Las eléctricas y Unión Fenosa
Unión Fenosa, la empresa española dedicada a la producción y distribución de energía, es una de las responsables de la represión y violaciones especialmente en el departamento de San Marcos.
Con la privatización de la producción y distribución de energía eléctrica, en el gobierno de Alvaro Arzú, en 1998 Unión Fenosa se quedó por 50 años con la concesión de la distribución de energía eléctrica, a 20 de los 22 Departamentos de Guatemala. Se violaba la constitución en su articulo numero 130 que establece la prohibición del monopolio. Y para ocultarlo, la multinacional creó las sub-empresas: Deocsa en el occidente y costa sur, Deorsa en el norte y oriente del país. Desde entonces su actividad se amplió a otras áreas relacionadas con la energía, como el gas y telecomunicaciones. Pasó a tener la propiedad de un 90,83% de Deocsa; un 92,84% de Deorsa; un 100% de Guatemel (comercializadora) y un 100% de Decsa, sociedad tenedora del 90% de Recsa, Redes Eléctricas de Centroamérica (empresa de transporte de energía). En el año 2011 el fondo de inversión Actis del Reino Unido compró a Unión Fenosa las acciones de Deocsa y Deorsa e inició un proceso de transformación que incluyó su cambió de imagen y denominación comercial. La suma de ambas empresas pasa a denominarse Energuate, aunque sigue existiendo la figura legal de Fenosa Deocsa Deorsa.
La obligación de la concesión en principio era llevar electricidad a todas las comunidades de los departamentos donde opera. Pero en el año dos mil empezaron a darse anomalías, como contadores irregulares, lecturas erróneas de los mismos, precios abusivos, apagones constantes causando pérdidas de productos perecederos como carnes y productos lácteos, riesgos en centros de salud y hospitales, quema de aparatos electrodomésticos, cambio de contadores buenos por irregulares, sabotajes al sistema de baja y alta tención para echarle la culpa a usuarios, cortes injustificados y cobros muy elevados por re-conexión. Desde el año 2008, la población ha interpuesto un mínimo de 90.000 denuncias ante la Comisión Nacional de la Energía Eléctrica. A lo largo de 7 años, se buscó el dialogo con la empresa.
La respuesta de Unión Fenosa, fue el menosprecio, prepotencia, amenazas y la represión, primero cortando el servicio eléctrico a determinadas comunidades y pronto con la violencia, criminalización y asesinatos, utilizando las fuerzas militares y policiales para amedrentar y sembrar el terror a la población. En diciembre de 2009, a petición de Unión Fenosa el gobierno decretó el estado de Sitio, restringiendo una serie de garantías constitucionales.
En noviembre del 2002 las comunidades indígenas habían creado el Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos de los Pueblos, FRENA, como movimiento social que agrupa a estudiantes, profesionales, autoridades comunitarias y municipales, organizaciones de pequeños empresarios, a partir de las protestas de los municipios del altiplano, valle y la zona costera de San Marcos y municipio de Tacaná. El objetivo era resolver los problemas relacionados con la pésima distribución de Energía Eléctrica, la introducción de permisos para Minería, violaciones a los Derechos humanos por parte de las transnacionales y la represión desde entidades gubernamentales del estado. Se trataba de empoderar a la población. Al no haberse resuelto las anomalías y no haber tenido reparación de los daños, el FRENA decidió que la resistencia se basara en el no-pago de la factura.
Además, como tema de fondo hay una visión diferente del modelo de desarrollo. El modelo de las transnacionales está en contraposición a la cosmovisión indígena maya sobre la importancia de la tierra, sobre el desarrollo propio, elegido por las comunidades, que respete sus tradiciones y sus costumbres, su autonomía y sus formas de organización.
Desde el año 2009 los líderes del FRENA sufren amenazas, persecución y asesinatos. En 2009 denunció el asesinato de dieciséis líderes comunitarios y otros cuatro en el 2010: el 13 de enero, cuando viajaba a San Marcos desde Ciudad de Guatemala, fue asesinada Evelinda Ramírez Reyes, presidenta del FRENA de Retalhuleu. El 11 de febrero, el activista Germán Antonio Curup, del movimiento opositor a la instalación de la planta de Cementos Progreso en San Juan Sacatepéquez, fue secuestrado por desconocidos y hallado muerto tres días después, degollado y con señales de tortura. Seis días después, el 17 de febrero, Octavio Roblero, también dirigente del FRENA, fue asesinado en Malacatán, departamento de San Marcos. Ese mismo día, fue también asesinado Juan Antonio Chea, abogado indígena Maya, colaborador de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA) y del programa Nacional de Resarcimiento (PNR) por disparos efectuados por desconocidos en Cobán, Alta Verapaz.
Dichos atentados han provocado la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una acción urgente por parte de Amnistía Internacional. Por su parte, Unión Fenosa ha negado cualquier relación con ellos, procediendo a su vez a interponer denuncias contra miembros del FRENA por amenazas.
Megaproyectos e hidroeléctricas
Además de la distribución el negocio de las transnacionales está en la construcción de grandes centrales hidroeléctricas. Tales megaproyectos hoy representan probablemente la amenaza más seria para las comunidades. Las transnacionales invaden la tierra que ellas han ocupado desde siglos y bajo la publicidad de desarrollo destruyen el medioambiente y los cultivos, cortan ríos, inundan tierras y contaminan las aguas, sin ninguna repercusión en beneficio de la población. El agua deja de ser un bien común de las comunidades para convertirse en un bien económico privatizado. Así, ha habido tres concesiones de explotación de los ríos en San Marcos, tres en Baría, Huehuetenango. En el Quiché se ha entregado una parte de la selva en la que confluyen cuatro ríos. La experiencia viene de lejos. En 1980, con ocasión de la construcción de la primera hidroeléctrica por parte del estado, miles de campesinos quedaron desplazados. El estado prometió tierras y viviendas, pero nunca cumplió. Los dirigentes de las protestas fueron asesinados o encarcelados.
En este momento se están construyendo hidroeléctricas en El Puente, en el departamento de Chiquimula, San Luis, departamento de El Quiché, y Cahabón, departamento de Alta Verapaz. Los proyectos fueron entregados a la empresa Generación Limpia de Guatemala (GLG), subsidiaria de Gas Natural Fenosa, así como el de la jidroeléctrica de El Volcán, en el departamento de Alta Verapaz, también a la empresa Generación Limpia de Guatemala.
El Colectivo Madre Selva denuncia que el Grupo Terra que en año 2010 construyó la Hidro Xacbal de 94 megavatios, es responsable de la construcción del proyecto hidroeléctrico Renace 2, propiedad de Multi inversiones, del Grupo Gutiérrez Bosch con una capacidad de 162.5 megavatios. La sucesión de embalses desde el municipio de Carchá hasta Lanquin esta convirtiendo el lecho del río Cahabón a lo largo del área protegida en un desagüe.
A finales del 2012 el gobierno anunció que tienen planificada la construcción de más hidroeléctricas en el territorio de Alta Verapaz, en Senahú y Panzós, formando parte del Plan de Expansión de Generación 2008-2022, promovido por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica CNEE y el Ministerio de Energía y Minas MEM a pesar de la fuerte oposición a nivel nacional que existe a estos proyectos.
En la zona de Barillas, municipio de 130.000 habitantes en plana selva y en la frontera con Chiapas, opera otra empresa española, Hidralia Energía, propiedad de Luis Castro Valdivia, y su filial Hidro Santa Cruz. Fundada en A Coruña en 2006, hoy se extiende por América Central, Perú y Venezuela. La estrategia de Hidralia es la misma que siguen otras empresas en toda Latinoamérica. Se introducen en el área y compran las tierras. Todas las hidroeléctricas planeadas por Hidralia se sitúan en pueblos que manifestaron su oposición a estos proyectos a través de consultas comunitarias. La legislación ampara estas consultas y el resultado es vinculante; deciden sobre la explotación y uso de los recursos naturales en su territorio. Guatemala ha ratificado el Convenio 169 de la OIT sobre el derecho de las comunidades a decidir y es obligatorio su cumplimiento. Sin embargo la “Coordinación por los derechos de los pueblos indígenas” CODPI denuncia que “el despojo de tierras y derechos son las causas de la conflictividad en Barillas y la región norte de Huehuetenango”. Por ejemplo, a este proyecto de Barillas se opusieron más de 47.000 personas a través de la Consulta Comunitaria de Buena Fe, además de actas municipales, constancias, reuniones y manifestaciones.
En abril de 2012 fueron asesinados dos líderes, Andrés Pedro Miguel, y Daniel Pedro Mateo. Poco después, la Policía Nacional secuestró y golpeó a Mynor López y a su sobrino, y, días después, hizo lo mismo una lideresa comunitaria, que fue violentamente agredida y amenazada a punta de pistola. El 1 de mayo del 2012 es asesinado Andrés Francisco Miguel, y heridos de bala Pablo Antonio y Esteban Bernabé. Por dicho crimen fueron vinculados a proceso dos miembros de la empresa de capital gallego relacionados con el área de seguridad.
A raíz de este suceso la empresa interpuso denuncias contra líderes y lideresas comunitarios a partir de las cuales se emitieron no menos de 43 órdenes de captura, entre las cuales se ejecutaron aproximadamente 13, que llevaron a prisión a 11 líderes comunitarios de manera injusta durante 8 meses aproximadamente.
Existen alrededor de 21 personas más con órdenes de captura por este caso, imposibilitadas de regresar a sus comunidades, víctimas del miedo por la persecución política judicial y extrajudicial impulsada por los intereses del proyecto hidroeléctrico. En muchos casos, estas empresas contratan cuerpos paramilitares o sicarios que acaban con la vida de algún dirigente comunitario. Los episodios de violencia contra las comunidades que se oponen a la represa hidroeléctrica en el río Cambalam, que construye Hidro Santa Cruz, subsidiaria de Hidralia Energía, son continuos.
Las comunidades denunciaron que Hidralia puede estar detrás de la construcción del túnel desde el municipio de Carcha hasta el área de Semuc Champey, territorio protegido por su diversidad de bienes naturales. Denunciaron asimismo que el cauce del río se acaba y que las aguas ahora están contaminadas, y presentan un color negro.
La construcción de hidroeléctricas ha roto en “pedazos” el río y lo han secado en varios tramos. En uno de estos, con autorización del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que no consideró necesario someter los proyectos a una evaluación de impacto ambiental. La autorización del ministerio pese a la oposición de las comunidades, permitirá a la empresa obtener mayores ganancias mediante, se basa en el «profundo deterioro» del entorno en detrimento de «los aprovechamientos preexistentes».
El 28 de septiembre del 2013 se repitió otro episodio en el pueblo maya q’anjobal del norte del departamento de Huehuetenango. Varias personas de Barillas fueron encarceladas, hasta ocho meses, sin que el juzgado dictaminase qué delitos habían cometido y qué pruebas existen contra ellos. Los líderes comunitarios de Barillas y Santa Eulalia acumulan decenas de denuncias.
El caso de Barillas ha sido utilizado como un mecanismo de ejecución de castigos, que no de justicia. La negativa de la población a la construcción de la hidroeléctrica Q’amb’alam I y II está suponiendo un pulso de poder entre la voluntad de los pueblos que defienden el cauce de Q’amb’alam como un lugar sagrado y necesario para la reproducción de la vida y los intereses económicos extranjeros vinculados a corporaciones energéticas del Estado Español.
“Todo indica que se está produciendo una persecución desde las instituciones de justicia contra todo aquel que suponga un obstáculo a la inversión”, concluye un reciente informe de Intermón Oxfam. La respuesta por parte del Gobierno guatemalteco y el Estado español ante estas violaciones de derechos humanos es la misma que recibieron los dos observadores internacionales amenazados en Barillas: el silencio.
Por otra parte parece que el país se esté prácticamente subastando. En el marco de la Feria de Inversiones del 30 y 31 de mayo del 2013, se ofertaron entre 500 a 1500 proyectos como Hidro Santa Cruz.
Petróleo y minería
El gobierno entrega territorios y áreas protegidas a transnacionales para explorar y explotar minerales preciosos o petróleo y gas. En estos momentos se dan en San Miguel, Ixtahacan, Sipakapa, San Rafael las Flores, San José el Golfo, San Juan Zacatepeques, el Eztor. Hay ya tres pozos petroleros en áreas protegidas y sobre zonas de tierras de campesinos. Lo han hecho las empresas Terenco, de capital francés, una empresa EEUU y una canadiense.
La empresa Trecsa, colombiana, expande el cableado de alta tensión con el pretexto de llevar energía. En realidad el objetivo es facilitar el establecimiento de empresas mineras, petroleras y las megahidroeléctricas. Su intención es dejar el cableado listo para cuando éstas se ubiquen. Este proyecto lo aprobó el ejecutivo sin pasar por el Congreso alegando urgencia nacional y utilidad pública y legalizada por el Decreto 145-2013. Contra este proyecto se unieron todas las organizaciones del N. y del Sur acudiendo a la Corte para que lo declare inconstitucional.
La empresa Gold Corp –Mina Marlin- de capital canadiense, explota minerales a cielo abierto, fundamentalmente oro y otros minerales preciosos, utilizando cianuro para la extracción de los mismos. Esta empresa inició sus operaciones en San Miguel Ixtahuacán el año 2003. La misma empresa dice que en los últimos años, 2011 y 2012 extrajeron midoscentas libras de oro por día, equivalente a 19.211 onzar. En el año 2011 la onza de oro puro se cotizaba a 1415 dólares la onza. Por cada 100 dólares que la mina produce sólo 1 se queda para el estado guatemalteco. Sus operaciones han producido contaminación en el aire i sobre todo en el agua. Se rumorea que en un tiempo relativamente breve esta mina quiere trasladarse al municipio de Sikapaca, del departamento de San Marco. Sus habitante se han manifestado resueltamente en contra.
Mayaníquel S.A. es una empresa con fuerte inversión de capital de empresarios nacionales, pero s subsidiaria de la transnacional Anfield Nickel Corp. de capital canadiense. Opera en los departamentos de Alta Verapaz e Izabal, en donde ha generado fuerte conflictividad comunitaria, frente a la imposición de sus operaciones frente a la oposición de los pueblos indígenas Qeqchí, Pocomchí y Achí. En el año 2008 el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, MARN, identificó que Mayaniquel S.A. estuvo lanzando desechos tóxicos dentro del río Cahabon.
Las comunidades indígenas Queqchís, Pocomchís y Achís en el territorio de Alta Verapaz, se enfrentan a graves amenazas: la acelerada destrucción de la tierra por la extracción de minerales como el níquel, la construcción de hidroeléctricas, la contaminación del agua y producción industrial de agrocombustibles con la instalación de grandes extensiones de tierra con Palma Africana, Caña de Azúcar y la Teca.
Lideres comunitarios denuncian que una de las estrategias de estas empresas es la compra y cooptación de algunos alcaldes comunitarios con migajas, regalos o promesas para que luego estos opeean en las comunidades para que estas acepten la presencia de la empresa, y no se opongan, ni denuncien la explotación minera, violaciones de los DDHH, contaminación, ni otros daños que este o pueda generar en el territorio.
