Escenario sociopolítico en el que entran los ciudadanos, actores del futuro de España

Benjamín Forcano y Carlos Peresa

1. Primero de todo diagnosticar la realidad de la crisis

Lo peor para iniciar una alternativa, es la falta de diagnóstico sobre la realidad que pretendemos cambiar.

Nuestro país, hoy, se mueve en el siguiente escenario: Nunca hemos dispuesto de tantos recursos y riqueza para ser un país moderno y próspero, con índices de bienestar que permitan vivir con dignidad a toda la población.

Esa riqueza tiene como sujeto al pueblo español, quien la genera, desarrolla y sustenta. Cuando hablamos de riqueza nos referimos al patrimonio que incluyen los hogares españoles en su doble componente de Activos reales (viviendas, garajes, solares, fincas, naves, tiendas, oficinas y hoteles) y de Activos financieros (cuentas, depósitos bancarios, créditos pendientes a favor de los hogares).

Pues bien, en el 2011, los activos reales representaban el 84% del total, y los financieros el 16% restante. Por su parte, las deudas pendientes representaban en 2011 el 11,5% del patrimonio bruto.

Desde estos datos, reviste especial interés ver cómo ha evolucionado esta riqueza de los hogares españoles en la primera década del siglo xxi. En conjunto, la media de riqueza neta de los hogares españoles creció un 40% entre 2002 y 2011, una tasa que casi dobla el crecimiento del PIB en esos años (21%).

Sin embargo, el reparto de esa riqueza fue asimétrico, pues el 25% de los hogares más ricos aumentó en un 45%; el 25% de los hogares más pobres se redujo en un 5%; en tanto que el 50% de los hogares intermedios aumentaron en un 31%. Comparando ahora los dos polos (el más rico y el más pobre), la desigualdad subió de 33 en 2002 a 51 en el 2011; y la desigualdad entre el 10% más rico y el 25% más pobre pasó de 54 en 2002 a 87 en el 2011.

Cabe destacar la evolución de la renta entre unos y otros grupos y las consecuencias para el grupo más pobre. Si bien la diferencia de renta entre el 10% de los hogares que más ganan y el 20% con menos ingresos pasó de 12 en 2002 a 14 en 2011, el diferencial de riqueza pasó de 54 a 87. Es decir, que en los más ricos la riqueza creció tres veces más por encima de la renta. El patrimonio de los más ricos se revalorizó en más de un billón de euros.

El grupo de las familias más pobres (4,3 millones de hogares, doce millones de personas en 2011), disponen de un patrimonio medio de 14.200 euros, pero la mediana se sitúa en 7.400 euros, lo que equivale a decir que la mitad de esos hogares (2,15 millones) dispone de un patrimonio neto inferior a esa cantidad. La Encuesta Financiera de las Familias (EFF) registra que las deudas pendientes del 25% de hogares más pobres representaban en 2011 el 88% de su riqueza neta; y las cuotas anuales que tenían que pagar para amortizarlas absorbían el 46% de sus ingresos anuales, quedando inexorablemente obligadas muchas de ellas al impago y cuadros de pobreza y exclusión social.

Lo descrito lleva a muchos a hacer estas preguntas: ¿por qué algunos consiguen continuamente acumular sus ingresos? ¿Es ésta una característica de la economía neoliberal de nuestra época? ¿Puede ser menos injusta la distribución de la riqueza?

Estudios realizados por el economista Piketty y otros, muestran que con una política no neoliberal la desigualdad e injusticia podrían aminorarse. No son efecto de una casualidad, sino de unas estrategias y decisiones políticas impulsadas en su beneficio por las élites europeas y españolas.

En España, hacia los años 75, los asalariados recibían el 72% de la renta nacional. Siguió creciendo la riqueza y, sin embargo, 40 años después (2013) esa renta bajaba a un 62,2%.

Son varios los factores que lo explican: desde entonces (Estatuto de los Trabajadores) se van introduciendo cambios continuos en la legislación laboral, que preparaba nuevas formas de precariedad. Y, a pesar del deterioro de los ingresos de la población trabajadora, la recaudación de impuestos recae particularmente sobre sus hombros. ¿Qué aportan los trabajadores y qué aportan los empresarios?

 

Período 2008-2013

Impuesto de sociedades, que grava las ganancias empresariales: aporta un 2% al PIB.

– Impuesto del IRPF, sostenido principalmente por los trabajadores: aporta un 6,6%.

Impuestos indirectos, se paga lo mismo, sea cual sea el nivel de ingreso de la persona: 4,8%.

 

A esta situación acompaña un déficit fiscal que se cubre con emisiones de deuda pública (un billón de euros en 2014, la misma cantidad que el 10% de hogares más ricos acumuló en una década). Añádanse los intereses de esta deuda (más de 30.000 millones de euros en los últimos ejercicios) y que es una de las principales partidas del gasto público y una vía de negocio para el capital financiero.

La contradicción entre lo que podemos y lo que de verdad se está haciendo nos lleva a concluir que el resultado se debe a unas estructuras, socioeconómicas y de gobierno, que no sirven para garantizar los derechos del pueblo –esa franja amplia de nivel intermedio y pobre, un 90%–. Nuestra forma de democracia y de gobierno no reúne las condiciones requeridas para un proyecto de convivencia más justo y democrático.

Por lo tanto, se hace ineludible una transformación si se quiere lograr de verdad otra forma de democracia y de gobierno que sirvan a los intereses de la mayoría.

Desde el capitalismo neoliberal vigente se propone con la boca pequeña atajar la corrupción y las inversiones especulativas y, sobre todo, promover una economía más productiva y redistributiva.

Desde una posición socialdemócrata crece la conciencia de que el capitalismo neoliberal y la crisis ambiental son insostenibles, y se propone una vuelta al capitalismo social, regulado por el Estado.

En tercer lugar, otros sectores plantean un modelo de organización política y económica cuyo principio sea la democratización real, tanto de la política como de la economía, desde claves de horizontalidad, cooperación y solidaridad opuestas a la lógica del modelo capitalista.

  1. Una radiografía de la situación actual: datos

España ocupa el 13º lugar dentro de las mayores economías del mundo y, a pesar de la recesión de los últimos años, la capacidad de generar nueva riqueza se ha ampliado notablemente en las dos últimas décadas, dando lugar a una riqueza acumulada de los hogares que se estima en 4,6 billones de dólares (Credit Suisse), mayor que el PIB de Alemania. En 2012 nuestro PIB per cápita era de 26.800$, ocupando el puesto 26 a nivel mundial, justo por detrás de Francia e Italia.

Sin embargo, la potencia macroeconómica está mal repartida y presenta muchos problemas desde el punto de vista del equilibrio y la justicia social:

– Tenemos 5.457.000 parados (4º trimestre 2014). El repunte del empleo en 2014 es positivo, pero de peor calidad (temporalidad, salarios más bajos, etc.).

– 731.000 hogares no tienen ningún ingreso (4º trimestre 2014).

– Nuestra tasa de paro juvenil es la mayor en Europa después de Grecia. En lo que va de esta legislatura, el PP ha destruido el 25% de empleo joven. ¡Cómo no van a marcharse los jóvenes de España! De 956.100 (2011, 4º trimestre) a 756.000 (2014, 4º trimestre).

– España cerró el 2013 con 37.093 millones de ingresos menos de lo previsto en su presupuesto, lo que tiene que ver con la baja presión fiscal (de las más bajas de Europa) y con un sistema de impuestos regresivo que beneficia a los que más tienen. En cambio, los recortes en partidas sociales han supuesto ya más de 100.000 millones de euros en el conjunto de las administraciones públicas. Los millones y millones que se han entregado a la Banca para el rescate los han pagado todos los españoles. Si el Estado recuperara el dinero, ¿de cuántos millones podrían disponer al año para gastos sociales?

– La recaudación por impuestos de sociedades apenas llega al 12% de los beneficios empresariales; bancos y empresas no pagan ni una décima parte de lo que deberían. Con aplicarles no más que el doble del impuesto que se aplica a pequeñas y medianas empresas, el Estado recaudaría más de 60.000 millones de euros al año. Por otra parte, un recorte del 30% de los gastos innecesarios del Estado supondría un ahorro de otros 60.000 millones de euros al año.

– Como consecuencia de todo lo anterior, si en 2007 la deuda externa del gobierno español era de 398.734 millones de euros, en 2014 (4º trimestre) era de 1.033.857 millones de euros.

– En los años 2012-2014 del PP no ha mejorado ni uno solo de los muchos capítulos económicos y sociales, todos han empeorado. La brecha de la desigualdad y la injusticia, lejos de aminorarse, se ha agrandado y consolidado.

– En el plano económico, un problema estructural de España es su dependencia energética de fuentes externas –del petróleo y del gas sobre todo– nos supone una factura anual de más de 56.000 millones de euros, un 22,4% de las importaciones españolas.

– Desde que comenzó la crisis, han desaparecido 234.945 empresas (pequeñas y medianas) y son 400.000 los autónomos que han cerrado sus negocios. Por el contrario, en intereses de deuda pública, Caixa, Popular y Sabadell han obtenido 37.924 millones de euros desde 2010.

– En 2013 ocupamos el número 13 en la producción de automóviles en el mundo, produciendo 2,16 millones de vehículos. Pero, un porcentaje muy alto de la fabricación –y por tanto de los beneficios– está en manos de capital extranjero. El grueso de los vehículos exportados se vende a Francia, Italia, Inglaterra y Alemania. Para colmo, exportamos un 80% de los coches a Europa y nosotros tenemos que importar gran parte del parque automovilístico de los centros de producción con más valor añadido del centro de Europa.

– Entre 2010 y 2013, las mayores multinacionales y monopolios han tenido 83.000 millones de euros de beneficio. En cambio, en los mismos años, cada familia española ha tenido que pagar una media de 7.000 euros para salvar a los bancos en crisis (españoles y extranjeros).

  1. La Constitución de 1978 raptada por malos políticos

La Constitución Española diseña “un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores la justicia y la igualdad” (Art. 1), dentro del cual se asigna a nuestra vida individual y colectiva una digna calidad de vida. Y son los poderes públicos precisamente quienes “deben promover las condiciones necesarias para que la igualdad del individuo y de los grupos sea real y efectiva” (Art. 9,2).

Entre otros principios, la Constitución establece los siguientes principios:

– “Todos los españoles son iguales ante la ley” (Art. 14), y “Tienen derecho a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia” (Art. 35,1).

– “El respeto a los derechos de los demás es fundamento del orden político y de la paz social” (Art. 10,2).

– “Queda prohibida la arbitrariedad de los poderes públicos (Art. 9,3), y “Los poderes públicos podrán realizar privaciones de bienes y derechos por justificación de utilidad pública o de interés social” (Art. 33,3).

Frente a estos principios, casi a diario podemos comprobar la befa a que es sometida la Constitución. El gobierno podrá dar todas las explicaciones que quiera, pero los hechos pregonan una contradicción intolerable. Nos hablan de la salida de la crisis y de haber dejado atrás la ruta amarga de la recesión. Y, sin embargo, la realidad es otra, en general y en casos particulares como los de Antonio Brufau, presidente de REPSOL, quien decide recortar la mitad de su sueldo, que aun así le queda en 2,5 millones de euros, es decir, más de un millón de pesetas diario. O el de Teddy Bautista, denunciado y defenestrado de la SGAE (Sociedad General de Autores) después de 30 años de gestión, por delito continuado de apropiación indebida y administración fraudulenta e impedir a los socios el derecho de información y participación, que recibe alborozado la noticia del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Madrid desestimando las alegaciones de la Aseguradora, de las Asociaciones y de la misma SGAE que lo denunciaron y sentenciando que recupere la pensión vitalicia pactada (26.269€ mensuales) y también las mensualidades no cobradas desde junio del 2012 (183.886€).

El Estado de Derecho, la Constitución, la ética natural, las normas básicas del buen vivir, la solidaridad y el sentido común dictan que situaciones como estas son intolerables y que los poderes públicos (administrativos, jueces, políticos…) no deben dejar impunes estos escándalos de lesa justicia y humanidad, que ponen en grave riesgo el orden económico y social de nuestra sociedad.               

  1. Un modelo de crecimiento injusto y dependiente. Algunas propuestas

El modelo injusto de crecimiento de la economía española lo explican tres factores:

  1. La oligarquía española establece alianza, por una parte, con los principales proyectos de Estados Unidos. Y, por otra, da pleno apoyo a los principales proyectos de la oligarquía financiera franco-alemana.
  2. Este alineamiento le permite integrarse en el proceso expansivo de la oligarquía norteamericana y la más monopolista de Europa. Como contrapartida, EE. UU. permite a España por los años 90 participar aceleradamente en el proceso económico globalizado de Iberoamérica, su patio trasero.
  3. La expansión se financia mediante: a) la privatización de los antiguos monopolios estatales de la luz, la energía o las telecomunicaciones; b) la ampliación de capital de bancos y monopolios españoles por capital extranjero; y c) la financiación de la gran banca internacional. Esta expansión, una vez asegurada en 2001 la implantación de la moneda única, se dirige hacia Europa y es suministrada en exclusiva por préstamos de los grandes bancos de las oligarquías financieras francesa y alemana.

Estos factores explican el carácter absolutamente frágil del modelo de desarrollo español y la velocidad de vértigo con que se vio inmersa en las peores consecuencias de la crisis, abocada a un proyecto de degradación, intervención y saqueo. El crecimiento estaba basado en un endeudamiento exterior que ya en 2008 llevó a España a poseer proporcionalmente una de las mayores deudas privadas del mundo.

Como responsables de todo esto, habría que destacar la alianza de “políticos y banqueros”, tal como sintetizó en sus inicios el movimiento de indignados surgido en la Puerta del Sol en mayo de 2011:

1º) El Estado, que se ha sometido a convertir en deuda pública buena parte de la deuda impagable del sistema bancario español y se ha arrodillado ante el mandato de Merkel de reformar la Constitución y establecer la deuda pública como primera prioridad de pago en los gastos de Estado.

2º) La oligarquía española, que en parte ha tenido que vender al capital extranjero –casi siempre a precios inferiores a los que los compraron– activos de sus bancos y monopolios tanto dentro como fuera del país para hacer frente al vencimiento de sus deudas. Y, encima, hay que contar con el aumento en los intereses que hay que pagar por la deuda.

En este contexto resulta indispensable la necesidad de crear una banca pública como base que permita disponer de los recursos para resolver los principales problemas. Ella, con nuestro dinero, será uno de los grandes motores para la inversión productiva. Siendo público el dinero, tiene que estar en manos públicas. De lo contrario, veremos cómo venden a precio de saldo los recursos de que disponen la gran banca nacional y extranjera, y serían varias las generaciones que habrían de pagar el coste de nuevos rescates bancarios.

La nueva banca pública podría disponer de un volumen de depósitos de 300.000 millones de euros, convirtiéndose en el mayor Banco Español. Sería la palanca para invertir en industrias y sectores estratégicos de la economía y reactivar el crédito destinado a la inversión y el consumo y, al mismo tiempo, reduciría el paro y crearía empleos sostenibles y de calidad.

La segunda palanca sería la reforma fiscal de los impuestos de sociedades (bancos y multinacionales pagarían un 50% de impuestos) y del IRPF (las grandes fortunas pagarían el 75% de sus rentas personales). Quien más tiene, que más pague. Si se devolviera todo lo que se ha robado por estos conceptos, se resolvería de un plumazo el problema de la deuda pública.

Las economías encadenadas al sistema de dominio norteamericano se hunden, excepto Alemania y EE.UU. Las desenganchadas, crecen y crecen, como pasa con varias economías de Iberoamérica, liberadas de la tradicional dependencia del FMI, el Banco Mundial y Wall Street. La clave es elaborar una economía para servir a los intereses de la mayoría.

Sin Soberanía política y económica no se puede rescatar y disponer de la propia riqueza. Para conseguirlo, hay que desarrollar una fuerza política organizada, con programas que garanticen la redistribución de la riqueza y la implantación de una democracia participativa que defienda la soberanía de la población.

El problema, en el caso de España, no está en la extrema derecha de Rajoy, sino en la oligarquía yanqui, alemana y española. Urge denunciar y combatir la magnitud de este proyecto degradante que tiene como núcleo sustentador una concepción egolátrica de la convivencia, que establece como ley suprema el egoísmo, donde prevalece la astucia y prepotencia de los más fuertes, tanto a nivel individual, como nacional e internacional.

Esa ley sustantiviza el pensamiento neoliberal, concentrado hoy globalmente en centros económicos de máximo poder, que le permiten emanar directrices y normas que controlan el destino de los pueblos, con absoluto menosprecio y subyugamiento de los intereses y derechos de las mayorías.

Liberarse es, pues, la condición primera si queremos que haya redistribución de la riqueza para poner al servicio del país y del pueblo los enormes recursos de que dispone la economía española, y no para que estén en manos y al servicio de banqueros y oligarcas de aquí y fuera. Reforzar la democracia exige que nos unamos el 90% de la población afectada por su actual política de saqueo, lo que requiere no sólo defender enérgicamente las libertades ya conseguidas, sino ampliarlas mucho más. Porque ninguno de los problemas fundamentales de nuestro país pueden tener solución mientras España no se libere completamente de su actual dependencia de Washington y Berlín.

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NB. Este texto se basa principalmente en dos fuentes: Colectivo IOÉ, “La desigualdad de la riqueza se dispara un 60% en la primera década del siglo XXI”, en www.barometrosocial.es, 2015; y el “Documento d apoyo” elaborado por el Movimiento Social y Político “Recortes cero”.