Escrito por
Éxodo 119
– Autor: Asociación de Teólogos y Teólogas Juan XXIII –
Guatemala se encuentra inmersa en una coyuntura política muy delicada, que podría desencadenar más violaciones a los derechos humanos y perpetuar la impunidad. Esta crisis hunde sus raíces en la falta de voluntad por parte del Estado en dar cumplimiento a los Acuerdos de Paz firmados en 1996. Ningún Gobierno, desde la firma de dichos Acuerdos, ha manifestado la voluntad de abordar las causas que dieron origen al enfrentamiento armado. Por el contrario, se fortalece un modelo económico que concentra la riqueza en pocas manos, dejando a la inmensa mayoría de la población hundida en la pobreza, la exclusión y el racismo, tal como señalan los obispos guatemaltecos en su último comunicado.
Organizaciones de Derechos Humanos han registrado, entre 2012 y lo que llevamos de año, 274 agresiones a defensores de derechos humanos y sociales. Se han incrementado las amenazas, secuestros, allanamientos a sedes de organizaciones sociales, violaciones sexuales, torturas y asesinatos de líderes comunitarios. Entre febrero y abril de 2013 fueron asesinados 8 líderes de organizaciones sociales. Otros están en prisión por su resistencia a las concesiones extractivas y a la explotación irresponsable de los recursos naturales del país. 27 vecinos de San Rafael Las Flores han sido encarcelados por su oposición a la minería. Ha habido asesinatos de campesinos que resisten al alza del coste de la energía eléctrica y de quienes se oponen al proyecto hidroeléctrico en Santa Cruz Badilas (Huehuetenango) y en las Verapaces. Se ha decretado el estado de sitio en varios municipios del oriente del país.
Se criminaliza la lucha social de los campesinos que reivindican tierra, de las organizaciones que ofrecen resistencia a la explotación minera y de las organizaciones sociales, activistas de derechos humanos, ONGs y religiosos que acompañan al pueblo. El gobierno del general Otto Pérez Molina implementa un modelo autoritario que genera violencia y corrupción. Ha hecho caso omiso a la multitud de consultas comunitarias respecto a la explotación minera y ha dado continuidad al terror selectivo. En el marco del juicio que se lleva a cabo contra el ex-presidente de facto, general Efraín Ríos Montt, y del responsable de la temida G-2, coronel Rodríguez, acusados de genocidio, un grupo de militares retirados y de la derecha neoliberal ha publicado en diversos medios una serie de señalamientos e injurias contra miembros de la Iglesia comprometidos con los pobres.
La Junta Directiva de la Asociación de Teólogos y Teólogas Juan XXIII, en nombre de la misma, sensible al dolor y esperanza del pueblo guatemalteco, expresa su preocupación por la situación que vive Guatemala. Condena la escalada de violencia represiva contra activistas de derechos humanos, líderes sociales y personalidades religiosas, el desconocimiento por parte del gobierno guatemalteco de la voluntad soberana del pueblo expresada en todas las consultas comunitarias realizadas a lo largo y ancho del país, en las que rechaza la extracción minera. Asimismo, denuncia la campaña de tergiversación y calumnias, por parte del gobierno, militares y derecha guatemalteca, contra la Iglesia que, siendo fiel a Jesús, está al lado de los pobres y de sus anhelos de justicia y dignidad.
Nos hacemos eco del Comunicado de la Conferencia Episcopal de Guatemala en el que, con motivo del XV aniversario del asesinato del obispo Juan Gerardi, “pastor bueno que entregó su vida al servicio de los pobres y defensor de la dignificación de las víctimas de la violencia”, denuncia la situación de violación a los más elementales derechos humanos, la injusticia del sistema y la entrega de los recursos naturales del país a las empresas multinacionales a espaldas de la población, y llama al pueblo católico y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a trabajar por otra Guatemala distinta, en palabras de monseñor Gerardi.
Nos solidarizamos con los anhelos de justicia y paz del pueblo guatemalteco, con sus luchas en defensa de sus derechos y con los agentes de pastoral que lo acompañan. Exigimos, finalmente, al Gobierno de Otto Pérez Molina respeto a los derechos humanos, garantías y libertades constitucionales de la población guatemalteca y la realización de un diálogo serio y responsable con todos los sectores sociales y populares.
