El Comisionado de la Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid

Teresa Aradillas

El Comisionado de la Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid fue creado por acuerdo del pleno municipal de 26 de abril de 2016. Se constituyó como órgano colegiado de asesoramiento y propuestas de actuación municipales en cumplimiento de la “ley 52/2007 de 26 de diciembre por la que se reconocen y amplían los derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura” (conocida como “Ley de Memoria Histórica”).

En la exposición de motivos de la creación del Comisionado se alude como antecedente tanto al hecho de que ya en 2005 la Organización de Naciones Unidas en su Comisión de Derechos Humanos establecía el “deber de recordar” como a la condena al franquismo llevada a cabo por el Consejo de Europa en el año 2006, cuando se denunciaron graves violaciones a los Derechos Humanos cometidos por España entre 1936 y 1975.

Derivado de lo anterior, y conscientes de que la ciudad y los ciudadanos de Madrid sufrieron con especial intensidad la Guerra Civil resistiendo el asedio de las tropas rebelde desde 1936 a 1939, con posteriores exilios y detenciones masivas que hacinaron sus cárceles o fueron seguidas de numerosas ejecuciones, el actual Ayuntamiento de Madrid consideró su deber dedicar una especial atención a aquellos hechos para que las presentes y futuras generaciones conociesen con cierta objetividad su pasado para no repetir lo indeseado y por el contrario honrar las conductas que deben ser valoradas.

Así, el Decreto firmado por la Alcaldesa nombró Presidenta del Comisionado a Francisca Sauquillo y a continuación fue nombrado como Vicepresidente a José Álvarez Junco y como vocales a Teresa Arenillas, Octavio Ruiz Manjón, Andrés Trapiello, Santos Urías y Amelia Valcarcel, siendo asesor Txema Urquijo y secretario el letrado del Ayuntamiento Pedro Manuel Salas.

La filosofía que inspiró desde el inicio la actuación del Comisionado se sustentó en la idea básica de que las medidas que unas autoridades democráticas deben tomar después de un período de Guerra Civil o dictadura son de gran complejidad y que desde luego había que huir de cualquier ánimo de revanchista, que la justicia nos exigía una restitución de la memoria y honor a quienes les son debidos con independencia de quien gobierne.

No queríamos dejarnos llevar solo por la tan reiterada idea de que los pueblos que no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo, pues entendíamos que el recuerdo ayuda, sin duda, a prevenir riesgos futuros pero que en la historia hay más cambios que repeticiones y uno de esos cambios son las transiciones democráticas. En el caso español creíamos que hay razones para apoyar la convicción de que lo ocurrido en 1936 no volverá a suceder.

No pretendimos establecer una versión canónica del pasado que fijase méritos y responsabilidades de cada uno, ni menos aún hacer proyecciones de culpas y méritos remotos sobre grupos sociales del presente.

Tampoco nos guio la idea de hacer justicia en el sentido literal del término, es decir en el de restaurar la situación al estado anterior a que se conculcara el derecho ya que esto raramente es posible y menos aun cuando ha transcurrido tanto tiempo.

Lo único posible ahora es la rehabilitación moral, política y simbólica de las víctimas.

Se trataría sobre todo de resolver los problemas de los ciudadanos españoles presentes mejorando su convivencia y por tanto fortalecer nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestra moral cívica.

Con consideraciones de este tipo trabajamos en debate constructivo y abierto, llegando en general a amplios acuerdos y casi siempre a consensos.

De esta manera nos ocupamos de temas como las distinciones honoríficas otorgadas anteriormente por el Ayuntamiento de Madrid y la necesidad en muchos casos de su retirada; de la nomenclatura de calles con las correspondientes supresiones y nuevos nombramientos; de la retirada de símbolos franquistas aún presentes en lugares públicos; de las placas que deberían honrar a personas, instituciones o episodios significativos en la ciudad de Madrid entre 1936 y 1975. También, siguiendo la definición de Pierre Nora, propusimos algunos “lugares de memoria”, espacios físicos a los que se les puede asociar un hecho histórico y un valor simbólico que permitan recordar o conmemorar un determinado episodio representativo de esa etapa de referencia.

Recomendamos retirar cualquier expresión de homenaje a personas que participaron de manera destacada en la rebelión militar de 1936 o en la política represiva del régimen establecido en 1939, proponiendo nombres alternativos que honraran a mujeres ilustres, instituciones pedagógicas o personas destacadas del mundo de la cultura que contribuyeron a engrandecer nuestro patrimonio intangible en tiempos difíciles, así como a quienes adoptaron posiciones conciliadoras.

Visitamos también lugares y nos reunimos con personas relacionadas con asociaciones de víctimas del franquismo y de la Memoria Histórica, con representantes de los grupos políticos municipales, con entidades y personalidades poseedoras de criterios y vivencias relevantes sobre este período histórico.

Las medidas que propusimos pretenden restaurar y fortalecer la confianza entre los ciudadanos y con unas instituciones que han de encarnar la justicia y reconocer que entre 1936 y 1975 se cometieron actos y se vivieron situaciones de violencia que afectaron a muchos de manera injusta. La democracia debe reconocerlo para merecer así la confianza de todos. Solo entonces se podrán considerar cerradas las heridas y saldadas las responsabilidades.

El Comisionado, acabada su función, editó en diciembre de 2017 y entregó a la Alcaldesa de Madrid un libro-memoria que recoge la labor y propuestas realizadas, propuestas que deberán ser ejecutadas en gran medida y en su caso completadas por el propio Ayuntamiento.