Exigimos conocer la verdad

Jaime Ruiz Reig

“¿Es posible que el antónimo de olvidar no sea recordar sino justicia?”

Hayim Yerushalmi

40 años de Constitución no es corto plazo para un país que siempre vivió en libertad en pequeños paréntesis de su historia. 40 años y una evidente incapacidad de afrontar su pasado más oscuro, brutal y opresivo. El Estado español no ha sido aún capaz de aplicar verdad, justicia y reparación a las víctimas del franquismo.

Las graves violaciones de Derechos Humanos cometidos en España entre los años 1936/1978 exigen la condena de la dictadura por los poderes del Estado y la sociedad toda. Es una afrenta añadida a las víctimas pretender que se mantenga el olvido o se ignora su sufrimiento. El conocimiento del pasado debe afrontarse como un patrimonio del que se debe y puede aprender para no repetirlo nunca más.

El informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, celebrado en París en marzo del 2006, afirma: “Que en julio de 1936, en nuestro país se produjo un golpe de estado, con el apoyo de unidades regulares de las fuerzas Armadas de Alemania e Italia y sus respectivos gobiernos y que intervinieron en territorio español, prólogo de las agresiones a otros estados que fueron juzgados y condenados por el tribunal de Nurenberg en 1946. La República identificó como guerra de España dicha agresión ante la Sociedad de naciones”.

Este informe considera que las personas fallecidas como consecuencia del golpe y posterior guerra, alcanza una cifra que oscila entre medio millón y un millón. Así mismo se denuncia la represión, incluidos fusilamientos, desapariciones forzadas, cárcel, campos de concentración, etc. Y por todo ello se denuncia la dictadura franquista como un régimen en el que se cometieron graves violaciones de los derechos humanos.

Hoy nuestro país se ha dotado de una constitución, dispone de un marco de instituciones asentada, es miembro de pleno derecho de la UE y participa en diversos organismos de NNUU, por todo ello nos reafirmamos en lo que afirmaba Pablo de Greiff, siendo relator de NNUU, “la fortaleza de las instituciones democráticas queda mejor reflejada en la forma como aborda positivamente las peticiones de los ciudadanos, que en su capacidad de dejar ciertos temas fuera de la agenda pública”.

Nos recuerda que existe el derecho a la verdad. Conocer la verdad sobre la suerte y paradero de los familiares es un derecho absoluto y una obligación que el Estado debe satisfacer de acuerdo con el derecho internacional. El derecho a la verdad es un derecho individual y también colectivo; todos tenemos derecho a conocer lo sucedido, empezando porque los juzgados atiendan la solicitud de exhumación y levantamiento de cadáveres con el fin de esclarecer las causas de la muerte y de intentar identificar a las víctimas, dando protección a las mismas y solo después tomar las decisiones procesales o materiales que correspondan

Igualmente urge que se desclasifiquen, sin más dilaciones, los documentos que nos ayuden a conocer mejor lo sucedido en nuestro pasado doloroso, facilitando el acceso tanto a los archivos públicos, incluidos los de policía política y la jurisdicción militar de la época franquista, las entidades privadas sostenidas con fondos públicos que han formado parte del régimen totalitario que fue el franquismo, lo que incluye a la iglesia católica. Se necesita una ley, un marco legislativo apropiado, sobre archivos para garantizar el efectivo acceso público a los mismos.

Desde la creación de la Plataforma por la Comisión de la Verdad en 2012, venimos reclamando la creación en nuestro país de una Comisión de la Verdad, que no es solo una investigación histórica, sino el instrumento del derecho a conocer los progresos y resultados de una investigación, la suerte y el paradero de las personas desaparecidas y sus circunstancias, así como la identidad del autor o autores de las mismas.

Las comisiones de la verdad se han llevado a cabo en más de 42 países para esclarecer las violaciones de los DDHH, del derecho humanitario y de las graves infracciones cometidas durante conflictos y dictaduras. Elaboran un informe oficial con recomendaciones pertinentes para que sea conocido por las Instituciones pertinentes y una vez se comprometa a implementar las mismas y hacerlo público para conocimiento de todos los ciudadanos.

Exigimos para nuestro país una Comisión de la Verdad, constituida con garantías, desde los principios del Derecho Internacional, adaptando las experiencias desarrolladas en otros países, integrada por personalidades independientes, nacionales e internacionales, de reconocido prestigio democrático, aceptada por las Instituciones y entidades asociativas memoralistas, para que establezca la verdad sobre el horror practicado por la dictadura franquista y evidencie la dignidad de sus víctimas y de todos los que se le opusieron y defendieron las libertades para nuestro país. El conocimiento de la historia y nuestra memoria colectiva podrán ser vacunas contra la repetición de los errores del pasado, además de atender a la formación ética y ciudadana de las jóvenes generaciones. Todo ello demostrará la solidez de los valores que garantizan nuestra convivencia democrática.