MAURICIO VALIENTE

Evaristo Villar y Miguel Ángel de Prada

Éxodo 102 (ener.-febr’10)
– Autor: Evaristo Villar y Miguel Ángel de Prada –
Entrevista
 
CEAR ha celebrado en 2009 su 30 aniversario. ¿Vuelve a ser hoy tan necesaria, como en el origen de CEAR, una coalición civil, política y sindical para la defensa de los derechos de los refugiados?

El origen de CEAR está muy vinculado al retorno de los exiliados españoles, a la defensa del derecho de asilo. Se podría decir que supuso retribuir de alguna manera la solidaridad recibida durante los largos años de dictadura. La experiencia de estos más de 30 años (el pasado año celebramos el 30 aniversario de su fundación) es muy positiva. Construir una organización con participación amplia de sectores sindicales, políticos, y defensores de los derechos humanos nos ha permitido mantener una independencia crítica ante cualquier agresión al derecho de asilo con independencia de quién sea el que gobierna. Y hoy, ante lo que estamos calificando como crisis del derecho de asilo, que este compromiso se actualice, como hemos reivindicado en el 30 aniversario de CEAR, nos parece muy importante.

¿Podría comentar para los lectores de ÉXODO cuál ha sido la línea seguida en la elaboración de las últimas leyes tanto de asilo como de extranjería?

La primera Ley de Asilo es de 1984, un año anterior a la Ley de Extranjería y, a pesar de las posiciones críticas que mantuvimos en su momento, por tratarse de una primera ley suponía un gran progreso. Situaba a España entre los países más avanzados en cuestiones de asilo. Pero en el año 1994 se produjo la primera gran reforma y ésta ya fue muy negativa: se introdujo el procedimiento de admisibilidad y de mantener detenido en frontera al solicitante durante el examen de su petición. Este cambio estuvo avalado por la Unión Europea, acuerdo de Londres de 1992. Una ley que ya introducía la sospecha de utilización fraudulenta del asilo para sortear las vías ordinarias establecidas en las legislaciones de extranjería en la UE.

Después de la introducción de esta sospecha sobre los demandantes de asilo, ¿cómo ha seguido evolucionando la Ley de Asilo?

En una línea generalmente restrictiva que se ha consolidado con la aprobación de la nueva ley del 2009. Comparada con la anterior, es una ley mucho más elaborada tanto desde el punto de vista administrativo como jurídico. Sin embargo, profundiza en tres aspectos muy negativos para el solicitante: 1º, en la restricción en el ámbito de aplicación (se excluyen los ciudadanos comunitarios); 2º, en la ampliación de las causas de exclusión (por razones de seguridad nacional); y 3º, en la ampliación de los mecanismos y causas de inadmisión (que lleva consigo la detención y ampliación de tiempo en frontera). Esta ley del 2009 profundiza la sospecha de la Ley de Londres del 92, pero al ser el asilo realmente una excepción de la ley de extranjería, se ha visto como un peligro para la regulación de los flujos migratorios y los controles fronterizos.

¿Y qué nos puede decir de la evolución de las leyes de extranjería?

La evolución de la normativa sobre extranjería ha sufrido un proceso paralelo. La ley del 85 fue una ley muy restrictiva. Hay que recordar que el Tribunal Constitucional tuvo que revisarla en aspectos muy fundamentales. Sin embargo, la ley del 2000 abrió unas oportunidades de desarrollo bastante interesantes. Pero, a partir de entonces, esa apertura se ha ido frustrando con cuatro reformas que han vuelto al espíritu del 85, y también ha tenido que intervenir el Constitucional para limar varios aspectos. En definitiva, la normativa española permanece muy amarrada en el enfoque de la emigración desde una óptica predominantemente policial.

¿Se podría afirmar entonces que las reformas de la ley de asilo han intentando limitar al máximo las demandas de asilo?

Quizás la Ley de Asilo ha tenido una evolución menos explícita al respecto porque las mayorías parlamentarias han intentado mantener una retórica de compromiso con la Convención de Ginebra de 1951. Desde este punto de vista, no es preciso ser tan contundente. En mi opinión, la restricción del asilo tiene más que ver con la práctica administrativa. Esta práctica excesivamente escrupulosa ha llegado a descartar el 95% de las peticiones, lo que ha conseguido que sean menos las solicitudes. En el primer balance provisional del 2009, presentado por el Ministerio del Interior, se habla de sólo 3.000 peticiones de asilo en España. Una cifra realmente irrisoria si se compara con los 22 millones de refugiados en todo el mundo, según el ACNUR.

Y las reformas de la Ley de Extranjería, ¿habrían ido criminalizando la inmigración?

La evolución de la Ley de Extranjería ha sido mucho más clara; ha ido instrumentando las migraciones desde el punto de vista económico. Con el falso concepto de la “capacidad de acogida” se va cifrando el cupo de mano de obra que interesa en cada momento para cubrir las necesidades del país; el resto sobra. Y, acompañando a esa visión instrumental, se va criminalizando a quienes nos sobran y están “sin papeles”. En este sentido, cuando la crisis de Ceuta y Melilla se hablaba de ejércitos organizados que intentaban saltar la valla. Posteriormente en el discurso público se ha ido vinculando inmigración y delincuencia, creando así la imagen del inmigrante como enemigo público que pone en riesgo la seguridad del país. Pero esto es realmente muy injusto. No se tiene en cuenta que la inmigración ha llegado aquí desde el reclamo de sectores que necesitaban mano de obra y que ha contribuido en gran manera al desarrollo económico de país. Y lo cierto es que, salvo pequeños incidentes, la inmigración nunca ha supuesto grandes desequilibrios o conflictos en España.

En opinión de CEAR, ¿cuáles son los sectores más perjudicados con la reforma de la Ley de Extranjería de 2009?

La reforma de la Ley de Extranjería cuenta con una realidad jurisprudencial, como son las sentencias del Tribunal Constitucional sobre los derechos fundamentales básicos de sindicación, reunión, manifestación y huelga, que es un avance a destacar. Pero, en paralelo, hay tres aspectos muy preocupantes que perjudican al conjunto de la población inmigrante y a la sociedad de acogida.

¿Podría desgranar cuáles son esos tres aspectos que hoy día están poniendo en pie de guerra a las asociaciones de emigrantes y a los defensores de los derechos humanos?

En primer lugar, la “restricción de la reagrupación familiar”, que no está justificada y que es simbólico, en el sentido de que un derecho básico, como es la vida en familia, no se puede someter a limitación. Este aspecto es clave en la construcción del modelo de integración que se esté proponiendo.

En segundo lugar, la vuelta de tuerca que se hace a todo “el régimen sancionador” y que afecta también a la sociedad de acogida. Sancionar el empadronamiento en la inmigración, por ejemplo, dada su importancia para el acceso a determinados derechos sociales, es muy serio. Porque, siendo honestos, quién duda de que los fraudes en el empadronamiento se hacen en este país por múltiples intereses: ¿quién no conoce casos de empadronamiento fraudulentos de españoles para conseguir una plaza de garaje o para acceder a un determinado colegio? Si hay que sancionar esas conductas interesadas debería hacerse con carácter general en la Ley de Bases de Régimen Local o en otras. Pero lo que no es de recibo es que se sancione sólo la conducta que afecta al extranjero, la parte más débil.

Y, por último, también es muy preocupante la “ampliación del plazo” en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES). Cuando el Partido Socialista apoyó en el Parlamento europeo la Directiva del Retorno, conocida como la “Directiva de la vergüenza”, se justificó diciendo “que esto no se iba a aplicar en España; que era un instrumento para reducir los plazos de retención en aquellos cuatro o cinco países de la Unión Europea que no disponían de plazo de retención establecido”. Sin embargo, ahora se ha utilizado como argumento para ampliar el plazo de internamiento de 40 a 60 días, lo cual es, cuando menos, engañoso y deshonesto.

¿Cómo se ve desde CEAR la participación social y política del inmigrante y del refugiado en España?

Casi inexistente. Habría que dar un vuelco en el ámbito de la participación social y política. Entendemos que hay que defender un nuevo concepto de ciudadanía que suponga una ruptura con la visión tradicional que vincula ciudadanía a nacionalidad. El papel activo que tiene que jugar el inmigrante y su reconocimiento en la construcción social es determinante. No parece positivo que se vincule, por ejemplo, el derecho al voto, que es un aspecto central de ese nuevo concepto de ciudadanía, al principio de reciprocidad. Y máxime hablando de los refugiados, que nunca van a gozar de ese derecho en su país de origen donde son reprimidos precisamente por atreverse a postular otro determinado modelo de sociedad. Al refugiado se le castiga doblemente, en su país de origen y en el de acogida donde no se le reconoce ese derecho al voto. Necesitamos superar este principio de la reciprocidad y, si fuera preciso, modificar la Constitución, como ya se hizo con el Tratado de Maastricht pa15 ra que pudieran votar los comunitarios en España. Hay que apostar decididamente por ese nuevo concepto de ciudadanía en el que la participación de la población es básica y romper con ese lecho de Procusto de la reciprocidad.

¿Y la participación en el mercado laboral?

Desde el punto de vista de la regulación en el mercado laboral se está construyendo todo un sistema irreal. Se parte de la ficción de un único mercado de trabajo, como si la segmentación no impusiera unas trabas que la práctica demuestra que son imposibles de cubrir con los trabajadores inscritos en los servicios públicos de empleo. En este sentido, se puede caer en el ridículo al afirmar que en los últimos cinco años no hay demanda de mano obra en el sector del servicio doméstico. Esto no es verdad ni a pesar de la crisis. Por esta misma segmentación del mercado de trabajo, muchos inmigrantes no van a poder renovar su documentación porque los requisitos se han endurecido. Ellos vinieron aquí porque había perspectivas económicas y una economía sumergida muy importante que ha sido, dejándonos de demagogias, el verdadero “efecto llamada”, no la legislación generosa como se ha dicho. A partir del 2007 las llegadas se han desacelerado precisamente porque no hay tantas posibilidades económicas.

Si la ley de inmigración del 2009 no sólo castiga al conjunto de la inmigración, sino también a la ciudadanía autóctona, lo que se ha llamado “el castigo de la hospitalidad”, ¿cuál es a juicio de CEAR el comportamiento de la sociedad española: resignada o se está movilizando?

Ha habido, evidentemente, campañas de sensibilización y movilización social. Hace tres años, desde CEAR y otras entidades hicimos una apuesta por construir un consenso social sobre las migraciones con la idea de dejar a un lado los intereses electoralistas e intentar definir socialmente con sindicatos, empresarios y administraciones un modelo de inmigración a largo plazo. En la cercanía el consenso fue bastante grande, pero luego eso se ha ido dejando de lado y ha ido creciendo la tendencia a disputar quién es más duro con la inmigración.

Y respecto a la sociedad general, habría que decir que el nivel de participación y movilización no es diferente en este campo al que se da en otros ámbitos. Y en todos el nivel es generalmente bajo. Lamentablemente las organizaciones sociales hemos perdido la batalla en la sociedad. Tenemos nuestro discurso, tenemos capacidad de influir en distintos ámbitos de la Administración, en los medios de comunicación, pero socialmente hemos perdido la batalla. La falacia de que ante el deterioro de los derechos sociales para los españoles el responsable es el inmigrante ha ido penetrando en el ámbito social. Si faltan médicos, si hay que hacer colas en la seguridad social, si faltan plazas en los centro de educación infantil el responsable es ahora el inmigrante. Se está imponiendo el método tradicional de señalar al más débil, lo que es una cobardía y una falsedad. Pero hay que señalar también que las organizaciones sociales no hemos tenido la capacidad de estar a pie de la sanidad, del centro de salud, del barrio para vincularnos con el conjunto de la sociedad. Esta batalla la hemos perdido.

Sobre lo ocurrido en los Ayuntamientos de Vic y Torrejón, ¿se trata de una estrategia política de cara a las elecciones o es síntoma de que la xenofobia y el racismo está creciendo en España?

Los analistas de las elecciones saben perfectamente que se trata de una estrategia política. Porque saben que socialmente es un discurso que cala. Pero es un discurso muy peligroso: que quien determine la agenda política sea al final un grupo que se declara xenófobo, como la Plataforma por Cataluña, es más que preocupante, porque al final todo el mundo está hablando del padrón cuando el padrón no es realmente el problema. Por otro lado, hay una estrategia electoral, como se vio en las pasadas elecciones cuando se habló del “Contrato de Integración”. Y también una mentalidad simplista muy extendida que se quiere aglutinar de cara a las próximas elecciones. Pero en opinión de CEAR esto es jugar con fuego.

Si nos fijamos en la actuación de la UE, se puede observar que al discurso de construcción de la Europa social se contraponen las normativas específicas, como la “Directiva de la Vergüenza”. Desde CEAR, ¿cómo se valora esta ambigüedad?

Es una ambivalencia que cada vez está poniendo más de manifiesto su contradicción básica. Porque la retórica general, puesta en balance con la actuación de FRONTEX, con los acuerdos de readmisión con terceros países, con la falta de cláusulas sobre derechos humanos en los acuerdos comerciales y de inmigración, es más que evidente. Desde CEAR somos muy críticos. Y especialmente con el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, acordado en París (octubre de 2009). El compromiso de Europa con la inmigración y el asilo es tan retórico que, al final, hace imposible entrar en ella sin jugarse la vida.

Por lo que toca al asilo, según ACNUR, de los 22 millones de refugiados que viven en el mundo, el 93% está en países del tercer mundo. Sólo un 7% es acogido en los países ricos. Países como Tanzania, Irán, Siria y Jordania sí que podrían darnos lecciones de acogida a los países ricos europeos. Ellos sí que pueden decir que están desbordados.

Nos gustaría ahora volver sobre los orígenes de CEAR hace 30 años, ¿qué influencia han podido tener en CEAR algunos movimientos católicos progresistas?

Hay que reconocer que sectores católicos que venían de Justicia y Paz o de la Hermandad Obrera de Acción Católica fueron los que pusieron en marcha el mecanismo de acogida, de solidaridad y de actuación política que está en el origen de CEAR. Se empezó a acoger a los primeros refugiados que llegaron de Chile, Uruguay y Argentina, en condiciones aún de clandestinidad en España y de lucha contra la dictadura franquista. Ya por entonces se empezó a exigir protección y una legislación coherente. La vinculación de esos núcleos de cristianos progresistas fue en los primeros momentos determinante. Personas como Juanjo Rodríguez Ugarte, María Jesús Arsuaga o Carmelo García han jugado un papel muy destacado. Tuvieron la habilidad de realizar un trabajo que aglutinó a muchos sectores sociales, sindicales, políticos e incluso a otros grupos confesionales como la Iglesia Evangélica y la Comunidad Musulmana en una labor humanitaria. El pluralismo actualmente reinante en CEAR es fruto, en gran parte, de ese núcleo de cristianos abiertos y comprometidos.

Y como contrapartida, ¿cómo ve la presencia y participación de la Iglesia católica española en el mundo de la inmigración y el asilo?

Ha sido positiva. Quizás hubiera sido necesaria una mayor implicación y presencia pública de la jerarquía. El trabajo que se está haciendo en este campo desde Caritas, por ejemplo, es muy significativo.

A veces se dice que en ese trabajo predomina lo asistencial sobre la defensa de los derechos humanos y lo estructural, ¿cúal es la opinión de CEAR?

Con Caritas y Acoge claramente hemos ido más allá de la asistencial. Por ejemplo, hemos puesto en pie una plataforma durante la Reforma de la Ley de Extranjería para la incidencia política. Y creo que ha tenido su influencia en algunos aspectos de la articulación de la ley, aunque no en todo lo que hemos propuesto.

También se conoce la presencia en los orígenes de CEAR del Partido Socialista. ¿Pero se trata del mismo partido que ha estado apoyando o liderando luego todas las reformas restrictivas en inmigración y en asilo, como lo interpretáis desde CEAR?

En CEAR hemos mantenido siempre una posición crítica frente a todos los gobiernos. Esto nos ha dado independencia y legitimidad.

Y para terminar, ¿qué posición mantiene CEAR ante las categorías de integración, asimilación o interrelación y mestizaje, interculturalidad’?

CEAR siempre ha defendido la integración desde la interculturalidad. La integración entendida como un proceso de cambio tanto de la sociedad de acogida como de los inmigrantes. Aun siendo consciente de que se puede entender integración como asimilación, se considera importante en estos momentos el discurso de la integración. La realidad de un país con inmigración supone siempre cambios. Y en CEAR nos gustaría que la inmigración perdiera peso porque se hablara de una realidad plural de España. Tenemos que aprender de países como Canadá, Argentina, Australia que en un momento determinado de su historia acogieron un número muy significativo de inmigrantes. Pero no son considerados inmigrantes ad eternum, sino que aportan e integran sus peculiaridades al proceso de identidad de esos países. En suma, el país que se va construyendo con las aportaciones de todos sus habitantes. Argentina, por ejemplo, no se entendería hoy sin contar con la inmigración española e italiana del siglo XIX. En esta dirección, nos gustaría que la España plural del mañana la construyéramos integrando las aportaciones de todos.