jueves, marzo 28, 2024
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La nueva política hecha en y desde los movimientos sociales

Éxodo 123
– Autor: Montserrat Galcerán, Universidad Complutense y Universidad Nómada –

Vivimos un momento de cambio de ciclo. La crisis, que se inició como una crisis financiera en 2007, se ha transformado en una crisis económica amplia que afecta al sistema productivo en varios países europeos y se acompaña de una crisis política e institucional. En esta situación no basta con elegir “buenos gestores”, aun en el caso de que tal cosa fuera posible, sino que tenemos que encontrar nuevas vías para proteger a las empobrecidas poblaciones actuales y revertir el exceso de poder de las elites gobernantes. Y aunque avancemos a tientas, esto es justamente lo que estamos haciendo: explorar formas organizativas nuevas y promover los cambios insoslayables en la comprensión de la política que nos permitan reforzar el poder colectivo. Para ello tenemos que cuestionar un sinfín de prejuicios.

El cuestionamiento de la distinción entre lo “económico” y lo “político”: de la economía política a la política económica

Los discursos tradicionales sobre la estructura de la sociedad capitalista suelen establecer una fuerte distinción entre el ámbito de “lo económico” y el ámbito de “lo político”, de tal manera que el primero atendería a la producción de los bienes y servicios que, intercambiados por el mercado, sirven para cubrir las necesidades de las personas mientras que el segundo tiene que ver con aquellas cuestiones que afectan al conjunto de los ciudadanos que habitan un mismo territorio y son responsabilidad del Estado. Mercado y Estado se conciben teóricamente como esferas separadas con sus lógicas específicas: la del dinero y la del poder.

Sin embargo esta distinción nunca ha sido una realidad constatable. Los historiadores nos indican que ni siquiera cabe encontrar esta separación en el despegue acelerado del capitalismo hace ya más de dos siglos. La crisis reciente y las políticas económicas con los múltiples rescates de que han sido objeto las corporaciones financieras ilustran, de nuevo, la tesis de que política y economía discurren en cercanía y que la capacidad del mercado para “auto-regularse” no es más que una utopía liberal imposible. Otra cosa es qué tipo de política económica se precisa para garantizar buenas condiciones de vida en un marco global.

En la segunda mitad del siglo pasado la introducción del Estado del bienestar inauguró una forma no liberal de política económica. Como resultado de las guerras mundiales, temerosas de los acontecimientos en la Europa del Este y en cierta forma aleccionadas por el modelo americano puesto en marcha con el New Deal, las elites europeas aceptaron formalizar el llamado Estado del bienestar, cuya implantación coincidió con el acceso a las instancias de gobierno de los Partidos Socialdemócratas en diversos países. No es cosa de señalar punto por punto las distintas variables que inciden en su puesta en cuestión. Baste decir que ya desde finales de los 80 y con mayor radicalidad si cabe con el Consenso de Washington (1990) se pone en marcha una estrategia neoliberal que ha resultado triunfante. En él se adopta un listado de tareas y objetivos que, aunque al inicio, según afirma uno de sus protagonistas, John Williamson en A short History of the Washington Consensus, estuvieran dirigidas solamente a resolver el problema de la deuda en los países latinoamericanos, han acabado por adoptarse como receta general en todos los países.

Estas tareas son: “disciplina fiscal, reordenamiento de las prioridades del gasto público, reforma impositiva, liberalización de las tasas de interés, introducción de una tasa de cambio competitiva, liberalización del comercio internacional, liberalización de la entrada de inversiones extranjeras directas, privatización, desregulación, derechos de propiedad” 1#. Su implementación coincidió con la llamada “globalización”.

Pero la creación del “mercado global auto-regulado” de dimensiones planetarias en la década de los 90 no fue dejada a su propio albur sino que fue acompañada por el reforzamiento de espacios supra-nacionales o regionales y por las agencias internacionales, de todos conocidas, que aparecen como los nuevos gestores globales: el FMI, BM, OMC, OCDE, el G-8, luego G-20 y, en nuestro contexto, la propia 2 Unión Europea#. Entre uno de sus primeros críticos cabe mencionar a Samir Amin cuando señaló que “la disimetría entre el mercado global y la permanencia de los Estados nacionales hace que haya desaparecido cualquier coincidencia entre los conflictos y compromisos de clase, por un lado, y la política por el otro” 3#.

A varios años de distancia, diversos autores juzgan este proceso como “una transferencia de poder a esferas más altas” 4#, o como un “salto de escala” 5# que deja la política económica en las manos de una combinación de gestores nacionales e internacionales, inaugurando una época de dominio indiscutido de los intereses capitalistas a escala mundial. Como dijeran G. Arrighi, T. K. Hopkins e I. Wallerstein en un libro ya relativamente antiguo, este proceso sólo se puede analizar como “una escalada estratégica de la lucha de clases efectuada por el capital” 6.

Su consecuencia ha sido un complejo desplazamiento de la confrontación entre capital y trabajo que pasa a desarrollarse sobre el espacio planetario. Esto dificulta las negociaciones a nivel territorial-nacional y a nivel local, y refuerza el chantaje patronal. A su vez, con la financiarización aumenta el poder de los inversores y accionistas que imponen sus condiciones a la rentabilidad de las empresas 7.

El proceso de endeudamiento de muchos Estados actuales como resultado de las políticas de salvamento de las corporaciones financieras en los primeros años de la crisis agudiza todavía más la situación. Pero desmiente la tesis sobre la división entre “lo económico” y “lo político” anteriormente mencionada: las decisiones de salvar la Banca y de hacerlo sobre las espaldas de los ciudadanos fueron decisiones políticas que tomaron los gobiernos, por muy presionados que estuvieran por las entidades financieras globales y, por tanto, es su responsabilidad haber provocado el empobrecimiento reinante. A pesar de las dificultades, las instancias políticas tanto a nivel nacional-estatal como regional-europeo podían haber tomado otras medidas menos perjudiciales para el conjunto de la población y menos beneficiosas para los acreedores.

La configuración del poder político y las formas de representación

Si no se tomaron, no fue sólo por las presiones de los grandes poderes económicos sino también porque la configuración del poder político es mucho más proclive a atender el mandato de esos sectores que a los reclamos de la propia población a la que dice representar.

Es éste un problema central de la política contemporánea. Los mecanismos de representación operan un curioso trastocamiento: en teoría las poblaciones, dado su amplio número, no pueden participar directamente en la toma de decisiones políticas y deben dejarse representar por un número de personas mucho más reducido. Pero en la práctica esto produce una enorme reducción de la capa de los políticos activos que acaban configurando una elite íntimamente ligada a las elites económicas. La democracia representativa funciona como una oligarquía de elites que debe someterse cada cierto tiempo a refrendo popular sin que la población, sin embargo, tenga capacidad alguna de decisión sobre los asuntos políticos.

Con el agravante de que estos asuntos son cuestiones vitales, ya que se trata de gestionar, financiar, asegurar o desmantelar complejos institucionales que permiten la propia vida de las personas: hospitales y centros de salud; centros escolares y Universidades; infraestructuras y viviendas sociales; parques públicos; zonas de ocio; espacios de cultura y otros muchos, por no mencionar todas las cuestiones relativas a la política laboral y las cuestiones salariales. La política, hoy, tiene un amplio cometido de regulación de los asuntos comunes que afectan al vivir de las personas y, en este sentido, subordinar los criterios de dicha regulación a los mandatos de las oligarquías político-económicas atendiendo solamente a su capacidad de negocio atenta directamente contra el vivir común. Y esto es así porque la lógica de acumulación económica no respeta la especificidad de las actividades y necesidades humanas que no pueden ser monetizadas y reducidas a su valor monetario sin someterlas a una violencia extraordinaria. Los “bienes comunes” son especialmente resistentes a esta reducción y se encuentran, por tanto, en el centro del conflicto 8.

Se da así la paradoja de que las propias autoridades elegidas para gobernar en aras del “bien común” son las que lo destrozan con todas sus fuerzas o lo supeditan al enriquecimiento personal o corporativo, convirtiendo el propio Estado en un privatizador de los bienes públicos. Y todo esto bajo la cobertura de la representación.

El hecho de que los representantes sean elegidos no es garantía de respeto por los intereses comunes de los ciudadanos ni de protección de los mismos dada la propia configuración del espacio político. Este puede, además, diseñarse de modo que introduzca dispositivos que prácticamente neutralicen la eficacia de la voluntad de cambio de dichos representantes en el caso de que la tuvieran. Tenemos un ejemplo paradigmático en la Unión Europea donde un gobierno mixto, formado por la Comisión Europea y el Consejo –no electos– y el Parlamento –elegido pero sin capacidad legislativa– es capaz de blindar una política neoliberal autoritaria y claramente orientada a proteger los beneficios de la minoría más rica 9.

Los movimientos sociales como creadores de acontecimientos políticos

Una situación política tan cerrada no parece dejar lugar a la esperanza. Y sin embargo una vía de apertura se encuentra en la acción y la eficacia de los movimientos sociales, que no sólo emergen en eventos de mayor o menor calado, sino que constituyen procesos durativos largos, que abren el hueco en el que ocurre, propiamente, el acontecimiento.

Podríamos decir que la continuidad de sociedades fuertemente estructuradas viene marcada por los ritmos impuestos en su reproducción diaria. La sensación que tenemos en muchas ocasiones los/as ciudadanos/as de que “no se puede hacer nada” es resultado de la muy fuerte compartimentación y regulación a que estamos sometidos/as, unida a la escasez de espacios y tiempos públicos no regidos por la premura del trabajo, por la lógica del entretenimiento y del consumo, o por los tiempos de la política institucional –las campañas electorales, por ejemplo.

En esta rejilla no hay momentos para el encuentro social “desinteresado” ni para la discusión abierta de los problemas comunes. El secuestro de la política por los “representantes legítimos” supone, como su otra cara, la clausura de las posibilidades de “hacer política” del común de los mortales y de la creación de esos lugares de encuentro no ritualizados ni presididos por el respeto sagrado hacia las instancias del poder.

En este marco los movimientos sociales propician una situación inesperada que suspende las reglas de la interpretación y de la gestión de los asuntos públicos y reactiva la capacidad para enfrentarlos de otro modo, buscando, con la intervención directa de los/as afectados/as, formas de tratarlos, diversas y más ajustadas a sus intereses.

Los acontecimientos políticos “se crean” insistiendo sobre los aspectos cruciales de una situación. Como señalara Marta Malo, una compañera de la Universidad Nómada, en relación al movimiento de las plazas en el 15M: “la plaza sólo se crea insistiendo, profundizando, los elementos que la hicieron posible -la crítica del poder político (¡democracia real ya!) y de su gestión del poder económico (¡que la crisis la paguen sus responsables!) como mínimo común múltiplo; la cooperación de muchos como fuerza práctica que hace la plaza real y tangible, que hace ese mínimo común múltiplo no sólo habitable, sino gozoso, algo por lo que merece la pena apostar. Contra la (auto)representación de los mil colectivos y luchas preexistentes, con los riesgos de balcanización de la plaza, el acontecimiento Sol invita a buscar el punto de conexión, el lugar desde el que podemos aportar a ese común, a partir de lo que somos, sin duda, pero también de un compromiso con eso que nos hace estar juntos” 10.

Lo mismo podríamos decir de acontecimientos recientes como las “Marchas de la dignidad”. “La plaza, las marchas se crean”, no son un resultado espontáneo aunque sí sean abiertas y, diríamos, en devenir o en proceso. Cuando los primeros cuarenta compañeros y compañeras se quedaron en Sol no sabían lo que iba a ocurrir; pusieron en marcha todas sus fuerzas para que el acontecimiento creciera pero dependía de la interacción de muchos otros y otras el que eso fuera a ser así. Cuando empezó la campaña de las marchas o cuando, ahora mismo, se inicia el proceso de difusión del movimiento “Carta por la democracia”, no sabemos todavía a dónde nos va a conducir pero ponemos en marcha procesos complejos de agregación colectiva.

Estos procesos se crean agarrando los puntos calientes de la situación: el descrédito de los políticos profesionales –¡democracia real ya!– y la mala gestión del poder económico –“que la crisis la paguen sus responsables”-. Estos dos elementos aglutinan a las personas porque son posiciones básicas compartidas cuyo refuerzo parece posible de conseguir por la existencia en la práctica de una cooperación en acto, que es ya una forma de “democracia real ya”. Sin embargo esa forma en germen exige huir de la segmentación y nos invita a buscar lo que hay de común en las diferencias y singularidades de cada lucha. Nos exige además un “compromiso” con la radicalidad y potencialidad de los eventos. Se trata de una forma nueva de hacer política, que rebasa la lógica de la representación y que intenta buscar los puntos de conexión entre los diferentes desde una posición de apertura e igualdad de todos los participantes.

En ella es importante tener en cuenta estas diferencias que son debidas a las tradiciones de lucha de los diversos colectivos así como a sus diferencias de composición. La composición técnica de las capas trabajadoras actuales es profundamente heterogénea. La desindustrialización, el crecimiento de una economía de servicios y la financiarización hacen que actualmente los actores de las luchas puedan reconocerse en rostros “no idénticos” al trabajador tipo como son las mujeres, los migrantes y extranjeros, los jornaleros del campo o los precarios urbanos. Aprender a componer esta diversidad es la clave de la política actual en los movimientos sociales.

Democracia “de la presencia” y proceso constituyente

Así pues estamos redefiniendo la democracia, dándole un nuevo contenido a esta vieja palabra, apartándola de una mera gestión, aparentemente neutra, por parte de los gestores elegidos y acercándola a la implicación directa de las personas afectadas.

Un defensor de la sociología histórica como Charles Tilly la define como “un régimen […] que mantenga una ciudadanía amplia, igual y autónoma, que posea mecanismos de consulta a la ciudadanía en su conjunto que sean vinculantes para el gobierno y que los ciudadanos cuenten con una protección ante acciones arbitrarias de agentes gubernamentales” 11. La abstracción de la definición y su carácter procedimental permiten definir como democráticos un amplio espectro de regímenes con tal de que se dé algún asomo de consulta popular pero, desde la perspectiva de los movimientos sociales, resulta demasiado general y no pone en cuestión la diferencia sustancial entre “gobernantes” y “gobernados”.

 Por el contrario, más bien habría que decir que las formas democráticas por las que luchamos, antes que estar basadas en la representación, por todos los problemas que ya hemos mencionado, tienen que estarlo en la cooperación, en la creación de instituciones compartidas con capacidad decisoria. Es en este sentido que los movimientos sociales se vuelven decisivos puesto que en ellos encontramos una práctica, ya en acto, de creación de tales instituciones.

Se trata de una democracia que podríamos calificar “de la presencia” física o virtual, surgida de un “proceso constituyente” de un nuevo sujeto político ampliamente participado y repetidamente sometido a un proceso de revitalización. En su constitución son decisivas las experiencias de estos últimos años en la creación de redes cooperativas materiales y virtuales, de protocolos de toma de decisiones, de búsquedas de rescatar el vivir de su supeditación al capitalismo dominante con iniciativas de todo tipo. En ellas es esencial no sólo la crítica de lo existente sino la formulación de puntos de coincidencia y de alternativas.

Al “poder de mando”, a la lógica del “gobernar y ser gobernado” esta democracia le opone la creación de espacios de cooperación basados en la empatía, el reconocimiento de las dependencias mutuas y de la heterogeneidad de la composición así como en la continuidad del compromiso con los procesos en que estamos inmersos. Dichos espacios se empeñan en crear ecosistemas sostenibles que practiquen una muy distinta economía colectiva. Con ello iniciamos el camino para construir un poder singular y colectivo de decisión sobre nuestras vidas, lo único a lo que propiamente podemos llamar democracia. Transformarla en formas prácticas y eficaces de acción colectiva empieza a ser una tarea urgente.

………………

[1] Williamson, J., What Washington Means by Policy Reform, reproducido en A short History of the Washington Consensus, Paper de la Fundación CIDOB para la conferencia “From the Washington Consensus towards a new global Governance”, Barcelona, 24-25 septiembre 2004, accesible en http:/www.iie.com/publications/papers/williamson0904-2.pdf.

[2] Obviamente muchas de estas instituciones ya existían – el Banco Mundial por ejemplo había sido creado para asegurar los préstamos que permitieron la reconstrucción después de la segunda guerra mundial o el Fondo Monetario tenía como misión los préstamos para países con problemas de liquidez – pero cambiaron sus objetivos y sus programas.

[3]El capitalismo en la era de la globalización, Barcelona, Paidós, 1999, p. 87.

[4] George, S., Un autre monde est possible si…, Paris, Fayard, 2004, p. 8 (hay trad. cast. Barcelona; Icaria, 2004).

[5] Jessop, R., El futuro del Estado capitalista, Madrid, Los libros de la Catarata, 2008, pp. 331 y ss.

[6]Movimientos antisistémicos, Madrid, Akal, 1999, p. 63.

[7] Los estudios a nivel europeo constatan la pérdida de peso de los salarios en la renta nacional, la desindustrialización de la zona euro, tanto mayor cuanto menor sea el rango tecnológico de las industrias, y el crecimiento concomitante del endeudamiento como forma de acceder al consumo o garantizar la inversión. V. entre otros Alvarez Peralta, I., Luengo Escalonilla, F. y Uxó González, J., Fracturas y crisis en Europa, Madrid, Eudeba, 2013.

[8] En este punto es importante tener en consideración las tesis de Polanyi sobre las “mercancías ficticias”, es decir sobre la violencia que implica tratar únicamente como mercancías bienes que no son producidos como tales; entre ellos sitúa la tierra, el trabajo y el dinero, pero podríamos ampliar la lista con otros, por ejemplo, el conocimiento. Polanyi, K., La gran transformación, Madrid, La Piqueta, 1989.

[9] Durante la crisis esta estructura le está permitiendo a la Unión europea imponer políticas claramente sesgadas a favor de las elites económicas europeas e internacionales obligando a adoptar medidas de austeridad que repercuten directamente contra las poblaciones. Eso está aumentando el escepticismo frente a Europa y favoreciendo posiciones de repliegue nacionalista sin advertir que la colusión entre las elites nacionales, las europeas y las internacionales constituye un auténtico “bloque de clase” que es independiente de su adscripción nacional.

[10]Democracia distribuida, e-book, accesible en internet, http://es.scribd.com/doc/156647605/Democracia-Distribuida-eBook-UNIVERSIDAD-NOMADA.

[11]Dynamics of Contention, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, p. 265.En Democracia (Madrid, Akal, 2010) encontramos una definición muy parecida: “Por democracia seguimos queriendo decir la medida en que el régimen se caracteriza por una consulta vinculante, protegida, igual y amplia a los ciudadanos sobre las actuaciones del Estado”, p.67.

 

 

 

 

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