VOCES DESDE Y CONTRA LOS CIE. PARA QUIEN QUIERA OÍO

Miguel Ángel de Prada

Éxodo 102 (ener.-febr’10)
– Autor: Miguel Ángel de Prada –
Ferrocarril Clandestino, Médicos del Mundo y SOS Racismo Madrid
 
“Para quien quiera oír”… Es el subtítulo de este informe elaborado durante más de dos años por tres organizaciones sociales que han ido siguiendo el recorrido de 40 historias de vida contadas por sus protagonistas reducidos al silencio internados en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid. Los CIE son espacios no penitenciarios cuya función es la de facilitar la expulsión de las personas extranjeras en situación de irregularidad administrativa (no tener los papeles regularizados), privándolas de libertad durante un período máximo de 40 días. Esta ha sido la teoría hasta la reciente modificación de la Ley de Extranjería que prolonga el período de privación hasta 60 días. Y la práctica, ¿cuál ha sido la situación real en estos centros para las personas allí encerradas y para sus familias? A esta pregunta pretende dar una respuesta el trabajo minucioso que las tres organizaciones sociales han ido recogiendo durante más de dos años. Todo empezó por la denuncia de un grupo de mujeres recluidas en el CIE de Aluche que enviaron por carta a los medios de comunicación: estaban sufriendo la vulneración de sus derechos más elementales tras las rejas del CIE. Han seguido los informes del Defensor del Pueblo y de diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos; el informe encargado por la propia Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo a la consultora STEP (2007) para analizar las condiciones de los CIE en los diferentes países comunitarios, se concluye sobre la situación en España que el sistema es excesivamente estricto, propio de un régimen típicamente penitenciario, con estancia casi permanente en las celdas y unas condiciones higiénicas deplorables.

… y para que se pueda difundir. El texto que ahora comentamos interpela “a quien quiera oír”, sirve de altavoz a las voces de los silenciados a través del testimonio de vida en el CIE. Se trata de un texto bajo la licencia del “creative commons” que desborda la práctica civilizada de la restricción de la difusión de ideas acogida a la propiedad de los derechos. Al subtítulo se añade así el cauce de la libre difusión de la información para que ambas acaben con una situación que haría sonrojar a otros capítulos del terror y, precisamente, producida en el corazón de nuestra sociedad que se pretende abierta. Porque, tal como señala C. Taibo en el prólogo, la situación que desvela el informe bien pudiera ser un proyecto piloto objeto de generalización posterior al servicio de la estrategia del darwinismo social de la UE, decidida a preservar los recursos mundiales escasos en manos de una escueta minoría privilegiada y decidida a excluir a la mayoría.

Observar lo observado y repensar el modelo de sociedad que está construyendo la Unión Europea. De los testimonios recogidos se establecen los hechos en el interior silenciado de los CIE tras las rejas reales ocultas al exterior. Testimonio tras testimonio repiten las denuncias de las condiciones de habitabilidad, lejos del mínimo deseable, en condiciones de hacinamiento y malas situaciones higiénico-sanitarias. Pero también se documentan denuncias de malos tratos verbales, físicos y psicológicos por parte del personal policial, que en opinión del informe constituyen medidas represivas sin fiscalización externa que supervise tales sucesos y sin velar por el cumplimiento de los derechos de las personas retenidas. Y la pregunta es inevitable, ¿por qué el sistema sancionador español no depara las mínimas garantías de un Estado de derecho en el interior de los CIE? Y la misma pregunta debe hacerse sobre la Unión Europea, dado que no sólo no denuncia tales situaciones, sino que les da cobertura jurídica. Ha sido precisamente la Europa comunitaria la que ha aprobado la Directiva conocida como la Directiva de la Vergüenza que ampara violaciones de derechos que se suponían reconocidos y establecidos en la misma: se aprueba el internamiento en CIES por un periodo de hasta año y medio; se aprueba la privación de libertad a un ciudadano extranjero por la mera decisión de una autoridad administrativa sin la obligatoria supervisión a priori de un juez que vele por esta limitación de un derecho tan fundamental; se permite deportar a menores de edad en situación de desamparo sin tener en cuenta el interés superior del menor, tal como exigen la Carta Europea de los Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

Pero esta Directiva de la Vergüenza no está aislada, forma parte de una orientación de la normativa comunitaria de restricción de derechos para la población migrante; el propio gobierno socialista español apoyó el restrictivo Pacto por la Inmigración impulsado bajo la presidencia comunitaria de Sarkozy. Tal como expone el informe que comentamos, la nueva orientación política del gobierno reviste de progresista el retroceso de derechos, utilizando el recurso de la comparación, dado que la propia legislación comunitaria permitiría ser más duros. Sin embargo, más allá de los objetivos declarados para el ordenamiento de la inmigración legal y de combatir la irregular, los países de la UE del capital apuntan a utilizar las políticas migratorias como mecanismos de ajuste de sus mercados laborales. Las fronteras de la UE son permeables en la dirección norte-sur pero se intenta su impermeabilización cuando la dirección es surnorte; son permeables a ciertos trabajadores cualificados, como deportistas de élite, e impermeables para trabajadores ordinarios. En suma, los flujos son libres para capitales y, cada vez más, para mercancías pero restrictivos para ciertas personas. Además para las personas del sur las fronteras no se atraviesan una sola vez; dentro de las ciudades, en sus calles, a la salida del metro se apostan funcionarios que condicionan la libertad de movimiento por el tipo de ciudadanía o la carencia de ella, por el fenotipo de cada grupo de personas. Pero otro cambio en las fronteras de la UE consiste en su expansión, dado que se alejan cada vez más del territorio de la UE; la inclusión de países como Marruecos, Senegal, Mauritania o Libia en las políticas de gestión de la migración hace que el control fronterizo se traslade a terceros países de formas diversas, externalizando los sistemas de control de fronteras (patrullas conjuntas en los mares; deportación encubierta de menores para ser tratados en Centros de otros países, etc.), condicionando la concesión de ayuda al desarrollo a cambio de la firma de acuerdos bilaterales que posibilitan la expulsión. El mecanismo es conocido: a medida que se alejan las fronteras del territorio europeo, se va diluyendo la responsabilidad política de su gestión ante los ciudadanos. En este marco complejo se inscribe la creación de los CIE, presentados como instrumento facilitador de las expulsiones pero actuando represivamente desde su función punitiva desvelada por este y otros informes.

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PAREMOS LA REFORMA DE LA LEY DE EXTRANJERÍA

Varios Autores

Éxodo 102 (ener.-febr’10)
– Autor: Varios Autores –
Tenemos derecho a tener derechos
 
Organizaciones sociales, de inmigrantes, de derechos humanos y de solidaridad internacional, sindicatos y organizaciones profesionales, para quienes la defensa de los derechos humanos constituye el eje central de la construcción de cualquier sociedad democrática y para quienes la actual crisis es fruto de una globalización neoliberal que atenta contra los derechos y condiciones de vida de las personas más vulnerables e impone la adopción de políticas económicas y sociales regresivas y represivas contra el conjunto de la población, pero especialmente contra la población migrante, tal y como fuera denunciado por el III Foro Social Mundial de las Migraciones en su Segunda Declaración de Rivas:

DENUNCIAMOS:

Que el 26 de junio de 2009, el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso y al Senado una nueva reforma de la Ley de Extranjería que lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y autóctona, por los motivos que a continuación se exponen:

El proyecto de reforma de la Ley redactado por el Gobierno no ha sido consensuado con las organizaciones sociales, siendo su resultado una ley muy alejada de la realidad social de la inmigración en el país. La futura ley profundizará en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial, contribuyendo, de esta forma, a criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún más la situación del colectivo.

La nueva reforma agrava, por tanto, en medidas de persecución, sanción y castigo contra personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social, que implique al conjunto de la sociedad, y que efectivamente se oriente hacia la protección de las libertades y derechos de la población extranjera y autóctona en el Estado español.

Las sanciones contra la población extranjera son desproporcionadas, contemplando privaciones de libertad y expulsiones forzosas por ejercer sus derechos fundamentales y manteniendo el desproporcionado e injusto sistema de sancionar con expulsión la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo. Faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE). Un tipo de centros que ofrecen menos garantías que las cárceles y que han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo por las condiciones de precariedad e indefensión a las que se ven sometidas las personas privadas de libertad en su interior. Además, el aumento del periodo de internamiento de 40 días, como contempla la actual ley, a 60 días, supone la violación del compromiso adquirido por el Gobierno de no aplicar en esta parte la Directiva de Retorno de la Unión Europea en el Estado español.

Las personas solicitantes de asilo internadas en CIE sufrirán una penalización de 14 días más de privación de libertad por ejercer su derecho fundamental a pedir refugio en el país, ante la posibilidad de ser expulsadas a su país de origen y tener temores fundados a ser perseguidas por sus opiniones políticas, su religión, su raza, su nacionalidad, su orientación sexual o su género.

Se criminaliza la solidaridad al perseguir un valor tan esencial del ser humano como es la hospitalidad. Con la nueva reforma de la Ley de Extranjería las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros. Deliberadamente se culpabiliza a quien no ha cometido ninguna infracción ni delito, con la finalidad de perseguir a terceras personas que, en muchos casos, se encuentran en situación de vulnerabilidad e indefensión.

Las sanciones contra quien empadrone a una persona extranjera que no resida habitualmente en su vivienda suponen otra muestra más del acoso al que se verán sometidas las personas hospitalarias y solidarias. La amenaza de sanciones obstaculizará el empadronamiento de la población extranjera y la obtención de la tarjeta sanitaria, vulnerando el derecho a la salud del colectivo y de la sociedad en su conjunto. De esta forma se está obstaculizando el acceso a un derecho básico reconocido por la propia Constitución Española.

La insistencia en el proyecto de Ley por reconocer derechos a las personas extranjeras residentes legales frente a las personas sin papeles a las que se niega servicios y ayudas sociales, aumentará la precariedad, desprotección y vulnerabilidad de las personas migrantes con menores recursos y oportunidades. Situación que contribuirá a favorecer fenómenos de marginación social, rechazo, xenofobia y racismo contra las personas extranjeras en situación irregular.

Un derecho tan básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia, reconocido universalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se ve seriamente amenazado por las nuevas disposiciones del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Las fuertes restricciones a la reagrupación familiar para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años y la imposición de al menos 5 años de residencia para poder reagrupar, supone la ruptura de muchas familias y facilita enormemente que se puedan dar situaciones de desprotección de personas dependientes que necesitan del cuidado de sus familiares. Por otro lado, limitar el derecho a la reagrupación de los abuelos y las abuelas significa también impedir que las redes familiares puedan seguir apoyando a las mujeres inmigrantes, para que éstas puedan participar en el espacio social.

El tratamiento que se da a las y los menores extranjeros no acompañados en el proyecto de reforma de la Ley es extremadamente preocupante. Se prima la condición de extranjero sobre la de menor, haciendo oídos sordos de la Convención de Derechos del Niño de la ONU y favoreciendo violaciones flagrantes de los derechos del menor. El principal interés que se trasluce no es el “interés superior del menor” sino la obsesión por expulsar del país a cuantas más personas extranjeras mejor, cuando ningún menor debe ser considerado irregular y por tanto ser expulsado ni expuesto a una situación de vulnerabilidad.

El derecho a la justicia gratuita que asiste a toda persona, independientemente de su origen, se verá perjudicado. La obligación de aumentar las pruebas documentales que acrediten la falta de recursos económicos para la designación de un abogado de oficio limitará el acceso a la defensa jurídica de las personas rechazadas en aeropuertos o con orden de expulsión. En muchos casos no se podrá reunir la documentación necesaria antes de vencer el plazo de devolución y de expulsión, con lo cual quedará vulnerado el derecho a la defensa reconocido por la Constitución.

El proyecto trata de dificultar al máximo el acceso a los recursos judiciales ante la jurisdicción contencioso- administrativa, frente a las resoluciones gubernativas que pongan fin a la vía administrativa en materia de denegaciones de entrada, devolución o expulsión, al exigir que la persona inmigrante declare formalmente su intención de recurrir.

No se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos ante la policía, desincentivando estas mismas denuncias. Así mismo, se supedita la autorización de residencia y trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables, dejándolas en situación de desamparo cuando el procedimiento penal se archive por sobreseimiento provisional.

El proyecto articula un esquema de nacionalismo económico propio de la “preferencia del español” y consa gra y refuerza la visión utilitarista de la inmigración, al seguir conectándola con las necesidades de la situación nacional de empleo.

Se olvida que una condición básica de la integración social es la integración política y el acceso a la ciudadanía, de acuerdo al principio constitucional de igualdad. Sin desconocer la literalidad del art. 13 de la Constitución, el proyecto no establece avances reales para la participación política de las personas inmigrantes.

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EXTRANJEROS EN PRISIÓN

lLuis Sandalio

Éxodo 102 (ener.-febr’10)
– Autor: lLuis Sandalio –
 
Hablar de extranjeros en prisión es hablar de gente muy diversa. Es también hablar de una enorme diferencia entre la teoría y la práctica, entre la legalidad y los hechos, entre unas prisiones y otras, entre criterios de aplicación de leyes y reglamentos…

Hablar de extranjeros en prisión es hablar de falta de intérpretes y de conocimiento. Es falta de interés y desbordamiento de problemas añadidos, es recurso a los gestos más fáciles: los pasotas y los violentos, a la autoridad más necia: la que aplica inflexiblemente sobre el inferior su sobrepeso. Hablar de extranjeros en prisión es hablar de gente generalmente trabajadora y sumisa, que envían, cuando lo ganan, el dinero a sus familias de origen, que no crean problemas de disciplina y se adaptan con facilidad a las normas y ordenanzas. Que tienen una cultura bastante superior, en general, a la de los presos españoles y que viven con estoicismo su alejamiento familiar y con gran angustia su indefensión y su más que probable expulsión.

Hablar de extranjeros en la cárcel es ¡cómo no! hablar de Centros de Internamiento (CIE) donde no existía hasta el mes pasado control judicial, ni se permitía la entrada a voluntarios y asociaciones de apoyo, donde la indefensión (a la espera todavía de que se concreten las recientes reformas) es total y el aislamiento y el trato muchísimo peor que en cualquier prisión incluso de primer grado.

Pero todo lo anterior es hablar de los extranjeros desde la perspectiva de la prisión.

Nosotros (nuestra asociación CAMINO de FE y ESPERANZA) preferimos hablar de los extranjeros a los que hemos conocido primero en prisión, luego en nuestra casa, y de cómo ese conocimiento nos ha enriquecido de una forma asombrosa que nunca hubiéramos podido prever ni imaginar.

Pero ¿por dónde empezar? Por los más lejanos: los chinos. Ninguno de los que hemos conocido (hombres y mujeres) sabían ningún otro idioma aparte del chino. ¿Cómo explicarles sus condenas? (algunos de nuestros amigos ni siquiera sabían cuál era su condena, ni tampoco si era firme.) ¿Cómo explicarles el sistema judicial y el penitenciario tan diferente del de su país? ¿Cómo pueden expresar sus necesidades? ¿y sus dolencias o enfermedades? La institución penitenciaria no tiene dinero para intérpretes.

Cuando vamos haciendo con ellos esta tarea de enseñarles a comprender la situación por la que están pasando empezamos a asomarnos a una realidad (la suya, de origen) que supera nuestra imaginación y las películas que hemos visto sobre el tema. Pero esto es gradual como la confianza. Por eso es preciso que hayan pasado meses, años, varias estancias en nuestra casa y alguna hospitalización para que Qi Xing Chu nos cuente, por ejemplo, que tardó 4 años en venir a España desde su tierra, que todas las fronteras las pasaban de noche por pasos imposibles, que una semana sólo comieron nieve (estaban atravesando Siberia) y que vivió el que varios compañeros quedaran atrás sin que nadie se detuviera a acompañar su muerte y enterrarles (esto en la cultura china, tan apegada a sus muertos, es mucho más fuerte que en la nuestra).

¿Seguimos por los tamiles? Jóvenes con la edad falsificada que venían con droga para comprar armas para el batallón del “Tigre Blanco”, allá por los años 80 y 90. Tenían una ventaja sobre los chinos: hablaban inglés; pero una gran desventaja sobre ellos: muchos se engancharon a la droga.

Podemos hablar de Gnana, casado con una española, siempre con la sonrisa en la boca, carácter dulce, trabajador, modelo de padre, murió del corazón cuando trataba de abrirse un hueco en nuestro país trabajando honradamente. O de Shakti, que cuando, ya fuera de la cárcel, estaba ilusionado y enamorado, proyectando una vida sana… lo atropelló un coche y murió después de largos meses en coma. Y de Krishna que, una vez en libertad, vino a besarme los pies porque su padre (profesor de universidad en Sri Lanka) le dijo que en España el que esto escribe le representaba.

Por cercanía geográfica llegamos a Irán y nos viene al recuerdo Farzami, ingeniero, erudito y de creída nobleza, que nos ayudó con su sabiduría a derrumbar nuestra casa enorme y ruinosa con la ayuda de una polea y su gran inteligencia. Los arquitectos y aparejadores amigos nos habían dicho que, debido a la gran dificultad y peligro, teníamos que encargar esa tarea a alguna empresa especializada en derribos. El nos enseñó también una sabiduría antigua expresada en cuentos y en poemas que primero recitaba en persa y luego nos los traducía.

Si pasamos a Europa del Este cómo no mencionar a Pablo, bielorruso, que habiendo trabajado durante años como espía ruso en Polonia ni siquiera en nuestra casa se veía a salvo de los que pensaba que le podrían encontrar en cualquier rincón del mundo por mucho que se escondiera.

Su miedo (que nosotros, ignorantes, estimábamos a todas luces exagerado) no le impidió aprender el oficio y hacerse cargo del taller de encuadernación con una responsabilidad irreprochable y más tarde encargarse del mantenimiento de un instituto y formar una pequeña empresa para dar trabajo a paisanos en parecidas circunstancias.

¿Y el rumano Gabriel Siminciuc? Gigantesco, trabajador, noble. Había salido ilegalmente de su país a los 17 años ; pero lo había intentando ya en dos ocasiones anteriormente.

Si saltamos al continente africano, Miloud (argelino) nos contó cómo había recorrido andando, y haciéndose el mudo para no ser identificado, mientras pedía alimentos hasta llegar a Ceuta. ¿Por qué? Porque habiendo desertado del ejército que le llevó a la montaña a luchar contra la guerrilla vio cómo se acercaban buscándole a su casa y mientras su madre les recibía por la puerta él escapaba por una ventana trasera. “Dios sabe, sólo Dios sabe” era su sentencia continua y preferida.

Y qué decir de Mamadou (senegalés) que por su tierna edad fue puesto en la frontera de su país mientras su padre y tíos eran perseguidos y aniquilados. Cuando años más tarde se enteró por alguno de sus paisanos que su casa familiar había sido convertida en madrasha musulmana se convenció de que nunca regresaría a sus raíces. Él nos decía que era musulmán “jipi”; pero con la paleta de albañil en la mano despertaba la admiración de los profesionales más expertos. Ahora está casado con una ecuatoriana de Esmeraldas, más negra todavía que él. Probablemente hayan encontrado juntos sus raíces y su destino también.

¿Y cómo presentaros a Steve Magana (nigeriano), hercúleo y simpático que al principio de su condena no podía soportar la deshonra que suponía para su familia que él hubiera caído en la cárcel. La vergüenza que pasarían sus padres si se enteraban le volvía loco. Luego fue encontrando su sitio y entendiendo que los caminos de Dios son muy extraños y su gran fe le ha hecho recuperar su buen carácter. Y después de verse libre, sus cualidades humanas y su sensibilidad le han ayudado a conseguir una envidiable posición social (trabajo, mujer, hija, nacionalidad española…) en la que no se siente a gusto porque en su interior sueña con vivir una vida más solidaria y más justa.

Tendría que seguir por África hablando de Ismael, condenado a 6 años de cárcel por entrar a nado en aguas territoriales de Ceuta remolcando a una subsahariana (los jueces no se creyeron que lo hacía sin ningún ánimo de lucro; y además agravaron su condena por haber puesto en riesgo su vida y la de su compañera), o de Alí y de sus juegos malabares para que su familia no supiera que estaba en la cárcel. De Kahlid, al que la policía española ha achacado la responsabilidad del 11-M, a pesar de ser un pobre desgraciado o lo que en lenguaje taleguero llaman “un machaca”.

Tendría que saltar a América y citar tantos nombres, tantos amigos, tantas vidas increíbles…

Pero se me agota el espacio que me han concedido para hablar de nuestros amigos y resumo al tiempo que pido perdón por lo prolijo:

En la cárcel hemos empezado a conocer a tantos amigos y tan distintos a lo que nosotros pensábamos que podríamos escoger (si quisiéramos seleccionar, como suele hacer la gente, a nuestros amigos), que nos han abierto los ojos, la casa y la vida a un mundo apenas explorado, de una riqueza que nunca jamás (ni hartos de sueños) hubiéramos podido sospechar. A ellos las gracias porque son ellos los que tendrían que firmar, como protagonistas, este pequeño escrito.

TEOLOGÍA POLÍTICA DE LA HOSPITALIDAD

Daniel Izuzquiza

Éxodo 102 (ener.-febr’10)
– Autor: Daniel Izuzquiza –
 
Este artículo ofrece algunas reflexiones acerca de la hospitalidad, particularmente con las personas migrantes en situación de irregularidad administrativa. Lo haré en cinco pasos: sucesivamente iré recorriendo los aportes complementarios de la Biblia, de la liturgia, del magisterio eclesial y de la praxis histórica, concluyendo con unos comentarios sobre la hospitalidad como expresión de la teopolítica en la vida cotidiana.

IMÁGENES DE LA ESCRITURA

Comenzamos, pues, evocando muy brevemente algunas imágenes de la escritura, que nos ayudan a situarnos en la perspectiva correcta. Resulta imposible ofrecer aquí siquiera una síntesis de los textos fundamentales de la Biblia referidos a la realidad de la migración y de la hospitalidad. Me limitaré a mencionar media docena de ellos, tanto del antiguo como del nuevo testamento, a modo de ejemplos ilustrativos. Abraham, nuestro padre en la fe, era un hombre itinerante que salió de su tierra como emigrante y supo acoger hospitalariamente, sin saberlo, al mismo Dios (Gen 12 y 18). El Pueblo de Israel, explotado en tierra extranjera, se constituye como tal Pueblo gracias a la acción liberadora del mismo Dios, que oye sus gritos (Ex 1-15). Una vez en la tierra prometida, el Pueblo está llamado a vivir unas relaciones basadas en la solidaridad, uno de cuyos iconos es la hospitalidad con los extranjeros que viven en su seno (Lev 19, 34). El destierro a Babilonia y el regreso posterior a Palestina supusieron otra de las crisis fundantes que constituyen al pueblo como lo que es. Jesús mismo sufrió el destierro (Mt 2, 13-23), a lo largo de su vida no tuvo donde reclinar la cabeza (Mt 8, 20) y explícitamente se identificó con los migrantes (Mt 25, 35). El apóstol Pablo abre el evangelio a los extranjeros (Gal 1, 16) y forma con ellos una comunidad plural y unificada en la diversidad, uno de cuyos rasgos distintivos es la acogida al otro. Por su parte, Pedro escribe a una comunidad de migrantes (1 Pe 1, 1; 2, 11) y les exhorta a practicar la hospitalidad mutua (1 Pe 4, 9).

De manera particular, los cristianos volvemos una y otra vez al recuerdo de las mesas compartidas de Jesús de Nazaret a lo largo de toda su vida. Esta comensalidad abierta de Jesús generó y expresó un modo nuevo de relacionarse. Unas relaciones marcadas por la circularidad, por la inclusión, por la igualdad, por la simetría, por la acogida incondicional. Esta praxis cotidiana generó conflictos y finalmente le llevó a la muerte, sellada en la Última Cena, y vencida en la resurrección. En las comidas postpascuales, la comunidad reconoce que Jesús es el único Señor de la historia, y que todos los demás somos hermanos. En Jesucristo, cada persona es reconocida en su dignidad fundamental, sabiendo que cada una es diferente, pero que esa diferencia nunca puede legitimar discriminaciones o exclusiones de ningún tipo. Esto es lo que celebramos en la eucaristía.

DINÁMICAS DE LA EUCARISTÍA

La eucaristía siempre comienza en la calle, en la vida, en la historia. Aunque muchas veces no somos conscientes de ello, la misa incluye una procesión de entrada. Se trata de una procesión potente y secular que nos lleva de la calle al templo (y que, más tarde, se completará con la procesión de salida, que nos lleva de nuevo del templo a la calle). Esta procesión reúne a quienes durante la semana han vivido por diversos rincones de la ciudad, congrega a los disgregados, unifica a los dispersos, acerca a los distantes. En definitiva, es una procesión que muestra y recuerda que todos somos con-vocados por el único Señor de la historia. Cada uno llegamos con nuestras preocupaciones, anhelos, gozos, esperanzas, sufrimientos e impotencias; con nuestra situación concreta, con nuestra matriz cultural, con nuestra ubicación social, con nuestras raíces, con nuestra vida cotidiana. Al terminar esta procesión de entrada, cada uno sigue siendo distinto al otro, pero no somos ya distantes. Hemos reconocido el rostro del otro, nos hemos reconocido en ese mismo rostro.

Y escuchamos, ya en el templo, el saludo del presidente de la celebración: “En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”. Somos convocados y acogidos por el Dios Trinidad, el Dios que de manera admirable mantiene la unidad-en-la-diversidad. Máxima comunión en la plena identidad personal. Y el Pueblo responde a una sola voz: “Amén”. Cada uno de nosotros (y todos juntos) constatamos que este Dios-comunidad-inclusiva es el fundamento, el sostén, el soporte inquebrantable de nuestros deseos de vivir una sociedad integrada, plural y respetuosa de las diferencias. Sentimos también, con la señal de la cruz, el abrazo de la Trinidad que no sólo nos sostiene, sino que también nos unifica. Abrazo de quien nos atrae a sí porque desea que vivamos a imagen y semejanza de su plena unidad-en-la-diversidad; abrazo de quien nos acoge sin condiciones y nos invita a la acogida universal.

Por ello, no puede sorprender que el siguiente paso de la misa consista en reconocer nuestras faltas y pedir perdón por ellas. Hay una gran distancia entre nuestros deseos y la realidad, entre el ”espíritu del Padre Compasivo” y el “espíritu del mundo”. Dios sueña con una tierra hospitalaria, inclusiva, fraterna, marcada por relaciones justas, respetuosa de las diferencias, donde cada persona pueda expresarse en plenitud… y sin embargo vivimos en una sociedad discriminadora, excluyente, disgregada, dominada por relaciones de explotación, injusta y desigual. Y, por supuesto, no somos espectadores externos a esta realidad, sino agentes activos de nuestra historia. “Señor, ten piedad”, debemos gritar con honestidad. Al hacerlo, volvemos a experimentar el perdón de Dios, que sigue comprometido en empujar nuestra historia por caminos de fraternidad y por ello nos acoge, nos rehace y nos lanza de nuevo a la vida. Exclamamos, pues, “¡gloria!” para reconocer y agradecer el compromiso permanente de Dios para llevar su creación a la plenitud, acogiendo a todas las personas sin exclusiones.

No podemos en este artículo seguir analizando todo el contenido de la celebración eucarística, así que nos limitaremos a indicar brevemente los elementos centrales de su dinámica interna. Tras los ritos iniciales que acabamos de mencionar, nos adentramos en la liturgia de la Palabra, expresión de la circularidad de la palabra, en la que se reconoce la Voz de Dios en las voces de cada persona, que se expresa con diversos acentos, tonalidades, perspectivas y músicas. A continuación, la liturgia eucarística nos recuerda la necesaria circularidad del pan, del vino, de los bienes materiales; y nos lanza, por tanto, a hacer realidad el destino universal de esos mismos bienes. La mesa compartida y hospitalaria nos abre, pues, a los derechos culturales, sociales y económicos que reconoce y promueve la doctrina social de la Iglesia.

VOCES DEL MAGISTERIO

En este apartado, quiero referirme a algunos textos contemporáneos del magisterio de la Iglesia que muestran con nitidez y contundencia el deber cristiano de practicar la hospitalidad. Es decir, invitan a vivir la fuerza del evangelio en favor de nuestros hermanos migrantes en situación de vulnerabilidad o exclusión social, dejando, eso sí, margen para que cada creyente y cada comunidad lo encarnen con creatividad en su contexto concreto. Concretamente, nos centraremos en tres documentos.

En primer lugar, recordamos el texto de Juan Pablo II para la Jornada Mundial de las Migraciones y los Refugiados del año 1996, porque es el documento magisterial que aborda de manera más detallada la situación de las personas migrantes en situación irregular. Leemos allí: “Como sacramento de unidad y, por tanto, como signo y fuerza de agregación de todo el género humano, la Iglesia es el lugar donde también los emigrantes indocumentados son reconocidos y acogidos como hermanos”. Se subraya aquí la importancia de la correcta mirada y reconocimiento: el migrante sin papeles no es alguien hostil, sino un huésped al que acoger porque está en situación vulnerable.

A continuación, indica el Papa que “para el cristiano el emigrante no es simplemente alguien a quien hay que respetar según las normas establecidas por la ley, sino una persona cuya presencia lo interpela y cuyas necesidades se transforman en un compromiso para su responsabilidad. ‘¿Qué has hecho de tu hermano?’ (cf. Gn 4, 9). La respuesta no hay que darla dentro de los límites impuestos por la ley, sino según el estilo de la solidaridad”. Por dos veces, este breve párrafo sugiere que la praxis cristiana de la hospitalidad supera los límites estrechos de la legislación vigente. Una vez más la mística (ver al otro como hijo de Dios y hermano mío) conduce a la política.

Finalmente, retenemos esta frase de Juan Pablo II: “Hoy el emigrante irregular se nos presenta como ese forastero en quien Jesús pide ser reconocido. Acogerlo y ser solidario con él es un deber de hospitalidad y fidelidad a la propia identidad de cristianos”. Además de recoger de nuevo la importancia del reconocimiento, este texto indica que la hospitalidad no es algo optativo, marginal o secundario, sino un verdadero deber para el cristiano, expresión de su mismo ser.

El Catecismo de la Iglesia Católica da un paso más en esta misma dirección. En el número 2241 dice que “las autoridades deben velar para que se respete el derecho natural que coloca al huésped bajo la protección de quienes lo reciben”. Se trata, pues, de un derecho natural que debe ser respetado por las autoridades; por tanto, un derecho de aplicación universal y obligatoria. Las leyes concretas de cada Estado deben subordinarse a este principio, que no afecta sólo a la praxis de la caridad cristiana, como si fuera algo optativo o limitado. Por eso, el Catecismo dice a continuación que “el ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio” (n. 2242). Es, por tanto, una invitación a que los cristianos se planteen y disciernan en conciencia la nocooperación y la desobediencia cívica ante leyes que limitan la práctica de la hospitalidad.

El tercer documento fue publicado en el año 2007 por la Conferencia Episcopal Española y lleva por título La Iglesia en España y los inmigrantes. Allí leemos: “Atención especial debe prestarse a los llamados “sin papeles”, respetando siempre su dignidad y derechos fundamentales”. De nuevo encontramos la afirmación de que no estamos ante algo optativo, sino expresión de nuestro ser más auténtico: “La propia vocación católica se manifiesta, entre otras formas, en la hospitalidad brindada al extranjero, cualquiera que sea su pertenencia religiosa, en el rechazo de toda exclusión o discriminación racial y en el reconocimiento de la dignidad personal de cada uno, con el consiguiente compromiso de promover sus derechos inalienables”.

De manera particular, subraya el texto que la Iglesia “debe dar ejemplo en su trato y consideración con los inmigrantes”. Más en concreto, destaca “el servicio de la acogida o de la hospitalidad cristiana. Por medio de él, a cuantas personas llegan hasta nosotros como inmigrantes, independientemente de su origen, situación legal o jurídica o de la forma de su llegada, hemos de prestarles la misma atención que si fuera el mismo Señor peregrino o extranjero que se identifica con ellos y espera ser acogido por quienes creen en Él”. Una vez más, encontramos que la hospitalidad cristiana con el migrante irregular queda enmarcada por el reconocimiento sincero, el servicio efectivo, la universalidad encarnada, la experiencia mística, la superación de las trabas legislativas y la praxis concreta. Esto mismo queda ilustrado en el siguiente apartado.

PRÁCTICAS DE LA TRADICIÓN

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CONSTRUIR PUENTES

Esteban Tabares

Éxodo 102 (ener.-febr’10)
– Autor: Esteban Tabares –
Derechos sociales y culturales de las personas inmigrantes
 
¿PUENTES O FOSOS?

“En primer lugar construyó en las dos orillas, a gran profundidad y en el lugar en donde las aguas son agitadas por los vientos, un muelle… Después reunió barcos y los unió entre sí con cuerdas… Tomó cadenas de hierro y las entrelazó a los barcos hasta que formaron una cadena continua… Tuvo cuidado de tapar las fisuras y calafatearlo; de esta manera, parecía una gran alfombra extendida…”.

Así relata el polígrafo Al-Dimasqui las hazañas del legendario andalusí llamado Du-l-Qarnayn, al que otras mitologías identifican con Alejandro Magno. Se cuenta que Du-l-Qarnayn construyó un largo puente para unir Europa y África por el Estrecho de Gibraltar y se cuenta también que una gran tormenta lo hundió en la profundidad del mar. Nunca más tuvimos la oportunidad de contemplar y vivir semejante experiencia.

La verdad es que nunca existió ese mítico puente. Al contrario, sólo hubo lejanía o invasiones en ambos sentidos. Actualmente, la globalización ya no precisa construir puentes materiales, pues el modelo de Mercado Único salta todas las fronteras. Como contrapartida, ha provocado un desplazamiento imparable de personas que buscan una vida mejor. La respuesta aquí es siempre defensiva: no se facilitan puentes, sino vigilancia, alambradas y leyes de extranjería. Mas la pregunta sigue en pie como desafío permanente: ¿Construiremos los necesarios “puentes mentales” para cambiar las cabezas cerradas y los egoísmos mercantilistas y poder apreciar así que los “otros” no son una amenaza, sino una gran oportunidad de humanización recíproca y de ir avanzando en fraternidad universal?

“Ahora que es posible, es imprescindible movilizar un gran clamor popular a favor de la vida, para construir puentes donde hoy hay brechas, lazos donde hoy hay rencor, animadversión, incomprensión, para que germinen y fructifiquen la justicia y la paz” (Mayor Zaragoza).

HACIA EL DERECHO DE CIUDADANÍA PLENA

A todos los niveles hemos de tomar conciencia de que España es ya un país de inmigración y que las personas inmigrantes no están de paso, sino que han venido para quedarse. Ante tal hecho estructural no son buenas las medidas transitorias o provisionales.

“En los primeros años podría haberse pensado que España era simplemente un lugar de paso hacia otros destinos, o que la inmigración era un fenómeno temporal ligado a problemas económicos, sociales o políticos en los países de origen. Hoy sabemos que la conversión de España en un país de inmigración y su consolidación como país de destino en el mapa migratorio internacional y en el imaginario de muchos inmigrantes es un proceso continuado en el tiempo y que se mantendrá al menos durante varias generaciones”.

Creer que estamos ante algo circunstancial o que puede frenarse cerrando las puertas es querer hacer política con la inmigración en lugar de abordar una política de inmigración integral y estable que armonice con justicia los intereses de todos los implicados. La inmigración es un hecho humano tan profundo y una cuestión estructural tan global que es ingenuo y, peor aún, perverso querer regularla según los intereses políticos o económicos de cada coyuntura social.

De hecho, en todas partes las personas inmigrantes se hallan en situación de exclusión jurídica más o menos dura, puesto que siempre son consideradas dentro de otras categorías diferentes de los nacionales o autóctonos. No gozan de plenitud de derechos en ningún país, aunque sí de deberes. Eso significa una gran contradicción, puesto que dentro de nuestras sociedades modernas (Estado de Derecho, libertad, igualdad, etc.) perviven modelos jurídicos casi grecoromanos (amos-esclavos), o medievales (señores-siervos), dado que hay diferencia de derechos para unos y para otros. Es decir: no vivimos en una sociedad de iguales, aunque así se pregone.

Va naciendo la inaplazable tarea de redefinir quiénes son miembros de pleno derecho en la sociedad, dado que el viejo modelo de pertenencia se ha vuelto inservible por anacrónico e injusto. Ante la inmigración actual –provocada en gran medida por los fenómenos de globalización y el consiguiente empobrecimiento de grandes áreas del mundo–, no hay que discutir cuántos derechos les concedemos o no a los extranjeros que viven aquí, según sea en cada ocasión el umbral de empleabilidad o de tolerancia, o los equilibrios entre las diversas opciones políticas en el poder.

La cuestión a resolver es mucho más profunda y radical. Se trata de afrontar el reconocimiento del derecho de ciudadanía plena, sin rebajas ni recortes. Se trata de que las personas no nacidas aquí disfruten de iguales derechos por ser personas y no por ser naturales (nacionales) del país de llegada. Puesto que “La ciudadanía, o es un proyecto universal, o es una penosa cobertura del privilegio” (Ralf Dahrendorf). Para alcanzar esa lejana meta habrá que lograr en el futuro separar jurídicamente el derecho de ciudadanía de la nacionalidad y vincularlo únicamente a la residencia, de modo que quienes vivan establemente en un país sean plenos ciudadanos de ese país (en nuestro caso, y por extensión, también de la UE), al margen del lugar donde hayan nacido. La historia nos está imponiendo avanzar hacia una ciudadanía transnacional y desterritorializada, que nos lleve a alcanzar algún día para quienes llegaron de fuera el derecho a ser iguales en derechos.

“El acceso a la ciudadanía fue una conquista de los movimientos sociales del siglo XX, que lograron la extensión de los derechos democráticos a capas de población más amplias que la clase burguesa (…). Ahora, diversos colectivos pugnan por constituirse en sujetos de derecho (…) como mecanismo de inserción en la globalización en condiciones que les permitan escapar de la situación de exclusión”.

La presencia de colectivos inmigrantes origina nuevas necesidades sociales y reclama su participación en igualdad en la vida en común: han de ser ciudadanos de pleno derecho, como nuevos vecinos que son. Sin embargo, lo cierto es que generalmente las minorías étnicas o culturales son consideradas en todas partes como ciudadanos de segunda y no se promueven acertadas políticas de integración, a pesar de que “Las personas inmigrantes han pasado ya a formar parte del nosotros común de la sociedad española. Su presencia transformará profundamente, está transformando ya, nuestra sociedad, tanto desde una perspectiva demográfica y económica como cultural y política”..

No obstante, la realidad social en los países de llegada indica que a los inmigrantes “los necesitamos, pero no los queremos” y desde esa posición muy generalizada la convivencia democrática se hace difícil. Las actitudes racistas y xenófobas crecen en la medida en que crece la exclusión. Profundizar en la democracia es aceptar la convivencia dentro del mismo territorio de una pluralidad de colectivos diversos, también los extranjeros. Esto nos exige vivir la libertad al servicio de la inclusión social y vivir la igualdad al servicio de la diferencia. Si no trabajamos en esta dirección podría suceder (¿o ya está aquí?) lo que presagia Rafael Sánchez Ferlosio en este duro poema:

Vendrán más años malos / y nos _ harán más ciegos; _ vendrán más años ciegos / y nos _ harán más malos. _ Vendrán más años tristes / y nos _ harán más fríos _ y nos harán más secos / y nos _ harán más torvos.

¿ESTADO DE DERECHO O ESTADO DE SITIO?

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ABRIENDO CAMINOS…

Débora Ávila

Éxodo 102 (ener.-febr’10)
– Autor: Débora Ávila –
Una mirada a la inmigración desde las mujeres
 
La decisión (si es que puede hablarse de decisión cuando las circunstancias vitales mandan) de embarcarse en el intento de lograr una nueva vida en un nuevo país, esa pulsión entre la búsqueda de libertad y la acción de las fronteras, tiene protagonistas que no pueden ser reducidos a una única figura, la del “migrante”. Así, la propuesta de estas líneas es adentrarse en la enorme complejidad que encierra un concepto tremendamente unificador, dirigiendo la mirada a una parte de ese todo y desde ahí lanzar el siguiente interrogante: ¿Qué conocemos realmente de las mujeres migrantes?

Curiosamente, diría incluso sintomáticamente, lo primero que me vino a la cabeza al intentar encontrar una respuesta fueron cientos de noticias en prensa, en telediarios y otros programas de televisión, en carteles y folletos colgados en las paredes de muchos de los edificios institucionales. Todos ellos me devolvían siempre la misma imagen: una mujer débil, sola, aislada, con un velo que nos empeñamos en convertir en problemático, captadas y explotadas por mafias, prostitutas, sometidas por sus maridos, hasta tal punto que una y otra vez nos recuerdan que los índices de violencia doméstica son mayores en los hogares formados por personas migrantes. Una mujer víctima o, mejor dicho, convertida en víctima.

E inmediatamente después pensé en Asma, una amiga marroquí que siempre me ha fascinado por la inteligencia de sus palabras. Y la recordé protestando enfadada porque la gente, como ella dice, tuviera siempre una imagen de la mujer inmigrante como una mujer rodeada de problemas, reducida a problemas. Nada más.

Y pensé también en Latifa, en Loubna, en Rafaela, en Moni, en Sumi, en Afroza. Y, por supuesto, pensé en Pepa, en Tere, en Estrella y en Maite, cuyo maravilloso trabajo en el barrio madrileño de Lavapiés me permitió conocer a todas estas mujeres. Y a unas y a otras les propuse sentarnos juntas para pensar acerca de qué es lo que querríamos transmitir sobre las mujeres migrantes. Las palabras son suyas, yo sólo me he encargado de ponerlas por escrito.

Sin negar ni minimizar todas las imágenes que la prensa y los gobiernos nos proporcionan, sí nos parece importante resaltar que la frecuencia de sus apariciones mediáticas no corresponde con la frecuencia de su ocurrencia, sino más bien con la espectacularidad de las mismas. En realidad, se trata de la punta de un iceberg que se asienta sobre todo un sistema de desigualdades, mucho menos visibles e infinitamente más complejas, que condena a la mujer migrante a una doble discriminación que se produce y reproduce en lo cotidiano.

La primera de estas discriminaciones empieza en el acceso al trabajo. Rafaela es una mujer de origen dominicano que lleva afincada en España desde hace más de 19 años. Con la misma fuerza y valentía que transmite nada más conocerla, contaba: “Estamos pringadísimas en ese tema. Es verdad que hemos dado el salto de entrar en el mercado de trabajo pero nos vemos obligadas a coger trabajos precarios, sin seguridad social, mal pagados y con muchísimas horas de dedicación. Este tipo de trabajos casi siempre caen en manos de los grupos vulnerables, y dentro de estos grupos estamos las mujeres, las inmigrantes, los inmigrantes, los sin papeles… Por mucho que digamos que no, que la gente tiene el mismo derecho, pues no, es una cosa que está clarísima… podemos estar igual de preparadas que los ‘españoles’ pero igualdad no es lo que encontramos: sólo lograremos trabajar en ciertos trabajos… Es una realidad que hay muchas mujeres que estamos ahí estancadas, sólo por ser mujeres inmigrantes”.

Ciertamente, la estructuración del mercado laboral así como las distintas normativas y legislaciones en materia de extranjería generan una fuerte estratificación laboral en la que los migrantes ocupan las posiciones más bajas: el propio acceso a la residencia legal coloca a los inmigrantes en las actividades peor remuneradas, de menor cualificación, con jornadas más extensas y, en definitiva, con mayores índices de explotación. A ello se suman en muchos casos las dificultades con el idioma, los escollos para la convalidación de títulos y el racismo en los procesos de selección. Las mujeres, por su condición de migrantes comparten todas estas dificultades de acceso al mercado laboral. Pero a ello suman la carga de “una coletilla de las cosas que tenemos que hacer por ser mujeres, aparte por supuesto del trabajo… me refiero a encargarse de la familia, recoger a los niños, hacer los quehaceres de la casa, cuidar a tu madre, cuidar a tu tía, pues, claro, aunque consiguiéramos estar en la parte de arriba, la gente de arriba piensa ‘no, esta mujer no puede trabajar ahí, no va a dar abasto’. Y eso que lo hacemos, hay mujeres que lo hacemos, hacemos todo eso más todo lo otro”. Esa “coletilla” de la que habla Rafaela, es lo que conocemos como “doble jornada”, resultante de sumar a las extensísimas jornadas de trabajo asalariado, el esfuerzo y las horas invertidas en el cuidado y las tareas domésticas.

Esta vinculación de la mujer con el cuidado y con el universo de lo doméstico es la que explica que la mayoría de las mujeres inmigrantes que acceden a un puesto de trabajo lo haga como trabajadoras domésticas… “Casi siempre en el servicio doméstico, pues siempre que se piensa en cuidados, parece que sean las mujeres las que deben hacerlo…”. A las palabras de Latifa, una emprendedora mujer marroquí que trabaja en el servicio doméstico desde su llegada a España, le dan la razón los datos estadísticos: El año pasado terminó con unas 300.000 personas afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores del Hogar, de las que más del 90% son mujeres y cerca del 60%, inmigrantes1. Al lector cuidadoso le habrá llamado la atención, sin duda, que el Régimen de Trabajadores del Hogar reciba el apelativo de “Especial”. ¿Qué significa ser un régimen especial?

“La semana pasada estuve de baja, y cuando me incorporé de nuevo al trabajo, mi jefa me dijo: ‘hay que ir a la Seguridad Social para ver si tienes una prestación’. Sonrío para mis adentros y le respondo que sería ir en balde, pues hasta los 28 días de baja no pagan nada… Tengo 19 años trabajando en este país, sin parar ni un día, y resulta que si a mí me mandan a la calle, yo no cobro ni un día de paro». Rafaela no puede ser más clara: salarios mínimos, día y medio de descanso a lo sumo, jornadas que superan las 60 horas semanales, una cuota única de cotización de de 157,08 euros al mes a pagar a la Seguridad Social, independientemente de la jornada laboral que tenga la empleada, sin posibilidad de acceso a prestaciones por desempleo, bajas laborales que sólo se cobran a partir del día 29, sin derechos en caso de accidentes de trabajo y con un empleador que no está obligado a hacer un contrato por escrito y puede despedir a la empleada al instante si, por ejemplo, ésta queda embarazada o sufre cualquier tipo de accidente que le impida trabajar. Éste es el Régimen Especial de Trabajadores del Hogar, que teje discriminación sobre discriminación en la situación de las mujeres migrantes en nuestro país.

Aun cuando lo descrito asombre por la desigualdad que entraña, el panorama presentado supone el mejor de los casos, pues al menos implica la existencia de un contrato de trabajo. Sin embargo, la invisibilidad característica de este tipo de empleos2 hace que en demasiadas ocasiones, la inscripción en el Régimen Especial de Trabajadores del Hogar dependa de la buena voluntad del empleador, eso siempre y cuando se haya salvado el escollo de los permisos de trabajo. Hace pocos meses que celebrábamos con Latifa que hubiera conseguido, por fin, tras tantos esfuerzos, miedos y sobresaltos, su permiso de residencia y trabajo: “Yo llevaba trabajando en esa casa casi dos años… así que cuando conseguí los papeles, lo primero que les pedí era si podíamos firmar un contrato y cotizar así en la Seguridad Social. Me estuvieron dando largas durante varios días, hasta que al final me sentaron un día en el sofá de la casa y me dijeron que no íbamos a firmar un contrato porque en realidad ellos no estaban contentos con mi trabajo. Para mí está claro: ¿Por qué me dicen que no están contentos conmigo justo cuando yo les he pedido que me inscriban en la Seguridad Social?… Y aquí estoy, llevo ya tres meses en paro”.

La recién aprobada Reforma de la Ley de Extranjería añade más trabas en este sentido. En su nueva redacción, castiga con multas elevadísimas lo que el articulado denomina como “promover la permanencia irregular en España de un extranjero“. Y en este enunciado, todo cabe. Desde redes que trafican con personas hasta prácticas que surgen de la convivencia y la amistad entre personas con papeles y sin papeles (empadronar a un amigo extranjero que no tiene residencia fija, acoger en nuestra casa a compañeros migrantes que estén pasando una mala racha y, por qué no, tener trabajando en nuestra casa a alguien en situación irregular). Así, el miedo y la insolidaridad se instalan como modo de relación entre unos y otros: ayudar a un sin papeles puede ocasionarnos demasiados problemas. Pepa cuenta cómo desde su local de acogida le llegan cada vez más historias en las que el miedo es el protagonista: “El miedo de las empleadoras… gente que ha tenido en su casa a personas trabajando y que está contenta, de repente con todo lo que se está creando en el ambiente de que te pueden acusar de ser cómplice de inmigración ilegal, cunde el miedo y la gente está despidiendo a muchas trabajadoras… a veces es que escuchas situaciones que rozan casi la paranoia”.

Moni llegó desde Ecuador a España “por amor”, para ayudar a su hija a cuidar de su nieta. En su país llevaba 19 años trabajando como alfabetizadora en zonas rurales. Ahora el panorama que se le presenta en España es bien distinto: “Porque somos mujeres emigrantes, nos encasillan en ese tipo de trabajo y por eso vemos a tantísimas mujeres que están en el servicio doméstico. Y en esto parece que no cuenta para nada que seamos mujeres preparadas, mujeres que te pones a ver y hay profesoras, enfermeras, médicas, gente que maneja idiomas, costureras…“. “Y las jefas se han dado cuenta que ellas saben, que saben coser, que pueden ayudar a sus hijos con los deberes… y ahora le tiran todo lo de la costura … y claro, eso no lo pagan, es un saber que tiene la mujer pero nadie le paga por ello; ¡un chollo”, añade Rafaela.

No es de extrañar entonces que Rafaela, que en su país trabajaba en una ONG de ayuda a las mujeres, se sienta vacía: “Mi vida era sólo trabajar en casas, empecé a trabajar de nueve de la mañana a ocho de la noche… y yo sentía que me faltaba algo, yo decía ‘pero ¡jo! ¿cómo yo voy a estar siempre así?’”. No es de extrañar tampoco que, cuando Moni consiguió un trabajo para el Ayuntamiento en un centro de atención a personas migrantes sintiese “que era algo que se me devolvía a mí. No sé si me entiendes el término, pero para mí, hija, fue como que algo que me pertenecía se devolvía al fin”.

Mujeres que cuidan, que posibilitan con su trabajo una mejor compaginación de las responsabilidades profesionales y familiares en aquellos para los que trabajan3… Pero, a la par, mujeres que no pueden cuidar de los suyos (la nueva ley de extranjería ahonda en esta desigualdad al dificultar aún más la reagrupación familiar), mujeres para las que no existe la conciliación y a las que nadie cuida o ayuda en el cuidado. Lo que los sociólogos llaman “cadenas de cuidados”4, pero donde no debemos olvidar que no todos los eslabones son iguales, siendo la situación de la mujer harto diferente según ocupen las primeras o últimas posiciones en esta cadena.

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SIN TECHO, SIN DERECHO

María Dolores Rodríguez

Éxodo 102 (ener.-febr’10)
– Autor: María Dolores Rodríguez –
 
“Los Derechos Humanos son prerrogativas que de acuerdo al derecho internacional tiene la persona frente al Estado para impedir que éstas interfieran el ejercicio de ciertos derechos fundamentales o para obtener del Estado la satisfacción de ciertas necesidades básicas y que son inherentes a todo ser humano por el mero hecho de ser humano”.

PARA EMPEZAR

Cuando me puse a escribir estas líneas, mi primera reacción fue “¿por qué he dicho que sí? Si ya está todo dicho en la introducción: los Derechos no son graciables y punto”. Pero, inmediatamente, en este diálogo conmigo misma, me contesté que era una oportunidad para procurar transmitir, desde mi mirada sobre el mundo, humildemente, sin pretensiones, tres o cuatro cosas básicas. Esas “pequeñas cosas” tan importantes para aquellos que soñamos con la utopía y la eutopía, donde nada sea más valioso que las personas. Y que lo que son, y no lo que tienen, sea la prioridad.

Y más si tenemos en cuenta que la dichosa reforma de la LOEX introduce una dualización: Derechos (excepto políticos) para los inmigrantes regularizados y precarización total para los que carecen de “papeles”: los comunitarios y residentes con tiempo de estancia consolidan del todo su situación (lo que está muy bien) y los “no legales” la precarizan hasta el extremo. Problema añadido.

Sin embargo, lo voy a intentar, haciendo especial hincapié en esa inmensa mayoría “sin papeles”, teniendo en cuenta que los extranjeros extracomunitarios regularizados tampoco viven en el mejor de los mundos. Ni los comunitarios. A veces pienso que viven una especie de exilio. Nos movemos en un escenario donde la justicia y la solidaridad –la verdadera y no la de diseño– se van construyendo como conceptos vacíos de contenido o con contenidos que vamos cambiando según convenga. Pero soñamos y queremos un mundo hecho a escala humana, donde las personas seamos capaces de crear vínculos basados en la convivencia y no en meros intereses.

Y en ello estamos. Posicionémonos, pues: hablemos del Derecho inalienable que tiene todo ser humano a la búsqueda de la felicidad; más cabalmente, y para no pecar de maximalistas, a la búsqueda de la mejora de su calidad de vida. Derecho, amén de inalienable, universal. De una sociedad para vivir y no solamente para estar; donde ese vivir sea una tarea encaminada al bien de todos y no una carga para la inmensa mayoría. Ni siquiera, en este aspecto, queremos las “inmensas minorías”. Como se infiere de lo anterior, una sociedad que exige cambios y transformaciones.

Y para intentar transformar, o al menos modificar, esta sociedad un tanto indiferente, que entre todos construimos y de la que todos formamos parte, hemos de recuperar valores e ideales: la capacidad de indignarse, la capacidad de soñar y echarle grandes dosis de ilusión y de ganas para no “morir en el intento”. Trabajar, explicar, ser pedagógicos, democráticamente pedagógicos. Para no quedarnos colgados de esos ideales, para no quedarnos colgados de los sueños. Hemos de reivindicar –inasequibles al desaliento y aunque parezca una paradoja, tal y como van las cosas– lo que podría ser el paradigma de todos esos hermosos conceptos para conferirles un contenido que no sea una perversión: la Política como valor por excelencia. La Política, la democracia de alta densidad, de manera que la acción reguladora de la economía (neoliberal) no sustituya a la acción reguladora de la Política, en momentos en que el mercado parece ser el único regulador: la precariedad no puede estar sujeta a las leyes del mercado. En muchos casos, eso es precisamente lo excluyente: el dolor no es una mercancía y no puede estar sometido al valor de cambio.

Mundialización, ciudadanía, democracia. ¿Por qué los que detentan el poder en el mundo velan más por el desarrollo y por el crecimiento de las cosas materiales que por el crecimiento de los seres humanos? Al ser un tema tan ambicioso, tan complejo y amplio, me limitaré a esas tres o cuatro cosas básicas que avancé en la introducción, tal y como las siento, anticipando que soy una ciudadana indignada. ¡Qué le vamos a hacer! Indignada ante la injusticia, ante un mundo construido en base a una asimetría social evitable. Una sociedad fácilmente manipulable porque, frente a la “real politik”, deberíamos ser los ciudadanos los que, de manera autónoma, decidiésemos hasta dónde vamos a permitir que nos influencien esas políticas. Somos una sociedad anestesiada por el consumo: no podemos ni debemos olvidar que dejamos de ser ciudadanos para convertirnos en consumidores; frente al individualismo radical, contra el etnocentrismo cruel, reivindicamos la compasión universal. Son imprescindibles actitudes que generen esperanza, frente a los difíciles momentos que atravesamos, porque la esperanza, además de mirar hacia delante, mira hacia esa utopía que mencionábamos antes, apostando al mismo tiempo por la racionalidad y por lo inédito viable.

Somos, nos guste o no, generalmente racistas, xenófobos, y de manera implícita o explícita, es algo que podemos comprobar, leer, ver casi cada día. Así se acaba de evidenciar en las poblaciones de Vic y Torrejón de Ardoz, por ejemplo, cuyas actuaciones nos han llenado de vergüenza ciudadana. En estos casos concretos, nuestro Gobierno “se ha hecho cargo”, recolocando una situación incoherente y un tanto caótica. Antes de adentrarnos en el tema, vamos a delimitarlo, dentro de lo posible. ¿Qué es un migrante? Una persona que va de su país a otro, que viaja, que se desplaza, por muy diversas razones y motivos. Los pensionistas alemanes que viven en Mallorca o Canarias, también son inmigrantes. Pero como el lenguaje no es inocente ni casual y sí connotativo, para el imaginario social, nada que ver: porque el “inmigrante” tiene que ver con el país de origen y con el nivel de renta. Es como si los “inmigrantes” fuesen exclusivamente los pobres. ¿Y qué es la inmigración de los pobres? Ante todo, un problema humanitario que nos interpela y al que se pretende dar respuestas económicas o economicistas: son refugiados. Refugiados económicos. ¿Por qué no reivindicar el estatuto de “refugiado económico”?

Vayamos pues al tema, asumiendo que la inmigración, mayoritariamente, es producto de la pobreza y el empobrecimiento, casi siempre inducidos por los llamados países del primer mundo (o sea nosotros) y de la que hemos de responsabilizarnos.

POR LA DIGNIDAD DE TODOS

Muy a menudo, cuando se pormenorizan sustantividades sobre la realidad de ciertos colectivos, puede suceder que se tache al mensajero de populista/demagógico (cuando puede que se limite a ser políticamente incorrecto), con un claro intento descalificador del llamado “pensamiento fuerte”, supuestamente obsoleto y fuera de la realidad. ¿En qué escenario? Como ya se ha apuntado, en el de la mundialización de los dineros, la desregulación de capitales, el llamado comercio informal, tan estigmatizado que, por ello, estigmatiza a quienes lo practican: la economía informal es la única forma de subsistencia para millones de personas aunque esta economía no tenga reconocimiento a efectos de protección social; y aunque esto no sea objeto de este pequeño artículo, en el análisis de la desigualdad no sólo entre Norte y Sur y los motivos que la generan, sino también en el propio Norte.

Evidentemente, no sólo esto está en la génesis de las migraciones pero coincide con esta etapa de reconstrucción neoliberal del mundo y con la acción reguladora de una cierta manera de entender la economía frente a la acción reguladora de la política. Parece que olvidamos que la economía es “una actividad de transformación de la naturaleza que tiene como finalidad satisfacer las necesidades de las personas, de todas las personas y, por lo tanto y por definición, sólo tiene sentido referida a esta finalidad”.

CIUDADANÍA

A finales del XIX, Marshall define el concepto de ciudadanía como la pertenencia plena y responsable de una persona a un Estado: la codificación de los derechos y deberes de estos ciudadanos es un elemento fundamental en la formación de una nación. Son estos derechos y deberes y su ejercicio los que, en definitiva, delimitan la frontera entre ciudadanos y objetos de gobierno o súbditos: la ciudadanía –dialéctica entre derechos y deberes– ya es un valor en sí misma y el civismo está constituido por los mínimos éticos exigibles.

Los tribunales, los cuerpos políticos representativos, los servicios sociales y las escuelas son las instituciones que han de garantizar el ejercicio de esta “ciudadanía social” de Marshall (lo que Rousseau llamó “ciudadanía republicana”, agente moral de la “res” pública). Fueron la Constitución de los Estados Unidos y los Derechos del Hombre y del Ciudadano (derechos no solamente civiles sino políticos y sociales), a raíz de la Revolución Francesa, los que hicieron nacer el concepto de soberanía; los que le dieron la pauta para definir esta “ciudadanía social” de la que la solidaridad es un grado e implica un compromiso personal a medio y largo plazo, con una intervención dirigida a cambiar estructuras injustas: la precariedad no puede estar sujeta también a las leyes del mercado. En muchos casos, eso es precisamente lo excluyente.

El ejercicio de los derechos políticos produce ciertos derechos sociales: derecho a un cierto nivel de bienestar económico y social y derecho a compartir plenamente el legado social. Y en 1948 se plasman en un documento todos estos derechos suscritos actualmente por 185 países: es la Declaración de los Derechos Humanos. Esta Declaración ha cumplido ya cincuenta achacosos años y casi podríamos afirmar que estos derechos se vulneran sistemáticamente, no sólo en el llamado Tercer Mundo, o en los países de economías emergentes, sino en el Primero y, concretamente, en nuestro país: una cosa son los DD HH y otra los derechos reales de los ciudadanos. La positivización de derechos en los actuales modelos socioeconómicos es ciertamente complicada.

Tenemos, por consiguiente, por un lado, los DD HH, de obligado cumplimiento. Pero, a partir de 1978, en nuestro país tenemos la Constitución que enmarca los derechos y deberes de todo ciudadano en nuestro país.

Así, somos por lo tanto sujetos de tres grupos de derechos fundamentales: _ – políticos: control del Estado por el ciudadano _ – ciudadanos (civiles) _ – sociales (incluye los económicos y los culturales).

Se impone pues reclamar los derechos universales no sólo dentro de los Estados sino contra los Estados (Derechos del individuo contra el Estado: Hobbes, Locke, Kant). ¿Y por qué hablamos de todo esto, se preguntará el posible lector? Pues voy a intentar explicarlo brevemente.

HABLEMOS DE DERECHOS. LA LEY DE EXTRANJERÍA/LA LEY DE LOS NO-DERECHOS

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CUATRO FORMAS DE ENTENDER LA INMIGRACIÓN

Carlos Pereda

Éxodo 102 (ener.-febr’10)
– Autor: Carlos Pereda –
 
A partir de varios estudios cualitativos recientes se puede extraer un mapa de cómo se entiende en la sociedad española el fenómeno de la inmigración. A primera vista sorprende la gran variedad de opiniones, que se traduce con frecuencia en una intensa confrontación. Sin embargo, al profundizar en el análisis te encuentras con unas cuantas posiciones básicas que permiten dibujar los ejes o lógicas fundamentales que atraviesan el debate. El presente texto recoge de forma sintética esas posiciones.

Sólo una aclaración previa. Las formas de entender la inmigración no se presentan compactas y aisladas en la práctica social sino, más bien, combinadas entre sí, con frecuentes transacciones y ambivalencias que dan lugar a un cuadro complejo. Como cualquier esquema, esta tipología simplifica la realidad, pero a la vez permite superar una visión estrecha, casuística o meramente descriptiva del tema en cuestión.

Cada una de las posiciones recogidas en el cuadro adjunto parte de una concepción diferente de la inmigración: como fenómeno anómalo y en última instancia ilegítimo, para la posición de repliegue defensivo, que de ese modo postula una situación de exclusión; como minoría dependiente y subordinada, para la posición de inserción subalterna, en la medida que se reconoce la prioridad del orden estatal-nacional y la necesidad de que los foráneos se ajusten a sus dictados; como ajuste poblacional de la mano de obra mundial, para la posición de integración igualitaria, en el marco del proceso de globalización económica y libre mercado; y como efecto y síntoma de las desigualdades inherentes a la historia colonial y a la actual jerarquización entre los estados, para la posición crítica instituyente. Estas diversas concepciones de la inmigración se pueden desplegar en cuatro dimensiones: la convivencia, el trabajo, el estatuto ciudadano y el modelo subyacente de sociedad.

CONVIVENCIA

1. Grupalidad adscriptiva, ya sea como reclusión relacional y afectiva entre paisanos o personas de la misma cultura de origen, que se considera no compatible con la apertura a otras culturas, o como repliegue microgrupal con parientes, paisanos o amigos ante las actitudes y prácticas de no reconocimiento o rechazo xenófobo de los nativos, situación más habitual en la primera etapa de estancia en España (reclusión microsocial).

2. Individualismo clientelar, ya sea ajustando la forma de convivencia a las normas y costumbres del contexto español –asimilación uniforme asumida–, o como adaptación forzosa, y provisional, a las prácticas y discursos de la preferencia nacional y la jerarquización de las relaciones sociales (asimilación en la cultura mayoritaria).

3. Individualismo liberal, que plantea la convivencia entre personas de culturas y posiciones socio-económicas diversas desde el principio de la equiparación de derechos (igualdad de oportunidades) y sobre la base de un asentamiento jurídico, profesional y familiar de los migrantes. La pluralidad cultural sería la prueba de la modernización de España (respeto de la diversidad cultural).

4. Grupalidad electiva, que propone la convivencia intercultural de inmigrantes y autóctonos frente al racismo, el machismo y el clasismo. Defensa del mestizaje cultural y la ciudadanía planetaria, desde la participación y el intercambio de grupos sociales diversos (reconocimiento activo de la diferencia).

TRABAJO ASALARIADO

1. Mano de obra etno-estratificada, posición mayoritaria en la primera etapa de estancia en España de la población migrante procedente de países periféricos, que se encuentra sin papeles y en la economía sumergida. Lo habitual es que adopte una actitud de sumisión y dependencia, tanto si el que contrata es un empresario español como si se trata de una empresa mono-étnica (por ejemplo, un bazar indio, un restaurante de comida china o una pequeña empresa de construcción con todos los empleados ecuatorianos).

2. Mano de obra complementaria: cuando se consiguen papeles y un contrato de trabajo en regla ganan terreno otras estrategias laborales, en primer lugar la correspondiente a la posición de inserción subalterna, que busca la incorporación a la “norma de consumo obrero” establecida en España hace varias décadas y actualmente en crisis. En particular, se reclama de la administración un mayor control de los precios y de los salarios, políticas sociales efectivas y, muy especialmente, un control estricto de la llegada de nuevos inmigrantes que, al aumentar excesivamente la oferta de mano de obra, presionan a la baja los salarios y rebajan las condiciones de vida de los trabajadores, sobre todo de los inmigrantes llegados en los últimos años, sus competidores más inmediatos. Esta posición asume, además, el estatuto subsidiario de los trabajadores inmigrantes en relación a los nativos, es decir, justifica la “preferencia” de los dueños de la casa (“están en su país”) a la hora acceder a un puesto de trabajo.

3. Mano de obra competitiva: frente a la posición anterior, se pone el énfasis en la capacidad de superación de los individuos, dotados para competir en un espacio de libre mercado (“Si tú quieres, tú puedes”). Se reclama un “estado mínimo” poco intervencionista, pero que garantice la igualdad de oportunidades para todos, sin proteger especialmente a los nacionales (“que muevan el culo y no echen la culpa al inmigrante”). Para esta posición, la restricción política de los flujos laborales por parte de los Estados representa un obstáculo a las ventajas que supondría la libre circulación de trabajadores; los estados harían mejor en encauzar esos flujos en su beneficio, desarrollando una política activa de inmigración para atraer aquellos flujos de migración que más les beneficien.

4. Mano de obra crítica : esta posición parte de un rechazo de la lógica de “explotación” del capitalismo, que “esclaviza” tanto a inmigrantes como a autóctonos. Se insinúa, en consecuencia, la denuncia y unidad de acción de los trabajadores, extranjeros y nativos, desde un plano de igualdad, como sujetos que ponen en cuestión la jerarquización Norte-Sur y las desigualdades económicas generadas por las grandes corporaciones transnacionales (“¡el capitalismo es un cáncer!”).

ESTATUTO CIUDADANO

1. Ciudadanía recluida: sea por la existencia de unos rasgos etnoculturales que son considerados incompatibles con la cultura autóctona o sea por eludir el rechazo social que se experimenta (especialmente en las primeras etapas migratorias, sobre todo si no se dispone de la documentación de residencia). La tendencia dominante de esta posición es el autocentramiento comunitario, vivido como ámbito protector y constituido habitualmente por paisanos del mismo origen pero también a veces por personas de otra nacionalidad e incluso españolas. La relación con las políticas sociales se establece desde parámetros de segregación (residencial, escolar, sanitaria…) en el marco de una política de inmigración restrictiva, con estricto control de las fronteras y represión/expulsión de los “sin papeles” a los que se trata como intrusos y peligrosos.

2. Ciudadanía subordinada: parte del reconocimiento del orden estatal español como encargado de poner orden y establecer las pautas de inserción, diferenciadas, entre ciudadanos nacionales y extranjeros. Los intereses de los nativos prevalecen sobre los de los foráneos, por lo que éstos aceptan el estatuto ciudadano y laboral subalterno que se les asigna. Esta forma de ciudadanía puede ser asumida espontáneamente por los migrantes o ser inducida por las circunstancias (“el que no lo asuma lo pasa peor”). La relación con las políticas sociales se establece desde parámetros de adaptabilidad, subsidiariedad y reconocimiento de la prioridad de los nativos para acceder a los recursos existentes (empleo, vivienda, educación compensatoria, contrato de integración, etc.).

3. Ciudadanía equiparada: prevalece en los sectores de la inmigración más asentados y cualificados, y defiende la equiparación jurídica de todos los ciudadanos, sean nativos o extranjeros, para desenvolverse en la vida de acuerdo a sus méritos. El estado debe asegurar el control racional de las migraciones internacionales, facilitar la igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo y promover la convivencia ciudadana en espacios comunes pluriculturales. La relación con las políticas sociales se establece desde parámetros de tolerancia e igualdad de oportunidades.

4. Ciudadanía emancipatoria: posición sólo esbozada por sectores minoritarios de la inmigración, que pone de relieve la naturaleza grupal y participativa de los colectivos humanos, como sujetos activos de las instituciones sociales. Se defiende para España una democracia solidaria con el resto del mundo, con la expresa inclusión de todas las culturas y minorías nacionales presentes en el territorio, y la mira puesta en una superación del modelo de vida capitalistaconsumista- individualista y a favor de una ciudadanía instituyente, transcultural y emancipatoria. La relación con las políticas sociales se establece desde parámetros de reconocimiento de las diferencias, igualdad de trato y educación intercultural y antirracista.

DIVERSOS MODELOS DE SOCIEDAD

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VALORES Y CONTRAVALORES EN LA LEGISLACIÓN DE EXTRANJERÍA

José Luis Segovia Bernabé

Éxodo 102 (ener.-febr’10)
– Autor: José Luis Segovia Bernabé –
 
1. LOS ANTECEDENTES DE LA “REFORMA DE LAS REFORMAS”

Antes de entrar en materia acerca del contenido de la polémica Ley de Extranjería LO 2/2009, de 11 de diciembre (en adelante LOEX), anticipemos que, como en otras cuestiones de actualidad (el Derecho penal o la Ley del Menor), el legislador no parece estar atento a la realidad para dar cobertura a las necesidades básicas de las personas en una convivencia organizada y justa (fundamento del Derecho). Más bien, da la sensación de precipitarse en aprobar leyes “a golpe de telediario”, a la cola de acontecimientos mediáticos y para transmitir determinada imagen dentro o fuera del país. El imprescindible diálogo entre la ciudadanía (con sus necesidades reales) y sus representantes políticos ha sido secuestrado por otro paralelo entre los medios de comunicación (con sus intereses) y los parlamentarios, constituidos en gremio profesionalizado y corporativo. El primer fenómeno constituye un claro abuso de la “función simbólica” del Derecho y el segundo la agonía del principio de participación y de la democracia misma. Los dos corren el riesgo de contagiar a la ciudadanía aquellos contravalores que se pretenden combatir (intolerancia, irracionalidad, xenofobia, etcétera).

La Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería, literal y pomposamente llamada “sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”, fue modificada pocos meses después por la Ley Orgánica 8/2000. A pesar del poco tiempo transcurrido, introdujo reformas que afectaban a casi todo el articulado. La más perversa fue la “sutileza” de distinguir, hablando de los derechos humanos, entre “titularidad” y “ejercicio” de los mismos. Las personas extranjeras sin papeles, de un plumazo, quedaban sin poder “ejercer” los derechos de reunión, manifestación, asociación, sindicación y huelga, aunque –¡faltaría más!– seguían siendo “titulares” de los mismos. Vamos, que, sin ningún forzamiento de la norma, en una misa dominical con más de 20 personas inmigrantes sin papeles podrían haberse presentado los policías nacionales, vestidos ahora no de gris sino de azul y a lo Geo, llevarse a los reunidos y sancionar al párroco por reunión ilegal como en tiempos del franquismo. A pesar de la evidencia, ¡hemos permanecido mudos durante casi 10 años violando cinco derechos fundamentales de manera ininterrumpida y sistemática! Las sucesivas reformas tampoco tuvieron en cuenta este “pequeño detalle”. Tendría que ser el Tribunal Constitucional, en el año 2007, el que, con la “celeridad” que le caracteriza, declarase en una cascada de resoluciones la inconstitucionalidad de estas restricciones.

La segunda modificación, introducida por la Ley Orgánica 11/2003, fue de carácter más punitivo y coincidente con el rigorismo penal que caracterizó los meses finales del 2003 (responsable del hacinamiento explosivo de nuestras prisiones en la actualidad). La tercera reforma de la Ley de Extranjería se produjo por la LO 13/2003. Estaba orientada a reforzar mecanismos sancionadores, simplificar trámites administrativos, trasponer Directivas de la Unión Europea y a incorporar la jurisprudencia del Tribunal Supremo que había declarado nulos algunos artículos del Reglamento. Por fin, llegamos a la LOEX, LO 2/2009. A la vista del unidireccional itinerario histórico-legal no será difícil adivinar que, como en las anteriores reformas, rectificará de mala gana por mandato de algún Tribunal preceptos declarados nulos por violar derechos fundamentales, abundará en el rigor del régimen sancionador, profundizará en la dualización social entre diferentes “tipos” de extranjeros y, finalmente, aprovechará para ponerse al día, ahora de conformidad con las Directivas europeas.

Naturalmente, dicho sea con ironía, late por debajo de todas estas reformas el “empeño” de los sucesivos Gobiernos por asegurar la “efectiva integración de los extranjeros en España” y, por supuesto, el “proteger a los inmigrantes irregulares de las mafias y de la delincuencia organizada”. Tan loables objetivos se articulan básicamente a través de la “lucha contra la inmigración irregular”, tomando como referencia a la Unión Europea de cuya elevada catadura moral en este punto da cuenta la conocida como “Directiva de la vergüenza”. El marco general, de neto corte economicista y defensista, es el Pacto Europeo sobre la Inmigración y el Asilo, suscrito por 27 países y refrendado por el Consejo de Europa el 16 de octubre de 2008.

II. LA FILOSOFÍA SUBYACENTE

No hemos avanzado tanto desde la concepción hospitalaria de Homero, la de las gentes del desierto, o la que en nuestra mejor tradición invocaba el presidente del Gobierno español en el “Desayuno de Oración” con Obama. El Deuteronomio recoge citas preciosas en las que apela al igual trato que se debe al extranjero cuando se encuentra en Israel. Incluso, en cita no leída por Rodríguez Zapatero, invita a aplicar al extranjero el mismo derecho que al nacional. Si hubiera seguido hasta ese punto, seguramente se habría atragantado un tanto. Es verdad que las normas judías no llegaron a cumplirse en su integridad, pero, tras veintitantos siglos, eso tampoco es ninguna novedad en el Occidente cristiano: que les pregunten a los sin hogar acerca del derecho a la vivienda digna, o a los millones de parados sobre su derecho fundamental al trabajo. Piadosamente, el Tribunal Constitucional los ha llamado “derechos de implantación progresiva” o ha distinguido entre su “existencia constitucional” y su “esencia legal” (luego hablan del ocaso de la metafísica). En una dirección más nítida, por razones laicas, los estoicos formularon su concepto de ciudadanía cosmopolita (kosmopoliteia), que de alguna manera fue recogida en el mejor ius gentium romano. En esa línea humanizadora representó un papel fundamental la Escuela de Salamanca y la praxis, nada académica y eminentemente pastoral, de aquellos evangelizadores díscolos que anticiparon, con su defensa de los derechos de los indios, la cada vez más olvidada Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. A día de hoy, la política migratoria –que ciertamente necesita marcos reguladores– se proyecta en tres ámbitos: el combate internacional contra las causas de las migraciones involuntarias (asegurando el derecho a no tener que emigrar), la regulación de los flujos de población (para garantizar sinérgicamente las necesidades de los asentados y las de quienes pretenden acceder a un territorio) y el tratamiento jurídico de los residentes de hecho. El estado de adelgazamiento en que han quedado los Objetivos del Milenio, el contraste entre la desregulación de los mercados financieros, el proteccionismo del Norte frente a las mercancías provenientes del Sur y las duras restricciones al desplazamiento de personas (a golpe de SIVE, muros y concertina) dan buena cuenta del estado de una cuestión que precisa un tratamiento supraestatal.

Por cierto, resulta sugerente el abordaje de este tema en la última encíclica de Benedicto XVI. Además de reivindicar la incondicionalidad de los derechos del migrante, plantea una noción del bien común que tiene como referente no al estado-nación o una estructura regional, sino la “entera familia humana”: queda rebautizado como “bien común universal”. Con ello se relativiza el papel de las fronteras y, reconociendo la necesidad de una regulación legal, se proscriben supuestos derechos amparados en una anticuada noción de soberanía nacional, para poner sobre el tapete “deberes” y “responsabilidades” que evocan aquella vieja máxima escolástica que no precisa traducción (“in extremis omnia communia”) y que sería reformulada por la doctrina social de la Iglesia como “destino universal de los bienes de la tierra”.

Por supuesto, no es este el espíritu de la LOEX. Pero, como no hay mal que por bien no venga, no podemos dejar de significar que, en un tejido social cada vez más aletargado e individualista, la tramitación de la vigente Ley de Extranjería ha logrado que personas y colectivos atomizados por todo el Estado empezasen a sumar fuerzas y animasen una sonada campaña contra la misma. Se aunaron medidas de presión en la calle, empoderamiento de los propios migrantes, recogida de firmas, trabajo riguroso en los estudios jurídicos y la autoridad moral de colectivos con solera como Cáritas Española, CEAR, la Red Acoge, Delegaciones de Migraciones y otros muchos más, algunos incluso surgidos de manera espontánea entre la ciudadanía. No ha quedado en este caso la Iglesia católica en la retaguardia. Designar los nombres de las principales campañas expresa mejor que nada la filosofía percibida en la nueva LOEX: “Queremos una ley de extranjería justa y humana”, “Aquí no sobra nadie”, “Si una persona pierde derechos, los perdemos todos”, “Salvemos la hospitalidad”, “Para que el Derecho no se detenga a la puerta de los CIE”…

Nuestra sociedad, que no puso demasiadas pegas cuando necesitaba fuerza de trabajo barata, pretende negarles ahora, en tiempo de crisis, los derechos básicos. A nuestro juicio, la filosofía de la LO 2/2009, a pesar de algunos avances (más bien rectificación de errores), se aleja de cualquier planteamiento expansionista de la noción de ciudadanía. Es más, resucitando viejas clasificaciones entre libres y esclavos, trata de invisibilizar a los inmigrantes indocumentados, reduciéndolos la categoría de “no personas”. No deja de ser curioso que promulguemos esta ley en el mismo lugar en el que, hace siglos, afirmamos, para legitimar la conquista de América, el “ius migrandi” y el “ius accipiendo domicilium”. Bastante más cerca en el tiempo la Constitución Francesa de 1793 reconocía la ciudadanía como “el derecho de todo extranjero que, domiciliado en Francia, lleve al menos un año, viva de su trabajo, o sea propietario o esté casado con una ciudadana francesa, o adopte un niño, o mantenga un anciano, o sea juzgado merecedor de ello por el Parlamento por su aportación a la humanidad”. Y para quienes apelan a la memoria histórica, bueno es recordar que la Constitución de 1931, en la senda de las de 1869 y 1876, recogía explícitamente el “derecho a emigrar e inmigrar”.

Sin embargo, la vigente concepción cicatera de la legislación sobre extranjería se traduce en un continuo intento de restringir los derechos de los destinatarios de sus normas y un anhelo absolutista por ampliar las facultades de la Administración. Como apunta Sami Naïr, el nivel legal no es a estos efectos irrelevante. Son las leyes de acogida las que fuerzan a estructurarse como “minoría” o “en comunidad”. En efecto, en su realidad existencial, la inmigración es individual, pero lo que dispara la reacción de grupo es la marginación a la que pueden verse sometidas las personas migrantes por el debilitamiento de sus derechos. Dado que la condición de inmigrante es siempre transitoria, lo que acaba conformando los rasgos identitarios no es lo étnico, ni lo localista, sino más allá de la diversidad, el sistema de derechos y deberes que nos vuelve iguales en el espacio público. Sin esa igualdad legal esencial y constitutiva es impensable un proceso de incorporación pacífico. El racismo no está en los que padecen la “competencia” en su precariedad –como ocurre en nuestros barrios obreros–, sino en las propias normas cuando consagran asimetrías intolerables. No cabe exigir la asunción de unos valores sociales si no se hace desde la pedagogía de evidenciar los contravalores en el trato discriminatorio hacia el “otro” diferente. Éste, de modo necesario, se sentirá agredido y reaccionará cerrándose sobre sí. De ahí que la igualdad básica de derechos constituya el prerrequisito sobre el que construir una sociedad plural, abierta, intercultural y respetuosa con los derechos humanos. Por eso, el nuevo contrato social no se produce ya entre los nacionales, sino entre los ciudadanos que habitan la polis. Como señala Javier de Lucas, la variable en juego ahora es “demos” (el pueblo) y no “etnos” (la raza) y será preciso lograr los derechos constitutivos de la ciudadanía: las libertades negativas o seguridad jurídica (la garantía del estado de Derecho), los derechos sociales (estado de Bienestar) y los derechos políticos que hagan real la comunidad libre de iguales. Se trata de transferir el vínculo de ciudadanía desde la nacionalidad (también el sentido y la identidad cultural) a la residencia. Sin embargo, lamentablemente, no demasiado de eso cabe esperar de la LOEX.

III. CONTENIDO Y ALCANCE

Con todo, una aproximación crítica a la ley no nos impide reconocer sus aspectos positivos. En efecto, “rectifica” las vulneraciones de derechos humanos de la anterior legislación en materia de reunión, manifestación, asociación, sindicación y huelga. Es una muy buena noticia, aunque lamentablemente no haya sido una rectificación “voluntaria” sino impuesta por el Tribunal Constitucional. El segundo aspecto positivo es la consolidación de la estabilidad del residente legal en España, en especial si es de larga duración (más de cinco años) y la especial consideración hacia personas en situación de vulnerabilidad (p.e., mujeres maltratadas, víctimas de trata de personas), así como incorporar la análoga relación de afectividad.

El listado de aspectos negativos y su incidencia en la precarización de los sin papeles es mucho más abultado. Habrá que prevenir de los perniciosos efectos que pueda tener en la dualización social la introducción de varias categorías de personas extranjeras. Ya no sólo hay trabajadores “altamente cualificados” y “prescindibles”; también tenemos “comunitarios” y “extracomunitarios”, “residentes de larga duración” e “irregulares”, incluso “mujeres maltratadas con y sin orden de protección”. Sin embargo, justo es decir que el Gobierno algo “ha arreglado” el desastroso proyecto inicial, mejorando un poco una redacción inicial aún más restrictiva y ambigua.

En materia de reagrupación familiar, la LOEX parte del modelo de familia nuclear dominante en el Norte (que no alcanza la tasa de relevo generacional, ni contempla a los abuelos), que no tiene que ver nada con la realidad familiar de otros entornos. Los cónyuges o parejas de hecho e hijos de 16 a 18 años agrupados dispondrán de un permiso de residencia y trabajo. Sin embargo, para reagrupar a los ascendientes, salvo razones excepcionales humanitarias, deben de ser mayores de 65 años, justificar la necesidad y estar a cargo del reagrupante que debe disponer de vivienda e ingresos suficientes. Si, a su vez, éstos quisieran reagrupar, deben tener la tarjeta de “larga duración”.

Al tiempo que se complica el acceso a la asistencia jurídica gratuita, el régimen sancionador aumenta el catálogo de infracciones y agrava las sanciones. Se ha cuestionado especialmente el que se sancione al invitante de un extranjero en función de si luego se queda o no excediendo del plazo autorizado por el visado. Si no quiere ser sancionado, aunque fuese un hermano, le obligaría a delatarle o a echarle de casa, cosa que no sería obligatoria ni siquiera si fuera un criminal de guerra. También se cuestionó mucho la sanción por el empadronamiento de inmigrantes en un domicilio que no sea real. Habrá que ver la aplicación práctica que se hace de supuestos tan polémicos. Máxime considerando que un buen número de diputados, senadores y miembros del Gobierno tienen también “empadronamientos ficticios”, al solo efecto de concurrir a las elecciones por una demarcación territorial.

Al amparo de la Directiva de la Vergüenza se amplía de 40 a 60 días el tiempo de detención máxima en CIE. La extensión está injustificada en la mayoría de los casos, sobre todo teniendo en cuenta que sólo son efectivamente expulsados un 17% de los internados; el internamiento en CIE deviene en cruel, inútil, costoso e innecesario para su única finalidad: la custodia cautelar para asegurar la expulsión. Múltiples instituciones del Estado se manifestaron sin éxito en contra: ¡hasta el propio Consejo General del Poder Judicial! Sin embargo, sí se logró que hubiera un control judicial de su régimen (similar al juez de Vigilancia Penitenciaria con que cuentan las personas presas) y que forzase a una mayor transparencia y garantismo: p.e., que las ONG puedan entrar a petición del interno o que hayan desaparecido del texto algunas cláusulas que hacían indeterminado a priori el tiempo de estancia.

Por lo que se refiere a los menores no acompañados, la ley se aleja de la letra y el espíritu de la Convención de los Derechos del Niño y pone por encima de su interés superior el del Estado-Nación, orientándolo a lograr una pronta repatriación sin asegurarse de su efectivo reagrupamiento familiar o la salvaguarda de todos sus derechos fundamentales. La LOEX permite otorgar la tutela de los menores no acompañados a ONG. También incorpora el deber de “oír al menor” o de nombrarle “defensor judicial”, aunque en realidad son exigencias “olvidadas” de la Convención de los Derechos del Niño y de la LO 1/96 de Protección jurídica del menor. Finalmente, derechos humanos de segunda generación como el de la educación (especialmente la no obligatoria) y el derecho a una vivienda digna no quedan salvaguardados incluso para los residentes legales que no sean de larga duración.

IV. UNA REFORMA OLVIDADA: LA LEY DE ASILO

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MAURICIO VALIENTE

Evaristo Villar y Miguel Ángel de Prada

Éxodo 102 (ener.-febr’10)
– Autor: Evaristo Villar y Miguel Ángel de Prada –
Entrevista
 
CEAR ha celebrado en 2009 su 30 aniversario. ¿Vuelve a ser hoy tan necesaria, como en el origen de CEAR, una coalición civil, política y sindical para la defensa de los derechos de los refugiados?

El origen de CEAR está muy vinculado al retorno de los exiliados españoles, a la defensa del derecho de asilo. Se podría decir que supuso retribuir de alguna manera la solidaridad recibida durante los largos años de dictadura. La experiencia de estos más de 30 años (el pasado año celebramos el 30 aniversario de su fundación) es muy positiva. Construir una organización con participación amplia de sectores sindicales, políticos, y defensores de los derechos humanos nos ha permitido mantener una independencia crítica ante cualquier agresión al derecho de asilo con independencia de quién sea el que gobierna. Y hoy, ante lo que estamos calificando como crisis del derecho de asilo, que este compromiso se actualice, como hemos reivindicado en el 30 aniversario de CEAR, nos parece muy importante.

¿Podría comentar para los lectores de ÉXODO cuál ha sido la línea seguida en la elaboración de las últimas leyes tanto de asilo como de extranjería?

La primera Ley de Asilo es de 1984, un año anterior a la Ley de Extranjería y, a pesar de las posiciones críticas que mantuvimos en su momento, por tratarse de una primera ley suponía un gran progreso. Situaba a España entre los países más avanzados en cuestiones de asilo. Pero en el año 1994 se produjo la primera gran reforma y ésta ya fue muy negativa: se introdujo el procedimiento de admisibilidad y de mantener detenido en frontera al solicitante durante el examen de su petición. Este cambio estuvo avalado por la Unión Europea, acuerdo de Londres de 1992. Una ley que ya introducía la sospecha de utilización fraudulenta del asilo para sortear las vías ordinarias establecidas en las legislaciones de extranjería en la UE.

Después de la introducción de esta sospecha sobre los demandantes de asilo, ¿cómo ha seguido evolucionando la Ley de Asilo?

En una línea generalmente restrictiva que se ha consolidado con la aprobación de la nueva ley del 2009. Comparada con la anterior, es una ley mucho más elaborada tanto desde el punto de vista administrativo como jurídico. Sin embargo, profundiza en tres aspectos muy negativos para el solicitante: 1º, en la restricción en el ámbito de aplicación (se excluyen los ciudadanos comunitarios); 2º, en la ampliación de las causas de exclusión (por razones de seguridad nacional); y 3º, en la ampliación de los mecanismos y causas de inadmisión (que lleva consigo la detención y ampliación de tiempo en frontera). Esta ley del 2009 profundiza la sospecha de la Ley de Londres del 92, pero al ser el asilo realmente una excepción de la ley de extranjería, se ha visto como un peligro para la regulación de los flujos migratorios y los controles fronterizos.

¿Y qué nos puede decir de la evolución de las leyes de extranjería?

La evolución de la normativa sobre extranjería ha sufrido un proceso paralelo. La ley del 85 fue una ley muy restrictiva. Hay que recordar que el Tribunal Constitucional tuvo que revisarla en aspectos muy fundamentales. Sin embargo, la ley del 2000 abrió unas oportunidades de desarrollo bastante interesantes. Pero, a partir de entonces, esa apertura se ha ido frustrando con cuatro reformas que han vuelto al espíritu del 85, y también ha tenido que intervenir el Constitucional para limar varios aspectos. En definitiva, la normativa española permanece muy amarrada en el enfoque de la emigración desde una óptica predominantemente policial.

¿Se podría afirmar entonces que las reformas de la ley de asilo han intentando limitar al máximo las demandas de asilo?

Quizás la Ley de Asilo ha tenido una evolución menos explícita al respecto porque las mayorías parlamentarias han intentado mantener una retórica de compromiso con la Convención de Ginebra de 1951. Desde este punto de vista, no es preciso ser tan contundente. En mi opinión, la restricción del asilo tiene más que ver con la práctica administrativa. Esta práctica excesivamente escrupulosa ha llegado a descartar el 95% de las peticiones, lo que ha conseguido que sean menos las solicitudes. En el primer balance provisional del 2009, presentado por el Ministerio del Interior, se habla de sólo 3.000 peticiones de asilo en España. Una cifra realmente irrisoria si se compara con los 22 millones de refugiados en todo el mundo, según el ACNUR.

Y las reformas de la Ley de Extranjería, ¿habrían ido criminalizando la inmigración?

La evolución de la Ley de Extranjería ha sido mucho más clara; ha ido instrumentando las migraciones desde el punto de vista económico. Con el falso concepto de la “capacidad de acogida” se va cifrando el cupo de mano de obra que interesa en cada momento para cubrir las necesidades del país; el resto sobra. Y, acompañando a esa visión instrumental, se va criminalizando a quienes nos sobran y están “sin papeles”. En este sentido, cuando la crisis de Ceuta y Melilla se hablaba de ejércitos organizados que intentaban saltar la valla. Posteriormente en el discurso público se ha ido vinculando inmigración y delincuencia, creando así la imagen del inmigrante como enemigo público que pone en riesgo la seguridad del país. Pero esto es realmente muy injusto. No se tiene en cuenta que la inmigración ha llegado aquí desde el reclamo de sectores que necesitaban mano de obra y que ha contribuido en gran manera al desarrollo económico de país. Y lo cierto es que, salvo pequeños incidentes, la inmigración nunca ha supuesto grandes desequilibrios o conflictos en España.

En opinión de CEAR, ¿cuáles son los sectores más perjudicados con la reforma de la Ley de Extranjería de 2009?

La reforma de la Ley de Extranjería cuenta con una realidad jurisprudencial, como son las sentencias del Tribunal Constitucional sobre los derechos fundamentales básicos de sindicación, reunión, manifestación y huelga, que es un avance a destacar. Pero, en paralelo, hay tres aspectos muy preocupantes que perjudican al conjunto de la población inmigrante y a la sociedad de acogida.

¿Podría desgranar cuáles son esos tres aspectos que hoy día están poniendo en pie de guerra a las asociaciones de emigrantes y a los defensores de los derechos humanos?

En primer lugar, la “restricción de la reagrupación familiar”, que no está justificada y que es simbólico, en el sentido de que un derecho básico, como es la vida en familia, no se puede someter a limitación. Este aspecto es clave en la construcción del modelo de integración que se esté proponiendo.

En segundo lugar, la vuelta de tuerca que se hace a todo “el régimen sancionador” y que afecta también a la sociedad de acogida. Sancionar el empadronamiento en la inmigración, por ejemplo, dada su importancia para el acceso a determinados derechos sociales, es muy serio. Porque, siendo honestos, quién duda de que los fraudes en el empadronamiento se hacen en este país por múltiples intereses: ¿quién no conoce casos de empadronamiento fraudulentos de españoles para conseguir una plaza de garaje o para acceder a un determinado colegio? Si hay que sancionar esas conductas interesadas debería hacerse con carácter general en la Ley de Bases de Régimen Local o en otras. Pero lo que no es de recibo es que se sancione sólo la conducta que afecta al extranjero, la parte más débil.

Y, por último, también es muy preocupante la “ampliación del plazo” en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES). Cuando el Partido Socialista apoyó en el Parlamento europeo la Directiva del Retorno, conocida como la “Directiva de la vergüenza”, se justificó diciendo “que esto no se iba a aplicar en España; que era un instrumento para reducir los plazos de retención en aquellos cuatro o cinco países de la Unión Europea que no disponían de plazo de retención establecido”. Sin embargo, ahora se ha utilizado como argumento para ampliar el plazo de internamiento de 40 a 60 días, lo cual es, cuando menos, engañoso y deshonesto.

¿Cómo se ve desde CEAR la participación social y política del inmigrante y del refugiado en España?

Casi inexistente. Habría que dar un vuelco en el ámbito de la participación social y política. Entendemos que hay que defender un nuevo concepto de ciudadanía que suponga una ruptura con la visión tradicional que vincula ciudadanía a nacionalidad. El papel activo que tiene que jugar el inmigrante y su reconocimiento en la construcción social es determinante. No parece positivo que se vincule, por ejemplo, el derecho al voto, que es un aspecto central de ese nuevo concepto de ciudadanía, al principio de reciprocidad. Y máxime hablando de los refugiados, que nunca van a gozar de ese derecho en su país de origen donde son reprimidos precisamente por atreverse a postular otro determinado modelo de sociedad. Al refugiado se le castiga doblemente, en su país de origen y en el de acogida donde no se le reconoce ese derecho al voto. Necesitamos superar este principio de la reciprocidad y, si fuera preciso, modificar la Constitución, como ya se hizo con el Tratado de Maastricht pa15 ra que pudieran votar los comunitarios en España. Hay que apostar decididamente por ese nuevo concepto de ciudadanía en el que la participación de la población es básica y romper con ese lecho de Procusto de la reciprocidad.

¿Y la participación en el mercado laboral?

Desde el punto de vista de la regulación en el mercado laboral se está construyendo todo un sistema irreal. Se parte de la ficción de un único mercado de trabajo, como si la segmentación no impusiera unas trabas que la práctica demuestra que son imposibles de cubrir con los trabajadores inscritos en los servicios públicos de empleo. En este sentido, se puede caer en el ridículo al afirmar que en los últimos cinco años no hay demanda de mano obra en el sector del servicio doméstico. Esto no es verdad ni a pesar de la crisis. Por esta misma segmentación del mercado de trabajo, muchos inmigrantes no van a poder renovar su documentación porque los requisitos se han endurecido. Ellos vinieron aquí porque había perspectivas económicas y una economía sumergida muy importante que ha sido, dejándonos de demagogias, el verdadero “efecto llamada”, no la legislación generosa como se ha dicho. A partir del 2007 las llegadas se han desacelerado precisamente porque no hay tantas posibilidades económicas.

Si la ley de inmigración del 2009 no sólo castiga al conjunto de la inmigración, sino también a la ciudadanía autóctona, lo que se ha llamado “el castigo de la hospitalidad”, ¿cuál es a juicio de CEAR el comportamiento de la sociedad española: resignada o se está movilizando?

Ha habido, evidentemente, campañas de sensibilización y movilización social. Hace tres años, desde CEAR y otras entidades hicimos una apuesta por construir un consenso social sobre las migraciones con la idea de dejar a un lado los intereses electoralistas e intentar definir socialmente con sindicatos, empresarios y administraciones un modelo de inmigración a largo plazo. En la cercanía el consenso fue bastante grande, pero luego eso se ha ido dejando de lado y ha ido creciendo la tendencia a disputar quién es más duro con la inmigración.

Y respecto a la sociedad general, habría que decir que el nivel de participación y movilización no es diferente en este campo al que se da en otros ámbitos. Y en todos el nivel es generalmente bajo. Lamentablemente las organizaciones sociales hemos perdido la batalla en la sociedad. Tenemos nuestro discurso, tenemos capacidad de influir en distintos ámbitos de la Administración, en los medios de comunicación, pero socialmente hemos perdido la batalla. La falacia de que ante el deterioro de los derechos sociales para los españoles el responsable es el inmigrante ha ido penetrando en el ámbito social. Si faltan médicos, si hay que hacer colas en la seguridad social, si faltan plazas en los centro de educación infantil el responsable es ahora el inmigrante. Se está imponiendo el método tradicional de señalar al más débil, lo que es una cobardía y una falsedad. Pero hay que señalar también que las organizaciones sociales no hemos tenido la capacidad de estar a pie de la sanidad, del centro de salud, del barrio para vincularnos con el conjunto de la sociedad. Esta batalla la hemos perdido.

Sobre lo ocurrido en los Ayuntamientos de Vic y Torrejón, ¿se trata de una estrategia política de cara a las elecciones o es síntoma de que la xenofobia y el racismo está creciendo en España?

Los analistas de las elecciones saben perfectamente que se trata de una estrategia política. Porque saben que socialmente es un discurso que cala. Pero es un discurso muy peligroso: que quien determine la agenda política sea al final un grupo que se declara xenófobo, como la Plataforma por Cataluña, es más que preocupante, porque al final todo el mundo está hablando del padrón cuando el padrón no es realmente el problema. Por otro lado, hay una estrategia electoral, como se vio en las pasadas elecciones cuando se habló del “Contrato de Integración”. Y también una mentalidad simplista muy extendida que se quiere aglutinar de cara a las próximas elecciones. Pero en opinión de CEAR esto es jugar con fuego.

Si nos fijamos en la actuación de la UE, se puede observar que al discurso de construcción de la Europa social se contraponen las normativas específicas, como la “Directiva de la Vergüenza”. Desde CEAR, ¿cómo se valora esta ambigüedad?

Es una ambivalencia que cada vez está poniendo más de manifiesto su contradicción básica. Porque la retórica general, puesta en balance con la actuación de FRONTEX, con los acuerdos de readmisión con terceros países, con la falta de cláusulas sobre derechos humanos en los acuerdos comerciales y de inmigración, es más que evidente. Desde CEAR somos muy críticos. Y especialmente con el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, acordado en París (octubre de 2009). El compromiso de Europa con la inmigración y el asilo es tan retórico que, al final, hace imposible entrar en ella sin jugarse la vida.

Por lo que toca al asilo, según ACNUR, de los 22 millones de refugiados que viven en el mundo, el 93% está en países del tercer mundo. Sólo un 7% es acogido en los países ricos. Países como Tanzania, Irán, Siria y Jordania sí que podrían darnos lecciones de acogida a los países ricos europeos. Ellos sí que pueden decir que están desbordados.

Nos gustaría ahora volver sobre los orígenes de CEAR hace 30 años, ¿qué influencia han podido tener en CEAR algunos movimientos católicos progresistas?

Hay que reconocer que sectores católicos que venían de Justicia y Paz o de la Hermandad Obrera de Acción Católica fueron los que pusieron en marcha el mecanismo de acogida, de solidaridad y de actuación política que está en el origen de CEAR. Se empezó a acoger a los primeros refugiados que llegaron de Chile, Uruguay y Argentina, en condiciones aún de clandestinidad en España y de lucha contra la dictadura franquista. Ya por entonces se empezó a exigir protección y una legislación coherente. La vinculación de esos núcleos de cristianos progresistas fue en los primeros momentos determinante. Personas como Juanjo Rodríguez Ugarte, María Jesús Arsuaga o Carmelo García han jugado un papel muy destacado. Tuvieron la habilidad de realizar un trabajo que aglutinó a muchos sectores sociales, sindicales, políticos e incluso a otros grupos confesionales como la Iglesia Evangélica y la Comunidad Musulmana en una labor humanitaria. El pluralismo actualmente reinante en CEAR es fruto, en gran parte, de ese núcleo de cristianos abiertos y comprometidos.

Y como contrapartida, ¿cómo ve la presencia y participación de la Iglesia católica española en el mundo de la inmigración y el asilo?

Ha sido positiva. Quizás hubiera sido necesaria una mayor implicación y presencia pública de la jerarquía. El trabajo que se está haciendo en este campo desde Caritas, por ejemplo, es muy significativo.

A veces se dice que en ese trabajo predomina lo asistencial sobre la defensa de los derechos humanos y lo estructural, ¿cúal es la opinión de CEAR?

Con Caritas y Acoge claramente hemos ido más allá de la asistencial. Por ejemplo, hemos puesto en pie una plataforma durante la Reforma de la Ley de Extranjería para la incidencia política. Y creo que ha tenido su influencia en algunos aspectos de la articulación de la ley, aunque no en todo lo que hemos propuesto.

También se conoce la presencia en los orígenes de CEAR del Partido Socialista. ¿Pero se trata del mismo partido que ha estado apoyando o liderando luego todas las reformas restrictivas en inmigración y en asilo, como lo interpretáis desde CEAR?

En CEAR hemos mantenido siempre una posición crítica frente a todos los gobiernos. Esto nos ha dado independencia y legitimidad.

Y para terminar, ¿qué posición mantiene CEAR ante las categorías de integración, asimilación o interrelación y mestizaje, interculturalidad’?

CEAR siempre ha defendido la integración desde la interculturalidad. La integración entendida como un proceso de cambio tanto de la sociedad de acogida como de los inmigrantes. Aun siendo consciente de que se puede entender integración como asimilación, se considera importante en estos momentos el discurso de la integración. La realidad de un país con inmigración supone siempre cambios. Y en CEAR nos gustaría que la inmigración perdiera peso porque se hablara de una realidad plural de España. Tenemos que aprender de países como Canadá, Argentina, Australia que en un momento determinado de su historia acogieron un número muy significativo de inmigrantes. Pero no son considerados inmigrantes ad eternum, sino que aportan e integran sus peculiaridades al proceso de identidad de esos países. En suma, el país que se va construyendo con las aportaciones de todos sus habitantes. Argentina, por ejemplo, no se entendería hoy sin contar con la inmigración española e italiana del siglo XIX. En esta dirección, nos gustaría que la España plural del mañana la construyéramos integrando las aportaciones de todos.