La desigualdad en España: análisis, retos y propuestas

Sebastián Mora Rosado

I

De la invisibilidad a la precariedad

En 2007, antes del inicio de la última gran recesión, casi el 20% de los españoles se encontraban por debajo del umbral de la pobreza, aunque nuestro imaginario colectivo estaba sobrado de síntomas que situaban a nuestro país en la senda del crecimiento económico. Aquella era una época de bonanza, donde el dinero se prestaba a un precio inferior a lo acostumbrado, abundada la liquidez para el aumento creciente del consumo, no había atisbos de inestabilidad monetaria en el marco de un euro aparentemente poco vulnerable y eran muchas las posibilidades de movilidad social, aun con limitaciones estructurales… Se presumía, incluso, de haber superado a Italia en términos de P.I.B. o de registrar unas cifras de empleo desconocidas en nuestro período democrático, donde el acceso al crédito para el consumo, tanto de particulares como para empresas, no parecía complicado. Era, en suma, un escenario donde poner el foco en la situación de las personas que se quedaban entre bambalinas era considerado una muestra de desconocimiento profundo de la situación real de nuestro país.

Podría decirse que, en esa etapa, existía una necesidad tácita de invisibilizar a quienes se encontraban en peor situación. Tanto es así que resultaba hasta normal incidir, por ejemplo, en los problemas de precariedad laboral sin que a casi nadie se le rasgaran las vestiduras.

Merece la pena, para adquirir conciencia de lo que realmente sucedía entonces, refrescar la memoria sobre el análisis de la realidad que ponían sobre la mesa ciertos referentes de la investigación social en nuestro país.

“No se sostiene un modelo de bienestar entendido sólo como crecimiento económico, ni es de recibo un proceso de crecimiento económico sin distribución… una sociedad con un 19,7% de personas bajo el umbral de riesgo de pobreza, o con un 3,9% de pobreza severa; una sociedad con un 17,2% de hogares en situación de exclusión o con un 5,3% de exclusión severa, deben considerar estas situaciones como retos ineludibles de su propio modelo”.

Esto es lo que se constataba en la presentación del VI Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España que la Fundación FOESSA publicaba en 2008 y en el que, una vez más, se aportaba una diagnosis exhaustiva sobre la situación de las personas que se encuentran en las bolsas de pobreza, temporal o estructural, en contextos como el nuestro, un país desarrollado de rentas altas, donde es difícilmente compatible esta situación con la existencia de un proceso de desarrollo social.

En aquel momento se alertaba que casi la mitad de la población española (un 44%) sufrió, en algún momento durante los siete años analizados (2000-2007), algún periodo de pobreza. En términos de privación material, el nivel subía hasta el 51,8 de nuestros conciudadanos que vivía en hogares que habían padecido alguno de los indicadores de privación.

Fiel a una tradición que acompaña a estos informes de suscitar, desde sus inicios, la polémica con la Administración de turno, independientemente de su color político, las críticas desde el Gobierno tampoco se hicieron esperar en esa ocasión. Y es que cuando la mirada se construye desde la realidad que encarnan los que más están sufriendo el embate de la desigualdad y la inequidad económica, los poderes públicos no suelen aceptar con facilidad la cuota de responsabilidad que les corresponde en la persistencia de esas injusticias.

Siete años después nos encontramos en una situación que, desde el punto de vista de las personas excluidas, comparte ese factor de invisibilidad que se constaba en 2008. De hecho, el discurso de la recuperación comienza a instalarse en la sociedad o, al menos, en esa parte de la sociedad a la que le ha ido menos mal a lo largo de este extenso período de recesión.

En la construcción actual de ese discurso se pasa por alto el hecho de que dos tercios de las personas que están en situación de exclusión social vienen de antes de la crisis. Eran entonces invisibles y los siguen siendo ahora. Y lo que ahora está sucediendo es que este grupo está creciendo y se están acumulando los problemas que padece.

Así las cosas, el fin de la recesión económica, que no de la crisis social, supondrá que los datos de pobreza se estabilicen o reduzcan ligeramente. Desde Cáritas y FOESSA estamos constatando que la fractura social en España se está ensanchando. La población excluida representa ya la cuarta parte del total estatal, o lo que es lo mismo más de 11,7 millones de personas. Y lo que es más grave, de ellas, 5 millones se encuentran en exclu­sión severa. Hablamos de hogares donde no es solo la economía lo que ha empeorado, sino que padecen un deterioro social en ámbitos como la vivienda y la salud, entre otros.

No basta ya con preservar, sino que urge recuperar el capital humano que hemos destruido: De las 11.746.000 de personas en exclusión, más del 77 % sufren exclusión del empleo, casi el 62 % exclusión de la vivienda y el 46% exclusión de la salud.

La crisis no nos ha afectado a todos por igual. En términos de renta, han sido las personas con ingresos más bajos las que han tenido una mayor pérdida de poder adquisitivo. Y son las familias de mayor tamaño las que más afectadas se han visto. Familias excluidas en las que hay muchos niños y muchos jóvenes.

Se multiplica de manera generalizada la vulnerabilidad de la juventud: tanto jóvenes recién emancipados como jóvenes que viven en hogares excluidos y jóvenes desocupados que están fuera del sistema educativo. Podríamos hablar de una “generación hipotecada”.

Por otro lado, la creciente vinculación de los procesos de exclusión social con la diferencia étnica pone en el objetivo la viabilidad de un modelo de integración (tanto de la inmigración como de la comunidad gitana) que había sido puesto como ejemplo en Europa.

Si se analiza la distribución territorial de la exclusión social en las Comunidades Autónomas, esta no se distribuye de la misma forma que lo hacen la producción y la distribución de la riqueza. En territorios con niveles de riqueza similar, se producen diferencias notables en la incidencia de la exclusión.

Abundando en la tesis de que no todo crecimiento económico se traduce en desarrollo social, puede decirse que en nuestro país existe una escasa correlación entre el desarrollo económico con el nivel de integración social de los ciudadanos.

En este escenario, las consecuencias de la crisis se han visto amortiguadas por dos mecanismos de protección que han funcionado con cierto éxito: las políticas sociales, que desde el cambio constitucional están viendo cómo sus efectos beneficiosos se erosionan, y la solidaridad familiar y las redes de ayuda, que están mostrando una admirable capacidad de resistencia, pero que empiezan a mostrar síntomas de debilitamiento ante la prolongación en el tiempo de las situaciones de precariedad.

Este contexto de debilitamiento no es un fenómeno exclusivo de España. Compartimos, de hecho, con el conjunto de nuestros socios europeos una serie de rasgos referidos a las diversas funciones del gasto social que hablan de una franca regresión de las políticas sociales.

La desigualdad cada vez más profunda en el acceso a las rentas primarias se está convirtiendo en el signo del nuevo modelo social. Es un proceso que se traduce en una falta de oportunidades para muchos sectores de población en diferentes dimensiones, y donde la precariedad material es una de sus manifestaciones.

El contrato social que se mantenía como la base de la estructura del bienestar se ha quebrado y está teniendo lugar un tránsito convulso de un modelo de “integración precaria” a un modelo de “privatización del vivir social”. ¿Cuál es la principal consecuencia de esta crisis? Un proceso de dualización social creciente.

La agenda reformista que se aplica desde hace años está haciendo que, de forma simbólica, nuestro “contrato social” se trasmute en un “contrato mercantil”. Como resultado, quienes siguen siendo invisibles en la conciencia social colectiva –los “descartados” a los que se refiere el papa Francisco–, quienes malviven en un entorno de derechos deteriorados u obstaculizados, y que no cuentan con una fuente de acceso a la renta suficiente, serán los destinatarios de una protección social cada vez más asistencialista, que los expulsa de un sistema que los considera prescindibles y no destinatarios de los mecanismos de solidaridad colectiva.

Precariedad material y círculos viciosos de la exclusión

La renta de la que disponen las familias para satisfacer sus necesidades básicas no ha parado de bajar, hasta alcanzar niveles inferiores a lo que sucedía hace una década y media. La renta media de los hogares ha pasado de 30.045€ en 2009 a 26.154€ durante el año 2014. Esta reducción, próxima al 13%, ha supuesto un impacto especialmente intenso en la capacidad de consumo de los hogares, cuyo gasto medio se ha reducido más del 10% desde el año 2006.

Dos son las fuentes principales de renta de los hogares en peor situación: las rentas del trabajo y las rentas provenientes de los sistemas de protección social. En el caso de las primeras, diversos indicadores confirman una devaluación salarial, básicamente de los trabajadores en peor situación, y la pérdida de peso de los salarios en los contratos temporales frente a los indefinidos.

Asimismo, se registra un aumento del grupo de trabajadores que percibe el salario mínimo interprofesional, o incluso se encuentran por debajo del mismo, respecto al volumen global de asalariados; y un incremento de la desigualdad salarial en un 7,5% desde 2008.

Estamos ante unos datos que hablan de la precariedad que caracteriza no solo a la recuperación actual, sino a la estructura salarial que venimos padeciendo desde hace muchos años. De hecho, el mercado de trabajo español tiene unas deficiencias estructurales especialmente negativas.

Respecto a los subsidios por desempleo, su capacidad protectora viene disminuyendo progresivamente desde el año 2010. Los datos oficiales muestran una tasa de cobertura de prestaciones por desempleo del 57,6% en diciembre de 2014, un descenso de más de 20 puntos porcentuales desde el máximo del año 2010. Si en vez de los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, nos encontraríamos con una tasa de protección de parados del 30,1%. Ambas cifras no son comparables porque no miden lo mismo; sin embargo las dos proporcionan una misma fotografía: cada vez son más las personas en situación de desempleo que no perciben ninguna ayuda del sistema y la tendencia sigue siendo descendente.

Junto a ello, de forma creciente se tiende a incluir en los análisis relacionados con la pobreza y la exclusión otros elementos relacionados con el conjunto de las funciones protectoras de los Estados de Bienestar, como son los recortes de gasto en Sanidad y Educación y que acaban derivándose hacia la capacidad individual que tengamos para satisfacer una necesidad en estos ámbitos.

Un ejemplo: los recortes en el sistema de becas de comedor en los colegios o de becas para las matrículas universitarias tienen que ser satisfechos por las propias familias. De hecho el gasto en educación, junto con el de vivienda, al que nos referiremos más adelante, se han convertido en las dos únicas partidas de gasto familiar que se han incrementado durante el periodo de crisis; en el resto de los con­ceptos de gasto (alimentación, ocio, ropa, comunicaciones…), éste se ha reducido. En este sentido las familias han valorado la inversión en educación como una de las estrategias de respuesta a la situación de búsqueda de oportunidades. O al menos algunas familias… porque las más pobres ni siquiera han tenido esta opción.

Algunos autores calculan que la inversión en los ámbitos de salud y educación por parte del Estado reduce un 20% la desigualdad entre los ciudadanos. Sin embargo, la inversión per cápita en ambas partidas no ha dejado de caer desde el año 2010.

Una vez descrita la situación de las fuentes de ingreso, ¿cuáles han sido, entonces, las consecuencias para los hogares en términos de deterioro material? Los datos más recientes nos ofrecen una imagen de diferentes tendencias que conviven en estos momentos.

El riesgo de pobreza y exclusión social ha sufrido el mayor aumento de los últimos seis años, alcanzando al 29,2% de la población. Más de trece millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. Estos datos son más elevados que los que ofrecimos al principio de la Encuesta FOESSA. Esto es debido a que ésta, al explorar más de 35 indicadores, entiende la exclusión desde un punto de vista más estricto al considerar necesario la acumulación de más elementos aparte del de la renta, que es lo que define al indicador europeo.

Desde un punto de vista territorial la población en riesgo de pobreza o exclusión social ha aumentado en 13 de las 17 CC.AA.

La tasa de riesgo de pobreza relativa (pobreza económica) ha reiniciado un proceso de extensión, tras los dos años anteriores de ligera contención, y ha aumentado hasta el 22,2% de la población.

La lectura conjunta de los indicadores sugiere, además de una extensión de la pobreza, una intensificación de la misma, al producirse un incremento de la tasa de pobreza, a pesar de que el umbral de pobreza continúa descendiendo desde el año 2009. El umbral de pobreza ha caído de 8.887 € (740,5 € al mes) en el año 2009 a 7.961 € en el 2014 (663 € al mes). Además, el riesgo de pobreza se incrementa desde el 22,2% general, hasta el 30,1% en el caso de la población menor de 16 años.

Si nos fijamos en el colectivo de trabajadores, debemos señalar que el empleo no siempre es la puerta de salida de la pobreza. Ya son más de 2.400.000 los trabajadores que la sufren, lo que significa el 14,2% sobre el total de la población activa empleada en 2014, una proporción que ha aumentado desde el 11,7% del año anterior.

El número de hogares con todos sus miembros activos en paro ha pasado de 380.000 en el año 2006 (2,6%) a más de 1.793.600 en el primer trimestre de 2015 (9,8%).

La privación material severa afecta ya al 7,1% de los hogares en España, que es el dato más alto de los últimos seis años. Se ha producido una intensificación de la carencia material severa, hasta alcanzar a más de 1,2 millones de familias durante el año 2014.

El INE nos ofrece algunos otros datos que describen la precariedad material. Si nos referimos a la capacidad de los hogares para llegar a fin de mes, observamos a nivel nacional un empeoramiento de la situación. En el año 2009 el 32,2% tenían dificultades, en el 2014 han aumentado hasta el 37,3%. Hay CC.AA donde más de la mitad de las familias se encuentran en esta situación, como en Andalucía.

Por último, gracias a un módulo especial de análisis que ha realizado el INE en 2014, podemos comparar con la situación de 2009 algunos aspectos materiales que normalmente no se investigan. En 2014 aumenta en un 4,5% el número de hogares que no puede permitirse sustituir muebles estropeados respecto del 2009. El 41,3% los hogares afirmaba que no podía permitirse sustituir sus muebles estropeados o viejos en 2014, frente al 36,8% en 2009.

Los hogares con niños que no pueden disponer de ropa nueva han aumentado del 3,8% al 6,5%; y del 1% al 1,2% donde no comen fruta fresca o verdura; o donde no llegan a tomar carne, pollo o pescado (o su equivalente vegetariano) cada dos días del 0,7% al 2,5%, en 2009 y 2014 respectivamente.

 

De los círculos viciosos de la exclusión a los sistemas integrales de atención

La vida de las personas y las familias a lo largo de estos años es también un recorrido de vicisitudes ante las diversas situaciones que han tenido que enfrentar, que van desde algunos ajustes en gastos y actividades, en el mejor de los casos, hasta una profunda transformación de los estilos de vida, sin posible vuelta atrás y en medio de una incertidumbre per­manente, en el peor de ellos.

Ha sido profundo y grave el deterioro de los círculos vitales de las personas y familias a lo largo de estos años, donde han sido muchos las decisiones: reducción de gastos, cambio de vivienda o de la situación de convivencia, cese de actividades, recortes en la inversión en bienes materiales, pérdida de empleo, bajada drástica de ingresos y ahorros, pérdida de relaciones y espacios de socialización vinculados al trabajo, crisis afectivas.

Muchas veces no se perciben los efectos finales de estas decisiones. Cuando alguien se va sumergiendo en el terreno de la exclusión social, va perdiendo la noción del futuro, de los proyectos de vida, y va adquiriendo mayor relevancia la necesidad de supervivencia, la inmediatez. Este cambio tiene consecuencias en el medio y largo plazo que estamos empezando a percibir. Por ejemplo, cómo la disminución de nuestros ingresos nos puede provocar una renuncia voluntaria al ocio, a las vacaciones, a quedar con los amigos. Esta pérdida va reduciendo los contactos con otras personas y se van debilitando los vínculos. Comienza entonces a producirse problemas de aislamiento, un incremento de la soledad que en algunos casos podría devenir en tensiones y conflictos.

En todo este tránsito, las personas y las familias cambian. Una mejora en el empleo, en la obtención de ingresos es condición necesaria pero no suficiente en cualquier proceso de recuperación. El capital social dilapidado es probable que se haya ido por un sumidero del cual no es posible apenas recuperarlo. Es necesario un esfuerzo en reconstruir esta parcela.

La crisis no sólo ha hecho aumentar el número de personas y hogares en situación de precariedad material, sino que ha provocado intensos procesos de acumulación de problemas. Cada vez más personas y familias acumulan más dificultades. Y además se alargan en el tiempo. Estos tres aspectos –extensión, intensidad y cronicidad– sólo pueden ser abordados desde estrategias integrales.

II

Cáritas (y la Iglesia) ¿qué dice?

La realidad que vivimos es, como se ha visto, contradictoria en el ámbito de lo económico y lo social. La experiencia de lucha contra la pobreza es una realidad también paradójica. Por un lado, vivimos el dolor insoportable que están sufriendo millones de hermanos y hermanas nuestras. Pero, al mismo tiempo, vivimos desde la Esperanza que brota de lo débil y marginal.

Es tiempo de Dios, es tiempo de una penetrante irrupción de Dios en la historia desde las personas, las comunidades y parroquias comprometidas por los hermanos y hermanas más frágiles. Las acciones, los proyectos, los estudios que hacemos desde Cáritas y FOESSA son presencia y palabra crítica desde la experiencia del Dios de Jesucristo al mundo.

 “Caritas un corazón que ve”[1]

Nuestra identidad como cristianos nos hace querer buscar otro centro, otro lugar en el mundo. Ese centro, que brota del evangelio, no es otro que “los gozos y los sufrimientos” de las personas frágiles y empobrecidas. Es la ‘opción preferencial por los pobres’, que es una opción cristológica (Cfr: 2 Col 8,9), como ha recordado el Papa&[2] varias veces, y no ideológica.

Esta opción es parte constitutiva y esencial en la historia de la Iglesia tal como nos recuerda S. Juan Pablo II en su magisterio: “Quiero señalar aquí la opción o amor preferencial por los pobres. Esta es una opción o una forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia. Se refiere a la vida de cada cristiano, en cuanto imitador de la vida de Cristo, pero se aplica igualmente a nuestras responsabilidades sociales y, consiguientemente, a nuestro modo de vivir y a las decisiones que se deben tomar coherentemente sobre la propiedad y el uso de los bienes”&[3] .

Desde esta ubicación experiencial una acción necesaria consiste en afrontar una estimativa encarnada de la realidad. Necesitamos nuevas gramáticas sobre la realidad que manifiesten y den significado a la lucha de las personas empobrecidas para construir un nuevo mundo. Estamos forzados, como acto de caridad, a ponderar y analizar la realidad. No es un simple análisis de investigación social, sino un esfuerzo narrativo que otorgue sentido a las luchas y compromisos de las personas y comunidades que se complican en la construcción de un mundo más humano. Pero esas narrativas necesitan un suelo firme para solidificar sus historias, que procede de dos vías complementarias y que se requieren la una a la otra; la experiencia real y concreta, porque la “realidad precede a la idea” (Papa Francisco), y el análisis desde las ciencias sociales.

Eso hemos intentando desde los diversos estudios y análisis de la Fundación Foessa y los Observatorios de la realidad de Cáritas Española&[4], cuyos datos se han explicado antes. Han sido estudios rigurosos, coherentes y consistentes con la realidad, pero al mismo tiempo, análisis amasados desde la experiencia del compromiso de voluntarios, comunidades y profesionales que se han gastado y desgastado todos estos años. Estas investigaciones sociales no son un añadido retórico a la acción caritativa, sino parte esencial de la misma, que reconoce que la razón y la experiencia van de mano.

“Cáritas es la caricia de la Iglesia a su pueblo” (Papa Francisco)

Acompañar vidas es una clave esencial de la dimensión caritativa. La experiencia fontanal que tienen las personas voluntarias y contratadas en Cáritas es el encuentro profundo con las personas excluidas. Este encuentro trasluce lo más profundo de lo humano y lo divino posibilitando la construcción de un camino común.

Los agentes en Cáritas no son meros “repartidores” de bienes o técnicas de intervención, sino que son personas que se implican y complican en una relación dialógica con los otros. En estos años de intensa crisis hemos podido caer en acciones de asistencialismo estético más que de encuentro liberador profundo. Por ello debemos ser una instancia crítica desde la cercanía, propositiva desde el camino compartido y compasivo desde la caricia infinita de Dios a su pueblo.

En este proceso la clave es el acompañamiento de las personas. Como dicen nuestros obispos “el acompañamiento a las personas es básico en nuestra acción caritativa. Es necesario ´estar con´ los pobres –hacer el camino con ellos– y no limitarnos a ´dar a´ los pobres recursos (alimento, ropa, etc.). El que acompaña se acerca al otro, toca el sufrimiento, comparte el dolor. Los pobres, los abandonados, los enfermos, los marginados son la carne de Cristo. La cercanía es auténtica cuando nos afectan las penas del otro, cuando su desvalimiento y su congoja remueven nuestras entrañas y sufrimos con él. Ya no se trata sólo de asistir y dar desde fuera, sino de participar en sus problemas y tratar de solucionarlos desde dentro. Por eso, si queremos ser compañeros de camino de los pobres, necesitamos que Dios nos toque el corazón; sólo así seremos capaces de compartir cansancios y dolores, proyectos y esperanzas con la confianza de que no vamos solos, sino en compañía del buen Pastor”&[5].

Por ello no podemos perder de vista el horizonte de los Derechos Humanos y en especial, en nuestro caso, de los Derechos Sociales. Un criterio significativo, no único, para nuestra presencia socio-caritativa es exponerla al “examen de la consolidación, solicitud o construcción” de derechos sociales para las personas pobres y excluidas. Nuestra acción, que es oferta de salvación en Jesucristo, transciende los derechos y la justicia pero son un hito irrenunciable en nuestro horizonte de trabajo.

Comunidad de memoria y resistencia

En la actualidad vivimos los llamados espacios de flujos. El famoso “mundo líquido” de Bauman es una realidad constatable cotidianamente. Mundo que liberado de anclajes axiológicos enaltece al individuo aislado como horizonte y meta. En este contexto, la presencia de nuestras comunidades cristianas debería constituirse como contraste a la sociedad desigual e individualista. La exclusión social daña los vínculos y destruye las comunidades de sentido. Recrear las comunidades es un factor esencial del desarrollo social y tejer vínculos no es solo un ejercicio paliativo sino un contraste profético de lo que está por venir. El paso decisivo es no sólo ser comunidades que ayudan a los pobres, sino que nuestras comunidades sean espacios significativos de sentido y relación para las personas más pobres y excluidas.

“Y constituiréis mi pueblo y Yo seré vuestro Dios´ Ez 36,26”. El reinado de Dios acaece, de manera germinal, allí donde el pueblo de Dios, las comunidades cristianas, son transformadas radicalmente y los modos propios de Dios se hacen manifiestos.

Pero no sólo debemos construir comunidad a los adentros eclesiales, sino que estamos llamados a tejer sociedad y edificar redes comunitarias con otros movimientos sociales y civiles. La Iglesia en salida misionera, que es el horizonte que nos marca el Papa Francisco, necesita encarnarse desde la acción caritativa en redes sociales de propuestas y protestas. Hacerse presente en medio del mundo con absoluta osadía e infinita humildad. Siendo testigos y constructores de una sociedad de acogida para todas las personas independientemente de su credo, procedencia o creencias.

El horizonte de la justicia

“Trabajamos por la justicia” es uno de los lemas que suele asociarse a la imagen gráfica de Cáritas Española. Sabemos que la caridad trasciende la justicia y la transforma con nuevos sones. Como afirmaba el Concilio Vaticano II en el Decreto sobre el Apostolado de los laicos, no podemos “brindar como ofrenda de caridad lo que ya se debe por título de justicia” (nº 8).

“La justicia es la medida mínima de la caridad” (Pablo VI) y su primera vía de realización (Benedicto XVI). No podemos ni debemos asentarnos solo en la ayuda personal, sino que debemos encarar los problemas estructurales de la pobreza y la exclusión. El Papa Francisco en su exhortación apostólica “Evangelii Gaudium” y en su encíclica “Laudatio si” hace un continuo llamamiento a un profundo cambio estructural. No podemos caer en una caridad des-politizada que no asume el peso de lo estructural.

La caridad política (Pío XII) “no es menos cualificada e incisiva” que la caridad en su dimensión individual. Por eso, aunque la caridad desborda la justicia, no puede estar de espaldas a ella. “No podemos olvidar que la Iglesia existe, como Jesús, para evangelizar a los pobres y levantar a los oprimidos y que, evangelizar en el campo social, es trabajar por la justicia y denunciar la injusticia”&[6].

[1] Benedicto XVI, “Deus caritas est” nº 31.

[2] Francisco, “Evangelii Gaudium” nº 198.

[3] Juan Pablo II, “Solicitudo rei sociales” nº 42.

[4] Disponibles en www.foessa.es y www.caritas.es

[5] Conferencia Episcopal Española, Iglesia servidora de los pobres. Instrucción Pastoral, abril 2015, nº 47. Creo que es un documento esencial y profético en la situación actual de España.

[6] Conferencia Episcopal Española, Iglesia servidora de los pobres. Instrucción Pastoral, abril 2015, nº 42.