OTRO DERECHO PENAL ES POSIBLE

José Luis Segovia Bernabé

Exodo 110 (sept.octub.) 2011
– Autor: José Luis Segovia Bernabé –
 
Todos sabemos de la burocratización del aparato de la justicia y de su sorprendente anestesia hacia el dolor humano (el de las víctimas, el de los infractores y el de los operadores jurídicos, desbordados por tanto papel y por la impotencia). También percibimos su paulatino alejamiento de las necesidades de las personas que buscan la resolución de sus conflictos o la pacificación de la convivencia. Por otra parte, existe un desconocimiento monumental acerca de su funcionamiento real, reducido a caricatura. En España, resulta especialmente grave la espectacular divergencia entre la inseguridad ciudadana generada por los delitos y su percepción por parte de los ciudadanos. Aún sorprenden más la visión de lenidad y “blandenguería” que tiene buena parte de la población acerca del funcionamiento del sistema penal y penitenciario y sus penas.

Conscientes de que el primer paso para transformar la realidad es combatir el desconocimiento (la audacia de saber kantiana), se constituyó hace unos meses la Plataforma “Otro derecho penal es posible”. Animada por el profesor de la Universidad Pontificia Comillas, Julián C. Ríos Martín, y secundada por un número creciente de profesionales del Derecho (profesores, abogados, magistrados, fiscales, funcionarios…), asumió como primer objetivo informar y concienciar a la población acerca del funcionamiento real de la máquina judicial. En definitiva, se trataba de presentar el Derecho real vivido, el Derecho en sus consecuencias reales. A través de la web www.otroderechopenal.com se tratan de combatir “Algunos mitos acerca del sistema penal”. A largo plazo se pretende mostrar mediante datos objetivos cómo evoluciona el sistema penal. Así, se ha acreditado que, mientras que en los últimos lustros en términos absolutos la delincuencia viene decreciendo (aunque aumenten algunos delitos concretos: contra la seguridad en el tráfico, violencia de género…), paradójicamente, la curva de personas en prisión ha venido creciendo de manera desproporcionada, colocándonos a la cabeza de la UE, ¡siendo la tasa de delitos inferior a la media europea, muy por debajo, p.e., de Alemania, y manteniéndonos muy por encima de ella en presos por habitante!

A corto plazo, la Plataforma ha logrado algunos resultados esperanzadores. Con motivo de la reforma del Código Penal de diciembre de 2010, se consiguió que parte de la opinión pública y casi toda la clase política asumiera la evidencia de que teníamos, de hecho, el Código Penal más severo de la UE. Muchos se sorprendieron de que hubiese penados con condenas efectivas de cerca de 100 años no reductibles (todos pensaban que los condenados a penas centenarias acababan con unas pocas décadas), o que la mayoría de los presos cumpliesen la totalidad de las condenas “a pulso” hasta el último día, o que en nuestras prisiones se almacenen miles de enfermos mentales y centenares de septuagenarios y discapacitados. También se verificó la importancia de la progresión de grado y de una adecuada política de permisos como evitadores de la reincidencia.

Cuestionar por qué se ha producido esta distorsión en el imaginario colectivo es una tarea pendiente. Se pueden anticipar algunas respuestas: el papel sensacionalista de los medios de comunicación que han convertido el telediario y las tertulias en página de sucesos, un funcionamiento del sistema judicial y de sus garantías burocrático, poco explicado y nada comprensible, ciertos errores judiciales amplificados o un insano regodeo en pasados crímenes horrendos (por otra parte, tan poco numerosos que conocemos a sus víctimas por el nombre y apellidos).

Ayudó mucho a objetivar la realidad la publicación de “Andar 1 km. en línea recta. La cárcel del siglo XXI que vive el preso”, editado por la Universidad P. Comillas, con muchos datos inéditos. Gracias a la colaboración inestimable de numerosos colectivos sensibles a los derechos humanos, se ha logrado una atemperación penal para los “manteros” (en un sistema de sobreprotección de la propiedad intelectual), conseguido la humanización de algunos aspectos de la ley de extranjería y una mayor proporcionalidad en las penas (desmesuradas en casos de pequeños trapicheos de droga).

Nuestra Plataforma se ha centrado en el ámbito del Derecho penal, pero estamos seguros que buena parte de sus postulados son aplicables a otros campos jurídicos. Tratamos de repensar la justicia desde la simplicidad y el sentido común, apostando por estudios sobre el impacto de su efectividad y consecuencias. Lamentablemente, lo jurídico sigue siendo un ámbito un tanto autista, solo mejorable dialogando con otras disciplinas sociales.

La Plataforma reivindica otorgar importancia a cuestiones tan fundamentales como las necesidades humanas, la urgencia de minimizar la violencia y disminuir en todo lo posible el sufrimiento humano. Por otra parte, intentamos concienciar de que el miedo es mal compañero de la justicia, de que el temor al otro, cuanto más difuso es y menos analiza racionalmente, más despersonaliza, cosifica y acaba por despeñarnos al totalitarismo.

Sin duda alguna, el modelo de la Justicia Restaurativa puede aportarnos mucho: fórmulas de mediación penal y penitenciaria, de facilitamiento de procesos personales de integración personal para las víctimas y para los infractores (incluso en delitos violentos, terrorismo, etc.) ayudarán a humanizar el sistema penal y penitenciario. También será preciso continuar la lucha contra la desigualdad evitando la cultura de la irresponsabilidad. Además de “saber”, habrá que tener el coraje de “ponernos en el lugar del otro”, tanto más dignificante y humanizador cuanto más “otro” sea.

EL PROFETA AMÓS Y LA JUSTICIA DEBIDA A LOS POBRES

Ariel Álvarez Valdés

Exodo 110 (sept.octub.) 2011
– Autor: Ariel Álvarez Valdés –
 
Las palabras del profeta Amós, conservadas por la Iglesia en la Biblia, son una invitación explosiva para sus lectores. Invitación a ser capaces de ver más allá de lo que todo el mundo ve. A descubrir en el cielo aparentemente calmo de nuestra sociedad, las posibles tormentas que se avecinan. A destapar los dramas que la surcan, y denunciarlos: la deshonestidad de los políticos, la corrupción de los jueces, el autoritarismo de los funcionarios, la explotación de los ricos, la violencia de los poderosos, la hipocresía de muchos religiosos. Para que los “asirios” modernos no puedan hacerla colapsar ni claudicar nunca de su misión.

LANGOSTAS DEVORADORAS

En la historia de Israel hubo un solo profeta que, según la Biblia, logró hacer arrepentir a Dios de los castigos que había planeado. Gracias a su intervención, Dios se echó atrás dos veces y revocó la decisión que había tomado de destruir a los israelitas.

El nombre de ese profeta es Amós, y difícilmente se encuentra en la Biblia un personaje más extraordinario que él. Fue el primero que se atrevió a predicar al pueblo (los profetas anteriores sólo predicaban a personas particulares), el primero que criticó la corrupción social, el primero que anunció la destrucción del país, y el primero cuyos sermones quedaron escritos en la Biblia.

Amós había nacido en el siglo VIII a.C. en Técoa, una aldea de Judá, situada 20 kilómetros al sur de Jerusalén, en medio del desierto. Trabajaba como pastor (poseía un rebaño de ovejas), boyero (tenía algunas yuntas de bueyes) y cultivador de sicómoros (Am 1,1; 7,14). Era, pues, un pequeño propietario, sin mayores apremios económicos.

Un día del año 750 a.C., mientras cuidaba tranquilamente su ganado en las afueras de la aldea, tuvo una visión: contempló una plaga de langostas que invadía el país, devorando todo a su paso y dejando los campos arrasados. Amós se espantó, pues sabía que era el anuncio divino de que el hambre azotaría el país y causaría la muerte de sus habitantes. Entonces gritó desesperado: “Por favor, Señor, perdona”. Y Dios le contestó: “Está bien, no sucederá” (Am 7,1-3).

PORQUE EL MURO ESTÁ TORCIDO

Semanas más tarde, Amós volvió a tener otra visión: una lluvia de fuego caía sobre la tierra, secaba los mares e incendiaba el país, en un pavoroso espectáculo de infierno y muerte. Otra vez Amós reaccionó gritando: “Detente Señor, por favor”. Y Dios le contestó: “Está bien, tampoco esto va a suceder” (Am 7,4-6).

Desde ese día el pastor de Técoa anduvo turbado, y en sus salidas al campo para hacer pastar el rebaño se preguntaba por qué le venían esas extrañas imágenes. Entonces una noche fue invadido por una tercera visión. A diferencia de las anteriores, ésta no mostraba una catástrofe, sino un hombre con una plomada de albañil en la mano, que comprobaba si un muro estaba derecho o inclinado. La voz de Dios le preguntó: “¿Qué ves, Amós?”. Él respondió: “Una plomada de albañil, Señor”. Dios le dijo: “Con esta plomada de albañil voy a medir si la conducta de mi pueblo Israel es recta. No le voy a perdonar ni una vez más” (Am 7,7-9).

Amós comprendió el sentido de la visión: el muro (es decir, el pueblo de Israel) estaba torcido, y el derrumbe era inevitable. Nunca antes, en la historia de Israel, Dios había hecho una revelación tan cruel contra su pueblo. Había anunciado castigos a personas, y a grupos pequeños, pero ésta era la primera vez que anunciaba un castigo para todo el país. Amós se dio cuenta de que ahora Dios estaba firme en su decisión, y ya no intercedió más. Guardó silencio. Un silencio aterrador.

UN HOMBRE DE MUNDO

El país que Dios estaba por castigar no era el de Amós (él vivía en el reino de Judá), sino el reino vecino de Israel. Y Amós podía sospechar por qué. En su condición de ganadero y de cultivador de sicómoros, él había viajado mucho, había estado en contacto con comerciantes y hombres de negocios, y conocía bien la situación política nacional e internacional de su tiempo. De hecho, en sus profecías menciona 38 ciudades y distritos, cada uno con su problemática, lo que muestra su impresionante conocimiento de la realidad.

¿Y qué pasaba en Israel para que Dios hubiera decidido destruirlo? En realidad el reino estaba atravesando una de sus etapas más prósperas, pues el rey Jeroboam II había logrado realizar un “milagro económico” sin precedentes. Florecían las viñas, crecía la agricultura, se había duplicado la cría de ganado, progresaba la industria textil y tintorera, se expandía el comercio, y su capital Samaria se había transformado en una ciudad opulenta donde prosperaba la construcción de palacios y casas lujosas como nunca antes se había visto.

Esto se veía beneficiado por la situación política internacional; los países vecinos (como Damasco, Asiria, Egipto) estaban en crisis, y esto permitía a Israel vivir una época de paz y tranquilidad excepcional. Incluso la vida religiosa se veía favorecida; se habían levantado magníficos santuarios, uno de los cuales, en la ciudad de Betel, era el orgullo nacional; ricamente adornado y atendido por sacerdotes a sueldo, celebraba grandes fiestas semanales y atraía a numerosos peregrinos.

CUANDO RUGE EL LEÓN

Pero todo ese bienestar ocultaba una enorme descomposición social. Porque mientras la clase dirigente aumentaba su riqueza, construía fastuosas mansiones, y organizaba espléndidos banquetes todos los días, mucha gente estaba sumida en la miseria. Había graves desigualdades sociales, y un contraste brutal entre ricos y pobres. Los campesinos se hallaban a merced de los prestamistas, que los exponían a hipotecas y embargos. Los comerciantes se aprovechaban de la gente, falseando las pesas y las balanzas. Los jueces se dejaban sobornar, y recurrían a trampas legales. Y lo peor era que el gobierno no hacía nada para remediar la grave situación de injusticia.

Amós se dio cuenta del deterioro estructural que sufría la sociedad, y de que no había forma de enmendarla. La única salida era destruirla totalmente y empezar de nuevo. En eso Dios tenía razón.

Pero mientras meditaba estas cosas, Amós sintió de pronto la voz divina, que le dio la sorpresa más grande de su vida: le encargó que fuera él al reino de Israel y anunciara la catástrofe. ¡Qué situación más embarazosa debió de experimentar Amós! Él, un ciudadano del reino de Judá, debía trasladarse a otro país, y allí predicar un mensaje trágico y letal. Dios no podía pedirle algo más terrible.

Pensó por un momento negarse y decirle a Dios que no. Pero sintió un temblor en su cuerpo, un fuego que lo devoraba por dentro, y un rugido ensordecedor que amenazaba hacerle estallar sus oídos. No era fácil rechazar un encargo divino. Y ese día decidió aceptar la vocación de profeta. Como lo dirá tiempo más tarde: “Ruge el león, ¿quién no temerá? Habla el Señor, ¿quién no profetizará?” (Am 3,8).

EL DESFILE DE LOS VECINOS

Así fue como el ganadero de Técoa abandonó su casa, dejó sus rebaños y partió rumbo a Samaria, capital del reino de Israel, a 90 kilómetros de su aldea, para anunciar lo que Dios le había revelado.

Al llegar a la plaza del mercado halló una multitud que abarrotaba los puestos de compra y venta de mercancías, venida de la ciudad y de las aldeas vecinas. Se ubicó entonces en un lugar alto, donde todos pudieran verlo bien, y comenzó a hablar.

Amós fue inteligente. Eligió una táctica genial y de gran hondura psicológica para inaugurar su misión. En vez de criticar directamente a Israel, que es lo que debía hacer, comenzó criticando a los países vecinos. La gente, al oírlo predicar, empezó a acercarse para ver qué decía. Y escuchó cómo Amós, presentándose en nombre de Dios, mencionaba a las naciones enemigas de Israel y les comunicaba el castigo que se merecían por sus pecados. A Damasco, por invadir territorios ajenos; a Filistea, por comerciar con esclavos; a Fenicia, por su falta de fraternidad; a Edom, por odiar a sus vecinos; a Amón, por su crueldad en la guerra; a Moab, por ultrajar a los muertos; y a Judá, por su idolatría (1,3-2,5). Cada frase de Amós provocaba en los presentes un asentimiento con la cabeza y aplausos de aprobación, de manera que poco a poco fue ganándose al auditorio y creando un ambiente sumamente favorable.

ESCÁNDALO EN LA PLAZA

Pero el discurso no era mera retórica para ganarse la simpatía de la gente. Serviría para mostrar que, si Dios castigaba así a los pueblos que no conocían su Ley, con cuánta más dureza castigaría al pueblo que conocía su Ley y la había rechazado.

A esta altura del sermón se había creado un ambiente de excitación formidable en la plaza. Las multitudes asentían ante cada palabra, y se preguntaban quién sería el próximo de la lista. Entonces Amós, viendo que había llegado el momento, lanzó su carta escondida. Dijo a los israelitas: “¡Y ahora ustedes! Porque han cometido tantos crímenes como ellos. Porque venden al inocente por dinero, y al pobre por un par de sandalias; oprimen y humillan a los débiles; pervierten a los más humildes; el hijo y el padre se acuestan con la misma mujer; se hacen quedar lo que no es de ustedes; rezan a los ídolos, y después van al templo a tomar vino comprado con dinero ajeno” (Am 2,6-16).

Estas palabras cayeron como una bomba en el mercado, y el clima se volvió tenso. El auditorio enmudeció, preso de un gran nerviosismo. Poco a poco, la gente, molesta, se fue retirando, y dejó solo en medio de la plaza al profeta judío. Pero Amós no se desalentó, y regresó al día siguiente, esta vez a las calles de la ciudad, y con un mensaje más duro aún. Se dirigió a las mujeres de la alta sociedad. Les gritó:

“Escuchen esto, vacas de Basán, que oprimen a los pobres, maltratan a los necesitados y ordenan a sus maridos traerles vino para beber. Dios lo jura: vienen días en que a ustedes las llevarán con ganchos, y a sus hijos con anzuelos. Tendrán que salir en fila, entre los escombros, y las echarán al excremento. Lo asegura el Señor” (Am 4,1-3).

POR UNOS HIGOS MADUROS

¡Era una provocación increíble! ¡Llamar “vacas de Basán” a las mujeres de bien de la aristocracia! Pero Amós sabía lo que decía. Basán era la región fértil del noreste de Galilea, famosa por su ganado y sus vacas gordas. Y sabía también que la vida de lujo y bienestar que las mujeres de la capital llevaban sólo era posible gracias a la explotación de los campesinos.

Durante varias semanas, el tecoense continuó con sus denuncias ante la incomodidad de toda la ciudad de Samaria. Denunció a la policía local y sus métodos violentos (3,9-10), a los jueces corruptos (6,12), a los abogados deshonestos (5,7), a las autoridades que aceptaban soborno (5,12), a los funcionarios cómplices de la “casa de gobierno” (6,1), a los usureros (5,11), a los ricos con su vida fastuosa y superficial (6,4-6), a los testigos falsos (8,14), a los poderosos que se aprovechaban de los débiles (8,4), a los comerciantes inescrupulosos (8,5), a los vendedores inmorales (8,6), a las chicas presumidas que sólo se preocupaban de su cuerpo (8,13). No dejó a nadie sin acusar.

Pero todo resultó inútil. Nadie quería escucharlo ni se interesaba por sus palabras. Amós estaba descorazonado. Entonces un día, cuando volvía por el mercado, tuvo una visión como las que había recibido tiempo atrás en Técoa: esta vez era una cesta con higos maduros; y Dios que le decía que el pueblo, como esa cesta de higos, ya estaba maduro; el castigo se acercaba de manera inexorable (8,1-3).

Resolvió entonces partir de Samaria y dirigirse a la ciudad de Betel, donde se hallaba el más famoso santuario del reino, 50 kilómetros al sur. Le faltaba todavía decir allí unas cuantas cosas.

EXPULSADO POR UN SACERDOTE

Llegó a la ciudad justo un día de fiesta, cuando el Templo estaba lleno de peregrinos que entre cantos y música presentaban sus ofrendas y limosnas ante Dios. Entonces Amós se paró frente al inmenso portal de entrada, y con fuerte voz empezó a predicar: “Dice Dios: odio y detesto las celebraciones religiosas de ustedes; me dan asco estas reuniones. No soporto los sacrificios que ofrecen en mi honor, ni las ofrendas; no acepto los terneros gordos que me sacrifican. Dejen de cantar para mí. No quiero oír el sonido de sus arpas. Lo que yo quiero es que haya justicia social y que practiquen la honradez todos los días” (5,21-24).

Denunciando la corrupción religiosa, Amós estaba golpeando el centro neurálgico del reino. Se había atrevido demasiado. Y sucedió lo inevitable. Amasías, jefe de los sacerdotes, envió un emisario al rey para informar sobre Amós, diciendo: “Amós está conspirando contra ti”. Después salió a enfrentar al profeta y le advirtió: “Vete de aquí, vidente. Si quieres ganar el pan profetizando, vete a Judá; pero no profetices en Betel, porque es el santuario del rey y el templo principal del reino”.

Amós le contestó: “Yo no soy profeta, ni pretendo serlo. Soy pastor y cultivador de sicómoros; y Dios me sacó de en medio de los animales para que viniera a profetizar. Ahora escucha lo que Dios te anuncia: tu mujer será ultrajada en medio de la ciudad; tus hijos e hijas serán acuchillados; tu tierra será repartida a otros; tú morirás en tierra extranjera, y los israelitas serán llevados prisioneros lejos” (7,10-17).

ECOS LEJANOS DE TERROR

A pesar de las amenazas del sacerote, Amós siguió profetizando un tiempo más, advirtiendo a los israelitas que de nada servía asistir a los templos para las celebraciones religiosas si no practicaban la justicia, la honestidad y la rectitud de vida. Fue entonces cuando recibió una última visión: un devastador terremoto, seguido de una invasión militar (9,1-4). Y comprendió que ya no había más nada que hacer. El fin estaba cerca. Abandonó pues el reino de Israel y regresó a su patria, a sus tierras y a sus bueyes. Su carrera de profeta había terminado.

Una tarde de verano del año 721 a.C., mientras el pastor de Técoa quizás cuidaba las ovejas en la tranquilidad de su aldea natal, sintió los estruendos de una feroz invasión militar: eran los asirios, que habían irrumpido en Samaria, habían destruido el reino y se llevaban deportada a la población del país. Sus vaticinios finalmente se habían cumplido.

Nunca nadie, antes de Amós, había anunciado una catástrofe de tal envergadura contra el pueblo de Israel. Por eso sus palabras causaron honda impresión entre los supervivientes, que años más tarde decidieron recogerlas en un libro hoy conservado en la Biblia. Fue el primer profeta de quien se guardaron sus oráculos. El libro contiene 9 capítulos, con sus sermones ordenados de la siguiente manera:

a) profecías contra los países vecinos de Israel, su primer sermón (c.1-2).

b) profecías contra Israel (c.3-6).

c) las cinco visiones que tuvo, más el relato del enfrentamiento con el sacerdote Amasías de Betel (c.7-9).

d) para que el libro no resultara tan pesimista, siglos más tarde un autor anónimo le agregó al final un apéndice esperanzador, anunciando la futura reconstrucción del reino, la restauración del pueblo y la prosperidad de la tierra, perdida por la irresponsabilidad de sus dirigentes (9,11-15).

VER LO QUE NO SE VE

Quien quiera conocer a un profeta debe leer a Amós. Porque aunque su carrera fue muy corta, de apenas pocos meses, sin embargo fue el iniciador del profetismo escrito en Israel.

Es que Amós se había dado cuenta de la perversión que reinaba en el país. Había descubierto que las injusticias sociales, la mentira institucionalizada, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno y la hipocresía religiosa habían carcomido los cimientos de la sociedad, y amenazaban con tirar abajo la estructura ciudadana. Pero su audacia más grande no fue la de anunciar semejante tragedia, sino de anunciarla cuando nada hacía preverlo. Cuando sólo se veía prosperidad y estabilidad económica, en un reino que atravesaba los mejores años de su historia.

Porque Amós tenía el don de ver donde nadie veía. De comprender, iluminado por Dios, que las situaciones aparentemente favorables son falaces cuando están edificadas sobre la pobreza de muchos y el martirio de los desheredados. Que no puede haber religiosidad sin ética, y que no hay ética sin justicia social.

LA PELIGROSA DERIVA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Joaquín Urías

Exodo 110 (sept.octub.) 2011
– Autor: Joaquín Urías –
 
Durante el régimen nazi todas las leyes de segregación racial y las sentencias que ordenaban su ejecución empezaban por la frase “In name des Deutsches folk”. En nombre del pueblo alemán. Se escenificaba de ese modo una de las mayores contradicciones del sistema democrático parlamentario: unos actos de persecución racial que sólo se pueden calificar de como dictatoriales venían aprobados en nombre del pueblo, respetando todas las garantías procedimentales del sistema constitucional.

Tras aquella experiencia a nadie le cabe duda que la esencia de la democracia radica no ya en el imprescindible gobierno de la mayoría sino sobre todo en el respeto de unos derechos y libertades esenciales de todas las personas. A partir de ese momento hay un consenso universal en la idea de que el parlamento, aunque sea el máximo exponente de la soberanía popular, está limitado por la necesidad de respetar los derechos y libertades garantizados en la Constitución.

PARA QUÉ SIRVE UN TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Cuando hablamos del Tribunal Constitucional de lo que estamos hablando es del único órgano estatal capaz de imponerle al Parlamento el deber de respetar la Constitución. Sólo el Tribunal Constitucional puede anular una ley aprobada por el Parlamento democrático. En definitiva, se trata de la última garantía frente a la dictadura de la mayoría. En estos días en los que cada vez son más las voces que desde la sociedad civil ponen en duda la representatividad real de los políticos electos resulta especialmente necesario recordar la trascendencia del buen funcionamiento de la justicia constitucional; sólo el Tribunal Constitucional puede evitar, sin necesidad de alterar el sistema vigente, que los representantes populares respeten los derechos de los ciudadanos. Si esa garantía no funciona, toda la legitimidad del sistema puede tambalearse.

En este punto conviene deternerse un momento en una cuestión que siempre ha tenido cierta enjundia desde el punto de vista de la democracia más clásica: de dónde le viene la legitimidad a esos doce jueces para imponer sus decisiones por encima de las de los representantes de los ciudadanos elegidos en las urnas.

Los magistrados del Tribunal son elegidos por el parlamento, el gobierno y el poder judicial, así que su posición de supremacía no se basa en el modo de elección sino, de una parte, en que la propia Constitución impone que exista un tribunal así y con esos poderes y de otra en la imparcialidad en el desempeño de sus funciones. Es lo que se suele llamar “legitimidad de ejercicio”. La imposición de la opinión del Tribunal Constitucional por encima de la del Parlamento sólo se justifica en tanto que se trate de un órgano imparcial, que decida los asuntos conforme a criterios estrictamente técnicos, ajeno a los intereses partidistas o de otro tipo que se hacen valer en la política cotidiana.

LAS PRIMERAS DOS DÉCADAS

Durante sus primeras dos décadas de existencia el Tribunal cumplió bastante bien con su tarea. Se trataba de un Tribunal compuesto por los mejores juristas de España, de enorme talla intelectual y con la independencia inherente a ese tipo de personas. Evidentemente, los magistrados del Tribunal siempre han tenido su propia ideología política. Sería absurdo encomendar la defensa de la Constitución a personas sin un alto nivel de compromiso con el Estado y de reflexión sobre la cosa pública. Y quien tiene esas características desarrolla inevitablemente su propia ideología política. Lo importante no es que los magistrados no tengan una concepción propia del Estado y unas ideas propias acerca del modelo ideal de sociedad. Lo importante es que a la hora de decidir sepan equilibrar sus propias creencias con la necesidad de coincidir en un marco general justo y razonable en el que todos se puedan sentir cómodos. El verdadero peligro en un magistrado no es la ideología, sino la integración en una facción partidista que le lleve a anteponer los intereses de su grupo sobre el interés de la Constitución.

Esos primeros años no estuvieron nunca exentos de polémicas públicas. Basta recordar cuando el Tribunal avaló la expropiación de RUMASA, o –con condiciones– la ley del aborto o, años después, cuando excarceló a la cúpula de Batasuna por entender que habían sido detenidos ilegítimamente. Se trató siempre de decisiones difíciles sobre las que en la sociedad misma no había un consenso y que se adoptaron con mayorías exiguas. Provocaron mucha polémica porque era imposible que no hubiera sido así. Pero en esa época las sentencias del tribunal tenían una calidad tal y denotaban tal nivel de compromiso con los derechos fundamentales que socialmente el Tribunal Constitucional disfrutaba de un merecido prestigio. Se extendió la concepción de que se trataba de un grupo de juristas notables, comprometidos con la idea constitucional y dispuestos a pararles los pies al Gobierno y al Parlamento cuando pusieran en riesgo el desarrollo de los derechos fundamentales.

Son inumerables las decisiones, valientes pero técnicamente impecables, que incrementaron durante este periodo la protección de los derechos y libertades. Basta recordar que el Tribunal Constitucional creó el despido nulo por violación de derechos fundamentales, anuló la ley Corcuera por atentar contra la inviolabilidad del domicilio, asentó el derecho de manifestación frente a cualquier obstáculo público… Con el tiempo, sin embargo, el Tribunal Constitucional ha ido perdiendo la mayor parte de su prestigio. En gran parte, merecidamente.

EL PROBLEMA DE LA ELECCIÓN (O NO) DE LOS MAGISTRADOS

El principal problema ha estado en la elección de sus magistrados. Desde un principio los magistrados (salvo los propuestos por el Gobierno) se eligen por un acuerdo entre los dos principales partidos políticos en el que a modo de cuota se reparten el número de magistrados a proponer. En un principio los partidos propusieron a personalidades de la máxima reputación profesional, si bien con ideologías cercanas a los proponentes. En contra de lo que pueda parecer este sistema no era en sí mismo nefasto. El reparto ideológico dotaba al tribunal de un espectro cercano al de la sociedad pero la excelencia técnica era garantía de independencia. Muy pronto los partidos políticos se dieron cuenta de que nombrar a alguien independiente, aunque cercano a su ideología, no les garantizaba en absoluto el control del Tribunal. De una parte resulta que las decisiones de los políticos no son siempre coherentes con la ideología que dicen representar; de otra, los jueces conscientes de su propio nivel intelectual no se sometían a intereses partidistas.

En los últimos años el deseo de teledirigir el Tribunal Constitucional mediante el nombramiento de jueces marioneta ha llevado incluso al despropósito de nombrar a los nuevos magistrados con más de tres años de retraso. Magistrados que fueron elegidos por nueve años han permanecido en el puesto durante más de doce porque los partidos eran incapaces de pactar un nombre, deseosos todos de colar a los suyos a toda costa.

La decadencia del Tribunal Constitucional tiene su origen en la deficiente selección de los candidatos propuestos por los partidos. Con escasas, pero muy honrosas, excepciones hace ya años que los políticos proponen como magistrados a juristas que no destacan ni por su altísima calidad, ni por su compromiso con los derechos fundamentales, ni sobre todo, por su independencia. Los políticos huyen de los intelectuales y de los librepensadores; en su lugar prefieren un perfil más bajo, de burócratas de la justicia acostumbrados a obedecer las leyes más que a juzgarlas. Esta peligrosa deriva tiene graves consecuencias, derivadas de una parte de las carencias intelectuales de los jueces y de otra de su modo de acceso.

Respecto a esto último, los magistrados con frecuencia son conscientes de que quien los ha nombrado les ha hecho un favor. Eso provoca una dependencia y reduce el grado de compromiso con el cargo. Por ello perciben su cargo menos como una responsabilidad que como un privilegio. Los magistrados beneficiados se sienten obligados a devolver el favor. Su fidelidad no es tanto con la Constitución como con el grupo que los elevó hasta esa posición. Están dispuestos a disfrutar al máximo de ella, sin tomarse necesariamente su trabajo con el necesario grado de responsabilidad.

Las carencias intelectuales se suplen de otro modo. Y en este punto es donde hay que destacar que el propio Tribunal es en gran medida culpable de su actual situación. Y lo es doblemente: por la torpeza de no ser capaz de ofrecer públicamente una imagen de independencia y unidad y por la incapacidad de crear una dinámica interna de trabajo al servicio de la Constitución.

LA CULPA DEL TC

La de la imagen parece ser una batalla perdida. En los últimos años el colegio de magistrados ha ofrecido con frecuencia un penosísimo espectáculo, indigno de lo que debería ser la institución. Lo peor no fue que se presentara al Tribunal como un órgano dividido en dos, por mitad, en razón a la obediencia de los jueces a uno u otro de los dos grandes partidos. Más daño hizo la dinámica en la que se entró: una serie de sucias batallas internas en las que los magistrados utilizaron a la prensa para deñarse entre sí. Durante muchos meses los propios jueces filtraron a la prensa el contenido de sus decisiones y otros documentos internos y promovieron la recusación de sus compañeros en un intento de alterar la composición del Tribunal. El Tribunal ha pasado unos años terribles en los que públicamente ha optado por el razonamiento partidista. Con un descaro inédito los magistrados no dudaron en aceptar ante la opinión pública que el resultado de sus decisiones dependía del partido político al que cada uno servía. La ciudadanía percibió que sus decisiones respondían exclusivamente a la obediencia a uno u otro partido y, como en un combate de boxeo televisado, asistió al espectáculo en el que ambos intentaban expulsar a este o aquel magistrado de la deliberación para romper así el empate ideológico y conseguir un fallo adecuado a sus intereses.

Ese espectáculo ha creado en la sociedad la imagen de un Tribunal politizado carente de la mínima independencia. Sin duda no es una imagen real. Entre los centenares de sentencias que se dictan al año la inmensa mayoría lo son por unanimidad y cuando hay magistrados disidentes lo normal es que coincidan magistrados de tendencias políticas distintas. Sin embargo tampoco es exclusivamente una cuestión de mala imagen. El propio Tribunal Constitucional se aleja deliberadamente cada vez más de la tarea para la que fue creado. Gran parte de la culpa, a mi entender, está en el método de trabajo y de argumentación por los que ha optado.

Los magistrados del Tribunal no escriben sus sentencias. Es una afirmación que hay que matizar, pero que es cierta. En el sistema actual los borradores de las sentencias vienen íntegramente redactados, en primera instancia, por un letrado del Tribunal. Sobre el texto que se le presenta el magistrado, efectivamente, realiza (o pide al letrado) modificaciones y adaptaciones que hacen que intelectualmente la decisión final sobre el contenido de la sentencia correponda exclusivamente al magistrado. No se trata de nada escandaloso ni, mucho menos, vetado por la ley o la Constitución. Sin embargo, por la dinámica de las cosas, cuando un juez no construye por sí mismo sus argumentaciones, se coloca a sí mismo en una posición intelectual distinta. Su trabajo ya no es construir argumentos, sino decidir sobre los argumentos que otros crean. En ese contexto el magistrado se aleja intelectualmente de la tarea de crear mediante el razonamiento jurídico y se acerca a la función de votar o decidir sobre construcciones ajenas. La influencia de este modo de trabajo en la pérdida de neutralidad de los magistrados y en el descenso de calidad de las sentencias no suele destacarse, pero es innegable.

Un problema colateral al descenso de la calidad técnica de los magistrados es la “desconstitucionalización” del Tribunal Constitucional. Los nuevos magistrados, con un perfil de burócrata del derecho alejado de toda creatividad intelectual, no argumentan con el lenguaje propio de la Constitución, sino con el de los jueces ordinarios. Esto, que a primera vista podría parecer algo positivo en realidad viene a terminar con cualquier esperanza de que el Tribunal recupere nunca su papel.

Los jueces ordinarios aprenden desde sus primeros años a aplicar siempre la ley, sin plantearse si es buena o mala. En sus razonamientos no es necesario entender cuál sea la finalidad de cada ley ni qué papel juegue en la creación de una sociedad democrática. Ellos las aplican o, a lo sumo, juegan a la interpretación bizantina de sus textos, manejando las palabras de la ley como quien rellena un crucigrama. Los jueces se someten a la ley, la obedecen, y a lo sumo la rodean mediante interpretaciones sibilinas.

El Tribunal Constitucional no puede hacer lo mismo. La razón de su existencia está, precisamente, en controlar las leyes. Los magistrados constitucionales deben basar su juicio exclusivamente en la Constitución. Tienen que ser capaces de entender en cada momento cuál es la intención de la Constitución, para qué sirve cada derecho fundamental y, a partir de esa comprensión, deben juzgar si las leyes son correctas o no. Ese tipo de operación se ha vuelto prácticamente imposible en el Tribunal Constitucional actual.

LAS CONSECUENCIAS

Al Tribunal acceden jueces que llevan decenas de años aplicando las leyes. Muchos de ellos se licenciaron antes de que la propia Constitución estuviera en vigor. Y se ven a sí mismos no como un Tribunal exclusivamente constitucional, sino como un segundo Tribunal Supremo. En los últimos años los casos en los que el Tribunal Constitucional se inmiscuye en las competencias de otros tribunales se van multiplicando. El Tribunal se dedica a interpretar cuáles son los plazos de prescripción o qué pruebas han de ser admisibles en vez de aclarar los límites del derecho de huelga o la libertad de expresión. En ese terreno no sólo pierde creatividad sino que, empequeñecido y sin altura de miras, cada vez se parece más a un tribunal ordinario y menos a uno constitucional.

La más terrible consecuencia de esta deriva es que, en estos momentos, el Tribunal Constitucional español cada vez es más cobarde y más inútil. A diario el Tribunal tiene que decidir entre proteger a los ciudadanos independientes o proteger al poder y el orden público. En los últimos años la elección viene casi siempre predeterminada. El Tribunal Constitucional no se atreve a corregir al poder. Los magistrados ni se plantean plantarle cara a los partidos que les han regalado el cargo ni tienen, con frecuencia, la capacidad intelectual para hacerlo. A trompicones se conserva la jurisprudencia garantista de los primeros años, pero en general la tendencia es cada vez a reducir los derechos y a proteger el Estado.

Abundan las sentencias en las que la propia corte constitucional se lamenta de la amplitud con la que en otras épocas se reconocieron ciertos derechos fundamentales y los problemas que tanta libertad pueden provocar en el orden establecido.

En esta situación tenemos un Tribunal cobarde, incapaz de defender los derechos fundamentales entendidos como un espacio de libertad frente al poder; con razonamientos propios de cualquier tribunal ordinario y sometido a las leyes que debería controlar; con una penosa imagen pública de entrega total a uno u otro de los dos partidos mayoritarios. No es de extrañar que cada vez más voces pidan la desaparición de la institución.

Eso sería una pena. Si el sistema político no tiene ningún mecanismo que asegure la supremacía de los derechos fundamentales por encima del Parlamento, la democracia está en riesgo. También su estabilidad, porque entonces la única vía para tutelar los derechos y libertades frente a la imposición de la mayoría parlamentaria estará en la calle.

EL FUTURO

En este terrible panorama también hay buenas noticias. De hecho, la buena noticia es que el Tribunal Constitucional está en estos momentos en una situación inmejorable para enmendar su deriva. La situación política parece más calmada. No hay retos como el del Estatuto de Cataluña, cuando se pretendió que el Tribunal decidiera algo como es el modelo territorial de Estado, sobre lo que ni los políticos ni los ciudadanos habían conseguido ponerse de acuerdo. Tras un retraso record en su renovación nuevos magistrados han entrado, y previsiblemente otros más entrarán en breve, todos –teóricamente- con ganas e ilusión y sin la carga de la etapa precedente. El tribunal de un modo u otro ha logrado librarse de lo más pesado: su histórica carga de trabajo y debería poder empezar a acortar el tiempo que tarda en resolver los asuntos. Las condiciones, aparentemente, son óptimas.

El Tribunal tiene ante sí la oportunidad de no aparecer en la prensa a causa de su carnicería interna sino por el valor de sus sentencias. Hay casos pendientes que atraerán atención pública y que darán ocasión de ver si el Tribunal está cambiando su perspectiva: entre ellos la ley de matrimonio homosexual o la nueva ley del aborto. También hay pendientes numerosos casos relacionados con derechos sociales como el de la vivienda o con otros más tradicionales, como los relacionados con la acumulación de penas o algunos de libertad de expresión con contenido sindical. Es una buena ocasión, si que quiere coger, para demostrar que se vuelve al sendero de la técnica constitucional. A los razonamientos fundados en una interpretación finalista y de los derechos fundamentales y al valor de defender al más débil cuando frente al poderoso pretenda ampararse en las libertades que le da la Constitución.

Por el bien de todos es imprescindible que los magistrados del Tribunal Constitucional recuperen la altura de miras, tomen conciencia de su independencia y de su papel y vuelvan a ser lo que fueron: los garantes de la democracia. Ahora pueden hacerlo, pero no se sabe por cuánto tiempo más.

REINVENTAR LA JUSTICIA, REINVENTAR EL DERECHO, EXIGENCIA DEL LA CRISIS DEL ESTADO DE BIENESTAR

Manuela Carmena

Exodo 110 (sept.octub.) 2011
– Autor: Manuela Carmena –
 
He dicho ya en otras ocasiones que reinventar la justicia no es otra cosa que repensarla, y en cierta medida imaginarla diferente y útil para las grandes mayorías de la sociedad. Y es ahora en este momento cuando enormes mayorías de ciudadanos contemplan atónitos cómo se les priva de derechos que creían tener bien reconocidos en beneficio de sectores privilegiados, cuando aparece con más urgencia la necesidad de reinventar el derecho.

Un enorme número de ciudadanos, que no pueden pagar los créditos que habían contraído cuando sus posibilidades laborales eran muy otras, ven con desesperación el desalojo de sus viviendas y descubren la crueldad de la ley hipotecaria y la ceguera con la que actuaron cuando ante notario firmaron cláusulas que desde luego no entendían. La Plataforma de afectados por la hipoteca asegura que en España hay más de 150 lanzamientos diarios. El Presidente del Tribunal Superior del País Vasco en su discurso de apertura del año judicial afirmó que allí en su comunidad eran 6 los desahucios diarios. No sé si esas cifras son correctas. En todo caso son muchísimos. La verdad es que el Consejo General del Poder Judicial no tiene ningún dato respecto al número de lanzamientos. (Llamé a la persona encargada de las estadísticas en el Consejo General del Poder Judicial quien me confirmó lo que ya sabía). No hay estadísticas sobre el número de lanzamientos. El director del servicio de estadísticas me dijo que habían sido muchos los periodistas que habían telefoneado al Consejo para preguntarles por esos datos, pero no los tenemos, porque –añadió- las estadísticas del Consejo no tienen ninguna finalidad social y solo pretenden medir las cargas de trabajo de los jueces (¡Dios mío!, cómo se puede decir esto en una sociedad democrática, en pleno siglo XXI en el que la sociedad sufre una crisis económica que afecta esencialmente a tanto sectores sociales).

LA JUSTICIA Y LA CIUDADANÍA

Estas actitudes explican el juicio que a grandes sectores de la población les merece la actitud de los jueces.

En estos días de atrás se ha presentado el baremo que sobre la justicia se ha elaborado por el Consejo General de la Abogacía. En el baremo se recoge que los jueces, con frecuencia, no dedican ni la atención ni el tiempo adecuado a cada caso individual y que tienden a estar “fuera de onda” respecto de lo que ocurre en la sociedad.

La falta de confianza de los ciudadanos en la justicia es manifiesta. La gente en general, es decir, la gente corriente no se identifica con su sistema de justicia. Aquí y en la mayor parte de países la aceptación de los diferentes sistemas de justicia es escasa. Encuestas ya antiguas indican por ejemplo que en muchos países europeos la mitad de los ciudadanos no confían en la justicia.

Esta desafección de los ciudadanos con sus sistemas de justicia no es nueva. La literatura, a lo largo de la historia, ha pintado siempre a la justicia como oscura, arbitraria y al servicio de los poderosos. Sin embargo, lo que ahora ocurre es que en el mundo, y muy especialmente en los sectores más privilegiados de ese mundo y a partir de la segunda mitad del siglo pasado, ha irrumpido una nueva categoría de individuos que exige que la justicia actúe como lo que debe ser, una institución útil al servicio de la convivencia social.

Me refiero a esa enorme transformación que significa el que un individuo se asuma a sí mismo como ciudadano en lugar de súbdito.

El concepto de ciudadanía tiene dos vertientes. Ambas iguales en importancia. La primera implica que el marco jurídico estatal reconozca a cada individuo sujeto de los derechos más elementales, y otra el que la persona conozca y asuma el reconocimiento de esos derechos.

Aunque el concepto de igualdad de derechos de todos las personas surge en el contexto de la revolución francesa y está ligado a la primera declaración de los derechos humanos, su consumación, por lo menos relativa, no se produce hasta que las clases medias consiguen en primer lugar en Estados Unidos y en los grandes países privilegiados de Europa un alto nivel de vida.

Esos importantísimos incrementos en los niveles de vida de grandes sectores de la población están relacionados, a su vez, con un descenso casi total del nivel del analfabetismo que imperaba en el mundo ya muy avanzado el siglo XIX. Saber leer y escribir es una condición casi imprescindible para la percepción de la propia condición de ciudadano como sujeto de derechos.

Conviene recordar, para darnos cuenta de la hondura de todo este proceso, que la lucha por la aceptación de la idea de la igualdad entre todos los hombres y mujeres ha sido enormemente dura y larga. Encontré hace unos días el Essai sur les privilèges de Emmanuel Joseph Sieyes, escrito en 1788, que de una forma deliciosa argumenta en esos días previos a la Revolución Francesa la sinrazón de los privilegios. Curiosamente algunas de sus reflexiones son aún de actualidad. Es una conquista innegable haber alcanzado la igualdad formal, pero ahora, en estos momentos tan difíciles, es aún evidente la injusticia de los privilegios reales de algunos y necesaria la función del derecho para impedirlos. LA NO DEMOCRATIZACIÓN DEL DERECHO Y LA JUSTICIA

Pero, ¿qué ha tenido esto que ver con el mundo de la justicia y el derecho? Qué duda cabe que la aceptación de la condición de ciudadano convierte a este en un protagonista del derecho y de los derechos. El ciudadano es sujeto de derechos. Pero ¿realmente el ciudadano conoce sus derechos y puede y sabe cómo ejercerlos?

Desafortunadamente la evolución social del concepto de los derechos individuales y los incrementos económicos que han nivelado desigualdades sociales abismales en el siglo pasado no han sido en forma alguna paralelos a la necesaria democratización del derecho y de la justicia. El derecho y la justicia siguen enquistados en su tradicional oscuridad kafkiana.

Ahora sin embargo los individuos se saben con derechos y no se resignan a no poderlos ejercer.

EL DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO

¿Dónde está el derecho?

Aunque teóricamente las leyes las hacen los parlamentarios y estos han sido elegidos por el conjunto de los ciudadanos, los ciudadanos son conscientes de que están absolutamente de espaldas al propio proceso legislativo, a su creación, a su divulgación y a su seguimiento.

Todos los días cualquiera de nosotros nos quejamos de un sinfín de asuntos que tienen que ver con lo público sin que seamos conscientes ni de qué se podría hacer para mejorarlos o remediarlos, y lo que es más importante, sin que sepamos tampoco qué diablos hacen los parlamentarios, ni lo que muy por el contrario deberían hacer. Esa ley hipotecaria que ahora todos descubrimos con indignación está en vigor en España desde el 1948 y ha sufrido en estos últimos tiempos importantes retoques, como por ejemplo en noviembre del 2007, sin que mereciera un verdadero debate público. Ha sido ahora cuando tanta gente pierde su casa por no poder pagarla cuando parece que la hemos descubierto. En marzo pasado se ha presentado una iniciativa legislativa popular para la reforma de la ley hipotecaria.

Hace ya un montón de años escribí sobre la necesidad de que se nos informara individualmente de las leyes que entraban en vigor. Frente a la ley publicada (es decir aparecida en el BOE), yo hablaba de la ley comunicada.

Siempre me pareció inadmisible que en un Estado democrático se mantuviera el principio de que la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento.

Ese principio lo declara el artículo 6 del Código Civil (que se promulgó en julio de 1889) y nadie parece atreverse a contradecirlo, aunque todos sepamos que no sabemos nada de las nuevas leyes que se van promulgando, salvo lo que oímos por la tele o leemos en algún periódico.

Es curioso observar cómo hay principios jurídicos que, al igual que sucede con éste, parecen dirigirse a una sociedad de súbditos y no de ciudadanos. Me sorprende que en el marco del derecho administrativo se acepte sin más que las autoridades administrativas puedan no contestar a las reclamaciones escritas de los ciudadanos. Aunque ahora en la mayor parte de casos el silencio administrativo tiene efectos positivos y no negativos como antes, que un asunto se resuelva por silencio administrativo no deja de ser por encima de todo una gran falta de educación.

Si entonces, en el filo de los 80, cuando aún ni sabía bien lo que era un PC (que como dice una gran amiga mía para el PC solo era el partido comunista) me parecía inadmisible que el gobierno no notificara individualmente a los ciudadanos las leyes que les afectaban, ahora, cuando las nuevas tecnologías nos permiten recibir, en escasos minutos toda la información sobre cualquier tema que nos interesa, resulta aún más inadmisible que el propio proceso legislativo siga siendo tan oscuro e inaccesible y que no haya un proceso de notificación individual de la norma.

El Congreso de los Diputados tiene, efectivamente, una página web. Reto, sin embargo, a cualquiera que sienta curiosidad a que la vea y analice. No encontrará en ella el menor resquicio que permita algún tipo de participación del ciudadano.

Otro tanto sucede con la divulgación de la ley. Efectivamente, hoy día el B0E también tiene su página web, ya que ha dejado de publicarse en papel, pero, aparte de que la publicación sea en soporte digital o papel, la propia concepción del periódico no facilita en modo alguno la comprensión de lo que contiene. Resulta difícil localizar una norma concreta y totalmente imposible saber el conjunto de normas que regula una determinada actividad.

Me encantaría hacer un ejercicio interactivo mientras que leéis este artículo: busquemos, por ejemplo, un aspecto social que nos preocupe e intentemos conocer el contenido completo de su regulación jurídica; el tráfico de drogas, por ejemplo, o cualquier otro tema nos vale, y veamos qué sucede. Yo lo he intentado y el resultado final ha sido un verdadero sin sentido.

Pero es que, además, nos hemos preguntado alguna vez sobre las características de nuestras leyes; por ejemplo, ¿sabemos siquiera cuántas leyes hay en España? ¿Mil, dos mil, un millón?

La actividad legislativa es un sin parar. Constantemente se publican nuevas leyes sin que se deroguen otras muchas anteriores; no sabemos por qué se hacen nuevas leyes ni por qué se derogan a veces las antiguas.

Las leyes, además, no son comprensibles para los ciudadanos. Las leyes no son otra cosa que la descripción de las conductas que debemos observar. ¿No ha llegado ya el momento de que se modifique la técnica legislativa? ¿Por qué después del enorme desarrollo de las técnicas de comunicación seguimos redactándolas en la misma forma que se hacía hace cien años, doscientos y hasta siglos? ¿No es la esencia de la norma la comunicación?

LA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA, LA RECLAMACIÓN DE LOS DERECHOS

Pues bien, aun si el ciudadano supera todas estas dificultades y accede a conocer el contenido de la norma, no tendrá el dominio preciso para hacer valer sus derechos cuando lo necesite. No solo es necesario conocer las normas sino también su interpretación y el entorno jurídico en que las mismas se ordenan y clasifican. La interpretación de las normas que hacen los tribunales y su inserción en lo que los juristas llamamos el ordenamiento jurídico produce a veces un efecto sorprendente.

Pero es que, además, así como un ciudadano cualquiera puede dirigirse a cualquier oficina de la administración y plantear lo que considere conveniente, de palabra o por escrito (aunque luego no le hagan caso alguno), los ciudadanos no podemos dirigirnos por nosotros mismos a la justicia.

La presencia de los ciudadanos ante los juzgados y tribunales exige la intermediación obligatoria de determinados profesionales, los procuradores y los abogados. Los procuradores, meros intermediarios formales de los ciudadanos, son obligatorios en la mayor parte de procedimientos judiciales, sin que nadie a estas alturas pueda verdaderamente explicar qué utilidad técnica incorporaran. Los procuradores de los tribunales significan simplemente un muy sensible encarecimiento del coste de los procedimientos judiciales y una barrera que impide el necesario contacto entre los propios ciudadanos y los jueces y tribunales.

Los abogados es otra cosa. Son intermediarios, sí, pero, hoy por hoy, absolutamente imprescindibles.

Aunque el ciudadano haya leído la norma que pretende reivindicar, no solo desconoce su interpretación sino que ni siquiera, como acabo de decir, puede imaginar las transformaciones que los tribunales hacen de la misma, y, sobre todo, ignora totalmente la técnica jurídica, y lo que es más curioso aún, la práctica que cada juzgado o tribunal, de forma discrecional, utiliza. El gran abogado Manolo López lo llamaba la jurisprudencia de ventanilla.

Así, la intervención de un abogado va mucho más allá de un mero asesoramiento, pues se convierte en una especie de inevitable y amplísima tutoría legal. El cliente no recibe consejos sino las instrucciones necesarias para acceder al mundo incomprensible del derecho y la justicia. Por eso, el cliente mal puede discutir el consejo del abogado, pues no puede evaluar los parámetros de ese conocimiento. Se me dirá que eso mismo sucede con los médicos. Sí, efectivamente, también la divulgación de la medicina ha transcurrido por los cauces de la oscuridad, pero hay una muy importante diferencia entre estos dos campos de la actividad humana. La medicina es una ciencia real, con parámetros propios expresados en un lenguaje preciso. Sin embargo lo que llamamos la técnica jurídica no es más que una acumulación de normas y de sus correspondientes interpretaciones que podrían constituir unas simples bases de datos. Además, el lenguaje jurídico es oscuro no porque sea preciso sino porque es arcaico y no ha sido modernizado. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, que se siga utilizando el término de ejecución de sentencia, cuando nos referimos al cumplimiento de la sentencia, en lugar del más preciso y actual del propio cumplimiento de las sentencias?

No he estudiado la etimología del término genérico de la ejecución de la sentencia, pero supongo que nace del término ese, sí claro y preciso, de la ejecución de la pena de muerte. Esta, la pena de muerte, fue, sin duda, una parte importante de las sentencias que los tribunales pronunciaron a lo largo de la historia.

LA CRISPACIÓN DEL AHORA

Pues bien, ahora, más que en cualquier otro momento, el ciudadano necesita hacer valer sus derechos. Esta crisis económica que no parece acabar pone en peligro el estado de bienestar social. Los ciudadanos atónitos se ven desprovistos de los instrumentos jurídicos que teóricamente se les reconoce para hacer valer sus derechos. La Constitución reconoce en el artículo 46 el derecho a una vivienda digna, pero la Ley hipotecaria no integra la virtualidad de ese derecho cuando regula la recuperación del importe del crédito y la liquidación de la garantía. Y de pronto los ciudadanos se ven obligados a olvidar el derecho que las sentencias les imponen y a impedir, eso sí, los lanzamientos hipotecarios por la fuerza de las congregaciones masivas. La Plataforma Ciudadana contra los Desahucios nos explica en su página web cómo y cuántos lanzamientos ha impedido.

Además, en este momento en el que recurrir a los derechos es tan esencial, vivimos el comienzo del adelgazamiento de los servicios de mediación jurídica gratuita, lo que dificulta aún más el ejercicio del derecho.

Las propuestas que se oyen estos días de reorganizar -limitándola- la justicia gratuita, unido a los impagos que los colegios de abogados sufren de la prestación de estos servicios inquieta.

De ahí que resulte importante formular, cuanto antes, algunas propuestas de esa necesaria reinvención del derecho que nos permita imaginar un futuro mejor en el que la justicia sea un espacio público en el que nos sintamos ciudadanos y no súbditos.

Ahí van: Primero: es necesario que los ciudadanos, por sí mismos y en virtud del derecho de participación que recoge el art. 9 de la Constitución, tengan un acceso directo al proceso legislativo; es imprescindible definir la participación directa de los ciudadanos y no limitarla exclusivamente a la iniciativa legislativa popular, y esta desde luego ha de tener una nueva regulación que obligue de forma eficaz su tramitación. Los ciudadanos deben poder enviar directamente a los órganos legislativos sus propuestas, sugerencias o críticas que signifiquen alternativas a la creación o a la modificación de las normas actuales.

Segundo: deberá haber portales técnicos públicos de divulgación legislativa a través de los cuales se posibilite la comunicación de las normas y la información más completa posible respecto al alcance de las mismas, a su interpretación y a su utilización.

Tercero: hay que redefinir el proceso judicial para que se entienda como un diálogo entre los juzgados y los tribunales y los ciudadanos en los que no resulte obligatorio ningún tipo de intermediación formal y en los que los abogados presten el debido asesoramiento al que tiene derecho un adulto, respetando el protagonismo del cliente.

¿EXISTE UNA JUSTICIA PARA RICOS Y OTRA PARA POBRES?

Ángel Luis Ortiz

Exodo 110 (sept.octub.) 2011
– Autor: Ángel Luis Ortiz –
 
Desde la revista Éxodo me hicieron llegar la siguiente pregunta: ¿Existe una justicia para ricos y otra para pobres? En la justicia a la que yo me dedico durante los últimos años mi respuesta es no. Un magistrado que desarrolle su trabajo en un juzgado de vigilancia penitenciaria generalmente administra justicia casi en exclusividad para pobres. En el día a día ni siquiera me había planteado esa disyuntiva, la casi totalidad de los justiciables que pasan por esa jurisdicción forman parte del perfil medio de las personas que se encuentran privadas de libertad en España: baja cualificación laboral, bajo nivel educativo (un 45 % tiene estudios primarios, un 7,3 % no tiene estudios y sólo el 9 % tiene estudios universitarios) y uno de cada tres tiene o ha tenido a un familiar en prisión. En definitiva, personas en situación de exclusión social que antes de ingresar en prisión tenían sus derechos sociales y económicos degradados. La cárcel no es la responsable de la precariedad social de esas personas, pero a ella le corresponde gestionar esa situación.

Digo casi la totalidad de los internos, ya que recientemente según José Luis Segovia Bernabé (Revista Crítica mayo-junio 2011, nº 973) se ha producido cierta “democratización” en las clases sociales que habitualmente ingresaban en prisión. Hoy además de “pobres” en los centros penitenciarios también hay algunas personas condenadas por delitos relacionados con la “violencia de género” y otras por delitos relativos a la “seguridad vial”. Tal vez dentro de ese proceso democratizador, habrá que incluir también a 90 penados que, al finalizar el año 2010, se encontraban según la Agencia Tributaria cumpliendo condena por haber defraudado a Hacienda.

Abandonando la perspectiva que ofrece un juzgado de vigilancia penitenciaria y tomando una visión más amplia del sistema penal, es comprensible preguntarnos si existe una justicia igual para todos, ya que cualquier aproximación que se haga a las personas que hoy están en prisión inevitablemente aparece un binomio que siempre va unido: exclusión social y sanción penal.

En los últimos años la política criminal se ha caracterizado por criminalizar más duramente todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, especialmente los delitos relacionados con el patrimonio, en los que se protege la propiedad, y sin embargo esa dureza no aparece a la hora de sancionar a la delincuencia de cuello blanco. El ejemplo más claro se aprecia en la forma en la que se penaliza el delito fiscal (art. 305.1 del C. P.), para cometer ese delito hay que defraudar de forma deliberada más de 120.000 euros y la pena de prisión podría ir de 1 a 5 años. En Francia o Alemania la pena por ese delito llega a los 10 años. Si el fraude se produce a fondos de la Unión Europea, el delito se comete cuando se superan los 50.000 euros (art. 305.3 del C.P.). La generosidad del Estado con algunos defraudadores contrasta con la forma en la que se castigan algunos delitos como los hurtos, en los que la pena puede llegar hasta 3 años de prisión (art. 235 del C.P.).

La sanción penal gira siempre de manera fundamental en torno a la pena de prisión, así sucede en los delitos contra la salud pública (tráfico de drogas), la duración de la pena privativa de libertad alcanzó tal extensión (hasta 9 años por vender o tratar de introducir en España sustancias estupefacientes -300 o 400 gramos- de heroína o cocaína utilizando el propio cuerpo del traficante) que el legislador, consciente de esa desproporción entre el hecho ilícito y la pena, el pasado año aprobó la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio y redujo el tipo básico de esa clase de delitos de 3 años a 6 años, reduciendo en 3 años la mayoría de esas condenas que, en el argot penitenciario, eran conocidas como “la tarifa plana”. En torno al 29 % de los internos han sido condenados por esa clase de delitos.

Con independencia de la duración de las condenas en los delitos contra la salud pública, también se produce otro hecho que es digno de resaltar. Las multas que se imponen a los condenados a penas privativas de libertad inferiores a 5 años (art. 53) cuando éstos no las pagan se transforman en responsabilidad personal subsidiaria, pudiendo alcanzar esa responsabilidad hasta un año de prisión. Mientras que en las multas que se imponen a condenados a penas privativas de libertad superiores a cinco años tal conversión no se puede realizar por impedirlo el art. 53-3º del Código Penal. Resulta evidente que el gran traficante recibe un trato más beneficioso, en este punto, que la persona que para satisfacer su consumo necesita vender droga. En este último supuesto podríamos llegar a hablar incluso de “prisión por deudas”, la pobreza da lugar a que la pena de prisión dure más.

Siguiendo con la forma en la que se penalizan los delitos contra la salud pública, resulta paradójico que las personas condenadas por robos, estafas, lesiones, homicidios, etc., cuando ingresan en prisión como consecuencia de la reforma que efectuó la Ley Orgánica 7/2003, para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, tienen que hacer frente a sus responsabilidades civiles (reparar el daño causado) o al menos deben intentarlo para poder alcanzar su clasificación en tercer grado (régimen de semilibertad) o para obtener su libertad condicional (art. 72 de la Ley Orgánica General Penitenciaria), y sin embargo los condenados por delitos contra la salud pública son progresados a tercer grado o alcanzan su libertad condicional sin necesidad de reparar el daño que inevitablemente causarían con su acción de no haber sido detenidos, pues en sus condenas no existe ninguna obligación de indemnizar.

Si en lugar de imponer multas, la gran mayoría de ellas no se pagan, esas multas se transformaran en una obligación económica que tiene que satisfacer el condenado (responsabilidad civil), buena parte de esas cantidades serían satisfechas, ya que ese pago incidirá de manera directa en los daños de prisión que tiene que cumplir. Si se declarara la obligación de reparar el daño causado en esa clase de delitos, tal situación operaría en un doble sentido, por un lado se equipara a los delitos contra la salud pública al resto de delitos, debiendo por tanto los autores de los mismos hacer frente a los perjuicios que originan con su acción, y por otro se posibilitará a los condenados que quisieran a disminuir el daño causado a repararlo, pudiendo alcanzar así su tercer grado o su libertad condicional.

Aunque en principio pudiera pensarse que, al igual que sucede actualmente con las multas que se imponen a los condenados a penas de prisión inferiores a cinco años, el impago de la responsabilidad civil produciría como consecuencia un alargamiento de la condena, tal conclusión no es cierta, ya que el impago de la indemnización que se impone en la sentencia a un condenado nunca puede afectar a la duración de la pena de prisión, en todo caso cuando se pague esa indemnización el condenado podrá acceder a una forma de cumplimiento de la pena más favorable para él.

En los supuestos de carecer de bienes para hacer ese pago, esa situación necesariamente no supondría la imposibilidad de acceder al tercer grado o a la libertad condicional, ya que los jueces de vigilancia penitenciaria vienen interpretando que en los casos de impago de la responsabilidad civil, lo que hay que valorar es el conjunto de circunstancias que pongan de manifiesto una inequívoca voluntad de reparación del daño causado a la víctima concretada en hechos objetivos que evidencien un esfuerzo del penado por satisfacer, dentro de sus posibilidades, la responsabilidad civil fijada en la sentencia. Es decir, se valora el esfuerzo por reparar el daño y por aproximarse a la situación de la víctima.

Las razones expuestas deberían dar lugar a una reflexión acerca de la manera en la que el Código Penal sanciona los llamados delitos contra la salud pública, cuando estos se refieren al cultivo y al tráfico de drogas tóxicas. En esta materia también es necesario regular, conforme a los postulados de la justicia restaurativa o reparadora, la obligación que frente a la víctima, en este caso frente a la comunidad, tiene el autor de estos delitos de hacer frente al daño que causa. En definitiva, sería deseable cambiar el sistema de multas actuales por el pago de la responsabilidad civil derivada del delito. De esa forma el derecho penal ofrecería una respuesta diferente más allá de la puramente punitiva, sin que por ello pierda su función esencial.

Parece evidente que las víctimas directas de esos delitos (drogodependientes) y el propio Estado (pagador en última instancia de los daños que origina el tráfico y consumo de drogas) se sentirían mejor compensadas si, además de la pena de prisión, al causante del daño se le obligara a neutralizar el daño producido. De igual forma que el derecho penal ha ido ampliando cada vez más el número de bienes jurídicos susceptibles de protección, habrá que modificar la construcción que tradicionalmente se hizo de la responsabilidad civil derivada del delito para considerar que la misma incluye no solo los daños efectivamente causados, sino también los que inevitablemente se producirían si la droga no hubiera sido aprehendida.

Dejando al margen la duración de las condenas privativas de libertad, en otras ocasiones es el propio sistema sancionador el que, utilizando todos los recursos que el Estado de derecho permite, utiliza los aspectos más represores de la ley de extranjería para controlar los flujos migratorios y en definitiva para hacer recaer una vez más un castigo desmedido sobre los ciudadanos extranjeros que son condenados por cometer algún delito. El 1 de enero de 2010, el 35 % de las personas en prisión eran extranjeras.

En este punto interesa conocer cómo se relaciona el derecho penal y penitenciario con la normativa en la que se regula la extranjería. Mientras que el primero está construido sobre la reinserción y la rehabilitación social del condenado, la legislación de extranjería tiene su fundamento en la impermeabilización de las fronteras y cuando ésta falla en la expulsión.

Esas dos filosofías producen en la práctica un serio conflicto en aquellas personas que encontrándose en prisión no han nacido en España, ya que por un lado la Ley Orgánica General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario no establecen distinción alguna entre penados nacionales y extranjeros, respecto a los aspectos rehabilitadores, tratamentales y reinsertadores que afectan a todos los internos, con independencia de su nacionalidad, y por otra parte la legislación de extranjería impide que finalizada la condena el penado pueda permanecer en España, aunque esté reinsertado y rehabilitado.

El marco normativo que determina la orientación reeducadora y de reinserción social de las penas privativas de libertad comienza en la Constitución y se desarrolla en diferentes leyes, reales decretos y acuerdos que en lo esencial se enumeran a continuación.

Los derechos y deberes de los extranjeros en prisión se presentan iguales a los de cualquier ciudadano español privado de libertad (artículos 13, 14 y 25 de la Constitución).

Buena prueba de cuanto se acaba de decir aparece reflejado en la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, Ley General Penitenciaria (L.O.G.P.). Concretamente en su artículo 3 proclama que la actividad penitenciaria se ejercerá con respeto a la personalidad humana y sin discriminar a los penados por razón de su raza, opinión política, creencias religiosas, condición social o cualquier otra circunstancia de análoga naturaleza.

Como consecuencia de tal previsión normativa, el Consejo de Ministros el 1 de julio de 2005 aprobó un Acuerdo por el que se determina el procedimiento para autorizar el desarrollo de actividades laborales, por parte de los internos extranjeros, en los talleres productivos de los centros penitenciarios y el ejercicio de actividades laborales a penados extranjeros en régimen abierto o en libertad condicional.

Con ese Acuerdo básicamente se reconoce, en primer lugar, que la resolución judicial en la que se ordena el ingreso en prisión de un interno extranjero tiene validez de autorización de trabajo a los efectos de poder ser dado de alta en la Seguridad Social para desarrollar actividades laborales en talleres productivos.

En segundo lugar, se establece que la Subdelegación del Gobierno o la Delegación del Gobierno, según los casos, pueden conceder validez de autorización de trabajo a la resolución de la Administración penitenciaria de clasificación en tercer grado o al Auto del Juez de Vigilancia Penitenciaria por el que se acuerda dicha clasificación o se le concede la libertad condicional, siempre que el interno reúna determinadas condiciones.

Toda la normativa que se acaba de exponer, desde la Constitución hasta el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de julio de 2005, pasando por la Ley Orgánica General Penitenciaria y por los diferentes Reglamentos que la han desarrollado, queda desactivada y su efecto en la práctica es nulo de cara a los aspectos rehabilitadores, tratamentales y reinsertadores de la intervención penitenciaria de los internos, ya que un solo artículo (art. 57.2) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero (Ley de Extranjería), es suficiente para dejar sin efecto todo ese arsenal normativo en el que se proclama sin distinción la reinserción, la reeducación de los condenados y el derecho a un trabajo remunerado.

En la práctica, existe un conflicto entre el derecho penal y penitenciario y de otra parte la legislación de extranjería. Ese conflicto se puede simplificar de la siguiente forma. En muchos casos bien la Administración penitenciaria o el juez de vigilancia penitenciaria a lo largo de la ejecución de una condena posibilitan que el condenado extranjero pueda tener un trabajo retribuido, primero dentro de prisión y después fuera de ella, que le permite rehabilitarse e incluso hacer frente al pago del daño que originó con su acción delictiva, y al día siguiente de cumplir su condena, sin comprobar cuáles son las circunstancias personales que concurren en esa persona, se aplica el artículo 57.2 de la Ley de Extranjería y se le expulsa, malgastando de esa forma el esfuerzo, el tiempo y el dinero que la Administración penitenciaria dedicó al proceso reinsertador de un condenado.

Tal y como se ha solicitado desde la Pastoral Penitenciaria en más de una ocasión, cuando el ciudadano extranjero condenado cuente con un pronóstico favorable de vida en libertad por tener medios de vida y el interesado solicite el quedarse en España, siempre que la Administración Penitenciaria confirme que se ha producido un correcto proceso reinsertador, debería la legislación de extranjería contemplar la posibilidad de abrir un periodo de residencia legal a prueba en el curso del cual habrá de objetivarse su alejamiento del delito y la efectiva normalización de su vida. Transcurrido dicho plazo, el efecto jurídico debería ser el de considerarle en la misma situación que la de los demás extranjeros con posibilidades de regularizar su situación en España.

Las 73.339 personas que en el mes de mayo de 2011 se encontraban encarceladas en las prisiones españolas son una consecuencia directa de la producción legislativa con la que se ha ido endureciendo el Código Penal de 1995. Esas normas han sido:_

-Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros. _ Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modificó la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. _ Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género. _ Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de seguridad vial.

Algunas de esas leyes se han aprobado tras la dramática visión que del fenómeno criminal ofrecen los medios de comunicación, los cuales aumentan la alarma social tratando de incrementar sus cuotas de audiencia a través del tratamiento morboso y emotivo del delito. La sensación de impunidad que se refleja en las informaciones en modo alguno responde a la realidad, pues las cifras de personas encarceladas y las tasas de delitos graves cometidos claramente ponen de manifiesto la eficacia del derecho penal. Esa alarma social y la sensación de impunidad se ha traducido políticamente en un endurecimiento de las penas privativas de libertad.

Con todo ese arsenal punitivo se ha creado un derecho penal simbólico en el que la mera promulgación de la norma agota todas sus pretensiones. Al tiempo que se calma a la opinión pública, al transmitir que se actúa protegiendo determinados valores, muchos de los cuales deberían de protegerse al margen del derecho penal y por supuesto lejos de la pena privativa de libertad, ya que el derecho penal utilizado como instrumento de pedagogía no logra los fines que con él se pretenden. Como indica Ramón Sáez Valcárcel (El delito de impago de pensiones. Asociación Española de Abogados de Familia. Dykinson 1996) se crean en la opinión pública unas expectativas respecto del derecho penal, como vehículo de solución de conflictos, que nunca podrá cubrir.

Esas leyes no sólo han aumentado la cuantía de las condenas, sino que han creado nuevos delitos y han introducido diferentes requisitos que alargan la estancia de las personas en prisión o que obligan a que condenados que antes no tenían que ingresar en prisión, ahora tengan que entrar.

Como consecuencia de todas esas reformas en los últimos 15 años la población reclusa se ha duplicado. En el año 2007 cada mes entraron en prisión 300 personas. El Consejo de Europa reconoció ese año que de los 48 países que forman parte del mismo España es el país con la estancia media en prisión más elevada. En los primeros seis meses del año 2010 la tasa de criminalidad en España era de 45,1 delitos por cada 1.000 habitantes, cuando la media europea era de 69,1, y, sin embargo, el número de personas encarceladas supera a la mayoría de los países de Europa.

El número de internos que ocupan las prisiones españolas ha dado lugar a que España encabece la tasa de encarcelamiento en Europa, alcanzando las 152 personas encarceladas por cada 100.000 habitantes. En el resto de países de nuestro entorno, Gran Bretaña tiene 146 personas encarceladas por cada 100.000 habitantes, Escocia 141, Portugal 123 y Alemania 95.

Además, ese duro sistema penal ha generado 1.400 internos de más de 60 años en prisión, casi 10.000 con antecedentes por trastornos mentales y alrededor de 345 personas cuyas condenas son de 60, 70 u 80 años sin posibilidad de revisión, lo que supone condenas perpetuas de hecho. Para paliar esa situación, desde la plataforma “Otro derecho penal es posible” se propuso, con ocasión de la reforma del Código Penal tramitada hace unos meses, que en estos casos se pudiera acordar la libertad condicional, teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en el penado, su personalidad, sus antecedentes, su evolución en el tratamiento reeducador, la dificultad para delinquir y sus condiciones de vida. Tal propuesta no fue incluida en la reforma del Código Penal.

Para mejorar el panorama que se acaba de exponer y conseguir que los excluidos sociales que están dentro del sistema penal reciban una justicia más equitativa no existen soluciones mágicas, pero sí es posible emprender diferentes actuaciones que humanicen ese sistema y ofrezcan una respuesta mejor tanto a los condenados como a las víctimas que padecieron sus delitos.

En primer lugar, potenciar el tratamiento para que la permanencia en una prisión sea algo más que el permanecer recluido sin posibilidad de deambular y permita al condenado adquirir unos hábitos o habilidades que no tenía cuando entró en prisión.

El tratamiento penitenciario exige de la Administración no sólo una actitud de oferta en constante adaptación y un esfuerzo de análogas características para la motivación de los internos. También exige la existencia de unas condiciones materiales suficientes que permitan el mantenimiento de unos niveles adecuados de intimidad, seguridad, salud e higiene personal, y, en segundo lugar, unas instalaciones adecuadas y personal suficiente para la oferta de actividades, de índole formativa, laboral y ocupacional.

En la actualidad la pena privativa de libertad normativa y doctrinalmente sólo resulta admisible si, junto a la retención, se pretende la reinserción y la rehabilitación del condenado, el puro castigo y la retribución han sido desterradas. En el medio penitenciario existe la percepción arraigada de que el sistema penitenciario sólo fracasa cuando se produce un quebrantamiento de condena y el recluso logra burlar los controles físicos que le han sido impuestos, no obstante la falta de un tratamiento adecuado y los reiterados ingresos en prisión raramente son percibidos por la Administración penitenciaria como un fracaso.

Junto con el tratamiento y como fórmula para rentabilizar lo que el interno recibe dentro de prisión, es necesario potenciar la coordinación con los servicios sociales de base y con el tejido social, ofreciendo programas de asistencia postpenitenciaria. Existen dos realidades que son claves en la reinserción de los penados y que sin ellas todo lo demás queda en buenos propósitos o en meras declaraciones de intenciones. Esas dos realidades son el poder trabajar y el contar con una vivienda. Según la plataforma “Otro derecho penal es posible” un 40 % de las personas presas veían difícil o incluso imposible el poder trabajar. Respecto a la vivienda, un tercio de los penados volverían a casa de sus padres, otro tercio contaba con casa propia y otra tercera parte se encontraría en una situación de inestabilidad o exclusión residencial, ya que dependían en unos casos de amigos, en otros casos de albergues e incluso algunos no tenían donde ir. Como puede observarse a muchos penados su paso por la cárcel sólo les servía para añadir más exclusión a la exclusión.

No todas las iniciativas para humanizar y mejorar el sistema penal pasan por reformas normativas; en muchos casos, se trata exclusivamente de optimizar y sacar provecho a los recursos que el propio ordenamiento ya contempla y que la práctica ha demostrado ser útiles para la reinserción de los penados. Así sucede con los permisos de salida. En el año 2008 se concedieron 90.668 permisos de salida, de los que se beneficiaron 19.274 personas, de las cuales no regresaron a prisión 489, es decir, un 0,57 %; esa tasa de quebrantamientos en el año 1979, cuando comenzaron a darse los permisos, era de 3,65 %. Como puede observarse, una buena gestión de ese recurso, que tanto sorprende en los países que no permiten ese tipo de salidas, está posibilitando que los penados cumplan su condena sin distanciarse de su entorno y al mismo tiempo crea en ellos hábitos de responsabilidad, al ser capaces de salir y regresar a la prisión.

No puede decirse lo mismo de la posibilidad que ofrece la legislación penitenciaria para que los condenados obtengan su tercer grado (régimen de semilibertad por el que se permite normalmente salir fuera de la prisión durante el día y regresar a dormir). El sistema penitenciario español es progresivo, lo que supone el ser clasificado en grados según la evolución penitenciaria, esto significa que necesariamente para cumplir una pena privativa de libertad no hay que estar obligatoriamente las 24 horas del día recluido en una prisión. En estos momentos en tercer grado se encuentran clasificados el 17 % de los internos, mientras que en algunos países de Europa ese tanto por ciento alcanza el 40 %. Una mayor utilización de esa clase de clasificación facilitaría una mejor incorporación y reinserción del penado a la sociedad.

Por último, sería necesario introducir en nuestro sistema penal la mediación penal como sistema de resolver conflictos sin necesidad de tener que pasar necesariamente por el proceso y la consiguiente sentencia.

La idea esencial sobre la que gira la justicia penal se centra en la noción del castigo y ello genera irresponsabilización, despersonalización, incapacidad para asumir las consecuencias negativas de los actos y finalmente reiteración en la comisión de actos delictivos –reincidencia-. Frente a esa justicia retribucionista, en la que el interrogatorio prima sobre el diálogo y en la que se incentiva o se propicia que el acusado de un delito tenga que mentir, aparece la llamada justicia restaurativa o justicia reparadora. Tradicionalmente la justicia penal ha sido la encargada de saciar la sed de venganza de la comunidad castigando al culpable, sin embargo en todo ese proceso que gira principalmente alrededor de la pena privativa de libertad –la cárcel-, se ignora por completo hasta épocas muy recientes a la persona más vulnerable: la víctima, sin lugar a dudas la gran olvidada dentro del proceso penal. La mayoría de los perjudicados por un delito, acuden al juzgado y se someten a un ritual procesal de difícil comprensión para ellos. Durante el proceso no comprenden lo ocurrido y normalmente no llegarán a conocer la verdad de lo ocurrido, ya que el acusado se defenderá negando los hechos. La víctima es perdedora por partida doble: frente al infractor y frente al Estado. El sistema penal ante todo quiere sancionar al culpable y se olvida de la víctima, que queda reducida a una mera “prueba de cargo”, sólo se la utiliza para castigar al culpable. Al terminar la actuación de la justicia, la víctima desconocerá cuál será el futuro de la persona condenada y el porqué fue elegida ella, o si volverá a asumir ese papel en el futuro. Lo único que queda por parte de la víctima en muchas ocasiones es un sentimiento de venganza que trata de paliar deseando una larga pena de prisión para el condenado.

La mediación reparadora permite compensar el daño y restituir la paz, va a propiciar el diálogo, la asunción de responsabilidades, el conocimiento y la confrontación del sufrimiento del otro. El acuerdo final, cuando se alcance, puede abarcar variadas posibilidades según cada caso, así pueden citarse: arrepentimiento del autor, manifestación de perdón y aceptación del mismo, reparación del daño, obligación de realizar trabajos para la víctima o para la comunidad, compromiso de realizar programas de tratamientos, obligación de no acercarse a la víctima, etc.

Desde el punto de vista de la víctima del delito, la mediación debe buscar la reparación o el resarcimiento del daño, la recuperación del sentimiento de seguridad y evitar los inconvenientes y perjuicios que origina la llamada victimización secundaria.

Para la persona responsable del hecho delictivo la mediación tiene que servir para apoyar su resocialización y para hacerse responsable del hecho que ha cometido y de sus consecuencias, propiciando que pueda evitar el ingreso en prisión a cambio de realizar otro tipo de penas (multa o trabajos en beneficio de la comunidad). En el caso de infractores que carezcan de medios económicos para hacer frente a las obligaciones que se deriven de su comportamiento ilícito, la futura normativa debería contemplar formas de mediación indirecta, bien a través de prestaciones personales a favor de la víctima o bien mediante la llamada reparación simbólica.

Retomando la pregunta del principio puede concluirse afirmando que en el ámbito penal, la justicia que se imparte está pensada y dirigida en su inmensa mayoría para los pobres, ahora bien tal realidad no debe ser obstáculo para que el sistema penal en su producción normativa primero y en su aplicación después sepa satisfacer las necesidades reales de las clases más desfavorecidas contribuyendo así a reducir el sufrimiento humano que es la razón de ser y la legitimación de todo acto de justicia.

JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLÍN

Benjamín Forcano

Exodo 110 (sept.octub.) 2011
– Autor: Benjamín Forcano –
 
José Antonio Martín Pallín, destacado jurista español, conocido por su “insobornable independencia” y por ser “garantista y de izquierdas, sólo comprometido con los valores constitucionales”, ha sido Magistrado del Tribunal Supremo y es Magistrado emérito del mismo Tribunal, miembro de la Comisión Bioética de España y de varias instituciones de juristas, presidente de la Asociación de Derechos Humanos de España, presidente de la Unión Progresista de Fiscales y Portavoz de Jueces para la Democracia, Premio Jurista de la Universidad Complutense de Madrid.

Es un placer, José Antonio, entrevistarte para la revista Éxodo. Sin duda, tus palabras serán de

Comienzo por dos preguntas de actualidad. La primera a propósito de lo que has escrito sobre la última reforma de la Constitución y la segunda sobre el juez Garzón.

Relacionando tu misión de juez, de ciudadano y de político, ¿mantendrías la decisión tomada por el gobierno o mantienes a pesar de todo una postura crítica con lo que ha hecho?

En primer lugar, muchas gracias por tus palabras.

El caso se explica por sí mismo y cuando yo escribí en El País todavía no había salido la sentencia del Tribunal Constitucional alemán, en el sentido de considerar que las ayudas a Grecia eran constitucionales. El problema es muy grave y se ha procedido con una rapidez y una frivolidad impropia de unos gobernantes que tengan sentido de responsabilidad, no solamente en el presente sino en el futuro. Imponer por Constitución un déficit es un brindis al sol. En el caso de que se incumpla, ¿cuál sería la sanción? ¿A esa persona la podríamos considerar como un malversador de caudales públicos? ¡No entiendo nada!

Lo único que podrían decir es: mire, Vd. se ha pasado del déficit constitucional. Otra solución sería: “bueno, Vd. está tergiversando la realidad, porque en definitiva sería el Tribunal Constitucional el que tendría que resolver”. ¡Peor me lo ponen! Porque un tribunal lo que tiene que hacer, con arreglo a unas pautas jurídicas, difícilmente puede echar sobre sus espaldas la política económica de un país, o la política económica de varios países de la Unión Europea. Entonces ¿qué hace el Tribunal Constitucional? Pues hacer como ha hecho Alemania: “¡Hombre, es constitucional, pero la próxima vez reúnan Vds. al parlamento, porque en una democracia hay que reunir al parlamento!”. ¡Vaya avance! Después de todo, creo que ha sido una medida perjudicial, porque al final si se aplica estrictamente en términos políticos, que no jurídicos, el gobierno de turno va a decir: ”los gastos públicos deben llegar hasta aquí, por tanto, tengo que recortar”.

Como te decía, me resulta casi obligatorio preguntarte por quien tendría que haber respondido esta entrevista: Baltasar Garzón. Este juez es considerado a nivel internacional el juez estrella de nuestro país. Tiene a su favor más de 80 premios concedidos. ¿Por qué, sin embargo, parece tener en su contra a la clase judicial española?

Hay varios factores. En primer lugar, su proyección internacional. Garzón ha intervenido en casos de jurisdicción universal, que han tenido repercusión universal. Y, además, han sido tan emblemáticos como el de Pinochet, que según yo creo fue el punto culminante que atrajo la atención de todo el mundo, no solamente jurídica sino también política. Muchos exclamaron entonces: “¡Hombre, pues los dictadores no son tan intocables como, al parecer, nos querían hacer creer los sabios jurídicos de otras épocas!”.

En segundo lugar, dentro de nuestro país ha intervenido en asuntos que han levantado polémica, como el GAL… Es cierto que se podía haber abstenido, pero el GAL ya existía y los hechos son los hechos. Por tanto, fue una aportación que, cuando llegó la causa al Tribunal Supremo, decidimos volviese a repetirlo todo, aunque sabíamos que le iban a atacar por ese lado, sobre todo en Estrasburgo.

Y muchos más temas, de alto contenido económico, como el relacionado con Botín, etc. Y eso ha hecho que mucha gente se haya sentido aludida y ofendida, y se hayan desatado campañas de prensa contra él. Pocas personas han sido tan zarandeadas por los medios de comunicación como el juez Baltasar Garzón. Lógicamente, ese eco tan desproporcionado a unos les ha gustado y a otros les ha molestado. No olvidemos que la Gürtel tiene también su origen en Garzón y por ella le van a exigir responsabilidades. Estos y otros factores explican por qué su caso resulta controvertido y criticado.

Según datos objetivos, el 90% de las causas instruidas por Garzón en 22 años han sido justificadas por el Tribunal Constitucional. ¿Cómo explicas que haya pasado a ser investigado sin consistencia jurídica precisamente por aquellos que debieran homenajearle?

Entramos en un tema que antes no había abordado, la causa por la guerra civil. Aquí no existe una derecha democrática al nivel de Francia o de otros países, es una derecha muy ligada al discurso, que por más de 40 años ha machacado al país, haciéndole creer que todos los asesinatos cometidos por el franquismo estaban justificados y se regían por la ley del “ojo por ojo”. Con esto se ha judicializado un debate histórico y político, al que el juez Garzón trata simplemente de darle forma jurídica. Una infinidad de historiadores habían denunciado que el franquismo fue un régimen genocida. Si en el año 49 o 50 los norteamericanos deciden que el franquismo debe caer porque quieren aquí una democracia, había la posibilidad de que Franco se hubiera sentado en el banquillo de los acusados y esto hubiera tenido graves consecuencias. No fue así, pero eso no justifica que, porque haya durado otros veintitantos años más, todo lo que hiciera fuese una Santa Cruzada.

¿Tú crees que, con posibles fallos, porque todo el mundo los tiene, la actitud fundamental del Juez Garzón se puede considerar imparcial y valiente con su oficio?

Con las explicaciones que hace el juez Baltasar Garzón, pone en marcha formalmente una causa penal contra el franquismo. Es un auto que está ahí. Cualquiera lo puede leer, es algo contundente. Es un auto de casi 10.000 páginas, en las que va detallando muy minuciosamente los hechos. Y repito una vez más que los hechos son los hechos y no se pueden cambiar. Por lo tanto, cualquier discusión de que si el franquismo fue A o fue B, está en el plano de la dialéctica política. Están los hechos, con ejecuciones de farsas jurídicas, como el consejo de guerra y ejecuciones, como la desaparición de personas, de niños, etc.

¿Está en peligro el futuro judicial de Garzón? ¡Se le acusa, creo, de prevaricación en España!

Algunos piensan que debe responder de sus actos como cualquier otro ciudadano.

Han encontrado en el caso Gürtel una base jurídica y práctica, mucho más sólida que en el caso de la Guerra Civil, o de los malos en Nueva York, que no aparecen aun después de haber pasado tanto tiempo… Cualquier otro juez en su caso hubiera dicho: ”yo no puedo seguir investigando más”.

Estas dos causas son las que pueden seguir adelante. Y entonces vamos a entrar en un debate de hechos. Efectivamente, se ordenó las escuchas a letrados relacionados con la trama, pero ¿cuando cambiaron los letrados no actuó con diligencia inmediata? Eliminó el contenido de esas conversaciones de la causa; quizás se descuidó 48 horas.

Si aplicamos este mismo rasero a todos los jueces y juezas españolas, tendríamos un porcentaje de imputados bastante alto.

Tú tienes una larga carrera como fiscal, magistrado y ahora como abogado del Tribunal Supremo. ¿Te ha tocado verte ensalzado o perseguido por incidir con independencia en la solución de intereses en conflicto?

Sí. Por ejemplo, en el caso Banesto, sobre el que ahora Mario Conde tiene acceso a los medios (algunos dicen que ha comprado Intereconomía, no sé si es cierto). La verdad es que, en términos muy correctos, dice que yo también me equivoqué. Bueno, ahí está también mi sentencia, el que tenga humor –porque es un poco larga-, pues que la lea y valore según su contenido.

Después ha habido actuaciones, más que nada derivadas de mi presión sobre la sociedad y los Derechos Humanos, que han sido desagradables al poder del momento. Desagrado del poder político que consideraban mis opiniones sobre el registro, que afortunadamente era en el barrio del Pilar, una cosa surrealista, entrar en un barrio como si fuese una ciudad sitiada, la famosa patada a la puerta, etc.

Esto no me ha creado simpatías. Lógico. Un Ministro del Interior se opuso a que me nombraran Fiscal General de Madrid y, la verdad, me hicieron un favor, porque ser Fiscal General de Madrid hubiera mermado muchas de mis actividades. Además, son cerca de 300 fiscales, y son una piña, con lo cual los problemas ya no son jurídicos sino seguramente administrativos.

Después, aunque con alguna reticencia, he de reconocer que me apoyó gente del Poder Judicial, relacionada con el PSOE. Me nombraron Magistrado del Tribunal Supremo, que supuso la culminación de todas mis aspiraciones. Y hace algunos años la Comisión General de Juristas, una de las Comisiones más antiguas del mundo, que tiene su origen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, me ha nombrado Comisionado y me ha procurado una actividad en el Exterior Internacional, como en Latinoamérica en que he estado más de 100 veces. Ahora tenemos una especial atención en el área Egipto- Túnez.

¿El poder judicial, qué es para ti: un servicio público, un poder del Estado, un poder al servicio de los ciudadanos?

Yo lo vivo con ilusión, porque creo que el poder judicial es un instrumento insustituible en un Estado de Derecho y una estructura que puede ayudar a los ciudadanos y proporcionar beneficio a la cohesión social y a la paz social: “A cada uno, lo suyo”.

En otros casos, el Estado tiene que ser consciente de que no puede dar a cada uno lo suyo porque la realidad es constructiva, estamos ya, y esto es relativamente reciente, dentro del Poder Judicial y dentro de la Fiscalía en eso que llaman la Cultura de la Mediación. Vamos a procurar solucionar los conflictos antes que desemboquen en un juicio. Por varios motivos: porque se agudizan las tensiones cuando llegas al juicio y porque es más caro. Hay que ahorrar, ahora que estamos en tiempos de crisis y es bueno para todos. Siempre he concebido el poder judicial así, una garantía frente a los abusos del poder, garantizar al ciudadano que no se va a ver sometido a los abusos del poder.

Pienso que no pocas veces esto no es entendido por los ciudadanos, quizás el defecto sea nuestro.

En tu libro “¿Para qué servimos los jueces?”, no dudas en afirmar que el modelo judicial español está agotado, aquejado al parecer de males endémicos. ¿Cuáles?

Trataré de resumirlo. Los constituyentes vieron que el problema radicaba en que nuestros juicios eran procedimientos escritos y reiterativos. Lógicamente la informática ha incurrido en la lentitud y ¡sé lo que digo!, porque se acumulan tantos folios que resulta inmanejable: más de 10.000 folios en el caso Garzón. En un asunto ya inamovible, no se necesita un complemento de información, salvo que el autor del auto, sea Garzón o sea quien sea, diga: “Es que estaba loco cuando lo hice”, que es inverosímil, en cuyo caso termina el material de la declaración y se dice: “bueno, vamos a juicio”, para así no acumular. Este es uno de los males, la falta de la realidad, y lo ven los ciudadanos: repetición innecesaria de papel, superacumulación de pruebas y no llevarlas a juicio oral.

Después hay un segundo mal, aunque se han hecho esfuerzos para tratar de acortar los procedimientos, por ejemplo en el ámbito civil, pero resulta que cuando ya tienes una sentencia favorable y te dicen que tienes derecho a cobrar, 10.000 euros, por ejemplo, tú te vas tan contento del Juzgado pensando “¡hay que ver! Qué bien ha funcionado todo”. Pero, ¿y ahora cómo los cobras? Ese es el problema, la ejecución de la sentencia y ahí tampoco se ha querido hacer nada.

Paradójicamente, aceptamos con naturalidad el hecho de que tanto los Ayuntamientos como la Dirección General de Tráfico, sin darnos opción posible, puedan meterse en las cuentas corrientes para cobrar las multas. Y en un procedimiento judicial eso todavía no se puede hacer. Vamos, que le cuesta mucho al que ha ganado una sentencia cobrarla y eso hace que sea absolutamente desmoralizador.

¿El atraso y carencias del poder judicial son de ahora, de la democracia, o tienen arraigo en tiempos pasados? ¿Qué peso le atribuyes al franquismo y al nacionalcatolicismo?

Al franquismo ninguno y al nacionalcatolicismo le reprocho muchísimas cosas, pero en esto ¡seamos justos! Después de 40 años de dictadura, lo actual resulta una contradicción, tenían que hacer una justicia democrática, respetuosa con los derechos y libertades, todo lo contrario a lo que era el franquismo y, sin embargo, llevamos ya 30 años de democracia y seguimos diciendo: “Tenemos más de cuatro mil jueces y antes teníamos mil. Y ahora necesitamos 500 más”. Esto parece una factoría de jueces. Se han convocado para este año, creo recordar, menos de 100 plazas de Policía Nacional y 400 plazas de Jueces y Fiscales, eso es algo que tendrán que explicar a los ciudadanos.

¿El sectarismo de los partidos políticos pesa y tiene reflejo perverso a la hora de hacer su nombramiento?

No en los jueces en general. Donde se concentra la presión política es fundamentalmente en el nombramiento de Magistrados del Tribunal Supremo y en menor medida en los Tribunales Superiores de Justicia. La influencia se refugia más todavía en la sala segunda, ya que esta sala segunda de lo Penal va a poder exigirle responsabilidades en el sentido de que hay una visión, ya no digo de Estado, que es una palabra muy gastada y además un poco totalitaria, sino una visión democrática, que requiere transparencia y servicio a los ciudadanos.

Aun cuando no puede exigirse a los jueces que dejen a un lado su ideología, ¿ves posible establecer un Estatuto del juez que garantice su independencia? ¿Señalarías algunos de sus rasgos básicos?

El Estatuto ya está establecido, en Naciones Unidas concretamente, la Comisión Internacional de Juristas, de la que yo formo parte, tenemos desde hace muchos años un centro para la independencia de jueces y abogados.

Todos hemos establecido reglas internacionales, de cómo deben ser las características de un juez, en cuanto a su selección, su formación, su retribución y en cuanto a poder actuar libre de presiones de los poderes políticos.

En términos generales, discrepo radicalmente en la formación, es un problema gravísimo. Un juez tiene que tener memoria reflexiva, sensata y tiene que ser capaz de reflejar o abordar la realidad.

¿Cómo ves hoy las luchas entre la España centralista y la España constitucional? ¿La Constitución actual marca un rumbo nuevo para el ejercicio del Poder Judicial?

No creo que tenga que ver con esto el centralismo o las autonomías. Eso es un problema endémico en nuestro país, no se arregló en su momento, creo que perdimos la oportunidad en la primera República, hubiera sido un bien para España, no ha sido así y estamos pagando las tensiones.

Creo que mucha gente ha tergiversado las resoluciones del Supremo y del Constitucional. El Supremo dice lo que puede ser. Pero la educación no es un problema político, es un problema de las Ciencias de la Educación, de la Psicología. Por tanto, dejemos que la política actúe en otro lado. ¿Qué es más razonable y qué está dando magníficos resultados en Cataluña? El catalán, como lengua que se utiliza en colegios. Hay colegios que utilizan el catalán y si el chico o la chica tiene problemas de inmersión, se le pone un refuerzo para que se adapte y esto funciona bien.

Es un poco lo que reconoce el Tribunal Constitucional, habla de la proporcionalidad, de que el sistema funciona bien, lo dice el Tribunal Supremo. ¡Cómo va a decir que el castellano no es lengua vehicular! Si también funciona bien y satisface las necesidades pedagógicas y educativas de niños y niñas. Eso es lo fundamental y no el debate político ancestral, que no tiene nada que ver con lo que dice un Estado moderno.

¿Qué no debiera faltar hoy a ningún juez que presuma de actuar con libertad y ecuanimidad dentro de una democracia: memoria, inteligencia, calidad humana, conocimiento del entorno social…?

En primer lugar, el conocimiento. Ya se decía un poco en la época del franquismo, que las leyes se deben adecuar con arreglo al conocimiento de la realidad social, no aislarse del entorno, acercarse al conflicto de ambas partes, cosa que no se enseña, que no está en los códigos, no hay una regla uniforme escrita, que se pueda aprender de memoria. Al mismo tiempo, un gran sentido de la independencia, y humildad, pues nos podemos equivocar. Para eso están los Sistemas de Recursos y en todo caso, como es una resolución, no debería ser de comprensión exclusiva de los juristas.

¿Hasta qué punto la jurisdicción de la Corte Penal Internacional de La Haya es universal, sin limitaciones, para poder actuar en toda clase de territorio?

Las palabras tienen un profundo significado, se habla de la Corte Penal Internacional, lo cual es exacto, pues la forman muchos países, sólo quedan fuera los que no la han firmado. Si fuese universal sería omnicomprensiva, (entonces, no quedarían fuera Estados Unidos, Rusia, China y algunos otros países que no la han firmado). Se ha hecho una pequeña concesión diciendo: Bueno, todos aquellos países que rechazan algo tan fundamental como que sus ciudadanos sean juzgados por crímenes contra la humanidad, genocidios, tortura, etc., no tienen razones ni argumentos en contra. Entonces, se ha dicho que si el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo acuerda por unanimidad, también se puede ir contra los ciudadanos de los países que no lo han firmado. Pero enseguida surge la pregunta: ¿Quién está en el Consejo de Seguridad con derecho a veto? Rusia, China y Estados Unidos.

¿Tú crees que desde el punto de vista éticojurídico, cuando se trata de juzgar esos crímenes contra la humanidad, hay razones serias para que ningún país pueda eximirse?

En absoluto, las razones serí an la prepotencia de los resabiados imperialistas, como cuando los americanos decían: “a mis soldados no los juzgarán extranjeros”. Eso sería también lo que dijo Napoleón en su momento, Luis XV y todos los autócratas que han existido a lo largo de la historia, no hemos avanzado mucho.

¿Qué mal habría que enmendar más urgentemente en el momento presente para, según indicas, “corregir el rumbo que nos está rebajando ante nuestros ciudadanos?”.

La verdad que este cambio de rumbo no se puede hacer de la noche a la mañana, se está empezando a hacer cosas, creo que la autocrítica es muy importante, las asociaciones judiciales hemos hecho un ejercicio de autocrítica que no se ha hecho en otros sectores profesionales, sólo falta que esto se generalice y halle capacidad de transmisión. A veces, los ritmos son opacos y aburridos y esto aleja al ciudadano de la justicia, hay que dar un enfoque correcto y no se va a conseguir de la noche a la mañana.

¿Señalarías como un mal mayor la politización de la justicia desde el emblemático instrumento del Tribunal Constitucional?

Con el Tribunal Constitucional tenemos el mismo problema que con los Magistrados del Tribunal Supremo, a los Magistrados los nombra el Consejo del Poder Judicial, el Consejo a su vez está influenciado por el Parlamento, mejor, no por el Parlamento sino por los partidos políticos, porque esto no se decide en debate libre y abierto en la Comisión de Justicia. Si fuera en el Parlamento, que es al fin y al cabo una soberanía, pero… pero no engañemos al ciudadano, esto se decide en Ferraz y Génova y algunas veces se les da una pequeña tajada a los nacionalistas…, alguna vez a Izquierda Unida, pero eso ya son concesiones de restos.

ÁNGULOS DE ACERCAMIENTO AL PROBLEMA DE LA JUSTICIA

Varios Autores

Exodo 110 (sept.octub.) 2011
– Autor: Varios Autores –
 
Existe un creciente malestar popular sobre el planteamiento y el mismo funcionamiento de la justicia, no solo, aunque principalmente, en España. Se tiene la sensación, alimentada por la parcialidad y las muchas torpezas a que nos tienen acostumbrados los jueces y magistrados, de que la justicia no es justa con las mayorías. Es más, se advierte a diario cómo ni siquiera la legalidad suele coincidir siempre con el derecho de los ciudadanos a ser tratados justa e igualitariamente, a pesar de la misma Constitución.

Como podemos advertir en este especial PUNTO DE MIRA, esta situación extraña, en la que la justicia aparece divorciada de la vida, puede explicarse desde dos ángulos complementarios. De una parte, como señala el filósofo Reyes Mate, la separación justicia/vida arranca desde el mismo punto en que se pierde la memoria de las víctimas; por su parte, las letradas Diana y Amparo nos ponen ante los ojos un ejemplo práctico de las torturas diarias a que está siendo sometida la administración de la justicia en la Comunidad de Madrid.

Con este doble punto de mira teórico/práctico queremos abrir el importantísimo debate de este número de Éxodo sobre el malestar y la falta de credibilidad que están teniendo entre nosotros el planteamiento y la aplicación de la justicia.

1. Manuel Reyes Mate: CUANDO LAS INNUSTICIAS NO PRESCRIBEN

La memoria abre expedientes que el derecho considera archivados, Walter Benjamin

El recurso a la memoria, proclamado con rabia en plena guerra mundial cuando a los vencidos no les quedaba otra arma de lucha contra la barbarie, se ha convertido en clave interpretativa de los conflictos más agudos de nuestro tiempo, incluido el que afecta al juez Garzón.

Baltasar Garzón está siendo procesado, acusado de prevaricación, por intentar dar satisfacción a las víctimas del franquismo. El juez instructor, Luciano Varela, le echa en cara desconocer principios esenciales del Estado de derecho como “la irretroactividad de la ley y de leyes como la de amnistía”. La actual querella contra el franquismo está siendo abordada desde perspectivas muy diferentes: desde la técnica jurídica y ahí el problema es cuándo una interpretación de la ley deriva en prevaricación; desde el costado político y ahí la ironía es que grupos falangistas lleven al banquillo al juez que quiso juzgar al franquismo; o también desde la cultura que somete los planteamientos del derecho a las exigencias morales de la memoria. Estaríamos entonces ante un conflicto entre la memoria y el olvido.

Si hoy la memoria resulta, aquí y fuera de aquí, tan peligrosa es porque se ha ido cargando a lo largo del siglo XX, debido a las dos guerras mundiales, de una autoridad que escapa a los controles que durante siglos habían impuesto el derecho, la política y la ética. Esa autoridad procede de unos contenidos nuevos que hoy reconocemos como propios de la memoria. En primer lugar, que no es un sentimiento sino un conocimiento. La memoria ve algo que escapa a la historia o a la ciencia. Lo que la memoria ha descubierto en los últimos años es que las víctimas del colonialismo, de la esclavitud, de la conquista o de la guerra civil son significativas, tienen significación. Claro que víctimas ha habido siempre, pero eran insignificantes o invisibles porque entendíamos que eran el precio del bienestar presente o de la transición política. Había que asumirlo como irremediable y lo que tocaba era pasar página. Eso se ha acabado. Ahora son visibles y si queremos romper una lógica política que camina sobre víctimas, hay que hacer justicia a las víctimas de la historia. No podemos plantearnos el futuro del País Vasco al margen de la memoria de las víctimas y no podemos lograr la reconciliación sin la memoria de la guerra y de la postguerra.

El segundo componente consiste precisamente en entender la memoria como justicia y al olvido como injusticia. Primo Levi cuenta que una joven le preguntó, después de oír su testimonio, qué podrían hacer ellos, los oyentes. Y Levi, que no daba una puntada sin hilo, respondió con un escueto “los jueces sois vosotros”. Extraña respuesta porque ¿qué justicia puede impartir un oyente? Eso debería ser cosa de los tribunales o de la historia. Pero Levi lo tenía muy claro. Sabía que sin memoria de la injusticia no hay justicia posible. Sin memoria la injusticia deja de ser, como si lo que en su momento fue crimen, robo o infamia, nunca hubiera tenido lugar. Nadie lo sabe mejor que el propio criminal, por eso se afana, una vez cometido el crimen, en borrar las huellas, es decir, en quitar importancia al crimen, interpretándolo como inevitable dadas las circunstancias. Los supervivientes mantenían viva esa memoria de la injusticia mientras vivían, pero, una vez idos, el testigo pasaba a las generaciones siguientes. Lo que Levi pedía a la generación de la joven es que hiciera justicia bajo esa forma modesta, pero fundamental, que es la memoria de la injusticia. La forma más perversa de olvido consiste en privar de significación y de actualidad a la injusticia pasada.

El deber de memoria alcanza al derecho en el sentido de la frase del exordio: la memoria abre expedientes criminales que las leyes de punto final o de amnistía convinieron en dar por clausurados. Algunos de esos expedientes abiertos han sido muy sonados. Recordemos el Juicio de Nüremberg. Cayó de un plumazo el sacrosanto principio, mantenido durante milenios, de que hasta los crímenes más horrorosos prescribían con el tiempo. Pues no, hay crímenes, como los del franquismo, que no prescriben aunque se invoquen dos amnistías. Pero más allá de las anécdotas, lo importante es señalar que gracias a la moderna cultura de la memoria se ha creado una cultura moral que establece una relación indisoluble entre justicia y memoria de la injusticia, de suerte que las figuras del olvido son cómplices de la injusticia. Entre las variables que un juez, también si es del Tribunal Supremo, tiene que tener en cuenta en la interpretación de la ley, la atención a las injusticias pasadas olvidadas es prioritaria porque es un deber moral. En el caso de que esa inspiración moral no haya logrado aún cambiar las leyes en ese sentido, debe condicionar la argumentación jurídica siempre en favor de dar satisfacción a las víctimas que esperan se las haga justicia. En este caso el juez Garzón está del lado de la memoria y el juez Varela, del olvido.

2. Diana Galindo y Amparo Barbero: TORTURAS DIARIAS DE LA JUSTICIA DOMÉSTICA

Vivimos en una sociedad donde la Justicia ha pasado a ser prácticamente un bien de primera necesidad. Todos, tarde o temprano, necesitamos acudir a ella porque parece que, hoy por hoy, es la única forma que tenemos de resolver nuestros conflictos. Hasta que llega el momento en que los tribunales no dan más de sí; existe un gran atasco que se ve influenciado por el momento de crisis en el que vivimos. En los Tribunales no existen medios suficientes y las soluciones a nuestros conflictos se retrasan -cuando no llegan- estando el mal ya hecho.

Nuestra Constitución previene en su art. 119 que la Justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar, lo que implica que, en la actualidad, se está dando un uso a ese derecho que en algunos casos no es real. No existe un verdadero control para ejercerlo y como no hay medios para todos, esto provoca una serie de recortes que recaen sobre los más desfavorecidos.

A su vez, existe una confusión entre lo que es el derecho a la Justicia Gratuita y el derecho a ser asistido por un abogado del turno de oficio. Cuando un solicitante de Justicia Gratuita solicita un abogado, dependiendo del orden jurisdiccional donde nos movamos, le asiste inmediatamente para evitar cualquier tipo de indefensión o se le designa provisionalmente. Realizándose un estudio posterior de su patrimonio, dándose el caso de justiciables a quienes se les ha concedido un abogado del turno de oficio y cuando tramitan la Justicia Gratuita se le deniega, siendo realmente un problema el hecho de que ese abogado llegue a cobrar su minuta, porque nadie le ha explicado al justiciable que el abogado es de oficio y no gratis.

Para esto existe un organismo que es el encargado de controlar la concesión del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita que pudiendo recopilar toda la información patrimonial del justiciable de las administraciones públicas, como hace poco que se está empezando a hacer en el Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, prefiere marear al solicitante, requiriéndole que aporte multitud de documentación o al abogado, pretendiendo que sea éste quien le requiera toda la documentación.

En la actualidad, debido al gran volumen de la litigiosidad y al uso de la asistencia jurídica gratuita, se está generando una importante deuda en determinadas comunidades autónomas como Madrid, Andalucía o Cataluña -entre otras- donde los abogados llevan meses sin cobrar sus honorarios, poniendo algunos Colegios de Abogados a disposición de los letrados unas líneas de crédito avaladas por las propias pólizas de responsabilidad civil que quienes ejercemos tenemos que costear. Eso sí, con unos intereses que pagamos los abogados de nuestro bolsillo. A su vez, esto ha provocado que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se haya producido una suspensión del servicio, a modo de protesta, con unos servicios mínimos, lo que significa que, por ejemplo, en el orden jurisdiccional penal, si no estamos asistiendo a un detenido, a víctimas de violencia de género o a menores y el justiciable solicita la asistencia de un abogado de oficio porque no tiene recursos para costearse uno, se encuentra con la respuesta de “vuelva usted otro día”. Son procedimientos que están vivos y que se están paralizando uno tras otro. Mientras en el orden jurisdiccional civil un justicia necesita un abogado para interponer una demanda, hoy por hoy, le tramitamos la Justicia Gratuita a ver si tiene derecho, pero su pretensión la dejamos en un montón porque no se le va a conceder abogado hasta que no se levante la suspensión.

Ante casos como estos, la Comunidad de Madrid no ofrece respuesta alguna, alegando que las administraciones no tienen dinero y los colegios de abogados designan menos guardias y, por tanto, menos asuntos provocando que se facture mucho menos a la Comunidad de Madrid. Esto significa más paralización y lentitud de la justicia. Que alimenta por tanto la injusticia.

Todo esto provoca el gran colapso de la justicia. Acudes a los juzgados y tienes que entrar esquivando montañas y montañas de expedientes que no avanzan y que se encuentran amontonados en el suelo. Solo hay que darse un paseo por cualquier juzgado de instrucción de la Comunidad de Madrid, siendo inevitable el estado de crispación para todos los operadores jurídicos, por los retrasos, por el abuso, por la falta de reconocimiento de nuestro trabajo o por las consecuencias tan nefastas.

Para intentar paliar la situación actual se ha aprobado definitivamente el Proyecto de Ley de medidas de agilización procesal. Una ley que ha sido muy criticada ya que pretende solucionar los problemas de la justicia mediante la limitación e incluso la eliminación del acceso a los recursos contra determinadas resoluciones judiciales, en función de la cuantía de los procedimientos, vulnerándose nuevamente el derecho a la tutela judicial efectiva.

Habiéndose dado un paso mayor al comenzar a circular rumores acerca de la privatización de dicho servicio. Que se pondría en manos de grandes bufetes privados de abogados cuya vinculación y preocupación por “el cliente” no siempre sería satisfactorio. Cuando median las perras, los intereses pueden ser legítimamente cuestionables.

Por todo lo anterior, podemos concluir este pequeño paseo por la justicia afirmando que nos estamos jugando mucho. Y es que cuando la justicia es lenta o ineficaz se pone en entredicho el estado social y, por tanto, los sectores sociales más vulnerables o necesitados serán quienes con más virulencia paguen las consecuencias de este desastre.

¿A QUIÉN SIRVE LA JUSTICIA?

Varios Autores

Exodo 110 (sept.octub.) 2011
– Autor: Varios Autores –
 
In memoriam de JULIO LOIS, compañero en la redacción de Éxodo, que mantuvo la opción preferencial por los pobres en su vida y en su obra. Agradecemos tu aportación y mantenemos tu recuerdo.

Hoy como ayer la injusticia campa a sus anchas en el mundo pero, también, el ansia de justicia resiste en los corazones y la memoria colectiva. El presente número de ÉXODO ¿A quién sirve la justicia? quiere sumar su palabra a la corriente que reclama un vuelco contra la injustica. Manuela Carmena reclama la urgencia de reivindicar la justicia y el derecho para las grandes mayorías populares, precisamente ahora que la crisis económica las está privando de un estado de bienestar necesario y conseguido con esfuerzo. Ariel Álvarez retoma la figura profética de Amós, quien en el siglo VIII antes de Jesús, en una época de prosperidad económica profetizó la destrucción de Israel porque estaba edificada sobre la pobreza de muchos. Reyes Mate, por su parte, plantea que el recurso a la memoria como última arma de las víctimas se ha convertido en clave de interpretación de los conflictos más agudos de nuestro tiempo. La memoria de las víctimas resulta tan peligrosa porque, en palabras de W. Benjamin, “reabre expedientes que el derecho considera archivados”. Ambas figuras, la antigua profecía y la moderna cultura de la memoria, ven algo que escapa a la historia y a la ciencia: las víctimas tienen significación y es obligado hacerles justicia.

Con José Antonio Martín Pallín repasamos en la Entrevista el ejercicio de la justicia en España. Martín Pallín termina discrepando con la formación que reciben los jueces porque, en su opinión, un juez tiene que tener memoria reflexiva, sensata y ser capaz de abordar la realidad. Y con Diana Galindo y Amparo Barbero asistimos, desde la Comunidad de Madrid, al colapso diario de la administración de justicia ordinaria. Por su parte, Joaquín Urías plantea la peligrosa deriva del Tribunal Constitucional a raíz del escandaloso comportamientos de los partidos políticos mayoritarios en su pretensión de controlarlo. La importancia del Tribunal Constitucional es indudable porque es la última garantía para el respeto de los derechos de la ciudadanía. Recuperar esta función de “garante” de la democracia es lo que solicita el autor.

Ángel Luis Ortiz se plantea si existe una justicia para ricos y otra para pobres, para concluir que, en el ámbito de la vigilancia penitenciaria, se administra justicia casi exclusivamente para pobres. Un sistema de sanciones penales ligado estrechamente a la exclusión social, en un país donde, paradójicamente, baja la tasa de delincuencia pero se saturan los juzgados y las prisiones; el Barómetro Social de España nos recuerda que España es uno de los países de Europa con menor tasa de delincuencia y mayores tasas de personas en prisión.

¿Qué hacer en esta situación? José Luis Segovia sugiere que Otro derecho penal es posible: frente a la justicia retributiva del castigo se apuesta por la justicia restaurativa, que permita compensar el daño y restituir la paz propiciando el conocimiento y la confrontación del sufrimiento del otro, de la víctima, la gran olvidada de la justicia. Esta perspectiva alienta fórmulas de mediación penal y penitenciaria, facilitar a víctimas e infractores procesos personales de integración y favorecer la progresión de grado en las prisiones. Nuevas perspectivas que tienen que venir en paralelo con una profundización de la democracia, tal como apunta el incremento de asociaciones de orientación cívico-crítica y reivindicativa.