EVALUACIÓN SOCIAL DE ESPAÑA. Un diagnóstico preelectoral

Colectivo Ioé

Éxodo 92 (ener.-feb.’08)
– Autor: Colectivo Ioé –
 
España ha experimentado desde mediados de los años noventa una larga coyuntura de crecimiento económico y del empleo pero presenta también muchos desequilibrios y relaciones de desigualdad, dominación y explotación, al interior del país y en sus relaciones con el resto del mundo. Ante unas nuevas elecciones generales, vale la pena hacer una evaluación desde el punto de vista “social”, más allá de los mensajes publicitarios de los grandes partidos. Un nuevo proyecto de análisis permanente de la sociedad española, promovido por Colectivo Ioé, el Centro de Investigación para la Paz y Traficantes de Sueños, nos puede ayudar en esta tarea.

Aumentan la renta y la riqueza pero también la desigualdad y la pobreza

Entre 1994 y 2006 España ha atravesado una coyuntura económica positiva, que se expresa en un incremento de la renta disponible del 62%, medida en euros constantes, lo que, habida cuenta del aumento de la población, supone un crecimiento del 39% de la renta por persona. En cuanto al patrimonio de los hogares, su valor monetario casi se ha triplicado en el mismo intervalo de tiempo, gracias a la revalorización de los inmuebles y de los activos financieros, los dos principales componentes de la riqueza de las familias.

Sin embargo, el crecimiento general de la renta y del patrimonio no se ha traducido en un incremento correlativo del poder adquisitivo de los salarios y las pensiones, que son las principales fuentes de renta para la mayoría de las familias. Entre 1994 y 2006 el salario medio, en cómputo anual, ha perdido un 2,4% de poder adquisitivo, mientras la pensión media se ha revalorizado un 18%; una evolución positiva en este caso, pero muy moderada a la vista del crecimiento de la renta y de los principales componentes de la riqueza: el patrimonio inmobiliario (162% entre 1994 y 2006) y el valor patrimonial de los activos financieros de los hogares (116% en el mismo período). El Gráfico 1 muestra la evolución interanual de estos indicadores, con base 100 para el año 1994.

La distribución de los salarios, además, ha sido muy desigual a lo largo de todo el período. Si tomamos como referencia la última estadística de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, correspondiente a 2006, una élite de millón y medio de trabajadores percibió cerca de cinco mil euros de ingresos al mes, mientras más de la cuarta parte de la clase trabajadora (5,5 millones de personas) cobraban por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (541 euros/mes en 2006). Este último segmento constituye una gran bolsa de empleo mal remunerado, en gran medida precario, que se nutre mayoritariamente de jóvenes y mujeres que combinan períodos de paro y empleo temporal. Esta circunstancia explica que sean Extremadura y Andalucía, precisamente las comunidades con mayores tasas de paro y temporalidad, aquellas en las que se perciben los salarios más bajos (casi el 40% de los trabajadores no superó el nivel SMI a lo largo del año).

En tales casos los trabajadores pueden sobrevivir gracias a la cohesión del grupo familiar, en el que se comparten varios salarios, pensiones y otras prestaciones (incluidos los subsidios a eventuales agrarios). Una parte de la inmigración procedente de países periféricos se encuentra también en esta situación, con frecuencia después de pasar una primera etapa en empleos sumergidos, todavía más inseguros y, en general, peor remunerados.

La desigualdad de género en materia de salarios y pensiones se ha incrementado con el paso de los años. En 1994 el salario medio de las mujeres era un 28% inferior al de los hombres y en 2006 la diferencia se amplió hasta el 30%; la pensión media, que era un 29% inferior, ha pasado al 33%. También la edad es una variable que introduce diferencias importantes: el salario medio de los trabajadores jóvenes (menos de 26 años) es un 64% más bajo que el de los adultos (mayores de 35), diferencia que ha permanecido constante a lo largo del período analizado.

En definitiva, en los últimos 14 años la renta media de los hogares ha experimentado un importante avance pero su repercusión ha sido desigual, en función de las fuentes de ingresos: las rentas de la propiedad inmobiliaria y empresarial-financiera han crecido mucho más que las procedentes de los salarios y las pensiones, de manera que las condiciones materiales de los hogares que dependen de estos últimos se encuentran hoy en peor situación relativa. El aumento del número de personas empleadas, y por tanto de salarios, y las facilidades para acceder a créditos con bajos tipos de interés y plazos amplios de amortización, han permitido a estas familias cubrir sus necesidades mínimas –en especial el acceso a la vivienda–, pero ello ha sido a costa de endeudarse y reducir su capacidad de ahorro y, por tanto, de autofinanciación. Entre 1994 y 2006 las deudas de los hogares han crecido seis veces más deprisa que su renta disponible; como consecuencia, la porción de ingresos dedicada al ahorro se ha reducido una tercera parte.

Desde el punto de vista social, uno de los efectos más graves de la desigual distribución de la renta ha sido el mantenimiento y la ampliación de la pobreza en España. La pobreza severa (hogares que perciben por debajo del 40% de la renta media, según la definición de EUROSTAT) afecta a tres millones y medio de personas y el riesgo de pobreza (hogares con ingresos entre el 40 y el 60% de la media) a más de cinco millones. En total, las personas en situación o riesgo de pobreza, en números absolutos, han pasado de 7,6 millones en 1994 a 8,9 millones en 2006. Si en lugar de la renta (ingresos) nos fijamos en el patrimonio (valor monetario de los bienes que se poseen), la desigualdad en el reparto es cinco veces mayor y aumenta como “resultado de la acumulación de los flujos de ahorro y de las transmisiones intergeneracionales” (Banco de España). Las diferencias de patrimonio entre los hogares españoles se reflejan en el Gráfico 2.

Los indicadores de renta y patrimonio dibujan una sociedad segmentada desde el punto de vista del reparto de la renta y la riqueza:

. 17 millones de personas viven con desahogo y tienen capacidad de ahorro. El sector más privilegiado de este grupo coincide con la cuarta parte de hogares más ricos del país que, según la última Encuesta Financiera del Banco de España, concentraba en 2005 doble patrimonio (2,8 billones de euros) que las otras tres cuartas partes de la población (1,4 billones).

. otros 15 millones se organizan para sobrevivir en el día a día, sin apenas capacidad de ahorro pero sin sentirse agobiados los fines de mes;

. y 12 millones llegan con dificultades a fin de mes y no pueden ahorrar, lo que les lleva a endeudarse hasta niveles de riesgo cuando se enfrentan a gastos extraordinarios. Este sector coincide con la cuarta parte de hogares españoles más pobres, cuyo patrimonio total en 2005 era 41 veces inferior al de la cuarta parte de hogares más ricos (tres años antes, en 2002, el diferencial de patrimonio entre ambos grupos era 34). Aunque pueda parecer demagógico, si los extraordinarios incrementos de patrimonio del 25% de familias más ricas del país entre 2002 y 2005 –fruto del extraordinario incremento de los valores inmobiliarios y financieros durante esos años– se hubiesen dirigido a la cuarta parte de hogares más pobres, éstos habrían multiplicado por seis su patrimonio.

Gráfico 2. DIFERENCIAS DE PATRIMONIO ENTRE LOS HOGARES ESPAÑOLES (2005)

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Según varias encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) aplicadas en la última década, cuatro de cada cinco personas encuestadas mantienen la opinión de que España “es una sociedad injusta” debido a las desigualdades existentes.

Asimismo, una gran mayoría comparte la opinión de que “el Estado tiene la responsabilidad de reducir las diferencias entre las personas que tienen altos ingresos y las que tienen bajos ingresos”. Es una cuestión básica, que conmueve los cimientos de la convivencia, pero que no ha figurado en la agenda de prioridades de los gobiernos de España –ni tampoco de la oposición– durante las últimas legislaturas.

Trabajo y empleo: aumenta la ocupación y empeoran las condiciones laborales

Las estadísticas oficiales reducen el trabajo al empleo remunerado y consideran “inactividad” el trabajo que más ocupa a las mujeres, razón por la que no existen series estadísticas consistentes que permitan conocer la evolución del trabajo doméstico. No obstante, la Encuesta de Empleo del Tiempo (INE, 2003) ha mostrado que la carga de trabajo total de las mujeres –incluyendo trabajo doméstico y extradoméstico- es un 20% superior a la de los hombres y que ellas se ocupan del 75% de las tareas del hogar. El cuidado de los niños, que a veces se plantea como razón de esta carga desigual, supone menos de la décima parte del tiempo de trabajo doméstico de las mujeres, que se ven más ocupadas por la cocina (37%), la limpieza (22%), la compra (12%) y el cuidado de la ropa (11%).

El acceso al empleo ha mejorado intensamente desde 1994, registrando una evolución positiva en todos los indicadores: tasas de actividad y ocupación, reducción del paro juvenil y de larga duración, y disminución de los hogares donde todas las personas activas se encuentran en paro. Después de muchos años de estar a la cola de Europa en estas materias, España ha logrado situarse en 2006 en la media comunitaria. Los indicadores de acceso al empleo han mejorado en todas las comunidades autónomas y también por sexos y tramos de edad. Las mujeres, en particular, han sido las principales impulsoras del crecimiento de la tasa de actividad; sin embargo, la desigualdad de género ha aumentado, como ya hemos visto, en las retribuciones salariales y se mantiene en la misma proporción desigual en materia de paro, paro de larga duración y temporalidad laboral. En cuanto a los jóvenes, la tasa de desempleo se ha reducido de manera significativa, aunque en 2006 se encontraban en situación de desempleo el 31% de quienes tenían entre 16 y 19 años y el 14% de los situados entre 20 y 24.

En relación a la Unión Europea, España destaca por ser el país con mayor tasa de empleo temporal (tres veces superior a la media de la UE-15), que se extiende poco a poco como una mancha de aceite desde los tramos de edad juvenil hacia los de edad intermedia (en 2006 afectaba ya al 29% de los asalariados entre 30 y 50 años) y su elevada tasa de accidentes laborales.

En todas las comunidades autónomas la tasa de temporalidad supera el 25%; las cifras son especialmente elevadas en Andalucía, Extremadura y Murcia. Aunque los jóvenes son los más afectados (80% entre los menores de 20 años), tiende a extenderse en las edades intermedias, de manera que hay ya seis comunidades (Extremadura, Andalucía, Canarias, Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla–La Mancha) donde más de un tercio de los asalariados de 30 a 50 años son eventuales.

El gasto público en políticas sociales crece menos que la renta

El estado de salud, la educación, la calidad de la vivienda y la protección en momentos de necesidad son cuatro aspectos de la vida que afectan muy directamente al bienestar de las personas y que constituyen otros tantos objetivos de la política social. La atención pública a estas cuestiones, y el presupuesto correspondiente, tiende a aumentar en los países más desarrollados económicamente y eso fue lo que pasó en España en los años 70 y 80 del siglo pasado. El Gráfico 3 recoge la evolución del gasto en políticas sociales en relación al PIB entre 1975, año de la muerte de Franco, y 2005. Se puede observar que entre 1975 y 1993 los gastos sociales crecieron 11,4 puntos del PIB, aproximándose a la media de la Europa de los 15 (la distancia inicial de 13,3 puntos se redujo a 5,6). Sin embargo, entre 1993 y 2005 soplan otros vientos y la inversión en políticas sociales ha bajado 3,5 puntos del PIB (en la UE-15 también ha bajado, pero tres veces menos: 1,2 puntos).

La reducción del gasto público en políticas sociales en relación al PIB se ha producido en paralelo con un relanzamiento de la iniciativa privada en los campos de la sanidad, la educación, la vivienda y las pensiones. La cuota de mercado de la sanidad privada ha pasado del 24,5 al 29%; el 32% de la educación no universitaria es de titularidad privada, un punto más que en 1994, porcentaje que convierte a España, después de Holanda y Bélgica, en el país con mayor proporción de centros privados; las viviendas de protección oficial han pasado del 24% en 1994 al 9% en 2006; y el sistema privado de pensiones, de inscripción voluntaria, asegura ya a más de la cuarta parte de la población mientras pierden peso las pensiones no contributivas o “universales” (ya que no exigen cotización previa), cuya cuantía media en 2006 era de 351 €/mes (menos de la mitad que las contributivas).

Hacemos a continuación una breve valoración de los capítulos de la sanidad, la educación y la vivienda:

Sanidad: España se sitúa a la cabeza de Europa en esperanza de vida y la mayoría de la población valora positivamente el Sistema Nacional de Salud. Mediante la universalización de la cobertura sanitaria y la descentralización de la gestión en las comunidades autónomas se ha logrado una mayor igualdad en el acceso de la población a los servicios sanitarios, lo que ha supuesto también un incremento de las consultas médicas y del uso de fármacos a cargo de la Seguridad Social, agravando los problemas de los servicios de urgencia, las listas de espera y el gasto farmacéutico. La reciente Ley de Dependencia se ha presentado públicamente como un nuevo derecho universal de ciudadanía para aquellas personas que no pueden valerse por sí mismas; se prevé triplicar el gasto actual en atención a la dependencia, hasta llegar al 1% del PIB, contando con la gestión privada de la mayoría de los servicios (residencias, centros de día, ayuda a domicilio, etc.) e introduciendo el sistema de copago, es decir, planteando de entrada una privatización parcial de la nueva prestación. Pero el punto más crítico para la salud de los españoles es el incremento de la morbilidad, debido tanto al envejecimiento de la población como a la persistencia, y en algunos casos el aumento, de hábitos y condiciones de vida y de trabajo poco saludables. Según la Encuesta Nacional de Salud el 40% de la población mayor de 15 años padece alguna enfermedad crónica y, por esa causa, el 15% se encuentra con limitaciones o deficiencias físicas o psíquicas para desenvolverse en la vida cotidiana. En especial, se ha incrementado la morbilidad de las mujeres, que presentan más enfermedades crónicas y discapacidades que los hombres, lo que ha incrementado la desigualdad de género en este punto.

Educación: El nivel de formación de la población adulta ha mejorado en la última década, especialmente entre las mujeres: en seis comunidades (Baleares, La Rioja, Castilla y León, Navarra, Galicia y Castilla-La Mancha) el porcentaje de tituladas superiores supera ya a los titulados varones. El punto más negro en materia educativa se sitúa en los “resultados escolares”, que mejoraron hasta 1999 y empeoraron continuamente desde entonces (la tasa de alumnos repetidores en 2006 es la más elevada de los últimos años). Uno de cada tres jóvenes españoles entre 18 y 24 años están fuera del sistema escolar y no han superado la segunda etapa de Educación Secundaria, proporción que dobla la media europea (16%); como se recoge en las conclusiones del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), España invierte en educación bastante menos que la media de países de la OCDE, y obtiene unos resultados escolares también por debajo de la media, en proporciones equivalentes.

Vivienda:

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