Hablemos-Parlem: España es mejor que sus gobernantes

Paola Cannata y Guillermo Fernández

Nos lo han preguntado muchas veces: ¿cómo surgió la iniciativa Hablamos? La respuesta es sencilla: nació de la espontaneidad de un grupo de personas (en realidad un grupo de amigos) indignado y desesperado por la situación política creada en Catalunya el día 1 de octubre. Al día siguiente, el lunes 2 de octubre, comentando con vergüenza y rabia lo ocurrido, nos decidimos a hacer algo y comenzamos una cadena de whatsapp llamando a toda la ciudadanía a concentrarse de manera apartidista y enarbolando el color blanco frente a los ayuntamientos de todas las ciudades y pueblos de España. También en el extranjero en torno a las embajadas y consulados. Se trataba, por un lado, de pedir al Presidente del Gobierno y al Presidente de la Generalitat que abandonaran la escalada de tensión; y, por otro lado, de señalar que esta crisis había demostrado que la ciudadanía tenía más responsabilidad y más sentido común que sus gobernantes. O, como escribimos en el manifiesto de convocatoria: que España era mejor que sus dirigentes. De este modo, y en menos de una semana, logramos reunir a miles de personas en todo el Estado: Madrid, Barcelona, Valencia, Coruña, Málaga, Vitoria o Salamanca, tiñendo las plazas de blanco; pero también frente a las embajadas de algunas ciudades europeas como París, Londres, Estocolmo o Berlín.

La respuesta ciudadana fue sorprendente y nos dice algo sobre las ganas que sentían muchas personas de expresar su rechazo al modo como las élites políticas catalanas y españolas estaban gestionando esta crisis territorial. Enfundándose en banderas iban encaminadas a un choque de trenes cuyas consecuencias, siendo imprevisibles, hacían presagiar un desenlace dramático. El problema no era sólo que no hablaran (ni tuvieran intención de hacerlo), sino sobre todo que si España no encontraba una solución civilizada en términos democráticos a este conflicto, la enseñanza que legaba a la cultura política de este país era desastrosa. Ante cualquier problema territorial, sacar las banderas y dar palos. O lo que es peor: despedir a los guardias civiles enviados a Catalunya al grito de “a por ellos”, como si se tratara de una guerra colonial. Como ciudadanos de un país que aspira a un futuro más democrático merecíamos algo mejor.

Lo bonito de la movilización del 7 de octubre no fue solo la oportunidad del momento escogido, sino sobre todo observar cómo la llamada de un pequeño grupo de individuos provocó que muchas personas de lugares muy diferentes la hicieran suya y se auto-organizaran a partir de ella. Por ejemplo, en la misma semana en que lanzamos la convocatoria, nos enteramos por la radio de que una persona de Vitoria, a la que evidentemente no conocíamos, estaba organizando la concentración en esa ciudad. Le había llegado un mensaje al móvil, había leído algo en el periódico y se había puesto manos a la obra junto con un grupo de amigos. Ese era precisamente uno de los objetivos: activar a la ciudadanía indignada y empoderarla de manera horizontal y descentralizada.

Han pasado dos meses del punto álgido de tensión y, sin embargo, el conflicto sigue sin tener una solución pactada, democrática y duradera. Por el camino, la cuestión catalana ha puesto de relieve la necesidad urgente de llevar a cabo reformas de envergadura en nuestro país. Para ello debemos recuperar el inmenso caudal democrático del 15M y los debates, enseñanzas y propuestas que desde el año 2011 los movimientos sociales han puesto encima de la mesa.

Estas reformas en la justicia, en el mundo laboral, en la sanidad, en la educación, en la ley electoral, en la banca, en los mecanismos para perseguir la corrupción, en el sistema de pensiones, en el acceso a la vivienda, así como en el modelo de radiotelevisión pública no solo son justas, sino que son necesarias para salir del inmenso atolladero en el que nos encontramos. España sufre actualmente los efectos de varias crisis que están afectando profundamente a la vida de los ciudadanos. Transformaciones que están cambiando nuestra sociedad y de las que prácticamente no estamos hablando. Es hora de abrir un debate profundo al respecto y adaptar nuestra legislación.

Gran parte de la ciudadanía española lleva años reclamando precisamente esto, reformas universales, de sentido común que repercutan directamente en el bienestar del conjunto de los españoles. Pero, tras el año 2016, parece que todo este caudal de cambio se haya disipado. Que los cientos de propuestas de tantos grupos y colectivos sociales no hubieran existido; que las charlas, reuniones, libros y actos no hubieran ocurrido nunca; y que la labor de concienciación de todo ese tiempo no hubiera servido para nada. No es verdad. Por este motivo debemos empujar para que se reabra el debate constitucional desde abajo y se aborden aquellos asuntos que nos comprometen como sociedad.

Es hora de hablar, de consensuar cómo queremos vivir. Sin miedo, evitando aquel prejuicio tan visible en la derecha política de nuestro país que interpreta la diversidad de España siempre como una amenaza de desintegración en lugar de pensarla como un elemento que nos enriquece. Es hora de entendernos, de ponernos al día, de modernizarnos y de construir el país que queremos y que necesitamos. Y lo seguirá siendo después del 21 de diciembre. Por eso debemos empujar para que el 2018 sea el año del diálogo. Nos lo merecemos como sociedad. Así que, ahora más que nunca: ¿Volvemos a hablar?