EL ABORTO

Varios Autores

Éxodo 98 (marz.-abr’09)
– Autor: Varios Autores –
 
No por mayor ruido, la multiforme crisis que nos golpea en esta primera década del milenio anula otros problemas graves que viene arrastrando la sociedad española desde la segunda mitad del pasado siglo. Uno de ellos es el aborto o interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

Según datos del Ministerio de Sanidad, las cifras se han incrementado en los últimos diez años: de 53.847 abortos en 1998 se ha pasado a 112.138 en 2006; en el primer año, la cifra supuso una tasa de 6 por cada mil mujeres, y en el último la tasa fue de 11,4.

La actual legislación, que data de 1985, se está mostrando insuficiente. Parcialmente despenalizadora y bajo control judicial, es una ley que deja fuera de norma reguladora los embarazos que suponen grave riesgo para la integridad física o psíquica de la madre o del feto y los que son consecuencia de violación. Comparada con las legislaciones europeas que se han ido adaptando a las recomendaciones de organismos internacionales como la ONU, la OMS o el Consejo de Europa, la legislación española, además de dejar sin protección jurídica a las mujeres y a los profesionales de la medicina, está encubriendo prácticas alegales. Su indefinición del aborto terapéutico y del eugenésico está siendo el paraguas que ampara una práctica cada día más laxa. Por otra parte, la ausencia de una política sanitaria coherente está llevando a la sanidad pública a la hipocresía de empujar a realizar fuera de nuestras fronteras lo que no se atreve a realizar en la red de hospitales públicos.

Por exigencia social u oportunidad política el Gobierno ha iniciado el proceso de reforma de la ley, encomendando su estudio a una Comisión de Expertos que ha aconsejado una fórmula mixta: interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras catorce semanas y, hasta las 22 , en caso de grave riesgo para la salud de la mujer o graves anomalías del feto. También ha puesto en candelero la incongruencia de la apreciación legal sobre los 16 años de la mujer: autónoma para unos casos y dependiente para otros, como hasta ahora ante la IVE.

Los sectores antiabortistas están haciendo gala del fundamentalismo que les caracteriza, llegando hasta exigir la anulación de la misma ley del 1985. Entre estos, la Conferencia Episcopal Española, amparándose en una supuesta ley natural, ha recrudecido su postura más política que evangélicamente compasiva y respetuosa con la autonomía del saber científico. Los movimientos cristianos de base críticos no se sienten representados en esta postura de la jerarquía eclesiástica.

Desde Éxodo apostamos por un tratamiento de la IVE que asuma al menos algunos criterios como los siguientes: el papel predominante de las mujeres; la distinción de planos jurídico y ético, científico y religioso; y abrir un amplio espacio de debate social sobre esta materia en toda la ciudadanía.