El capital remonta el vuelo y se empobrecen las condiciones de vida de la mayoría

Carlos Pereda y Miguel Ángel de Prada

Una característica estructural del modelo social capitalista es la desigualdad en el reparto de los recursos económicos y en la distribución del poder. Una situación que provoca profundos desequilibrios y da lugar a crisis periódicas que permiten reajustar el modelo. El último período de crisis, iniciado en 2008, formaría parte de la onda larga neoliberal iniciada a mediados de la década de 1970, momento en que se pasó en los países centrales del capitalismo “fordista” de postguerra a las políticas desreguladoras y privatizadoras aplicadas con mayor o menor intensidad en las últimas décadas. La desaceleración de la productividad se salda con el estancamiento o disminución del salario real en casi todos los países [1], en paralelo con un incremento correlativo de la tasa de ganancia del capital.

Se pasa de la etapa dorada del Estado de bienestar, con sus implicaciones de reforma social y democratización política, al neoliberalismo conservador, que se asienta sobre el individualismo consumista, la desregulación laboral y financiera, los recortes sociales y la privatización de los servicios públicos. Estas medidas se habían aplicado en toda su extensión en determinados países periféricos en los años 80-90 del siglo pasado (consenso de Washington, crisis de la deuda externa, planes de ajuste auspiciados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, etc.). En el contexto español, en cambio, su introducción fue más pausada y no lineal, hasta que estalló la crisis actual y los sucesivos gobiernos, al dictado de la troika y de los mercados financieros, han decidido aplicar la receta también en los países centrales. En expresión de Eric Toussaint, estamos ante “la mayor ofensiva realizada desde la segunda guerra mundial a escala europea por el Capital contra el Trabajo”.

El capital sale de la crisis

El valor del capital empresarial se puede medir en términos de renta y de patrimonio. Por una parte, en términos de renta, el capital se apropia de una parte de la producción anual generada por la actividad económica (“excedente bruto de explotación”, en la terminología de la Contabilidad Nacional de España). Por otra, la cotización o valor monetario de las acciones empresariales sube y baja de acuerdo con la lógica de la oferta y la demanda de cada momento.

En 2013, último año con datos oficiales, el capital se apropió del 43,7% del Producto Interior Bruto del país (458.590 millones de euros), correspondiendo el resto al conjunto de la masa salarial (46,7%) y a los impuestos a la producción y las importaciones (9,6%). En los primeros años de crisis (2008-2010) los beneficios se redujeron a un ritmo tres veces mayor (–6,2%) que la masa salarial (–1,9%), pero en los tres años siguientes (2011-2013) los salarios bajaron cuatro veces más (–15,5%) que los beneficios (–4%). De esta manera las políticas económicas de los tres últimos años han provocado que el peso de los beneficios en relación al PIB haya subido 2,5 puntos mientras los salarios han bajado 3,4 (un punto de PIB en 2013 equivale a 10.500 millones de euros).

En segundo lugar, el valor monetario de las acciones empresariales –tanto las cotizadas en Bolsa como las no cotizadas, registradas por el Banco de España– creció de manera extraordinaria entre 1994 y 2007, pasando de 0,4 a 2,7 billones de euros, a precios constantes, lo que multiplicó por siete su precio de mercado (ritmo interanual medio del 16%). Al llegar la crisis, las acciones perdieron el 18,6% de su valor entre 2008 y 2014 (497.000 millones de euros), aunque las mayores pérdidas se concentraron sólo en el primer año del ciclo (2008) con una bajada de las cotizaciones del 27%. Entre 2009 y 2012 el descenso interanual medio fue del 3% para volver a revalorizarse un 18% en el bienio 2013-2014. La revalorización de estos dos últimos años equivale a 331.000 millones de euros lo que, unido al auge de los beneficios empresariales antes aludido, permite atraer de nuevo capital extranjero a nuestro país en busca de rentabilidad. Para la minoría social detentadora del capital que opera en España, resulta incuestionable que se ha salido de la crisis.

Empeoran las condiciones de vida de la mayoría

En contraste con la revalorización del capital, el salario medio de la población trabajadora quedó casi congelado entre 1994 y 2007 (aumento del 1,9% en euros constantes) y se ha reducido un 10% entre 2008 y 2013. No obstante, el conjunto de la masa salarial hasta 2007 creció el 81% debido al extraordinario incremento de la ocupación (de 12 a 20 millones, según la EPA entre 1994 y 2007), para reducirse después en un 22% entre 2007 y 2013 como consecuencia de la destrucción de empleo. De este modo, la participación de los salarios en la renta nacional, que había descendido continuamente durante el último ciclo de crecimiento, ha vuelto a caer con la adopción de políticas “de ajuste” desde 2010. En suma, se está perpetuando una tendencia estructural a la redistribución regresiva de la renta.

Según Eurostat, España es, después de Letonia, el país con mayor desigualdad en el reparto de la renta, situación que se ha agudizado en los últimos años en coincidencia con las últimas reformas laborales y la política de recortes sociales iniciada por el gobierno del PSOE en la primavera de 2010 y profundizada en los años siguientes por el Partido Popular.

La desigualdad en el reparto de la renta remite a un modelo social cada vez más jerarquizado en el que la rentabilidad de las grandes empresas tiene como correlato el estancamiento o disminución de los salarios y la pérdida de derechos sociales. Frente a la opinión mayoritaria de que “la distribución de los ingresos en España es injusta” (siempre por encima del 80% en las encuestas del CIS), la política económica adoptada por los sucesivos gobiernos ha favorecido el incremento de dicha desigualdad a favor de la banca y de las grandes empresas y en contra de la mayoría de la población.

El efecto más grave de la crisis ha sido la destrucción de 3,6 millones de empleos entre 2008 (primer trimestre) y 2014 (primer trimestre), llevando la tasa de paro al record histórico del 26% de la población activa. Se trata del problema social más sentido por la población española según los barómetros mensuales del CIS, que sitúan a España junto a Grecia como farolillos rojos de la Europa comunitaria en esta materia. En el último año (del 2º trimestre de 2014 al 1º de 2015) se han creado 504.000 empleos, una cifra sin duda importante peo que sólo representa el 13,7% de los empleos perdidos en los seis años anteriores.

Tanto la creación de empleo antes de la crisis como su destrucción posterior han tenido lugar con una intensidad mucho mayor que en el resto de la Unión Europea: en 2005 y 2006 la tasa española de desempleo llegó a situarse en la media comunitaria, para pasar a ser más del doble en la actualidad (Gráfico 1). Ello se debe principalmente a la elevada tasa de temporalidad y a la precariedad de los puestos de trabajo en sectores muy sensibles al ciclo económico (construcción, comercio, servicios no cualificados, etc.), donde se aplicó un modelo de explotación extensiva de la mano de obra que afectó en mayor medida a la juventud y al colectivo inmigrante.

Las políticas antisociales adoptadas para abordar la crisis han generado graves problemas para un amplio sector de la clase trabajadora, muy especialmente para quienes se encuentran en paro, sobre todo si no reciben ninguna prestación de desempleo (3,2 millones de personas) o cuando todos los miembros de su grupo de convivencia se encuentran sin trabajo (uno de cada diez hogares). A partir de 2010 la renta disponible de los hogares cae a ritmo creciente y el reparto de esa renta escasa es cada vez más desigual, lo que provoca un aumento de las tasas absoluta y relativa de pobreza. Las subidas del IVA, de la luz o del transporte, junto a la congelación de las pensiones, contribuyen por su parte a reducir el nivel de vida de la mayoría de la población.

El INE ha publicado en junio de 2015 la última Encuesta anual de Condiciones de Vida, con un módulo de Carencia Material, sólo aplicado en 2009 y 2014. Esta fuente confirma con toda claridad el deterioro de las condiciones de vida, en especial de los segmentos más frágiles:

    • La renta anual media por persona ha perdido el 16% de poder adquisitivo entre 2008 y 2013, al pasar de 12.400 a 10.400 euros (en valores constantes, con base en 2013) [2]. En el caso de las personas en paro, la reducción de poder adquisitivo de sus hogares ha sido del 26,3%, y en el caso de extranjeros no comunitarios del 22,1%.
    • La tasa de riesgo de pobreza (renta inferior al 60% de la mediana de ingresos de los hogares), que mide la desigualdad relativa de los ingresos, se ha situado en torno al 20,5% entre 2008 y 2012, subiendo de repente 1,8 puntos en 2013 (22,2%). Esto supone que en un solo año 821.000 personas han cruzado la línea roja del riesgo de pobreza, sumándose a los 9,6 millones de años anteriores. Entre los colectivos más afectados están de nuevo las personas en paro (45,1% en riesgo de pobreza en 2013, 5,2 puntos más que el año anterior) y las personas extranjeras no comunitarias (55,4% y 7,6 puntos más, respectivamente).
    • El descenso de ingresos provoca que cada vez sean más los hogares que llegan con dificultad a fin de mes. En 2007, al final del ciclo de crecimiento, se encontraban en esa situación 12,7 millones de personas (28% de la población); en 2014, son 18,4 millones (39,1%), es decir, casi seis millones más. El agobio por no llegar a fin de mes es mucho mayor en el 10% de hogares más pobres (decil con renta anual más baja): tres cuartas partes llegan a fin de mes con dificultad (23,2%) o mucha dificultad (49,4%). Por su parte, el 60% de los hogares de las personas en paro llega con dificultad en 2014 a fin de mes (en 2007 el 47%), mientras padece esa situación también el 60% de la población extranjera no comunitaria (en 2007 el 44,6%)

 

    Entre las carencias materiales recogidas por la Encuesta del INE, destacan las que tienen que ver con la vivienda, la alimentación, el uso de la calefacción y la capacidad para afrontar gastos imprevistos. En todos estos casos se observa un empeoramiento general, que se ha acelerado en los últimos años y afecta con mayor intensidad a los colectivos más frágiles:

    • Los retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, agua, comunidad…) han pasado del 6,6% en 2007 al 11,7% en 2014. En los hogares de personas en paro, los retrasos en 2014 afectan al 23,9% y en el colectivo de extranjeros no comunitarios al 29,2% (en 2007 la tasa era del 13,9 y 16,5%, respectivamente). Pero el colectivo con mayores carencias en este punto es el decil de hogares más pobres que en más de un tercio de los casos no puede afrontar dichos pagos (35% en 2014, 26% en 2008).
    • Subalimentación: 1.555.000 personas (3,3% de la población) no podían permitirse en 2014 una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días. En 2009 este colectivo no llegaba al millón (2,1%), lo que supone que se ha incrementado en torno al 50% en sólo cinco años. La insuficiencia alimentaria afecta en mayor proporción a los colectivos frágiles recogidos por el INE (8% entre los extranjeros no comunitarios; 7,5% los parados; 7,1% los hogares monoparentales con hijos dependientes) y, sobre todo, a los hogares más pobres, situados en los deciles bajos de renta. En 2014 se encontraría subalimentado el 13,2% del decil con menos ingresos y el 7% del segundo decil de ingresos; hace cinco años, esas tasas eran del 7,1 y 3,9%, respectivamente. Teniendo en cuenta que un decil representa a la décima parte de la población, podemos aplicar las anteriores tasas a las cifras de población de 2009 y 2014 para saber con más precisión el aumento de personas que se encuentran subalimentadas en los dos deciles con menos ingresos: en 2009 eran 515.000 y habrían pasado a 952.000 en 2014. O sea, entre la población más pobre del conjunto de España la incidencia del hambre habría experimentado un crecimiento del 85%.
    • Algo más de la décima parte de las personas (11,1% en 2014) no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada, es decir, padece “pobreza energética”. Este problema afectaba cinco años antes al 7,2%, lo que supone un incremento del 54%. En los hogares más pobres (decil con menos renta), la prevalencia de pobreza energética entre 2009 y 2014 ha pasado del 20 al 27%, y del 11 al 21% en el segundo decil. Por su parte, los hogares de las personas en paro que no ponen la calefacción han pasado del 13 al 21% y en los que viven extranjeros no comunitarios del 19 al 26%.
    • Casi la mitad de la población residente en España reconoce no poder afrontar gastos imprevistos, una carencia que en 2007 afectaba al 31%, en 2009 al 37% y en 2014 al 42,6%. Como en los casos anteriores, los grupos más frágiles padecen esta limitación con mucha más frecuencia, llegando al 81% en el decil de hogares más pobres y al 75% en el segundo decil, al 72% entre los extranjeros no comunitarios, al 68% en los hogares donde hay parados y al 63% en las familias monoparentales con hijos dependientes. En todos estos casos se ha producido un importante bajón del nivel de consumo con respecto al inicio de la crisis, en 2008, cuando tales tasas eran del 68, 62, 60, 50 y 47% respectivamente.

 

    El Módulo de Carencia Material, aplicado en 2009 y 2014, recoge información sobre algunas privaciones cotidianas, en las que también se observa un significativo descenso del nivel de vida en los últimos años:

 

  • La proporción de hogares con niños en los que éstos no pueden disponer de ropa nueva ha crecido del 3,8% en 2009 hasta el 6,5% en 2014, llegando al 17,4% en los hogares pobres (deciles 1º y 2º de ingresos) y al 19% en los de extranjeros no comunitarios. En la misma línea, los hogares en los que viven los niños que no pueden celebrar su fiesta de cumpleaños con los amigos por falta de recursos ha pasado del 6,5% al 10,4% (27% en los hogares pobres, 35% en los de extranjeros no comunitarios).
  • La proporción de personas adultas que no pueden permitirse reunirse con amigos o familia para comer o tomar algo al menos una vez al mes ha pasado del 6,6 en 2009 al 11,8% en 2014. Una tasa que sube del 15 al 30% en los hogares más pobres, del 14 al 26% entre los parados y del 18 al 28% entre los extranjeros no comunitarios.

La política de recortes incrementa el malestar social

Los impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social son la base de las políticas sociales públicas que constituyen el salario indirecto de los hogares. Tales políticas constituyen el principal mecanismo de redistribución social y suponen para los hogares una importantísima vía de ingresos, sea en prestaciones dinerarias (como las pensiones o las prestaciones de desempleo) o no dinerarias (como la sanidad o la educación públicas. Desde una perspectiva histórica el gasto social experimentó un importante crecimiento en los 25 primeros años de régimen democrático (1975-1990), al pasar del 16 al 23% del PIB, para estabilizarse después entre el 25 y el 30% en función del ciclo económico. No obstante, el gasto social de España en relación al PIB ha sido siempre inferior a la media de la Unión Europea, incluso después de la ampliación a 28 países.

La evolución en euros constantes del gasto público por persona creció a un ritmo interanual del 3,4% entre los años 2000 y 2007, pasando al llegar la crisis por dos fases: crecimiento interanual del 6% en 2008-2009 y bajada en picado en el trienio siguiente (-0,6% en 2010, -3,4% en 2011 y -5,5% en 2012) a raíz del cambio de rumbo introducido por el gobierno del PSOE en junio de 2010.

La tesis oficial de los últimos gobiernos ha sido que las políticas sociales están sobredimensionadas en relación a la capacidad económica de la hacienda pública y que, por tanto, es imprescindible introducir recortes en las prestaciones y servicios, así como procesos de privatización que impliquen una reducción del gasto. Entre otras medidas, ha quedado sin efecto el Pacto de Toledo sobre Pensiones, se aplican drásticos recortes en sanidad, educación y servicios sociales, se da marcha atrás a la ley de dependencia, se bajan los salarios del funcionariado, se privatizan servicios públicos, incluso aquellos que son rentables como la canalización y distribución del agua, etc. Por otra parte, se amplían los impuestos indirectos que afectan a toda la población y se llevan a cabo sucesivas reformas laborales que frenan la negociación colectiva y favorecen los despidos con baja indemnización, a la vez que se proporciona dinero público y avales del Estado para salvar a la banca. En definitiva, se despliega sin restricciones el modelo social de capitalismo neoliberal y la crisis se aprovecha para profundizar en esta estrategia.

En este contexto crece el malestar social que se manifiesta en el rechazo de la clase política (considerada el tercer problema del país en los sondeos mensuales del CIS, por detrás del paro y los problemas económicos) y en las movilizaciones de amplios sectores de la sociedad (mareas de los diversos colores, cumbre social, dos huelgas generales, diversos frentes críticos), que reclaman otros escenarios para salir de la crisis. Entre otras medidas, se plantea la necesidad de orientar los recortes hacia el gasto militar (uno de los que generan más deuda por las inversiones en armamento e I+D) e incrementar los ingresos públicos, recuperando o ampliando impuestos derogados (de sociedades, a las grandes riquezas, de sucesiones), evitando el fraude y los paraísos fiscales, e introduciendo nuevos impuestos (al turismo, ecológico), etc.

Surgen también movimientos de base como el 15M o partidos y plataformas electorales que plantean un cambio de paradigma en la economía y en el ejercicio de la política, y reclaman una participación directa de las poblaciones en los asuntos que les conciernen, a la vez que se reabre un debate instituyente que parecía cerrado en torno a las causas estructurales que impiden el desarrollo de una democracia real y una economía socialmente justa, en armonía con la naturaleza y solidaria en el plano internacional.

[1] Colectivo Ioé forma parte del grupo cooperativo Tangente y es autor del Barómetro Social de España.

[2] OIT (2012): Informe Mundial sobre Salarios 2012-2013. Ginebra; y OCDE (2012): “Partage de la valeur ajoutée entre travail et capital: Comment expliquer la diminution de la part du travail?. En Perspectives de l’emploi (Chapitre 3).

[3] La publicación de la ECV por parte del INE recoge la evolución en euros corrientes de cada año, lo que altera la evolución real del poder de compra pues no tiene en cuenta la inflación. En euros corrientes el descenso de la renta por persona sería exactamente la mitad (-8,1%) que si se tiene en cuenta la inflación (-15,9%).