Correlación entre la igualdad política y la economía

Juan Francisco Martín Seco

La igualdad como derecho adquirió mayoría de edad en la Ilustración, época que representa el tránsito de una sociedad, la del antiguo régimen, estructurada a la sombra de privilegios, a una sociedad enmarcada en el principio de igualdad ante la ley. Todos los ciudadanos, incluyendo los mismos gobernantes, están sometidos por igual a la ley (Estado de derecho, Montesquieu) y todos los ciudadanos tienen por igual la posibilidad de participar en el gobierno de la sociedad (Estado democrático, Rousseau).

No obstante, la Revolución Industrial, las nuevas tecnologías, la división del trabajo, crearon un nuevo orden de producción en el que resultaba imposible llevarla a cabo de manera individual. El trabajo solo se podía prestar en los nuevos centros laborales. La concentración de los medios de producción en pocas manos arrojaba a la indefensión más absoluta a la mayoría de los ciudadanos. Los ideales de la Revolución Francesa –libertad, igualdad y fraternidad– fueron traicionados por el movimiento liberal a medida que fue evolucionando. Es más, el liberalismo económico desvirtuó, hasta anularlos, los principios del liberalismo político. Las inmensas desigualdades económicas transformaban en conceptos vacíos para la mayoría de la población los derechos civiles y políticos. La situación había evolucionado hacia un nuevo despotismo, donde el único cambio era la titularidad del grupo dominante.

Marx supo ver con realismo que la concentración del poder económico implicaba también una concentración, en las mismas manos, del poder político, por lo que las enormes desigualdades económicas se traducían no ya en un debilitamiento, sino en una anulación de la democracia, instaurándose una especie de tiranía del dinero, tan grave como la de la monarquía absoluta.

No es extraño, por tanto, que desde distintos ámbitos se reclamase trascender el Estado liberal burgués con una nueva concepción, el Estado social, que parte de la consideración de que los aspectos económicos condicionan el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Se estima que quizás la mayor esclavitud surge de los lazos económicos, lo que ya contempló Rousseau al propugnar que “ningún ciudadano sea suficientemente opulento como para comprar a otro, ni ninguno tan pobre como para ser obligado a venderse”. Si el Estado quiere ser verdaderamente un Estado de Derecho y democrático, no tiene más remedio que ser también social, renegar del laissez faire e intervenir en el ámbito económico. Primero, para garantizar los derechos sociales y económicos, sin los cuales los derechos políticos y civiles serían para la gran mayoría de los ciudadanos letra muerta. Segundo, para establecer un contrapeso al poder económico, de manera que este no pueda manipular a su antojo el juego democrático, y garantizar así, aunque sea mínimamente, la objetividad del propio Estado.

Nadie ignora la evolución sufrida en los dos últimos siglos por los sistemas políticos y económicos, la historia del movimiento obrero y social, las luchas, la sangre, los sacrificios, que fueron necesarios para modificar aquel capitalismo salvaje. Y todos conocemos cómo los mismos partidos liberales y conservadores fueron asumiendo los presupuestos del Estado social, y el modo en que estos principios fueron informando poco a poco todas las constituciones y el ordenamiento político de los distintos Estados.

Sin embargo, desde hace ya bastantes años (mediados de los setenta) se viene produciendo en el mundo un retroceso en este desarrollo democratizador. El capital ha dado jaque mate a los Estados nacionales, único ámbito en el que, mejor o peor, se habían establecido mecanismos medianamente democráticos, y en el que el poder político había impuesto límites y reglas a las desmedidas ambiciones del poder económico. Al renunciar los Estados a esos mecanismos de control, renuncian al mismo tiempo a su soberanía y a las cotas de democracia alcanzadas por pequeñas que sean. La desregulación de la economía y la eliminación de todo tipo de reglas, de manera que el capital funcione internacionalmente con total libertad, trasladan el verdadero poder más allá de las fronteras nacionales, a esferas carentes de cualquier responsabilidad política y democrática.

La globalización de la economía no es un fenómeno inscrito en la naturaleza de las cosas ni un orden que se haya formado por fuerzas imposibles de controlar; es más bien el resultado de una ideología, la neoliberal, que se ha impuesto a lo largo de estos cuarenta años y que ha arrastrado a los gobiernos a abdicar de sus competencias. Han renunciado a practicar cualquier mecanismo de control de cambios, permitiendo que el capital se mueva libremente y sin ninguna cortapisa; han desistido en apariencia de toda política proteccionista y como consecuencia de ello han relajado los procedimientos de control en todos los mercados.

La implantación progresiva de la libre circulación de capitales y del libre cambio ha generado efectos nocivos en las condiciones de vida de los trabajadores y las clases populares. Se está incrementando sustancialmente la desigualdad. La ideología liberal, unida al chantaje empresarial de la deslocalización, va minando todos los elementos de protección que en los países occidentales habían conseguido los trabajadores. Con el pretexto de ganar competitividad frente a las industrias y productos extranjeros, se imponen reformas laborales para, según dicen, flexibilizar el mercado de trabajo.

Con la expresión “flexibilidad del mercado laboral” no se pretende designar otra cosa más que su desregulación; esto es, eliminar en lo posible la normativa legal que a lo largo de la historia se ha ido acumulando a efectos de proteger a una de las partes intervinientes, aquella que se consideraba más débil, la mano de obra. La doctrina jurídico-política venia aceptando que el mercado de trabajo no puede regirse por los mismos parámetros que cualquier otro mercado, puesto que el objeto de contratación no es una mercancía más, sino el propio trabajador. Por otro lado, se supone que las partes no se encuentran en idéntica situación. El trabajador parte de una posición de inferioridad, ya que la única alternativa posible a la de vender su fuerza de trabajo es, como tantas veces se ha dicho, la de morirse de hambre. De ahí la necesidad de que la sociedad organizada –el Estado– tutele las condiciones laborales y dictamine unos mínimos que prevalezcan incluso sobre la voluntad de las partes, en la creencia de que la decisión de una de ellas no se manifiesta libremente sino forzada por las circunstancias. Pues bien, bajo la excusa de la competitividad, palabra maldita, se intenta eliminar este armazón.

El fenómeno de la deslocalización juega incluso virtualmente porque, aunque no sea tan fácil para las empresas cambiar de ubicación y tengan que tener antes en cuenta muchas variables, la sola posibilidad está actuando sobre los gobiernos, los legisladores, y los trabajadores y sirve de coartada a neoliberales, organizaciones empresariales y demás fuerzas económicas para sus reivindicaciones.

Pero el aumento de la desigualdad en la riqueza y en la renta durante estos últimos cuarenta años tiene también otro origen: los sistemas fiscales se han ido haciendo cada vez más regresivos. El pensamiento económico dominante con la disculpa de la libre circulación de capitales y de la deslocalización ha ido imponiendo desde los tiempos de Reagan y Thatcher rebajas fiscales. Se ha llegado a afirmar que bajar los impuestos es de izquierdas. Pero la reducción de las cargas fiscales nunca es gratuita. Acarrea una contrapartida, la disminución del gasto público y frecuentemente de los gastos sociales, generándose un deterioro de los servicios públicos que, como es lógico, sufren en mucha mayor medida las clases bajas que son sus principales usuarios. Es frecuente que bajo la bandera de la competitividad se reclame la reducción de las cotizaciones sociales para a continuación afirmar que es necesario reformar el sistema público de pensiones para hacerlo viable.

La disminución de tributos que se demanda afecta siempre a los impuestos directos. Se tiende a disminuir su progresividad. Se reduce la tarifa del impuesto sobre la renta. Se elimina el impuesto de patrimonio o el de sucesiones. Se rebaja el impuesto de sociedades. Se crean sistemas de elusión fiscal para las grandes fortunas y se plantea una tributación diferenciada para las rentas de capital en la que haya desaparecido la progresividad y el tipo sea inferior al que grava las otras fuentes de ingresos. El pretexto siempre es el mismo: “el capital viaja a la velocidad de la luz”, indicando que si no se le concede todo tipo de ventajas emigrará a otras latitudes más confortables.

En este tema, al igual que en los salarios y en las condiciones laborales, puede producirse una carrera sin fin. Practicar el dumping fiscal conduce tan solo a que los otros países contesten con medidas similares o incluso de mayor alcance. El proceso no tendrá término hasta que los sistemas tributarios de todos los países queden reducidos a impuestos indirectos y un gravamen sobre las nóminas.

Desde que Reagan y Thatcher sometieron a una profunda reforma los sistemas fiscales de EE.UU. y Gran Bretaña, los demás países con mayor o menor intensidad han ido adoptando medidas en la misma dirección, aquella que conduce a sistemas fiscales regresivos y a incrementar la desigualdad en la distribución de la renta disponible.

Los datos confirman los razonamientos anteriores. En “Economie européenne. Annexe statistique. Printemps 2015”, de la Comisión Europea, se puede ver cómo a partir de mediados de los setenta en casi todos los países la distribución de la renta va evolucionando a favor del capital y en contra del trabajo. Prescindiendo de los ciclos, los costes laborales unitarios en términos reales (CLRU) son constantes o levemente crecientes hasta mediados de los setenta, y empiezan a descender a partir de esa fecha. Los CLRU son tan solo un cociente, cociente entre los salarios reales (SR) y la productividad del trabajo (PT). En tanto que los primeros crecen en igual o mayor cuantía que la segunda, los CLRU permanecen constantes o se incrementan, y la distribución de la renta nacional se mantiene también constante o se modifica a favor del trabajador. En el caso contrario, cuando los SR crecen menos que la PT, los CLRU disminuyen y el reparto de la renta se modifica a favor del capital y del beneficio empresarial.

Será quizás en el proyecto de Unión Europea donde aparece de forma más clara el intento de insurrección del capital de los lazos democráticos. Todos los mecanismos que se han descrito convergen en la llamada Unión Europea, puesto que los mercados, tanto los de mercancías como de capital, son supranacionales mientras los aspectos políticos quedan confinados en los Estados nacionales. A lo largo de todos estos años los distintos tratados han ido configurando un espacio mercantil y financiero único, sin que apenas hayan existido avances en la unidad social, laboral, fiscal y política. Nadie se plantea en serio la unión política ni colocar como objetivo factible la creación de los Estados Unidos de Europa. Si alguna vez se mencionan es tan solo para animar a los ciudadanos, pero conscientes de que constituyen una total utopía.

El Tratado de Maastricht, con todo su desarrollo posterior y la constitución de la Unión Monetaria, ha confirmado el edificio liberal de la Unión Europea y está contribuyendo de manera decisiva al desmantelamiento del Estado social. Buen ejemplo de ello lo conforman los estatutos del Banco Central Europeo, al que se le asigna, a diferencia de otros bancos centrales, como el de la Reserva Federal de EE.UU. una única finalidad, la estabilidad de precios, desentendiéndose del crecimiento y el empleo.

Son muchos los informes que se publican últimamente acerca de la distribución de la renta y de la riqueza, pero en todos ellos, de una o de otra manera, la conclusión es la misma: la desigualdad. Tanto en el ámbito mundial como en el europeo y en el nacional presentan cifras escalofriantes y un tanto obscenas, y evidencian cómo estas diferencias se han incrementado con la globalización y en estos últimos años con la crisis. Hace algunos días, Credit Suisse hizo público su informe sobre la riqueza mundial correspondiente a 2015, del que se desprende que el 1% más rico de la población cuenta con el 50% de la riqueza mundial, es decir, igual porcentaje que el 99% restante; y que el 71% más pobre –3.386 millones de personas– posee solo el 3% de la riqueza del planeta.

Recientemente también la ONG Oxfam Intermón, en un estudio titulado “Europa para la mayoría y no para las élites”, utilizando datos de Eurostat, concluye que la pobreza en Europa ha llegado a límites alarmantes. En la Unión Europea viven 123 millones de personas con riesgo de exclusión social, número que ha aumentado en ocho millones desde que comenzó la crisis, al tiempo que 342 personas disfrutan de un patrimonio superior a 1.000 millones de dólares.

El informe señala cómo el problema de la pobreza y de la desigualdad en Europa no es de escasez sino de reparto, y está causado en buena medida por unas decisiones políticas injustas y nocivas, a las que no son ajenas las élites y las fuerzas económicas y la enorme influencia que estas ejercen sobre los órganos políticos. Esta injerencia no solo tiene efectos sobre la desigualdad, sino también sobre la calidad democrática de las sociedades, pudiéndose hablar incluso de secuestro de la democracia. En este sentido, el informe facilita un dato muy significativo. En 2014, el 82% de los participantes en los grupos de expertos en materia fiscal de la Comisión Europea representaban intereses privados o comerciales. Esto explica por qué en los últimos treinta años los sistemas fiscales de todos los países han evolucionado hacia estructuras más regresivas, primando los impuestos indirectos sobre los directos y reduciendo drásticamente la progresividad de estos últimos, amén de permitir canales de evasión y paraísos fiscales que multiplican el fraude. Cualquier proyecto de armonización en Europa de los impuestos directos ha fracasado al encontrar enfrente a los grandes poderes económicos, muy satisfechos de que los distintos países pugnen entre sí para ver quién reduce más la carga fiscal del capital y de las empresas.

El 16 de octubre, y con motivo del día internacional de la erradicación de la pobreza, Eurostat publicaba un breve informe acerca de la población en riesgo de pobreza y exclusión social en Europa. En esta Unión Europea que presume de desarrollo y de ser ejemplo de economía del bienestar, una de cada cuatro personas vive en riesgo de pobreza, situación que ha empeorado desde 2008, año del comienzo de la crisis, pasando del 23,8% al 24,4% en 2014. Pero, además, detrás de estas cifras se esconde una gran disparidad por países.

En realidad, esta variable no constituye un índice de la pobreza absoluta, sino una medida de la desigualdad económica que sufre cada país, ya que se considera en riesgo de pobreza o exclusión social aquella parte de la población que posee unos ingresos (descontando impuestos directos y añadiendo prestaciones sociales) inferiores al 60% de la media nacional. Concretamente para España, Eurostat fija el límite para 2014 en 16.719 euros para una familia de dos adultos y dos niños, y en 7.961 para un hogar formado por un solo individuo.

De las cifras de Eurostat se desprende que curiosamente en este periodo es en los países que permanecen fuera de la Unión Monetaria donde menos ha aumentado la proporción de personas en el umbral de la pobreza; es más, entre los pocos Estados (seis) donde este porcentaje se ha reducido, los tres en los que lo ha hecho en mayor medida no están en el euro: Polonia, que ha pasado del 30,5 al 24,7%; Bulgaria, del 44,8 al 40,1%, y Rumania, del 44,25 al 40,2%. Esta evolución contrasta con la que presentan los países del Sur de Europa y que han sido sometidos al rescate, o más bien diríamos a la intervención, que es en los que más se ha incrementado el porcentaje de pobreza en el periodo 2008-2014. A la cabeza se sitúa Grecia, que pasa del 28,1 al 36%, seguida de Irlanda (del 23,7 al 29,5%), España (del 24,5 al 29,2%), Chipre (del 23,3 al 27,4%) y Portugal (del 26,0 al 27,5%).

Los datos anteriores confirman algunas cosas que ya sabíamos. Primero, que no entrar en la Unión Monetaria ha resultado beneficioso para algunos países –al menos para sus clases bajas–, y que otros, como España, han hecho un mal negocio adoptando la moneda única. Segundo, que las políticas de austeridad y la llamada depreciación interna, que desde Berlín y Frankfurt se han impuesto a algunas economías, castigan de forma muy desigual a los ciudadanos, por contraposición a la depreciación monetaria que, si bien empobrece a los nacionales frente al resto del mundo, no modifica la distribución de la renta y la riqueza interior.

Este es uno de los grandes problemas que genera una unión monetaria sin integración fiscal: que incrementa las desigualdades, tanto entre los Estados como entre los ciudadanos de cada uno de los países, y este es el futuro que nos espera en adelante mientras permanezca el euro. El anuncio de cualquier reactivación económica suena a falso para los millones de españoles que han visto empeorar gravemente su situación económica y que no vislumbran la posibilidad de un retorno a la situación de partida, sino que más bien intuyen que la amenaza de nuevos ajustes y recortes subsiste dentro de la moneda única.