Racismo institucional. El sufrimiento inútil de migrantes en los CIE

Miguel Ángel de Prada

En contra de la autocomplacencia colectiva en España, basada en la auto-percepción del buen trato que se dispensa a extranjeros, migrantes o solicitantes de asilo, la realidad no se compadece con ello. Y, menos aún, la situación desde las instituciones del Estado.

La situación en España del trato institucional a migrantes que entran irregularmente por motivos económicos o como solicitantes de asilo, ha sido y es motivo de preocupación entre las organizaciones de Derechos humanos y la ciudadanía. Así, por primera vez en la UE, un Tribunal supremo de un país miembro condena al propio país por incumplir el acuerdo de acogida de migrantes en el reparto consensuado entre estados de la U.E. España aceptó recibir 19.449 personas pero sólo tramitó entre 2015 y 2017, el 12,85%; y los realmente reubicados fueron 1.359 (235 procedentes de Grecia y 1.124 de Italia), es decir, el 7% del cupo asumido. ¿Ha cambiado el panorama desde la entrada del PSOE en el gobierno? Sí ha habido un golpe de efecto, sentido en toda Europa, al recibir al barco Aquarius en el puerto de Valencia, lo mismo que han existido dudas o vacilaciones con barcos posteriores. Pero del grueso de las 19.449 personas asumidas desde 2015, pero no recibidas, ni una palabra.

Si esta situación vergonzosa para el Estado español, se refiere a quienes debían entrar en España, no menos abusivo es el trato recibido por quienes, una vez dentro, son recluidos en los CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) previamente a su expulsión. No sólo sobre la situación en los CIE, sino también sobre su misma existencia, la UE ha llamado varias veces la atención al gobierno español debido a su ilegalidad.

El Servicio Jesuita a Migrantes España (SJME) realiza desde 2012 el informe anual sobre la situación de los CIE en España. El informe de 2017 lleva por título: Sufrimiento inútil[1]. Para los autores del informe, los CIE funcionan como los nuevos lazaretos, en los que padecen un sufrimiento inútil miles de migrantes antes de ser puestos en la mayoría de los casos en libertad. Si el fin pretendido del CIE es retener a migrantes para devolverlos a sus países, en 2017 sólo el 31% fueron realmente devueltos y el 67% puestos en libertad al no poder documentarlos. En todo caso, el CIE es un instrumento casi inútil para el fin que pretende. El segundo aspecto es más grave, desde el punto de vista institucional: el informe recoge de los autos de los jueces que “es sumamente preocupante el modo como el Ministerio del Interior desoye los requerimientos del Poder judicial en la garantía de los Derechos de las personas extranjeras internadas en los CIE” (p. 55).

El informe 2017 del SJME también pone en contexto la situación migratoria a la que dicen responder los CIE, que es la irregularidad. En 2017 se contabilizaron 28.572 entradas irregulares, casi el doble que el año anterior (14.558), pero casi la mitad que en 2006 (41.180). No se puede olvidar el carácter cíclico de los flujos migratorios ni sus contextos internacionales. Del total de entradas irregulares, en 2017 se internaron en los CIE 7.559, la cuarta parte del total de entradas, y de éstos sólo uno de cada tres fue devuelto a su lugar de origen. Este resultado es el que desvela la ineficacia del recurso.

Las fuentes de información con que se realiza el informe de 2017 cuenta con visitas a los CIE de Madrid, Barcelona, Valencia, Algeciras y Tarifa del personal del SJM y con aportaciones de personas muy cualificadas: el Magistrado Juez de control del CIE de Aluche (Madrid), las recomendaciones del Defensor del Pueblo y las actas de jueces de control. Ramiro García de Dios Ferreira ha trabajado como Juez de control del CIE de Aluche desde 2009 hasta 2018; estos más de 8 años de experiencia jurisdiccional le permiten conceptuar los CIE como “centros de sufrimiento y espacios de opacidad e impunidad policial” (p. 6). Y concluye su aportación con una afirmación rotunda: “Finalizada mi función jurisdiccional, me queda la esperanza de que, entre todos y todas, logremos el objetivo del cierre de la barbaridad que significa la existencia de los CIE” (p. 7).

El aspecto de “ilegalidad” de la propia existencia de los CIE se refuerza por las ilegalidades de su funcionamiento, tal como recoge la aportación “Un CIE en fraude de ley”, sobre el centro de Archidona (Málaga II), cuyas instalaciones fueron realizadas para un nuevo centro penitenciario pero han sido usadas como CIE en contra de lo dispuesto en la ley y la jurisprudencia, sin que conste la Orden de creación. También ha ocurrido esto en el caso de antiguos centros penitenciarios cerrados, que se están utilizando como CIE en Algeciras (Centro de la Piñera) y en Las Palmas de Gran Canaria (Barranco Seco). Las denuncias y quejas de internos por el trato recibido; actuaciones polémicamente violentas de la Unidad de intervención de la policía y el suicidio del interno Mohamed Bouderbala, pusieron a este CIE en el centro del debate. El Defensor del Pueblo en sus visitas al Centro de Archidona afirma sobre la gestión de la seguridad que es demasiado intensa para el internamiento cautelar y recomienda sustituir a los miembros de la UIP por funcionarios policiales de las brigadas que habitualmente prestan servicios en los CIE. Además muestra especial preocupación por el estado de las instalaciones, de los servicios de asistencia médica y sanitaria, de orientación jurídica y de asistencia socio-cultural. En resumen, sobre el centro de Archidona: “un caso para aprender a gestionar de otro modo las situaciones de emergencia, a no crear más CIE en fraude de ley” (p. 35).

La necesidad de nuevas instalaciones no respondería únicamente a la voluntad de ampliar plazas de internamiento, sino también a las constantes llamadas de atención de los jueces de control de los CIE, del Defensor del Pueblo y de las ONG sobre el estado alarmantemente deficiente de los actuales CIE de Algeciras, Tarifa y las Palmas de Gran Canaria. En opinión de los autores del informe, son centros que deberían cerrarse, a la vez que no debe descuidarse la vigilancia sobre el resto, cuyo deterioro es creciente. Y recomiendan al Ministerio del Interior que “sus planes de construcción lo sean de instalaciones para la acogida de números más reducidos de personas, con la misma provisión de servicios que la expresada para los CIE, para acogidas en régimen abierto, dentro de la red de dispositivos de acogida humanitaria” (p. 9). Todo esto lleva a reclamar “una política migratoria distinta, en que la flexibilidad para obtener visado de residencia y trabajo, siquiera dentro de un plazo prudencial para buscar empleo e iniciar el proceso de integración cultural como condiciones de continuidad o no del proyecto migratorio, disminuya la necesidad de intentar la entrada irregular en España. Y, en tanto se perfecciona dicha política, se necesita mayor inversión en Centros Abiertos de estancia temporal, en los que se dé orientación sobre el marco jurídico de extranjería a la vez que se proporcionan las primeras herramientas de integración” (p. 9).

Las visitas a los CIE en 2017 se dieron en mejores condiciones que en años anteriores, incluyendo la normalización del acceso al CIE de Tarifa y la autorización de entrada en el de Algeciras. Esta normalidad ayuda a forjar una imagen de conjunto más nítida y mejor documentada. La imagen que se desprende en 2017 es mayor presencia de varones que de mujeres; jóvenes, entre 18 y 30 años; sobre-representación de argelinos, marroquíes, guineanos y costamarfileños; sujetos a procedimiento de devolución recién desembarcados de una patera o al haber quebrantado una prohibición de entrada; con más de dos semanas de internamiento (el máximo es de dos meses) y, a veces, a pocos días de la puesta en libertad por agotamiento del plazo legal; que solicita asilo más fácilmente cuando procede del Magreb (p. 43).  Las causas de vulnerabilidad son variadas: la minoría de edad; problemas de salud física o mental; deficiente comprensión de su situación jurídica, etc. En las visitas se han podido percibir algunas de estas circunstancias que se han visto confirmadas al revisar las recomendaciones elevadas por el Defensor del Pueblo y los autos dictados por los jueces de control de los CIE

Las recomendaciones del Informe del SJM 2017 son claras. La principal es que no necesitamos nuevos lazaretos, se necesita una política migratoria distinta. La función de los CIE es meramente publicitaria, un mensaje para la opinión pública española de que se controlan las fronteras. Pero se advierte de que el recurso de los CIE es ineficaz para el objetivo de las expulsiones (2 de cada 3 personas internadas tiene que ser puesta en libertad) y produce un sufrimiento inútil a la mayoría de internados. Además no disuade a quienes desean migrar a los centros del progreso desde lugares de miseria. Tengamos en cuenta que el 80% de los internados en los CIE durante 2017 provenían de cinco países africanos: Argelia (31%), Marruecos (18%), Costa de Marfil (14%), Guinea (9%) y Gambia (9%). La propuesta alternativa al CIE, como internamiento cautelar, es un alojamiento temporal dotado con recursos abiertos de acogida humanitaria.

Las últimas palabras del informe 2017 son para resaltar la importancia de la presencia de las ONG en los CIE: “además del valor humanitario de su programa de visitas y actividades, tiene una función preventiva de violaciones de Derechos humanos, correctivo de deficiencias a través de sus quejas y sistemática, generando una reflexión crítica sobre el internamiento cautelar de extranjeros a través de sus informes” (pág. 58). En suma, las ONG “se convierten en las ventanas de la sociedad civil dentro de los CIE, arrojando luz y reflexión crítica sobre una institución, cuando menos, muy cuestionable” (p. 45).

El intenso e interesante informe 2017 puede verse completado por la lectura de los informes de años anteriores (www.sjme.org): Atrapados tras las rejas. Informe 2012 CIE; Criminalizados, internados y expulsados. Informe CIE 2013; Expulsiones exprés. Informe CIE 2014; Vulnerables vulnerabilizados. Informe CIE 2015; Lanzamiento 25,66 (media diaria de repatriaciones forzadas). Informe CIE 2016.

[1] SJM-E (Josep Buades y Antonio Bohórquez), Sufrimiento inútil. Informe CIE 2017.  Junio, 2018. https://sjme.org/wp-content/uploads/2018/06/Informe.

De los refugiados bosnios al Aquarius. La voluntad de ayudar como antídoto contra la normalización de la política de muerte. El caso valenciano

Esma Kucukalic

Un cuarto de siglo separa la experiencia de acogida en la Comunitat Valenciana de los refugiados procedentes de Bosnia y Herzegovina, y el recibimiento del Aquarius, que atracó en aguas valencianas el pasado 17 de junio. 25 años en los que la sociedad valenciana se volcó en la acogida del que, en aquel momento (1992), suponía el mayor contingente de personas refugiadas en la historia de España, y que nuevamente, en 2018, hizo de puerto seguro a un barco de salvamento a la deriva, con 629 personas a bordo.

Aquarius no es la primera lección de solidaridad

La guerra de Bosnia y Herzegovina marcó tristemente el final del siglo xx a pesar de que la Comunidad Internacional se había comprometido a que nunca volvería a permitir que se repitieran los desastres de la II Guerra Mundial. Un conflicto que dejaba más de cien mil muertos y dos millones de refugiados, ante el que vecinos de siete localidades de la provincia de Alicante, ciudadanos de a pie, se movilizaron para dar cobijo a personas que veían por televisión y que eran protagonistas de un éxodo en toda regla. Corrían años duros en la maltrecha economía española de finales de los noventa, en la que la tasa de paro superaba casi los 25 puntos, pero eso no fue impedimento para la solidaridad de gente corriente que no querían contribuir a uno de los episodios más negros de Europa.

“Era la primera vez que España –históricamente país de desplazados de guerra– iba a acoger a más de un millar de refugiados que tenían que ser distribuidos por el Estado en apenas un mes. El programa, además, no iba a ser costeado por la administración, sino por los ciudadanos, apoyados espontáneamente por los ayuntamientos. España estaba en un momento económico peor que el actual. No teníamos la red social como la que existe hoy y nos atrevimos a hacerlo», comenta Paca Sauquillo, presidenta de Movimiento Por la Paz (MPDL). «Recibimos la autorización del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Interior, planificamos el reparto de las personas en diferentes comunidades autónomas, dimos preferencia de llegada a mujeres y niños, pero todo eso fue posible porque hubo voluntad política. Si entonces el gobierno facilitó las cosas, ahora también podría hacerlo permitiendo, por ejemplo, fletar un barco desde Valencia para traer a las personas. La experiencia ya la tenemos», aseguraba telefónicamente en una entrevista previa al caso Aquarius, como si de una premonición se tratase.

En aquella ocasión, vecinos de las localidades de Villena, Beneixama, Biar, Onil, Castalla, Sax, Petrer, Elda y Banyeres, pertenecientes a la provincia de Alicante, crearon la Asociación de Ayuda para la Población Infantil de Bosnia y Croacia con el objetivo de acoger a personas que huían de la guerra.

Y de aquella solidaridad en caliente cristalizó uno de los proyectos de acogida más exitosos que se llevó en el ámbito nacional. Ubicados en el albergue social de Biar, una cincuentena de familias bosnias entre las que había una treintena de niños, encontraba al fin la paz lejos de las bombas, y únicamente gracias al compromiso social, pues no era el gobierno el que costeaba el proyecto. «La solidaridad era abrumadora. Todo el mundo quería ayudar. Fabricantes de calzado, juguetes, supermercados de los pueblos, el gremio de panaderos. Tuvimos que hacer turnos de voluntarios y víveres para que no sobraran excedentes», recuerda Cristina Hernández, concejala de este municipio.

La escolarización de los menores fue toda una hazaña. En una localidad con poco más de 3.000 habitantes y una única escuela, se desarrolló un desafiante programa educativo de inmersión e integración plena de los pequeños. El director del colegio, Antonio Doménech aún guarda el buen recuerdo de aquella proeza en la que colaboró profesorado, estudiantes y hasta el AMPA, pero también las madres refugiadas que prestaban su apoyo en el proceso de adaptación y el aprendizaje del idioma. Algunas de ellas, recuerdan que su prioridad después de poner a salvo a sus hijos era intentar brindarles una vida lo más normal posible y para ello era clave la escuela. Era la vuelta a la rutina que había minado la guerra.

Otras guerras, mismos refugiados

Su periplo para llegar hasta aquel puerto seguro era bien distinto al de los refugiados a bordo del buque Aquarius, pero no lo era la arbitrariedad ni sus circunstancias. Los refugiados que llegaron a Valencia por tierra en el año 1992 huían de la guerra, de una muerte segura, del hambre, la indefensión, la esclavitud, la violencia sexual y un largo etcétera de atrocidades. Que fuera Valencia la que les ofreciera cobijo era una casualidad, como lo fue la suerte que tuvieron los rescatados por el barco de salvamento de la ONG Sos Mediterrannée y Médicos sin Fronteras. Y una vez más la sociedad valenciana respondió a la llamada de auxilio.

Exhaustos tras días a la deriva sin un destino claro, como aquellos refugiados de los años noventa. “Algunos habían pasado hambre y querían guardar alimentos para más tarde. Otros tenían la mirada perdida pensando en la familia que habían dejado y de la que no sabían nada», recuerda Mari Carmen García Martínez, concejala del ayuntamiento de Villena, y voluntaria en el proyecto de acogida de refugiados bosnios. Pero ha sido gracias al Aquarius cuando por primera vez, aquellas personas, que una vez fueron refugiadas, y miles de migrantes que viven en la Comunidad Valenciana han podido ver cómo se moviliza una sociedad para dar la bienvenida a aquellos que más lo necesitan y a los que nadie parece querer.

Y es que la movilización y el despliegue organizado en torno al Aquarius no tiene precedentes. Numerosos municipios valencianos pertenecían, desde el estallido de la llamada crisis de refugiados en el año 2015, a la red española de ciudades refugio. Han sido constantes las llamadas de la sociedad civil por permitir la entrada de las personas que esperan y mueren a las puertas de Europa. No es casualidad que mientras el ministro italiano Salvini espetaba que no acogería a ningún refugiado del Aquarius, un centenar de organizaciones internacionales, entre ellos la valenciana Fundación Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo (FACM), lanzaban el Movimiento Euromediterráneo de Solidaridad con las personas en el exilio que exige que se pare de criminalizar el socorro y la acogida de las mismas. Desde el momento en que el gobierno español vio la posibilidad real de que aquel barco –que, tras una semana a la deriva, era todo un símbolo del sinsentido y el atropello de los derechos fundamentales– pudiera atracar en aguas valencianas, la solidaridad se disparó. 150 municipios de esta comunidad se ofrecieron a acoger a los rescatados. El equipo de respuesta inmediata que se desplegó por parte de Cruz Roja para la atención en la llegada contó con más de dos mil voluntarios, aunque fueron casi tres mil las llamadas ciudadanas que tenían como fin ayudar. Médicos, traductores, abogados y vecinos, muchos de ellos migrantes, esperaban en el puerto impacientes la llegada del buque. Una vez en tierra, la emoción era máxima. Cánticos a bordo para celebrar la vida, y lágrimas en una abarrotada rueda de prensa en la que estábamos desplegados más de trescientos medios de comunicación internacionales. Aquellas imágenes colocaban a la Comunidad Valenciana en el centro del mundo con una operación de rescate bautizada “Esperanza del Mediterráneo”.

Personas de 26 nacionalidades distintas tocaban tierra. Hombres abatidos, menores no acompañados, mujeres con niños pequeños y embarazadas. De ellas había cuidado durante la travesía Amoin Soulemane, la matrona del Aquarius. Una vez en Valencia, emocionada contaba que “todas las mujeres del barco han sido violadas durante el camino. Están desesperadas porque vienen de lejos, han perdido la esperanza. Cuando las rescatamos caen en un estado de depresión por el alto grado de estrés que han sufrido. Están aterrorizadas, tienen un miedo inimaginable. Entonces nuestro papel es estar con ellas y repetirles que no es su culpa”.

3 meses después

Testimonios de una dureza extrema que han servido al personal técnico para poder abrir expedientes administrativos y realizar las oportunas tramitaciones de asilo. Al igual que para los refugiados bosnios, es ahora cuando se abre una nueva y dura etapa para los llegados del Aquarius. Han pasado tres meses desde que el buque humanitario tocase tierra, pero ninguna de estas solicitudes ha sido resuelta. De los 629 llegados, 493 permanecen en España bajo el sistema estatal de acogida hasta que se resuelva su situación legal. De éstos, 79 fueron trasladados a Francia, 73 son menores no acompañados de cuya tutela se encarga la Generalitat Valenciana, y 60 personas renunciaron al sistema español de acogimiento. La ley marca que en un plazo de tres a seis meses se resuelva una petición de asilo. Es el tiempo de cobertura por el sistema de acogida en un centro o piso que puede prolongarse hasta 24 meses. Según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), España registra cifras récord de solicitudes de asilo. El año 2015 tuvo 15.780 casos y en el 2016, 30.445, el doble. Una cifra que sin embargo no representa ni el 1% con respecto a otros países de la Unión Europea. De esta suma, 2.300 han sido realizadas en la Comunitat Valenciana, pero los tiempos de resolución de los expedientes son muy lentos. La entidad explica que las solicitudes tardan aproximadamente entre un año y medio y dos en ser resueltas, y son pocas las concesiones de protección internacional que finalmente se otorgan. Una vez pasado este periodo, y sin una cobertura de asilo, son “las entidades colaboradoras con la administración las que asumen casi todo el peso de la acogida e integración de las personas solicitantes de asilo y refugiadas”, explica Amnistía Internacional en su informe de 2016 denominado “El asilo en España: un sistema poco acogedor”.

«La primera fase de un techo no es tan complicada. Lo difícil es conseguir tejer redes para que toda la estructura que se le ha roto a un refugiado, su familia o su integridad económica pueda rehacerse. Aquí la sociedad es fundamental», comenta María Jesús Vega, portavoz de ACNUR España. A pesar de que los desafíos en política de asilo eran grandes, aquella experiencia bosnia sirvió de lección para hacer las cosas mejor, añade. Una lección que ha superado con creces la ciudadanía. Que, en el caso de Aquarius, ha vuelto a ratificar que la voluntad de ayudar es el antídoto a la política que normaliza la muerte, haciéndonos creer que no hay otra opción.

La fresa en Huelva: capitalismo heteropatriarcal en estado puro

Yayo Herrero

Trabajadoras temporeras de la fresa

En el pasado mes de mayo, un grupo de trabajadoras temporeras de la fresa en Huelva denunciaron haber sufrido abusos sexuales y amenazas por parte de empleadores o capataces.  Casi de forma inmediata, comenzaron a ser metidas en autobuses de vuelta a Marruecos, sus lugares de origen. El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), acogió y protegió a estas mujeres para garantizar el ejercicio de sus derechos.

Una vez que saltó el escándalo, se señaló la falta de procedimientos y perspectiva de género,  la opacidad sobre el número de mujeres que trabaja y las condiciones en que lo hace en este sector. Siendo cierto, sin embargo, no estamos solo ante un problema de falta de protocolos. Es un problema estructural que tiene que ver con la noción de producción en el capitalismo globalizado y con la trasformación de la agricultura en un proceso industrial, centrado en la maximización de los beneficios, que explota personas y naturaleza en un contexto patriarcal.

En esta ocasión, fue un reportaje de la revista alemana Correctiv y Buzzfeed News, lo que hizo saltar la liebre de los abusos hacia las jornaleras en España, Italia y Marruecos. No es la primera vez que este tema salta a la esfera pública, aunque sí la que más repercusión ha tenido.

Resulta curioso que en plena efervescencia del #YoSiTeCreo y del movimiento mundial #MeToo, las organizaciones agrarias, diversas ONG y sindicatos reaccionaran, no exigiendo de forma inmediata la investigación de los presuntos abusos y la protección preventiva de las trabajadoras, sino pidiendo a la fiscalía que investigase si el reportaje presentaba indicios constitutivos de delito. Les preocupaba que la generalización de la sospecha de abusos a todo el sector, que compite en el mercado de la fresa con otros países, pudiese provocar pérdidas en el negocio. Solamente el SAT permaneció al lado de las trabajadoras, acompañándolas solidariamente.

Trabajo a destajo en condiciones de semiesclavitud

En 2010, un artículo de Lidia Jiménez y Jerónimo Andreu titulado “Víctimas del oro rojo”, publicado en suplemento dominical de El País, señalaba que los abusos sexuales a las trabajadoras eran “un secreto a voces”, y constataba que, hasta ese momento, nunca habían prosperado las denuncias contra los responsables de una actividad económica competitiva en Europa.

Yo misma tenía experiencia directa del negacionismo sobre la situación de las trabajadoras. Hace ya varios años, en una reunión a la que asistían representantes de organizaciones agrarias, sindicatos, movimiento ecologista y de la administración, se llamó la atención sobre el hecho de que las mujeres temporeras, entonces mayoritariamente de Europa del este,  trabajaban a destajo en condiciones de semiesclavitud. Eran precarias y tenían un salario mísero. Tan ínfimo, que muchas trabajaban con pañal porque no podían permitirse parar ni para ir al baño. La reacción fue muy similar. El representante de la mayor organización agraria exigió muy airado que se retirase la afirmación y algunos de los sindicatos presentes, en principio sindicatos de clase, dijeron amable pero firmemente que no les constaba esta situación y que, de ser cierta, lo que tenían que hacer las jornaleras era denunciar.

Nadie sabía nada. Sin embargo, varios años antes, un equipo investigador de la Universidad de Huelva había realizado un informe titulado “Las mujeres migrantes, la trata de seres humanos con fines de explotación y los campos de fresa de Huelva”  que advertía sobre la situación que ahora se denunciaba.

¿Por qué esa resistencia a investigar? ¿Por qué la negación? ¿Por qué denunciar a quien denuncia? ¿A estas alturas alguien tiene dudas de que es perfectamente probable que trabajadoras extranjeras, solas y pobres, incluso aisladas físicamente, viviendo en las fincas, entre los invernaderos, corren el riesgo de sufrir abusos sexuales? ¿No es un hecho evidente y real que las y los jornaleros migrantes están mal pagados, son explotados y que de forma reiterada han surgido conflictos? ¿No habría que investigarlo, aunque solo fuese para aplicar el principio de precaución?

Producción y economía capitalista

Las fresas sirven para satisfacer una necesidad humana, la de la alimentación. Esa es su función social, su verdadera utilidad como producción. Sin embargo, para la economía convencional, para “el sector”, las fresas, los alimentos, no son importantes por las necesidades humanas que satisfacen, sino por los beneficios económicos que generan.

La economía capitalista ha desconectado la producción de las necesidades humanas. Lo que cuenta, lo que tiene valor, es lo que se factura, independientemente de si lo producido es necesario socialmente o no. Se termina considerando mejor y más competitiva aquella fresa que para ser producida contamina y explota, que la que se pudiese obtener sosteniblemente y de forma justa. “La buena producción” es la que consigue una alta rentabilidad económica abaratando los costes de producción (trabajo e insumos). Los beneficios económicos enriquecen a los intermediario y esconden la explotación y sufrimiento de las trabajadoras, el reforzamiento de los patriarcados, desiguales pero aliados, y los problemas de insostenibilidad, salud y supervivencia futura derivados de contaminar, agotar bienes finitos y cambiar hasta el clima. Tal y como suele decir Gustavo Duch, “el sistema en cuestión ha sido diseñado para producir algo parecido a alimentos, a costes muy bajos, tanto económicos, sociales como ecológicos; pero que puedan producir altos beneficios a quienes se dedican a su comercialización. Los alimentos, lejos de ser considerados como una necesidad y un derecho, se entienden como una mercancía sin más”.

El no saber, el mirar a otro lado, responde a aplicar una especie de omertá no escrita. Lo sagrado es el sector y sus beneficios y proteger lo sagrado exige una lógica sacrificial. Todo merece la pena ser sacrificado con tal de que crezca “el sector”: personas, tierra, dignidad, derechos… “Ojo, no se puede poner en riesgo un sector que factura casi 300 millones de euros”, dicen.

La situación de las jornaleras marroquíes no constituye una mala práctica aislada y puntual, no es un fallo del Sistema y de sus protocolos. Es una expresión del sistema en estado puro. Escondidas, debajo del brillo visible de las cifras y los beneficios, están las consecuencias terribles de esa forma de producir. En los lugares oscuros e invisibles del desarrollo, se viven los efectos sobre territorios concretos y vidas cotidianas de un forma de entender la economía insostenible, capitalista, racista y patriarcal.

Todas esas tensiones se encuentran en el conflicto de las temporeras de la fresa.

Monocultivo de la fresa y ecología

Ecologistas en Acción de Huelva lleva años denunciando que el monocultivo masivo de fresa tiene importantes consecuencias sobre el territorio, entre otros daños se encuentran la deforestación de grandes superficies, la contaminación de acuíferos y el uso generalizado de pesticidas prohibidos.

Con frecuencia, el cambio de uso del suelo se ha realizado sin tener el permiso correspondiente, que se termina concediendo años más tarde bajo la política de hechos consumados. El pacto de silencio reinante en la zona hace que las denuncias caigan en saco roto y se trabaje con total impunidad.

Una vez arrebatado el terreno al pinar, la preparación del suelo para el cultivo se realiza aplicando productos químicos de síntesis, derivados de un petróleo declinante. La desinfección del suelo provoca un empobrecimiento del mismo, así como una grave contaminación de las aguas subterráneas que afectan al acuífero del que se nutre el Parque de Doñana.

Explotación laboral en los invernaderos

La explotación laboral constituye una parte indisociable de este modelo agrario. Los bajos salarios son condición necesaria para que el sector sea competitivo y tenga un “alto valor añadido”. A mayor explotación, mayores beneficios.

En el inicio del despliegue de los cultivos, era la población autóctona la que trabajaba la tierra. Al escalar posiciones y mejorar los ingresos,  dejaron de trabajar directamente en los cultivos y fueron reemplazados, inicialmente, por hombres procedentes de diversos lugares de África. Desde entonces, han sido constantes los conflictos con los trabajadores de los invernaderos. Las duras condiciones del trabajo provocaron conflictos, revueltas, violencia y movilizaciones que trataban de llamar la atención sobre el salario, la dificultad de integrarse en los pueblos cercanos y el confinamiento en barracones y cortijos, a menudo sin agua u otros servicios básicos. Los conflictos fueron respondidos a través de narrativas con tintes racistas y estigmatizadores que legitimaban la explotación y el aislamiento de los temporeros. Todas estas tensiones son bien conocidas y han sido reflejadas en estudios como, por ejemplo, los del antropólogo Ubaldo Martínez Veiga. Para él, son una manifestación del capitalismo tardío que lleva consigo una idea abstracta del trabajo como fenómeno intercambiable que circula, con independencia de las personas materiales de carne y hueso, entre las diversas unidades productivas. Los efectos perversos de este proceso se agudizan cuando los trabajadores son trabajadores extranjeros sin papeles ni derechos.

Explotación e indefensión de las mujeres temporeras

La situación de explotación e indefensión es aún mayor cuando las temporeras son mujeres. De forma más reciente, y a partir de los conflictos con los trabajadores africanos, la contratación ha empezado a desplazarse hacia mujeres procedentes de los países del este de Europa y de Marruecos. Quienes contratan creen que las mujeres dan menos problemas que los hombres. Para no decir que son menos conflictivas, se argumenta con autoridad y convicción que las mujeres son más aptas para la recogida de la fresa porque “tienen los dedos más delicados” – como si los hombres tuviesen dificultades congénitas para ejercer la función prensil sin espachurrar la fresa o las mujeres no fuesen capaces, si lo desean, de espachurrar la fruta– y presentan una morfología que las capacita genéticamente para estar más tiempo agachadas, recolectando.

Muchísimos campesinos en todo el mundo arrancan patatas del suelo y recolectan los frutos de plantas rastreras y matas agachados. Terminarán seguramente deslomados y agotados pero no creo que se hayan planteado jamás que su cuerpo está menos preparado genéticamente para adoptar una postura recolectora, y al vivir de lo que recolectan, tienen buen cuidado de usar sus dedos con cuidado para no destruir el fruto que recogen.

El patriarcado, otra vez más, se alía con el capitalismo. Se contrata a mujeres pobres, jóvenes, que no estén obesas, preferentemente casadas y que tengan hijos a su cargo, menores de 14 años, para asegurar que vuelven a sus países. Se sabe que ellas vuelven a casa si dejaron allí a seres vulnerables de los que hacerse cargo. No es tan seguro que los hombres se vean obligados a volver a casa para hacerse cargo de quienes dejaron allí.

Una vez en su zona de trabajo, solas, sin conocer el idioma, en entornos profundamente machistas, trabajan a destajo y en condiciones duras por un jornal menor que el de los temporeros explotados varones. En ocasiones, acosadas por ”manijeros”, capataces y empleadores que amenazan con apuntar menos kilos de los que recogen y despedirlas si no consienten en ser manoseadas y abusadas.

Las jornaleras de la fresa marroquíes son aplastadas por una alianza perversa entre el capital y diversas formas de patriarcados que se refuerzan entre sí: el que las ve como un cuerpo-máquina con dedos delicados –genéticamente conformado para agacharse–, explotables, sumisas y nada sospechosas de pretender quedarse en España por tener responsabilidades de cuidados; el de los capataces y manijeros, que estando también probablemente explotados, encuentran alguien sobre quien ejercer el poder y ante quien sentirse virilmente dominadores; y el de los hombres de sus propios países, sus maridos, ante los que, dicen las jornaleras, deben esconder los abusos que sufren para no ser repudiadas y poder volver a casa.

Toda esta concatenación de violencias contra los territorios y contra las personas –de clase, de origen, de género– forman parte estructural de una determinada forma de producir. No son casos puntuales o aislados.

Quizás por eso hay tantas resistencias a investigar y denunciar, quizás por eso, en lugar de aplicar el principio de precaución y proteger a las mujeres trabajadoras, primero se duda de ellas y se advierte de los riesgos que puede correr “un sector tan competitivo”. Con la prioridad puesta en los beneficios, todo merece la pena ser sacrificado con tal de que el sector se mantenga y crezca.

Es de agradecer que el SAT y otros colectivos solidarios y feministas estén prestando atención, visibilizando, y acogiendo a estas mujeres, a las que se trata de expulsar para que no denuncien. Hasta para poder denunciar hace falta una comunidad que te sostenga y te apoye. Las mujeres con la cara cubierta se manifestaban gritando  “no bien, no bien”. Emociona que  dos palabras sencillas pueden expresar tanta dignidad, tanto valor. Las temporeras marroquíes no son sumisas ni dóciles.

Son mujeres valientes esas que denuncian, que saben que el precio de las fresas en el mercado no justifica su explotación y su dolor. No compra ni sus dedos, ni su cuerpo.

¿Acaso no soy persona como tú?

Corremos por la playa de callaos y guijarros con todo lo que nos da el cuerpo y el alma, saltando de piedra en piedra a punto de perder el equilibro. La frágil barcaza neumática se mueve de manera errática desde que la avistamos en el point view. A mi lado, Ghias nos alienta con sonoros “come on! Armano di alma! quickly! quickly”. Detrás resoplan varios camarógrafos, sanitarios, socorristas y un grupo multicolor de bienintencionados.

Aunque los escarpines agarran bien, caerse es un riesgo que hay que asumir, pues se trata de una situación que puede conllevar peligro de muerte. La barcaza, sin control, toma rumbo hacia la parte menos accesible de la costa. Finalmente encalla en los riscos, bajo el cantil, con un metro y medio de profundidad. Dentro de la barca hay nervios y el oleaje no ayuda a calmar al grupo de unas setenta personas, formado por bebés, niños y niñas, adolescentes, hombres, mujeres, ancianos, algún enfermo y un herido.

Espontáneamente, los voluntarios comenzamos a organizar una cadena humana, desde la barca hasta tierra firme, para salvar el inestable y escarpado terreno. Se forma así una serpiente multicolor e internacional de voluntarios, que en un esfuerzo colectivo, poco a poco y uno a uno, va rescatando a todas las personas que acaban de cruzar el mar buscando seguridad y libertad.

Aquel momento no podía ser más especial y emocionante. Allí estábamos decenas de personas de orígenes y condiciones diversas, dispares y distantes que no nos conocíamos, trabajando, codo con codo, para ayudar a otras personas que tampoco conocíamos. Eran momentos de actuar, de sentir. No había juicios, sino un objetivo y una voluntad común. Afloraba el corazón, el entusiasmo, el amor, la entrega, la caridad; lo mejor de la humanidad.

Ocurría esta escena en la costa norte de la isla griega de Lesbos, en el otoño de 2015, en plena crisis migratoria de refugiados sirios, y también afganos, iraquíes, yazidíes, kurdos, iraníes, somalíes o eritreos. Y, al calor de éstos, todo un flujo de inmigrantes de África y Asia.

Hasta allí me desplacé como voluntario independiente, movido por el insoportable impacto de la imagen del niño Aylán, y por una voluntad interior que no soy capaz de acertar a describir. Ese misterioso impulso íntimo e individual, superior a cualquier resistencia, me llevó a unirme a los grupos de rescate y atención a pie de playa de los centenares de personas que cruzaban desde la costa turca, a colaborar en su organización y gestión por distintos puntos de Grecia, a difundir y sensibilizar sobre lo que allí estaba ocurriendo. Aunque, sobre todo, a sentir y dejarme sentir. Porque sin los sentidos y sentimientos, la acción solo es un trámite. Y los trámites se deben dejar para los despachos. Como activista, como voluntario independiente, es necesario sentir a las personas.

¡Qué importante es para un refugiado saberse sentido! Jamás podré olvidar la cara de aquel afgano, que con terror infinito sacaba del interior de la barca a su hijo de apenas un par de años de edad y me lo entregaba para que lo llevara a tierra cuanto antes. Se producía un entendimiento instintivo, un cruce de miradas y gestos, una desesperada complicidad. No podré quitarme la impresión que provocaba ver aquellos niños, de menos de diez años, que no lloraban, pero su cara era de un trauma superior a las lágrimas. Lágrimas que derramaban sin cesar no pocos hombres de porte imponente, que, al pisar tierra, caían derrumbados, a plomo sobre sus rodillas, inconsolables.

Permanecerá en mi memoria tanto agradecimiento; el beso de la mujer siria, que sabía igual que el de una madre; los besos del padre iraní, que sonaban como los de un hermano; los abrazos de la anciana kurda, que se sentían como los de una abuela; y las caricias de aquel señor afgano, ya mayor, vestido con ropa artesana de oscura lana cachemir, que, mientras clavaba sus ojos en los míos, posaba sus manos ásperas en mis mejillas y recitaba en un murmullo, versos y letanías. Siempre recordaré, en los campos informales en el puerto del Pireo o en la frontera con Macedonia, los juegos con los más pequeños, sentarte en aquellos paupérrimos espacios que las familias llenaban de dignidad, las largas tertulias acompañados de un té, las risas, los enfados y la frustración, la escucha y el recuerdo. ¡Qué importante entonces el valor de la comensalidad en su sentido profundo!

Son experiencias en el terreno del encuentro, en la frontera de la dignidad, en el lugar en el que se escribe la Historia, en el espacio que nos da la medida de nosotros mismos, como individuos y como sociedades. Más aún cuando se trata de movimientos de refugiados, pues éstos trascienden las migraciones para conllevar un deber moral, casi sagrado.

Me decía Helal en aquellos días “¿Cuánto vale mi vida? ¿Cuánto mi libertad? ¿Acaso no soy persona cómo tú?”.

Burgos, tierra de acogida

Hilda Vizarro Taipe

La realidad migratoria en Burgos

Vivimos una “nueva era” de cambios acelerados. España en los últimos cincuenta años ha pasado de ser una tierra de emigración a ser un país de inmigración. Y esto se nota hasta en el último rincón de la geografía. No obstante, la inmigración llegó a la provincia de Burgos bastante más tarde y en menor medida que a otras regiones de España. En el año 2000 apenas el 0’6% de la población burgalesa era extranjera, unas 2.200 personas, destacando la colonia portuguesa afincada muchos años atrás. Pero con el comienzo del siglo xxi llegaron nuevos vecinos, hasta 35.000 extranjeros empadronados en el año 2011, de más de 115 nacionalidades distintas, con tres grandes bloques de procedencia, por este orden: Europa del Este (Rumanía y Bulgaria sobre todo), América Latina (Ecuador, Colombia, República Dominicana, Brasil, Honduras, Perú…) y Marruecos. Situados en 2018 podemos hablar de unos 25.000 extranjeros empadronados en la provincia (el 7% de la población), pero también de unas 9.000 concesiones de nacionalidad española por residencia durante estos años y de muchos hijos de inmigrantes ya nacionalizados españoles, con lo cual los orígenes migrantes alcanzan al menos a un 12% de la población burgalesa. En el contexto de Castilla y León, Burgos es la provincia que más migración acoge.

En cuanto a la procedencia religiosa de las personas inmigrantes, la foto de este momento habla aproximadamente de un 35% de origen católico, un 25% de origen ortodoxo, un 16% de evangélicos y un 18% de musulmanes.

Y respecto a su situación social, económica, laboral y de participación ciudadana, solemos hablar de tres grupos:

– El primero y más amplio, de personas inmigrantes que llegaron hace unos años y están integradas en mayor o menor medida con su trabajo, familia, participación en el entramado social… Cierto que a muchas de estas personas les afectó la crisis, pero como a muchas familias españolas.

– El segundo grupo, donde se juntan personas que con la crisis perdieron el trabajo y/o la vivienda y otras de más reciente llegada, que necesitan de las ayudas de entidades sociales para salir adelante, pero no por falta de habilidades sino porque las circunstancias las tienen difíciles, y que con el tiempo serán capaces de salir adelante.

– Y un tercer grupo, pequeño en número pero más preocupante y a la vez muy heterogéneo, de usuarios habituales de servicios sociales que rayan en la precariedad o exclusión: inmigrantes sin papeles, solicitantes de asilo recién llegados, familias desestructuradas, mujeres víctimas de la trata, extranjeros reclusos…

A todos ellos quiere llegar la acogida de la Iglesia de Burgos, porque si bien los pobres han de ser los primeros y preferidos, la pastoral de migraciones tiene como objetivo compartir el calor de la comunidad y del Evangelio con todos los que llegan de fuera en busca de un mundo mejor.

La respuesta de acogida por parte de la Iglesia

Si a partir del año 2000 es cuando empiezan a llegar a Burgos inmigrantes en número significativo, desde el minuto uno la Iglesia trató de activar y acomodar sus recursos para la acogida. Ese mismo año Cáritas diocesana añadió a sus recursos habituales (ayudas directas, orientación laboral…) un programa específico para inmigrantes en Burgos y en Miranda de Ebro con tres áreas de actuación: asesoría jurídica, alojamiento y clases de español. También las Hijas de la Caridad abrieron ese mismo año en el casco viejo de la capital la Casa de Acogida San Vicente de Paúl, con alojamiento, comedor, centro de día… Y en 2003 los religiosos (en concreto Jesuitas, Esclavas del Sagrado Corazón, Hijas de la Caridad y Religiosas de María Inmaculada) iniciaron un nuevo proyecto integral de acogida a inmigrantes, llamado Atalaya Intercultural.

Se unieron así estas tres instituciones a la amplia red social pública y privada que en Burgos ha sido capaz de dar una acogida razonable y digna a las personas llegadas de fuera; destacan en este sentido Burgos Acoge, ACCEM, Cruz Roja, Fundación Cauce, Hechos, UGT, CCOO… Y de hecho todavía hoy siguen en relación todas ellas a través de la Coordinadora de entidades pro-inmigrantes. Lo cual nos hace constatar que, al menos en Burgos, la acogida a inmigrantes ha estado y sigue estando mucho más en manos de la sociedad civil que de la administración pública. Quizá por lo lentas que son las instituciones y por cierta dejadez, el protagonismo en el campo de las migraciones es de las ONGs, de la sociedad civil y de la Iglesia. Esto tiene su lado positivo, pero también sus carencias…

Y falta hablar de la Delegación diocesana de Pastoral de migraciones. Su origen es curioso y atípico: no fue la “Iglesia oficial” quien se planteó crearla, sino que nació de la base, de la necesidad, de la visión profética de algunos sacerdotes, religiosos y laicos que en 2002 se dieron cuenta que la Iglesia tenía que ofrecer algo más que vivienda, comida, trabajo o asesoramiento: así nació la Mesa de pastoral con inmigrantes. Posteriormente en 2004 es acogida en el “organigrama oficial diocesano” y en 2016 se convierte en Delegación diocesana. Pero, fiel a sus orígenes, conserva su estructura de coordinación: en el equipo de la Delegación figuran representantes de Cáritas, de la Casa de Acogida, de Atalaya Intercultural, de la HOAC y de otras entidades como el equipo pastoral de latinoamericanos o las parroquias. Esto permite que la Delegación siga siendo además una plataforma de conocimiento y discernimiento de la realidad migratoria y de su constante evolución, un “observatorio”.

Una acogida integral

La mayor parte de las personas de origen inmigrante que residen en Burgos no necesitan actualmente, gracias a Dios, ni de los servicios sociales ni de las ayudas de la Iglesia para su vida habitual. Como decía antes, gran parte de ellas están integradas en el tejido ciudadano con bastante normalidad. Pero sí es cierto que una buena parte de estas personas han tenido contacto a lo largo de los años con entidades de acogida y ayuda, especialmente cuando llegaron. Y también es cierto que la acogida de la Iglesia no nos la podemos plantear solo como la “primera acogida”. Porque la comunidad cristiana es mucho más que una buena agencia de servicios sociales…

Por eso, la tarea de acogida y acompañamiento por parte de la Iglesia de Burgos a las personas migrantes la tenemos como “repartida” en diversos ámbitos y con distintos responsables.

Por una parte están las instituciones de acogida e intervención. Cáritas, la Casa de Acogida y Atalaya Intercultural continúan ofreciendo primeras ayudas, alojamiento, comedor, clases de español, orientación e intermediación laboral, apoyo escolar, actividades de tiempo libre, asesoría jurídica… Con respecto a las personas refugiadas o solicitantes de protección internacional que llegan a Burgos, lo hacen a través de instituciones sociales concertadas con la administración pública (en Burgos ACCEM, Burgos Acoge y Cruz Roja). En la Iglesia de Burgos no hay ningún programa específico para refugiados, aunque en muchas ocasiones estas instituciones se ven desbordadas y los casos son derivados a instituciones de la Iglesia.

Por otro lado está la Delegación de Pastoral de Migraciones, que no lleva a cabo la acogida social, laboral o jurídica, porque estos ámbitos están cubiertos ya por esas otras instituciones de la Iglesia y de la sociedad. Es el organismo diocesano llamado a promover, apoyar y coordinar la pastoral con inmigrantes de toda la Iglesia diocesana de Burgos.  Por un lado, se asume y apoya las diversas acciones desarrolladas por las parroquias, por las comunidades religiosas, por los diversos programas e instituciones. Además, se intenta complementar con reflexiones, materiales, actos, reuniones, opinión pública. También desde la Delegación se coordina la pastoral específica de cara a los inmigrantes desde el acompañamiento religioso, el diálogo ecuménico e interreligioso. Ponemos varios ejemplos:

– La Delegación lleva a cabo tareas de acercamiento a las personas migrantes a través de encuentros de diversos países para conocer la realidad que se vive en cada uno de ellos y la situación y necesidades de los residentes en Burgos; este último año ha habido encuentros sobre Venezuela, Argentina o Nigeria.

– Se promueven actividades formativas, como un concurso escolar de dibujo y redacción en torno al tema de la Jornada Mundial de las Migraciones; este año 2018 han participado 1.752 alumnos de 18 colegios.

– Se edita desde hace doce años una revista trimestral, Burgos Inmigra, con amplia difusión digital y en papel tanto en ambientes eclesiales como sociales y de asociaciones de inmigrantes; la Delegación mantiene además una página de Facebook y dispone de un espacio propia en la web diocesana.

– Casi desde los orígenes funciona un Equipo pastoral de latinoamericanos con diversas actividades propias de formación y reflexión cristiana, y otras abiertas como retiros o las misas de difuntos y de Navidad.

– Se acompañan y facilitan medios para diversas celebraciones de devoción popular de colectivos católicos latinoamericanos: Señor de los Milagros de Perú, Vírgenes del Quinche y del Cisne de Ecuador, Virgen de Altagracia de la República Dominicana, Virgen de Guadalupe y las Posadas de México, las Velitas y la Novena de Aguinaldos de Colombia…

– Desde la Delegación se creó en 2008 un grupo de conocimiento y diálogo cristiano-musulmán, que sigue funcionando como ámbito de reflexión conjunta sobre algunos temas y de organización de unas Jornadas anuales (ya once) sobre temas de actualidad; propicia además encuentros y visitas mutuas entre mezquitas y parroquias cercanas.

– El momento cumbre del año es la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado (hasta ahora en el mes de enero), en torno a la cual se organizan en diversos lugares de la provincia encuentros de naciones (multitudinarios, con participación de muchos colectivos migrantes), vigilias de oración, cinefórum, mesas redondas, actos públicos, el encuentro diocesano de pastoral de migraciones…

– En junio de 2011 la Delegación inició en Burgos los Círculos de silencio, concentraciones pacíficas para denunciar la vulneración de los derechos de las personas migrantes. Nacieron con un ritmo bimensual, pero desde diciembre de 2016 son mensuales, dado que la otra mitad de los meses los organiza la Plataforma “Burgos con las personas refugiadas”, formada por numerosas entidades sociales, políticas, sindicales y eclesiales.

– Uno de los últimos “hijos” de la Delegación ha sido la creación del Secretariado diocesano de Trata (creemos que único en España), como respaldo de toda la Iglesia burgalesa a la tarea que realizan las Religiosas Adoratrices; junto a su trabajo directo con las víctimas, en su inmensa mayoría de origen extranjero, se celebra la Jornada mundial de oración contra la trata, se realizan vigilias, actos públicos, se difunden materiales…

Podríamos añadir muchas más acciones, generalmente pequeñas, pero que en su conjunto hacen que la Iglesia de Burgos esté claramente del lado de las personas migrantes: algunas recientes y significativas han sido la visita de la Cruz de Lampedusa en noviembre de 2017 que durante diez días recorrió parroquias, colegios y centros de acogida por toda la provincia, o la instalación de un “Belén migrante” en el centro de Burgos en las pasadas navidades.

Finalmente están las parroquias, que conjugan la acogida directa de inmigrantes en situación de vulnerabilidad a través de sus respectivas Cáritas con la participación e integración de personas y familias de diversos países en sus catequesis, celebraciones, grupos y actividades. No tanto como nos gustaría, pero cada vez más.

Haciendo balance

Sin duda que la tarea realizada estos últimos dieciocho años ha merecido la pena y ha dado sus frutos. Somos muchos los inmigrantes que nos sentimos en casa en esta tierra de Burgos y en la comunidad cristiana. Pero también tenemos nuestras “espinitas” y, como Delegación, nos seguimos planteando algunos retos al reconocer nuestras lagunas y dificultades. Por ejemplo, no acertamos a realizar contactos y ofertas pastorales a los católicos subsaharianos, ya sea por el idioma o porque no estamos abiertos a esa realidad. Vemos también que hay todavía poca presencia activa de las personas migrantes en las diversas comunidades cristianas, aunque cada año está creciendo el número de migrantes como agentes de pastoral. Observamos además un serio peligro en nuestra Iglesia en general, aunque también en nuestra sociedad, de identificar “migrantes” y “pobres” (con lo cual, una vez terminada la ayuda directa, parece que no tenemos más que hacer o que ofrecerles…). Y nos chocamos con los muros legales y las trabas o lentitud burocrática en la realidad de los inmigrantes sin papeles o los recién llegados solicitantes de asilo.

Y a la vez, mirando hacia delante, vemos claro que para seguir muy de cerca la evolución del fenómeno migratorio es necesario estar atentos a las nuevas realidades y necesidades que surjan porque de esta manera podemos ofrecer respuestas adecuadas en el momento oportuno. Apostamos por dejar de ver a la migración como un problema y contemplarla como una oportunidad y riqueza. Trabajamos para la integración social de una población migrante de origen étnico y cultural muy diverso. Hemos de tener en cuenta la situación de los menores y el papel de la mujer en el reto migratorio, así como las dificultades y el gran drama de la trata de personas. Y como Iglesia no podemos olvidar la denuncia profética constante utilizando los medios a nuestro alcance, junto a todo lo positivo que intentamos aportar y el apoyo a otras muchas actitudes y realizaciones que la propia sociedad ponen para hacer de Burgos una tierra de acogida.

Mesa por la hospitalidad: aliviando un sufrimiento evitable. Un nuevo desafío

José Luis Segovia Bernanbé

Nuestro país estaba tristemente acostumbrado a la producción de exilados políticos, pero ni las instituciones ni la ciudadanía estaba preparada para la crisis humanitaria que se produce especialmente a partir de 2015 y que viene siendo calificada como la crisis de refugiados más importante desde la II Guerra Mundial. Más de 60 millones de personas desplazadas forzosamente por todo el mundo y un millón personas cruzando el Mar Mediterráneo. Han pasado varios años y la imprevisión y la falta de recursos siguen siendo la tónica general. Todo apunta a que la cifra se puede incrementar en el futuro con un número creciente de personas desplazadas a causa del cambio climático, cuestión sobre la que nuestra conciencia es más bien escasa.

En cualquier caso, hay que empezar dejando bien claro que el primer derecho es el derecho a no tener que desplazarse forzosamente por la guerra, las hambrunas, la falta de oportunidades o el deterioro medioambiental. Ello exige una (inexistente) acción internacional concertada y una política proactiva de cooperación que sea mucho más que la búsqueda de oportunidades para el país “cooperante” o un mero trueque de contención de salidas del país de origen a cambio de “un poco” de desarrollo y tecnología.

Incorporo a este primer desafío la necesidad de educar para la interculturalidad y el mestizaje y el avance hacia una ciudadanía cosmopolita, vinculada al ideal cristiano de la fraternidad, recogido por la Revolución Francesa, recuperado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y necesitado de urgente salvaguarda. No se nos puede escapar que los aspectos relacionados con las migraciones y con el “otro”, en general, son susceptibles de manipulación política y social acudiendo a los grandes facilitadores del totalitarismo: el miedo al diferente, el cultivo de la humillación y, en nuestros días, el uso perverso de las fake news y ¡el humor! vinculados a las redes sociales que se aprovecha de una bajada de los filtros morales que tiene todo lo relacionado con lo festivo para introducir un discurso de odio y discriminación hacia los extranjeros. Particular preocupación deben causarnos los datos del Pew Research Center 2018 sobre España[1]. Éstos muestran un incremento de la intolerancia y, en general, su crecimiento significativo en el ámbito católico practicante. Es difícil no considerar como facilitador del discurso xenófobo el papel de algunos medios participados por la Iglesia.

Imprevisión de las administraciones

Si hace unos años era comprensible que las cuestiones relacionadas con el asilo y refugio y la movilidad humana en general nos pillarán con el “pie cambiado”, a estas alturas es imperdonable la imprevisión de las administraciones, cierto pensamiento mágico que espera que las cosas se resuelvan solas, la falta de coordinación y el hecho de que solo responden por la presión mediática y el impacto en la opinión pública. El reciente caso de los MENA (menores extranjeros no acompañados) desatendidos por la Comunidad de Madrid (su tutora legal) es paradigmático. A pesar de que desde hace años, por ONG y trabajadores, se venía señalando la insuficiencia de los recursos residenciales y del personal educativo y que todo iba a explotar, hasta que no han salido en los medios las fotografías de los niños durmiendo literalmente por el suelo no se ha empezado a ampliar la exigua respuesta que se estaba dando. El lema parecía ser: “a ver si se cansan y se van”.

Pero tampoco son mucho mejores las respuestas de otras administraciones. No se puede olvidar que el asilo es competencia del gobierno central. Éste parece responder con mayor prontitud allá donde enfocan las cámaras y con diletante parsimonia donde concurre el sufrimiento sin más. A modo de ejemplo, las personas solicitantes de asilo con tarjeta roja que les acaba de vencer están recibiendo citaciones para renovarla para dentro de cinco meses. Durante este tiempo, este grupo de “afortunados” está en el limbo. Por no hablar de la perversa, estéril, contraproducente y criminógena relación de circularidad y mutua dependencia que se establece entre el permiso de residencia y el de trabajo que impide buscarse la vida honesta y legalmente y que hace invisibles a bastantes, obligados a vivir en la clandestinidad y la economía sumergida.

De igual forma, no podemos felicitar al Ayuntamiento pues no hace intervención social con las personas extranjeras que llegan y acaba destinando a dispositivos para personas sin hogar a un perfil joven, sano, activo y entusiasta que puede acabar cayendo en el sinhogarismo. Las condiciones de hospedaje dejan bastante que desear y escribo estas líneas después de que me cuenten que la respuesta a un requerimiento ha sido literalmente “es lo que hay”.

Algunas constataciones

La primera es que el ámbito de la extranjería constituye hoy la mayor zona opaca a los ojos de los derechos humanos en los denominados Estados de Derecho. La existencia de una legislación restrictiva de derechos, segregadora de personas y que choca frontalmente con la dinámica expansiva y universalista que caracteriza los derechos humanos evidencia la tacha de inmoralidad que se puede hacer al ordenamiento jurídico en materia de extranjería. Algunas situaciones son especialmente groseras como la de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). La simple lectura de las resoluciones de los jueces de control o las vigorosas recomendaciones del Defensor del Pueblo, que exigen el cumplimiento de obviedades en su interior, evidencian la escasa base moral y de justicia sobre las que se asienta la privación de libertad por razones administrativas.

En otro orden, aquellos que esperábamos, incluso con balconeras de “Refugees Welcome”, no han llegado. Mejor: no les hemos dejado llegar. La Unión Europea y el Estado Español han incumplido de manera grosera sus compromisos. Mirábamos a Siria y al Este y estaban entrando por Frontera Sur en condiciones de extrema precariedad. Ahora hay que sumar las personas desplazadas “dublinadas” (p.e. devueltas por Alemania y que entraron por España), las que no van a ser reconocidas como refugiadas, las que no son renovadas en plazo su tarjeta roja… Un inmenso limbo jurídico para el que hay que crear marcos nuevos que impidan una pendiente resbaladiza hacia la criminalidad y que les otorgue el contenido básico de los derechos humanos (cuesta escribir esta obviedad en pleno siglo xxi).

Por otra parte, hay que insistir en que la condición de solicitante de refugio otorga una serie de derechos frente a los cuales los Estados no pueden inhibirse. Estamos ante deberes jurídicos, no solamente éticos. No es de recibo que para pedir asilo haya que recorrer miles de kilómetros cuando, de cambiarse las normas, podría pedirse en la embajada o consulado del país al que se dirigen.

Casi 10 años después de ser aprobada, seguimos sin desarrollo reglamentario de la Ley de Asilo, lo que revela el desinterés manifiesto de todo el espectro político. El personal que está tramitando no tiene preparación para ello y es insuficiente. Por ejemplo, en algunos centros penitenciarios se les ha dado una mini charla a las trabajadoras sociales y, sin ninguna formación, ni siquiera tener claros los conceptos básicos, se han convertido en tramitadoras de las peticiones de asilo. Pareciera que todo está encaminado a poner dificultades y a que nada prospere y todo se pierda en una burocracia imposible.

Las administraciones parecen actuar solo a “golpe de telediario” y cuando lo hacen suele ser de modo descoordinado, partidista, cortoplacista y no considerando a las personas desplazadas en su totalidad personal y familiar. Naturalmente lo mismo se puede decir elevado al cubo de los países que forman parte de la Unión Europea. Aunque en el tema migratorio hay una unidad muy grande institucional en el seno de la Iglesia católica española, claramente pro-migrante, sin embargo el incremento de recursos que la nueva situación reclama es excesivamente lento. Los bastantes comprometidos, lo estaban y siguen estando, pero se necesitan más personas y más medios de acogida.

La ciudadanía ha dado ejemplos elocuentes de solidaridad creando redes, llevándose a dormir a personas a sus domicilios particulares y generando una encomiable presión política. Entre ellos se han contado algunos grupos y congregaciones de la Iglesia. Gracias a su impagable labor, se han podido empezar algunas iniciativas que se suman a las existentes (de fuera y de dentro de la Iglesia) y que, conscientes de su valor testimonial, describiremos.

Aunque se ha producido un cambio de orientación de los flujos en el seno de la Unión Europea hacia España y las cifras diarias se han incrementado notablemente, en términos globales no hay un incremento de la presión de los desplazamientos en la UE y nos movemos en rangos que, si media la previsión, son manejables. Desde luego, no hay ninguna invasión, máxime si se comparan nuestros flujos migratorios con los de países colindantes con los que sufren la guerra y que tienen unas cotas de solidaridad sobresalientemente más importantes que la nuestra.

Algunas iniciativas de la Iglesia

Junto con repuestas múltiples de la ciudadanía, de ONG, y de comunidades y movimientos cristianos concretos, la Iglesia de Madrid ha tratado de dar respuesta a través de la Mesa por la Hospitalidad creada por el arzobispo. Una suerte de gabinete de crisis de la diócesis que se ha movido entre la impotencia del desbordamiento de tanto sufrimiento, la rabia por la falta de sensibilidad y de respuesta de las administraciones, y la conciencia de estar haciendo poco ante la magnitud de la tragedia humanitaria. En esta colaboración, necesariamente breve, me limito a hacer algunas catas.

La primera. Lo mejor de una ciudad o pueblo es su gente. De la Iglesia también su gente sencilla y los servidores de la comunidad sensibles a los dramas del momento. Debo reseñar que, cuando empiezan a llegar personas susceptibles de asilo y refugio a la estación de autobuses de Méndez Álvaro, la primera en responder ha sido la ciudadanía a través de redes de solidaridad y algunas comunidades cristianas y congregaciones religiosas (habría que matizar: algunos miembros de las mismas que venían trabajando en este campo).

A lo largo del verano del 2018 empezaba a repetirse la historia del terrible invierno pasado: decenas de personas llegaban a Madrid remitidas desde Andalucía, cuyos recursos estaban colapsados. Llegaban muy despistados, sin conocer el idioma, con un proyecto migratorio en algunos casos completamente ilusorio, algunas personas enfermas y todas muy desconcertadas después de semanas (o meses) de durísimos recorridos migratorios por África. Mientras, la televisión se prodigaba en mostrar encomiables despliegues en torno a determinados barcos convertidos en mediáticos. Sin embargo, los que llegaban en las pateras parecían encontrarse en un limbo de atención social.

La transición de gobierno del PP al PSOE favoreció la inacción de la administración central, quien ha realizado una política aún más de cosmética que real (p.e., en términos de supuesta sanidad universal, estamos como estábamos, porque aún no está desarrollado normativamente el tema a pesar de los grandilocuentes anuncios del actual gobierno).

Por parte de la Mesa por la Hospitalidad, sin olvidar que su papel era subsidiario, se puso en marcha un programa que aún no ha logrado los resultados apetecidos aunque va avanzando: la red de parroquias de acogida de emergencia. Éstas van rotando temporalmente y, en el caso de ser activadas, funcionan como “hospedaje de campaña”. Se montan camas, se preparan cenas y desayunos y, durante el tiempo determinado que la parroquia y sus voluntarios ofrecen, se ayuda a que los recién llegados se sitúen, contrasten con la realidad su proyecto migratorio, tomen contacto con sus familiares y amigos, pueda revisarse su situación legal y sanitaria, exploren las vías legales y tengan una atención presidida por la calidad y la calidez. La experiencia del CPS San Carlos Borromeo, las parroquias Ntra. Sra. de las Angustias, Ntra. Sra. de Europa, Ntra. Sra. de la Paz y en este momento Santa Irene, junto con las que se apunten en el futuro, permitirá asegurar una red solidaria de emergencia para el caso de que los recursos del sistema se colapsen. Naturalmente, hay plena conciencia de que es un parche, pero el agradecimiento de quienes han estado acogidos y el enriquecimiento y la honda revitalización que han experimentado las comunidades cristianas constituye un buen indicador de que se camina en la dirección correcta.

Tras esta experiencia tan positiva, y con el argumento de la fraternidad y la iluminación de Mateo 25 (el juicio final), alguna parroquia ha decidido pasar a constituirse en lugar de hospitalidad de larga duración, apostando por el acompañamiento integral de las personas desplazadas y que funcione sin límite temporal al servicio de su proyecto migratorio. Es el caso de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Paz. Fran, su párroco, Alberto y un grupo de jóvenes cristianos voluntarios, deciden, haciendo una lectura orante del evangelio sin glosa, que los que habían estado acogidos temporalmente se queden el tiempo que sea necesario en la propia casa parroquial haciendo vida compartida. La experiencia está siendo impresionante para todos. Recojo el testimonio de un huésped musulmán: “Soy fiel al Islam y lo seguiré siendo, pero ni yo ni mis hijos, ni los hijos de mis hijos olvidarán jamás que fui acogido en una parroquia católica”. Viven juntos, rezan juntos, juegan blancos y negros al futbol en el colegio próximo de las hermanas… Todo un signo, más que de interculturalidad, de auténtica fraternidad, de la que se empeña en buscar todo lo que nos nivela e iguala y, al mismo tiempo, en respetar lo que nos diferencia.

Mientras tanto, junto con otras entidades de Iglesia y del resto de la sociedad civil, con la Delegación de Migraciones, Confer Madrid, Caritas Madrid, San Egidio, Sercade, Pueblos Unidos, Justicia y Paz y otras muchas se trata de mostrar que lo imposible es posible y que la movilidad humana ha venido para quedarse. De ahí la necesidad de que los organismos internacionales establezcan normas y criterios para que los flujos migratorios se desarrollen de manera ordenada, responsable, segura y con todas las garantías para las personas. Esa es la mejor manera de luchar contra las mafias: asegurar primero el derecho a no tener que desplazarse y, cuando devenga inevitable, hacerlo con todas las garantías y con el mayor conocimiento posible de riesgos y oportunidades. Al servicio de este ideal está el compromiso del papa Francisco con los “Pactos que salvan vidas” a suscribir en el marco de la ONU en Marruecos en diciembre de este año. La Mesa, presidida por el cardenal Osoro, organizó una jornada de sensibilización política con presencia de autoridades de las diferentes administraciones. Lamentablemente, la clase política de todos los colores era (y sigue siendo) bastante ajena a la trascendencia de apoyar unos Pactos internacionales sobre migraciones y refugio como los que promueve la Santa Sede. Se trata de ser hospitalarios, pero también de evitar los desplazamientos forzosos y, cuando se producen, de elevar los listones de la efectividad de los derechos de las personas desplazadas.

[1] El 41% de los cristianos comprometido consideran que el número de migrantes debería reducirse en nuestro país, subiendo hasta el 47% en el caso de los no practicantes. La cifra se reduce a un 26% en el caso de los no creyentes. Cfr. Vida Nueva 3086 (2018) 9-16 junio, p. 22.

Red Solidaria de Acogida (RSA) Lavapiés

Pampa en Madrid

1ª Descripción del grupo/colectivo: ¿quiénes son, dónde y desde cuándo intervienen, a quiénes se dirigen?

2ª ¿A qué problemáticas intentan responder?

3ª ¿Qué papel juegan las administraciones implicadas en esta situación?

4ª ¿Cuáles son los mayores retos a los que se enfrentan?

5ª Soluciones que proponen y realizan.

6ª ¿Cómo ven en un futuro próximo la situación que están abordando?

………………………………………………………..

1ª Somos la Red Solidaria de Acogida (RSA), un espacio ciudadano, de vecinas y vecinos, apartidista, autogestionada y feminista. Trabajamos en red en forma colaborativa y de apoyo mutuo con otros colectivos que luchan por los Derechos Humanos. Defendemos la libertad de circulación por el mundo de todas las personas.

Denunciamos las leyes migratorias de España y la Unión Europea, con especial atención a la Frontera Sur, las leyes de acogida y extranjería de nuestro lugar de residencia, las múltiples transgresiones de los Derechos Humanos que hay detrás de los movimientos migratorios forzados (guerras, cambio climático y desastres medioambientales, el hambre, el capitalismo, la persecución a las personas LGTBI y otras manifestaciones del patriarcado, etc.). Todo ello a través de manifestaciones, charlas, campañas en redes, acción directa, etc.

La RSA nació a finales de agosto de 2015, cuando ante la innumerable cantidad de noticias que hablaban de la llegada de personas migrantes y refugiadas a la isla griega de Lesbos, decidimos auto convocarnos para evaluar posibilidades de acción y denuncia.

La idea inicial fue juntarnos unas 10 o 12 personas que habían compartido otros espacios de militancia en la lucha contra las fronteras, en especial contra los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), pero el interés era tanto que a la convocatoria inicial concurrieron unas 200 personas, lo cual hizo imposible sesionar en el local previsto y se decidió hacer las asambleas en un espacio público: la Plaza de Agustín Lara, en el barrio de Lavapiés.

Entre la primera y segunda asamblea se conoció la muerte del pequeño de origen sirio Aylan Kurdi, lo cual aumentó la necesidad visceral de hacer algo. Esto coincidió con una iniciativa europea de manifestaciones en todas las ciudades, así que la primera acción denuncia a desarrollar fue, precisamente, organizar en Madrid la manifestación en coincidencia con las ya previstas en otras ciudades para aprovechar y fortalecer la idea común existente en el pueblo español de que “algo había que hacer”, impotentes ante la dramática situación que vivían miles de personas, en especial mujeres y menores de edad.

Transcurrida una semana, llego a la Red la noticia de que familias de personas migrantes y refugiadas que habían ingresado por frontera sur, estaban llegando a la estación de buses de Méndez Álvaro y muchas de ellas con niños y niñas, pernoctaban a la intemperie a la espera de poder continuar viaje.

Rápidamente montamos un dispositivo vecinal que nos permitió durante cada semana acoger en nuestras casas a entre 120 y 200 personas. El dispositivo vecinal lo integraban más de una quincena de vecinas y vecinos que cumplían funciones de traducción, y mucha gente que cubría turnos desde las 6 de la madrugada hasta la 1 del otro día, a la espera de las personas refugiadas y migrantes que llegaban en autobuses desde diferentes ciudades del sur del Estado español.

Esta iniciativa en cierta forma marcó el devenir de la RSA, ya que nos demostró capacidad de reacción inmediata sin perder de vista que más allá de ese voluntarismo lo importante, lo mejor que podíamos hacer por estas personas, era reivindicar su legítimo derecho a ser incluidos en el sistema de acogida y o, en su defecto, a no tener que pernoctar en las calles en su paso por Madrid.

La diversidad de las personas que llegaban, sumado a la práctica política diaria de muchas de las personas que comenzaron el transitar por la Red Solidaria de Acogida, nos llevó a reconfirmar que nuestro trabajo político debía ser la defensa de los derechos de las personas en movimiento, con independencia de la categorización política que desde otros lugares se hacía y se hace, de si son consideradas migrantes o refugiadas.

Para nosotras se trataba y se trata de personas en movimiento y como tal Madrid no podía quedarse en una pancarta de “Refugees Welcome”, sino que esa bienvenida debía convertirse también en acogida. De esa forma, la denuncia mediática y social obligó a las autoridades a habilitar un nuevo dispositivo que, aunque insuficiente, desde ese momento sirve para dar respuesta a la situación de aquel momento.

2ª Procuramos dar respuesta a diferentes problemáticas derivadas de las leyes de extranjería y asilo, siempre desde la óptica de ejercer presión política y hacer denuncia social ante una realidad que excluye a las personas en movimiento, sin abandonar los acompañamientos –siempre necesarios- de las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

Estas situaciones han sido cambiantes en intensidad y en el tipo de gestión. Cuando hablamos de acompañamientos es tanto para una asesoría legal, como empadronamiento, visita médica, búsqueda de empleo, de vivienda, cita en la oficina de atención al refugiado o cualquier otra tramitación en que la persona lo solicite.

Una de las problemáticas más preocupantes que afrontamos es la búsqueda de una solución habitacional temporal –hasta que sean incluidas en el sistema oficial de acogida o de ayuda humanitaria– para personas que lo necesitan. Ya sea en viviendas particulares o a través de organizaciones que puedan tener espacios o recursos para ello.

El sistema y –por ende– gran parte de las ONG que reciben fondos para la acogida, no consideran susceptibles de ayuda a las personas que aún esperan cita para presentar su solicitud de protección internacional, por cuanto las dejan sometidas a dos posibilidades: la calle o los recursos de noche del Ayuntamiento de Madrid, destinados para un perfil de personas en situación de calle, con realidades completamente diferentes y que solo dan techo desde las 22:00 a las 8:00 de la mañana. Luego vuelven a la calle.

Preocupa en especial la situación de personas que han sido devueltas de otros países de la Unión Europea en virtud de la aplicación del Reglamento de Dublín. Son personas a quienes si bien el Estado español acepta recibir, se niega a reincorporarlos al sistema de acogida, por cuanto se encuentran de nuevo una situación de calle si es que no se logra incorporarles dentro de algunos de los programas de ayuda humanitaria. La única opción, en su defecto, puede ser recaer en uno de los albergues de noche del Ayuntamiento.

En estos casos, además, se está haciendo un asesoramiento e intervención legal, presentando demandas administrativas y jurídicas en caso de considerarse necesario.

3ª Consideramos que el papel que juegan es determinante. Si bien las competencias en extranjería y en asilo son del Estado español, es vital una coordinación entre todas las administraciones. Ciudades como Madrid, que se han declarado públicamente como ciudades de acogida, no pueden permitirse tener personas en situación de calle ante el olvido de la administración central, ni tampoco enviar a estas personas a recursos de noche ya de por sí saturados.

Asimismo, el reiterado deseo acogedor manifestado por la ciudadanía en diferentes encuestas debe verse reflejado en una acción directa de los gobiernos municipales y autonómicos por presionar a las autoridades del Estado español a que realmente se implemente una política de acogida digna.

Lamentablemente, en una parte de importante de los dispositivos puestos en marcha en todos los órdenes de la administración, hemos detectado serias falencias estructurales y de funcionamiento que hacen que el sistema de asilo se convierta en un sistema expulsor, del que muchas personas quieren huir.

Contrariamente a la creencia colectiva de que “nadie se quiere quedar en España, todos quieren irse”, la práctica nos demuestra que cuando las familias son bien atendidas y se les brinda las posibilidades de alcanzar un desarrollo personal y familiar, con la escolarización de sus hijos e hijas, un techo digno, aprendizaje del español, y un acompañamiento que facilite su incorporación a la nueva sociedad de acogida, sí desean quedarse.

Por eso, reiteramos, el rol de todas las administraciones es fundamental porque de la coordinación entre ellas, con el tejido asociativo y la sociedad civil movilizada, dependerá que un día realmente podamos alcanzar un sistema de acogida inclusivo que dé cobertura a todas las personas sin distinción alguna.

4ª A la hora de hacer incidencia política, el mayor reto es la creciente xenofobia y el aumento de los discursos de odio fomentados desde un sector importante de la clase política y difundido sin miramientos por medios de comunicación. Ideas como que estamos sufriendo una invasión y de que las personas migrantes vienen a quedarse con nuestro trabajo y beneficios sociales, alimenta todo tipo de conductas que van en el sentido de negar el derecho a una vida digna a estas personas y a que el Estado y las diferentes administraciones se hagan cargo de las responsabilidades que les competen.

Lamentablemente, los discursos cada vez más radicalizados exigiendo un cierre de fronteras y los evidentes réditos electorales que están dando a la extrema derecha en diferentes países de la Unión Europa (Italia, Alemania, Hungría, etc.) están creando un clima en donde cada día es más difícil explicar y concienciar sobre la necesidad de reconocer derechos a las personas en movimiento.

Es cierto que distintas encuestas dan cuenta de que en el Estado español aún persiste una convicción acogedora, una cierta predisposición a abrir las puertas que invita a ilusionarse, pero no menos cierto es que suele acabarse en una visión meramente caritativa, de ayuda, que no comparte una determinación por exigir a las administraciones el cumplimiento de sus obligaciones.

5ª Es difícil enumerar las soluciones. Lo primero es de un orden más bien macro y tiene que ver con modificar en forma total la legislación de extranjería y también la de asilo. Es fundamental que vuelvan a abrirse vías seguras para llegar al Estado español, que se pueda solicitar protección internacional en nuestras embajadas y consulados, que se cierren los centros de internamiento de extranjeros (CIE), se acabe con las devoluciones ilegales en nuestra frontera sur (conocidas como devoluciones en caliente), se retiren las concertinas, se anule la exigencia de visado de tránsito aeroportuario para ciudadanos de origen sirio, se elimine a nivel europeo el reglamento de Dublín o, en su defecto, al ser devueltos a España, la administración admita su reinserción en el sistema de acogida.

El abordaje de las políticas de extranjería y de asilo se hace siempre bajo una óptica de seguridad, se aborda la situación migratoria como una cuestión de seguridad, y eso hace que la implementación de políticas y su gestión esté atravesada siempre por un prisma que no tiene a las personas como centralidad, sino a una idea de invasión y de que los recursos son escasos ante la misma.

Desde la Red hemos presentado varios documentos ante las autoridades municipales, que cubren los diferentes ámbitos que tienen que ver con el trabajo de calle, pero que necesitan fundamentalmente de una articulación entre las diferentes administraciones y un abordaje humanitario no asistencialista de la situación de las personas en movimiento.

6ª En estrecha relación con el punto cuatro, el futuro se presenta difícil, muy difícil. Bajo el paraguas de la xenofobia, la creciente externalización de fronteras y persecución de las personas migrantes hace cada vez más difícil soñar con sociedades de mayor inclusión y entendimiento.

Los acuerdos con los países de origen y de tránsito de los procesos migratorios cada vez respetan menos los derechos humanos y la situación de las personas, y en nuestra frontera sur la represión es creciente.

Por otra parte, en tanto no se garantice el reconocimiento de derechos básicos para las personas migrantes, no podremos salir del limitado círculo del voluntarismo y la compasión. Es necesario construir sociedades entre iguales, sólo los derechos harán posible una vida digna de las personas que arriben a nuestro país.

Comunicado acerca de la cumbre europea sobre migración

Manifiesto

Ante los acuerdos tomados en materia de migración y asilo en la última cumbre de líderes europeos celebrada los días 28 y 29 de junio, las organizaciones abajo firmantes manifiestan su más firme rechazo al contenido y al fondo de las resoluciones tomadas en un encuentro, del que se esperaba una respuesta necesaria y esperanzadora a la situación vital que están sufriendo miles de seres humanos, empujados a abandonar sus lugares de procedencia.

En dicha cumbre se tomaron acuerdos, que en realidad no acuerdan nada, dando vía libre a que cada país haga lo que quiera; unos acuerdos que reinterpretan el derecho de asilo, modificando normas para maquillar las continuas violaciones al derecho internacional y europeo en temas de asilo y acogida; unos acuerdos tomados desde la óptica del estar tratando con “carne humana”, cediendo así a los planteamientos más regresivos y xenófobos que empiezan a emerger en varios países de la Unión; unos acuerdos que desoyen el clamor de la mayoría de la población que se solidariza con los migrantes o la disposición de cientos de ayuntamientos dispuestos a acogerlos en sus localidades.

Pero quizás lo más vergonzante es que, mientras muchos seres humanos mueren en su intento de cruzar el Mediterráneo, estos líderes europeos centraron su discusión en si creaban “plataformas de desembarco” en el interior de Europa o si lo hacían en terceros países. No hubo ni una autocrítica, ni una reflexión acerca de la responsabilidad que Europa ha tenido en la generación del conflicto; ni un reconocimiento del expolio que Europa ha producido y sigue produciendo en aquellos países de donde proceden los migrantes; ni una revisión a su lucrativa política de invasiones (como miembros de la OTAN) y de venta de armas, que termina abasteciendo a aquellos países en conflictos de los que hoy huye la gente.

Básicamente hablaron de dónde colocar “plataformas de desembarco”, es decir, cárceles para extranjeros o, más acertadamente, campos de concentración, con el objetivo último de devolver a los migrantes a sus precarios países de origen. Es un paso más atroz y deshumanizante en la dirección de los ya cuestionados “Centros de Internamiento para Extranjeros”. Ni dentro ni fuera, Europa no puede torpedear sus cimientos humanistas para ceder a la ultraderecha racista y fascista con una política que vuelve a criminalizar al extranjero, al migrante, al diferente, y a quienes se solidarizan con ellos.

La vida humana es sagrada y, desde el convencimiento de que no habrá progreso si no es de todos y para todos, las organizaciones firmantes instan a los gobiernos europeos a dar una respuesta coherente y urgente tomando medidas como:

  • Desmantelamiento de todos los centros de internamiento para extranjeros, así como el abandono de toda tentativa de crear cárceles para migrantes, en cualquiera de sus formas.
  • Eliminación de ‘vallas’ en distintos países de la Unión.
  • Por el contrario, ir avanzando hacia la eliminación de fronteras, que solo existen para separar a los pobres y no tienen realidad para los capitales y la minoría cada día más escandalosamente rica del planeta.
  • Impedir que los impuestos de los ciudadanos europeos sean destinados a la ‘vigilancia de fronteras’, la ‘externalización’ de las mismas y la creación de ‘plataformas-prisiones’. Proponemos que estos fondos sean destinados a otros aspectos, como la acogida de estos seres humanos que llegan a Europa.
  • No a la criminalización del migrante y del refugiado ¡Ningún ser humano es ilegal!
  • Desistir en la criminalización de ONGs y cooperantes que ponen su esfuerzo en salvar vidas humanas, así como penalizar a aquellos países que entorpezcan su labor (como es el caso de los continuos sabotajes a los barcos humanitarios Aquarius, Lifeline u Open Arms).
  • Qué estas políticas sean investigadas y consideradas crímenes de lesa humanidad.
  • Habilitar vías de ingreso legales a Europa para una real y efectiva lucha contra las mafias que especulan con el comercio de seres humanos. No solamente con la creación de “pasillos humanitarios”, sino, sobre todo, otorgando documentos de entrada legal a Europa.
  • Crear una política de reparación a aquellos países a los que Europa lleva expoliando desde hace centurias.
  • Control exhaustivo de las ventas de armas a países en conflicto, directa o indirectamente desde terceros países.
  • Dejar de seguir los mandatos de EEUU, a través de la OTAN; dejar de ocupar territorios y de bombardear a las poblaciones, que se ven obligadas a huir buscando salvar sus vidas y las de los suyos.
  • El cumplimiento escrupuloso de la Declaración de los Derechos Humanos así como de las leyes internacionales en materia de asilo y migración.

Mientras tanto, alentamos a las poblaciones a mantener ese impulso solidario que entronca con nuestras mejores tradiciones humanistas europeas. Debemos seguir dando esa lección de dignidad a nuestros vergonzantes dirigentes políticos trabajando con las decenas de miles de ciudadanos que están ofreciendo sus casas, o las redes vecinales que se articulan para dar atención urgente a los que llegan a sus ciudades, así como apoyar a los líderes locales de nuevo cuño que asumen desde sus municipios las responsabilidades que los gobiernos nacionales y las instituciones europeas son incapaces de desarrollar.

Madrid, 3 de julio de 2018

Firmado:

Convergencia de las Culturas
Redes Cristianas
Iglesia Evangélica Española
Energia per i Diritti Umani Onlus – Roma
Diritti al Cuore Onlus – Roma
Salute Migrante – Roma
Pressenza International Press Agency
La Asociación Mujeres Humanistas por la Noviolencia
FICNOVA, la Festival Internacional de cine de la noviolencia activa
Humanistas por la Renta Básica Universal

Plataforma de solidaridad con los/as inmigrantes de Málaga

Luis Pernía Ibáñez

Cuestiones

1ª Descripción del grupo/colectivo: ¿quiénes sois, dónde  y desde cuando intervenís, a quiénes os dirigís?

2ª ¿A qué problemáticas intentáis responder?

3ª ¿Qué papel juegan las administraciones implicadas en esta situación?

4ª ¿Cuáles son los mayores retos a los que os enfrentáis?

5ª Soluciones que proponéis y realizáis

6ª ¿Cómo veis en un futuro próximo la situación que estáis abordando?

1ª Nuestro grupo se denomina Plataforma de Solidaridad con los/las inmigrantes de Málaga. Nació en 1992, en Málaga, cuando en la ciudad se constató la presencia de más inmigrantes cada día y cuando, por decirlo de alguna manera, el saldo migratorio se hizo positivo, es decir, que entraban más personas migrantes de las que salían.

Se inició con un grupo de asociaciones proinmigrantes conscientes de que solas no podíamos hacer nada ante una realidad de gran envergadura y por tanto que teníamos que juntarnos en una Plataforma. Aquellas primeras organizaciones eran Asociación de Mujeres Progresistas la Mitad del Cielo, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (A.P.D.H.A. Málaga), Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA), ATIME, CC.OO., CEAR, Federación de Vecinos Unidad, Jóvenes por la Intolerancia, Málaga Acoge, UGT, Secretariado Diocesano de Migraciones, Comisión 0,7, Liga Malagueña por la Cultura y la Educación y Fundación Paz y Solidaridad.

Posteriormente se unieron Médicos del Mundo, ASIS, Uyamá, Interred, Oxfam, Palmira, Asociación de Paraguayos, Asociación de Bolivianos, Coordinadora de Inmigrantes, Bienvenidos Refugiados y Observatorio Frontera Sur.

Este elenco de organizaciones ha oscilado al cabo de los años, pues algunas han dejado de asistir o sencillamente han desaparecido. Sin embargo. un pequeño grupo ha permanecido constante afrontando los nuevos retos que cada día trae el fenómeno migratorio.

2ª Al principio, más o menos en la última década del siglo xx, nuestra preocupación principal era, por un lado, estar unidos en una Plataforma, porque considerábamos que el fenómeno migratorio era de una magnitud que cada ONG o colectivo no podía afrontar individualmente; y por otro lado buscar un status legal migratorio, pues no existía una legislación pertinente. Posteriormente fueron la denuncia permanente sobre la arbitrariedad de los CIE (especialmente el de Capuchinos de Málaga), el acogimiento en los pueblos de la provincia de los primeros grupos de personas subsaharianas que llegaron a Andalucía, propuestas alternativas a unas Leyes de Extranjería (especialmente a la Ley 8/2000) con muchas lagunas en relación a los Derechos Humanos y la propia Constitución Española, y responder a tres demandas importantes de las personas inmigrantes: los papeles, la vivienda y el trabajo. En los últimos tiempos es el acogimiento de las personas enfatizando en restablecer el derecho de asilo y los derechos que amparan las personas refugiadas según la Convención de Ginebra.

3ª Desde finales de los noventa del siglo pasado, cuando el saldo migratorio fue positivo hacia nuestro país, constatamos que buena parte de las administraciones cayeron en la tentación de “hacer política con la inmigración” en el sentido de convertir la inmigración en un instrumento de lucha electoralista, en vez de “política para la inmigración”. La consecuencia no pudo ser otra que un modelo de gestión instrumental de cara a la galería electoral, deshumanizado, evaluado como una especie de operación contable, en función de oferta y demanda del mercado laboral y de gestión policial. Las administraciones lo presentan, en consecuencia, como un problema. Así la inmigración es entendida como una competencia desleal por recursos escasos como el trabajo o la vivienda, se vincula a la inseguridad ciudadana y como una amenaza para la identidad nacional. Las administraciones dejaron de lado lo que significa en sí el fenómeno migratorio y se refugiaron en su castillo hasta que la peste pasara, como en el poema de Edgar Allan Poe. Así sus respuestas fueron opacas, fraccionadas y para salir del paso. Y en esta dinámica continúan sin entender que las políticas migratorias deben ir de la mano de los Derechos Humanos.

Por ello seguimos cuestionando a los gobiernos español y europeos sobre la estrategia de externalización de la gestión de nuestras fronteras a países como Marruecos y Turquía, exigiendo la suspensión de los acuerdos.

Ponemos en tela de juicio al Frontex y sus labores de vigilancia y represión actuales en nuestras fronteras.

Venimos exigiendo a los partidos políticos que asuman el compromiso del acogimiento de 18.449 personas, que es la cuota que públicamente decidió asumir el Gobierno español.

Permanentemente y más ahora con el nuevo Gobierno manifestamos nuestra rotunda negativa a la realización de las “devoluciones en caliente” en las fronteras de Ceuta y Melilla.

Reiteramos nuestra exigencia del cierre de los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros).

Exigimos la derogación del RD Ley 16/2012 y su posterior desarrollo a través del RD 1192/1012, que supone la expulsión de miles de personas inmigrantes del sistema sanitario.

Seguimos pidiendo que se eliminen las detenciones indiscriminadas a inmigrantes.

De forma positiva pedimos que establezca con los restantes países europeos rutas seguras, con medidas concretas y urgentes de acceso legal y seguro.

Pedimos la retirada de las “concertinas” en las vallas de Ceuta y Melilla, por razones de estricta humanidad y respeto a los derechos humanos.

4ª El reto más importante para las administraciones es desbloquear el corsé del miedo a los votos, y es que desde que surgió el fenómeno migratorio las políticas migratorias tiraron a resguardarse sobre sí mismas, se escoraron sobre sus intereses, dejando de lado la realidad de las personas que llegaban, por qué llegaban y el calado de aquellas llegadas que cada día iban a más. Siguieron haciéndonos ver que era un asunto coyuntural y no estructural.

En esta línea, vemos que, en España, el debate se ha colado de golpe y por las mismas razones por las que ya ha hecho furor en el resto de Europa, donde la derecha más conservadora se ha instalado en el poder en países como Hungría, Austria o Italia, con el discurso de la pérdida de identidad y la falta de seguridad que provoca la inmigración, haciendo surgir estas preguntas ¿Por qué engañan? ¿Por qué ocultan el interés común? No es que desconozcan que nuestras sociedades envejecen y avanzan hacia un futuro inviable, es que expandiendo el temor a la inmigración arrancan millones de votos. Triste que haya entrado en España de la mano de una derecha que le ha bastado perder el Gobierno para abrazar esa misma idea de que nos invade el enemigo.

Otro reto es entender y prepararnos, en consecuencia, para saber que las migraciones van a seguir como el día a la noche. Esto supone que nuestras organizaciones y, por supuesto, los Gobiernos español y europeo pongan en marcha políticas que centren sus esfuerzos en las causas de las migraciones forzadas en origen y no en la contención y control policial y militar.

Otro reto es el cumplimiento de los acuerdos internacionales firmados, especialmente la Convención de Ginebra de 1951. En todo el año solo han llegado 75.000 inmigrantes a Europa, una cantidad que no debería alarmar, pero se habla de una invasión de millones y se elude otro argumento importante. Mientras pagamos 3.000 millones de euros para sellar la frontera turca, Marruecos solo ha recibido 30 para hacer lo mismo y presiona abriendo el grifo. Era el anuncio de un verano más caliente en la ruta occidental, con puerta de entrada en el sur de la Península. Aun así, no será una invasión, pero sí la evidencia de que financiar las fronteras del engaño es inútil porque solo aumenta los beneficios del tráfico humano. Un error que debería centrar la reflexión y el debate.

Pero el reto más importante al que nos enfrentamos es que, en realidad, necesitamos de los inmigrantes para dar respuesta a una sociedad envejecida, las pensiones, y las necesidades del mercado laboral. Necesitamos inmigrantes. La duda, tal vez, sea cuántos necesitamos, pero no hay una sola tesis que haya demostrado que podamos mantener las pensiones o el sistema de seguridad social, es decir, los pilares del Estado de bienestar sin abrir las puertas. Ahora que el calor aprieta y el debate apela a las emociones, más que a la razón, conviene recordar que agitar el temor a los que vienen solo es posible gracias a la desinformación. Necesitamos inmigrantes como agua de mayo.

5ª Las soluciones que se han llevado a cabo por nuestras administraciones son muy discutibles, por antidemocráticas, poco constitucionales y con el olvido de los acuerdos internacionales firmados y de los Derechos Humanos. Miradas de cerca podemos decir que han sido y son opacas, fraccionadas y para salir del paso.

No queda otra solución que tomar en serio el fenómeno migratorio evitando los paños calientes. Esto supone, que los Gobiernos español y europeo legitimen el fenómeno migratorio y, a su vez, pongan en marcha políticas que centren sus esfuerzos en las causas de las migraciones forzadas en origen y no en el control policial y militar de los flujos migratorios.

Además y en propuestas más concretas las organizaciones sociales de la Plataforma seguimos cuestionando a los gobiernos español y europeos sobre la estrategia de externalización de la gestión de nuestras fronteras a países como Marruecos y Turquía, exigiendo la suspensión de los acuerdos y del apoyo bilateral de la UE a los países que no respetan los Derechos Humanos.

Pedimos que de una vez por todas se cuestione el papel de Fróntex y sus labores de vigilancia y represión actuales en nuestras fronteras, de tal manera que se convierta en un instrumento para una amplia operación europea de rescate y salvamento en el Mediterráneo, descartando toda acción militar.

Pedimos a los partidos políticos que asuman el compromiso del acogimiento de 18.449 personas, que es la cuota que públicamente decidió asumir el Gobierno español.

Urgimos se suspendan las “devoluciones en caliente” en las fronteras de Ceuta y Melilla, que permanentemente hace el Gobierno español y por tanto pedimos la eliminación la Ley de Seguridad Ciudadana, cuya disposición Final Primera enmienda la Ley de Extranjería para amparar dichas devoluciones. Dada la gravedad y continuidad de esta práctica pedimos la presencia de la Cruz Roja a pie de valla. En este sentido pedimos también la retirada de las “concertinas” en las vallas de Ceuta y Melilla, por razones de estricta humanidad.

Desde hace años venimos pidiendo el cierre de los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros) por su déficit humanitario, democrático y jurídico. Del mismo modo, manifestamos nuestra rotunda oposición a cualquier proyecto de apertura de un nuevo CIE en la provincia de Málaga.

Queremos que claramente se derogue el RD Ley 16/2012 y su posterior desarrollo a través del RD 1192/1012, que supone la expulsión de miles de personas inmigrantes del sistema sanitario.

Seguimos con un no rotundo a las detenciones indiscriminadas a inmigrantes, muchas de las cuales se realizan atendiendo a criterios raciales o directamente en sitios a los que necesitan acudir de forma cotidiana: colegios, hospitales, centros de salud o comedores, etc.

Muchas de las soluciones que demandamos son las del día a día, como ha sido recientemente el cierre de la cárcel de Archidona o la petición, estos días, de un centro de acogida digno (“el centro de las 72 horas”, que nosotros decimos) para los inmigrantes que llegan a Málaga. Lo cual indica que nuestro papel como Plataforma es responder, dentro de nuestras posibilidades, a las demandas que el fenómeno migratorio plantea en cada momento. No dudamos en absoluto del valor de nuestras pequeñas acciones haciendo nuestro aquel refrán africano “pequeña gente, con pequeñas acciones, en pequeños lugares, hacen cosas grandes”.

6ª El futuro lo vemos difícil, pero no imposible. Entendemos que el escenario de juego se mueve entre la real politik y las evidencias, que en el fondo es entre identidad y alteridad.

Lo cual exige, en primer lugar, un debate social sobre la inmigración. El eje del debate es si disponemos de instrumentos adecuados para gestionar el fenómeno migratorio y si el primer elemento a considerar sería el de la legitimidad, es decir, de que su tratamiento sea de conformidad con los principios y reglas del estado de derecho y de la democracia, de tal manera que, en todo momento, brille el reconocimiento y garantía de los derechos humanos. Después habrá que barajar elementos de eficacia, pero siempre en segundo lugar.

Y la primera constatación es que la inmigración va a continuar. Poner el énfasis en que es un fenómeno estructural y no coyuntural y por eso aceptar la existencia de flujos migratorios como un fenómeno social histórico e internacional, presente y futuro. En el momento presente con profundas razones como la mundialización o globalización económica, homogenización cultural, quiebra Norte-Sur, mito de la Ciudad de la Abundancia, guerras, desastres ecológicos, pero también porque hay países a quienes interesa la inmigración por sus aportaciones demográficas, por su riqueza cultural y aporte laboral.

El flujo casi diario de llegadas a nuestro puerto y las muertes, contadas y sin contar, en el Estrecho, solo pueden corregirse demandando, por activa y por pasiva, se establezcan con los restantes países europeos rutas seguras, con medidas concretas y urgentes de acceso legal y seguro al estado español, como la búsqueda, el rescate y el tratamiento de las solicitudes de asilo en terceros países, mediante la posibilidad de solicitar asilo en las embajadas, y la concesión de visados humanitarios, de reagrupación familiar, de estudio, de trabajo y de reasentamiento.

El futuro pasa necesariamente por tomar en serio el fenómeno migratorio evitando los paños calientes. Esto supone que los Gobiernos español y europeo centren sus esfuerzos en las causas de las migraciones forzadas en origen y no en el control policial y militar de los flujos migratorios.

Mirando también el día de mañana entendemos que ninguna política de migración puede llegar a buen puerto si los pueblos se oponen a ella. Esta es la principal lección que puede sacarse desde que comenzó a preocupar el fenómeno migratorio. Pues hemos visto renacer el racismo, la xenofobia y la exclusión étnica. Pero también hemos visto que todas las identidades se van transformando. Más vale prepararse para ello, es decir, educar a los pueblos, en vez de confiar ciegamente en las leyes del mercado. En consecuencia uno de los trabajos más importantes de las organizaciones de nuestra Plataforma es la sensibilización sobre la realidad migratoria en escuelas, universidades, institutos y toda clase de ámbitos educativos posibles. Y en eso estamos.

Nadie podrá hurtar el sueño del mestizaje y de la policromía social y cultural a los agentes proinmigrantes, porque las urgencias, las apremiantes urgencias para la supervivencia de este navío espacial, llamado Tierra, eso que llamamos “solidaridad necesaria”, así lo reclaman.

Nos queda la palabra y la proximidad

Manifiesto Éxodo

Nos queda la palabra

…para expresar la posición de Éxodo ante el fenómeno de los migrantes y de los refugiados.

Los seres humanos migran. Buscan refugio. Y lo hacen forzados en origen, al menos en parte, e inducidos por varias circunstancias. Algunas, no pocas, fruto de la globalización y su creencia de que el libre comercio conduce por sí solo e inevitablemente al crecimiento del bienestar humano. Los desequilibrios, el expolio que genera la codicia de las grandes multinacionales, el reparto injusto de los bienes a escala planetaria, las hambrunas sistemáticas, la miseria, la escasez de servicios básicos, etc., constituyen daños colaterales eventuales. A tales causas expulsoras hay que sumar las guerras, las persecuciones políticas, tribales, religiosas, étnicas o por condición sexual, sin marginar la presión ejercida por la densidad demográfica o por los desastres naturales que fuerzan los desplazamientos, ni olvidarnos de la búsqueda de oportunidades y mejores perspectivas por parte de quien emigra o para su familia.

Están los hechos y están los derechos, pues migrar y buscar refugio son derechos humanos. Pues bien, en torno a ellos con frecuencia se emiten mensajes simples cargados de emotividad e incitación que van configurando todo un imaginario de prejuicios que intoxica la salud democrática y a los que es imperativo darles réplica.

El primero o prejuicio nodriza hunde sus raíces en esa zona abisal del cerebro donde reinan los miedos a lo extraño. Este mecanismo de defensa se verbaliza usando categorías y clasificaciones disyuntivas (nosotros/los otros, legales/ilegales,…) que olvidan adrede la igualdad de los seres humanos a la vez que ignoran la dignidad de personas concretas con sus situaciones específicas.

Está luego el prejuicio numérico. Los informes aseguran que cada dos segundos una persona se vio forzada a desplazarse durante 2017 hacia un destino más o menos incierto. La constatación de que la mayoría de los desplazados se queda en regiones limítrofes al país de procedencia como testifican la crisis de los refugiados sirios, iraquíes, yazidíes, kurdos, rohingyas, sudaneses del sur, etc., y de que sólo una minoría afronta el reto de dirigirse hacia Occidente, importan poco. Lo crucial para algunos políticos y no pocos medios es distorsionar la cifra con mensajes-zoom: “invaden nuestra tierra”, “España no puede absorber a millones de africanos”, “no podemos dar papeles a todos”, “se produce un efecto llamada”, “nos suponen un gasto difícilmente asumible”, “hay que garantizar nuestras fronteras” …con el fin de que cale la creencia de que los emigrantes y los refugiados son muchos más de los que en realidad son. Corolario: ante el dilema o ellos o nosotros, nuestro control migratorio se coloca por encima de su derecho a la vida.

Imperioso resulta denunciar, en tercer lugar, la falacia del discurso proteccionista que convierte al emigrante pobre en chivo expiatorio de los males sociales y nacionales. De este modo la xenofobia y la aporofobia se hermanan bajo la máxima de que los emigrantes erosionan el estado del bienestar, compiten con los nacionales para el reparto de recursos, roban los empleos, agotan nuestro sistema de protección al recibir ayudas y subvenciones. No es cierto, sin embargo, que los inmigrantes nos esquilmen, al contrario, tienen, a la larga, efectos positivos demográficos para nuestra sociedad envejecida, aportan riqueza cultural, mejoran a corto plazo el PIB per capita, son garantía para las pensiones y mejoran otros indicadores para el sostenimiento del estado de bienestar.

De igual modo es preciso combatir las generalizaciones infundadas del relato alarmista que imputa a todo el colectivo migrante comportamientos delictivos o acciones censurables asociando la emigración al incremento de la inseguridad ciudadana. Y si a esta burda correlación se añade la sospecha de que los migrantes sirven de camuflaje a los terroristas, ya tenemos el magma donde chapotea la extrema derecha emitiendo consignas con una sorprendente capacidad de filtración.

Este proteccionismo antiinmigración no puede, además, desvincularse del prejuicio identitario: los inmigrantes destruyen nuestra cultura infectando las creencias, los valores, las costumbres, el lenguaje. Hace casi veinte años que Maalouf, A. hablaba de las identidades asesinas aludiendo a la patria, a la religión, a la etnia o a la propia cultura cuando se idolatran o se conculcan en su nombre los derechos de los otros. Y Octavio Paz, por su parte, advertía de que contra el atávico impulso racista que detesta al extraño, no hay mejor remedio que el mestizaje. Porque lo que en realidad se impugna en el racismo y en la evaluación moral que se ejecuta según la pertenencia es el derecho a la igualdad de la diversidad. De ahí nuestra repulsa contra ese supremacismo first que inocula el chovinismo en programas políticos e impulsa actitudes agresivas por parte de los ‘nacionales’ que al sufrir una difícil situación económico social miran al inmigrante como un antagonista.

Contra esta batería de prejuicios nos queda batallar con la palabra. Llevar a cabo un distendido debate social sobre la inmigración cuyo eje tendría que fijarse en si disponemos de instrumentos adecuados para gestionar el fenómeno migratorio y si el primer elemento a considerar ha de ser el de la legitimidad, es decir, tratar la migración y el asilo de conformidad con los principios y reglas del estado de derecho y de la democracia, de tal manera que, en todo momento, brille el reconocimiento y la garantía de los derechos humanos. Sólo después habrá que madurar los dispositivos de eficacia.

Y nos queda la proximidad

…para comprender que los derechos de las personas migrantes y refugiadas se defienden mejor en el encuentro con ellas o cuando sencillamente las miras a los ojos. Es lo que hacen las voluntarias y los voluntarios, las comunidades, los pueblos y las organizaciones que están en primera línea de las fronteras sólidas o líquidas socorriendo, rescatando, salvando, acogiendo dignamente luego, acompañando después.

Ellos son los ojos que nos ayudan a educar nuestra mirada. Ven personas. Prójimos. Dan visibilidad a seres humanos en diáspora. Perciben su ejemplar capacidad de resistir, su ejercida dignidad, sus sueños de libertad, su solidaridad en situaciones límite. También su pavoroso infierno. Las perciben en directo una a una sin necesidad de estereotipos ni categorías excluyentes. Y con eso está ya casi todo dicho.

Ven que las fronteras se han convertido en espacios-de-no-derechos donde el control vale más que la vida, con riesgo añadido para la infancia y para las mujeres que se ven obligadas a poner el dinero y el cuerpo.

Ellos son la piedad en acción para con las familias de los muertos y desaparecidos en ese cementerio atroz del Mare Nostrum, alentando su acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación, colaborando con las organizaciones de las comunidades migrantes que se enfrentan al poder de las organizaciones criminales necesarias para el cruce.

Ellos son el compromiso a pie de obra que acoge y trata de facilitar el acceso a la escolarización, a un techo, a un trabajo, a la herramienta de la lengua y a otras formas de incorporación social. Su compromiso nos indica el camino por el que debería transitar una sociedad civil movilizada a fin de obtener el reconocimiento de los derechos básicos de las personas migrantes y superar de ese modo el círculo del voluntarismo, de la caridad y de la compasión. Porque es preciso reclamar una política migratoria más flexible para obtener visado de residencia y trabajo, siquiera dentro de un plazo prudencial.

            Ellos son los testigos, si se quiere profetas, que denuncian las devoluciones en caliente, las detenciones indiscriminadas, la represión en la frontera sur. Ellos reclaman de las administraciones el cumplimiento de sus responsabilidades y sus obligaciones, entre ellas el acuerdo sobre el cupo y el cambio de funciones del Frontex. Ellos inculpan la Ley de Extranjería exigiendo que responda, por estricta justicia, a las demandas de “papeles”, de vivienda y de trabajo. Evidencian la explotación de los migrantes, de las esclavizadas entre fresas… Exigen el cierre de los CIE, esos lugares opacos de sufrimiento inútil, por su déficit humanitario, democrático y jurídico, en los que las ONGs amortiguan la vulnerabilidad de las personas internadas previniendo la violación de sus derechos y tratando de corregir las deficiencias, y piden que se cambien por Centros Abiertos de estancia temporal, en los que se dé orientación sobre el marco jurídico de extranjería a la vez que se proporcionan las primeras herramientas para la integración social. Ellos son los que solicitan que se establezcan rutas seguras con los demás países europeos, acompañadas de medidas concretas y urgentes de acceso legal.

            Ellos son el testimonio de cómo deberían asumirse ciertas responsabilidad para ser coherentes con principios, valores o intuiciones morales, y de este modo responder ante la propia conciencia, ante los demás o ante el Dios que juzga según la norma “porque fui forastero y me hospedaste”.

Ellos son la memoria que alerta de que emigrantes y exiliados los españoles fuimos, de que las identidades se van transformando, que las migraciones conforman flujos cíclicos que no van a detenerse, que vamos hacia la policromía social y cultural, y que resulta preferible prepararse, sensibilizarnos y educarnos para ello a confiar ciegamente en las leyes del mercado.

Ellos son la esperanza de que la tierra prometida se alcanza trabajando por otro mundo posible más mestizo.

Nos queda la palabra y la proximidad: manifiesto de Éxodo.