Juan García y Pascual Serrano, Los gobiernos españoles contra las libertades

Evaristo Villar

Hay una conclusión no escrita que recorre las páginas de este necesario y clarificador libro, la convicción de que en la dialéctica entre libertad y seguridad siempre acaba imponiéndose la segunda sobre la primera. Y hay también una ley que brota de forma inexorable cuando ciertos hechos sorprenden al ser humano y golpean violentamente su sensibilidad; la reacción de las sociedades en esos momentos, alimentada por el miedo y/o el deseo de venganza, no considera una pérdida volver sobre sus pasos e hipotecar su libertad. “El Estado entonces, afirman los autores, puede pedirles prácticamente lo que quiera a sus ciudadanos en términos de ataque a las libertades porque estos se lo otorgarán” (p. 7).

Estos comportamientos, que entre nosotros identificábamos más bien con la pasada dictadura, se constata —en este estudio crítico sobre el proceso legislativo desarrollado durante la Transición en España— que ni la Constitución, ni la implantación de la democracia formal han logrado erradicarlos. Todos los gobiernos (desde la UCD pasando por el PSOE hasta recalar en el PP) han mantenido, y a veces incrementado, esos restos de franquismo contra las libertades, insertados en nuestro ordenamiento legislativo y judicial. El ejemplo más elocuente lo tenemos en la creciente protesta social contra la escalada de medidas represivas que ha generado el último gobierno del PP. Añadiendo, además, que las mareas internas contra el recorte de libertades se han sentido secundadas por la denuncia de las más altas instituciones mundiales.

El libro se articula en cinco capítulos en los que sus autores van demostrando, paso a paso y con suficientes ejemplos prácticos, el que parece ser el propósito general del estudio y que resulta evidente a lo largo de todo el libro, es decir, el “retroceso de las libertades en España” que todos los gobiernos de la Transición –con el rechazo de las minorías críticas pero con el silencio de la mayoría social y parlamentaria–, han venido practicando. A este respecto, el título mismo es bien elocuente: “Los gobiernos españoles contra las libertades”.

En el primer capítulo, “Involución legislativa”, se constata que, so pretexto de combatir el terrorismo, los gobiernos, y de forma creciente, además del recorte de las libertades ciudadanas en la legislación, han venido reforzando (y hasta duplicando servicios) tanto los agentes de seguridad (cuerpos policiales y Guardia Civil) como las instancias judiciales (Audiencia Nacional, Tribunal Superior, Tribunal Constitucional). Observando de cerca este proceso de deterioro, uno se percata del “clima de desconfianza” que los gobiernos y sus instancias legislativas y judiciales rezuman con respecto a la sociedad. Más que instrumentos para el servicio de una convivencia pacífica y solidaria, parecen pensados para ponerla a raya por medio de la represión y, a veces, hasta de la tortura.

En el segundo capítulo, titulado “legislando contra el enemigo interior”, se hace un extenso y pormenorizado estudio centrado en las “leyes de seguridad ciudadana” –desde la Ley Corcuera de 1992 o “Ley de la patada en la puerta” hasta la “Ley Mordaza” de Rajoy de 2015–, que, a juzgar por su contenido, más bien parecen inspiradas en “la dialéctica amigo-enemigo” del filósofo y político nazi Carl Schmitt que en la Utopía de Tomás Moro. Se advierte fácilmente en este proceso legislativo cómo se van reduciendo las libertades constitucionales de expresión, información y manifestación y cómo el poder ejecutivo se va imponiendo y eludiendo paso a paso el control judicial.

El tercer capítulo, que se titula “legislando contra el enemigo exterior”, se centra en la política migratoria. Una legislación y unas políticas que, desde la creación en 1995 de los CIEs en aplicación de los acuerdos de Schengen, se han venido recrudeciendo, llegando en los últimos años a aberraciones del calibre de la privación inicial de la asistencia sanitaria, expulsiones en caliente o a las represiones y concertinas en Ceuta y Melilla, etc. Por su parte, la persecución del terrorismo “islamista” o “Yihadista” –sobre todo después de los atentados del 11-S en Nueva York, 11-M en Madrid, 7-J en Londres y 13-N en parís– está llegando al extremo de no distinguir “entre combatientes extranjeros que mantengan conductas ilícitas y aquellos que cometen actos terroristas” (150).

El Capítulo IV, “Cómo oponerse ante la represión de un Estado de derecho”, manifiesta la difícil ruta a seguir en la defensa de los derechos humanos ante las más altas instancias jurídicas tanto en España como en la UE. Es paradigmático, a este propósito, el caso del Tribunal Constitucional en España, dirigido por Francisco Pérez de los Cobos que mantuvo su filiación y militancia en el PP aun siendo magistrado de ese alto tribunal. ¡Qué difícil disipar, con semejante trayectoria, la sospecha de parcialidad en este tipo de dirigentes, cuando se sabe que ha sido impuesto por un partido que ha disfrutado de mayoría absoluta en las dos cámaras! Algo similar ocurre con las instancias jurídicas europeas, impuestas por el poder dominante y conservador.

Resulta casi imposible aceptar que una legislación regresiva para la ciudadanía pueda ser un instrumento útil para hacer frente a la delincuencia y el terrorismo. En su informe anual del 2015/16 Amnistía Internacional ha hecho un estudio de la legislación española en materia de seguridad ciudadana y ha mostrado, desde el punto de vista del respeto a los Derechos Humanos, su preocupación y denuncia. Antes lo habían hecho otras instituciones internacionales de altísimo rango ante la Ley Mordaza, el “régimen de incomunicación”, la “tortura”, la “libertad de expresión”, “las devoluciones en caliente”, etc.

El libro se cierra en su V y último capítulo con el título “El eterno equilibrio entre seguridad y libertad” en el que se aconseja al legislador –además de hacer “pocas normas”, y que la “ciudadanía sea consciente de ellas y las cumpla”, p 178– a moverse con cautela entre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (que autoriza, por motivos de seguridad, a las Estados firmantes a restringir el ejercicio de algunos derechos) y los Principios de Siracusa de 1985 que señalan los límites de tal restricción. Lo que, en estos últimos años, parece que se ha olvidado en la legislación española donde “se aprecia, a juicio de los autores, una clara tendencia: la de ir incorporando medidas sancionadoras, disminuyendo garantías jurídicas y eliminando libertades” (p. 179).

Se trata de un libro necesario a tener en cuenta para conocer en qué marco jurídico y político estamos viviendo y, sobre todo, para mantener la tensión social hacia una ciudadanía libre y democrática.