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Exodo 108 (marz.-abr.) 2011
– Autor: Pepe Mejía –
¿Pueden los medios de comunicación tergiversar la libertad de expresión e información? O lo que puede ser lo mismo haciéndonos la pregunta que se hace Miguel Miranda “¿Puede garantizarse la libertad de expresión en la sociedad cuando los grandes medios de comunicación social y agencias informativas están dominadas por el gran capital?”.
No es casualidad que los grandes propietarios de medios sean a la vez grandes propietarios de empresas, accionistas de la gran banca y terratenientes sin disimulo. Todo medio de comunicación responde a una determinada visión de la realidad, a determinada posición política .
Partiendo de la premisa que el flujo informativo es patrimonio de la sociedad y no le pertenece a nadie en particular, por ser un bien común, para las trabajadoras y trabajadores de la comunicación los lineamientos éticos y de responsabilidad social de los profesionales de la información constituyen un compromiso ético con la verdad y el pluralismo en democracia.
Pero en nuestras opulentas sociedades eso no basta. Y más adelante analizaremos ejemplos concretos de esta tergiversación de la libertad de expresión por los mismos medios de comunicación. Quizás lo que nos falta, y que no hemos desarrollado, es el necesario control social de la información. No es censura. No es violación de la santa sagrada libertad de expresión. Ejercer el control social de la información es garantizar la libertad de expresión y el flujo veraz de la misma. Evidentemente no sólo nos referimos a los medios de comunicación de capital privado sino también a los medios públicos para garantizar que no siguen consignas del gobierno de turno.
Uno de los más patéticos ejemplos en este apartado es Telemadrid 3. Desde que la derecha, y más concretamente Esperanza Aguirre, se hizo cargo del ente público madrileño, es un medio al servicio de los dictados del Gobierno de la derecha del PP.
El pasado martes 22 de marzo de 2011 el jugador de fútbol Fernando Torres visitó la localidad de Fuenlabrada, localidad en la que nació, para inaugurar una Ciudad Deportiva que lleva su nombre y recibió además la primera Medalla de Oro que concede esta ciudad. Los informativos de Telemadrid no dieron ninguna imagen. Sólo salió en Deportes. En Fuenlabrada gobierna el PSOE. Al director de Informativos, Agustín de Grado, le habrá parecido que esa visita pudiera ser electoral y propagandista. Sin embargo ese criterio no funciona cuando la protagonista es su patrona, Esperanza Aguirre.
Pero también existe la presión política hacia los medios. El 28 de marzo, Público informa que el PP gallego montó un acto con Rajoy en el barco de una familia de narcos. Después de la publicación de esta noticia, Rajoy –según Galicia confidencial– montó en cólera y llamó a Jacinto Rey –propietario de una constructora y del Xornal de Galicia, publicación de la que se hacía eco Público–, y le recordó que pronto sería el jefe del ejecutivo y con poder para contratar obras públicas de las empresas españolas. Al día siguiente, el director del Xornal de Galicia, José Luis Gómez, fue relevado de su puesto “por mutuo acuerdo”.
Otro aspecto que ayuda a la tergiversación de la libertad de expresión es la situación de los y las trabajadoras de los medios de comunicación.
Los asalariados pugnan por la estabilidad en el empleo, entre otras cosas porque es la única garantía de libertad de información. Al tiempo, los empresarios se empeñan a toda costa en la precariedad de sus obreros de la pluma, la cámara y el micrófono.
Cuanto más fácil es el despido, cuanto peores son las condiciones laborales, más aprieta la empresa al periodista para obligarlo a la prostitución ideológica, la tergiversación, la ocultación de información, la autocensura y la dedicación a los contenidos basura.
Tal es el caso –y no el único– de los y las periodistas del grupo Prisa, que edita el diario El País. “Los planes de recorte del empleo en el grupo Prisa tienen su origen en una gestión dudosa más obsesionada por los mercados bursátiles que por el verdadero periodismo”, ha declarado Elisabeth Costa, nueva secretaria general de la FIP, que asumirá ese puesto el próximo 5 de abril de 2011.
La representación sindical culpa de la mala gestión a Juan Luis Cebrián, quien fuera director de El País, por sus iniciativas temerarias, que han terminado en la venta de activos de Prisa al grupo estadounidense de inversores Liberty y con el traspaso de sus canales de televisión Cuatro y CNN+ a la principal cadena de televisión de España, en la que el propietario mayor es el jefe del Gobierno italiano, Silvio Berlusconi. Cebrián es un buen ejemplo del trasvase de intereses en detrimento de la libertad de expresión. Sus inicios fueron como profesional del periodismo para después ejercer funciones de gestión ejecutiva con el objetivo de defender los intereses estratégicos de los dueños del grupo al que representa.
Pero la situación laboral en El País es una dentro del océano de los medios de comunicación. Existe precariedad porque en las redacciones se tira de becarios. Existe precariedad porque se está mal pagando a profesionales que llevan más de veinte años de trayectoria. Se paga por piezas “leídas”. Se trabaja por horas contratadas. No se desplazan a redactores porque los desplazamientos se han encarecido. Los contratos que se firman tienen cada vez una caducidad más breve. Existen contratos por días, semanas y meses… Los medios generalistas trabajan cada vez más con “autónomos” y se potencia la figura del “colaborador” que no tiene despacho, ni silla, ni ordenador en la sede del medio sino que todo lo hace desde su casa, por internet. No es “teletrabajo”, es precariedad.
Sin embargo, la forma más habitual de tergiversar y conseguir objetivos no acordes con una información veraz es la descontextualización de las informaciones.
A principios de enero de 2011 fue agredido el consejero de Cultura de Murcia, Pedro Alberto Cruz. Algunos medios utilizaron las siguientes frases: “salvaje agresión”, “brutal agresión”, pero muy pocos explicaron en qué contexto se había producido: la aplicación de un plan de ajuste que garantiza el despido de trabajadores públicos. Pero tampoco explicaron que Cruz ha gestionado ingentes recursos que han ido a parar a algunos empresarios de la construcción y a otros no. No es mi intención justificar la agresión al consejero pero es que en la información sobre la agresión tampoco se informó, ni se investigó que hay un sector muy crítico con la labor de Cruz al frente de su consejería. Los medios llenaron sus espacios con la agresión pero no informaron sobre el conflicto social de los trabajadores públicos.
El portavoz del PP en la región, José Antonio Ruiz Vivo, reclamó “una profunda reflexión de aquellos que están sembrando vientos para que se recojan tempestades”. Y añadió: ”Desde luego, desde el Partido Popular no estamos dispuestos a que la ultraizquierda más rancia y agresiva llene nuestras calles de ‘cojosmanteca’ ni a que se atente contra la integridad física de las personas. Son los menos, pero, desgraciadamente, son los que hacen más ruido” .
Las informaciones aparecidas en prensa, después de la agresión, buscaban el objetivo de criminalizar la lucha de los empleados públicos.
En la misma línea, el pasado 21 de enero de 2011 fue agredido Fernando Santiago, periodista y presidente de la Asociación de Periodistas de Cádiz. Todos los medios publicaron la nota que hizo la APC y la FAAP pero nadie entrevistó o preguntó al presunto agresor, un ex operario de Delphi. En este caso tampoco los medios contextualizaron la información. No informaron de que la agresión se produce después de que Santiago tildara de “absentistas y flojos a muchos padres de familia”.
Nadie destacó esa otra agresión, en forma de escrito, contra todo un colectivo que ha perdido el trabajo y enfrenta una situación cada vez más tensa de sus familias. Dramas familiares por el cierre de la empresa.
“Cifra mágica. Es el grado de absentismo de la planta de Puerto Real de Delphi. No se dice que era la más alta de todas las de Delphi del mundo. Para recompensar tamaña dedicación al trabajo a sus ex les regalamos una paguita vía subsidio indefinido por la prejubilación o por lo que sea. Que no nos falte de ná. Los españoles a trabajar hasta los 67 y los de Delphi a vivir, que hay que escribir muchos cuplés” .
Tan importante es informar sobre un colectivo como informar sobre quién escribe. Fernando Santiago fue militante del Partido Socialista Andaluz, ex militante del PCE, de IU y de Nueva Izquierda. Además, es tertuliano de un programa dominical de la cadena SER y defensor incondicional de la gestión del PSOE y que quiso ser alcalde con IU. Entre sus múltiples tareas –en un colectivo ya de por sí precario y escaso de trabajo– trabaja para la Diputación cobrando un buen sueldo, además de escribir en el Diario de Cádiz y colaborar en una emisora de TV. Con esta trayectoria Santiago escribe sobre el absentismo en Delphi y que los salarios son muy elevados.
En una información más completa se tendría que haber puesto que los trabajadores de Delphi renunciaron a la mitad de su indemnización a cambio de que Delphi cediera sus terrenos a la Junta para la creación de empleo en la Bahía de Cádiz, para los ex de Delphi y para el resto de parados de la Bahía. Si informar sobre agresiones y descontextualizar para buscar un efecto de criminalización es habitual en la prensa generalista también es habitual informar sin publicar todos los datos.
El pasado 27 de marzo, The Sunday Times publicó una información por la cual periodistas suyos se habían hecho pasar por representantes de un grupo de presión y ofrecieron al eurodiputado navarro del PP, Pedro Zalba, sentarse en su consejo asesor con “influencia” en la legislación europea, a cambio de unos 100.000 euros anuales. El mismo día, la agencia EFE difundió una información en la que decía que Zalba “ha negado haber aceptado retocar una directiva comunitaria a cambio de dinero. Zalba ha asegurado que enmendó esta ley porque así la ‘mejoraba sustancialmente’ y ha denunciado haber sido víctima de una ‘trampa’ que le tendió un falso grupo de presión”.
La información de EFE ratifica que el eurodiputado aceptó enmendar una ley al dictado de un lobby. Pero la mayoría de los medios ponen énfasis de que no cobró por retocar la directiva.
Sin embargo, el pasado 28 de marzo el diario Público informó, bajo el título “Un eurodiputado del PP enmienda una ley al dictado de un lobby”, que “Pedro Zalba, pillado en un vídeo en el que se presta a colaborar con una firma británica”.
Además, Público aporta información sobre la connivencia/convivencia en Bruselas con más de 20.000 asesores de grandes empresas que fabrican leyes al dictado al margen del Parlamento y de la ciudadanía. Según EFE, citada por Público, “La enmienda que presentó, redactada por los reporteros, la ‘enriquecía y mejoraba’, motivo por el que accedió. A su juicio, protegía ‘a los pequeños inversores’ en la dirección que dictan las asociaciones de consumidores”.
El trabajo de The Sunday Times puso el foco en los eurodiputados que defienden intereses comerciales en lugar de sus electores. Los eurodiputados negocian y aceptan lo que un grupo de presión les diga que deben negociar y aceptar. Los medios no dicen nada de, en realidad, quién legisla en Europa.
Tan suculento debe ser hacer negocios en Europa que el ex presidente del PP de Cataluña y vicepresidente de la cámara europea, Alejo Vidal-Quadras, puso en nómina como secretario en Bruselas a Albert Fuertes, hermano de su esposa. Y el eurodiputado cacereño del PP Felipe Camisón (fallecido en mayo de 2009) contrató a su cónyuge como asistente, al igual que hizo la también diputada popular Cristina Gutiérrez-Cortines con su hija. Y otro ejemplo, Alfonso Guerra Reina, hijo del ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, fue elegido a dedo como asistente del vicepresidente del Parlamento Europeo, el socialista Miguel Ángel Martínez.
El domingo 27 de febrero de 2011 murió –a la edad de 56 años en su domicilio de Málaga– Amparo Muñoz Quesada, Miss España en 1973. Todos los medios dieron cumplida información pero ninguno dijo que algunos medios, directores de algunas agencias que trabajan en lo que se denomina “prensa rosa”, ofrecieron en su momento, cuando la actriz era adicta a las drogas, dinero para publicar las llamadas exclusivas. Otro caso fue Sonia Martínez, la popular presentadora de TVE que murió de VIH. En la hemeroteca figuran “testimonios” de Sonia que hacen referencia a sus contactos sexuales con jugadores de fútbol. Las declaraciones fueron grabadas por una periodista, que ya murió, a cambio de dar dinero a Sonia. O el recorrido por los platós de televisión y las agencias de reportajes con el álbum familiar bajo el brazo de la madre de Irene Villa.
Como se ve, hay mucha miseria dentro de la profesión y muchas personas sin escrúpulos. No existe la ética y como vemos, hay diversas maneras de hacer información. Pero la que aporta más información y contextualiza es la que puede ofrecer una información más veraz.
Pero también en los medios se echa mano a los “apagones”. Invisibilizar un hecho, una noticia, aunque sea “importante” o haya tenido una repercusión. Esto lo sabemos muy bien los que estamos en los movimientos y hemos padecido (padecemos) el comportamiento de los medios en el tratamiento de la información en relación a nuestras movilizaciones o acciones.
El 22 de febrero –coincidiendo con la novena manifestación de funcionarios en Murcia contra los recortes salariales y de derechos laborales– la prensa generalista no informó de esta noticia. Sin embargo, dio cumplida cobertura a una protesta con similares motivos en Wisconsin, Estados Unidos.
¿A qué viene que se informe de una movilización por derechos en Estados Unidos y no se informe de otra que sucede en nuestro país?
La movilización en Murcia fue una de las más numerosas desde los tiempos del No a la Guerra: más de 60.000 personas y sin embargo no salió publicada.
Está claro el objetivo. Silenciar lo que se mueve en la actual coyuntura de aguda crisis que afecta sobremanera a más de cinco millones de paradas/os. No se quiere encender la chispa en forma de visibilizar un conflicto social. O al menos que no se visibilice desde esta prensa generalista atada a la publicidad, a sus compromisos empresariales y con el gobierno.
La invisibilidad también se ejerce desde las grandes agencias de noticias que son las que marcan la agenda internacional en connivencia con los intereses de las grandes potencias y empresas transnacionales.
El terremoto de Japón “apagó” informativamente los acontecimientos en Libia permitiendo a Gadafi “cebarse cómodamente, sin los focos internacionales, sobre los últimos reductos de la oposición”. El conflicto en Libia recobró su visibilidad con la resolución de Naciones Unidas, pero muchas otras realidades permanecen ocultas. Además de Japón y Libia existe Costa de Marfil “con gente armada en las calles, con los bancos cerrados y sin alimentos”. Sólo será de interés cuando el desastre ya sea mayor.
Además de apagones existen mentiras. Puras y simples. La más conocida, la cobertura de la guerra en Irak. Se dijo (y se machacó a través de los medios de comunicación) que Irak poseía armas de destrucción masiva.
Estados Unidos utilizó la tribuna de Naciones Unidas y con unas fotos hizo creer al mundo entero que, efectivamente, Irak tenía las tan temidas armas. Pues bien, a día de hoy no hay ningún rastro de esas “armas” y la prensa que en su día difundió tal mentira sigue como si nada.
Un fenómeno parecido al de William Randolph Hearst, propietario del New York Journal, empeñado en desatar la invasión norteamericana a Cuba en 1898, enviando a su afamado dibujante y grabador Frederic Remington a la isla para que le remitiera las pruebas dibujadas de supuestos actos bélicos contra EE.UU. Remington le informa desde La Habana que no hay ningún acto bélico y por lo tanto no hay dibujos que mandar. Hearst le responde en un cable que hizo historia: “ponga usted los dibujos, yo pondré la guerra”.
Existe mucha información que no se dá –o no se difunde– y que nos puede ayudar a comprender hechos, analizar, reflexionar y tomar decisiones.
Cuando habla José María Aznar, ex presidente de gobierno, presidente de la Fundación FAES y cualificado militante del PP, tenemos que tener presente que también lo hace como ejecutivo del magnate de la prensa Rupert Murdoch. O que José Botella, el cuñado de José María Aznar, fue fichado en Bruselas desde las oficinas del PP en esa capital. En el tribunal que lo examinó para funcionario estaba un miembro determinante, Gerardo Galeote, que presidía la delegación popular en Europa. En menos de dos años el hermano de Ana Botella –actual concejala en el ayuntamiento de Madrid y número dos después de Ruiz-Gallardón– se blindó con un sueldo europeo para toda la vida.
Pero en donde se mezclan más claramente los intereses personales, partidarios/políticos y económicos es en la trayectoria y figura de Rodrigo Rato. Primero como ministro en el gobierno de Aznar. Después como director del FMI impulsando las políticas que condicionan el desarrolla de muchos países. Y, finalmente, como presidente de Caja Madrid. Todo esto sin perder el carnet del PP, por supuesto.
El buen uso de la información y la investigación contrastando datos a veces da sinsabores. Si no que se lo pregunten al ex diputado Victorino Mayoral.
El defensor de la asignatura de educación ético-cívica, conocida como Educación para la Ciudadanía, simultaneaba sus distintos cargos como presidente de una ONG, la Liga de la Educación y la Cultura Popular, y la presidencia de la Fundación Cives.
ABC informó en su día que la ONG, una asociación sin ánimo de lucro, obtuvo al menos ocho millones de euros entre contratos y subvenciones desde el año 2000, fecha de su regreso al Congreso después de siete años en la política regional. Esta asociación y una de sus subordinadas, la Liga Extremeña de la Educación, obtuvieron igualmente en su día subvenciones de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura en sendas resoluciones firmadas por el propio Mayoral.
Mayoral, siendo diputado y defensor de valores éticos, mantenía vínculos –según el Registro Mercantil citado por ABC– con Editorial Popular S.A. que ha editado “material para la asignatura Educación para la Ciudadanía”.
Y para terminar. A los gestores de la comunicación, a los magnates, a los políticos que se sirven de este instrumento de socialización les recuerdo lo que dice Roger Waters en la canción The Wall: “no necesitamos control mental” “Todo ello no es más que otro ladrillo en el muro” “Todo ello no eres más que otro ladrillo en el muro”
