Derecho a la alimentación

José Ramón González Parada

La emergencia alimentaria, que afecta en el conjunto del Estado Español a dos millones de personas (año 2014), no tenía ni presencia ni visibilidad en las intensas movilizaciones populares contra la crisis. Para poner en la agenda política y reclamar el derecho a la alimentación surge la Carta contra el Hambre, plataforma que agrupa a más de 40 organizaciones sociales, exigiendo a las administraciones públicas que garanticen a la población su derecho a disfrutar de una alimentación adecuada, e insistiendo en que “la solidaridad ciudadana no debe servir de excusa para no abordar el problema de fondo y, mucho menos, para acostumbrar a la administración a la privatización de la ayuda”. Pero todavía quedaba un largo camino por recorrer: llevar a la práctica, materializar los compromisos.

Sin embargo, no resultó fácil llegar a un propósito común sobre cómo abordar el problema, pues nos encontrábamos con una fundada crítica: que centrarse en eso es una operación reduccionista, ya que nos quedamos en las ramas y no abordamos el meollo de la cuestión. La respuesta frente a esta crítica es que partimos de una realidad concreta formulando nuevas posibilidades para la acción que contribuyan a cambiar la situación, no para hacerla más funcional al sistema, sino para darle la vuelta. Se analiza y conoce el impacto de la desnutrición en la población, sus efectos sociales y económicos. Se identifica bien la naturaleza política del problema del hambre. Pero no se acaba de hacer un diagnóstico sobre el impacto social y político de las respuestas a la emergencia alimentaria que atraviesa el país. No existe contradicción entre reclamar la renta básica u otras medidas semejantes, con la intervención en la adquisición de alimentos y con la organización del acceso a los mismos por parte de la población que hoy hace cola en centros religiosos y de las ONGs. Desde la perspectiva de un servicio social más, no es asistencialismo pretender que la emergencia alimentaria sea tratada desde políticas públicas, pretender mejorar en cantidad y calidad la dieta de los que ahora dependen del reparto de alimentos.

Tras un año de reuniones y preparativos –en el que más de una vez surgió la duda de que lo que hacíamos era pura teoría ajena a las necesidades de la gente– cristalizan en un resultado bien concreto, la Primera Conferencia contra el Hambre y el Pacto contra el Hambre. La Conferencia, celebrada el día 10 de Abril de 2015 en la sede de la Unión Europea de Madrid, que cedió sus locales a la Carta contra el Hambre, reunió a representantes de Caritas, Banco de Alimentos, Cruz Roja, Mensajeros de la Paz, e iniciativas populares como las Despensas Solidarias, Pan para Todos o el Banco Popular de Alimentos de Tetuán, en un salón atiborrado de público, en el que se dio espacio para testimonios de familias receptoras de alimentos. El impacto político de la Conferencia será casi inmediato, y se concretó en la firma del Pacto contra el Hambre –coincidiendo con la campaña a las elecciones municipales y autonómicas de mayo del 2015– firmado por los principales partidos madrileños, a excepción del PP.

Desde altos cargos del PP de Madrid se venía negando sistemáticamente el problema alimentario, en ocasiones hasta con expresiones despectivas hacia los padres de los niños desnutridos. Era por tanto necesario combatir el negacionismo, reclamando por el contrario que los poderes públicos están obligados según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a “Cumplir el derecho a la alimentación de forma directa cuando existan individuos o grupos incapaces, por razones que escapen a su control, de disfrutar el derecho a la alimentación adecuada por los medios a su alcance”, poniendo desde la Administración los medios necesarios para identificar la situación real, base imprescindible para el diseño de las medidas necesarias, atendiendo a la necesidad de seguir aportando alimentos a la población afectada.

EL ACCESO A LOS ALIMENTOS EN LA POLÍTICA MUNICIPAL

Concretamos esta idea en la promoción de una Iniciativa Legislativa Municipal, (prevista en la Ley 6/1986, de 25 de junio, de la Comunidad de Madrid) cuya finalidad es regular la responsabilidad de los Ayuntamientos y la Comunidad en la provisión de un servicio social para paliar la insolvencia alimentaria que sufren muchas familias (dentro del conjunto de necesidades que se derivan de la situación de creciente pobreza). En el momento de redactar este artículo apoyan la iniciativa los ayuntamientos de Leganés, Fuenlabrada, Collado Villalba y Velilla de San Antonio, estando a la espera de otros ayuntamientos que lo llevarán al Pleno Municipal, entre ellos el Ayuntamiento de Madrid.

Con el Ayuntamiento de Madrid preparamos también la II Conferencia contra el Hambre, para aunar criterios y mejorar la intervención municipal en pro del derecho a la alimentación. Y seguimos trabajando en iniciativas que sirvan para mejorar el sistema de reparto de alimentos, una de las cuales es el proyecto de Centro Municipal de Cultura Alimentaria, una idea que parte de considerar que los centros de distribución de alimentos deberán a su vez ser nodos de organización social y potenciadores de conciencia crítica. El reparto de alimentos es también un laboratorio que busca una transformación de la vida social. Pasar de un espacio físico en el que se distribuyen alimentos a un espacio social, donde el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria sea el instrumental con el que operen unos y otros, que ya no son beneficiarios y benefactores, sino actores unidos por una misma necesidad de cambiar el estado de cosas.

Un espacio no exclusivo de los receptores de alimentos, sino también abierto a los vecinos que quieran, donde acceder gratuitamente a alimentos no es ningún estigma, y donde como en cualquier mostrador de nuestro pequeño comercio comparten charla y adquisición de alimentos el que paga con dinero y el que paga con un bono. Pero a la vez un centro de organización social y proveedor de otros servicios, una escuela de aprendizaje colectiva, y una experiencia de cogestión popular/municipal. Y, por último, una actividad económica que no compite con el comercio de proximidad, sino que lo refuerza. Este centro no quitará clientes al comercio local, como ocurre cuando se instala una gran superficie, sino que le aporta un cliente más, en la medida en que ciertos productos pueden ser ofrecidos por los pequeños comerciantes que se ubican en los mercados tradicionales.

EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

Si partimos del derecho a la alimentación como una columna básica de la justicia social, facilitar el acceso a los alimentos de la gente empobrecida –bien sea de forma directa, bien mediante algún mecanismo compensatorio– deja de ser una tarea privada relegada a la solidaridad de los particulares, y pasa a formar parte de las políticas públicas que combaten la exclusión social. Y cuando esto existe –políticas públicas contra la exclusión– entonces abordar el problema del acceso a los alimentos, junto con los itinerarios a medio plazo, se impone también como tarea urgente en los servicios sociales municipales; pues efectivamente al defender el derecho a la alimentación defendemos también un municipalismo activo y participativo. Una política social que debe atender a preservar la dignidad de los afectados, incorporándolos como sujetos activos que tienen algo que decir sobre su situación y sobre las acciones que se toman a cabo.

La asistencia alimentaria –mientras no sea resuelta definitivamente como una política pública– seguirá dependiendo de la aportación de trabajo voluntario de la solidaridad popular, pero esta aportación no debe ser excluyente del objetivo de participación directa de los afectados ni de la defensa del derecho a la alimentación. En la organización del reparto de alimentos está también el germen del cambio social, pero, claro, no como se hace ahora.

La carencia de respuesta desde los servicios públicos se compensa socialmente con la transferencia de responsabilidad voluntaria al sector privado empresarial, que puede hacer donaciones masivas y además contribuir logísticamente en el acopio y reparto. Las organizaciones filantrópicas son intermediarios imprescindibles que acaban ocupando el espacio de lo público, reconstruyendo un modelo de sociedad civil plenamente compatible con la destrucción del estado de bienestar. Esta inversión social vuelve la responsabilidad a los individuos en cuya mano está apoyar a estas instituciones privadas.

La responsabilidad de los individuos debe ser colectiva, reclamando y presionando para que las instituciones públicas actúen, criticando su inhibición, solidarizándose de forma activa con los que sufren la pobreza, pero sin fiar a la acción espontánea –inestable en el tiempo y circunscrita a una acción paliativa muy localizada– la solución de un problema de naturaleza política, y la pobreza lo es, que demanda la mediación institucional.