EMPAR PINEDA

Evaristo Villar y Pepa Torres

Éxodo 98 (marz.-abr’09)
– Autor: Evaristo Villar y Pepa Torres –
 
EMPAR PINEDA, una de las mujeres más destacadas del Movimiento Feminista en España, ha vivido en primera línea los acontecimientos más relevantes de la lucha por la liberación de la mujer en nuestro país. Su actividad política proviene de los últimos años de la dictadura, en los que ocupó un papel destacado en el Movimiento Comunista. Participó en la creación de la Coordinadora Feminista de Cataluña y fue fundadora del Colectivo de Feministas Lesbianas de Madrid. En el 2004 recibió el premio Margarita Borrás 2004, que reconoce el esfuerzo de aquellas y aquellos que se han dedicado a la defensa de los derechos de las minorías sexuales. En la actualidad trabaja en la clínica Isadora de Madrid, estigmatizada por los movimientos antiabortistas por su postura ante los déficit de la sanidad pública en cuestiones de género, interrupción voluntaria del embarazo o intervenciones de reasignación de sexo. Es una de las integrantes de la corriente Otras Voces Feministas

La campaña del lince, ¿qué te sugiere?

Es vergonzosa. Se trata de un chavalín de más de nueve meses. Y quieren hacernos creer que es un feto a punto de ser abortado frente al lince protegido. Es el colmo, nos quieren tomar por imbéciles. O les falta talento o les sobra descaro. Me encanta el icono de la corriente que nos llamamos Otras Voces Feministas: se ve una tiara con la leyenda “que se exterminen ellos”.

Se han filtrado a la prensa algunos datos del Comité de Expertos: hasta las 14 semanas para el aborto libre, hasta las 22 con regulación. ¿Qué te parecen estos datos?

Quienes estamos a favor del aborto somos gente que defendemos la vida, y pensamos que los bebés deseados, con posibilidad de ser criados en condiciones adecuadas -no como si fueran crías de conejos o de gallinas- tienen derecho a nacer. Nos importa la vida digna y las mujeres tenemos que ser responsables.

Desde este posicionamiento, Otras Voces Feministas defendemos la posibilidad del aborto hasta la viabilidad fetal, es decir, hasta las 22 o 24 semanas, que es cuando el feto puede ser viable fuera del útero materno. Hasta entonces, que sea la mujer la que decida libremente. A partir de ahí, solo en casos muy extremos, como puede ser el grave riesgo de la vida de la madre o las graves malformaciones o lesiones fetales que darán lugar al nacimiento de un bebé sin autonomía propia ni capacidad cognitiva, etcétera.

Pensamos también que, aun con la posibilidad del aborto hasta esas semanas, el embrión humano es siempre un bien jurídico a proteger. Y, a partir de su viabilidad, debemos mimarlo en todo el proceso hasta el final del embarazo, ayudando especialmente a las madres en situación difícil. Lo que no se soluciona ciertamente -aunque menos es nada- con el cheque de los 2.500 euros. ¡Fuera hipocresías, por favor!

Vivimos en sociedades abortivas de muchas dimensiones de la vida que culpabilizan y pretenden penalizar sólo a las mujeres que interrumpen su embarazo. Las mujeres, se afirma desde la teología feminista, casi nunca eligen el aborto como primera solución de su embarazo. Su primera opción es la maternidad y se llega al aborto cuando la primera opción se muestra inviable. En el seno de la sociedad y del sistema anida una gran hipocresía, ¿no te parece?

Es cierto. Si la sociedad valorase lo que representa un nuevo ser social tendría que rodear de mayor protección todo el proceso de gestación. La mujer que decide responsablemente llevar adelante su embarazo merece un mayor respeto. Lo que se traduce en la necesidad de una información y formación adecuada sobre salud sexual y reproductiva de la mujer y también del hombre. Se trata no sólo de evitar que los embarazos sean imprevistos, sino deseados y planificados humanamente. Es más, se trata de presentar una antropología donde el ser humano, además de otras cosas, es un ser sexuado y sexual; que no tiene por qué vivir la sexualidad como un tabú ni como algo malo, sino como un gozo, una satisfacción, un forma maravillosa de comunicación entre las personas. Y esto exige una sólida educación de la que aún estamos en mantillas.

En mi trabajo profesional me estoy encontrando con educadoras y educadores que están intentando llevar adelante esta difícil tarea en medio de múltiples dificultades que se levantan a veces desde las mismas instituciones. Por ejemplo, en algunos Institutos de Andalucía y con gobierno socialista… Y no hablo ya de dificultades sino de prohibiciones en otras autonomías donde domina una política educativa más conservadora. ¿Hipocresía? ¿Cómo negarla? Pienso que mientras no se logre que entren en el curriculum de estudios como algo natural estos temas que atañen a la salud sexual y reproductiva seguiremos siendo víctimas del miedo, del peligro y del engaño, terreno abonado para los embarazos no deseados y los abortos no queridos.

Hay quienes piensan que el aborto pertenece más al ámbito sanitario que al jurídico, y mucho menos al Código Penal. ¿Se puede llevar a una mujer a la cárcel por el hecho de interrumpir libremente su embarazo?

Yo creo que el aborto no es ningún delito. Deberían quedar en el Código Penal sólo aquellos abortos provocados contra la voluntad de la mujer. Esto sí sería un delito real. Para mí el límite estaría en las 22 o 24 semanas para poder abortar por decisión libre de la mujer. Porque eso es aborto para la Organización Mundial de la Salud. Luego quedarían esos casos de grave malformación o lesión fetales de los que ya hemos hablado.

Me da pena y coraje que a la ministra de Igualdad se le llene la boca diciendo que ninguna mujer irá a la cárcel con la propuesta del Comité de Expertos. Pues no es verdad, porque, mientras siga en el Código Penal el artículo 145, la mujer podrá ir a al cárcel. La razón es muy sencilla: por un aborto fuera de ley se le condenara a la mujer a pagar una multa; pero, si no paga la multa, irá a la cárcel.

El Movimiento Feminista ha impulsado campañas de autoinculpaciones bajo el lema “Yo también he abortado”. Imaginemos que hay una campaña en contra de pagar la multa por un aborto fuera de ley. Pues irán a la cárcel. No se puede engañar a la gente. Somos ciudadanos, no súbditos.

¿Piensas que los límites que se han filtrado desde la Comisión de Expertos sobre la posibilidad de interrupción del embarazo van a subsanar los desajustes de la actual legislación en el tema?

Yo creo que para “este viaje no hacían falta estas alforjas”. Con la legislación actual, que data ya desde el 1983 y que fue refrendada por el Constitucional en el 1985, no se respeta la libre decisión de la mujer. Es interesante recordar, a este propósito, la incoherencia de un partido político como el PP que ahora se presenta como el máximo defensor de la legislación actual. Pues resulta que, en aquel entonces, cuando se llamaba Alianza Popular, presentó con sus 50 diputados y senadores un recurso de inconstitucionalidad. Pero el alto tribunal falló a favor de la constitucionalidad de la ley.

Pero en la actual ley siempre tiene que haber algún facultativo que dé el visto bueno, el nihil obstat en versión médica a la decisión de la mujer. También es cierto que una mujer puede abortar sin límite. Basta con que cuente con el placet médico. Y esto es lo que se está haciendo actualmente. Por ejemplo, desde el punto de vista de la salud psíquica, si un psiquiatra juzga que, de seguir adelante con el embarazo, esa mujer puede sufrir patologías psiquíatricas, la mujer podrá abortar en cualquier momento de su embarazo. De hecho, hay mujeres que abortan en este país con 23, 24 semanas, aunque son poquísimas, ni siquiera llegan al 1% del total de mujeres que abortan.

Lo que es intolerable es lo que está pasando con las mujeres a las que se les anuncia la malformación fetal grave a las 28, 30 o 32 semanas. Que ante tal despropósito los políticos y los jueces se lleven las manos a la cabeza cuando la legislación vigente está amparando esa práctica, parece hipócrita.

¿Y qué opinión te merece la propuesta de los 16 años sin consentimiento paterno?

Yo estaba conforme con que se le reconociera a la mujer la posibilidad de decidir a los 16 años. Pero, por lo visto, ahora la ministra está reculando. Habla de sí, pero acompañada de alguien mayor de edad, sea quien sea. Esto se presta a la risa. Imagínate, camino de la clínica (y digo de la clínica porque la sanidad pública va a seguir igual) se encuentra con alguien mayor de edad y le dice: ”¿te importaría acompañarme…?”.

Siempre que se ha intentado ampliar la Ley del aborto, los antiabortistas, los pro-vida, junto con la jerarquía de la Iglesia católica y el PP han armado la marimorena. Y una se pregunta, ¿por qué el Gobierno no se decide de una vez por todas a plantarles cara apoyándose en la mayoría de la ciudadanía y el resto de fuerzas de la izquierda? ¿Por el miedo al Vaticano, a la jerarquía católica española, a perder dos millones de votos? Esto me indigna porque no se puede jugar con el dolor de tanta mujer.

En el debate sobre el aborto y su legislación ¿qué aspectos te producen mayor indignación por ser humillantes y dolorosos para la mujer?

Quizás el más importante sea el no reconocimiento de la autonomía y capacidad de decisión en la mujer. Nunca se me olvidará que, a la muerte de Franco, una de las primeras cosas contra la que tuvimos que luchar en el Movimiento Feminista fue contra las leyes franquistas falsamente proteccionistas de las mujeres. Eran leyes que nos sobreprotegían privándonos de autonomía. Pues bien, que a estas alturas el Gobierno socialista plantee, como se ha filtrado del Comité de Expertos, tres días de reflexión para una mujer que ya ha decidido abortar, me parece volver a caer en el falso proteccionismo. Si es para informarle al oído de las ayudas que tendrá si mantiene su embarazo, me parecería indignante. ¿Por qué no hacerlo a todo el mundo por los medios de comunicación pública? Necesitamos autonomía, no protección.

Otro elemento importantísimo sería este: abortar no es una intervención cualquiera, es un acto siempre extraordinario. No voy a dramatizar sobre el tema porque cada mujer va a esta intervención de acuerdo a su psicología, ideología o creencia. Pero no quiero ignorar que hay mujeres que sufren mucho con la interrupción de su embarazo. Conozco por oficio muchos casos en los que se le ha dado la triste noticia de la grave malformación fetal después de las 24 o 26 semanas.

No sé por qué se corrió la voz de que yo tenía acceso a la red sanitaria pública francesa y bastantes parejas se han estado poniendo en contacto conmigo durante los últimos años. Con ellas he establecido una relación muy estrecha. Y he podido constatar no sólo el dolor sino también la desprotección y desamparo en que se encuentran aquí entre nosotros. Pero hay algo más, he constatado también la hipocresía de un sistema sanitario como el nuestro que paga a la sanidad pública francesa hospitalización, gasto clínico y médico de la intervención que ella misma no es capaz de hacer a través de su red hospitalaria pública.

¿Qué piensas del documento “por una maternidad libre y un aborto seguro” de la Coordinadora Feminista? ¿Cuáles son sus propuestas de mayor calado?

Quizás el título sea lo más logrado. Quiero añadir que, cuando comenzamos el Movimiento Feminista, nosotras decíamos “por una maternidad libre y deseada“ (que cierra mejor el asunto) “y por un aborto seguro”.

Son mis viejas compañeras, y, sin embargo, tengo discrepancias con ellas. Ellas no quieren poner plazo a la libre decisión de la mujer y yo sí. Yo creo que hay que llamar a la responsabilidad de las mujeres. Yo no creo que se deba abortar en cualquier momento de la gestación, salvo en casos muy justificados. Mi ética no me permite abortar en cualquier momento. A ver quién es la guapa que le dice al ginecólogo o ginecóloga: “me he despistado, se me han acelerado las semanas y estoy de 30 o 32 semanas y quiero abortar”. ¿Qué puede hacer el ginecólogo? Vamos a ver, que en los comienzos del Movimiento, cuando luchábamos a brazo partido para sacar el aborto del Código Penal, no concretáramos más, me parece normal. Fue entonces necesario. Pero ahora las cosas han cambiado y tenemos mucha más experiencia. Es más, la OMS llama aborto hasta las 22 o 24 semanas; al resto ya no lo llama aborto.

En el conflicto entre la objeción de conciencia por parte del personal sanitario y la obligación de prestar este servicio por parte de la administración pública, ¿por dónde habría que inclinarse a tu juicio?

Yo soy partidaria del reconocimiento de la objeción de conciencia. Hay motivos por los que una persona puede sentirse impedida para prestar este servicio. Pero también tiene que haber garantía por parte de las instituciones públicas de que la existencia de personal sanitario objetor no pone en riesgo el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo. Las autoridades sanitarias deben legislar la objeción de conciencia, pero también garantizar el servicio. No se puede perpetuar lo que está pasando actualmente en algunos centros hospitalarios donde es objetor todo el servicio de ginecología y obstetricia. No se puede olvidar que la Constitución que reconoce el derecho a la objeción de conciencia se refiere a un derecho individual, no de un servicio.

¿Cuál es el verdadero problema que yo he investigado a fondo? No es el hecho de que sea objetor o no el personal sanitario de los hospitales públicos. El verdadero problema está en que lo sea el jefe de servicio de ginecología y obstetricia. Los jefes son quienes deciden si en su servicio se puede hacer o no el aborto. En esta situación, no le puedes exigir heroicidades al personal subalterno, que, en verdad, tampoco se siente apoyado por la propia institución. Aún no se les ha borrado de la memoria a los sanitarios la campaña de acoso y desprestigio que la derecha y el Opus Dei desplegaron en Pamplona contra la Dr. Elisa Sesma que, a raíz de la aprobación de la ley, hizo el primer aborto legal en el hospital público Virgen del Camino. La campaña fue tan dura y despiadada que incluso difundió octavillas con la foto de Elisa y la leyenda “Primer asesinato legal en Navarra”. Y ¿qué hicieron las autoridades sanitarias entonces? Absolutamente nada. Ninguna salió en su defensa. Si no hubiera sido por la campaña que hicimos entonces el Movimiento Feminista, la doctora Sesma hubiera dado con sus huesos en la cárcel.

Entonces, “ vente a mi clínica privada”, puesto que hacerlo en un centro público de la Seguridad Social resulta tan difícil…

Es lo que se está haciendo. En tiempos de Felipe González, el Parlamento Europeo mostró su preocupación por la cantidad de ginecólogos de las clínicas privadas procesados por aborto. El presidente González, para resolverlo anunció que se iban a crear seis unidades de reproducción en seis hospitales públicos. En ellas se harían abortos y también fecundación asistida, incluyendo la fecundación in vitro. La intención parecía evidente: atraer a los ginecólogos a la sanidad pública. Pues bien, de las seis propuestas, sólo se creó una, la del Hospital Príncipe de Asturias en Alcalá de Henares. Pero tenemos que añadir que en ese hospital, el anestesista era objetor de conciencia. Por eso en Alcalá de Henares no se hacían más abortos que hasta las 12 semanas. En definitiva, la historia del aborto en nuestro país es una historia de hipocresía. Es cierto que vivimos en sociedades complejas donde la organización de la convivencia y los servicios públicos no son apreciados por todos de la misma manera. Mi ética social me lleva a defender a capa y espada una sanidad pública donde sea posible dar un trato digno a la mujer durante todo el proceso de su embarazo y gestación.

¿Qué es lo que le está faltando a la sanidad pública para poder ofrecer en ginecología y obstetricia un servicio digno, eficaz y seguro?

Para que los abortos puedan hacerse en los Centros hospitalarios y ambulatorios de la sanidad pública tiene que haber, en primer lugar, mucha voluntad política. Ello exigiría introducir cambios sustanciales en los planes de enseñanza de la medicina porque actualmente no se enseña cómo abordar técnicamente el aborto en las facultades de medicina.

Luego, se necesitan recursos. No se puede solucionar ni técnica ni humanamente el aborto sin viabilidad hospitalaria. El aborto no admite listas de espera. Es necesario contar con los ambulatorios que, bien equipados, podrían asumir perfectamente el aborto hasta las 12 semanas.

Finalmente, como en materia sanitaria las transferencias ya están hechas, el color político del cada gobierno autonómico se muestra muy diferente ante este tema. Teniendo esto en cuenta y manteniendo que es un problema que compete fundamentalmente a la sanidad pública, ésta podría llegar a conciertos puntuales con los centros privados, como se está haciendo ya en Andalucía.

La presencia de los y las migrantes ¿está complicando las cosas?

Hay algunos datos que conviene tener en cuenta, por ejemplo, que con la llegada de inmigrantes se ha incrementado el número de abortos; que en la comunidad de Madrid más del 50% de los abortos que se practican son de inmigrantes; que el 25% de los abortos que se han hecho durante el año 2008 en la Comunidad de Madrid los ha financiado la sanidad pública.

A pesar de estos datos, no se puede ignorar que las inmigrantes siguen teniendo muchas dificultades de acceso al sistema sanitario español. Además del frecuente rechazo del médico de atención primaria, la demandante tiene que enfrentarse a una evidente falta de protocolo entre la atención primaria y la llegada al ginecólogo. En honor a la verdad, hay que decir que este problema no representa la misma dificultad para las latinoamericanas y procedentes del Este europeo que para el resto. En unos casos la lengua y en otros la información les ayudan a superar mejor las dificultades.

Un caso muy especial han representado últimamente las mujeres rumanas que han tenido el aborto como método anticonceptivo. Conozco muy bien las dificultades de las trabajadoras sociales del Centro de Especialidades de Carabanchel ante el hecho de tener que enfrentarse ante la repetición del aborto por la misma persona. Gracias al tesón de estas trabajadoras sociales, apoyadas por las funcionarias del servicio de IVE se están consiguiendo algunas cosas. Por ejemplo, acercar a estas mujeres a un plan de control de la natalidad y de planificación familiar. Además, se ha conseguido que el Servicio Madrileño de Salud haya comenzado a financiar inicialmente los abortos con menos recursos, y luego, a través de la intervención del Defensor del Pueblo, de toda mujer emigrante o nativa que decida abortar dentro del marco de la legalidad vigente.

No obstante (y sigo hablando de la praxis en la Comunidad de Madrid), el procedimiento a seguir por una embarazada que quiere interrumpir voluntariamente su embarazo conforme a ley y que sea financiado por la sanidad pública es realmente endiablado. No le puede resultar fácil a una mujer inmigrante que tiene que enfrentarse a tantas dificultades de golpe. Es un protocolo de largo recorrido que complica enormemente el problema. Se precisa un informe psiquiátrico que se debería hacer inicialmente en los Centros de Especialidades del Servicio Madrileño de Salud. Pero como el servicio psiquiátrico de estos centros suele resistirse a hacer informes para abortar, la tarea se traspasa a las clínicas privadas. Se hace luego una ecografía de la gestante. Y con estos informes, el Centro administrativo de la calle Sagasta, 6 autoriza la financiación pública y remite a la mujer a una de las clínicas privadas. El tesón de las trabajadoras sociales y el apoyo de los y las funcionarias de la calle Sagasta han conseguido que todo este proceso sea financiado por la sanidad pública. Pero, ¿cómo puede realizar este recorrido una inmigrante que puede ser, además, trabajadora doméstica? Verdaderamente complicado porque son muchos días y muchos permisos laborales.

A propósito, ¿cómo acabó el conflicto con la clínica Isadora?

No ha acabado, no se ha cerrado aún el sumario. Es increíble, el juez Sierra facilitó que se presentaran como acusación particular todos los grupos antiabortistas, neonazis y demás. Entre ellos, Alternativa Española. Nosotros la rechazamos porque, entre otras razones, iba a tener acceso al sumario, y, con ello, a los nombres de las mujeres que habían abortado en Isadora en aquel tiempo. Recurrimos la autorización por defecto de forma a la Audiencia Provincial. Y, curioso, ante este recurso, el juez dejó en suspenso la autorización. Pero lo curioso es que el juez tendrá que cerrar de alguna manera el sumario llevando el caso hasta la vista oral con estas personaciones o con otras, porque él no ha encontrado nada de qué acusarnos y tampoco el fiscal. Y así estamos.

¿Qué conciencia tienes de las discrepancias que existen dentro de la Iglesia católica sobre este tema?

Estoy muy al tanto y las sigo con interés. No me resulta tan ajeno este ambiente, pues yo hice en San Sebastián el primer Curso de Teología para seglares con participación de Álvarez Bolado, Ricardo Alberdi, Rafael Belda, etcétera. Desde mi actual posición de agnóstica pero de antigua creyente, deseo que los cristianos tiréis para adelante. Hoy más que nunca es necesaria vuestra presencia cristiana frente a esa jerarquía vaticana que lo que está haciendo es llevar por delante lo más hermoso del Evangelio de Cristo. ¡A ver si así posibilitáis que mucha gente recuperemos la fe!