¿DÓNDE ESTAMOS? DESDE KYOTO A COPENHAGUE Y DESPUÉS

Tom Kucharz

Éxodo 103 (marz.-abr.’10)
– Autor: Tom Kucharz –
Emergéncia climática después del fracaso de la Cumbre de Copenhague
 
Según la agenda de las cumbres internacionales, nosotros, en los países del Sur, tenemos que adaptarnos al Cambio Climático. Y yo me pregunto: ¿por qué no se adaptan ustedes a consumir menos?” (Conversación entre un líder sindical de Bolivia y un eurodiputado).

“Kyoto ha sido un factor positivo para Europa, que nos ha enseñado el camino para ser menos dependientes de los combustibles fósiles que importamos, que nos ha hecho ser más eficaces y eficientes en el uso de la energía y que nos ha llevado a ser líderes en sectores industriales nuevos aún por desarrollar plenamente” (Llorenc Serrano i Giménez, secretario confederal de Medio Ambiente de CCOO).

“Si se concreta en Copenhague una revolución industrial para producir energía con muchas menos emisiones, se pueden hacer fortunas… La escala de la tarea es enorme. Limitar emisiones de CO2 al nivel que los científicos proponen para no superar un calentamiento global de más de 20C significaría construir centrales nucleares, parques eólicos y paneles solares a una escala nunca vista” (Financial Times, 24 de septiembre 2009).

INTRODUCCIÓN

Los hechos están ahí: cada año se producen 315.000 muertos y hay 325 millones de afectados por el Cambio Climático, aumentan el hambre, la escasez de agua, las enfermedades, los desastres meteorológicos, los incendios forestales y las zonas costeras afectadas por tormentas. En 2025 habrá 36 países con 1.400 millones de personas afectados por escasez de agua. Para muchos países, pero principalmente los del Sur Global, los impactos del calentamiento global se han convertido en una cuestión de vida y muerte. Sin embargo, mientras en la década de los noventa las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) crecieron un 1% anual, el ritmo de aumento entre 2000 y 2008 fue del 3,5% por año.

La falta de voluntad política de los Estados con mayor responsabilidad en la emisión de gases de efecto invernadero en lograr un acuerdo ambicioso y vinculante en la Cumbre de Copenhague, en diciembre 2009, así como su criminal actitud de evadir responsabilidades, coloca la lucha contra el Cambio Climático en un punto de inflexión. Pero es importante, en este punto, recordar que la crisis ambiental global no es un asunto nuevo, ni tampoco la ausencia de voluntad política de buscar soluciones reales a los problemas medioambientales. Hace 30 años, después de las medidas fracasadas de “controlar y prevenir”, se inventó el concepto “Desarrollo Sostenible” y siguió aumentando la contaminación. En el periodo desde la firma de la Convención Marco sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (CMNUCC) en la Cumbre de Río en 1992, las políticas medioambientales globales han sido enmarcadas en línea del racionamiento del mercado capitalista y se convirtieron en una de las vías a través de las cuales la revolución neoliberal ha afectado más y más áreas de la vida humana (Charkiewitz 2009).

Sí, el Cambio Climático está en la agenda política internacional, pero si el clima fuese un banco ya hubiera sido rescatado. Cuando se derrumbaron Lehman Brothers y otros bancos, se gestó inmediatamente un “consejo de crisis” para “salvar” al sistema financiero internacional, re-distribuyendo billones de euros de la clase trabajadora al capital privado. En cambio, si analizamos las prioridades del G-20, el sistema climático no parece recibir la misma categoría de “relevancia sistémica” como los bancos que operan internacionalmente. Los responsables políticos del Gobierno español reconocen incluso –confidencial o abiertamente– que la prioridad de cualquier gobierno de la UE tras la crisis económica y financiera de 2008 es “volver” al crecimiento económico y revitalizar el sistema financiero y el comercio internacional.

Desde el punto de vista de la flagrante irresponsabilidad política, los programas gubernamentales en repuesta a la crisis económica global, la relación de fuerzas (generalmente hablando), los tiempos científicos para actuar (hablamos de entre 7 y 10 años) y los procesos acelerados de destrucción medioambiental en la mayoría de los países del mundo, estamos en la peor de las situaciones para frenar el Cambio Climático.

EL PROTOCOLO DE KYOTO

En la ciudad japonesa de Kyoto, en 1997, fueron adoptados por primera vez objetivos obligatorios de reducción de GEI en forma de un tratado de derecho internacional. El Protocolo de Kyoto obligaba a los países industrializados –llamados países del anexo 1– a una reducción del 5,2% en relación a las emisiones de 1990 para el periodo 2005-12. Con la inclusión de “mecanismos flexibles” (Mecanismos de Desarrollo Limpio, Comercio de Carbono, etcétera.) y unos objetivos muy poco ambiciosos, “Kyoto” fue descafeinado y debilitado por la presión de EEUU, país que finalmente no ratificó el texto (aunque retrasó el proceso de ratificación hasta 2005). Con Kyoto se abrió la puerta al “Derecho de contaminar la atmósfera” y a la introducción de mecanismos de mercado en la economía política del Cambio Climático. El Protocolo de Kyoto establece reglas políticas para la gestión económica del fenómeno de la crisis capitalista (Brunnengräber, 2009). Aun así, el protocolo es –hasta la fecha– el único instrumento multilateral vinculante que sirve para recordar a los gobiernos sus obligaciones. Tal vez por ello, EEUU, los países exportadores de petróleo de Oriente Medio y la UE se empeñan tanto en “matar Kyoto” para apartar la “responsabilidad diferenciada” y el carácter obligatorio de cualquier acuerdo internacional.

COPENHAGUE

La 15ª Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, integrada por 193 Estados, tenía dos grandes objetivos. Por una parte, el proceso de negociación de la Acción Cooperativa a Largo Plazo se enfrentaba a que entre todos los países se alcanzase de manera completa, eficaz y sostenida una solución coordinada para más allá de 2012. Así, respetando el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas entre países, y reconociendo el 4º informe del IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático) como referencia común, debía desarrollarse un acuerdo técnico y político que englobase los cuatro bloques acordados en la COP13 de Bali: mitigación, adaptación, transferencia de tecnología y financiación. Paralelamente, transcurría el proceso de negociación del Protocolo de Kyoto, donde se debían acordar las nuevas obligaciones legalmente vinculantes para que todos los países enriquecidos, recogidos en el Anexo I del Protocolo de Kyoto, recortasen sus emisiones, más allá de los compromisos existentes para 2012 –según marca este protocolo–, lo que supondría un segundo período de cumplimiento de Kyoto (Cotarelo, 2010).

“En una conferencia diseñada para limitar la emisión de GEI muy poco se ha hablado en realidad sobre reducción”, concluye la red internacional “Justicia Climática, Ahora” en su comunicado final. “Los países enriquecidos continúan retrasando la puesta en marcha de reducciones drásticas, mientras desvían la carga de la responsabilidad a los países emergentes y no pagan tampoco las reparaciones por los daños causados al mundo”. La cumbre de Copenhague ha sido conducida por los intereses propios de cada país y por las “soluciones” comerciales que han mostrado ser inútiles e incluso causantes de enormes impactos socio – ambientales, como es el caso de los agrocombustibles a escala industrial y la compra y venta de derechos de emisiones en el mercado de carbono.

De acuerdo con Pablo Cotarelo, de Ecologistas en Acción, “si se hace lo que establece la ciencia según la senda marcada por la CMNUCC, las condiciones socioeconómicas mundiales dan un vuelco. El nivel de reducciones que plantea el IPCC para los países industrializados y las necesidades de financiación de éstos a los países empobrecidos siguiendo los plazos que refleja su 4º Informe, supone la pérdida de privilegios para las empresas más influyentes del mundo, cuya nacionalidad pesa, y mucho, en las decisiones de sus países de origen. Consecuencia: cuando el proceso de negociación se acerca a los momentos decisivos, los países hegemónicos pueden cambiar las reglas”.

El fracaso de Copenhague significa un punto de inflexión en la forma de entender el proceso internacional para afrontar el reto del cambio climático. Domina claramente la lógica geopolítica en la toma de decisiones, en lugar del espíritu democrático que sería el adecuado para un proceso internacional de negociación sobre bases científicas.

EEUU, en una actitud arrogante, egocéntrica y prepotente, se ha burlado del mundo, y sobre todo de los países más vulnerables, evadiendo su responsabilidad y diciendo –palabras más, palabras menos– que “todo el mundo tiene que asumir su parte”. Y, lo que es igualmente grave, el Gobierno de Obama ha dinamitado el sistema de Naciones Unidas. En la COP15 se ha instaurado el modo de negociación en pequeños grupos de países selectos, como es habitual en la Organización Mundial de Comercio, donde se toman las decisiones importantes y luego se llevan al plenario. Especialmente en los últimos días de la cumbre de Copenhague, EEUU reunió un grupo reducido de países pretendiendo sacar adelante un texto sin cifras de reducción de emisiones para los países industrializados, ni siquiera un objetivo global de reducción de las mismas y con términos demasiado vagos como para ser considerado seriamente. Sin embargo, una vez que alcanzaron la redacción conjunta del texto, lo presentaron como el “Acuerdo de Copenhague”, cuando todavía no había sido llevado al plenario para que se aprobara por el resto de los países. En consecuencia, los países del ALBA –liderados por Bolivia–, Sudán y Tuvalu, rechazaron el texto, porque no incluye una cifra de reducción de emisiones para los países desarrollados, algo fundamental para frenar el Cambio Climático. Otro punto de conflicto es el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global en 20C, que el “acuerdo” recoge como objetivo para estabilizar el clima, mientras más de 100 países habían dicho que ellos necesitan un objetivo de 1,5oC para evitar los peores escenarios en África, los pequeños estados insulares y las regiones cercanas a montañas con glaciares.

Juan Buades, del Grupo de Investigación en Sostenibilidad y Territorio (GIST), piensa que “el verdadero problema es que la declaración que salió de la Conferencia deja prácticamente inalterado el contenido y las medidas adoptadas en el Protocolo de Kyoto, como por ejemplo que el cambio climático tiene que atacarse a través de mecanismos neoliberales como el ‘Mercado de Carbono’ o la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD). De manera muy concreta, este fracaso implica que hay regiones del planeta donde el aumento de la temperatura promedio superior a 1,5 grados centígrados hará desaparecer a varios Estados insulares en el 2050. Es por eso que todos los países de África, una parte de Asia y América Latina pretenden que haya una reducción sustancial de las emisiones de GEI antes de 2020, porque las consecuencias van a ser desastrosas y los costos altísimos”.

La posición de la UE ha sido irresponsable e hipócrita al apoyar el llamado “Acuerdo de Copenhague”, que ni es legalmente obligatorio ni tampoco resuelve la necesidad de financiación de las medidas para la supervivencia en los países más afectados por el calentamiento global. Además, la presidencia danesa de la COP15 ha violado permanentemente los principios de Naciones Unidas. Desde el primer día que presentó un borrador que nadie sabía dónde había salido, apostó por reuniones secretas y cerradas, un proceso no transparente, lo que generó desconfianza entre los países. Asimismo excluyó la mayoría de la sociedad civil acreditada de las negociaciones en la segunda semana de la cumbre. Se denunció que los observadores de las ONG “han sido reprimidos duramente cuando únicamente cumplían con su cometido y compromiso social”.

El documento final habla de un “compromiso de los países desarrollados para proveer recursos nuevos y adicionales”, sobre todo en relación a evitar emisiones de la deforestación y degradación de bosques (REDDplus), con la idea de convertir los últimos ecosistemas naturales en espacios privatizados para el mercado de carbono, y de inversiones a través de las instituciones internacionales, de un total de 30.000 millones de dolares en el periodo 2010- 12. En 2020 se pretende movilizar incluso 100.000 millones de dolares cada año para los países empobrecidos, provenientes de “una amplia variedad de fuentes, público y privado, bilateral y multilateral, incluyendo fuentes alternativas de finanzas”. Intenciones muy peligrosas que pueden albergar una nueva especulación financiera en los mercados internacionales de comercio de carbono y la generación de nuevas deudas ilegítimas para los países del Sur.

En definitiva, el fracaso de la COP-15 nos ha situado ante un escenario político nuevo. Ha fracasado definitivamente el “multilateralismo” basado en la dominación de las grandes potencias geopolíticas como Estados Unidos y la Unión Europea, y crece el número de países que ya no se dejan chantajear por un G-7 o G-20. El carácter multilateral de la Convención Marco y la participación igualitaria de todos los países del mundo, independientemente de su poder, tamaño o capacidad de influencia, se encuentra en peligro. Y se ha evidenciado que la lucha contra el cambio climático sólo es viable a partir de un cambio del sistema económico y debe articularse liderado por los movimientos populares y los afectados. En consecuencia, resulta esencial desarrollar enfoques alternativos a las políticas climáticas hasta ahora dominantes, sobre todo en el seno de la “sociedad civil”. Pero se plantea la pregunta: ¿los movimientos sociales somos capaces de conseguir un acuerdo internacional, vinculante, justo y urgente sin la Convención Marco de Naciones Unidas?

REPARAR LA DEUDA CLIMÁTICA

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