La ley mordaza o la manipulación ideológica de la justicia

Manuel de la Rocha, Abogado

El Gobierno ha enviado ya a las Cortes el Proyecto de Ley llamado de Protección de la Seguridad Ciudadana, contra el que la opinión pública se ha pronunciado de forma unánime.

Esta Ley de Seguridad Ciudadana junto con las modificaciones al Código Penal son instrumentos de una política represiva sobre los derechos de los ciudadanos frente a la contestación social. Pero también reformas que expresan concepciones profundas de la derecha española, hondamente ideológicas, sobre el alcance de los derechos fundamentales en una sociedad democrática y sobre la función del Derecho Penal y demás normas represoras, concepciones alejadas de la jurisprudencia constitucional y de los parámetros que la Ilustración penal ha ido desarrollando. Ya el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha advertido que esta Ley de Seguridad Ciudadana es “altamente problemática”.

Los años de la crisis financiera y económica están siendo muy duros para los ciudadanos y los trabajadores de nuestro país. Especialmente desde el año 2012 son constantes los recortes en derechos laborales y en derechos sociales. Por una parte, el ataque a la negociación colectiva, el incremento del poder de los empresarios, la posibilidad de éstos de reducir unilateralmente los salarios de sus trabajadores, lo que no había ocurrido nunca en la historia de las relaciones laborales en España, el abaratamiento de los despidos, la nueva reducción de las pensiones, y ahora la pretensión de limitar el derecho de huelga y la persecución penal de los huelguistas. Por otro lado el duro recorte de lo que se ha llamado “salario social”, con el deterioro progresivo y desmantelamiento del sistema público de educación, sanidad y dependencia.

Todo ello ha dado lugar a dos millones de hogares con todos sus miembros en paro y a varios cientos de miles de familias desahuciadas por su banco por no poder pagar sus hipotecas, y es expresión de una política que fundamenta la salida de una grave crisis financiera en el ajuste social, el recorte de derechos de los trabajadores y los menos favorecidos de nuestra sociedad y en definitiva en el incremento de la desigualdad.

La consecuencia ha sido el aumento de la protesta social, la convocatoria de huelgas generales por los sindicatos, así como de huelgas sectoriales y en algunas empresas con especial conflictividad, y la aparición de nuevas formas de protesta social, como las acampadas, los escraches, la utilización de las redes sociales para la convocatoria de manifestaciones y extensión de las protestas, etc.

Frente a esta contestación social el Gobierno no se plantea modificar su política económica, ni dar marcha atrás a los recortes laborales y sociales, sino que fiel a su matriz ideológica conservadora, su respuesta es exclusivamente represiva. En los dos últimos años se ha producido un incremento exponencial de la represión policial contra las manifestaciones de protesta, con la complicidad de la fiscalía, que en lugar de defensora de la legalidad, primero de la constitucional y de los derechos fundamentales que la Constitución garantiza, actúa también como punta de lanza de la acción represiva del Gobierno. Su actuación en el caso de los sindicalistas miembros de los piquetes de huelga, para los que pide muchos años de cárcel, es significativa.

La Ley de Seguridad Ciudadana, junto a la reforma penal, va dirigida contra las acciones de protesta y oposición a las políticas de recortes del Gobierno, en la medida en que se desarrollan a través del ejercicio de los derechos constitucionales de huelga, reunión y manifestación, expresión y en general de participación en los asuntos públicos, incrementando los comportamientos que no eran objeto hasta ahora de sanción, ni penal ni administrativa, o que los jueces no sancionaban por entender eran expresión del ejercicio de derechos constitucionales. Con estas nuevas leyes van a ser muy duramente sancionados, como expresión de un Derecho Penal autoritario, propio de quien no soporta ni acepta la contestación y la protesta.

La Constitución Española regula y garantiza los derechos fundamentales de expresión, reunión y manifestación y huelga, y lo hace sin establecer ninguna limitación gubernativa. Así quedó claramente recogido entre otras en la Ley Orgánica que regula el derecho de reunión. Y si el legislador ha de establecer algún requisito formal previo, lo es exclusivamente para garantizar el ejercicio de otros derechos fundamentales.

La nueva Ley va mucho más allá de esa concepción constitucional, para establecer como objetivo central no la garantía del ejercicio libre de los derechos fundamentales, sino la seguridad ciudadana, que se define nada menos que como garantía de la “tranquilidad de los ciudadanos” y que se usa como título jurídico para restringir toda una variedad legítima de formas de ejercicio de la discrepancia contra las políticas gubernamentales, y de “legalizar”, precisamente, las decisiones de la autoridad gubernativa que han sido revocadas por los órganos judiciales por considerarlas contrarias a la Constitución.

Pero la seguridad ciudadana, como el orden público, no son derechos fundamentales de los ciudadanos, no están reconocidos como tales en la Constitución ni tampoco en los Convenios Internacionales ratificados por España. El Tribunal Constitucional en su STC 385/1994 no reconoce un derecho fundamental a la seguridad ciudadana, sino que la considera una función de los Cuerpos de Seguridad, inseparablemente unido al derecho a la libertad individual. En cambio, sí ha afirmado sobre el derecho de manifestación en su STC 195/2003 que se trata de una “manifestación colectiva de la libertad de expresión”, que es “un cauce del principio democrático participativo” y que “para muchos grupos sociales este derecho es, en la práctica, uno de los pocos medios de los que disponen para poder expresar públicamente sus ideas y sus reivindicaciones”.

Lo que persigue la nueva Ley es impedir de hecho el ejercicio de las libertades públicas de expresión, reunión y manifestación, y el derecho de huelga en su vertiente de constitución de piquetes informativos; o limitarlos desproporcionadamente, disuadiendo a los ciudadanos y trabajadores para que no se manifiesten, elevando duramente las sanciones, o inventándose nuevas conductas objeto de sanción, como reacción frente a protestas concretas que se han ejercido en los últimos dos años: los escraches, las concentraciones en lugares céntricos de las ciudades, las acampadas más o menos permanentes como expresión cívica de la protesta en los centros urbanos, las manifestaciones masivas en protesta por los recortes, los piquetes informativos en las huelgas, etc.

Por una parte se amplían enormemente los supuestos sancionables, a la vez que se incrementan desproporcionadamente los tipos de sanción, elevando las multas hasta los 600.000 euros en ciertos casos. Y además, se busca extender la responsabilidad sancionadora también a los “inspiradores”, a quienes promuevan o convocan manifestaciones, huelgas y acciones de protesta, haciéndoles responsables de las conductas realizadas por individuos o grupos aislados durante los actos de protesta.

Incluso se eliminan normas de garantía de los ciudadanos frente a la Administración, al imponer que no se pueda identificar a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que actúan en una manifestación, lo que conlleva la impunidad de actuaciones policiales en las que el uso de la fuerza sea desproporcionado.

Por otro lado, para impedir lo que el Ministro del Interior ha llamado el “subjetivismo de los jueces”, se elimina el control judicial previo, sustrayendo de la competencia de los jueces la calificación como legales o ilegales de las conductas de los ciudadanos cuando protestan contra los recortes del Gobierno, para atribuírsela a la propia Administración, que se convierte así en juez y parte. Decidir si una manifestación se ha extralimitado en su ejercicio o si unas expresiones implican una extralimitación o no de la libertad de expresión, implica atribuir a la Administración no la facultad de preservar la seguridad ciudadana, sino la de sancionar el ejercicio de los derechos fundamentales.

Se pretende justificar tal dislate en que al desaparecer en el futuro Código Penal las faltas, determinadas conductas que éste hoy considera falta quedarían despenalizadas, por lo que ahora pasan a la Ley de Seguridad Ciudadana. La realidad es que menos de una sexta parte de las conductas que se tipifican proceden de conductas antes penalizadas como faltas. Y por otro lado, ese cambio implica una disminución injustificada de garantías para los ciudadanos. Hasta ahora la policía denunciaba ante el juez penal, y tenía que demostrar los hechos y el carácter punible de la conducta, siendo los jueces los que resolvían. Ahora será el Gobierno quien decida qué comportamientos son reprobables, juzgando las conductas y sancionándolas pecuniariamente. Y quien quiera recurrir ante los jueces de lo contencioso-administrativo tendrá previamente que pagar para recurrir, además de pagar las tasas judiciales impuestas por el Ministro Gallardón.

Estas nuevas sanciones administrativas se unen a la ampliación que la reforma del Código Penal hace de los denominados delitos contra el orden público, endureciendo los tipos delictivos relacionados con el ejercicio del derecho de manifestación o huelga, como la desobediencia o el delito de desórdenes públicos, incluso el delito de atentado, incluyendo un nuevo delito como el referido a la convocatoria de manifestaciones mediante la difusión de mensajes a través de las redes sociales y sancionando la mera resistencia pasiva.

En definitiva, se trata de cercenar las libertades democráticas y de acallar la protesta social mediante la criminalización generalizada del conflicto social, convirtiéndolo en un conflicto de orden público. Es un paso más en lo que se ha llamado la demolición asimétrica del Estado, en que a la vez que se desmantela el Estado de Bienestar, se refuerzan las funciones represoras y se intenta limitar la capacidad de los ciudadanos de defenderse frente a las agresiones de sus patronos y del propio Estado que elimina sus derechos.

Aumento de la represión y recorte de derechos: ya en 1748 Montesquieu denunció que en “los Estados de Europa las penas han disminuido o aumentado a medida que se acercaban a la libertad o se alejaban de ella”. Esta Ley y la reforma penal nos retrotraen a un pasado preilustrado.

 

 

La Auditoría Ciudadana de la Deuda como instrumento de la justicia global

Berta Iglesias y Alfredo Sánchez, Miembros de la PACD

Desde la década de los 70, muchos pueblos de la Periferia (África, América Latina y Asia) están encadenados a una deuda que, a pesar de haber pagado con creces, sigue estrangulando sus economías y coartando sus posibilidades de desarrollo. Durante este tiempo los poderes financieros han utilizado la deuda para someter a las economías periféricas a sus intereses capitalistas dando lugar a lo que muchos han llamado neocolonialismo.

Pero en los últimos años, el tsunami de la deuda ha llegado también a las costas de Europa, sometiendo a sus poblaciones a los dictados y recortes de la Troika, lo que ha supuesto una regresión sin precedentes en los derechos ciudadanos y la quiebra de los frágiles pilares que sustentan las democracias europeas.

En este contexto surgió en el Estado español hace poco más de dos años la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) con el objetivo de realizar una Auditoría Ciudadana de la Deuda que determine la legitimidad o no de los procesos de endeudamiento en los que intervenga el Estado español (bien como deudor o como acreedor). Se pretende repudiar el pago (y el cobro, si fuera el caso) de la deuda considerada ilegítima y enjuiciar a sus responsables. La Auditoría Ciudadana de la Deuda se plantea así como el primer paso en el camino hacia la justicia y la reparación globales.

Se puede decir que la PACD sigue la estela de otros movimientos contra la deuda y por la justicia restaurativa como la campaña ¿Quién debe a quién? que durante la década del 2000 cuestionó la deuda financiera contraponiéndola a otras deudas no reconocidas por el sistema como la deuda histórica, la deuda social, la deuda ecológica o la deuda de género; la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa (RCADE) que en el año 2000 llevó a cabo una consulta popular en todo el Estado donde más de un millón de personas votaron a favor de la cancelación de la deuda de la que era acreedor el Estado español; o la campaña internacional Jubileo 2000, que pedía la abolición de la deuda de los países empobrecidos y el fin de los Planes de Ajuste Estructural impuestos por el Banco Mundial y el FMI al albor del nuevo milenio.

El concepto nuclear sobre el que pivota la propuesta política de la PACD es la ilegitimidad de la deuda. La Auditoría pretende establecer como ilegítimas aquellas deudas que han sido adquiridas de forma no democrática, o bien que sólo han servido para el enriquecimiento de una minoría privilegiada de la población, ocasionando un perjuicio (político, económico, social, laboral, ambiental, de género, etc.) al resto. Ahí se encuadrarían, por ejemplo, la construcción de megainfraestructuras innecesarias que ha proliferado en los últimos años en nuestro estado o el rescate bancario que ha convertido ingentes cantidades de deuda privada en deuda pública. La Auditoría Ciudadana así concebida es algo abarcador, no meramente un análisis económico. Cuestiona el sistema capitalista desde sus raíces, ya que considera ilegítimo anteponer el beneficio privado al bienestar y la dignidad de la comunidad.

Más allá de los casos concretos de deuda, la PACD denuncia de una manera más global el uso que se está haciendo de la deuda como instrumento para someter a las poblaciones (la gran arma de dominación masiva de nuestros tiempos), poniendo de manifiesto que la deuda (y el capitalismo financiero que se construye sobre ella) es incompatible con la democracia.

De este modo, la Auditoría Ciudadana es, sobre todo, una herramienta para el aprendizaje y el empoderamiento colectivo, que no sólo dota de más transparencia y control democrático al sistema, sino que abre además la puerta a nuevas propuestas alternativas transformadoras. Un proceso colectivo que nos ayude a comprender cómo hemos llegado hasta aquí, qué impactos políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales o de género ha tenido el proceso de endeudamiento. Sirve para vincular los procesos de corrupción local (desvelados en las auditorías ciudadanas municipales) con la crisis global. Desvela que el endeudamiento no es una coyuntura, sino que es algo estructural, inherente al capitalismo. Desde esa comprensión, podemos construir propuestas que respondan a las necesidades de la población (y no de los mercados, las élites económicas y los acreedores), y que nos permitan recuperar el control sobre nuestra economía y nuestras vidas, sobre el modo en que producimos, el modo en que consumimos y, en definitiva, el modo en que nos relacionamos.

Por este motivo, es importante que la Auditoría sea Ciudadana, es decir, que sea la Ciudadanía informada la que tome las riendas del proceso y no lo deje en manos de tecnócratas o de las instituciones.

Por último, dado el carácter sistémico y global de la problemática de la deuda, la PACD se integra, a su vez, en la red International Citizen Debt Audit Network (ICAN) que agrupa a distintas iniciativas de auditoría ciudadana en los estados de la UE y el norte de África. La ICAN trabaja tendiendo puentes entre otros movimientos contra la deuda como Strike Debt en USA, o las iniciativas de auditorías ciudadanas en Brasil o Ecuador, con el objetivo de compartir experiencias de auditorías y aunar fuerzas en la denuncia de la deuda y en el no pago.

Justicia y perdón en el final de ETA

Miguel Cid Cebrián, Abogado

La dicotomía entre justicia y generosidad o perdón, siempre ha estado presente y ha sido objeto de múltiples controversias. No obstante, si el fin último, tanto de la justicia como de la clemencia, es conseguir la paz social, habrá que arbitrar mecanismos para que justicia y perdón no sean incompatibles.

Si la verdadera paz no es sólo ausencia de guerra o de violencia, como puede ser la terrorista, exige para que sea auténtica la restauración de la convivencia ciudadana y la pacificación social. Ello se ha planteado, y sigue planteándose, con crudeza en el espinoso y trágico fenómeno terrorista, obligada referencia al abordar esta cuestión.

José Mª Aznar, poco proclive a la benevolencia, llegó a decir como Presidente del Gobierno el 3 de marzo de 1998 que, “Si los terroristas deciden dejar las armas sabré ser generoso”, y el 4 de mayo del mismo año añadió que “Merecería la pena hacer un esfuerzo de generosidad si con ello conseguimos la paz”, para culminar el 5 de noviembre, también de 1998, que “Por la paz y por sus derechos no nos cerraremos, sino que, por el contrario, nos abriremos a la esperanza, al perdón y a la generosidad, y por la paz pondremos lo mejor de nuestra parte para hacerla definitiva con la ayuda y la esperanza de todos”. Y, en cuanto a la política penitenciaria, Aznar fue igualmente rotundo: “En dicho proceso (de paz) quiero decirles que el Gobierno incorporará una nueva orientación de la política penitenciaria consensuada, flexible y dinámica que acompañe los avances que se vayan produciendo en el aseguramiento de la paz” (2/10/98). Incluso, Mariano Rajoy, entonces Ministro del Interior, también se comprometió al decir que “El Gobierno ha hecho un gesto (el acercamiento de presos) conforme a la voluntad y el deseo de que llegue la paz” (26/12/98). Si bien Aznar aclaró que “El Gobierno cuando toma decisiones, hace política, no hace gestos y quien interprete en clave de gestos (el acercamiento de presos) no va por buen camino, si lo ven en clave de una política de fondo pueden acertar más” (10/09/99).

¿Quiere ello decir que el perdón es una cuestión política y la justicia jurídica? Esto es, ¿que aquel es cosa de los políticos y ésta de los jueces? Aunque no exactamente puede aproximarse, ya que también los jueces hacen política de perdón proponiendo indultos y los políticos hacen justicia concediéndolos.

Tampoco debe olvidarse que ya hay una legislación a aplicar y que debe servir también para tratar de reintegrar, hasta donde ello sea posible, a la sociedad a quienes han sido artífices del terror. Esto es, que se cumpla y se haga efectivo lo que nuestra Constitución señala respecto a las penas privativas de libertad que deben de estar orientadas hacia la reeducación y reinserción social de quienes las cumplen.

¿Y las víctimas? Yo diría que demasiado han sufrido para pedirles más sacrificio o esfuerzo. Sin embargo, creo que, como ayuda a su dolor y legítimo enojo, deben no sólo exigir justicia, sino que, desde una perspectiva realista nacida, como señala Tony Judt, tanto desde la desesperación como de la esperanza, tener una visión de futuro y una generosa altura de miras para afrontar el reto de la pacificación.

¿Y qué futuro? Pues bien, destacaría dos afirmaciones, la del filósofo Raimon Panikkar “sólo el perdón lleva a la paz” y la del Premio Nobel de la Paz, el sudafricano Desmond Tutú “sin perdón no hay futuro”.

¿Significa ello que hay que pasar página?, bueno, primero habrá que leerla y conocerla bien. Bárbara Dührkop, viuda del senador Enrique Casas, asesinado por ETA, dijo que cuando su nieta, ahora una niña de 3 años, le preguntara por ETA, tuviera que coger un libro de historia para contárselo porque ya sería cosa del pasado. Y, para Irene Villa, víctima paradigmática de ETA, “una vida anclada en hechos terribles del pasado constituye una hipoteca perpetua para el futuro”. Por último, Fernando Arrabal escribió, en el prólogo de mi libro, que “Sólo la reconciliación, con sencillez, puede suceder a la muerte”.

Pero llegados a este punto, no debe olvidarse tampoco que, siendo el castigo, como señala Amelia Valcárcel, la paz del agraviado, la liberación de los verdugos agudiza su dolor produciéndoles, en muchos casos, una segunda victimización.

Luis Rojas Marcos ha escrito, a raíz de los terribles atentados del 11S en Nueva York, que la mejor terapia para las víctimas es “perdonar lo imperdonable”, “aunque parezca una monstruosidad contra miles de criaturas inocentes”. Y así, frente a la relación binaria entre víctima y verdugo, plantea que lo que más desea la víctima es reconstruir su vida, en la que perdonar constituye un proceso lento, silencioso, íntimo y desgarrador, en el que sólo mandan los sentimientos y no las palabras, ni las creencias religiosas ni los criterios políticos. El perdón, según Rojas Marcos, no hace que se olvide la agresión pero sí ayuda a explicarla y entenderla y a que el sufrimiento y la maldad, aunque consideradas partes inolvidables de la vida, puedan utilizarse para el restablecimiento de la paz interior y para abrirse de nuevo al mundo.

El vetusto Fuero Juzgo, en contra de la tradición cristiana del perdón, imponía penas a los perdonadores, pues consideraba que al ser la clemencia una prerrogativa del poderoso, el perdón sólo podía venir de arriba, como ahora sucede con el a veces arbitrario indulto, que aunque necesario para los supuestos en que “la pena sea notablemente excesiva atendidos el mal causado por la infracción y las circunstancias personales del reo”, como señala el Código Penal, sigue teniendo sentido en un moderno estado democrático de derecho, como sucede en los países occidentales a cuyo ámbito pertenecemos. Esto es, la justicia y el perdón están condenados a entenderse.

La justicia como exigencia radical del mensaje cristiano: La clave que recorre los evangelios sinópticos

Xavier Alegre, Teólogo

La Biblia, espejo donde mirar el mundo de hoy

A la Biblia nos podemos acercar de dos maneras. O bien como quien mira a través de una ventana. En este caso, puede resultar interesante conocer lo que ocurrió en el mundo del Oriente cercano, donde se gestó la Biblia, hace dos o tres mil años. Como resulta interesante también conocer lo que sucedió en la Grecia de Homero o en la Roma de Cicerón. O bien, y eso es lo que propiamente pretende la Biblia, y por eso las grandes Iglesias la consideraron inspirada por Dios y normativa para todos los tiempos (Rm 15,4; 1Cor 10,1-12), nos podemos acercar a ella como quien se mira en un espejo.

Eso último es lo que hacen las Comunidades Eclesiales de Base latinoamericanas, cuando se aproximan a la Biblia. En este caso, la Biblia se convierte en espejo para nosotros, porque lo que se narra en ella no es algo meramente anecdótico, sino el modo como unas personas creyentes, iluminadas por Dios, interpretaron lo que sucedía en su mundo. Un mundo que en el fondo es muy semejante al nuestro. Por ello nos puede dar pistas para discernir, interpretar, lo que está ocurriendo hoy.

Y, si somos personas creyentes, lo podemos hacer desde una experiencia de fe iluminadora de la realidad actual. En los artículos anteriores se nos ha mostrado bien cómo es el mundo que nos ha tocado vivir hoy, con todos sus graves problemas, pero también esperanzas. Veamos ahora si los Evangelios nos pueden ayudar a encontrar criterios que nos ayuden a analizar, discernir, desde la perspectiva creyente, esta realidad y a saber actuar en consecuencia.

Jesús hace presente el reinado de Dios

Cuando los evangelios sinópticos presentan el proyecto fundamental de Jesús, tienen bien presente la razón última por la cual, según ellos, el Padre envió al Hijo al mundo y aceptó que ello implicara su muerte en una cruz (Mc 12,1-12/Mt 21,33-46/Lc 20,9-19; cf. Is 5,1-7). Debía lograr que, finalmente, el pueblo de Dios, del cual el Antiguo Testamento recuerda sus continuos fracasos, fuera fiel al proyecto que Dios le había confiado al escogerlo para que revelara, con su modo de ser y actuar, su amor gratuito y universal (Ez 34). Y, a la vez, fuera instrumento de su amor liberador en un mundo profundamente configurado por la injusticia, sobre todo económica, pero también política, social y religiosa, que los grandes profetas no se habían cansado de denunciar (Is 58; Am 2,6-16).

Todos los Evangelios coinciden en un punto básico: Jesús vino a hacer presente, dinámicamente, lo que el Antiguo Testamento había denominado el Reino o reinado de Dios. Y Dios reina cuando se hace justicia al pobre. Y eso es lo que los reyes de Israel y Judá hubieran debido encarnar, si hubieran sido buenos lugartenientes de Dios (Sal 72,1-4,12-14). Este reinado de Dios es lo que proclama el evangelio más antiguo, Marcos, al presentar, sucintamente, el programa de Jesús: “El plazo se ha cumplido. El Reino de Dios está llegando; convertíos y creed en la Buena Nueva” (Mc 1,15).

La vocación propia del pueblo de Dios

Los evangelios nunca definen en qué consiste el “reino de Dios”, porque lo que ello significa es algo obvio desde su trasfondo, que es el Antiguo Testamento. Y lo era también para un judío contemporáneo de Jesús y para las primeras comunidades cristianas, que consideran el Antiguo Testamento como revelación de Dios. Se refiere al ideal utópico hacia el que Dios quiere se encamine el pueblo de Dios, primero Israel, y luego las Iglesias cristianas. Se trata de que creen unas comunidades en las cuales no haya pobres (Dt 15,4), porque todos comparten. Y las leyes defiendan, prioricen, a las personas pobres, excluidas, y que, por tanto, tienen la vida más amenazada, que es lo que, en el fondo, exigen las leyes de la Alianza. Pues solo así podrán realizar la vocación que es propia del pueblo de Dios y que explica su elección por parte de Dios.

El Dios que se revela en la Biblia es un Dios que quiere salvar a todo el mundo (1Tim 2,4) y que ama todo lo que Él ha creado (Sab 11,24-26). Pero como nunca actúa mágicamente, simplemente desde fuera, en el mundo (¡ni siquiera ante la cruz de su hijo!: Mc 15,28-32), necesita de un pueblo que ponga cara y nombre a su proyecto liberador de las mayorías empobrecidas, más aún, excluidas, del mundo, pues Él es madre, padre, de todos y “la gloria de Dios es que el pobre viva” (Monseñor Óscar Arnulfo Romero).

Tengamos, por tanto, bien presente que, según la Biblia, Dios se escoge un pueblo, por puro amor gratuito, para, a través de la revelación de cómo es Él realmente, mostrar, por medio de él, a todos los pueblos de la tierra, que otro mundo es posible y necesario. Un mundo en el que reina la paz con justicia y, por tanto, ya no hay violencia (este era ya el sueño de los profetas: Is 2,1-5; 11,1-9).

En Jesús se encarna y culmina el ideal de justicia y derecho

Para revelar que este era su proyecto y que su “lógica” no es la de este mundo, pues el mundo apuesta por el poder político, económico y social, Dios, al elegir un pueblo, escoge, primero, un emigrante, Abraham (Gn 12,1-3). Y, a continuación, sigue revelando el talante de su proyecto, no eligiendo un imperio, sino un pueblo esclavizado, como lo era el pueblo de Israel en Egipto, para mostrar cómo es Él (¡escucha siempre el clamor del oprimido!) y cómo actúa en el mundo (Ex 3). Y hace que ellos experimenten su cercanía protectora, la liberación, para que, desde su experiencia liberadora, se puedan convertir en un modelo de liberación para todos los demás (Dt 5,12-15). Y así se puedan convertir en una bendición para todos los pueblos de la tierra (Gn 12,3; 18,17-19), en “sal de la tierra y luz del mundo” (Mt 5,13-16).

Pero el pueblo de Dios solo lo podrá lograr en la medida en que se distinga por su práctica de la justicia y del derecho (Gn 18,19, cf. vv. 17-18). Por ello, esta exigencia de justicia salvadora, protectora del pobre, será como un hilo conductor de toda la Biblia, culminando en la manera como Jesús la reinterpreta y encarna en los Evangelios.

En este sentido, y para que quede claro que la elección no es un mérito del pueblo (Dt 7,6-9), ni un privilegio, que le garantice, sin más, el éxito a los que forman parte de Israel y, luego, de la Iglesia (1Cor 10,1-12; Ap 2,1-7), sino un servicio a todos los pueblos de la tierra, Dios le comunica a Israel (y a la Iglesia, por tanto: Rm 15,4), que al don de la liberación (Dt 26,5-10) debe corresponder (Dt 26,11-13) siendo fiel a la Alianza que Dios ha hecho con él (Ex 19-24). Dicha Alianza se concreta en unas leyes que sobre todo defienden al pobre, a la viuda, al emigrante y al que no tiene tierra.

El amor al prójimo como a uno mismo, y no el amor al dinero, criterio máximo para actuar como Dios

Dos leyes muy específicas, que muestran esta finalidad de la elección, son las que mandan que cada siete años se perdonen las deudas (Dt 15) y cada 50 años se vuelvan a repartir las tierras entre todas las familias de Israel (Lv 25,8-19), a fin de evitar que, a lo largo del tiempo, unos pocos vayan acumulando toda la riqueza de Israel, concretada sobre todo en la posesión de la tierra, y las grandes mayorías queden empobrecidas y excluidas. Eso es lo que había ocurrido, desgraciadamente, en Israel, y seguía ocurriendo en tiempo de Jesús, de modo especial en Galilea.

Por eso Jesús, en su actuación pública, ante el fracaso económico y social que estaba viviendo Israel, recogió claramente la antorcha de los profetas y se convirtió en paladín de la justicia, denunciando, sin tapujos, a los causantes de la pobreza personal y estructural, porque para ellos el dinero, al que llama, utilizando una palabra aramea, “mammón”, para desenmascararlo, se les había convertido en ídolo (Lc 16,9). Esta insistencia hay que situarla en el marco de una idea fundamental, que ya encontramos en el Antiguo Testamento: la exigencia de Dios de que seamos santos, como Él lo es (Lv 19,1-2), pues dicha idea encuentra su criterio fundamental de discernimiento en el amor al prójimo como a sí mismo (Lv 19,18; cf. Mc 12,31), mientras que el amor al dinero suele ser lo más opuesto al amor al prójimo, pues estamos llamados, como seguidores de Jesús, a ser misericordiosos, como el Padre es misericordioso (Lc 6,36). Y a dar a los demás lo que tenemos, con total generosidad (Lc 6,38).

La insolidaridad, el no compartir, es lo que introduce la muerte en la Iglesia

Lucas ha comprendido y explicado bien este mensaje de Jesús, pues en su comunidad hay muchos pobres, pero también ricos que no quieren compartir. Por ello, al presentar el modelo de Iglesia —la que nace al inicio en Jerusalén— subraya que en ella no había pobres, porque todos compartían (Hch 4,32-35; 2,42-47). Y si el mal uso de la libertad, el haber querido ser como Dios, había introducido, simbólicamente, la Muerte en el mundo, ya al inicio de la humanidad (Gn 3), ahora, al comienzo de la Iglesia, lo que introduce en ella la Muerte es la insolidaridad de Ananías y Safira, los cuales mienten para no tener que compartir (Hch 5,1-11). Cuando nos desentendemos del hambre del mundo, el problema no tiene solución; en cambio, todo se vuelve distinto si, teniendo ante los ojos lo que enseñó Jesús, estamos dispuestos a compartir y lo mostramos, no simplemente con palabras, sino también con obras (Mc 6,34-44; 8,1-10).

Jesús pobre revoluciona el mundo basado en la riqueza y le lleva a morir sin que nadie lo defienda

No es, pues, sorprendente que ya en el prólogo a su evangelio (Lc 1-2) nos prepare el tercer evangelista para que prestemos atención especial a su denuncia de la injusticia. Ya allí anuncia el cambio de estructuras que comporta el hecho de que, con Jesús, el Reino de Dios se haya hecho presente en la tierra. Lo hace mostrando que Jesús y su familia son pobres, pues ni siquiera hay lugar para ellos en la posada de Belén (Lc 2,7). Y sus padres hacen en el Templo la ofrenda de los pobres (Lc 2,24). En la misma línea, su nacimiento no es anunciado a los ricos, sino a unos pobres pastores (Lc 2,8-18). Es una pobreza que, según Lc 9,57-58, marca también la vida pública de Jesús. Y le lleva a morir en una cruz sin que nadie le defienda.

Pero, a la vez, Lucas pone en boca de María unas palabras, llenas de resonancias del Antiguo Testamento (1Sam 2,1-10), las cuales anuncian que, con la venida de Jesús, se va a realizar un auténtico cambio en las estructuras injustas de este mundo: “Actuó [el Señor] con la fuerza de su brazo y dispersó a los de corazón soberbio. Derribó a los poderosos de sus tronos y engrandeció a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada” (Lc 1,51-53).

Jesús ungido y enviado para anunciar a los Pobres la Buena Noticia

Especialmente significativo en Lucas es que, al inicio de su actuación pública, Jesús proclame explícitamente que ha venido a anunciar el Reino: “También a otras ciudades tengo que anunciar la Buena Nueva del Reino de Dios, porque a esto he sido enviado” (Lc 4,43). Es obvio para el evangelista que ello se debe entender desde el trasfondo del Antiguo Testamento, pues ya ha quedado bien claro en la presentación de Jesús en la sinagoga de Nazaret, a qué ha venido Jesús a este mundo. Lucas ha puesto en sus labios unas palabras del profeta Isaías (Is 61,1-2), que explicitan esta dimensión liberadora de la misión, que él ha venido a realizar por encargo del Padre:

“Llegó a Nazaret, donde se había criado y, según su costumbre, entró en la sinagoga un sábado, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y, al desenrollarlo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena Noticia; me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a libertar a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor” (Lc 4,16-20).

El año de gracia, recordémoslo, era el año en el cual, y tal como mandaba Lv 25, se volvían a repartir las tierras, cada 50 años, entre todas las familias de Israel. Y Jesús proclama solemnemente que este anuncio hoy se ha cumplido en él (Lc 4,21).

El contenido radical de este mensaje queda más claro poco después, en el sermón del llano (Lc 6,20-49), cuando Jesús no solo anuncia a los pobres la Buena Noticia de que de ellos es el Reino de Dios y que, por tanto, los que tienen hambre Dios los saciará y los que ahora lloran, reirán (Lc 6,20-22), sino que amenaza duramente a los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Y avisa a los que ahora están hartos, que tendrán hambre. Y que los que ríen ahora, tendrán aflicción y llanto (Lc 6,24-25).

O con Dios o con el dinero. La salvación llega en el compartir con el pobre

Pero Lucas no se contenta solo con estas advertencias iniciales. Para él, el amor al dinero, que se ha convertido, en el fondo, en auténtico ídolo para muchos, ha comportado consecuencias funestas para la humanidad. Por ello una idea fundamental, que encontramos como un hilo conductor a lo largo de su evangelio, ejemplifica, casi como un grito de guerra, lo que conviene que no pase desapercibido a sus cristianos, que se ven confrontados con las enseñanzas de Jesús: “No se puede servir a Dios y al dinero” (Lc 16,13).

Y lo especifica en diversos lugares de su evangelio, pues para él resulta claro que en un mundo tan injusto como el suyo —y eso vale también, y aún más, para el nuestro, pues las diferencias entre ricos y pobres han adquirido unas dimensiones abismales y escandalosas— hay que optar claramente a favor de los pobres. En este sentido, al rico Zaqueo (Lc 19,1-10), que al recibir la visita de Jesús en su casa, se convierte y promete que devolverá cuatro veces más a las personas que haya robado y que dará la mitad de sus bienes a los pobres, le anuncia: “Hoy ha llegado la salvación a esta casa” (v. 10). En cambio, al rico que no ha querido compartir con los pobres, y no ha tenido ni siquiera misericordia del pobre Lázaro, que estaba ante su puerta (hoy lo podríamos llamar “emigrante”, “sin papeles”, “desahuciado de su vivienda por los banqueros corruptos”, “parado”, “subsahariano” “asaltante de la valla de Ceuta o Melilla”, etc.), le avisa que en el momento de la muerte, cuando se encuentre con Dios cara a cara, vivirá el tormento de no poder participar de la salvación definitiva (Lc 16,19-31). Por lo visto, para él la seducción del dinero es tan grande, que ni el hecho de que resucitara un muerto bastaría para hacerles cambiar de actitud (Lc 16,31).

Y Lucas, siguiendo a Marcos (Mc 10,25), insistirá en que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, que no que un rico entre en el reino de los cielos (Lc 19,25). Para Lucas, la codicia es una tentación funesta, que adormece la sensibilidad de la propia conciencia ante el hermano y no garantiza para nada el buen resultado del encuentro con el Señor al final de la vida (Lc 12,15-21), pues se corre el peligro de poner el corazón en las riquezas (Lc 12,33-34) y no en Dios. Pues es precisamente la riqueza la que impide que la semilla de la Palabra de Dios pueda fructificar en el corazón del ser humano (Lc 8,14), por lo que Jesús llega a decir: “Cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío” (Lc 16,33).

Mateo, que no parece tener grandes ricos en su comunidad, no denuncia tanto el peligro y la injusticia que comporta la riqueza en nuestro mundo injusto, sino que prefiere hablar de justicia, aunque también él recoge la palabra de Jesús de lo dificilísimo que será para un rico entrar en el Reino de los cielos (Mt 19,23-24). Y también él comienza el sermón del Monte anunciando: “Bienaventurados los pobres con Espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos” (Mt 5,3; ver 5,6.10). Y recordando, poco después (Mt 11,2-6), que la prueba de que él es el Profeta esperado (Dt 18,15.18) para la reconstitución de Israel se encuentra en el hecho de que con él los pobres reciben el anuncio de la Buena Noticia (Mt 11,2-5).

Pero no por ello es menos claro en la denuncia de la injusticia, pues al comienzo del sermón de la Montaña deja bien asentado, en Mt 6,20, que, si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos de su tiempo, no podremos entrar en el Reino de Dios (él le llama “reino de los cielos” para, como buen judío, no mencionar el nombre de Dios).

Lo más importante de la Ley es la justicia, la misericordia y la fe, que se convierte en el sacramento universal de Jesús en este mundo

¿Qué entiende, entonces, Mateo por “justicia”, una palabra significativa en su evangelio, pues, según Mateo, tanto Jesús como Juan Bautista conviene que cumplan toda justicia (Mt 3,15)?

Para comprenderlo hay que acudir al Antiguo Testamento, pues Mateo tiene un núcleo importante de cristianos y cristianas de origen judío en su comunidad y está muy interesado en mostrar que Jesús no rompe con la revelación del Antiguo Testamento, sino que la lleva a su plenitud, aunque, obviamente, reinterpretándolo, pues es típico de la fe judía ir reinterpretando, a lo largo de la historia las grandes experiencias de la fe bíblica, aplicándolas a las nuevas situaciones que va viviendo el pueblo de Dios.

Cuando se lee su Evangelio, se cae en la cuenta de que Mateo está preocupado porque en su comunidad hay un grupo carismático, que se cree muy ortodoxo (Mt 7,21-23), pero que se preocupa poco de hacer lo que le pide la Alianza. El amor se ha ido enfriando en la comunidad (Mt 24,12). Y no se tiene suficientemente claro, que todo lo que pide Dios, revelado en el Antiguo Testamento, se puede condensar en una fórmula sencilla y clara: “Tratad a los demás como vosotros queréis que ellos os traten; porque en esto consisten la Ley y los Profetas” (Mt 7,12). Una idea que queda reafirmada en Mt 22,34-40, cuando insiste en que en el amor a Dios sobre todas las cosas y en el amor al prójimo como a sí mismo queda condensada toda la Ley y los profetas.

Para Mateo, ante las preocupaciones que comporta la vida en este mundo (Mt 6,25ss), lo cual nos puede haber llevado a convertir, como ya vimos en Lucas, el dinero en ídolo (Mt 6,24), la preocupación fundamental de un seguidor de Jesús debe ser buscar el Reino de Dios y su justicia (Mt 6,33). Y lo que significa buscar el Reino, ya nos ha quedado claro por su trasfondo en el Antiguo Testamento. De hecho, para Mateo, lo más importante de la Ley, que para él es, si se la entiende bien (cf. Mt 7,12), la expresión de la voluntad de Dios, es “la justicia y la misericordia y la fe” (Mt 23,23).

No es casual, entonces, que en una parábola decisiva, y que solo se encuentra en su evangelio (Mt 25,31-46), se subraye que la salvación o condenación eterna —es una manera de hablar que indica qué es, para él, lo que da realmente valor definitivo a nuestra vida y actuación en este mundo— dependerá de la actitud que haya tenido cada persona frente a la hermana o hermano en necesidad. Pues la pregunta decisiva con la que nos veremos confrontados al encontrarnos al final de la vida con Jesús resucitado será: “¿Tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era forastero, y me acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a verme?” (cf. Mt 25,35-36). Y esa pregunta será tan decisiva para todo el mundo, creyente o no, porque según la presentación que de Jesús nos hace Mateo, en toda persona que padece necesidad, lo sepamos o no, allí está presente Jesús. Lo sepamos o no, el pobre, el necesitado, el excluido, es el sacramento universal de Jesús en este mundo.

Denunciar la injusticia y combatir las estructuras que la provocan

Quisiera concluir subrayando que, sobre todo en Lucas, pero también en los demás evangelios, la Buena Noticia, liberadora, para los pobres es un punto fundamental del mensaje de Jesús, unido íntimamente a la denuncia de los ricos y de la riqueza injusta (así la denomina en Lc 16,9), causantes del sufrimiento innecesario, injusto e inhumano, de las mayorías empobrecidas de su tiempo —y de todos los tiempos—. Pues en un mundo tan dominado por la injusticia, como lo era el suyo —y mucho más lo es el nuestro— no basta con dar limosna al pobre. Hay que denunciar también la injusticia que provoca tanta marginación y denunciar, para poder cambiarlas, las estructuras económicas injustas —y a los que se aprovechan de ellas— para poder mostrar así que “otro mundo (¡un mundo justo!) es posible y necesario”.

Desgraciadamente, hoy sigue siendo actual la frase de Mons. Helder Cámara: “Si doy de comer a los pobres, me llaman santo. Pero si pregunto por qué los pobres no tienen nada para comer, me llaman comunista”. Según los evangelios, Jesús ciertamente no solo hubiera dado de comer a los pobres, compartiendo lo poco que él tenía. Y hubiera enseñado a compartir.    También habría denunciado a los banqueros con sus especulaciones financieras y su mal uso del dinero del que disponen.

Y a los políticos por su corrupción y por haber hecho —o no haber cambiado— unas leyes que facilitan los desahucios y el empobrecimiento de las mayorías empobrecidas en nuestro país y en el mundo entero. No hubiera estado de acuerdo con un sistema económico que está provocando, escandalosamente, que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres más pobres, pues es lo más opuesto al espíritu y a la enseñanza de Jesús que nos ha quedado recogida en los evangelios.

La nefasta ley de justicia universal

Manuel Ollé Sesé, Abogado

Hay crímenes que no pueden quedar impunes

La nueva Ley que modifica en nuestro país el principio de justicia universal es contraria al Derecho internacional y a la Constitución española. Después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional decidió que, muchos de los más graves crímenes internacionales que atentaban al núcleo de los Derechos Humanos, como el genocidio, la tortura, los crímenes de lesa humanidad o los crímenes de guerra, entre otros, no podían quedar impunes y que debían ser perseguidos por los Estados.

Sin embargo, estos crímenes no eran perseguidos en los lugares donde se cometían permaneciendo en la más absoluta e intolerable impunidad. Los gobiernos de turno que habían participado de iure o de facto en la preparación y ejecución de esos aberrantes crímenes impedían, por el marcado carácter político de éstos, que los responsables de los mismos fueran juzgados. Las decisiones políticas y el dictado de leyes de impunidad, como las autoamnistías o los indultos se aliaban con la barbarie y destrozaban a las víctimas.

A esta falta de ausencia de Justicia en las jurisdicciones domésticas se unía la inexistencia de un tribunal penal internacional que pudiera enjuiciar estos crímenes. Ante esta situación la única posibilidad de evitar la impunidad y poder juzgar a los autores de esos crímenes es acudir al principio de justicia universal. Este principio arraigado en el Derecho internacional permite juzgar a los autores de los más graves crímenes internacionales o crímenes internacionales de primer grado, como los señalados, en otros Estados distintos al del lugar de comisión, con independencia de la nacionalidad de las víctimas y victimarios.

La impunidad debe combatirse mediante la legalidad internacional

De esta forma, fueron diferentes países quienes, en virtud de este principio, procedieron a juzgar a los sujetos activos de crímenes internacionales. Y, entre estos Estados, España, desde 1996, se puso a la cabeza de la defensa de los Derechos Humanos, con la incoación de diferentes casos conocidos como los juicios de Madrid. Todos recordamos lo que supuso para la Justicia Internacional, para los Derechos Humanos y para la marca España, la detención de Pinochet en Londres o los denominados casos Guatemala, Jesuitas-El Salvador, Sahara, Argentina (Scilingo), Couso, Tibet, Vuelos de la CIA, Guantánamo o Gaza, por citar algunos de ellos. La investigación judicial de estos casos supuso un prestigio internacional para nuestro país y un ejemplo a seguir por los tribunales de otros Estados, al demostrar que, ante la deliberada impunidad propiciada en los lugares donde se cometieron los hechos, era posible combatirla desde la legalidad internacional.

La reforma última supone una derogación del principio universal de justicia

La reforma del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sede legislativa donde se regula el principio de justicia universal, puede suponer la práctica derogación del este principio en el panorama normativo español. La más significativo de esta reforma se basa en restringir el ejercicio jurisdiccional universal a la presencia de determinados requisitos de conexión con el hecho delictivo.

A partir de ahora solo se podrá ejercer la jurisdicción universal en España cuando el presunto responsable del crimen internacional sea español o extranjero con residencia habitual en España, que la víctima sea española, o que se hubiere denegado la extradición de un extranjero por parte de las autoridades españolas. Estos puntos de conexión que especifica el nuevo texto legal respecto de cada delito se exige de forma acumulativa o alternativa.

En relación a estos nexos de conexión, y sin ánimo exhaustivo, la nueva ley fija respecto de cada delito un régimen particular para cada uno de ellos. La praxis judicial me obliga a detenerme en cuatro delitos. Conviene recordar que los hechos denunciados en las principales causas incoadas actualmente en la Audiencia Nacional, al amparo de este principio, han sido calificados inicialmente como crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y torturas. Para los tres primeros, la ley establece como nexos alternativos para poder enjuiciar los hechos en España que:

1) El presunto autor sea español o extranjero con residencia habitual en España o

2) Que se dirija contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por nuestras autoridades.

3) Para el delito de tortura y desaparición forzada de personas, la modificación legislativa requiere de forma alternativa o que el procedimiento se dirija contra un español o que la víctima fuera nacional española en el momento de los hechos y, además —de forma acumulativa— que el imputado se encuentre en territorio español. Puntos de conexión que no parece que sea muy probable que en la práctica puedan concurrir, lo que hace prácticamente imposible la aplicación de la justicia universal en España.

La reforma parece establecer víctimas de primera y segunda categoría

La reforma, en este aspecto, parece establecer víctimas españolas de primera y de segunda categoría, al privilegiar a las víctimas del terrorismo, respecto de las de otros delitos, de tal suerte que los tribunales españoles podrán ejercer la jurisdicción respecto de este delito por el mero hecho de que la víctima sea española. Este extremo demuestra, por ejemplo, la discriminación respecto de la tutela judicial efectiva, de víctimas españolas de genocidio, lesa humanidad, tortura o crímenes de guerra, en la que no basta ser nacional español sino que se requieren otras exigencias adicionales. La consecuencia, además, no es menor para los ciudadanos españoles. A partir de ahora, por ejemplo, militares que estén en misiones en el extranjero, religiosos, misioneros, sanitarios, trabajadores, empresarios, periodistas, cooperantes o defensores de Derechos Humanos, si son víctimas de los citados crímenes, judicialmente hablando, quedarán abandonados en nuestro país, a pesar de ser nacionales españoles, al carecer los órganos jurisdiccionales nacionales españoles de competencia para enjuiciar a sus verdugos.

La mutación legislativa cercena la justicia universal

También, respecto de los puntos de conexión es un auténtico despropósito que la recién llegada reforma exija como criterio que el presunto delincuente extranjero tenga residencia habitual en España. Gráficamente, cualquier persona acusada de un crimen de genocidio, tortura, lesa humanidad o crimen de guerra, podrá disfrutar de unas placenteras vacaciones en las playas españolas, degustar la cocina mediterránea en los mejores restaurantes españoles, o acudir un domingo al Santiago Bernabéu para presenciar el Real Madrid-Barcelona, sin que pueda ser ni detenido ni puesto a disposición de la justicia española, al no tener la condición jurídica de residente habitual en nuestro país.

La mutación legislativa también se encarga de cercenar las posibilidades reales de que las víctimas puedan acudir directamente a ejercer su derecho fundamental de tutela judicial efectiva o de petición de inicio de una acción penal. La reforma extermina del ejercicio universal la acusación popular, lo que supone de facto dejar el monopolio de la acción penal en manos del Ministerio Fiscal, además del debilitamiento del acopio de elementos de prueba en los procedimientos seguidos por este principio universal. La experiencia demuestra que la iniciativa procesal y el peso de la actividad probatoria acusatoria se deben, en gran medida, a las acusaciones populares, ejercidas, por lo general, por asociaciones defensoras de Derechos Humanos. No parece muy sensato pensar que víctimas de estos execrables crímenes tengan posibilidades para ejercer la acusación particular de forma individual. Además, la acusación popular, como es sabido, goza de protección constitucional en el artículo 125 de nuestra Carta Magna.

El nuevo articulado legal ignora deliberadamente que la justicia universal es tan título jurisdiccional como el territorial, el de personalidad activa o el de protección. Olvida intencionadamente que es un principio —no de creación nacional, ni inventado por jueces españoles— sino derivado del Derecho internacional, basado en un interés —no nacional— sino supranacional y que posibilita a los tribunales nacionales ejercer la justicia penal, en representación de la comunidad internacional, para el enjuiciamiento de los crímenes internacionales más graves. Niega a sabiendas que la finalidad de este eficaz principio solidario es la lucha contra la impunidad. Omite que la naturaleza de estos crímenes, al menos de los de primer grado, reviste carácter de ius cogens, lo que se traduce en que la comunidad internacional en su conjunto se obligó, desde la consolidación de los principios de Nuremberg, a perseguirlos. Y rechaza que el derecho convencional y/o consuetudinario internacional permite u obliga, como en el caso de los Convenios de Ginebra, la persecución de estos crímenes, al amparo del principio universal.

La reforma choca con el Derecho Internacional y vulnera la Constitución española

La conclusión de lo expuesto es doble. La ley choca frontalmente con el Derecho internacional, pretendiendo modificar tratados internacionales y, además, vulnera la Constitución española. La actual ley, como se desprende de nuestra Constitución, no puede cambiar a su antojo los tratados internacionales añadiendo requisitos y condiciones que éstos no adoptaron. Como tampoco la ley puede contradecir la doctrina del Tribunal Constitucional, dictada en el caso Guatemala, por la que se determinó la naturaleza de este principio universal y estableció su carácter puro o absoluto, es decir, que se debe ejercer sin sujeción a requisito alguno.

Hemos cambiado derechos humanos por derechos económicos

En esta tesitura, no es difícil adivinar que la reforma obedece a motivos extrajurídicos. Los elementos objetivos que anteceden a la misma —que no son otros que las órdenes de detención internacional con fines de extradición, decretadas por el Juzgado Central de Instrucción número 2 contra exdirigentes de la República Popular China, entre ellos el expresidente Jiang Zemin— certifican que la verdadera causa motivadora de la reforma es estrictamente económica e impuesta por China. Desde la aprobación de la reforma significados miembros del Gobierno español han voceado en los medios de comunicación que esta modificación obedece a intereses económicos con China, quien detenta el 20% de la deuda española. Recientemente conocíamos, por un medio de comunicación nacional, el agradecimiento que, desde el conteniente asiático, mandaba el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino a Mariano Rajoy por archivar la causa del genocidio del Tíbet.

En este sentido, llama poderosamente la atención que la tramitación parlamentaria de la actual ley fue “exprés” —al imponerse un trámite de lectura única— sustrayéndola, a pesar del calado de la misma, de todo debate parlamentario interno y externo. China se convertía en el cliente de España al que había que fabricarle una ley a medida. Cambiábamos, así, Derechos Humanos por intereses económicos.

Esta afirmación respecto del verdadero propósito que subyace en la reforma lo corrobora el propio texto de la ley al ordenar el sobreseimiento de todas las causas hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en la misma. Parece que, además de ser una ley hecha a medida de los intereses de China, es una reforma a la carta, a medida del resto de los procedimientos actualmente en curso en la Audiencia Nacional, con la finalidad de que todos y cada uno sean sobreseídos. De esta forma, la actual redacción legal, además de contentar a China, cede a las presiones de otros Estados como Israel o los Estados Unidos de América, entre otros.

Se evidencia una intromisión del poder legislativo en el judicial

Con independencia de que se debería invertir el orden de los factores —esto es, primero analizar y después resolver—, esta disposición evidencia la intromisión del poder legislativo en el judicial. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos son incontestables cuando declaran que la injerencia del legislativo en los tribunales de justicia con la finalidad de cambiar el resultado del procedimiento vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías.

No se olvide que el único escenario posible y real para el enjuiciamiento de los más graves crímenes internacionales, cuando permanecen en la impunidad, dadas las limitaciones competenciales y el carácter complementario de la Corte Penal Internacional, son los tribunales domésticos, al amparo de la jurisdicción universal.

España ha sido pionera en la defensa de los Derechos Humanos      

España, en los últimos años, ha sido pionera en la defensa de los Derechos Humanos. La rentabilidad de la justicia universal no se mide por juicios celebrados sino por efectos y consecuencias producidas. España, gracias al procedimiento seguido respecto del genocidio guatemalteco, contribuyó a que fuera posible el enjuiciamiento de Ríos Montt en Guatemala, como señaló la presidenta del Tribunal centro americano que le condenó por delito de genocidio. España también contribuyó, con la instrucción del caso contra los responsables de la dictadura militar argentina, a la anulación de la Ley de Punto Final y de la Ley de Obediencia Debida, como recordaba la sentencia de la Corte Suprema de la Nación Argentina de 14 de junio de 2005. Y España, por mor del principio de justicia universal, por poner otro ejemplo, con la instrucción de otros casos, ha contribuido a la realización de la justicia, aunque haya sido en pequeñas dosis, en los países donde se cometieron los hechos y permanecían en la impunidad.

La finalidad última de la justicia universal, como he señalado, es combatir esa intolerable impunidad, y esa batalla no sólo se produce con el enjuiciamiento de los responsables de estos crímenes internacionales sino también complementando y, por tanto, colaborando, a desterrar leyes de impunidad y a que el enjuiciamiento sea posible en otros lugares, como el de comisión.

La reforma y otros efectos transnacionales inesperados

Por último, la nefasta ley ha provocado otros efectos inesperados. Este principio, además de los crímenes señalados, también acoge en su catálogo otros de carácter transnacional en los que también la comunidad internacional tiene interés en su persecución, como, por ejemplo, el tráfico de drogas. Con la nueva reforma se produce un dislate jurídico al no poder perseguir a los narcobarcos que naveguen en aguas jurisdiccionales internacionales próximas a las costas españolas, salvo que esa embarcación enarbole bandera española o a bordo haya tripulantes españoles o ese barco se dirija a España. Requisitos que, desde luego, eludirán los narcotraficantes con el fin de conseguir sus designios delictivos. Esta situación ha provocado ya el archivo de diferentes causas y la consiguiente excarcelación de sus protagonistas. 

En definitiva, la ley de modificación del principio de justicia universal debilita el Estado de Derecho, contraviene el Derecho internacional, destroza los Derechos Humanos y la dignidad de las víctimas.

Justicia y memoria*

Manuel Reyes Mate, Filósofo

1. La justicia siempre ha sido un tema mayor de la reflexión política. Para los antiguos era una virtud superior, “más admirable que la estrella de la tarde y de la mañana”, dice poéticamente Aristóteles, porque se ocupa del bien del otro. Para los modernos es incluso algo más: “el fundamento moral de la sociedad”. La sociedad moderna, democrática y liberal, se legitima en tanto en cuanto se base en principios de justicia.

Hay quien piensa que el sentido por la justicia es incluso anterior al de la moralidad. Antes de que el hombre supiera distinguir entre el bien y el mal, sabía decir, como hacen todavía los niños: “¡no hay derecho!”. Una preocupación, pues, que viene de antiguo aunque obligado es reconocer que se ha entendido de muchas maneras. Basta recordar que a la justicia unas veces se la representa como una señora con los ojos vendados y, otras, con los ojos bien abiertos, para hacerse idea de que la justicia se dice de muchas formas.

Por ejemplo, la idea que los antiguos se hacían de la justicia poco tiene que ver con la que se explica hoy en las cátedras de filosofía del derecho. Para los antiguos la justicia consistía en reparar el daño que hacía al otro; para los modernos consiste en que todos nosotros nos pongamos de acuerdo en los criterios para decidir qué sea justo o injusto. Alguien ha dicho que la justicia de los antiguos se interesaba por el pan, por el daño material, mientras que la justicia de los modernos se preocupa de la libertad, reduciéndola al hecho de que todos decidamos lo que es justo con el mismo grado de libertad. El pan y la libertad, dos valores fundamentales que no son incompatibles, aunque deben ir en un cierto orden: primero el pan, porque, como dice Bloch, “el hambre es la primera lamparilla en la que hay que echar aceite”. Que las teorías de la justicia se preocupen, en nuestros países ricos, más del reparto equitativo de la libertad que de la del pan, debería dar que pensar.

La justicia de los modernos, que es la nuestra, asume de entrada que hay que impartir justicia en una sociedad plural en la que circulan muchas ideas, legítimas, pero diferentes y opuestas, sobre lo que es justo o injusto. Para que en una sociedad así la justicia tenga sentido, hay que conseguir que los criterios para discernir lo justo o injusto sean entendidos y asumidos libremente por todos. Esto es una novedad mayor porque si para los antiguos —Aristóteles o Santo Tomás— lo importante era el daño hecho al otro, aquí lo que importa es que nosotros decidamos lo que es justo e injusto.

2.Para hablar hoy de justicia hay que tener pues en cuenta que los tiempos han cambiado: ya no podemos hablar de naturaleza (ni por tanto de virtud) con la ingenuidad de los antiguos. El cambio era inevitable pero hay que ser conscientes de lo que hemos perdido en el cambio: de una justicia con substancia a otra reducida a procedimiento, a puras formas.

Vamos ahora a centrarnos en los modernos pues de sus teorías depende lo que hoy se dice, se enseña y se aplica en derecho y en política. Pues bien, el problema de la justicia moderna es su amnesia, el nulo lugar que en ella hay para la memoria de la injusticia. Lo podemos entender si nos fijamos en un equívoco lingüístico que es muy revelador. El equívoco en cuestión se refiere a que no está claro a qué nos referimos cuando hablamos de justicia: ¿a las injusticias?, ¿a las desigualdades?, ¿a las dos? El equívoco viene del término “injusticia” que designa lo injusto y también lo desigual. Son asuntos, sin embargo, muy distintos: la desigualdad habla de diferencias sociales que están ahí, sin querer pedir responsabilidad de por qué están ahí; la injusticia, por el contrario, añade a la desigualdad la culpabilidad o la responsabilidad, no por supuesto en el sentido de que el pobre sea culpable de su pobreza. La culpa se refiere al origen de la desigualdad. Las injusticias no están ahí como los ríos o las montañas, productos del azar o de la naturaleza, sino que han sido causadas y/o heredadas por el hombre.

No es lo mismo una cosa que la otra. Si el tema de la justicia son las desigualdades, la justicia debería consistir en reducir unas diferencias sociales que yo no he causado pero cuya existencia ofende una sensibilidad educada en la igualdad; si el problema son las injusticias, entonces no podemos reducir las diferencias sin convocar al sujeto que las ha causado o las ha heredado. En el primer caso no hay por qué hablar de responsabilidad o memoria históricas; en el segundo, sí. No es lo mismo luchar contra la pobreza porque está mal que haya pobres, porque va contra los derechos humanos o contra los principios de convivencia de una sociedad democrática avanzada; no es lo mismo eso, digo, que plantearse la pobreza de los pobres como el resultado de decisiones que tomaron nuestros abuelos y que nosotros heredamos. Unos heredan las fortunas y otros los infortunios pero entre ellos hay una relación de suerte que no se puede pensar la riqueza de los ricos sin tener en cuenta la pobreza de los pobres. En un caso entendemos la justicia como lucha contra la desigualdad; en el otro, como respuesta a la injusticia.

Esta distinción es fundamental porque toda la llamada justicia social se ubica en la primera teoría, la de los modernos. Impartir justicia significa tomar de los ricos para repartirlo entre los pobres, vía impuestos, pero sin cuestionar jamás la riqueza de los ricos. La justificación moral de esa justicia distributiva reside en la “elevada sensibilidad de los ricos” a la que repugna la existencia de pobres. Es un gesto del rico hacia el pobre. Para la segunda teoría, sin embargo, la distribución no es un gesto que emana del rico sino un derecho del pobre. No se puede pensar la riqueza del rico más que como un proceso sutil de apropiación de lo que le corresponde al pobre.

Esto es lo que se esconde tras esa aparentemente ingenua distinción entre desigualdad e injusticia. Sobre su alcance están bien informados los teóricos modernos, de ahí la batalla que han declarado a la memoria, a la memoria de la injusticia, a relacionar la noble preocupación por la justicia con la restauración de la genealogía de la injusticia, que es lo que pretende la memoria. Para los modernos —pensemos por ejemplo en John Rawls— las desigualdades son cosas del azar que es muy caprichoso. Uno es rico porque ha tenido la suerte de nacer en una familia rica o porque le ha tocado la lotería. Así explican las desigualdades existentes. Y como todo es fruto del azar no hay que buscar en el ser rico o pobre ni culpas ni responsabilidades. Así puede decir Rawls que ser rico ”no es justo ni injusto, como tampoco es injusto que las personas nazcan en una determinada posición social. Esos son hechos meramente naturales. Lo que puede ser justo o injusto es el modo en que las instituciones actúan respecto a estos hechos”.

No podemos exigir responsabilidades respecto al origen de las desigualdades puesto que son naturales y así escapan a la voluntad del hombre. Sí podemos y debemos intervenir con el fin de evitar que las desigualdades de origen se mantengan o reproduzcan. Por eso añade que lo que puede ser justo o injusto es cómo respondan las instituciones a las desigualdades. Podemos intervenir porque nada impide que con un buen plan de becas un niño dotado, pero pobre, pueda ser ingeniero, igual que un hijo de buena familia. Pero ¿por qué habría que hacerlo? No porque se lo debamos sino por un prejuicio moral moderno que nos lleva a tratar igual a todo el mundo. Para el hombre moderno, que vive al amparo de la utopía de la igualdad, las desigualdades de origen no son merecidas. Nadie se las ha merecido y por eso hay que hacer algo. Pero no intervenimos en casos de pobreza porque se lo debamos sino porque somos así de finos.

3.Lo que diferencia la desigualdad de la injusticia —y, por tanto, lo que diferencia una teoría de la justicia que consista en distribuir mejor la riqueza de otra que consista en sentirse interpelado por la injusticia— es el concepto de memoria. La desigualdad es —para sus teóricos— un hecho natural que no tiene historia; la injusticia, por el contrario, remite a una causa histórica y no natural de la desigualdad. La injusticia tiene en cuenta el origen de la desigualdad y por eso habla de responsabilidad o culpabilidad respecto a la desigualdad causada, origen de la pobreza. En una palabra, la injusticia es impensable sin memoria, lo que nos permite afirmar que la justicia es memoria. Voy a desarrollar esta tesis con un par de proposiciones.

3.1. Sin memoria no hay injusticia. Esto lo entendió bien Horkheimer cuando escribe que “el crimen que cometo y el sufrimiento que causo a otro sólo sobreviven, una vez que han sido perpetrados, dentro de la conciencia humana que los recuerda, y se extinguen con el olvido. Entonces ya no tiene sentido decir que son aún verdad. Ya no son, ya no son verdaderos: ambas cosas son lo mismo”. Sin memoria las generaciones siguientes no tendrán, claro, ni idea de lo que ocurrió; más aún, sin memoria es como si la injusticia no hubiera ocurrido nunca y el mundo pudiera organizarse como si la barbarie no hubiera tenido lugar. Si el proyecto nazi sobre los judíos hubiera triunfado, hoy los jóvenes de Oswiecim jugarían tan felices a fútbol sobre los campos de Auschwitz, como si nada hubiera ocurrido.

Se entenderá por qué el vencedor, es decir, el que comete la injusticia, no da por terminada la faena con la perpetración del acto. Sabe que tiene que afanarse también en el olvido del mismo. Como ya he explicado en otros lugares, en el mismo crimen o en la misma injusticia, hay dos muertes en juego: la física y la hermenéutica. Hay que borrar las huellas del crimen pero no con un burdo negacionismo, sino privando de significado al crimen. La cultura occidental ha sido maestra en la invisibilización del crimen con sus teorías del progreso. Por olvido hay que entender invisibilización de la víctima o privación de significado.

3.2. Sin memoria tampoco hay justicia. Decía que sin memoria no hay injusticia, pero tampoco justicia. Eso plantea un colosal problema porque lo que se está queriendo decir es que sin memoria de todas las injusticias no hay teoría posible de la justicia ya que la idea de teoría conlleva la de universalidad. Digo que estamos ante un colosal problema porque son muchas las injusticias definitivamente olvidadas. Tener presente todas las injusticias supera la capacidad humana. Sería, más bien, como dice Horkheimer la prerrogativa de una mente divina. ¿Cómo entonces pensar la justicia si hay que hacerlo con una mente humana? “Tal es la pregunta de la filosofía”, una pregunta aporética pues el ser humano no puede renunciar a la justicia pero le falta la potencia de una memoria divina para poder convocar todas las injusticias.

Tenemos que pensar entonces la justicia teniendo en cuenta la incapacidad radical de hacer memoria total de la injusticia. Aclaremos de entrada que la memoria no afecta por igual a todos los pasados. Hay un pasado presente, que no merece ser recordado porque ya está presente. Es el pasado de los vencedores. Carece de poder innovador porque su sentido ya ha sido amortizado y absorbido por el presente. Sólo es creador el pasado de los vencidos o el de las víctimas. Pero ¿cómo hacer justicia a ese pasado injusto que podemos conocer o que puede asaltarnos? Hay que fijarse en los daños recibidos: los hay que son reparables y, otros, irreparables.

Respecto a los reparables, sólo cabe la reparación por parte de la sociedad que recuerda. Es lo que de una manera u otra intentan hacer las leyes de la memoria histórica que se plantean reparar material o formalmente a colectivos victimizados. Pero ¿qué justicia cabe con lo irreparable? “Pasar página”, “echar al olvido”… eran las soluciones habituales. Es posible, sin embargo, otra respuesta: hacer memoria de lo irreparable. Reconocer la deuda con el pasado y hacer duelo por los sufrimientos sobre los que está construido nuestro bienestar. Es desde luego una forma muy modesta de justicia pero sin ella no hay justicia que valga.               

3.3 La memoria abre expedientes que la ciencia da por archivados. De la memoria se ocupa la memoria pero también la historia, el derecho y la política. Son miradas diferentes. La “ciencia histórica” tiene por objetivo contar los hechos si no como fueron al menos lo más parecido. Su afán explicativo no pretende hacer un juicio moral sobre lo ocurrido. La memoria, sí. Para la memoria, en efecto, las injusticias no son desigualdades, por eso habla de víctimas y verdugos o de responsabilidad histórica. Tampoco se identifica con la “ciencia jurídica”, especializada en identificar delitos, mientras que la memoria habla de culpas. El delito se mide por leyes que tabulan la gravedad de la acción y de las penas consecuentes. La culpa es un concepto moral que liga la conciencia del agente con el daño a la víctima. La culpa sobrevive al delito de suerte que sigue vigente aunque se haya cumplido el castigo previsto por la ley. Es la señal de Caín de la que habla el Génesis.

Ni se identifica la mirada filosófica con la “ciencia política” cuya política de la memoria poco tiene que ver con la memoria pública que aquí interesa. Aquella, en efecto, está pensada en función de los ciudadanos presentes porque la política es de los vivos, mientras que la memoria pública está en función de los ausentes. Son dos perspectivas diferentes. Cabe imaginarse un archivo del caso por la historia (si el caso está bien explicado), por el derecho (si ha cumplido la pena) o por la política (cuando orienta el pasado en función de los intereses presentes), pero no por la memoria mientras no se haya reparado integralmente el daño causado.

3.4. La memoria no es la justicia sino el inicio de un proceso justo cuyo final es la reconciliación.

A primera vista la memoria no arregla nada sino que lo complica todo porque abre heridas, sin olvidar que puede y suele ser utilizada como atizador de la venganza. Pese a todo eso, si la memoria es pensada hasta el final desemboca en la reconciliación.

Un primer paso ha sido ya dado al reconocer el papel político de la memoria. Ya podemos decir, en efecto, que los pueblos con pasados conflictivos han comprendido que no es el olvido sino la memoria la condición para una convivencia de mayor calidad. Este convencimiento explica que los descendientes de esclavos hayan planteado a sus antiguos colonizadores la necesidad de la memoria de los abuelos esclavizados como una forma de justicia; o que los nietos de abuelos conquistados recuerden a los antiguos señores el deber de solidaridad respecto a los nietos convertidos en inmigrantes de sus países más ricos; o que países con un pasado dictatorial aboguen por la justicia transicional; o que en países como Vietnam o Korea, escenarios de severas guerras civiles o internacionales se exhumen fosas comunes para posibilitar el duelo.

Habría que consumar ese proceso señalando la relación entre memoria y reconciliación. La memoria supone un progreso moral no sólo porque hace posible la justicia a las víctimas (recordemos que sin memoria de la injusticia no hay justicia posible), sino porque lleva a la reconciliación, un término polémico porque evoca reciprocidad (como si víctimas y verdugos se debieran algo del mismo valor a lo que tuvieran que renunciar), aunque no sea el sentido que aquí tiene. Por reconciliación entiendo un nuevo comienzo de la política, sin violencia, que convoca a todos los actores. ¿Cómo explicar que el proceso que abre la memoria desemboca en la reconciliación? Porque la memoria es justicia. La justicia es lo que liga memoria con reconciliación. Pensemos en el crimen político que produce daños múltiples (personales, sociales y políticos). Hacer justicia no consiste (sólo) en castigar al culpable sino en hacer frente a los daños o injusticias causados. Esto se resuelve grosso modo reparando lo reparable y haciendo memoria de lo irreparable.

Ahora bien, si miramos detenidamente observamos un tipo de daño al que sólo se le puede hacer justicia con el concurso de las víctimas y de los victimarios. Ese daño consiste en la repercusión del crimen político en la sociedad que queda dividida entre quienes aplauden el crimen y quienes le lloran; y, además de dividida, empobrecida, al privarse la sociedad de la contribución del victimario (que pasa a ser un delincuente) y de la víctima. Hacer justicia o reparar el daño social consiste en suturar la fractura y recuperar para la sociedad a la víctima (mediante el reconocimiento de lo que el criminal ha querido privarla: el ser ciudadano) y al victimario. ¿Cómo se recupera al victimario? No basta con que llegue a la conclusión de que la violencia que hasta ese momento él ha practicado o apoyado, es contraproducente. Tiene que entender algo en lo que no ha caído: que el crimen, más allá del delito, le deja una señal en la frente, como a Caín, que es la culpa. Esa culpa pone en manos de la víctima el destino del criminal. Sólo podemos hablar de nuevo comienzo si, como en el caso de Raskolnikov, en Crimen y Castigo, de Dostoiewsky, que ha matado a la anciana para darse con su dinero la gran vida, descubre que eso es imposible, que su vida depende de la vida quitada y que ojalá aquello no hubiera ocurrido. Ese camino que remite el destino del victimario al de la víctima; ese camino que va del delito a la culpa, es el que el criminal tiene que recorrer si quiere liberarse de la culpa, es decir, de un pasado que quiere dejar atrás para iniciar un nuevo comienzo.

Es evidente que esta reconciliación es imposible si el autor del crimen sigue pensando que lo suyo fue un gesto heroico; sólo tiene sentido en el momento en que quiera dejar atrás esa violencia pasada. Debe entender él y la sociedad que su recuperación es fundamental pero que eso tiene un precio, enfrentarse a la culpa, y, por eso, no cabe olvido o pasar página.

La memoria es, pues, el primer eslabón de una cadena que lleva a la reconciliación, pasando por el arrepentimiento y el perdón, tres categorías de origen religioso pero que, como tantas otras, pueden transformarse en las virtudes cívicas de una nueva concepción de la justicia, de la justicia anamnética.

4. Con lo dicho he querido señalar que si la justicia quiere responder no sólo de las desigualdades sino también de las injusticias, tiene que tener en cuenta la memoria. Pero con esto no está todo dicho ya que nosotros, los nacidos después de Auschwitz, tenemos una obligación, un deber específico: el deber de memoria.

Ese deber nace en y de los campos de exterminio. Cuando los campos, en efecto, fueron liberados, surgió el grito ahogado de los supervivientes: “nunca más”. No añoraban los viejos buenos tiempos, ni soñaban con la utopía de un mundo mejor, sino “nunca más”. No se quedaron ahí. Osaron proponer un antídoto contra la repetición de lo vivido, a saber, la memoria de la barbarie. Ahí nace el deber de memoria. Es un antídoto sorprendente que pocos compartían. Las potencias aliadas, por ejemplo, bien interesadas en que el fascismo no levantara cabeza, propusieron medidas más eficaces, por ejemplo, el Plan Marshall. ¿Entonces, cómo se explica la propuesta de los supervivientes? ¿Por qué fiarse tanto de la memoria y darle ese protagonismo, esa responsabilidad? Pues por algo que ellos han vivido en sus propias carnes; por algo que sólo ellos saben: han vivido lo inimaginable, lo impensable. Ahora bien, cuando lo impensable ocurre, se convierte en lo que da que pensar. Este es el nervio de la memoria. No se trata de acordarse de lo mal que lo pasaron los judíos, sino de reconocer los límites del conocimiento: que lo impensable ocurrió, de ahí que a la hora de pensar lo fundamental para la convivencia (la ética, la política, la estética), tengamos que remitirnos a lo que tuvo lugar y, sin embargo, escapó al conocimiento.

Quisiera que este punto quedara bien grabado pues estamos en el epicentro de la memoria. Repito la tesis de la memoria: ocurrió lo impensado y cuando esto ocurre, lo ocurrido se convierte en lo que da que pensar. ¿Qué quiero decir, que el horror de los campos de exterminio fue impensable? Reconozcamos que mucho fue pensado y dicho por adelantado:  Hegel sabía que la historia de la humanidad se ha construido sobre víctimas, por no citar La Colonia Penitenciaria de Kafka o El Proceso. Hubo quien sí pensó lo que podría pasar, los he llamado en otro lugar “los avisadores del fuego”. Pero, pese a todo, esa catástrofe posible fue impensable en el doble sentido de que, por un lado, lo que ocurrió superó todo lo imaginable; y que, por otro, para el logos dominante en la filosofía occidental, el sufrimiento no merecía ser pensado, no era digno de ser pensado.

El “deber de memoria” se substancia en la idea de re-pensar todo a la luz de la experiencia de barbarie para que algo como Auschwitz no se repita y para hacer justicia al pasado. Si el “deber de memoria” nos obliga a repensar todo a la luz de la experiencia de barbarie, debemos re-pensar en esa clave la justicia. No hay espacio aquí para explicitar lo que sería una justicia planteada desde el deber de memoria. Baste decir que la memoria no sólo es una categoría útil para entender la realidad sino que, para nosotros, es también un deber. Estamos obligados a pensar la justicia, en cualquiera de sus declinaciones (penal, moral, política, transicional o restaurativa) teniendo en cuenta el principio sapiencial en el que se resume el deber de memoria, a saber, que “dejar hablar al sufrimiento es la condición de toda verdad”.

5. Este tipo de justicia, de inspiración benjaminiana y metziana, es ajena a las grandes corrientes teóricas de la justicia, ya sean de origen liberal o marxista, por no hablar de las socialdemócratas que revisten el nombre de procedimentales, deliberativas o discursivas, que inundan el mercado global. En todas ellas, sobre todo en estas últimas, protagonizadas por autores tan sonoros como Jürgen Habermas o John Rawls, la voluntad de acallar la voz de las víctimas de la injusticia es incomprensible. Se pide a quien quiera hablar de lo justo que se olvide de si es pobre o de cómo ha llegado a serlo; lógicamente también se pide lo mismo al rico. Pero no es lo mismo olvidarse de cómo uno ha llegado a la miseria o de cómo se ha hecho rico. Anatole France daba la clave cuando decía “el robo es un delito, pero el fruto del robo es sagrado”. El rico tiene mucho que ganar al ahorrarse la pregunta de cómo ha llegado a serlo. Precisamente porque es inexplicable (o muy explicable) el encarnizamiento contra la memoria de la injusticia por parte de estos teóricos de la justicia, es por lo que resulta memorable el posicionamiento del Papa Francisco sobre este particular. Me refiero a lo que dice en la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium que, aunque “no es un documento social” (EG nr 184), dice cosas muy sorprendentes. Denuncia la tiranía de un sistema económico, el capitalista, “que mata”. Recordemos que el “no matarás” es una conquista civilizatoria que ha contribuido a salvar la vida humana, amenazada por los peores instintos. Bueno pues ha llegado el momento de convocar esa conquista moral para hacer frente a los daños que produce la exclusión social y la inequidad. La injusticia mata y eso significa que el sistema que la provoca es criminal. Esa es la novedad semántica de Francisco: el capitalismo no sólo es injusto, como decían otras encíclicas sociales, sino asesino, por eso “mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los problemas del mundo. La inequidad es raíz de los males sociales” (EG, nr 202). Este texto sí establece una relación entre la riqueza de los ricos y la pobreza de los pobres. Se acabó por tanto la idea, tantas veces repetida por los sectores oficiales y conservadores o liberales del catolicismo, de que la riqueza en sí es buena. No lo es incondicionalmente, es decir, no lo es si existe la pobreza. También invita a políticos y economistas a reflexionar sobre las ideas “de un sabio de la antigüedad” (que no es otro que Juan Crisóstomo) para quien “no compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos sino suyos” (EG nr 57). Parece como si Francisco tuviera vértigo por lo que está diciendo y necesita echar mano de la autoridad del Crisóstomo. Y luego añade: “la solidaridad debe vivirse como la decisión de devolverle al pobre lo que le corresponde” (EG nr 189). La justicia es algo más que solidaridad; la justicia no nace de nuestros buenos sentimientos, sino de la interpelación que nos hace el otro. No es que se lo regalemos, es que se lo debemos.

¿Qué decir ante afirmaciones tan contundentes? Consiguieron en su momento ser titulares de los grandes medios de comunicación, pero ya nadie las recuerda. Y así será mientras que sean vistas como excesos morales que brotan de un corazón sensible y dolido. Ese es el mejor camino para acabar incruentamente con Francisco. El mayor daño que le pueden hacer los que están con él y contra él es interpretar su radicalidad como mera sensibilidad. Lo que tenemos que entender es que esas ideas expresan el espíritu de una nueva concepción de la justicia que no es moralina sino sólida teoría filosófica. Francisco tiene aliados pero no necesariamente entre sus más allegados que suspiran por que algo cambie para que todo siga igual. Para esos vale lo que decían aquellas dos señoronas de Mingote, sobresaltadas porque del Concilio Vaticano II llegaba a España la peregrina idea de la libertad de conciencia: “tranquilas, hijas, que al cielo/cielo, iremos las de siempre”.

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* El lector podrá recurrir a mi libro Tratado de la injusticia  (Anthropos, Barcelona, 2011)   para ver el desarrollo o la fundamentación de las afirmaciones que aquí se hacen.

Poder judicial: contra los estragos de la partitocracia

Perfecto Andrés Ibáñez, Magistrado

En el Estado liberal, constitucionalmente hablando, ni separación de poderes ni garantía de derechos

El estado liberal de derecho representó, sin duda, un avance significativo en el camino de la simbólica aspiración ideal a un “gobierno de las leyes”, como medio de asegurar la libertad de los asociados frente a los históricos aberrantes excesos del poder político. El problema es que el modelo, mientras solo erigía “barreras de pergamino” (Madison) frente a los ancestrales abusos, delegaba en el mercado, esto es, se desentendía de los presupuestos materiales de los derechos que habría que garantizar, dejándolos a expensas de la ley del más fuerte.

En ese modelo de estado, el poder se sometía a ciertos procedimientos, tendría un titular salido de las urnas, pero todo sin cambiar esencialmente la naturaleza de su soberanía, la misma vieja suprema potestas, virtualmente ilimitada en el plano de los contenidos y de los fines. Ahora podría hablarse del triunfo de la legalidad, mas, aunque no era poco, solo en sentido formal.

En el diseño, el momento democrático tenía su plasmación en la omnipotencia de la mayoría, mientras el momento de derecho se agotaba en la primacía de la ley. Pero como ley ordinaria, por el carácter esencialmente político de la norma constitucional; de manera que, puede decirse, la misma voluntad mayoritaria, jurídicamente incondicionada, reinaba en los dos planos.

Este dato no pasó inadvertido a Benjamín Constan, cuando escribió que “la limitación abstracta de la soberanía no basta”. Como no podría bastar, en ausencia de las dos condiciones impuestas en la materia por el art. 16 de la francesa Declaración de Derechos de 1789: “Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes establecida no tiene Constitución”.

En el marco político resultante, que en lo relativo al modo de la articulación estatal se remite a Montesquieu, en rigor, no cabía hablar de separación de poderes; y, por eso, tampoco de derechos mínimamente garantizados, a falta de una consagración constitucional eficaz y de una jurisdicción independiente.

Nadie lo explicó mejor que Bonaparte: “le plus grand moyen d’un gouvernement, c’est la justice”. O lo que es lo mismo: la justicia concebida como mero instrumento, uno más, de la administración estatal. Aunque esto sí, supuestamente ungida de independencia; valor de culto (meramente ideológico) de las celebraciones oficiales.

El resultado, cabe decir, estaba cantado: ni separación de poderes ni garantía de derechos. Y, al fin, sin garantía también de la normalidad democrática, como, andando el tiempo, lo haría patente la dramática experiencia de los nazifascismos. En efecto, porque el estado liberal pudo dar cauce naturalmente, en un ordenado desarrollo de sus previsiones, esto es, a través del sufragio, a un partido como el nacionalsocialista, en Alemania; al tiempo que en Italia, el partido fascista no tuvo ningún problema con la constitución del momento, el Estatuto albertino, para dotar de viabilidad a su proyecto liberticida.

En ambos contextos, los jueces, con honrosas escasas excepciones, siguieron a los respectivos estados en sus derivas autoritarias, para, al fin, integrarse en políticas del derecho, sobre todo en el primer caso, abiertamente criminales.

Constituciones actuales: una democracia de sujetos con derechos

La lección, ciertamente brutal, no podía pasar sin consecuencias para el constitucionalismo. La reflexión al respecto, sobre todo en lo que a la administración de justicia se refiere, tuvo un escenario privilegiado en Italia, en la Asamblea Constituyente que alumbró el texto fundamental todavía vigente; y, en este, un incuestionable momento de referencia, en lo relativo al diseño del poder judicial.

La evidencia de que la política, incluso la política democrática, puede ser incapaz de garantizarse a sí misma, de enloquecer, incluso, hizo recobrar actualidad al viejo paradigma ideal del “gobierno de las leyes”. Y es como entró en escena el constitucionalismo rígido de los derechos fundamentales, haciendo de estos —ahora normas del más alto rango en sí mismos— el horizonte y el límite de la política. Y, la verdad, nada más racional, pues si la democracia no lo es de sujetos con derechos: ¿para qué, y sobre todo, para quién la política?

Lo aportado por ese momento de reflexión colectiva, con la pretensión de poner en pie un nunca más frente a experiencias como aquellas, está, mejor o peor, pero claramente escrito en las constituciones de nueva generación. En su pretensión de garantizar derechos fundamentales, con los derechos sociales como presupuesto, a todos los habitantes de la polis; convirtiendo la tensión hacia ese objetivo en condición de legitimidad de todos los actos del poder; sometiendo a este a límites de derecho; y poniendo a aquellos bajo la tutela, en última instancia, de un sujeto institucional fuertemente anclado en la ley, y, para ello, dotado de la autonomía imprescindible. Este sería el juez, pero un juez replanteado en aspectos importantes de su estatuto.

Autonomía imprescindible de los jueces en una democracia constitucional

El replanteamiento afectó de manera esencial al principio de independencia, que experimentó un desdoblamiento. Era preciso asegurar la independencia de la magistratura como institución; y la del propio juez dentro de esta, único modo de procurar la exclusiva sumisión a la ley. Y, como escribiera Borré, un magistrado italiano inolvidable: asegurar también la desobediencia a lo que no es la ley, en particular, a las sugestiones del passoliniano palazzo, es decir, a las de cualquier sujeto de poder, formal o fáctico.

En ese esquema, la gestión del estatuto judicial quedó por completo al margen del ejecutivo, localizándose en un órgano de nuevo cuño: el Consejo Superior de la Magistratura, integrado, en dos tercios de sus componentes, por magistrados elegidos democráticamente por sufragio interno; y por un tercio de juristas de prestigio designados por las cámaras. Por otra parte, la propia organización judicial, por imperativo constitucional, tuvo que hacerse horizontal, hasta llegar a la abolición de la carrera, a fin de evitar las posiciones de poder administrativo de unos jueces sobre otros, demostradamente idóneas para condicionar la independencia. Así, dentro del marco judicial, el sistema de relaciones se reducía al propio del juego de las instancias y recursos, que es lo que idealmente demanda una verdadera jurisdicción como función consistente en decir y aplicar el derecho según las reglas del propio ordenamiento.

El sistema expresa, a mi juicio, un diseño realmente afortunado. Primero, porque el nuevo órgano, independiente de los otros de poder, goza de idoneidad bastante para asegurar la independencia de la magistratura y de cada juez en particular, y, al mismo tiempo, por su composición mixta, impide lo que, de otro modo, habría sido una suerte de mandarinato de los jueces. En segundo término, porque la democratización interna de la organización judicial liberó dentro de ella el valor del pluralismo, produciendo, como no podía ser de otro modo, un potente efecto democratizador.

El Consejo italiano, como todas las aportaciones de la Constitución de 1947, destinadas a dar la vuelta a la situación heredada del fascismo —es todo un síntoma— sufrió un auténtico bloqueo durante las dos primeras legislaturas de omnímoda mayoría democristiana, y no empezó a funcionar hasta 1958. Hoy cuenta con una larga historia. Esta, con bastantes más luces que sombras, es la de una institución respetada, que se ha demostrado capaz de respaldar las actuaciones independientes de la magistratura en auténticas condiciones de aislamiento institucional, por la falta de compromiso con la legalidad de los centros de poder tout court. Y, en ocasiones, por la directa inmersión de estos en la más cruda ilegalidad.

La administración de justicia italiana arrastra conocidos problemas de organización, de dotación de medios, de inadecuación de los instrumentos legales e, inevitablemente, de ineficacia: asuntos de responsabilidad ministerial, sobre todo, y de la del legislativo. Pero cuenta, sin duda, con los profesionales dotados de la mejor cultura de la independencia, que es lo que ha hecho posible respuestas a los diversos terrorismos, a la delincuencia mafiosa y a la directamente política, dentro de la jurisdicción ordinaria y de una calidad técnico-jurídico sin precedentes. Y, si hiciera falta dotar a esta afirmación de una prueba de todavía mayor plasticidad, ahí está la evidencia de que, una institucionalidad estatal gestionada con criterios propios de la empresa criminal por Berlusconi, no ha hallado otro freno en su deriva antidemocrática que el representado por la administración de justicia. Il cavaliere en el banquillo ante las tres jueces y la fiscal de Milán, es todo un símbolo de las potencialidades de la democracia constitucional.

El estado de derecho nacido de la victoria sobre los nazifascismos supuso, en esto no hay duda, un notabilísimo avance hacia la racionalización del ejercicio del poder. Pero el impulso se detuvo, paradójicamente, a las puertas del partido político, no obstante ser este el órgano investido de la responsabilidad de dinamizar el sistema en la nueva dirección constitucional. Cuando resulta que, como dijera Calamandrei con su proverbial claridad: “una democracia no puede ser tal si no son también democráticos los partidos”.

El caso singular de España: Ocupación partitocrática del espacio jurisdiccional

Así las cosas, es como, en nuestras realidades, se ha llegado a una situación en la que el partido, de ser agente central del fortalecimiento de la democracia constitucional, como correspondería, ha pasado a convertirse en problema. Con el resultado aberrante de un sistema que no soporta su propia legalidad y de un statu quo en el que una parte importante de la delincuencia que vierte sobre la administración de justicia es de fuente institucional y para-institucional. Y esto, sin hablar de la cifra oscura, aquí siempre realmente alta.

Dada la incontestable objetividad de este dato, no será aventurado ver en él la causa por la que la administración de justicia se encuentra crónicamente mantenida bajo mínimos. Y esto tanto en lo relativo a la dotación de medios personales y materiales, como de formación de los jueces y demás operadores. Se trata de una constante, para la que el vigente estado de cosas ofrece una explicación dotada de altísima plausibilidad. En efecto, pues ¿qué razones podrían tener unas fuerzas políticas, parte de cuyo modo de operar discurre endémicamente al margen de la ley, para dotar de autonomía y operatividad a la instancia encargada de responder con el derecho a las ilegalidades, incluidas las de los sujetos públicos?

El caso de España presenta una bien lamentable singularidad. Veámoslo. El constituyente de 1978 hizo propio el modelo italiano de Consejo. El primer desarrollo constitucional de este, por ley de 1980, debido al centro-derecha, fue fraudulento y dirigido a asegurar la hegemonía de la magistratura transfranquista en la nueva institución. Este hecho fue duramente criticado por la entonces oposición socialista, que hizo gala de un judicialismo realmente extremo; pero que tardó en cambiar de actitud lo que las urnas en convertirle en fuerza mayoritaria. Y, como tal, pasó de la defensa de la independencia judicial como valor, a la descarnada ocupación partitocrática del espacio de la jurisdicción, que es en lo que se tradujo el sistema de elección parlamentaria de la totalidad de los vocales del Consejo, adoptado por la ley de 1985. A esta vicisitud siguió un nuevo intercambio de papeles entre las dos principales fuerzas políticas, pero solo en el plano de la retórica, porque en la práctica, y hasta hoy mismo, siempre han estado de acuerdo en el reparto de la institución mediante un sistema de cuotas, también constitucionalmente fraudulento. Es lo que ha llevado al Consejo a ser una institución fallida; gestionada al margen de los principios de la jurisdicción (el de independencia, en particular); y profundamente deslegitimada ante sus administrados, los jueces.

Un sentido instrumental de la política de la justicia

Nada ilustra mejor sobre el oportunismo y el sentido puramente instrumental que ha presidido la política de la justicia de las dos principales formaciones durante los últimos treinta y cinco años, que el espectáculo de dos significativos ministros del ramo, el socialista Ledesma y el popular Ruiz Gallardón, reclamando, antes de serlo, la desaparición del ministerio de Justicia, para pasar, ya desde este, al redimensionamiento a la baja del Consejo, hasta llegar a lo que hoy, por iniciativa del segundo, es su virtual banalización. De nuevo con la oposición retórica del contrario. Y siempre, hay que insistir, estando ambas fuerzas políticas de acuerdo en el mantenimiento bajo mínimos de la instancia judicial, con objeto de reducir su capacidad operativa. Algo para lo que cuentan con las mejores razones, luego de las reiteradas experiencias de banquillo.

La administración de justicia es una institución no fácil, debido a que no obtiene su legitimidad directamente en las urnas, y, no obstante, puede, en ciertos casos, emitir decisiones vinculantes, y con una fuerte carga de deslegitimación para los sujetos investidos de poder político, sancionando sus más graves incumplimientos. Precisamente, este dato ha sido utilizado, de la manera más insidiosa, para cuestionar su papel constitucional. A pesar de que en él radica una de las virtudes esenciales del sistema: la dirigida a hacer posible algo tan obvio como que la gestión de la polis discurra dentro de la legalidad.

Aquí reside, a mi juicio, la astucia de la razón constitucional cuando sitúa a los derechos fundamentales en lo más alto de la pirámide normativa; somete —¡qué menos!— a todos los poderes a la ley; encomienda al judicial la respuesta a los más graves incumplimientos de ésta; y deja a la política un campo propio, nada pequeño, el comprendido entre lo indiferente para el derecho y el Código Penal; y, con ello, en sus manos, la posibilidad de asegurar, mediante la limpieza del propio funcionamiento, la intangibilidad de su espacio. Porque los delitos que, con tan desoladora frecuencia, tienen a este como escenario, no serían tales si la institución parlamentaria y las político-administrativas de control cumplieran con su papel constitucional en este punto.

Si el poder parlamentario y político-administrativo cumplieran con la Constitución, cesarían las gravísimas ilegalidades de hoy

De darse esta última circunstancia, el territorio del poder dejaría de ser la fuente de gravísimas ilegalidades que es hoy, y los jueces podrían dedicarse a satisfacer las legítimas demandas de los ciudadanos, es decir, las surgidas como consecuencia de los conflictos producidos, en un plano de horizontalidad, en el curso de sus relaciones.

“Expulsiones en caliente”: guerra sucia en la Frontera Sur

Margarita Martínez Escamilla, Catedrática de Derecho Penal

El pasado 27 de junio se presentó en la Universidad Complutense de Madrid un informe jurídico titulado “Expulsiones en caliente”: cuando el Estado actúa al margen de la ley1, en el que dieciséis académicos expertos en diversas ramas del Derecho ponemos de manifiesto la radical ilegalidad de estas prácticas. A continuación intentaré dar cuenta de la forma más divulgativa posible de parte de su contenido y de lo que las “expulsiones en caliente” significan.

1.La guerra declarada a la inmigración irregular no es a la postre sino una lucha despiadada contra el migrante irregular, contra quien tiene la rebeldía de buscar un futuro mejor lejos del lugar donde ha nacido. Es un combate desigual y desproporcionado que en la Frontera Sur presenta unas pautas de actuación que permiten hablar de guerra sucia. Guerra sucia porque el Gobierno, a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, actúa vulnerando la ley y lesionando los derechos de personas, en gran parte de los casos, especialmente vulnerables. Uno de los ejemplos más obvios y flagrantes de esta guerra sucia son las denominadas “expulsiones en caliente”.

2. Esta expresión hace referencia a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, particularmente de la Guardia Civil, consistente en la entrega a las autoridades marroquíes, por la vía de hecho, al margen de los procedimientos legalmente establecidos y sin cumplir las garantías internacionalmente reconocidas, de ciudadanos extranjeros interceptados en territorio de soberanía nacional.

Seguro que todos conservamos en la retina las imágenes de la playa de Tarajal en la madrugada del 6 de febrero en la que murieron quince inmigrantes que intentaban acceder a la costa ceutí: la Guardia Civil devolviendo a los veintitrés inmigrantes que, tras sortear pelotas de goma y botes de humo, alcanzaron exhaustos, asustados y algunos heridos la playa española. Según el Ministro del Interior estas personas nunca estuvieron en territorio español porque, a pesar de atravesar aguas indubitadamente nacionales y llegar a pisar la playa, no habrían conseguido traspasar la línea que formaban los cuerpos de los guardias civiles que esperaban en la arena.

Asimismo existe ingente material audiovisual que muestra cómo la Guardia Civil devuelve ilegalmente a Marruecos a personas que se quedan en la zona de intervallado e incluso a personas que han superado tanto la valla interna como externa que se levanta a lo largo del perímetro fronterizo entre las ciudades de Ceuta y Melilla y el Reino de Marruecos. En estos casos se sostiene que hay que sortear ambas vallas pues “la valla interna materializa la línea con la que el Estado, en una decisión libre y soberana, delimita, a los solos efectos del régimen de extranjería, el territorio nacional”2.

Incluso se ha llegado a afirmar que podría expulsarse de facto y al margen de cualquier procedimiento a toda persona que se encontrase en cualquier lugar del territorio nacional siempre que hubiera entrado clandestinamente, pues sólo estarían en territorio nacional quienes hubieran entrado en él por los puestos habilitados. Se supone que esta es la tesis en que se basa la entrega a las autoridades marroquíes en los casos en los que los migrantes han accedido a algunas de las islas de soberanía española que se encuentran frente a las costas de Marruecos o casos en los que los inmigrantes ya se encontraban de forma indubitada en las ciudades autónomas de Ceuta o Melilla. No se dice, sin embargo, que esta tesis fue declarada nula y absolutamente desautorizada por el Tribunal Supremo español (Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 2003, ratificada posteriormente por la Sentencia de 8 de enero de 2007 de la misma Sala).

 Pues bien, frente a este concepto “operativo” de frontera ha de oponerse, en primer lugar, que no existe ningún tipo de norma jurídica que otorgue cobertura a un concepto de frontera que pueda ser determinado de forma caprichosa ad casu violando, entre otros elementales principios, el de prohibición de la arbitrariedad y el de seguridad jurídica (art. 9.3 de la Constitución española). Ha de llamarse la atención sobre el hecho de que la argumentación del Gobierno supone en definitiva la creación de limbos jurídicos, de “zonas Guantánamo” excluidas de la aplicación de la legalidad nacional e internacional.

3. Otra manifestación de la guerra ilegal contra la inmigración irregular es el acceso de fuerzas de seguridad marroquíes a territorio nacional –tanto al espacio intervallado como a algunas de las islas de soberanía española frente a las costas marroquíes– con el fin de hacer, permítase la expresión, el “trabajo sucio” y sacar por la fuerza a los inmigrantes. El pasado 18 de junio la asociación Prodein distribuyó un video3 en el que se ve cómo –mantengamos el adverbio presuntamente– las fuerzas auxiliares marroquíes golpean salvajemente a inmigrantes ante la mirada impasible si no cómplice de efectivos de la Guardia Civil. Quien suscribe estas líneas no ha tenido conocimiento de que se haya abierto ninguna investigación por parte de los responsables militares o políticos para esclarecer lo sucedido y derivar responsabilidades disciplinarias por unos hechos que, además de indignos, poseen relevancia penal, pues no cabe ninguna duda del comportamiento delictivo tanto de las fuerzas auxiliares marroquíes como de los guardias civiles que miran impasibles. Respecto a la investigación penal, sería deseable que alguna vez la fiscalía y los juzgados de Melilla actuaran de oficio y no tan sólo a regañadientes obligados por las denuncias de asociaciones y particulares. En concreto, respecto a los hechos del 18 de junio, quizá resulte difícil identificar a los gendarmes marroquíes que intervinieron, pero no debería presentar especiales dificultades la identificación de los guardias civiles que permitieron la comisión delictiva. Sin ningún género de dudas les sería aplicable el art. 450 del Código penal que castiga a quien, pudiendo hacerlo, no impida la comisión de un delito que afecte a las personas en su vida, integridad y libertad sexual o el art. 195 CP que castiga como autor de un delito de omisión del deber de socorro a quien “no socorriere a una persona que se hallare desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros…”. Además, el Derecho penal permitiría castigarlos como cooperadores necesarios de los delitos de lesiones y torturas causados o, incluso, como autores con comisión por omisión de estos delitos. Esperemos que esta vez el fiscal y el juzgado de instrucción competentes desplieguen la diligencia investigadora que la gravedad de los hechos exige.

4. Pero volvamos al concepto “operativo” de frontera para dejar claro que, además de jurídicamente inaceptable, resulta totalmente inoperante de cara a justificar las “expulsiones en caliente”. Y ello porque nuestra legislación de extranjería no sólo establece un procedimiento y unas garantías para poder expulsar a los extranjeros que se encuentran en España sin autorización, sino también para aquellos que pretendan entrar ilegalmente en el país (art. 58.3b de la Ley de Extranjería), considerándose “incluidos a estos efectos, a los extranjeros que sean interceptados en la frontera o sus inmediaciones”, tal y como estable el art. 23 del Reglamento de Extranjería, cuyo apartado segundo es unívoco al preceptuar que en estos supuestos “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargadas de la custodia de costas y fronteras que hayan interceptado a los extranjeros que pretenden entrar irregularmente en España los conducirán con la mayor brevedad posible a la correspondiente comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, para que pueda procederse a su identificación y, en su caso, a su devolución”. Esta decisión administrativa de devolución ha de ser adoptada mediante resolución del Subdelegado del Gobierno, o del Delegado del Gobierno, según proceda, y requiere la observancia de las garantías recogidas en el mencionado artículo 23: asistencia jurídica y asistencia de intérprete si no comprende o habla las lenguas ofi­ciales.

Es decir, aunque se aceptara un insostenible concepto “operativo” de frontera y negáramos que se encuentra en territorio nacional quien ha pisado la playa española, quien ha saltado la valla externa o quien ha accedido a una isla de soberanía española, lo que procedería sería aplicar el procedimiento de devolución. En cualquier caso las “expulsiones en caliente” son contrarias a nuestra legislación de extranjería.

5. Otro de los argumentos reiterados para justificar las “expulsiones en caliente” es el Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión, firmado en 1992. Esta alusión al Acuerdo o bien responde a mala fe o bien a ignorancia supina, pues cualquiera que lea los dos folios que constituyen el Acuerdo apreciará sin dificultad alguna, en primer lugar que dicho Acuerdo no sustituye la legislación de extranjería, sino que opera una vez que se han aplicado los procedimientos previstos en ella. Por otra parte, dicho Acuerdo establece, a su vez, un detallado procedimiento de entrega que implica obligaciones recíprocas, como son la identificación de los ciudadanos extranjeros a entregar y la documentación por escrito del acto de entrega; obligaciones que también se incumplen con las “expulsiones en caliente”.

6. Las exigencias de la legislación de extranjería sobre la necesidad de dar la oportunidad a los ciudadanos extranjeros interceptados por las autoridades españolas de alegar cuáles son sus circunstancias derivan del cumplimiento de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Puede tratarse de menores de edad, de víctimas de trata de seres humanos para la explotación sexual u otros fines, de niñas que huyen de matrimonios forzados o de la ablación. Igualmente pudieran ser personas merecedoras del estatuto de refugiados, de personas que huyen de la guerra o de la persecución. La necesidad de protección de personas y colectivos vulnerables como los mencionados es la que ha llevado a la elaboración y firma de acuerdos internaciones tendentes al reconocimiento y desarrollo de unas garantías que posibiliten la defensa de su indemnidad. De ello se deriva que la legislación de extranjería de los países más desarrollados, y entre ellos España, prevea que no cualquier entrada clandestina en su territorio termine en devolución, en atención precisamente a circunstancias que exigen un mayor estándar de protección (arts. 31 de la Ley de Extranjería y 23.6 de su Reglamento). De ello se deriva también la imposibilidad de dotar de cobertura legal a las “expulsiones en caliente” tal y como se están practicando, toda vez que vulneran la Constitución española, la normativa de la Unión Europea y el derecho internacional de los derechos humanos, especialmente la referidas al ejercicio del derecho de asilo y protección jurídica internacional, la prohibición de expulsiones colectivas y el principio de no devolución. Tan sólo una breve referencia a este último principio.

El art. 19.2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea recoge el “principio de no devolución”. Conforme a esta previsión, que ampara no sólo a posibles solicitantes de asilo sino a cualquier migrante, “nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra grave riesgo de ser sometido a pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes”. Por su parte, este principio se entiende recogido en el art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos al igual que debe entenderse incluido en el art. 15 de la Constitución española, en cuanto ambos consagran la prohibición de tortura y sometimiento a penas o tratos inhumanos o degradantes. Estos preceptos deberían servir para cuestionar las devoluciones legales y no legales de inmigrantes a Marruecos, habida cuenta de los informes de organizaciones y organismos internacionales que ponen en duda el respeto de Marruecos a los derechos humanos de las personas migrantes, especialmente cuando son de origen subsahariano. El video al que anteriormente hacíamos referencia no es sino otra prueba más de la inseguridad y riesgo que para su vida y seguridad sufren los migrantes en el país vecino.

7. Para terminar, permítaseme  transcribir la conclusión final de nuestro informe: “No resulta posible, como parece pretender el Ministerio del Interior, utilizar atajos en abierta contradicción con la normativa nacional, europea e internacional, con el pretexto de mayor eficacia y eficiencia en una política migratoria focalizada principalmente en el control de los flujos humanos, movidos mayoritariamente por flagrante necesidad. Ello constituye un atentado a los valores superiores de la Constitución y a los más elementales principios éticos en que se asienta nuestra cultura. El Estado de Derecho reclama como elemento legitimador la protección de los derechos humanos como satisfactor institucionalizado de las necesidades humanas. Vulnerar los derechos pone en peligro no sólo a las víctimas de este desafuero, también compromete la dignidad moral de nuestras democracias y desde luego la de quienes, muchas veces en contra de su conciencia, se ven obligados a cumplir órdenes manifiestamente ilícitas de las que podrían derivarse responsabilidades personales. Como decía Nelson Mandela, todo lo que introduce el principio de discriminación negativa en lo político y en lo jurídico acaba degradando a quienes la padecen y, mucho más, a quienes la promueven o, al menos, la consienten.”

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[1] Este informe ha sido promovido desde el Proyecto I+D+i Iusmigrante (DER 2011-26449). El informe puede descargarse en http://eprints.ucm.es/25993/

[2] Estos conceptos de frontera aparecen en el Informe de 8 de febrero de 2014, redactado por la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil y dirigido a su Director General, en relación con los hechos acaecidos en la frontera de Ceuta el día 6 de febrero de 2014, y que fue entregado por el Ministerio del Interior al Congreso de los Diputados el 7 de marzo de 2014.

[3] Este video puede verse en el siguiente enlace: vimeo.com/98687161.

Argentina contra Franco. El gran desafío de la impunidad de la dictadura, de Marío Amorós

Evaristo Villar

Pascual Serrano acaba de publicar en la colección A Fondo, de Akal, un librito de poco más de cien páginas, escrito por Mario Amorós, doctor en Historia y periodista, autor, a su vez, de otros diferentes libros entre los que destaca Allende. La Biografía. Argentina contra Franco intenta acercarnos al proceso “judicial e histórico” contra el franquismo que está llevando la justicia argentina, dirigida, en este caso, por la jueza María Servini de Cubría. Más de trescientas personas y cien organizaciones respaldan desde CEAQUA (Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina), creada en 2012, la querella contra “todas las expresiones de represión del fascismo español entre julio de 1936 y junio de 1977: los fusilamientos, la tortura, la prisión política, el exilio, el trabajo esclavo, el robo de bebés, los desaparecidos, los depurados, las fosas del olvido, etc.” (9 y 97).

El texto se ajusta perfectamente a lo que Pascual Serrano espera de esta colección: información veraz, rigor en el análisis y lenguaje accesible.

El trabajo de Mario Amorós se desarrolla en tres escenarios complementarios. El primero, que titula Proceso a una dictadura criminal, aporta las escalofriantes cifras que, según el “holocausto español” de Paul Preston 2011, se produjeron durante el golpe militar del 1936, la crueldad de la victoria del 1939 y 1940 y la coerción de una dictadura que se apoyó básicamente en la implacable represión de la Brigada Político-Social y en los juicios-farsa del Tribunal de Orden Público. Después del cínico castigo que el desacreditado sistema jurídico español ha perpetrado contra el juez Baltasar Garzón, la Querella Argentina, actualmente en activo, se presenta como el único intento serio de hacer justicia a los vencidos, es decir, a las oficialmente olvidadas víctimas del lado republicano.

El segundo escenario se centra en el emblemático edificio de la Real Casa de Correos (siglo XVIII) de la Puerta del Sol de Madrid, donde se proclamó la II República el 14 de abril de 1931 y se convirtió luego, durante la dictadura franquista, en sede de la Dirección General de Seguridad y de la Brigada Político-Social. El autor, refiriéndose a este sórdido y tétrico lugar, principal foco de la represión franquista, no duda en calificarlo como “El infierno de Sol”. Reconvertido actualmente en flamante sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, nada alude en él a esa otra “historia siniestra” de más de 40 años durante los que fue una oscura catacumba para causar, de entrada, terror a los detenidos y prepararlos para los terribles interrogatorios y torturas que les esperaban después (41).

En este largo capítulo el autor recoge y relata, entre los miles de visitantes forzados a entrar es este terrible lugar —cuyas vidas quedaron para siempre marcadas por “el odio, la crueldad y el sadismo” de los torturadores (45) —, el estremecedor testimonio de diez destacados militantes que no hipotecaron su dignidad personal, ni la libertad de las clandestinas formaciones políticas y sindicales a las que pertenecían, ante la crueldad de las torturas. Algunos nombres nos resultan suficientemente conocidos como Willy Meyer, Julián Hidalgo, Jesús Rodríguez, Chato Galante, Paco Lobatón, Felisa Echegoyen y Roser Rius Camps, Alfredo Rodríguez, Manuel Blanco Chivete, etc. Su memoria pone en sordina la ejemplaridad de una Transición que no fue en esto precisamente modélica, y deja, sobre todo, en muy mal lugar la injusta y desafortunada amnistía del 1977, hecha desde la insensibilidad del poder y su desprecio a una parte muy significativa de la ciudadanía española.

Es muy significativo al respecto el “reciclaje e impunidad” del que han gozado los mayores torturadores materiales vinculados a esa “casa de los horrores”. Mario Amorós trae a escena por el inhumano papel desempeñado por estos victimarios, entre otros menos conocidos, a Saturnino Yagüe (comisario ya fallecido), a Roberto Conesa (“el superagente” implicado en la detención de las “Trece Rosas” y en la sucia lucha posterior contra el GRAPO), a Manuel Ballesteros (uno de los “más despiadados agentes”, posteriormente condenado varias veces por su lucha sucia contra ETA), a José Sainz González (investigador policial que acabó siendo director general de la Policía Nacional); y, sobre todo, Juan Antonio González Pacheco (Billy el Niño), que se consideraba a sí mismo como el “pistolero de Far West” (70) y que, según todos los testimonios, “disfrutaba torturando a los detenidos“ (73); “Billy es, a juicio de Enrique Aguilar Benítez, catedrático de filosofía, un sádico, un excelente policía para la dictadura” (94).

Leyendo estos relatos de tortura y reflexionando sobre los argumentos y razones que utilizaban los torturadores para justificar sus prácticas inhumanas, no puedo evitar la repugnancia que me provoca “esa mezcla de odio, crueldad y sadismo” con que actúan (45), el “disfrute en la humillación y la tortura” (49), y, sobre todo, la forma cómo “bordaban su trabajo” sucio porque “estaban convencidos de que era lo que les pedían sus jefes”. Me viene a la memoria la “banalidad del mal” con que califica Hannah Arent estas conductas expresamente educadas para obedecer ciegamente la ley y seguir órdenes superiores sin preguntarse nunca por la moralidad ni las consecuencias de las mismas.

El tercer escenario, que Amorós titula “hacia el fin de la impunidad”, se inicia con el poema “Siempre” de Pablo Neruda (“Un día de justicia conquistado en la lucha”) y se cierra con el convencimiento expresado por los componentes de la CEAQUA ante el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza: “Queremos juzgar la dictadura, no estamos hablando de los casos concretos de dos personas (Jesús Muñecas Aguilar y Billy el Niño, para quienes se solicitó la extradición en septiembre de 2013). Pronto tendrán más solicitudes de extradición, y luego más, y más. Desde octubre en todo consulado argentino en cualquier país una persona puede denunciar crímenes del franquismo y a un criminal concreto. Es un proceso que no lo van a poder parar” (98).

Cada día que pasa se me va imponiendo con mayor fuerza la imagen de una sociedad, en la que vivo, fundamentalmente buena y escrupulosamente respetuosa con viejas leyes y malas tradiciones. Como los nenúfares sobre el impasible cristal del lago, emergen en ella, predominantemente, aquellas personas que saben rodearse de un clima apropiado, es decir, los pícaros, los caciques y los perversos. Y estos también hunden cínicamente sus raíces hasta la profundidad del lago para chupar las bondades de una sociedad demasiado obediente y sumisa. ¿Hasta cuándo?

La Justicia desahuciada, de Elpidio José Silva

Benjamín Forcano

Venimos siguiendo desde hace unos años los agitados recovecos de la economía y de quienes son dueños de la misma. La economía es pieza clave en determinar el rumbo a seguir por los pueblos; la economía, no la ética. Y esto explica la temeridad del juez Elpidio José Silva que se propuso recoger pruebas que atestiguasen la mala gestión de la economía en nuestro país. Y lo hizo atreviéndose a atacar una de las caras más visibles del poder financiero, político y social: “Recorrimos los protocolos, irregularidades y vericuetos de la gestión bancaria, desvelamos intenciones y resultados. Nos entregamos a fondo… No nos cabe duda: tarde o temprano llegará el deshielo de la verdad congelada en estas causas procesales” (La Justicia desahuciada, pg. 236).

Aunque algo sabemos de lo ocurrido, nada como sumergirse en la lectura de quien revela datos de primera mano en toda la aventura sufrida por reabrir (finales de noviembre de 2012) las Diligencias Previas sobre el caso Blesa.

Será difícil encontrar otro caso en el que el acoso institucional y mediático se haya desplegado con tanta intensidad. Acoso que provenía de la Fiscalía y del mismo Consejo General del Poder Judicial, ampliado luego por otros cauces mediáticos. Se trataba de abrir al juez expedientes (hasta cuatro le tocó sufrir) para lograr incapacitarlo y apartarlo de su función jurisdiccional.

El Juez Elpidio tuvo certeza de las pruebas y no duda en reabrir el caso Blesa, con lo que provocó gran alarma en un determinado sector del poder. Las investigaciones y espionaje estaban motivadas por haber abierto en su Juzgado las diligencias contra determinadas actuaciones realizadas en la entidad Caja Madrid. Había que encontrar un punto de apoyo para apartar al Instructor del Juzgado. Las inspecciones se llevaron a cabo, aun sin cumplir los requisitos necesarios, pero nunca se le pudo sancionar disciplinariamente.

“A estas alturas, escribe el Juez, a tenor de cuanto ha sucedido, estoy en condiciones de asegurar que mi error fue acertar demasiado” (Idem, pg. 235).

En medio de la gran crisis, el acoso despertaba mayor indignación, pues la verdad ya no se la podía encubrir ni callar: “Ha ido creciendo la conciencia de que la gestión de las Cajas de Ahorro ha constituido una de las claves de nuestro desastre financiero… Los casos Blesa, Banco de Miami, Bankia, tal vez Gürtel, o la posible estafa a cientos de miles de preferentistas constituyen procesos alrededor de la pésima gestión de Caja Madrid” (Idem, pg. 237).

Todo esto restallaba con fuerza contra la misma Constitución que establece que el ministerio fiscal tiene por misión “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley y velar por la independencia de los Tribunales” (Idem, Tit. 124, Art. 1).

Demasiado sabía el Juez Elpidio que “El poder judicial debe asegurar la total independencia de los jueces” (Tit. 127, Art. 2). ¿Podía dejar de investigar, someterse a las calumnias y acusaciones, optar por la resignación y esperar a que pasen los años? Le contesta: “ Sentado en ese banquillo de fría piedra, reproches disciplinarios y acusaciones falsas, decidí escribir este libro y en él describo la sarta de trucos y manipulaciones que los guardianes están urdiendo” (Idem, pg. 239).

Desde el momento en que fue apartado en el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, el caso Blesa y del Banco de Miami han quedado totalmente paralizados.

“Nuestro festín de burbujas y ladrillos nos ha sumido en un sueño del que no acabamos de salir. Ni jueces, ni fiscales ni gran parte de la ciudadanía termina de aceptar lo que sucede ni, sobre todo, las consecuencias que nos aguardan. Todos hemos contribuido a la llegada de la crisis, pero otros se han beneficiado principal y manifiestamente” (Idem, pg. 240). 

Hay que refomar profundamente ciertas instituciones, superar el abatimiento y la desconfianza, porque si bien es cierto que “Deambular por la justicia española es divagar por tierras extrañas, y aunque vociferes nadie te escuchará, la ciudadanía sí parece dispuesta a entonar un cántico de exigencia e indignación” (Idem, pg.12).