarlo.

Si nos preguntamos cuánto dinero hay en la economía en el momento en que se concede dicho crédito, la inmensa mayoría de la gente pensará que el dinero es simplemente el dinero legal y por tanto contestará que sigue habiendo 100 euros. Pero si entendemos que el dinero es lo que es, es decir, medios de pago, veremos claramente que hay más: Pedro puede hacer pagos con su talonario de cheques por valor de 100 euros y Rebeca puede pagar hasta gastar los 20 euros que le han dado de préstamo. Por tanto, desde el mismo momento en que se hizo efectivo el préstamo, en la economía hay 120 euros en medios de pago. No se han creado ni monedas ni billetes (siguen existiendo por valor de 100 euros) pero sí medios de pago que llamamos dinero bancario por valor de esos 20 euros.

Así es como los bancos crean dinero desde la nada (solo haciendo una simple anotación contable) cuando dan un préstamo. El banco crea el dinero en la medida en que crea deuda, pero lo cierto es que esta también se crea desde la nada: simplemente anotando el banco en el activo de su balance que los 100 euros que Pedro había depositado ahora se convierten en 80 mantenidos en la caja y 20 en un préstamo concedido a Rebeca y que esta se obliga a devolver. Si no fuese así, si el dinero que crean los bancos no naciese de la nada, la cantidad de dinero no podría aumentar, puesto que un billete o una moneda no pueden reproducirse materialmente a partir de sí mismos.

Y fue precisamente este procedimiento el que permitió incrementar continuamente la liquidez necesaria para generar cada vez más negocio en los mercados financieros, utilizándola para crear nuevos productos y operaciones especulativas. Ese fue el origen de la deuda gigantesca de nuestra época.

EL DINERO BANCARIO, EL CRECIMIENTO DE LA DEUDA

Efectivamente, si gracias al crédito se crea dinero, que da beneficio y poder, resulta que la creación de dinero (y por tanto, de deuda), en lugar de estar vinculada a la financiación de la actividad productiva, se convertía en un fin en sí mismo.

Si los bancos ganan dinero (y por tanto también poder) creando dinero cada vez que aumentan la deuda, su objetivo principal y constante será el de aumentar sin cesar el volumen de crédito que conceden, haciendo así que crezca indefinidamente la deuda global de las economías.

La creación de dinero por los bancos a través de este procedimiento venía de lejos, prácticamente desde que fueron creados, pero se producía en mucha menor medida que ahora y sin estar vinculada la difusión de productos financieros tan peligrosos como los que actualmente pueblan los mercados financieros. Cuando comenzó a darse en el siglo XVII y hasta mucho después, los bancos reservaban más o menos la mitad de los depósitos y prestaban con el resto, lo que les permitía crear dinero en dos veces más cantidad que sus depósitos. Pero en los últimos años los grandes bancos globales como Goldman Sasch, JP Morgan, Citigroup o Bank of America han venido manteniendo en sus cajas un 0,5% de los depósitos que recibían, lo que les permite crear 200 veces más dinero del que se tiene en depósito. E incluso alguno de ellos ha mantenido en los años de plena burbuja un coeficiente del 0,001%, lo que quiere decir que creaban 1.000 millones de dólares por cada millón en depósito.

Esto permite entender que el crecimiento incesante de la deuda en nuestro tiempo no se debe a que las personas vivan por encima de sus posibilidades o a que los gobiernos gasten demasiado y despilfarren. No es eso.

Crece la deuda porque eso es lo que le interesa a los poseedores del dinero, a los bancos que dominan el mundo y que al disponer del dinero poseen también el poder suficiente que les permite imponer políticas que obligan a endeudarse. Es decir, crece como consecuencia de una auténtica política de deuda que se aplica para proporcionarles un beneficio continuo. Por ejemplo, reduciendo constantemente el ingreso de la mayoría de la población o haciendo que la gente se vea obligada a comprar viviendas en lugar de alquilarlas.

LOS INTERESES

Saber que el sistema de reservas fraccionarias permite crear dinero de la nada también sirve para entender la naturaleza que tienen los intereses que cobran los bancos por proporcionar créditos.

Si alguien concede un préstamo a otra persona y al hacerlo renuncia a algo se podría entender que le cobrase un cierto interés. Pero cuando los bancos prestan no están renunciando a algo porque, como acabamos de ver, el dinero que prestan no existe previamente sino que, tal y como decía el Premio Nobel de Economía Maurice Allais, lo crean ex nihilo, es decir, de la nada.

Por tanto, no hay ninguna justificación para que cobren intereses. Su existencia solo se explica porque los banqueros tienen un privilegio desorbitado que les permite imponérnoslo gracias a su enorme poder.

Una agencia pública podría crear esos medios de pago sin ánimo de lucro y sin apenas ningún coste, simplemente controlando que se mantenga la proporción adecuada entre actividad económica y medios de pago.

EL EFECTO ECONÓMICO DE LOS INTERESES: LA USURA

Cualquier persona que haya tenido que devolver un préstamo sabe lo que significan los intereses a la hora de pagarlo. Uno recibido, por ejemplo, al 7% supondría tener que devolver casi el doble del capital recibido al cabo de diez años.

Hoy día se calcula que los intereses acumulados a lo largo del todo el proceso de producción de un bien suponen entre el 35 y el 50% de su precio de mercado, es decir, que podrían ser esos porcentajes más baratos si la economía se financiase a través de una agencia pública de crédito que no cobrase interés.

Tanto es el peso de los intereses que llevan consigo los préstamos que durante mucho tiempo se consideró que cobrarlos por encima de unos niveles determinados más o menos razonables se consideraba no solo un delito de usura sino una acción inmoral, o incluso un pecado grave que condenaría para siempre a quien lo cometiera.

Hoy día, sin embargo, casi todos los gobiernos han eliminado esa figura delictiva y a todo el mundo le parece natural que se cobren intereses legales incluso de más del 30% (esto es lo que más o menos cobran en estos momentos los bancos españoles a los clientes que sobrepasen su línea de crédito) o que haya naciones hundidas en la miseria por la deuda generada por la cuantía de los intereses que han de pagar.

Desde luego es sorprendente que eso haya ocurrido justo cuando la factura por intereses es tan cuantiosa, como consecuencia del incremento continuo de la deuda. Lo que viene sucediendo es lo contrario: se suprimen los mecanismos o instituciones que permiten disponer de financiación (dinero creado de la nada) sin coste, para obligar a que los gobiernos tengan que acudir a la financiación privada (procedente de las reservas fraccionarias) a costes muy elevados. El caso europeo es buena prueba de ello.

Desde que se aprobó el Tratado de Maastricht y más tarde el de Lisboa, los países de la Unión Europea (y algunos de ellos incluso antes) renunciaron a tener un banco central que los financiara cuando necesitasen dinero y desde entonces tienen que recurrir a la banca privada cuando tienen necesidad de financiación. En consecuencia, en lugar de financiarse al 0%, o a un interés mínimo que simplemente cubra los gastos de administrar la política monetaria, tienen que hacerlo al 4, 5, 6 o incluso al 15% o al 30% en algunas ocasiones. Y eso hace que cada año los bancos privados reciban cantidades elevadísimas en concepto de intereses: 286.238 millones de euros en 2011 y 5,48 billones desde 1995.

Los economistas franceses Jacques Holbecq y Philippe Derudder han demostrado que Francia ha tenido que pagar 1,1 billones de euros en intereses desde 1980 (cuando el banco central dejó de financiar al gobierno) a 2006 para hacer frente a la deuda de 229.000 millones existente en ese primer año (Jacques Holbecq y Philippe Derudder, La dette publique, une affaire rentable: A qui profite le système?, Ed. Yves Michel, París, 2009). Y en España ha ocurrido lo mismo. Nosotros hemos pagado ya, a cuenta de los intereses, tres veces la deuda que teníamos en 2000 (227.000 millones en total desde entonces) y a pesar de ello ahora seguimos debiendo todavía el doble de lo que debíamos en ese año (Yves Julien y Jérôme Duval, España: ¿Cuántas veces tendremos que pagar una deuda que no es nuestra?). Si un auténtico banco central hubiese financiado los déficits de España desde 1989 a 2011 al 1%, la deuda ahora sería también insignificante, del 14% del PIB y no de casi el 90%.

Sin embargo, se repite hasta la saciedad que hay que recortar porque los gobiernos son unos manirrotos que gastan demasiado en servicios públicos. Y a base de pregonar que los servicios públicos son muy caros y que no hay dinero para pagarlos se suprimen y se privatizan, aumentando así el beneficio de los negocios privados, aunque a costa de su menor y peor provisión y generándose así un monumental engaño que marca el destino de nuestras sociedades y de la vida de millones de personas.

Las secuelas del privilegio de creación de dinero del que disponen los bancos privados son, por tanto, muy negativas para el conjunto de la economía (que tiene menos disposición de financiación y más cara) y para las empresas y las personas. El sistema de reservas fraccionarias es lo que genera el combustible con el que periódicamente arde el sistema financiero en crisis cíclicas y el que alimenta las burbujas y la destrucción de actividad productiva, el que ha convertido a la economía mundial en un gran casino, donde los productos derivados que crean los bancos a base de deuda tienen ya un valor casi 70 veces mayor que el del PIB mundial. Una barbaridad que amenaza y que puede destruir el orden económico y social del planeta. Es la fuente de la usura y del cobro de intereses que podrían estar completamente eliminados, al menos, en la financiación básica que requiere la vida económica. De ahí que posiblemente sea hoy día el escollo más grande que impide el progreso de los pueblos, la generación de ingresos suficientes y la satisfacción de las necesidades humanas. Por eso es preciso abolirlo.

Tanto es así, que incluso el propio Fondo Monetario Internacional está dando alas a la difusión de análisis y propuestas alternativas orientadas a poner fin o a limitar este privilegio. La mayoría de ellas tiene ya un largo recorrido en la literatura económica, pero han sido convenientemente sepultadas por los economistas del ‘establishment’ (ver, por ejemplo, Jaromir Benes y Michael Kumhof, The Chicago Plan Revisited. IMF Working Paper. Research Departmen. versión en ‘pdf’ en: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp /2012/wp12202.pdf).

A muchas personas, e incluso a economistas inteligentes, les asusta poner este asunto sobre la mesa, porque no se hacen a la idea de que pueda haber una sociedad sin los bancos tal y como hoy los conocemos. No deja de ser sorprendente que no conciban una sociedad sin bancos con este privilegio y, sin embargo, asuman sin problema que desaparezcan escuelas, hospitales, servicios públicos esenciales, empresas… por culpa de esos bancos. Es la ceguera y confusión que crea el dominio no solo financiero sino mediático, intelectual y moral de la banca, y por eso es tan necesario correr el velo, mostrar a la gente lo que de verdad ocurre y frenar cuanto antes ese poder.

DEL ABANDONO DE LA POLÍTICA A LA REAPROPIACIÓN DE ESPACIOS COMUNES

Sergio Ruiz Azcoaga

Éxodo 117 (en.-feb) 2013
– Autor: Sergio Ruiz Azcoaga –
 
La representación es la presencia de la ausencia Carl Schmitt

El pasado martes 5 de febrero de 2013 la ciudadanía fue testigo de un escenario que, si bien era ya un hecho desde hace muchos años, nunca se había materializado con tanta intensidad y contraste desde la instauración, en 1978, de la llamada democracia representativa. Por un lado teníamos a los supuestos “representantes” de los ciudadanos y, por el otro, a una ciudadana, Ada Colau, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que, como en la cita de Carl Schmitt, llenaba esa ausencia que ha generado el sistema representativo. La brecha entre los representantes y los representados es tan grande que daba la sensación, tras la comparecencia de Ada Colau, que el entendimiento entre una clase política incapaz de ver los problemas que han generado sus decisiones y unos ciudadanos que han vivido en sus carnes la vulneración constante de sus derechos resulta casi imposible.

Finalizado el plazo de recogida de firmas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por la PAH para promover la reforma de la ley hipotecaria y el impulso de medidas dirigidas a evitar el desahucio de familias deudoras de buena fe, que ha logrado el apoyo de más de 1.400.000 personas, los poderes muestran su incapacidad o, más bien, su falta de voluntad política para dar respuestas inmediatas al sufrimiento de cientos de miles de familias arrojadas a la exclusión social. Un sufrimiento que, de hecho, han generado esos mismos poderes actuando al dictado de las entidades financieras y del sector empresarial privado para impulsar un crecimiento económico en torno a un bien básico, la vivienda. Porque a nadie escapa el hecho de que los sucesivos gobiernos, de distinto color político pero con parejas políticas económicas, han apostado por un modelo productivo basado en la construcción desmesurada de viviendas y en su posterior venta, a costa del sobreendeudamiento de las familias y en la práctica anulación del alquiler como opción. De sobra es sabido que, a diferencia del resto de países europeos, en España la opción del alquiler, al igual que la vivienda social, era marginada, impidiendo así a miles de familias ejercer el derecho constitucional a una vivienda digna (art. 47).

Detrás de las frías estadísticas y de los datos económicos que certifican el derrumbamiento de este modelo especulativo hay vidas de millones de personas. Personas que sufren, día a día, un drama que muchos diputados son incapaces de comprender desde sus escaños y, mucho menos, desde los fríos despachos de las sucursales bancarias o de los analistas que estudian esas cifras. Con seis millones de parados, una última reforma laboral que precariza más aún las condiciones del trabajo, una economía incapaz de generar empleos dignos que garanticen el sustento de las familias y un gobierno, también incapaz de lanzar un plan de crecimiento económico fomentando sectores productivos estratégicos y que se limita a aplicar los planes de “austeridad” dictados por los poderes financieros privatizando la sanidad, la educación e imponiendo unas políticas fiscales antisociales, la sobreendeudada ciudadanía tiene cada vez menos capacidad para afrontar unas hipotecas a todas luces abusivas que ningún órgano regulador supervisó. A tenor de las previsiones económicas, además, esta situación, que roza la emergencia social, no va a hacer sino agravarse.

Hasta el momento, las dos grandes fuerzas políticas que han gobernado de forma intermitente este país se han negado a cambiar una ley hipotecaria decimonónica que condena a las familias deudoras de buena fe a la exclusión social al no permitirles cancelar la deuda con la entrega de la vivienda. Han cerrado los ojos actuando así de forma connivente con los bancos y cajas que, durante años, han concedido hipotecas fraudulentas mediante avales cruzados o hipotecas con alto riesgo de impago para lucrarse en el mercado financiero mediante la venta de productos de riesgo. Durante años, abusaron de la confianza de millones de personas ofreciéndoles hipotecas con una facilidad pasmosa y con una información distorsionada y opaca sobre las condiciones de los préstamos, jaleados por unos poderes públicos que animaban a la compra con rebajas fiscales como la opción más “rentable”. Ahora, estos bancos y cajas acumulan miles de viviendas vacías que no cumplen su función social al tiempo que desahucian a decenas de miles de familias. España se ha convertido en un país de “casas sin gente, gente sin casa”.

EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA

El problema de la vivienda tiene muchas extensiones o ramificaciones vitales. No en vano, la casa es la matriz de la existencia cotidiana de las personas, no solo en el aspecto material, sino en el emocional y social, algo que, acostumbrados al discurso economicista que el dogma del libre mercado ha logrado extender, se olvida con facilidad.

Cuando una persona o una pareja no pueden afrontar el pago de una hipoteca, por un lado se plantea un problema material, el de la vivienda en sí, ya que todos necesitamos un techo bajo el cual crear nuestro refugio, y el de la deuda que arrastras de por vida cuando no puedes cumplir con los pagos. Por otro lado, comienza un proceso individual de sufrimiento que afecta directamente al seno familiar. Hablamos de niños, personas mayores… familias enteras. Las consecuencias psicológicas que provoca un proceso de desahucio son devastadoras y dan lugar, no pocas veces, a rupturas afectivas, separaciones e incluso suicidios. El drama no escapa a los más pequeños, que sufren traumas psicológicos derivados de la presión y de la ruptura con la cotidianidad de sus colegios cuyas consecuencias en su desarrollo personal son difíciles de determinar. Tampoco escapa a las personas mayores que avalaron a sus hijos y que se ven en la calle perdiendo una vivienda pagada con el trabajo de toda una vida. Hablamos, en definitiva, de una situación traumática que afecta al núcleo de centenares de miles de familias y a varias generaciones.

Este artículo intenta mostrar cómo viven los afectados este proceso desde el momento en que adquirieron la hipoteca hasta que ya no pueden afrontar el pago de las cuotas y se enfrentan a las consecuencias del desahucio. Una realidad compleja que encarnan familias enteras, mujeres que la afrontan en solitario con hijos a su cargo, parejas de ancianos que intentaron ayudar a sus hijos… Personas que han perdido su casa y que se ven marginadas sin trabajo, sin vivienda y sobreendeudadas. Pero también ciudadanos que han logrado la dación en pago tras un arduo proceso de lucha o han negociado un alquiler social con el banco gracias a la lucha colectiva y el apoyo mutuo que ha impulsado la PAH. Otros muchos han logrado suspender el lanzamiento acogiéndose al Real Decreto impulsado por el gobierno a finales de 2012 ante la alarma social generada por varios casos de suicidio, una suspensión que en absoluto soluciona el problema sino que lo posterga agravándolo ya que el banco sigue acumulando a la deuda los intereses de demora.

Esta variedad de situaciones alberga muchas diferencias, pero también muchas similitudes. Una de ellas es que la mayoría han sido víctimas de una estafa con la que se han lucrado la banca y sus satélites empresariales, económicos y… políticos. Desafortunadamente, el porcentaje de gente que logra salir airosa de esta situación es reducido comparado con la cantidad de desahucios que se ejecutan diariamente. Solo aquellos que han logrado superar su drama personal dando el paso a la organización y a la lucha colectiva han obtenido resultados y soluciones concretas demostrando que “sí se puede” cortocircuitar unas reglas del juego impuestas por los bancos y cajas, el empresariado del sector inmobiliario, las empresas de la construcción y los poderes públicos que han alimentado la especulación toda vez que el boom inmobiliario alimentó las arcas públicas por una doble vía: mediante la urbanización y venta de terrenos públicos, primero, y a través de los impuestos, después.

EL PERIODO DE LAS CONCESIONES HIPOTECARIAS

Cuando la única opción para adquirir un bien de primera necesidad como la vivienda es pedir un préstamo al banco es porque detrás ha habido una política planificada específica para servir a unos intereses particulares. La falta de alternativas a la compra de una vivienda en propiedad ha sido un hecho: el alquiler no ha sido una posibilidad viable dado los altos precios y la limitada duración (5 años) de los contratos. Además, en España el parque de viviendas sociales es ridículo comparado con el de otros países europeos. Hay que sumar a todo ello los premios fiscales otorgados por el Estado por la compra de una vivienda y las campañas mediáticas que hipnotizaron a la población con las bondades de tener una casa en propiedad. Se hablaba de la vivienda como un objeto de inversión y de especulación, como un símbolo de éxito social y de inteligencia (el alquiler supone “tirar dinero”) generando un clima en el que la gente veía como única opción comprar un vivienda a pesar de lo desproporcionado de sus precios.

Se calcula que entre 1998 y 2007 se formalizaron ocho millones de hipotecas a razón de 822.000 al año 1. En esa “fiesta” del endeudamiento se saltaron muchos mecanismos reguladores, lo que permitió la proliferación de prácticas bancarias fraudulentas alimentadas por el desconocimiento del cliente y muchas trampas contractuales. Nadie informaba a sus clientes de que, en caso de impago, la entrega de su vivienda no les libraba de la deuda. Tampoco detallaban las consecuencias de las variaciones del euríbor, del riesgo con que calificaban unas hipotecas que los bancos nunca debieron conceder ni las triquiñuelas en que incurrían para amañar contratos con avales cruzados, un sistema en el que varios hipotecados se avalan mutuamente, muchas veces sin conocerse siquiera. Estas operaciones se realizaban de modo simultáneo en un corto período de tiempo para eludir así el control de riesgo efectuado por el Banco de España. Otro sistema ideado para vender “como sea” las famosas hipotecas era el de los copropietarios. En este caso las personas hipotecadas no solo se avalan entre sí, sino que además son copropietarios de los préstamos teniendo que responder de la suma total de las hipotecas que gravaban las viviendas, unas obligaciones sobre las cuales no se informaba y que quedaban sepultadas en la letra pequeña de unos contratos cuyo lenguaje estaba estratégicamente atravesado por tecnicismos incomprensibles para la mayoría de los clientes y cuyo significado se revelaba en el momento en que dejaban de pagar la hipoteca.

Este clima de euforia en la concesión de hipotecas y de deliberada desinformación acerca de las consecuencias de los compromisos contractuales adquiridos por las familias fue alimentado por los poderes públicos, el sector privado y el sector financiero. Las víctimas de esta burbuja, los ciudadanos, nos cuentan cómo decidieron firmar una hipoteca.

Arizmendi firmó, junto con su hermano y su hermana, una hipoteca con Banesto en el año 2007. “Llegamos a Madrid en el 2003, teníamos un buen trabajo mi hermano y yo. Ganábamos 2.000 euros cada uno. Banesto nos puso muchas facilidades: incluso nos dieron 10.000 euros por adelantado”.

Margarita nos cuenta que “vinimos de América Latina en el año 1999 y mis tres hijos en el 2001. Nosotros teníamos trabajo. El padre tenía muy buen sueldo, casi 3.000 euros al mes y yo me sacaba otros 1.000. Cuando nos metimos en el piso había buena solvencia económica. Era muy fácil que te dieran un crédito. Yo era muy reacia a meterme en una deuda de estas, y más cuando el banco nos dijo el precio del piso. A mí se me hizo mucho dinero. Teníamos que pagar una cuota de 820 euros y a mí me parecía que era mucho para nosotros. Teníamos otras deudas, pero al final el banco nos lo puso muy fácil. Incluso querían meter a más personas como avalistas, a mi hermana y a un amigo. El banco buscaba todas las formas para que nos metiéramos en la deuda. Yo soy muy ignorante de estas cosas: lo único que hacía era firmar y firmar cosas junto con mi hermana. Nos metimos en la hipoteca y nos trasladamos al piso hace seis años. Estuvimos tres años pagando. Al año de tener la hipoteca comenzó a subir y a subir con el Euríbor y pasó de 820 euros hasta llegar a 1.820 euros”.

Daysi vino a España hace 18 años. “Tampoco pensé mucho en lo que quería. Vine por problemas personales huyendo de mi país. Por el tema del idioma decidí venir a España. Soy ecuatoriana. No fue nada fácil el inicio. Las ofertas de trabajo para la gente inmigrante eran limitadas, o bien en el servicio doméstico, en la construcción o en el campo. La mayoría de gente venimos con una preparación alta. Yo tengo una licenciatura y me tocó cuidar niños, etc. Con el paso del tiempo logré mejorar y colocarme en una empresa inglesa. En vista de que mis condiciones eran estables y con el boom de que todo el mundo quería tener una vivienda, decidí meterme en una hipoteca en el año 2005, desgraciadamente en el peor momento: justo cuando la burbuja estaba inflada. Compré en el peor momento. Me acerqué a una inmobiliaria, a Tecnocasa, donde ponían muchas facilidades. Ellos lo hicieron todo, yo nunca me acerqué a la entidad financiera. Fue Tecnocasa la mediadora. Te lo facilitaban de tal manera que no veías ningún problema por ningún lado. Por eso, eso de que nos digan que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades… La gente tenía la predisposición de adquirir un bien necesario básico, como es la vivienda, y si había la posibilidad de hacerlo… Nosotros no éramos los especialistas en finanzas, en calcular el riesgo de la operación. Es el banquero el que tenía que verlo. Si a mí me ofrecen una cosa, y yo la quiero, por qué no cogerlo”.

Y continúa: “Todo el mundo nos hemos fiado de las entidades financieras. Creíamos que eran empresas serias y que tenían un poco de ética. Te lo pintaban tan bien… Me decían, ‘no, no, tú tranquila, solo pagas de letra 850 euros y sales ganando’. Pero en poco tiempo la cuota fue subiendo y los 800 se convirtieron en 1.030, luego en 1.250 y alcanzaron los 1.425 con la subida del Euríbor. Yo estaba en Intercajas, de donde proviene la Kutxa, y aplicaban el intercajas, que no era como el Euríbor. Subía lento, lento, pero bajar, bajaba igual o casi nada. El Euríbor estaba a 1 y el Intercajas estaba a 3,50. Lo siguen aplicando, pese a que Intercajas ya no existe y ahora es una entidad bancaria”.

LA PÉRDIDA DEL EMPLEO Y CÓMO AFRONTAR EL IMPAGO

El periodo de euforia tocó a su fin, la burbuja estalló y las cifras del paro se dispararon dejando a miles de familias sin posibilidad de afrontar el pago de las letras, completamente desamparadas, ya que las instituciones se han mostrado incapaces de amortiguar el impacto de la debacle económica. Desde 2007 se han tramitado más de 350.000 ejecuciones hipotecarias en aplicación de una ley aprobada hace más de cien años y que, a diferencia de otros países como Estados Unidos, no contempla la dación en pago.

Las personas que un día se quedan sin trabajo ven mermados sus ingresos de forma drástica. Cobran, en el mejor de los casos, la prestación por desempleo y, una vez agotada, 426 euros mensuales. Es entonces cuando se ven en la disyuntiva de comer o pagar la hipoteca. Inician, en su mayoría, un proceso individualizado con dos frentes: la pérdida del hogar y una lucha psicológica que les enfrenta a estados de ansiedad, a un enorme sentimiento de culpa, fracaso, soledad, rabia y crispación que, en muchas ocasiones, se vierte en el núcleo familiar contagiando a los niños, que carecen de suficientes mecanismos psicológicos para enfrentar una situación tan crítica.

La mayoría de las personas que se encuentran en esta situación desconocen cómo abordarla. La gente acude a los servicios sociales para buscar una alternativa habitacional y estos, generalmente, remiten a organismos públicos de vivienda como el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), que puede postergar hasta dos años su respuesta a la solicitud de una vivienda social, una demanda que no tramita siquiera hasta que las familias son desposeídas de la suya. En definitiva, al menos este organismo no solo no da respuesta al problema, sino que forma parte de él, toda vez que desahucia a las familias que carecen de ingresos y no pueden pagar su alquiler al tiempo que acumula viviendas vacías que son negadas a miles de solicitantes.

Cuando la persona afectada comunica a su banco que no puede afrontar el pago de la hipoteca busca, generalmente, una solución consensuada que pasa por la dación en pago. Las entidades bancarias, en cambio, ni escuchan ni negocian. Los afectados se encuentran, por tanto, en una encrucijada bloqueada por el hermetismo de entidades bancarias y administraciones públicas en la que la única salida es perder la vivienda y cargar con una deuda vitalicia. Llegados a este punto, se convierten en presa de los sentimientos de soledad, culpabilidad, miedo y ansiedad. En presa del desamparo más absoluto.

Ana nos cuenta que siente “un gran bloqueo, rabia, tristeza, culpabilidad y ansiedad. Todo mi malestar se vuelca sobre mi hijo y mi marido. El banco ataca a la familia y la divide, repartiendo las culpas a su antojo”. Hay momentos, reconoce, “en que no me aguanto a mí misma. Peleo con todo, todo lo que me dicen los demás me parece mal. Vine escapando de mi país por lo mismo. Esto afecta a mi hijo y a mi familia. Pienso que hay que tratar de dirigir la rabia no con tus personas cercanas, sino con los bancos y con el sistema que nos ha estafado. No hay que sentirse culpable y pensar que uno está viviendo gratis. Siento impotencia al saber que hago daño sin querer a las personas que quiero”.

Arizmendi comparte el momento en que se vio obligado a dejar de pagar las letras. “En el año 2010 perdimos nuestros trabajos y tuvimos que dejar de pagar. Los bancos nos llamaban constantemente amenazando con que nos iban a quitar el piso y diciéndonos que buscáramos dinero para amortizar lo que se debía”. Nos sentíamos muy mal: había mucha tensión con los niños y todo se te viene encima. No podía dormir. Era responsable de cuatro niños y ves que te quedas en la calle. Sientes culpa porque no sabes manejar bien la situación. Me sentía muy mal. Los niños también lo sufren y comienzan a ir mal en el colegio. Fui todos los días a servicios sociales con la amenaza del primer lanzamiento. La asistente social me puso en contacto con gente del barrio de Lucero. Comencé a ir a las asambleas del 15M. Viví con una gran angustia el primer lanzamiento, tomando pastillas. Tenemos familiares en Madrid, pero cada cual tira para su lado”.

Daysi cuenta que “todo cambió radicalmente al dejar de tener una posición estable y al verme en la calle, sin trabajo. Hablé con la directora de la sucursal para decirle, ‘mira, estoy en esta situación y deberíamos buscar una forma de solucionarlo, como refinanciar o como readecuar la letra de la hipoteca para que te pueda pagar’. La negativa fue rotunda porque, según ellos, mi préstamo estaba titularizado y no podían hacer nada. Así pues, comencé a ponerme nerviosa”.

Tampoco la entidad bancaria quiso negociar con Margarita. “Cuando mi marido enfermó con un cáncer linfático y dejamos de pagar, vino la catástrofe para la familia. Él se ganaba el sueldo como transportista, por kilómetros, es decir, en función de lo que trabajaba. Si no trabajaba, percibía un mínimo. Estuvo un año hospitalizado y solo percibía 400 euros. Fui al banco a pedirles que, por favor, me bajaran la cuota porque mi marido estaba enfermo y hospitalizado. El banco me pidió un montón de papeles, de informes médicos, etc., y solo me bajaron 20 euros de letra. Después me quedé sin trabajo yo también. Volví al banco para pedirles una solución que pasaba por una cuota razonable, pero Caja Madrid me contestó que nosotros los extranjeros nos creíamos que Caja Madrid era una ONG, pero que no, que Caja Madrid era un banco y que había que pagar. Yo en ese momento me llené de rabia porque me dejé toda la liquidación del despido de mi trabajo en la hipoteca y el banco no nos daba ninguna solución. Entonces decidí no pagar más. El banco me comenzó a presionar diciendo que me iban a desalojar, que tenía que abandonar mi casa. Recibía ese tipo de presiones y sufría de los nervios al pensar que pueden venir en cualquier momento y te sacan. Mi marido salió del hospital, fue al banco con la sonda puesta y el banco no quiso ni dar la cara. Cambié mi cuenta a otro banco para poder disponer del dinero del paro y así poder dar de comer, al menos, a mis hijos”.

Y añade: “Uno no tiene la culpa. Vivía esa presión muy mal, no solo yo, mis hijos también. Ellos también se sienten impotentes. Es una situación muy desagradable. Esa angustia que te invade cuando no sabes en qué momento te van a sacar. Qué más quisiera uno que poder pagar su casa. Es una situación a la que te ves obligado y que no puedes afrontar. Llega un burofax y ves que el piso ha sido subastado. El piso nos costó 250.000 euros y salió a subasta por 180.000. Ves que todavía no pasa nada, te relajas y llega un punto en que te calmas, pero enseguida vuelve esa sensación de alerta”.

Tampoco en su caso las administraciones públicas hicieron nada. “Inicialmente fui a servicios sociales porque era lo que yo conocía, por la experiencia al empezar mi camino en España. Por eso cuando se planteó el problema volví a acudir allí porque con los vecinos no tengo ninguna relación. Allí me dijeron que fuera a solicitar un piso al IVIMA y en el IVIMA que no me pueden ayudar porque tengo un piso en propiedad y que no pueden hacer nada hasta que tenga fecha de desalojo: que acuda a la trabajadora social y luego el IVIMA se pondría en contacto conmigo. Llegó el lanzamiento del desahucio, acudí a la trabajadora social y me dijo que no podía hacer nada. Me mandó al IVIMA, pero el IVIMA pide una serie de requisitos, que si la patria potestad de mi hija y una cantidad de trámites que, hasta que se ejecutan, puede pasar un año y ya me puedo quedar en la calle”.

CONTACTAR CON LA PAH

Pasar de vivir este proceso como algo individual a entenderlo como una cuestión colectiva no es tan sencillo. Cuando se llega a la situación de impago lo duro es superar el miedo y la vergüenza. Mucha gente tiene problemas para exteriorizar esta situación, porque lo viven como un fracaso personal cuando, en realidad, son víctimas de una estafa fruto de un proceso perfectamente diseñado y planificado por las entidades financieras con el silencio connivente de los poderes públicos. Atreverse a contar la situación y buscar apoyo no siempre es posible. De hecho, crear los cauces para que la gente supere sus miedos, se atreva a hacer pública su situación y la comparta con sus iguales es, sin duda, uno de los grandes logros de las plataformas de afectados por la hipoteca.

La forma de contactar con la PAH es a través de los medios de comunicación que cubren las acciones de Stopdesahucios, buscando por internet o, en ocasiones, a través de algunas personas de los servicios sociales que tienen contacto con las asambleas de barrio o con la propia plataforma. El vacío institucional ante este problema que afecta a miles de personas es desolador. A día de hoy no hay todavía un cauce institucional que dé respuesta a las familias deudoras de buena fe que pierden sus casas como consecuencia de un proceso de ejecución hipotecaria. Hasta el momento, los poderes públicos se han limitado a aprobar medidas meramente cosméticas dirigidas a calmar los ánimos en momentos en que el problema ha adquirido gran repercusión mediática, pero el alcance de las mismas es insultantemente irrisorio.

La PAH ha logrado que muchas personas aparquen los sentimientos de culpabilidad y fracaso, tomen conciencia de que han sido víctimas de una estafa y asuman la determinación de defender su hogar y de luchar colectivamente para cambiar una legislación que deja a las familias en situación de indefensión ante las entidades bancarias. Además de lograr parar los desahucios y buscar salidas presionando a las entidades financieras para lograr la dación en pago o el alquiler social, la PAH ha creado un espacio en el que las personas se encuentran con sus iguales, comparten sus miedos, se reconocen, se empoderan y se embarcan en un proceso de participación que contrasta con el inmovilismo cómplice de los poderes públicos, un inmovilismo que no hace más que alimentar los movimientos sociales transformadores que, como la PAH, están impulsando nuevos espacios de democracia.

En sus testimonios, los afectados expresan la importancia del colectivo. Elisabeth, por ejemplo, nos cuenta que comenzó a participar en la plataforma en 2009 y, a pesar de que consiguió la dación en pago en abril del 2012, sigue participando “porque me siento identificada con cada una de las personas que están en la plataforma luchando”. “Al principio -agrega- uno llega a un punto en que se pregunta ‘¿qué error he cometido?’. Pero no es eso. Somos víctimas de todo este entramado que se está destapando día a día. Hemos estado viviendo una situacion ficticia, ahora todo se está viniendo abajo en pocos años y debemos poner los pies en la tierra. Vine con la idea de progresar y de hacer otras cosas que no podía hacer en Perú, pero luego me di cuenta de que la realidad es otra. Desde ese punto de vista, quiero reivindicar la lucha e identificarme con más personas. Es una pena que cada vez que vengo a la plataforma me encuentre con familias destrozadas. Desde la plataforma, puedo ofrecer mi apoyo a cada una de ellas. Porque la lucha es de todos”.

Luis comenzó a participar en la plataforma en 2012. “La plataforma somos todos. Aporta esperanza. Tú solo no puedes hacer nada. Te sientes hormiguita frente a gigantes que lo tienen todo montado para ganar siempre. Por otro lado, la plataforma aporta una lucha contra un estado de ánimo. Aquí no solo se está para recibir ánimo, sino también para darlo. Porque hay días en que estoy bien y otros en que me tiraría por la ventana”.

Daysi confiesa que desde que contactó con la PAH “me he volcado plenamente en la organización”. “Tengo que luchar por mi causa y desde que comencé en esto, me he dado cuenta de que hay mucha gente que está en la misma situación que la mía, o incluso peor. Yo tengo ganas de luchar, pero hay gente que está en tan mala situación que no tiene ganas de luchar. Está tan desmoralizada que tienes que apoyarles para que no se hundan y así, irnos levantando poco a poco entre todos”.

Sin embargo, no fue fácil. “Cuando comencé en la PAH me sentía un poco perdida. Llegas con un desconocimiento total. No sabes cuáles son los pasos a seguir. También es verdad que la plataforma acababa de iniciar su recorrido y la hemos ido madurando y mejorando en base a las necesidades de los hipotecados. Me sentía acompañada, ya no me sentía sola. Pensé que era la única persona con este problema, pero no. Me sentía arropada y mi lucha se hace menos dolorosa. Colectivamente vamos tirando unos de otros. Somos un grupo y de todos han salido muchas ideas para afrontar acciones contra las entidades financieras”.

Margarita recuerda que “había visto varios casos en la televisión donde había gente de Stop-desahucios ayudando. Fue entonces cuando me puse a buscar por internet y logré contactar con la PAH. Me dirigí allí y, desde el primer momento, ya en la primera reunión, me sentí muy apoyada. En la plataforma me sentí escuchada. Me llamaban por teléfono preocupándose por mí en todo momento. Me sentí arropada y lamentaba no haber conocido antes a estas personas”.

“A pesar de haber tardado tanto en contactar con la plataforma, ellos reaccionaron rápido y el abogado me guió para que hiciera presión en el juzgado. El día 19 tenía el desahucio, pero la plataforma ya estaba organizada para resistir y evitar el desalojo. Se paró un día antes. Yo me sentía mal por haberme movilizado poco. Creo que tiene que haber una colaboración más intensa entre la gente afectada e incluso con los que no tienen el problema”.

Margarita señala el proceso de aprendizaje que comporta la lucha colectiva. “Es difícil tener un contacto directo con los abogados de la PAH porque tienen muchos casos, pero estaban en el momento en que los necesitaba y te enseñan lo que tienes que hacer en cada momento del proceso”. “Voy a estar recurriendo siempre a la PAH, porque son ellos los que siempre me han ayudado y creo que son los únicos que me pueden seguir ayudando. Esto es un problema de todos, y no vamos a dejar de estar allí”.

Arizmendi recuerda que fue a una asamblea de la PAH, “expuse mi caso y me ayudaron en el primer lanzamiento: acudió mucha gente a mi domicilio y se logró parar”. “Mi situación no ha cambiado: el problema sigue ahí, echas para adelante, pero sí que sientes el alivio de la gente. Sabes que no estás solo, que hay más gente como tú. Escuchas incluso casos peores. Estando juntos, por lo menos está uno más tranquilo, pero la angustia se sigue viviendo igual, día a día”. “Sigo viviéndolo como un problema mío, la culpa siempre está. Jamás pensé que podía suceder algo así. Tienes tu trabajo, optas por comprar un piso, pero luego es un timo. Los bancos venden hipotecas como sea y luego tú eres el perjudicado. El director del banco no mira por tu situación. Van a defender sus intereses”.

Continúa. “Tuve un segundo lanzamiento que lo pararon los servicios sociales junto con la plataforma. En el tercer lanzamiento me echaron todo a la calle. Llegamos al acuerdo de que nos iríamos de casa a finales de septiembre, pero el dinero de servicios sociales no me llegó a tiempo y no me pude ir. Un día fui a llevar a los niños al colegio y me encontré con la cerradura cambiada. La casa estuvo cerrada siete días. Intenté negociar con el banco, pero nada. Entonces me enteré de que en el segundo lanzamiento la casa ya estaba subastada. Lo pasamos muy mal. Cuando nos quedamos en la calle, una amiga nos dejó una habitación en la que nos metimos seis personas. Al final he tenido que ocupar un piso. Es en lo que estoy: las instituciones no ayudan nada y el banco no ofrece soluciones, así que no me quedó otra que meterme de ocupa con cuatro niños, 426 euros del paro. No te dejan opción. Es una injusticia, porque hay viviendas vacías que llevan años cerradas y el gobierno sigue dejando en la calle a familias con hijos. Estoy en búsqueda de empleo, pero los horarios que ofrecen son incompatibles con el cuidado de niños. Son trabajos temporales y muy mal pagados. Siento que las familias con hijos estamos desamparadas. Al desahuciarme me han quitado el paro, porque en el INEM no les consta que esté empadronada en la comunidad de Madrid. He estado dos meses sin cobrar nada. Dos meses sobreviviendo con ayudas de la Iglesia, de la PAH, de la asociación de vecinos… Vine con mucha esperanza a España, pero se vive muy mal. Este país está muy mal organizado para muchas cosas”.

LA PAH: ESPACIO DE LUCHA Y CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA REALIDAD

Cuando los afectados llegan a la plataforma lo hacen bloqueados por una angustia muy grande, pero cuando toman contacto con personas que se encuentran en su misma situación, encuentran una puerta para liberar esa angustia. La posibilidad de exteriorizar el problema y de hablarlo resulta de gran ayuda. Las asambleas de barrio, la asamblea de la plataforma, las asesorías colectivas de la PAH… constituyen espacios de lucha desde los que asesoran jurídicamente, preparan las estrategias para afrontar los desahucios, intentar presionar y negociar con las entidades financieras o los organismos públicos de vivienda pero, además, sirven para aliviar el sufrimiento y dar fuerzas para que los afectados se incorporen a la lucha y defiendan su vivienda en el proceso de ejecución hipotecaria.

La gente más activa nos explica que, cuanto más se implica en la PAH acompañando, por ejemplo, a los compañeros a las sucursales, más alivio sienten con respecto a su situación personal. Es decir, la movilización y el apoyo mutuo logran convertir un problema que, hasta ese momento, se vive como un fracaso personal en un elemento común en torno al cual se articula la lucha colectiva.

La PAH organiza unos talleres de empoderamiento en los que tratan de ayudar a gestionar el bloqueo derivado de la presión del proceso de ejecución y ofrecen y construyen, de forma colectiva, herramientas para afrontar la situación. Se trata, en definitiva, de transformar el miedo, la culpabilidad, la vergüenza y la ansiedad en determinación de luchar y de salir adelante.

Elena coordina el taller de apoyo psicológico y plantea que “para luchar y ser fuerte hay que estar ahí, no hay que hundirse. Tenemos que estar para eso en las mejores condiciones posibles y, para ello, es necesario evitar cierto tipo de emociones que nos lo ponen todavía más difícil. Evitar la ansiedad, la culpabilidad, la tendencia a la depresión… Tenemos que tener muy claro que hay una relación muy grande entre cómo pensamos las cosas y cómo nos sentimos y lo que hacemos a continuación. Yo no hablaría de pensamiento positivo, no me lo creo. No hablo de que veamos las cosas de color de rosa, porque las cosas no son de color de rosa. Yo hablaría más bien de pensamiento realista, de ser racional, funcional. Que las emociones y comportamientos que generemos nos sirvan para salir de una situación que nos hace sufrir y no nos boicoteen. Hay que evitar los pensamientos irracionales que nos perturban, nos hacen sufrir en exceso y, además, hacen que nos comportemos de modo ineficaz.

Luis reconoce que descubrir el grupo le ha animado a luchar. “Mi amigo abogado me hablaba de la ley y, claro, la ley hipotecaria beneficia al banco, que es el más fuerte. Entonces, cuando las reglas del juego te hunden te dices `¿por qué tengo que aceptar yo eso?’ Y eso me ha hecho pelear y llegar a la plataforma. Cuando estás en la plataforma te olvidas de tu propio problema: es la fuerza del grupo, y te das cuenta de que solo juntos podemos solucionar nuestro problema individual, que es el de todos”.

Aída considera importante disponer de “un patrón de energías positivas”. “Desde pequeños tenemos esos patrones y uno no puede zafarse de ello. Muchos se refugian en la privacidad, y desde ahí no se puede activar ninguna lucha que cambie el estado de las cosas. Es importante disponer de un patrón de fuerza, de participación colectiva para construir una realidad distinta, una realidad de justicia. Al principio parecía imposible, pero todo lo que hemos conseguido estos años te ayuda a ver que sí se puede. En el camino te encuentras con buenos compañeros de lucha con los que te retroalimentas. Yo también me he desanimado, pero viniendo aquí, participando en los talleres y en las asambleas vamos dejando huellas muy positivas. Y así, una cambia la visión de las cosas y no te hundes”.

Ana reconoce que “al principio no sabía por dónde ir, qué caminos coger. No sabía qué hacer, hasta que me empecé a involucrar. Yo cuando voy a la sucursal no sé qué decir, pero cuando he acudido a varios acompañamientos he aprendido y me he dado cuenta de lo que hay que hacer. Me da fuerzas y me hace seguir adelante. También me da fuerzas que mi compañero se involucre en las luchas de otra gente.

Me hace sentir que no estoy sola. Las batallas más grandes en la vida se han ganado peleando. No estoy sola, somos muchos y somos cada vez más. Eso da esperanzas”.

Elena también observa que “hay un cambio importante cuando la gente empieza a involucrarse, a organizarse y comienza a asumir tareas y responsabilidades”. “No venimos aquí solo a ver cómo nos solucionan el problema. También nos sentimos útiles ayudando a los demás, y eso nos ayuda a cambiar la manera de ver el problema. Cambia nuestra forma de pensar, nos ayuda a fijar un objetivo y a trabajar con nuestros iguales para ver qué podemos hacer juntos. Es cierto que no conseguimos que ese estado permanezca de modo constante: somos humanos, podemos tener altibajos. Hay pensamientos negativos que nos bloquean y nos hunden y generan un comportamiento ineficaz. Por eso es importante identificar que muchas veces, en nuestras batallas internas, somos nuestro peor enemigo”.

Aída subraya esta observación compartiendo su propia experiencia. “Cuando tenemos muchas cosas en la cabeza todo se viene abajo. Yo he visto a personas desmayarse cuando vienen a contar su problema. Yo también lo he pasado mal y veo lo mismo en muchos compañeros que viven grandes dramas que acaban en rupturas familiares. Con el tiempo he aprendido a separar las cosas. Lo que hago es levantarme y anotar las cosas positivas y las negativas. Me quedo siempre con lo bueno y lo comparto con mi pareja. Antes tenía conflictos con él porque quería dejar un país en el que no hay una política de vivienda social ni ha habido nadie que se haya preocupado por esos derechos humanos que tanto pregonan. Mandó todas las cosas a Ecuador, pero se perdieron en la aduana y nunca llegaron. Hablamos y acordamos quedarnos los dos para luchar juntos. Ahora veo a mi marido implicadísimo y me digo ‘ahora sí que tengo un compañero’, y eso me da fuerzas”.

Pero dar el primer paso cuesta mucho. “En mi barrio conozco a dos vecinas que van a ser desahuciadas y me ha costado mucho animarlas y a dos personas que se suicidaron por el tema de las hipotecas. Son españoles. No son capaces de exteriorizar su problema. Me ha costado bastante llevar a estos vecinos españoles a la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (CONADEE), ya que también tienen un problema de prejuicios. Con el tiempo, una de mis vecinas ha cambiado y se está implicando muchísimo. Toda su familia está en el paro: una mujer tan guapa que trabajaba en El Corte Inglés, colaboraba como catequista en la iglesia y se estaba destruyendo por no exteriorizar su problema. Ahora hemos logrado que lo haga”.

“Una de las cosas que deberíamos hacer es hablar con los presidentes de las comunidades de vecinos ya que no hay sensibilidad ni conocimiento del problema. Hay gente joven que se mueve en los barrios, pero esa sensibilidad no se ha extendido todavía. El futuro depende de todos. Nos ha costado mucho descubrir la estafa de la vivienda. Ahora, además, la lucha se está extendiendo a la sanidad, la educación… porque nos están robando todos los pilares fundamentales de la vida. Lo primero que hay que hacer es enterarse de lo que está ocurriendo, ver qué se puede hacer y, por último, moverse. Es difícil, pero hay que hacerlo. No nos queda otra. Es en la participación colectiva, en la implicación y en la ayuda mutua como los afectados por la hipoteca logran llevar de una manera menos traumática un proceso difícil donde individualmente no hay opciones. Hay que salir de la esfera privada y exteriorizar el problema construyendo un espacio colectivo como la PAH para, entre todos, parar a un gigante con los pies de barro proponiendo soluciones constructivas en torno a la vivienda, soluciones que parece que los profesionales de la política no pueden ni quieren abordar”.

La existencia de la PAH se explica por la vulneración sistemática de un derecho fundamental, la vivienda, que en España se ha convertido en objeto de especulación, por el inmovilismo de los poderes públicos, connivente con las prácticas abusivas de las entidades bancarias y el ninguneo de las iniciativas ciudadanas que aportan soluciones, como las recogidas en la ILP promovida por la PAH.

Hoy, en España, la autoorganización de la ciudadanía y la desobediencia civil constituyen el único camino para que los derechos fundamentales sean respetados. Con ello se abre un nuevo escenario que interpela directamente a una clase política amordazada e incapaz. Un escenario al que cada día se incorporan cada vez más personas dispuestas a ejercer sus derechos de ciudadanía.

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1. Colau, A., y Alemany, A.: Vidas hipotecadas, Cuadrilátero de libros, 2012.