LIBERTAD DE EXPRESIÓN: LA PALABRA EN DEMOCRACIA

José Antonio Pérez Tapias

Exodo 108 (marz.-abr.) 2011
– Autor: José Antonio Pérez Tapias –
 
DEMOCRACIA: DONDE LA CIUDADANÍA HABLA

No hay acción política sin palabra. Cuando en la vida pública no se abre paso un discurso en el que se explicite y articule el sentido de las decisiones por las que se rige, entonces dicha vida deja de ser propiamente política para situarse de suyo en el terreno de la “antipolítica”, de aquello que niega la política como tal, aunque se haya generado desde la política misma como distorsión o perversión de ella. Las dictaduras, como ejemplificación de la política que deviene antipolítica, dan muestras de un puro hacer que no requiere de palabras para dar cuenta de sí –otra cosa son las declaraciones incuestionables o las arengas dirigidas a masas condenadas a obedecer, cuya palabrería hay que clasificarla en el apartado del vocerío irracional–. Las reducciones de la democracia a tecnocracia, donde la voz del pueblo es despreciada para ensalzar la de los expertos, portadores de la única palabra pertinente para la gestión de lo público, constituyen otro caso de alienación de la palabra de una ciudadanía reducida a destinataria pasiva de una actividad de gobierno a la que de suyo no se la puede calificar de acción política. Ésta, como ya fue apreciado por los griegos cuando hablaron de praxis, necesita de la palabra de quienes la protagonizan como sujetos. Es inconcebible una acción política muda.

En democracia, la acción política requiere de la palabra de todos, al menos debe contar con la posibilidad de que cada uno pueda decir su palabra. La desacralización del poder y la secularización de la vida pública que la democracia supone implican la participación no sólo en los mecanismos de decisión sobre las cuestiones que afectan a todos, sino también, y previamente, en el debate público a través del cual se configura la voluntad colectiva que luego se plasma a través del ejercicio del voto, sea directamente o sea a través de los representantes libremente elegidos. Si la participación en la vida pública de quienes se tratan recíprocamente como ciudadanos, sujetos de derechos que han de ser salvaguardados y que están llamados a ejercer, exige el reconocimiento del pluralismo de “pensamientos, ideas y opiniones” que han de poder expresarse y difundirse libremente “mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”, como expresamente se recoge en el artículo 20.1 de nuestra Constitución de 1978, es además porque al disfrute de esa capacidad le acompaña la convicción de que no hay una verdad absoluta que pueda imponerse a todos –correlato de la inexistencia de poder sagrado alguno, al que “religiosamente” haya que someterse–.

El pluralismo democrático que va con la libertad de expresión responde al “giro dóxico” que acompaña al logro de sociedades democráticas, es decir, al tránsito de verdades entendidas como universales y necesarias, por las que la vida colectiva habría de regirse, a verdades en todo caso ganadas a través del libre juego de las opiniones de los ciudadanos que, a falta de una autoridad con poder incuestionable, han de resolver mediante el consenso, y a través de inacabables disensos, lo que consideren las verdades que han de señalar el camino de su vida en común. Tal revalorización de la opinión (doxa) no implica un relativismo incurable, sino la negación de toda pretensión dogmática, condición sine qua non para que pueda haber construcción de sistemas democráticos, con la piedra angular de la libertad de expresión.

La opinión pública que, de manera sutilmente institucionalizada, ha de formar parte de la democracia en tanto “vía fluidificada” por la que, como dice Jürgen Habermas, también corre la soberanía del pueblo, es, no meramente el conjunto de opiniones heteróclitas sobre los más dispares asuntos de una población cuyos pareceres pueden ser objeto de análisis demoscópicos, sino sobre todo el juicio crítico operante por parte de una ciudadanía activa acerca de los asuntos que le importan. Como tal, y habida cuenta de ese sentido normativo del concepto de “opinión pública”, la opinión ciudadana relevante en la política de veras democrática es la opinión correspondiente a lo que Kant entendía como un “uso público de la razón”. De él depende la capacidad de darnos mutuamente razones de las posiciones defendidas en el espacio público, tanto para justificar las instituciones y procedimientos de los que en él nos dotamos para organizar la vida en común, como para dar cuenta del porqué de las decisiones que colectivamente adoptamos, las cuales no pueden sostenerse sobre la mera apoyatura de una mayoría numérica –por más que el ejercicio del voto, y la obtención de mayoría, sea indispensable en democracia–, sino que requieren la justificación razonada de aquello sobre lo que se ha deliberado y decidido. Es ese trámite el que reclama someterse los intereses, incluso los considerados legítimos, al filtro de la universalizabilidad, para poder argumentar que se pueden defender ante todos aun correspondiendo a una parte de la sociedad.

No cabe duda de que el ejercicio democrático de valiosa pluralidad de puntos de vista y de resolución argumentada de conflictos supone un indudable avance hacia esa sociedad en “proceso de ilustración” a la que Kant vinculaba el ejercicio crítico de la razón en su “uso público”. Para tan reputado filósofo de la Ilustración, adalid de la libertad de expresión, no es legítimo ningún poder externo que prive al hombre de la libertad de comunicar sus pensamientos en público, privándolo así de la libertad de pensar. Con la libertad de expresión va la libertad de pensamiento y de conciencia y el poder que no respete las tres no es digno de ser reconocido como legítimo; es un poder tiránico contrario a las exigencias de dignidad humana, la cual es lo que hay que respetar incondicionalmente cuando ya no es reconocible en el espacio público verdad absoluta alguna.

LIBRE EXPRESIÓN: BASE ÉTICA Y REGULACIÓN JURÍDICA, EN IDA Y VUELTA

Siendo, pues, la libertad de expresión tan fundamental para la democracia hasta el punto de que sin la primera no se da la segunda, podemos decir que en esa piedra angular de la democracia como sistema político –tal como la entendemos en el caso de las democracias constitucionales en las que el ser del Estado democrático va asociado a lo que entraña la condición de Estado de derecho– se hace patente, como desde Kant vislumbramos, el núcleo ético que la democracia implica. Éste no es otro que el respeto a la dignidad humana que se ve realzada en la condición del hombre como ciudadano, esto es, sujeto de derechos inviolables. La libertad de expresión tiene sus raíces en esa dignidad humana y desde esa matriz ético-política se constituye en piedra de toque de cualquier democracia que pretenda ser reconocida como tal. De suyo, si no concebimos un Estado democrático de derecho que no incorpore a su constitución o a su ordenamiento legal la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la que el derecho a la libertad de expresión se recoge en su artículo 19, es por situar la dignidad humana indisolublemente unida a ese derecho cívico que no debe faltar en ninguna democracia que pretenda ser reconocida como tal.

El ejercicio de la libertad de expresión, siendo un derecho de los individuos, no hay que verlo limitado exclusivamente a la órbita de los comportamientos individuales. Hablamos de relaciones comunicativas en el seno de la ciudadanía y de los ciudadanos con las instancias de poder, hablamos de opinión pública, tanto desde un punto de vista descriptivo como desde otro normativo, hablamos de deliberación en torno a decisiones y justificación crítica de instituciones desde un “uso público de la razón”. Y todo ello requiere medios de comunicación, a través de los cuales no sólo han de tener cauce las opiniones de los individuos y de las asociaciones de todo tipo en que se integren, sino que también, y se puede decir que previamente, a través de ellos ha de fluir la información veraz y en el caudal suficiente para que la ciudadanía, desde el conocimiento de los hechos, pueda hacerse su composición de lugar y opinar con el debido fundamento.

Es decir, la libertad de expresión, que por un lado lleva aparejada la libertad ideológica y de conciencia –con su ramificación en la libertad religiosa–, por otro lleva consigo la libertad de prensa, así como las libertades cívicas de asociación, reunión y manifestación. Es todo ese conjunto de libertades el que reclama que la libertad de expresión, establecida desde una sólida base ética para desde ella desplegarse en el ámbito político, tenga a su vez una regulación jurídica para salvaguardar en primer lugar el derecho a ella, así como para asegurar el ejercicio del mismo a ciudadanos concurrentes en el espacio público en el que conviven, así como para clarificar y proteger las vías institucionales por las que puede ejercerse individual y colectivamente la libertad de expresión, así como para prever las situaciones conflictivas que puedan presentarse entre individuos y colectivos en el disfrute de un derecho cívico que es crucial, pero que no se afirma ni al margen de otros derechos, ni aisladamente respecto de los individuos, como si éstos vivieran cual islas en un océano social.

Dado que la calidad democrática de los Estados depende sobremanera de que haya una efectiva libertad de expresión, ésta es un bien jurídicopolítico de tal valor que la regulación legal del mismo ha de ser sumamente cuidadosa y encaminada en primer lugar a ampararlo frente a todo aquello que pueda socavarlo. Tanto es así que puede decirse que las democracias constitucionales que en verdad lo son arrostran los riesgos de los excesos que puedan cometerse en el ejercicio de la libertad de expresión antes que pasarse con medios de control que pudieran cercenarla. A ese respecto es sumamente indicativa la Primera Enmienda a la Constitución de los EEUU, donde se dice que “el Congreso no hará ley alguna que coarte la libertad de palabra o de imprenta”, y la historia a la que ha dado lugar, con sus regresiones y avances, la jurisprudencia derivada de ella.

Como el derecho a la libertad de expresión no se afirma en solitario, sino que se hace articulándolo con otros derechos de los ciudadanos, es fácil observar que, puesto que aquél se basa en la dignidad humana de quienes están llamados a la participación política –la vocación política hay que predicarla como universal en democracia–, lo que limite a la libertad de expresión por incurrir ésta en algún exceso que va más allá de lo que el derecho a ella permite ha de ser algo que igualmente tenga que ver de lleno con esa misma dignidad. Por ello, es el derecho al honor lo que se erige básicamente como contrapeso al derecho a la libertad de expresión, en tanto que las declaraciones públicas que de manera gratuita y abusiva dañen de manera grave la fama y buena imagen de otra persona no pueden verse recogidas bajo el alcance del derecho a la libertad de expresión. Dicho de otra manera, la calumnia no sólo es una conducta moralmente reprobable, sino que la legalidad de un Estado democrático de derecho, obligado a proteger también el buen nombre de los ciudadanos, la ha de contemplar en determinadas circunstancias como delito.

Por otra parte, si pensamos que una libertad de expresión no distorsionada por intereses espurios ha de conllevar un compromiso de veracidad, éste, siendo una condición ética para el ejercicio de ese derecho por parte de una ciudadanía cabal, en determinados casos también habrá que limitar el derecho a la misma para que la propia libertad de expresión no resulte totalmente pervertida por un uso envilecido de la misma a favor de ciertas mentiras. Siguiendo a Hannah Arendt en su defensa del valor de la verdad de los hechos –“verdad factual”– para una vida política digna, encontramos que la negación de la verdad de ciertos hechos como realmente ocurridos, más allá de las mentiras que un sistema político pueda soportar en su discurrir cotidiano a pesar de la desvirtuación de la política que ello pueda suponer, es incluso castigada penalmente como delictiva. Es el caso, por ejemplo, de la condena penal de ciertas manifestaciones de revisionismo histórico respecto al Holocausto nazi, negando la existencia de campos de exterminio donde fueron asesinados millones de judíos, como caso en los que la democracia debe protegerse a sí misma de una mentira corrosiva del compromiso de verdad sobre el que tiene que basarse y que atenta contra la dignidad de los ciudadanos y la memoria debida a las víctimas. La situación contraria es la de sistemas totalitarios que a la vez que niegan la libertad de expresión construyen su (falsa) legitimidad sobre la mentira organizada, aunque sea recurriendo a ese doble lenguaje que tanto criticó Orwell en su ficción antiutópica de 1984.

Los dos casos expuestos son extremos en los que el derecho penal ha de intervenir para limitar la libertad de expresión, aunque más exactamente habría que decir que lo hace para evitar distorsiones y perversiones en las que se prostituye dicha libertad de los ciudadanos. Es obligado procurar que dichas situaciones queden suficiente y claramente acotadas por las leyes, de manera que la libertad de expresión como tal no sufra recortes improcedentes. Si para esos casos que hemos citado vale considerar que se aplica a la libertad de expresión una especie de traslación de aquellos argumentos que por ejemplo Popper hizo valer a la hora de defender la intolerancia respecto a los intolerantes –es decir, en rigor la no permisividad respecto a quienes ponen en peligro las condiciones para la tolerancia–, también al hilo de ellos hay que traer una y otra vez a colación el famoso dicho de Voltaire en su Tratado sobre la tolerancia acerca de defender el derecho de cualquier ciudadano a decir lo que piensa, aunque uno no lo comparta en absoluto.

Por lo demás, no hace falta recurrir al derecho penal para esclarecer determinadas pautas conforme a las cuales ejercer la libertad de expresión de manera coherente con lo que supone la ciudadanía democrática. Si son criterios éticos insoslayables no incurrir en calumnia y mantener un compromiso de veracidad, a ellos hay que añadir un principio moral de prudencia cuya necesidad en nuestros comportamientos se acentúa desde el momento en que estamos metidos de lleno en una convivencia social sometida a circunstancias muy complejas. Puede ser ilustrativo al respecto la complementariedad de consideraciones hechas por Tzvetan Todorov, por una parte, y por Josep Ramoneda, por otra, a cuenta del famoso caso de las caricaturas de Mahoma publicadas en un diario danés y que tanto dieron que hablar e incluso que hacer, especialmente a la vista de las amenazas vertidas sobre el autor y el medio por parte del fundamentalismo islamista. Todorov, en su libro El miedo a los bárbaros, insiste con buen sentido en las necesarias dosis de prudencia que en casos como ése hay que aplicar, sin que eso tenga que venir dado por leyes restrictivas que impliquen algún tipo de censura. Ramoneda, en Contra la indiferencia, pone el acento en la necesaria defensa de la libertad de expresión por parte de los poderes públicos en casos como el comentado, por más que se piense que lo que desencadenó las injustificables amenazas uno no lo hubiera publicado por razones éticas, o estéticas, o de ambos tipos a la vez.

ENTRE LA MANIPULACIÓN MEDIÁTICA Y LA INDIFERENCIA SOCIAL: APARECE WIKILEAKS

La libertad de expresión, consustancial a la democracia, no sólo hay que defenderla desde su apoyatura ética y protegerla jurídicamente. Estamos obligados a dar la batalla política para sacarla adelante en las condiciones que una democracia cabal y una sociedad decente exigen. De poco sirve un planteamiento formalmente (ética y jurídicamente) inmaculado respecto a la libertad de expresión si luego los ciudadanos se ven de hecho muy recortados en la capacidad para ejercerla. No otra es la situación ante un panorama social en el que la colusión entre grandes poderes económicos y potentes grupos mediáticos apenas si deja espacio para que la ciudadanía pueda jugar su papel en la conformación democrática de la opinión pública. No la negación directa de los hechos, pero sí su escamoteo a través de una presentación interesada de los mismos, la cual en muchos casos se ve impulsada desde un cinismo político absolutamente descarado, es el problema al que se enfrentan ciudadanos mediáticamente desarmados ante quienes tienen fuerza para imponer su visión de las cosas y con ella la justificación ideológica de lo que sucede en el mundo. Los análisis acerca de la actual crisis económica que se han convertido en dominantes vendrían a confirmar este diagnóstico, corroborando el viejo dicho marciano de que las ideas dominantes –a la sazón, las de un neoliberalismo repuesto- son las ideas de la –ahora nueva– clase dominante.

Todos somos conscientes, sin embargo, de las nuevas posibilidades que han puesto en nuestras manos las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Internet y las llamadas redes sociales son cauces de comunicación que suponen medios y pautas nuevas no sólo en la libre comunicación entre individuos y grupos, sino en las maneras de hacer valer la libre expresión en el espacio público, esta vez en ese espacio público de una cultura digital que se extiende por todo el “mundo globalizado” a modo de ese omniabarcante Tercer Entorno del que hablaba el filósofo Javier Echevarría. Todo ello, unido a las posibilidades de una televisión ya también global –el caso de Al Yazira en las revoluciones democráticas del mundo árabe es, en sentido positivo, paradigmático–, así como a las de una telefonía con múltiples recursos incorporados –la fotografía desde un móvil de cualquier acto criminal, como es la represión de manifestantes en ciudades del Magreb o del Medio Oriente, es instrumento incontrolable de información y difusión de noticias–, brinda posibilidades inéditas para la libertad de expresión de los individuos en un nuevo ámbito de ciudadanía mundial. Aun así, no hay que apresurarse a echar campanas al vuelo viendo los intentos de controlar la red o las dificultades de ordenar la información que circula por ella para producir, tras comunicación efectiva, una consistente formación del juicio crítico de los ciudadanos. En cuanto a lo primero, valga como gigantesco botón de muestra las medidas del gobierno chino para impedir a sus ciudadanos el libre acceso a Google, inseparables de la grave quiebra de los derechos humanos que supone en China la constante persecución, represión y encarcelamiento de quienes hacen bandera de la libertad de expresión –desde Liu Xiaobo, Nobel de la Paz al que se impidió viajar a recoger el premio, hasta el artista Ai Weiwei, encarcelado también por sus críticas al gobierno–, cuando reivindican la democracia para su país o simplemente un desarrollo más justo y equilibrado de su crecimiento económico. Como escribe otro luchador por la libertad de expresión, Salman Rushdie, ésos y otros casos son los que desgraciadamente abundan cuando ciudadanos armados de coraje cívico “responden con la verdad a las mentiras de los tiranos” (El País, 25 abril 2011).

No obstante, las medidas de represión no son el único frente abierto contra la libertad de expresión. Hay otros que se sitúan en entornos sociopolíticos más apacibles. Uno de ellos es el que constituye ese “totalitarismo de la indiferencia social” al que el ya citado Ramoneda dirige su crítica. La banalización de todo tipo de mensaje a la que conduce la misma realidad de medios de comunicación en desaforada competencia, además de asfixiar el pluralismo en los brazos de una pluralidad viciada, alimenta la indiferencia de una sociedad modelada por sus fuertes hábitos de consumo y tendente al conformismo, como bien propicia el capitalismo en que se mueve, hoy recomponiéndose tras la sacralización de la productividad y el mito de la competencia.

Una palabra requiere el terremoto mediático provocado por WikiLeaks, el cual ha provocado, sin duda, que muchas cuestiones relativas a la libertad de expresión estén de nuevo en el escenario del debate público. Al invento del polémico Julian Assange debemos el conocimiento de los entresijos de incontables actividades bancarias, así como de numerosísimos recovecos políticos. Sin revelar apenas nada que nos fuera del todo desconocido, tanto respecto a la crisis económica como respecto a cuestiones políticas, sí es cierto que su efecto ha sido en muchos casos demoledor al poner frente al espejo la poco presentable conducta de poderes de este mundo. En el caso de las revelaciones dadas a conocer mediante la publicación de documentos de la diplomacia estadounidense –los papeles de WikiLeaks han sido acogidos por diarios tan respetables como El País, The Guardian, New York Times, La Repubblica, Le Monde o Der Spiegel– tenemos un conocimiento muy detallado de determinados criterios del Departamento de Estado del gobierno norteamericano, a partir de los cuales podemos hacernos un juicio más fundado sobre su proceder, pero además han proporcionado “información sensible” sobre los interlocutores de muy diferentes países. Basta tener presente cómo han influido en las mencionadas revoluciones árabes los detalles de las prácticas corruptas de sus dirigentes conocidos gracias a WikiLeaks, integrantes de oligarquías locales dedicadas a expoliar a sus pueblos a la vez que pactaban con empresas y gobiernos extranjeros el aseguramiento de su parte en los negocios que desde ellos se hacían. Una cosa es tener noticia de algo, y otra que te lo pongan delante en vivo y en directo, lo cual al expolio une un incremento considerable de humillación.

¿Hemos llegado a la “sociedad transparente”, como en algún momento pensó Vattimo? Podríamos decir, parafraseando a San Pablo y a Hölderlin, que donde abundan los focos sobreabunda la ocultación. A las nuevas revelaciones se añaden las nuevas formas de opacidad de las que se dotan poderes que no están dispuestos a la transparencia. La democracia necesita verse reforzada por los caminos que vaya desbrozando una libertad de expresión que ha de seguir trabajando por la libre información y por el fundado juicio crítico de la ciudadanía. Quizá algún día haya que hacer un homenaje al soldado Bradley Manning por poner a disposición de todos aquello que por su gravedad pensó que no podía quedar atado a la obligación de secreto que pudiera concernirle. Saber qué cosas han pasado en Afganistán o conocer más de cerca detalles de las barbaridades cometidas en Guantánamo nos incumbe a todos como ciudadanos. A Manning, que escribió que había visto “arreglos políticos casi criminales (y) cosas increíbles, horribles, que deben pertenecer al dominio público y no quedarse en un servidor en una oscura habitación de Washington”, su información le está costando una inhumana prisión –denunciada por Amnistía Internacional– y le puede suponer una condena de 52 años de cárcel. Habrá que aplicarle aquello de “no matar al mensajero, pero en todo caso, mientras le salvamos –como propone la periodista Nicole Muchnik en un lúcido artículo–, podemos quedarnos con estas palabras de Daniel Domsheit-Berg, colaborador de Assange hasta la ruptura con él precisamente por sus divergencias respecto a las zonas de sombra de un WikiLeaks que debía aplicarse a sí los criterios de transparencia que eran su razón de ser:

“Nuestra sociedad necesita ciudadanos emancipados, personas que no se abstengan de formular preguntas claves por miedo a llevarse una decepción. Nuestra sociedad necesita individuos despiertos, que no deleguen su responsabilidad en un mesías, un líder o un macho alfa, sino que estén en situación de distinguir la información buena de la mala y que, basándose en buenas informaciones, sean capaces de tomar buenas decisiones” (Epílogo de su libro Dentro de WikiLeaks).

Se trata, pues, de la libertad de expresión y, con ella, de nuestros derechos como ciudadanos, de nuestra dignidad como seres humanos.

LA MENTIRA, LA PERVERSIÓN, LOS INTERESES Y EL PODER DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Pepe Mejía

Exodo 108 (marz.-abr.) 2011
– Autor: Pepe Mejía –
 
¿Pueden los medios de comunicación tergiversar la libertad de expresión e información? O lo que puede ser lo mismo haciéndonos la pregunta que se hace Miguel Miranda “¿Puede garantizarse la libertad de expresión en la sociedad cuando los grandes medios de comunicación social y agencias informativas están dominadas por el gran capital?”.

No es casualidad que los grandes propietarios de medios sean a la vez grandes propietarios de empresas, accionistas de la gran banca y terratenientes sin disimulo. Todo medio de comunicación responde a una determinada visión de la realidad, a determinada posición política .

Partiendo de la premisa que el flujo informativo es patrimonio de la sociedad y no le pertenece a nadie en particular, por ser un bien común, para las trabajadoras y trabajadores de la comunicación los lineamientos éticos y de responsabilidad social de los profesionales de la información constituyen un compromiso ético con la verdad y el pluralismo en democracia.

Pero en nuestras opulentas sociedades eso no basta. Y más adelante analizaremos ejemplos concretos de esta tergiversación de la libertad de expresión por los mismos medios de comunicación. Quizás lo que nos falta, y que no hemos desarrollado, es el necesario control social de la información. No es censura. No es violación de la santa sagrada libertad de expresión. Ejercer el control social de la información es garantizar la libertad de expresión y el flujo veraz de la misma. Evidentemente no sólo nos referimos a los medios de comunicación de capital privado sino también a los medios públicos para garantizar que no siguen consignas del gobierno de turno.

Uno de los más patéticos ejemplos en este apartado es Telemadrid 3. Desde que la derecha, y más concretamente Esperanza Aguirre, se hizo cargo del ente público madrileño, es un medio al servicio de los dictados del Gobierno de la derecha del PP.

El pasado martes 22 de marzo de 2011 el jugador de fútbol Fernando Torres visitó la localidad de Fuenlabrada, localidad en la que nació, para inaugurar una Ciudad Deportiva que lleva su nombre y recibió además la primera Medalla de Oro que concede esta ciudad. Los informativos de Telemadrid no dieron ninguna imagen. Sólo salió en Deportes. En Fuenlabrada gobierna el PSOE. Al director de Informativos, Agustín de Grado, le habrá parecido que esa visita pudiera ser electoral y propagandista. Sin embargo ese criterio no funciona cuando la protagonista es su patrona, Esperanza Aguirre.

Pero también existe la presión política hacia los medios. El 28 de marzo, Público informa que el PP gallego montó un acto con Rajoy en el barco de una familia de narcos. Después de la publicación de esta noticia, Rajoy –según Galicia confidencial– montó en cólera y llamó a Jacinto Rey –propietario de una constructora y del Xornal de Galicia, publicación de la que se hacía eco Público–, y le recordó que pronto sería el jefe del ejecutivo y con poder para contratar obras públicas de las empresas españolas. Al día siguiente, el director del Xornal de Galicia, José Luis Gómez, fue relevado de su puesto “por mutuo acuerdo”.

Otro aspecto que ayuda a la tergiversación de la libertad de expresión es la situación de los y las trabajadoras de los medios de comunicación.

Los asalariados pugnan por la estabilidad en el empleo, entre otras cosas porque es la única garantía de libertad de información. Al tiempo, los empresarios se empeñan a toda costa en la precariedad de sus obreros de la pluma, la cámara y el micrófono.

Cuanto más fácil es el despido, cuanto peores son las condiciones laborales, más aprieta la empresa al periodista para obligarlo a la prostitución ideológica, la tergiversación, la ocultación de información, la autocensura y la dedicación a los contenidos basura.

Tal es el caso –y no el único– de los y las periodistas del grupo Prisa, que edita el diario El País. “Los planes de recorte del empleo en el grupo Prisa tienen su origen en una gestión dudosa más obsesionada por los mercados bursátiles que por el verdadero periodismo”, ha declarado Elisabeth Costa, nueva secretaria general de la FIP, que asumirá ese puesto el próximo 5 de abril de 2011.

La representación sindical culpa de la mala gestión a Juan Luis Cebrián, quien fuera director de El País, por sus iniciativas temerarias, que han terminado en la venta de activos de Prisa al grupo estadounidense de inversores Liberty y con el traspaso de sus canales de televisión Cuatro y CNN+ a la principal cadena de televisión de España, en la que el propietario mayor es el jefe del Gobierno italiano, Silvio Berlusconi. Cebrián es un buen ejemplo del trasvase de intereses en detrimento de la libertad de expresión. Sus inicios fueron como profesional del periodismo para después ejercer funciones de gestión ejecutiva con el objetivo de defender los intereses estratégicos de los dueños del grupo al que representa.

Pero la situación laboral en El País es una dentro del océano de los medios de comunicación. Existe precariedad porque en las redacciones se tira de becarios. Existe precariedad porque se está mal pagando a profesionales que llevan más de veinte años de trayectoria. Se paga por piezas “leídas”. Se trabaja por horas contratadas. No se desplazan a redactores porque los desplazamientos se han encarecido. Los contratos que se firman tienen cada vez una caducidad más breve. Existen contratos por días, semanas y meses… Los medios generalistas trabajan cada vez más con “autónomos” y se potencia la figura del “colaborador” que no tiene despacho, ni silla, ni ordenador en la sede del medio sino que todo lo hace desde su casa, por internet. No es “teletrabajo”, es precariedad.

Sin embargo, la forma más habitual de tergiversar y conseguir objetivos no acordes con una información veraz es la descontextualización de las informaciones.

A principios de enero de 2011 fue agredido el consejero de Cultura de Murcia, Pedro Alberto Cruz. Algunos medios utilizaron las siguientes frases: “salvaje agresión”, “brutal agresión”, pero muy pocos explicaron en qué contexto se había producido: la aplicación de un plan de ajuste que garantiza el despido de trabajadores públicos. Pero tampoco explicaron que Cruz ha gestionado ingentes recursos que han ido a parar a algunos empresarios de la construcción y a otros no. No es mi intención justificar la agresión al consejero pero es que en la información sobre la agresión tampoco se informó, ni se investigó que hay un sector muy crítico con la labor de Cruz al frente de su consejería. Los medios llenaron sus espacios con la agresión pero no informaron sobre el conflicto social de los trabajadores públicos.

El portavoz del PP en la región, José Antonio Ruiz Vivo, reclamó “una profunda reflexión de aquellos que están sembrando vientos para que se recojan tempestades”. Y añadió: ”Desde luego, desde el Partido Popular no estamos dispuestos a que la ultraizquierda más rancia y agresiva llene nuestras calles de ‘cojosmanteca’ ni a que se atente contra la integridad física de las personas. Son los menos, pero, desgraciadamente, son los que hacen más ruido” .

Las informaciones aparecidas en prensa, después de la agresión, buscaban el objetivo de criminalizar la lucha de los empleados públicos.

En la misma línea, el pasado 21 de enero de 2011 fue agredido Fernando Santiago, periodista y presidente de la Asociación de Periodistas de Cádiz. Todos los medios publicaron la nota que hizo la APC y la FAAP pero nadie entrevistó o preguntó al presunto agresor, un ex operario de Delphi. En este caso tampoco los medios contextualizaron la información. No informaron de que la agresión se produce después de que Santiago tildara de “absentistas y flojos a muchos padres de familia”.

Nadie destacó esa otra agresión, en forma de escrito, contra todo un colectivo que ha perdido el trabajo y enfrenta una situación cada vez más tensa de sus familias. Dramas familiares por el cierre de la empresa.

“Cifra mágica. Es el grado de absentismo de la planta de Puerto Real de Delphi. No se dice que era la más alta de todas las de Delphi del mundo. Para recompensar tamaña dedicación al trabajo a sus ex les regalamos una paguita vía subsidio indefinido por la prejubilación o por lo que sea. Que no nos falte de ná. Los españoles a trabajar hasta los 67 y los de Delphi a vivir, que hay que escribir muchos cuplés” .

Tan importante es informar sobre un colectivo como informar sobre quién escribe. Fernando Santiago fue militante del Partido Socialista Andaluz, ex militante del PCE, de IU y de Nueva Izquierda. Además, es tertuliano de un programa dominical de la cadena SER y defensor incondicional de la gestión del PSOE y que quiso ser alcalde con IU. Entre sus múltiples tareas –en un colectivo ya de por sí precario y escaso de trabajo– trabaja para la Diputación cobrando un buen sueldo, además de escribir en el Diario de Cádiz y colaborar en una emisora de TV. Con esta trayectoria Santiago escribe sobre el absentismo en Delphi y que los salarios son muy elevados.

En una información más completa se tendría que haber puesto que los trabajadores de Delphi renunciaron a la mitad de su indemnización a cambio de que Delphi cediera sus terrenos a la Junta para la creación de empleo en la Bahía de Cádiz, para los ex de Delphi y para el resto de parados de la Bahía. Si informar sobre agresiones y descontextualizar para buscar un efecto de criminalización es habitual en la prensa generalista también es habitual informar sin publicar todos los datos.

El pasado 27 de marzo, The Sunday Times publicó una información por la cual periodistas suyos se habían hecho pasar por representantes de un grupo de presión y ofrecieron al eurodiputado navarro del PP, Pedro Zalba, sentarse en su consejo asesor con “influencia” en la legislación europea, a cambio de unos 100.000 euros anuales. El mismo día, la agencia EFE difundió una información en la que decía que Zalba “ha negado haber aceptado retocar una directiva comunitaria a cambio de dinero. Zalba ha asegurado que enmendó esta ley porque así la ‘mejoraba sustancialmente’ y ha denunciado haber sido víctima de una ‘trampa’ que le tendió un falso grupo de presión”.

La información de EFE ratifica que el eurodiputado aceptó enmendar una ley al dictado de un lobby. Pero la mayoría de los medios ponen énfasis de que no cobró por retocar la directiva.

Sin embargo, el pasado 28 de marzo el diario Público informó, bajo el título “Un eurodiputado del PP enmienda una ley al dictado de un lobby”, que “Pedro Zalba, pillado en un vídeo en el que se presta a colaborar con una firma británica”.

Además, Público aporta información sobre la connivencia/convivencia en Bruselas con más de 20.000 asesores de grandes empresas que fabrican leyes al dictado al margen del Parlamento y de la ciudadanía. Según EFE, citada por Público, “La enmienda que presentó, redactada por los reporteros, la ‘enriquecía y mejoraba’, motivo por el que accedió. A su juicio, protegía ‘a los pequeños inversores’ en la dirección que dictan las asociaciones de consumidores”.

El trabajo de The Sunday Times puso el foco en los eurodiputados que defienden intereses comerciales en lugar de sus electores. Los eurodiputados negocian y aceptan lo que un grupo de presión les diga que deben negociar y aceptar. Los medios no dicen nada de, en realidad, quién legisla en Europa.

Tan suculento debe ser hacer negocios en Europa que el ex presidente del PP de Cataluña y vicepresidente de la cámara europea, Alejo Vidal-Quadras, puso en nómina como secretario en Bruselas a Albert Fuertes, hermano de su esposa. Y el eurodiputado cacereño del PP Felipe Camisón (fallecido en mayo de 2009) contrató a su cónyuge como asistente, al igual que hizo la también diputada popular Cristina Gutiérrez-Cortines con su hija. Y otro ejemplo, Alfonso Guerra Reina, hijo del ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, fue elegido a dedo como asistente del vicepresidente del Parlamento Europeo, el socialista Miguel Ángel Martínez.

El domingo 27 de febrero de 2011 murió –a la edad de 56 años en su domicilio de Málaga– Amparo Muñoz Quesada, Miss España en 1973. Todos los medios dieron cumplida información pero ninguno dijo que algunos medios, directores de algunas agencias que trabajan en lo que se denomina “prensa rosa”, ofrecieron en su momento, cuando la actriz era adicta a las drogas, dinero para publicar las llamadas exclusivas. Otro caso fue Sonia Martínez, la popular presentadora de TVE que murió de VIH. En la hemeroteca figuran “testimonios” de Sonia que hacen referencia a sus contactos sexuales con jugadores de fútbol. Las declaraciones fueron grabadas por una periodista, que ya murió, a cambio de dar dinero a Sonia. O el recorrido por los platós de televisión y las agencias de reportajes con el álbum familiar bajo el brazo de la madre de Irene Villa.

Como se ve, hay mucha miseria dentro de la profesión y muchas personas sin escrúpulos. No existe la ética y como vemos, hay diversas maneras de hacer información. Pero la que aporta más información y contextualiza es la que puede ofrecer una información más veraz.

Pero también en los medios se echa mano a los “apagones”. Invisibilizar un hecho, una noticia, aunque sea “importante” o haya tenido una repercusión. Esto lo sabemos muy bien los que estamos en los movimientos y hemos padecido (padecemos) el comportamiento de los medios en el tratamiento de la información en relación a nuestras movilizaciones o acciones.

El 22 de febrero –coincidiendo con la novena manifestación de funcionarios en Murcia contra los recortes salariales y de derechos laborales– la prensa generalista no informó de esta noticia. Sin embargo, dio cumplida cobertura a una protesta con similares motivos en Wisconsin, Estados Unidos.

¿A qué viene que se informe de una movilización por derechos en Estados Unidos y no se informe de otra que sucede en nuestro país?

La movilización en Murcia fue una de las más numerosas desde los tiempos del No a la Guerra: más de 60.000 personas y sin embargo no salió publicada.

Está claro el objetivo. Silenciar lo que se mueve en la actual coyuntura de aguda crisis que afecta sobremanera a más de cinco millones de paradas/os. No se quiere encender la chispa en forma de visibilizar un conflicto social. O al menos que no se visibilice desde esta prensa generalista atada a la publicidad, a sus compromisos empresariales y con el gobierno.

La invisibilidad también se ejerce desde las grandes agencias de noticias que son las que marcan la agenda internacional en connivencia con los intereses de las grandes potencias y empresas transnacionales.

El terremoto de Japón “apagó” informativamente los acontecimientos en Libia permitiendo a Gadafi “cebarse cómodamente, sin los focos internacionales, sobre los últimos reductos de la oposición”. El conflicto en Libia recobró su visibilidad con la resolución de Naciones Unidas, pero muchas otras realidades permanecen ocultas. Además de Japón y Libia existe Costa de Marfil “con gente armada en las calles, con los bancos cerrados y sin alimentos”. Sólo será de interés cuando el desastre ya sea mayor.

Además de apagones existen mentiras. Puras y simples. La más conocida, la cobertura de la guerra en Irak. Se dijo (y se machacó a través de los medios de comunicación) que Irak poseía armas de destrucción masiva.

Estados Unidos utilizó la tribuna de Naciones Unidas y con unas fotos hizo creer al mundo entero que, efectivamente, Irak tenía las tan temidas armas. Pues bien, a día de hoy no hay ningún rastro de esas “armas” y la prensa que en su día difundió tal mentira sigue como si nada.

Un fenómeno parecido al de William Randolph Hearst, propietario del New York Journal, empeñado en desatar la invasión norteamericana a Cuba en 1898, enviando a su afamado dibujante y grabador Frederic Remington a la isla para que le remitiera las pruebas dibujadas de supuestos actos bélicos contra EE.UU. Remington le informa desde La Habana que no hay ningún acto bélico y por lo tanto no hay dibujos que mandar. Hearst le responde en un cable que hizo historia: “ponga usted los dibujos, yo pondré la guerra”.

Existe mucha información que no se dá –o no se difunde– y que nos puede ayudar a comprender hechos, analizar, reflexionar y tomar decisiones.

Cuando habla José María Aznar, ex presidente de gobierno, presidente de la Fundación FAES y cualificado militante del PP, tenemos que tener presente que también lo hace como ejecutivo del magnate de la prensa Rupert Murdoch. O que José Botella, el cuñado de José María Aznar, fue fichado en Bruselas desde las oficinas del PP en esa capital. En el tribunal que lo examinó para funcionario estaba un miembro determinante, Gerardo Galeote, que presidía la delegación popular en Europa. En menos de dos años el hermano de Ana Botella –actual concejala en el ayuntamiento de Madrid y número dos después de Ruiz-Gallardón– se blindó con un sueldo europeo para toda la vida.

Pero en donde se mezclan más claramente los intereses personales, partidarios/políticos y económicos es en la trayectoria y figura de Rodrigo Rato. Primero como ministro en el gobierno de Aznar. Después como director del FMI impulsando las políticas que condicionan el desarrolla de muchos países. Y, finalmente, como presidente de Caja Madrid. Todo esto sin perder el carnet del PP, por supuesto.

El buen uso de la información y la investigación contrastando datos a veces da sinsabores. Si no que se lo pregunten al ex diputado Victorino Mayoral.

El defensor de la asignatura de educación ético-cívica, conocida como Educación para la Ciudadanía, simultaneaba sus distintos cargos como presidente de una ONG, la Liga de la Educación y la Cultura Popular, y la presidencia de la Fundación Cives.

ABC informó en su día que la ONG, una asociación sin ánimo de lucro, obtuvo al menos ocho millones de euros entre contratos y subvenciones desde el año 2000, fecha de su regreso al Congreso después de siete años en la política regional. Esta asociación y una de sus subordinadas, la Liga Extremeña de la Educación, obtuvieron igualmente en su día subvenciones de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura en sendas resoluciones firmadas por el propio Mayoral.

Mayoral, siendo diputado y defensor de valores éticos, mantenía vínculos –según el Registro Mercantil citado por ABC– con Editorial Popular S.A. que ha editado “material para la asignatura Educación para la Ciudadanía”.

Y para terminar. A los gestores de la comunicación, a los magnates, a los políticos que se sirven de este instrumento de socialización les recuerdo lo que dice Roger Waters en la canción The Wall: “no necesitamos control mental” “Todo ello no es más que otro ladrillo en el muro” “Todo ello no eres más que otro ladrillo en el muro”

HABLEMOS DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Pascual Serrano

Exodo 108 (marz.-abr.) 2011
– Autor: Pascual Serrano –
 
Nunca como hasta ahora, conceptos como la libertad de expresión o libertad de prensa habían sido tan recurridos por la derecha política y económica con tanta fruición. Estas libertades se han convertido en magnífica munición contra gobiernos que han intentado salirse, aunque sea mínimamente, de los cánones neoliberales. Es el caso de algunos gobiernos latinoamericanos. Por ejemplo, si el gobierno venezolano no cede el espacio radioeléctrico para una televisión privada y lo reserva para una televisión pública se le acusa de atentar contra la libertad de expresión, si el argentino quiere declarar de interés público el papel prensa para que deje de ser propiedad exclusiva de una empresa se le acusa de atentar contra la libertad de expresión. Y si el boliviano quiere terminar con la impunidad de la información racista y xenófoba en los medios le sucede lo mismo. De ahí la necesidad de retomar los conceptos y, muy importante, analizar hasta qué punto las libertades y los derechos relacionados con la información pueden desarrollarse en el marco del mercado o necesitan de la participación del Estado para su garantía. Y, simultáneamente, estudiar si, bajo el paraguas de la libertad de expresión, se desarrollan elementos que nada tienen que ver con ella, o incluso la obstaculizan.

Lo primero que observamos es que el modelo neoliberal entiende por libertad de expresión y libertad de prensa el uso oligopolístico por parte de quien tiene el potencial financiero suficiente para crear medios de comunicación masivos. Los grandes medios, en virtud de la arbitrariedad de sus propietarios y directivos, se arrogan el derecho de seleccionar los contenidos que consideren oportunos, de modo que los propietarios de un medio de comunicación no sólo tienen el poder de difundir unos contenidos, sino también de vetar otros, los que no son de su interés. De ahí que lo que reivindican las empresas de comunicación como libertad de expresión no es otra cosa que su derecho a la censura. Por ello, lo que desde una lectura progresista debemos reivindicar, más que un derecho a expresarse limitado por las posibilidades económicas y el beneplácito del empresariado mediático, es el derecho ciudadano a informar y estar informados. Es decir, el acceso de los ciudadanos a los medios de comunicación y la garantía de que, a través de éstos, se recibe una información plural y veraz. Es indiscutible que ninguno de esos dos derechos pueden ser garantizados por el mercado de los medios de comunicación sin la participación del Estado. Recordemos que el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) establece el derecho a “recibir informaciones y opiniones”. Sólo desde unos poderes públicos democráticos se pueden crear las condiciones para que los diferentes grupos sociales puedan tener voz en los medios sin depender del criterio de los propietarios. Y sólo mediante una legislación que vele por la veracidad y sancione la mentira, la manipulación, la injuria, la calumnia, el racismo o la xenofobia podremos asegurar que una sociedad puede estar bien informada. Las habituales propuestas de autorregulación generadas desde el lobby mediático empresarial son una falacia, ningún gremio se autorregula sólo sin la vigilancia de la ley y de los poderes públicos. Veamos el caso de los códigos deontológicos para los periodistas. Estas normas éticas no tienen ninguna vinculación para el profesional porque, en última instancia, el poder al que se ven sometidos en los medios privados es el del contratador. En el régimen actual de precarización laboral y despido libre ningún periodista puede apelar a ningún código ético para publicar o no determinada información porque el criterio último será del propietario o directivo que decide si el periodista seguirá trabajando o no para esa empresa.

La veracidad también merece especial atención. Algunas constituciones, como la española, recogen en su articulado el derecho a recibir una información “veraz”. Por lo tanto, si las noticias de nuestros medios no poseen la veracidad ni la calidad necesaria se estará atentando contra un derecho fundamental. Una vez más se requiere la presencia de poderes públicos que garanticen esa veracidad. Su ausencia ha demostrado que se puede crear un sistema con tanta ausencia de derecho a la información como el que pudiese haber en una dictadura. Si un régimen totalitario se caracteriza por proscribir determinadas informaciones mediante la fórmula de la censura, un régimen que se llame democrático y que no vele por la veracidad tendrá como consecuencia la difusión indistinta de verdades y mentiras, de modo que el ciudadano no podrá diferenciarlas, no sabrá, en consecuencia, cuál es la verdad, y terminará en una situación idéntica a la del régimen de una dictadura que censura la información. Durante la anterior legislatura, el Parlamento español, con la complicidad de los dos grandes partidos, abandonó en un cajón el Estatuto del Periodista aprobado en Comisión a iniciativa de Izquierda Unida. En él se establecían garantías para la independencia del periodista ante su empresa, mecanismos de participación democrática en los medios y sistemas de control público para garantizar la veracidad y la pluralidad. Los grandes grupos de comunicación se opusieron con contundencia argumentando que “en una sociedad democrática los periodistas deben quedar fuera de la regulación política”. En realidad se referían a que éstos quedasen fuera del imperio de la ley, sólo ante el imperio empresarial.

Todos los elementos de rigor, pluralidad o veracidad son ignorados por los lobbys empresariales creados en torno a la explotación propagandística del discurso de la libertad de expresión. Grupos como la Sociedad Interamericana de Prensa o Reporteros sin Fronteras siguen aplicando criterios de denuncia nacidos al servicio del empresariado, de ahí que nunca les hayamos escuchado preocuparse por unas condiciones laborales dignas para los periodistas, la denuncia de oligopolios –cuando no monopolios– en las estructuras de la distribución de la prensa o el castigo que sufren las asociaciones sin ánimo de lucro en la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual española. El sesgo mercantilista de esta norma se aprecia en que a la hora de abordar los servicios de comunicación audiovisuales comunitarios sin ánimo de lucro, éstos son condenados a la precariedad y la marginalidad al establecer que “sus gastos de explotación anuales no podrán ser superiores a 100.000 euros en el caso de los servicios de comunicación audiovisual televisiva y de 50.000 euros en el caso de los servicios de comunicación audiovisual radiofónica”.

Por último no quiero olvidar la imprescindible relación de la libertad de prensa con los derechos sociales, siempre tan olvidados por los patrones mentales neoliberales. Es obvio que la principal condición para garantizar una adecuada libertad de expresión escrita es que la ciudadanía sepa leer y escribir. Sin embargo, casualmente, los gobiernos que más han sido acusados en América Latina por atacar a esta libertad son los que más se preocuparon por la alfabetización, y los que, conforme a los estudios de la UNESCO, antes lograron garantizarla: Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. El hecho muestra que quienes dicen defender la libertad de prensa no están interesados en mejorar la cultura y el conocimiento de los ciudadanos, sino en mantener su régimen de oligopolio de la información.

La batalla de la comunicación es fundamental porque la derecha latinoamericana nunca se vio tan atemorizada por la vía electoral como en la última década. Desacreditados su líderes políticos y desveladas las injusticias e insostenibilidad medioambiental de su modelo económico, la lucha en el frente mediático se ha hecho fundamental, puesto que es en ese terreno donde su dominio sigue siendo abrumador. Para ello no han dudado en pulverizar cualquier principio ético de la información y prostituir términos otrora dignos como la libertad de expresión. Hace unos años un profesor venezolano fue preguntado en Madrid sobre si la libertad de expresión estaba en peligro en Venezuela. Respondió lo siguiente: “Sí, es verdad, está en peligro, la tienen secuestrada los medios de comunicación”.

La última cuestión que nos debemos plantear es cuál debe ser el papel de los gobiernos progresistas ante esta situación. Mi opinión es que el gobierno que se limite a indignarse ante las embestidas de la prensa es como el perro que ladra a la Luna, es como si se encolerizase por los ciclones o las lluvias torrenciales que destrozan cultivos y carreteras y no se pusiese a trabajar para paliar o prevenir esos daños. No permitiríamos a un ministro de Sanidad que saliese en público a criticar al germen del paludismo, le exigiríamos que pusiese en marcha las medidas contra la enfermedad. Eso mismo es lo que deben hacer frente a la canalla mediática que todos los días nos golpea: poner en marcha sistemas de exigencia de veracidad de la información, crear medios estatales que garanticen el derecho ciudadano a estar informado y dotar de recursos a las comunidades para que desarrollen sus propias estructuras de comunicación democráticas y alternativas. No se necesitan gobiernos que se quejen, sino que combatan. Del mismo modo, también los pueblos tienen que estar dispuestos a movilizarse en defensa de las medidas gubernamentales que surjan en la búsqueda de un modelo comunicacional democrático y participativo. Porque las libertades, incluida la de expresión, o son de todos y sin necesidad de disponer de dinero, o nunca son libertades.

JOSÉ COMBLIN

Benjamín Forcano

Exodo 108 (marz.-abr.) 2011
– Autor: Benjamín Forcano –
Entrevista
 
“ José Comblin el 27 de marzo se pasó al Padre a raiz de un infarto fulminante en Salvador de Bahía. Tenía 88 años. Lloramos por el amigo, hermano, teólogo de la liberación, profeta y amigo de los pobres y a la vez nos alegramos de que llegó, después de una laboriosa existencia, al Reino de la Trinidad” (Leonardo Boff).

José Comblin es un hombre de Iglesia, pero que habla con libertad. Belga, se ordenó como presbítero el año 1950. Se doctoró en Teología en la Universidad de Lovaina. El año 1958 se instaló en la Universidad Católica de Campiña en Brasil. Desde 1962 a 1965 fue profesor de la facultad de Teología en la Universidad Católica de Santiago en Chile. Regresó a Brasil. Fue allí discípulo del obispo Helder Cámara. Fue expulsado de ese país el año 1972. Se le consideraba subversivo. Se instaló luego en Chile, en Talca, el año 1972 hasta 1980, colaborando con la Vicaría de la Solidaridad. Y también fue expulsado de Chile el año 1980 por la dictadura militar.

Colaboró en las conferencias de obispos de Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida. Comblin sabía de Obispos y sabía de Iglesia.

Era un maestro en el más pleno y auténtico sentido de la palabra. Su vocación magisterial le nacía de su profunda admiración por el maestro Jesús, a quien dedicó algunos escritos sencillos, buscando esa savia que el caminante de Galilea nos trató de comunicar. Conversaba con autoridad y conocimiento de los evangelios, de las parábolas, de los discursos de Jesús y de todas sus enseñanzas, aplicando siempre el desafío ético y la contextualización de aquello que Jesús nos quiso enseñar.

Dotado de una gran inteligencia y bien formado en la ciencias sociales y naturales, se dedicó a iluminar conciencias e incitar a pensar correctamente y buscar la verdad. La gama de su producción literaria es de por sí impresionante, desde temas bíblicos hasta los teológicos, sociales y políticos, pasando por la historia. José Comblin supo abrir caminos, provocar y lanzar intuiciones en la caminada teológica latinoamericana, abrir espacios para el diálogo y la crítica seria y ponderada.

Fue un teólogo popular, del pueblo y con el pueblo. Proveyó una teología laica liberadora que lo llevó a encarnarse en la situación de las comunidades de base, compartiendo el pan y el vino; las penurias y las alegrías del campesinado brasileño, chileno y ecuatoriano. En muchas ocasiones compartió en Centroamérica con seminaristas, comunidades de base y universidades.

Desde ahí, aparecía el visionario incomodador de dictadores y jerarcas religiosos conservadores. Su pensamiento profético y sus propuestas, muchas veces heterodoxas y avanzadas, lo colocaban frente a esas autoridades en franco desafío, pagando el precio con la marginación, el exilio y la relegación. Pero él sabía medir riesgos y asumirlos con integridad evangélica. No le interesó halagar poderes ni buscar posiciones acomodaticias. Buscó el camino del discipulado en discernimiento y humildad, con profunda ternura cristiana. Se le notaba en su rostro. Sus pausas en el conversar, con una sonrisa diáfana y dulce, proveía el espacio para compartir, aprender y sentirse uno desafiado.

Su estela luminosa se ha quedado con nosotros. Su sabiduría nos ha conmovido y desafiado.

Entresacamos ahora reflexiones suyas, puestas a modo de preguntas, que conectan con el tema central de este número de Éxodo.

¿Cree Vd. que en las democracias actuales se garantiza el derecho a la libertad de expresión?

Eso es lo que nos hacen creer, pero no es así. Un puñado de riquísimos capitalistas, faraones celebrados de manera vergonzosa por sus trabajadores cuasi esclavos, controlan los medios de comunicación.

La economía actual consiguió prácticamente destruir la política y anular la fuerza del Estado. Hoy, las normas son dictadas por las grandes fuerzas económicas. El papel del Estado consiste en aplicar las normas dictadas por las grandes empresas, que crean una infraestructura que les permite operar sin tener que contribuir. Los medios de comunicación colaboran en eso, mostrando que todo está bien.

Su sistema dispone de un aparato de propaganda en los medios: TV, radio, diarios, publicidad, revistas, cursos de economía, etc. Anualmente se reúnen en Davos los conquistadores y vencedores del mundo, junto con los medios de comunicación, a quienes les recuerdan que los dueños son ellos y que deben mostrar total acuerdo. ¿Sabemos de algún importante medio que critique las decisiones del presidente del Banco Central?

Si los espacios públicos los dominan ellos, no queda garantizado el derecho de los ciudadanos a expresarse libre y críticamente.

Vd. sostiene que a la Iglesia no le fue bien desde que se alió con el poder en lugar de aliarse con los pobres.

Ciertamente. Lo cual concuerda con lo que un nuncio me dijo una vez: “Si la Iglesia no tiene apoyo de los gobernantes, no puede evangelizar”. Pienso al revés: que si se tiene al apoyo de los poderes será difícil evangelizar. Este modo de pensar está muy arraigado en la cristiandad. Renunciar a la asociación con el poder es muy difícil. Evangelizar exige renunciar al poder económico, amasado de ordinario con lo robado al pueblo.

Para el pueblo en general la Iglesia es el papa, los obispos, los curas, los religiosos y religiosas… ese conjunto institucional tan bien trabado. Pero, no. La Iglesia son todos los discípulos de Jesús unidos en muchas comunidades por una misma fe. No voy ahora a relatar la historia de la institución eclesiástica y de la acumulación del poder en las manos del papa y del clero. Una historia que llega hasta nosotros y cuyas consecuencias estamos todavía padeciendo. El papa no es un emperador y la Iglesia, con sus actuales estructuras, tiene mucho de imperio y poco de democracia. Esa concentración del poder es un gran obstáculo para la libertad de expresión y para la evangelización.

¿Fue casual que Jesús fuera condenado por los poderes religiosos y políticos de su tiempo?

Jesús terminó con la muerte de cruz, que es una muerte infamante, o sea, una muerte infringida a esclavos desobedientes. Jesús como era un pobre fue tratado como un pobre. Denunció, en medio de los pobres, las mentiras de los grandes, de los poderosos. Y lo hizo sin dinero y poder político, sólo con la fuerza de su palabra. Su misión era transformar este mundo de arriba abajo, pero sin armas. Eso no lo podían tolerar. Y duró poco tiempo.

Son muchos los ejemplos, dados en la historia, de querer anunciar el cristianismo con las armas: emperador Constantino, América Latina, ¿es Dios o el diablo quien da la victoria? ¿Se llega con ello a la verdadera fe? Y esto mismo está ocurriendo actualmente en las guerras de Irak, Afganistán, etcétera. Nosotros somos los buenos porque somos los más fuertes.

Jesús quiso mostrar que el camino es el no-poder y la no-violencia. Jesús mostró que la evangelización va en sentido contrario al del poder, a las grandes obras y construcciones, hechas para atraer.

¿No se puede, por tanto, en la Iglesia actual ejercer el derecho a la libertad de expresión?

San Pablo nos dice en su carta a los Gálatas que los cristianos hemos sido llamados para la libertad. En este sentido, el cristiano no se deja manipular, no se deja empujar, hace no lo que las autoridades esperan por miedo a perder el trabajo o ventajas económicas, sino que ama a todos los seres humanos sin atarse a los propios deseos y necesidades.

Nadie está exento de tener miedo, como el mismo Jesús, pero no se deja impresionar por él y lo vence sin subordinarse a otros valores que lo hacen esclavo. En el cristianismo, miles de cristianos han sabido practicar esta locura de la cruz, de la pobreza afrontando la muerte. En Guatemala, por ejemplo, más de ochenta mil campesinos fueron muertos por las fuerzas de la nación, por el ejército, por la policía solamente porque no querían cambiar, no querían aceptar el sistema y reivindicaban sus derechos de indígenas.

Pero esta llamada a la libertad, ¿no lleva al cristiano a chocar necesariamente con los poderes del Estado?

Del Estado en cuanto tal, no. Porque el Estado puede ser instrumento de una clase dominante, pero también instrumento de los pobres. Sí que lleva a chocar con el Estado cuando se convierte en agente ejecutivo de la voluntad de los poderosos.

Los Estados cuando necesitan convencer a la gente, ahí tienen la televisión y tienen los grandes periódicos. Éstos tratan de explicar que no hay salida, hay que aceptar la situación tal como es. Los discursos son bonitos, muy prometedores, se va a mejorar, dicen, “voten por mí porque soy el mejor”. Pero, ¿qué es lo que van a hacer en concreto, qué medidas reales van a tomar? ¿Y cómo lo hacen? ¿Metiendo a todos en la cárcel (dos millones en Estados Unidos, miles y miles en otros países)? No se puede, se dice, son las estructuras, a mí me toca trabajar, seguir la política de la empresa y callar.

De todas maneras, siempre hay brechas por las que se puede entrar y afirmar la aspiración a una situación nueva sin el recurso a las armas, al dinero, al dinero que dan las empresas. Las empresas dan dinero a veces, pero para mostrar que quieren a los pobres, a la clase trabajadora. Hay unas estructuras injustas que denunciar y combatir, al igual que a personas que son cómplices con esas estructuras.

¿No resulta utópica esta lucha por la libertad en una sociedad como la nuestra?

Bastante, pues hoy estamos bajo la dictadura de unas 300 empresas multinacionales que tienen el poder verdadero. Y los gobiernos tienen que mantenerse dentro de esta línea y controlan todos los medios de comunicación: periódicos, radio, televisión. Todo lo tienen concentrado. Un poder así no necesita más poder militar hoy en día.

¿Cree que la Iglesia puede asumir en esta sociedad la defensa de los derechos humanos, más en concreto el derecho de la libertad de expresión?

Sí, si se atiene a su misión. Ella puede oponerse, denunciar, luchar, juntar fuerzas para disolver ese poder de todo el sistema financiero, de todos los medios de comunicación que divulgan como algo normal la ideología capitalista.

Los niños aprenden a ser capitalistas, viendo todo lo que la televisión muestra, toda esa idea de que la felicidad consiste en comprar más y en gastar más. Llegan, por ejemplo, las fiestas de Navidad y Pascua y ¿qué es lo que ven? Las fiestas de los árboles y de los huevos. Nada que tenga que ver, o apenas, con el cristianismo. Hay todo un poder que enseña una ideología con mucha fuerza, de tal modo que ninguna crítica es posible porque controlan todo.

¿Considera a la Iglesia en condiciones para esa tarea cuando el capitalismo parece convertirse para ella en algo conveniente?

Ese es el problema. Está claro que el Opus y los Legionarios de Cristo con el poder que tienen son supercapitalistas. El libro “Camino” del Opus es el manual del perfecto capitalismo, con su individualismo radical y con la voluntad de poder, de ser el primero, el mejor. Pura ideología capitalista.

Entonces, si la jerarquía está dominada por el capitalismo, ¿quién puede cambiar ese rumbo? Porque los fieles no eligen a los obispos.

Al final todo poder crea escándalos y llega un momento… Los Legionarios de Cristo están ya golpeados.

¿Van a ser entonces los escándalos los que provoquen los cambios en la Iglesia?

Son los que van a provocar la destrucción de ese poder. Todos los poderes en un momento dado se encuentran tan deshumanos y escandalosos que acaban por mostrar todo lo que ocultan.

Creo que la jerarquía no manda, los que mandan son el Opus, los Legionarios de Cristo. Y lo hacen desde un poder oculto, pero viene un momento en que aparece lo que son. O sea, los obispos obedecen, no mandan nunca, obedecen y escuchan lo que les viene de Roma, se limitan a transmitir lo que viene de Roma. No mandan.

¿No cree que todo esto está provocando un gran desconcierto en mucha gente?

Ha habido situaciones anteriores semejantes a esta. Yo recuerdo muy bien cómo Pío XII condenó a todos los teólogos importantes, a todos los movimientos sociales importantes. Estábamos más que desconcertados. El P. Liber, jesuita, profesor de historia en la Gregoriana y confesor del papa, decía: “Hoy la situación de la Iglesia Católica es igual a un castillo medieval, cercado de agua, levantaron el puente y tiraron las llaves al agua. Ya no hay maneras de salir. O sea, la Iglesia está cortada del mundo, no tienen más ninguna posibilidad de entrar”.

Después vino Juan XXIII y ahí, todos los que habían sido perseguidos, de repente son las luces en el Concilio y de repente todas las prohibiciones se levantan. Ahí renació la esperanza. No hay, pues, que perturbarse. Algo vendrá, no se sabe qué, pero algo siempre pasa.

¿Cómo juzga lo que está pasando en la Iglesia?

Nos estamos acercando a la fase final de la cristiandad. Su agonía puede continuar todavía durante algunas décadas o años. Son muchas las señales. ¿Y después de la cristiandad, qué? No lo sabemos a ciencia cierta, pero no nos perturbemos. Ha ocurrido otras veces en la historia, hay que aprender a resistir y a no perder la esperanza.

¿Vd. como teólogo, asigna a la teología alguna tarea importante en todo este cambio?

Una tarea compleja, porque tiene una tarea en el Evangelio y una tarea en la religión. La teología fue durante siglos la ideología oficial de la Iglesia. Su papel era justificar todo lo que dice y hace la Iglesia con argumentos bíblicos, de tradición, liturgia y un montón de cosas que yo aprendí cuando estaba en el seminario. Claro que no lo creía, pero todavía la mayoría lo cree.

Entonces, primero: ¿qué dice el Evangelio? ¿Qué es lo que es de Jesús? La tarea de la teología consistirá en decir qué es lo de Jesús, qué es lo que realmente quiso, lo que realmente hizo y en qué consiste realmente el seguimiento de Jesús.

Históricamente podemos analizar diversas formas culturales y manifestaciones. ¿Dónde podemos reconocer la continuidad de esa línea evangélica? Porque lo que de verdad puede interesar hoy al mundo es el Evangelio y el testimonio evangélico. Nadie va a convertirse por la teología. Por eso, me pregunto: ¿por qué en los seminarios se cree que la formación sacerdotal es enseñar teología? Yo no entiendo. ¿ No hay otra cosa mejor para evangelizar? Por eso, hace 30 años que decidí en presencia de Dios nunca más trabajar en seminarios.

Entonces, Evangelio, vuelta al Evangelio. San Francisco no quería que sus hermanos tuvieran libros. Con el Evangelio basta, no se necesita nada más. Decía: “Lo que yo enseño, no lo aprendí de nadie, ni del Papa; lo aprendí de Jesús directamente por su Evangelio”.

Creo que es eso lo que puede convencer al mundo de hoy, que está en perturbación y se aparta siempre más de las Iglesias antiguas, tradicionales.

¿Y entonces qué hacemos con la religión, qué queda de ella?

Examinar el sistema religioso y ver qué es lo que ayuda a entender y actuar según el Evangelio, examinar qué es lo que todavía vale hoy. ¿Por qué mantener cosas que no tienen ningún significado e incluso provocan rechazo? Hay muchas cosas que revisar: la confesión, la liturgia, la teoría del sacrifico. Que el sacerdote esté dedicado a lo sagrado para ofrecer el sacrificio y que la Eucaristía sea un sacrificio, eso no viene de Jesús. Como no viene la vida ascética tan deshumana que practicaban los monjes irlandeses. Un ejercicio de penitencia que hacían, por ejemplo, era entrar en el río –en Irlanda los ríos son fríos– y quedarse allí desnudos para rezar todos los salmos. Eso no es cristiano.

Todas las congregaciones femeninas saben cuánto hay que luchar para cambiar costumbres, tradiciones que no son evangélicas. Entonces, la tarea de la teología es cambiar, dejar de ser la ideología del sistema romano, progresivamente abandonada y sin porvenir.

En América Latina hemos conocido un nuevo franciscanismo, una nueva etapa de vida evangélica. Nació el 16 de noviembre de 1965, en una catacumba de Roma, donde 40 obispos, incitados por Helder Cámara, se juntaron y firmaron lo que se llamó “el Pacto de las Catacumbas”. Allí se comprometieron a vivir pobres, en la comida, en el transporte, en la vivienda. Se comprometieron; no dicen lo que había que hacer; se comprometen y de hecho lo hicieron después, dejando otras muchas cosas para dedicarse prioritariamente a los pobres y una serie de cosas que van en el mismo sentido. Una herencia que hemos de vivir.

¿Quiénes cree que en este momento van a ser los que evangelicen al mundo?

Para mí, los laicos. Ellos han dejado de ser analfabetos, tienen una buena formación humana y cultural, saben relacionarse, dirigir grupos, comunidades, saben actuar en el mundo.

Puede ocurrir que obispos o párrocos no estén de acuerdo con ellos, pero no por eso deben pensar que ya no pueden hacer nada. Al contrario, tienen capacidad y han demostrado serlo en su vida familiar, social y política. Pueden organizarse y, según el derecho canónico, pueden constituirse en asociaciones independientes del obispo y crear una presencia activa en la sociedad y en la Iglesia.

Son muchos los que quieren hacer algo en la vida, pero si no conocen el Evangelio no van a vivir como cristianos. Hay, pues, que explicar, pero explicar haciéndolos participar en actividades que son realmente al servicio de los pobres. Y que tengan una teología más viva, menos académica, menos escolástica, más abierta al mundo y a los problemas reales. El porvenir depende de estos laicos, reunidos en grupos, que ya existen aunque estén muy dispersos. Es una contradicción que puedan ser adultos en la vida civil y niños en la vida religiosa.

¿Podría no haber sacerdotes?

Jesús nunca pensó en sacerdotes. Incluso la palabra sacerdote ya se abandonó en el Concilio Vaticano II, dice presbítero. Incluso hay un escrito del Papa actual en el que piensa “el futuro” de la Iglesia: “El futuro de la Iglesia será una multiplicidad de pequeñas comunidades. Entonces, todo lo grandioso va a desaparecer; habrá pequeñas comunidades dirigidas por animadores o dirigentes, que serán gente que hacen trabajo profesional y que tienen una vida anormal. Y podrá haber algunos dedicados a tiempo completo que podrían también ser solteros. Esto es la visión que el Papa describió. Entonces, todo lo que recuerda la majaestad del pastor, las grandes ceremonias, todo lo que muestra la televisión, eso es tan arqueológico, es una cosa folclórica, una cosa del pasado que no significa nada para la nueva generación. Lo que se cree aparece en lo que se hace, no en lo que se dice. El testimonio de la vida, eso es lo importante. Y eso es lo que expresa la fe. Que diga que Dios existe o no existe, es secundario, porque la fe verdadera se manifiesta en su acción. ¿Cambió la Jerarquía? Eso es evidente. Juan Pablo II escogió una serie de obispos que fueran administradores de sus diócesis, pero no una voz del mundo.

¿Qué queda de la teología de la liberación?

Los teólogos de la liberación tienen un promedio de edad de 80 años. Y no apareció una nueva generación. La represión fue muy fuerte, terrible y la dictadura del Papa aquí en América Latina fue total y global. Acá se puede criticar a Dios, pero no al Papa. El Papa es más divino que Dios. Cualquier cosa que venga de Europa se aplica radicalmente; por otra parte, el Papa Juan Pablo II nombró toda una serie de obispos disciplinados, sumisos, obedientes, de tal modo que es difícil encontrar en América Latina algún obispo con cierta personalidad, fueron elegidos justamente porque no tenían personalidad. De ahí las consecuencias: sumisos. La teología de la liberación no ha sido bien vista y el Papa ha sido el gran enemigo y adversario. Ni en los seminarios ni en las facultades de teología se puede hablar de eso. Entonces, apareció una nueva generación que considera que eso es ya del pasado, que ya ha muerto, se terminó. No interesa más. Para la nueva generación de obispos y sacerdotes, ya no existe.

¿Y qué le parece que canonicen a Juan Pablo II, como él lo hizo con monseñor Escrivá de Balaguer?

El papado de Juan Pablo II fue catastrófico. Todos los que han hecho su carrera con él han podido ser cardenales, a pesar de su mediocridad personal. No merecían nada pero él los promovió, ¡claro que ahora quieren canonizarlo! Una vez que han canonizado a Escrivá, todo el mundo sabe que se puede ser santo sin tener virtud alguna.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN HOY

Varios Autores

Exodo 108 (marz.-abr.) 2011
– Autor: Varios Autores –
 
Wikileaks y el soldado Bradley Mauning (actualmente en prisión), Liu Xiaobo (Nobel de la Paz al que se le impidió viajar para recoger el premio), Ai Weiwer (entre rejas por su discrepancia política), la Ley de Libertad Religiosa prometida y continuamente desplazada, la “ley Sinde” recurrida, etc., están poniendo en candelero el espinoso tema de la Libertad de Expresión.

En la era de la globalización de los mercados y la economía financiera, la universalización de las comunicaciones representa uno de los mayores fenómenos de nuestros días. El mando a distancia y la antena parabólica, la telefonía sin hilos y el ordenador que permite el acceso a internet y las redes sociales están produciendo una verdadera revolución mediática. La desterritorialidad que estos medios producen nos acerca un poco más a la famosa “aldea global”… Y es en este contexto donde debemos plantear hoy día el derecho a la libertad de información y de comunicación.

Porque a pesar de los impresionantes logros de la tecnología –que no se puede menos que saludarlos como un avance o nuevo paradigma cultural la sociedad posmoderna no ha logrado sortear los graves peligros que afectan a la Libertad de Expresión misma, es decir, al derecho que asiste a toda la ciudadanía a expresar libremente su opinión, a recibir informaciones veraces y a difundirlas “sin limitación de fronteras” como define la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 19). Un reducido número de agencias en conexión con unas 300 multinacionales se han hecho con el control mundial de la información y tienen en sus manos los hilos que mueven la opinión pública. El poder de estas corporaciones mediáticas es tan grande que les está llevando a practicar una especie de darwinismo selectivo que encubre y silencia, censura y recrea la realidad de acuerdo a sus particulares intereses. De este modo, el poder mediático y económico de unos pocos se impone sobre los intereses comunes y sobre el poder político de los mismos gobiernos, lo que está debilitando –y pervirtiendo– el significado radical de democracia.

Son muchas las voces que se levantan frente a este oligopolio mediático y a favor del control social de los medios de información. No se puede seguir manteniendo la Libertad de Expresión como un fuero aparte, desvinculada del resto de libertades que completan la imagen de dignidad del ser humano y que brotan desde ese núcleo ético universalmente reconocido en los Derechos Humanos. La libertad de comunicación y de acceso a la información, asociadas a las libertades de pensamiento y de conciencia, son la piedra angular sobre la que levantar el edificio de una verdadera democracia.

Desde aquí, Éxodo apuesta por otras formas de información que ya están brotando con fuerza incontenible desde todas las esquinas del planeta. Una información alternativa a los oligopolios mediáticos actuales, que contribuya a reforzar la construcción de otros mundos posibles en liberad, justicia y solidaridad.