El capital remonta el vuelo y se empobrecen las condiciones de vida de la mayoría

Carlos Pereda y Miguel Ángel de Prada

Una característica estructural del modelo social capitalista es la desigualdad en el reparto de los recursos económicos y en la distribución del poder. Una situación que provoca profundos desequilibrios y da lugar a crisis periódicas que permiten reajustar el modelo. El último período de crisis, iniciado en 2008, formaría parte de la onda larga neoliberal iniciada a mediados de la década de 1970, momento en que se pasó en los países centrales del capitalismo “fordista” de postguerra a las políticas desreguladoras y privatizadoras aplicadas con mayor o menor intensidad en las últimas décadas. La desaceleración de la productividad se salda con el estancamiento o disminución del salario real en casi todos los países [1], en paralelo con un incremento correlativo de la tasa de ganancia del capital.

Se pasa de la etapa dorada del Estado de bienestar, con sus implicaciones de reforma social y democratización política, al neoliberalismo conservador, que se asienta sobre el individualismo consumista, la desregulación laboral y financiera, los recortes sociales y la privatización de los servicios públicos. Estas medidas se habían aplicado en toda su extensión en determinados países periféricos en los años 80-90 del siglo pasado (consenso de Washington, crisis de la deuda externa, planes de ajuste auspiciados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, etc.). En el contexto español, en cambio, su introducción fue más pausada y no lineal, hasta que estalló la crisis actual y los sucesivos gobiernos, al dictado de la troika y de los mercados financieros, han decidido aplicar la receta también en los países centrales. En expresión de Eric Toussaint, estamos ante “la mayor ofensiva realizada desde la segunda guerra mundial a escala europea por el Capital contra el Trabajo”.

El capital sale de la crisis

El valor del capital empresarial se puede medir en términos de renta y de patrimonio. Por una parte, en términos de renta, el capital se apropia de una parte de la producción anual generada por la actividad económica (“excedente bruto de explotación”, en la terminología de la Contabilidad Nacional de España). Por otra, la cotización o valor monetario de las acciones empresariales sube y baja de acuerdo con la lógica de la oferta y la demanda de cada momento.

En 2013, último año con datos oficiales, el capital se apropió del 43,7% del Producto Interior Bruto del país (458.590 millones de euros), correspondiendo el resto al conjunto de la masa salarial (46,7%) y a los impuestos a la producción y las importaciones (9,6%). En los primeros años de crisis (2008-2010) los beneficios se redujeron a un ritmo tres veces mayor (–6,2%) que la masa salarial (–1,9%), pero en los tres años siguientes (2011-2013) los salarios bajaron cuatro veces más (–15,5%) que los beneficios (–4%). De esta manera las políticas económicas de los tres últimos años han provocado que el peso de los beneficios en relación al PIB haya subido 2,5 puntos mientras los salarios han bajado 3,4 (un punto de PIB en 2013 equivale a 10.500 millones de euros).

En segundo lugar, el valor monetario de las acciones empresariales –tanto las cotizadas en Bolsa como las no cotizadas, registradas por el Banco de España– creció de manera extraordinaria entre 1994 y 2007, pasando de 0,4 a 2,7 billones de euros, a precios constantes, lo que multiplicó por siete su precio de mercado (ritmo interanual medio del 16%). Al llegar la crisis, las acciones perdieron el 18,6% de su valor entre 2008 y 2014 (497.000 millones de euros), aunque las mayores pérdidas se concentraron sólo en el primer año del ciclo (2008) con una bajada de las cotizaciones del 27%. Entre 2009 y 2012 el descenso interanual medio fue del 3% para volver a revalorizarse un 18% en el bienio 2013-2014. La revalorización de estos dos últimos años equivale a 331.000 millones de euros lo que, unido al auge de los beneficios empresariales antes aludido, permite atraer de nuevo capital extranjero a nuestro país en busca de rentabilidad. Para la minoría social detentadora del capital que opera en España, resulta incuestionable que se ha salido de la crisis.

Empeoran las condiciones de vida de la mayoría

En contraste con la revalorización del capital, el salario medio de la población trabajadora quedó casi congelado entre 1994 y 2007 (aumento del 1,9% en euros constantes) y se ha reducido un 10% entre 2008 y 2013. No obstante, el conjunto de la masa salarial hasta 2007 creció el 81% debido al extraordinario incremento de la ocupación (de 12 a 20 millones, según la EPA entre 1994 y 2007), para reducirse después en un 22% entre 2007 y 2013 como consecuencia de la destrucción de empleo. De este modo, la participación de los salarios en la renta nacional, que había descendido continuamente durante el último ciclo de crecimiento, ha vuelto a caer con la adopción de políticas “de ajuste” desde 2010. En suma, se está perpetuando una tendencia estructural a la redistribución regresiva de la renta.

Según Eurostat, España es, después de Letonia, el país con mayor desigualdad en el reparto de la renta, situación que se ha agudizado en los últimos años en coincidencia con las últimas reformas laborales y la política de recortes sociales iniciada por el gobierno del PSOE en la primavera de 2010 y profundizada en los años siguientes por el Partido Popular.

La desigualdad en el reparto de la renta remite a un modelo social cada vez más jerarquizado en el que la rentabilidad de las grandes empresas tiene como correlato el estancamiento o disminución de los salarios y la pérdida de derechos sociales. Frente a la opinión mayoritaria de que “la distribución de los ingresos en España es injusta” (siempre por encima del 80% en las encuestas del CIS), la política económica adoptada por los sucesivos gobiernos ha favorecido el incremento de dicha desigualdad a favor de la banca y de las grandes empresas y en contra de la mayoría de la población.

El efecto más grave de la crisis ha sido la destrucción de 3,6 millones de empleos entre 2008 (primer trimestre) y 2014 (primer trimestre), llevando la tasa de paro al record histórico del 26% de la población activa. Se trata del problema social más sentido por la población española según los barómetros mensuales del CIS, que sitúan a España junto a Grecia como farolillos rojos de la Europa comunitaria en esta materia. En el último año (del 2º trimestre de 2014 al 1º de 2015) se han creado 504.000 empleos, una cifra sin duda importante peo que sólo representa el 13,7% de los empleos perdidos en los seis años anteriores.

Tanto la creación de empleo antes de la crisis como su destrucción posterior han tenido lugar con una intensidad mucho mayor que en el resto de la Unión Europea: en 2005 y 2006 la tasa española de desempleo llegó a situarse en la media comunitaria, para pasar a ser más del doble en la actualidad (Gráfico 1). Ello se debe principalmente a la elevada tasa de temporalidad y a la precariedad de los puestos de trabajo en sectores muy sensibles al ciclo económico (construcción, comercio, servicios no cualificados, etc.), donde se aplicó un modelo de explotación extensiva de la mano de obra que afectó en mayor medida a la juventud y al colectivo inmigrante.

Las políticas antisociales adoptadas para abordar la crisis han generado graves problemas para un amplio sector de la clase trabajadora, muy especialmente para quienes se encuentran en paro, sobre todo si no reciben ninguna prestación de desempleo (3,2 millones de personas) o cuando todos los miembros de su grupo de convivencia se encuentran sin trabajo (uno de cada diez hogares). A partir de 2010 la renta disponible de los hogares cae a ritmo creciente y el reparto de esa renta escasa es cada vez más desigual, lo que provoca un aumento de las tasas absoluta y relativa de pobreza. Las subidas del IVA, de la luz o del transporte, junto a la congelación de las pensiones, contribuyen por su parte a reducir el nivel de vida de la mayoría de la población.

El INE ha publicado en junio de 2015 la última Encuesta anual de Condiciones de Vida, con un módulo de Carencia Material, sólo aplicado en 2009 y 2014. Esta fuente confirma con toda claridad el deterioro de las condiciones de vida, en especial de los segmentos más frágiles:

    • La renta anual media por persona ha perdido el 16% de poder adquisitivo entre 2008 y 2013, al pasar de 12.400 a 10.400 euros (en valores constantes, con base en 2013) [2]. En el caso de las personas en paro, la reducción de poder adquisitivo de sus hogares ha sido del 26,3%, y en el caso de extranjeros no comunitarios del 22,1%.
    • La tasa de riesgo de pobreza (renta inferior al 60% de la mediana de ingresos de los hogares), que mide la desigualdad relativa de los ingresos, se ha situado en torno al 20,5% entre 2008 y 2012, subiendo de repente 1,8 puntos en 2013 (22,2%). Esto supone que en un solo año 821.000 personas han cruzado la línea roja del riesgo de pobreza, sumándose a los 9,6 millones de años anteriores. Entre los colectivos más afectados están de nuevo las personas en paro (45,1% en riesgo de pobreza en 2013, 5,2 puntos más que el año anterior) y las personas extranjeras no comunitarias (55,4% y 7,6 puntos más, respectivamente).
    • El descenso de ingresos provoca que cada vez sean más los hogares que llegan con dificultad a fin de mes. En 2007, al final del ciclo de crecimiento, se encontraban en esa situación 12,7 millones de personas (28% de la población); en 2014, son 18,4 millones (39,1%), es decir, casi seis millones más. El agobio por no llegar a fin de mes es mucho mayor en el 10% de hogares más pobres (decil con renta anual más baja): tres cuartas partes llegan a fin de mes con dificultad (23,2%) o mucha dificultad (49,4%). Por su parte, el 60% de los hogares de las personas en paro llega con dificultad en 2014 a fin de mes (en 2007 el 47%), mientras padece esa situación también el 60% de la población extranjera no comunitaria (en 2007 el 44,6%)

 

    Entre las carencias materiales recogidas por la Encuesta del INE, destacan las que tienen que ver con la vivienda, la alimentación, el uso de la calefacción y la capacidad para afrontar gastos imprevistos. En todos estos casos se observa un empeoramiento general, que se ha acelerado en los últimos años y afecta con mayor intensidad a los colectivos más frágiles:

    • Los retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, agua, comunidad…) han pasado del 6,6% en 2007 al 11,7% en 2014. En los hogares de personas en paro, los retrasos en 2014 afectan al 23,9% y en el colectivo de extranjeros no comunitarios al 29,2% (en 2007 la tasa era del 13,9 y 16,5%, respectivamente). Pero el colectivo con mayores carencias en este punto es el decil de hogares más pobres que en más de un tercio de los casos no puede afrontar dichos pagos (35% en 2014, 26% en 2008).
    • Subalimentación: 1.555.000 personas (3,3% de la población) no podían permitirse en 2014 una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días. En 2009 este colectivo no llegaba al millón (2,1%), lo que supone que se ha incrementado en torno al 50% en sólo cinco años. La insuficiencia alimentaria afecta en mayor proporción a los colectivos frágiles recogidos por el INE (8% entre los extranjeros no comunitarios; 7,5% los parados; 7,1% los hogares monoparentales con hijos dependientes) y, sobre todo, a los hogares más pobres, situados en los deciles bajos de renta. En 2014 se encontraría subalimentado el 13,2% del decil con menos ingresos y el 7% del segundo decil de ingresos; hace cinco años, esas tasas eran del 7,1 y 3,9%, respectivamente. Teniendo en cuenta que un decil representa a la décima parte de la población, podemos aplicar las anteriores tasas a las cifras de población de 2009 y 2014 para saber con más precisión el aumento de personas que se encuentran subalimentadas en los dos deciles con menos ingresos: en 2009 eran 515.000 y habrían pasado a 952.000 en 2014. O sea, entre la población más pobre del conjunto de España la incidencia del hambre habría experimentado un crecimiento del 85%.
    • Algo más de la décima parte de las personas (11,1% en 2014) no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada, es decir, padece “pobreza energética”. Este problema afectaba cinco años antes al 7,2%, lo que supone un incremento del 54%. En los hogares más pobres (decil con menos renta), la prevalencia de pobreza energética entre 2009 y 2014 ha pasado del 20 al 27%, y del 11 al 21% en el segundo decil. Por su parte, los hogares de las personas en paro que no ponen la calefacción han pasado del 13 al 21% y en los que viven extranjeros no comunitarios del 19 al 26%.
    • Casi la mitad de la población residente en España reconoce no poder afrontar gastos imprevistos, una carencia que en 2007 afectaba al 31%, en 2009 al 37% y en 2014 al 42,6%. Como en los casos anteriores, los grupos más frágiles padecen esta limitación con mucha más frecuencia, llegando al 81% en el decil de hogares más pobres y al 75% en el segundo decil, al 72% entre los extranjeros no comunitarios, al 68% en los hogares donde hay parados y al 63% en las familias monoparentales con hijos dependientes. En todos estos casos se ha producido un importante bajón del nivel de consumo con respecto al inicio de la crisis, en 2008, cuando tales tasas eran del 68, 62, 60, 50 y 47% respectivamente.

 

    El Módulo de Carencia Material, aplicado en 2009 y 2014, recoge información sobre algunas privaciones cotidianas, en las que también se observa un significativo descenso del nivel de vida en los últimos años:

 

  • La proporción de hogares con niños en los que éstos no pueden disponer de ropa nueva ha crecido del 3,8% en 2009 hasta el 6,5% en 2014, llegando al 17,4% en los hogares pobres (deciles 1º y 2º de ingresos) y al 19% en los de extranjeros no comunitarios. En la misma línea, los hogares en los que viven los niños que no pueden celebrar su fiesta de cumpleaños con los amigos por falta de recursos ha pasado del 6,5% al 10,4% (27% en los hogares pobres, 35% en los de extranjeros no comunitarios).
  • La proporción de personas adultas que no pueden permitirse reunirse con amigos o familia para comer o tomar algo al menos una vez al mes ha pasado del 6,6 en 2009 al 11,8% en 2014. Una tasa que sube del 15 al 30% en los hogares más pobres, del 14 al 26% entre los parados y del 18 al 28% entre los extranjeros no comunitarios.

La política de recortes incrementa el malestar social

Los impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social son la base de las políticas sociales públicas que constituyen el salario indirecto de los hogares. Tales políticas constituyen el principal mecanismo de redistribución social y suponen para los hogares una importantísima vía de ingresos, sea en prestaciones dinerarias (como las pensiones o las prestaciones de desempleo) o no dinerarias (como la sanidad o la educación públicas. Desde una perspectiva histórica el gasto social experimentó un importante crecimiento en los 25 primeros años de régimen democrático (1975-1990), al pasar del 16 al 23% del PIB, para estabilizarse después entre el 25 y el 30% en función del ciclo económico. No obstante, el gasto social de España en relación al PIB ha sido siempre inferior a la media de la Unión Europea, incluso después de la ampliación a 28 países.

La evolución en euros constantes del gasto público por persona creció a un ritmo interanual del 3,4% entre los años 2000 y 2007, pasando al llegar la crisis por dos fases: crecimiento interanual del 6% en 2008-2009 y bajada en picado en el trienio siguiente (-0,6% en 2010, -3,4% en 2011 y -5,5% en 2012) a raíz del cambio de rumbo introducido por el gobierno del PSOE en junio de 2010.

La tesis oficial de los últimos gobiernos ha sido que las políticas sociales están sobredimensionadas en relación a la capacidad económica de la hacienda pública y que, por tanto, es imprescindible introducir recortes en las prestaciones y servicios, así como procesos de privatización que impliquen una reducción del gasto. Entre otras medidas, ha quedado sin efecto el Pacto de Toledo sobre Pensiones, se aplican drásticos recortes en sanidad, educación y servicios sociales, se da marcha atrás a la ley de dependencia, se bajan los salarios del funcionariado, se privatizan servicios públicos, incluso aquellos que son rentables como la canalización y distribución del agua, etc. Por otra parte, se amplían los impuestos indirectos que afectan a toda la población y se llevan a cabo sucesivas reformas laborales que frenan la negociación colectiva y favorecen los despidos con baja indemnización, a la vez que se proporciona dinero público y avales del Estado para salvar a la banca. En definitiva, se despliega sin restricciones el modelo social de capitalismo neoliberal y la crisis se aprovecha para profundizar en esta estrategia.

En este contexto crece el malestar social que se manifiesta en el rechazo de la clase política (considerada el tercer problema del país en los sondeos mensuales del CIS, por detrás del paro y los problemas económicos) y en las movilizaciones de amplios sectores de la sociedad (mareas de los diversos colores, cumbre social, dos huelgas generales, diversos frentes críticos), que reclaman otros escenarios para salir de la crisis. Entre otras medidas, se plantea la necesidad de orientar los recortes hacia el gasto militar (uno de los que generan más deuda por las inversiones en armamento e I+D) e incrementar los ingresos públicos, recuperando o ampliando impuestos derogados (de sociedades, a las grandes riquezas, de sucesiones), evitando el fraude y los paraísos fiscales, e introduciendo nuevos impuestos (al turismo, ecológico), etc.

Surgen también movimientos de base como el 15M o partidos y plataformas electorales que plantean un cambio de paradigma en la economía y en el ejercicio de la política, y reclaman una participación directa de las poblaciones en los asuntos que les conciernen, a la vez que se reabre un debate instituyente que parecía cerrado en torno a las causas estructurales que impiden el desarrollo de una democracia real y una economía socialmente justa, en armonía con la naturaleza y solidaria en el plano internacional.

[1] Colectivo Ioé forma parte del grupo cooperativo Tangente y es autor del Barómetro Social de España.

[2] OIT (2012): Informe Mundial sobre Salarios 2012-2013. Ginebra; y OCDE (2012): “Partage de la valeur ajoutée entre travail et capital: Comment expliquer la diminution de la part du travail?. En Perspectives de l’emploi (Chapitre 3).

[3] La publicación de la ECV por parte del INE recoge la evolución en euros corrientes de cada año, lo que altera la evolución real del poder de compra pues no tiene en cuenta la inflación. En euros corrientes el descenso de la renta por persona sería exactamente la mitad (-8,1%) que si se tiene en cuenta la inflación (-15,9%).

Escenario sociopolítico en el que entran los ciudadanos, actores del futuro de España

Benjamín Forcano y Carlos Peresa

1. Primero de todo diagnosticar la realidad de la crisis

Lo peor para iniciar una alternativa, es la falta de diagnóstico sobre la realidad que pretendemos cambiar.

Nuestro país, hoy, se mueve en el siguiente escenario: Nunca hemos dispuesto de tantos recursos y riqueza para ser un país moderno y próspero, con índices de bienestar que permitan vivir con dignidad a toda la población.

Esa riqueza tiene como sujeto al pueblo español, quien la genera, desarrolla y sustenta. Cuando hablamos de riqueza nos referimos al patrimonio que incluyen los hogares españoles en su doble componente de Activos reales (viviendas, garajes, solares, fincas, naves, tiendas, oficinas y hoteles) y de Activos financieros (cuentas, depósitos bancarios, créditos pendientes a favor de los hogares).

Pues bien, en el 2011, los activos reales representaban el 84% del total, y los financieros el 16% restante. Por su parte, las deudas pendientes representaban en 2011 el 11,5% del patrimonio bruto.

Desde estos datos, reviste especial interés ver cómo ha evolucionado esta riqueza de los hogares españoles en la primera década del siglo xxi. En conjunto, la media de riqueza neta de los hogares españoles creció un 40% entre 2002 y 2011, una tasa que casi dobla el crecimiento del PIB en esos años (21%).

Sin embargo, el reparto de esa riqueza fue asimétrico, pues el 25% de los hogares más ricos aumentó en un 45%; el 25% de los hogares más pobres se redujo en un 5%; en tanto que el 50% de los hogares intermedios aumentaron en un 31%. Comparando ahora los dos polos (el más rico y el más pobre), la desigualdad subió de 33 en 2002 a 51 en el 2011; y la desigualdad entre el 10% más rico y el 25% más pobre pasó de 54 en 2002 a 87 en el 2011.

Cabe destacar la evolución de la renta entre unos y otros grupos y las consecuencias para el grupo más pobre. Si bien la diferencia de renta entre el 10% de los hogares que más ganan y el 20% con menos ingresos pasó de 12 en 2002 a 14 en 2011, el diferencial de riqueza pasó de 54 a 87. Es decir, que en los más ricos la riqueza creció tres veces más por encima de la renta. El patrimonio de los más ricos se revalorizó en más de un billón de euros.

El grupo de las familias más pobres (4,3 millones de hogares, doce millones de personas en 2011), disponen de un patrimonio medio de 14.200 euros, pero la mediana se sitúa en 7.400 euros, lo que equivale a decir que la mitad de esos hogares (2,15 millones) dispone de un patrimonio neto inferior a esa cantidad. La Encuesta Financiera de las Familias (EFF) registra que las deudas pendientes del 25% de hogares más pobres representaban en 2011 el 88% de su riqueza neta; y las cuotas anuales que tenían que pagar para amortizarlas absorbían el 46% de sus ingresos anuales, quedando inexorablemente obligadas muchas de ellas al impago y cuadros de pobreza y exclusión social.

Lo descrito lleva a muchos a hacer estas preguntas: ¿por qué algunos consiguen continuamente acumular sus ingresos? ¿Es ésta una característica de la economía neoliberal de nuestra época? ¿Puede ser menos injusta la distribución de la riqueza?

Estudios realizados por el economista Piketty y otros, muestran que con una política no neoliberal la desigualdad e injusticia podrían aminorarse. No son efecto de una casualidad, sino de unas estrategias y decisiones políticas impulsadas en su beneficio por las élites europeas y españolas.

En España, hacia los años 75, los asalariados recibían el 72% de la renta nacional. Siguió creciendo la riqueza y, sin embargo, 40 años después (2013) esa renta bajaba a un 62,2%.

Son varios los factores que lo explican: desde entonces (Estatuto de los Trabajadores) se van introduciendo cambios continuos en la legislación laboral, que preparaba nuevas formas de precariedad. Y, a pesar del deterioro de los ingresos de la población trabajadora, la recaudación de impuestos recae particularmente sobre sus hombros. ¿Qué aportan los trabajadores y qué aportan los empresarios?

 

Período 2008-2013

Impuesto de sociedades, que grava las ganancias empresariales: aporta un 2% al PIB.

– Impuesto del IRPF, sostenido principalmente por los trabajadores: aporta un 6,6%.

Impuestos indirectos, se paga lo mismo, sea cual sea el nivel de ingreso de la persona: 4,8%.

 

A esta situación acompaña un déficit fiscal que se cubre con emisiones de deuda pública (un billón de euros en 2014, la misma cantidad que el 10% de hogares más ricos acumuló en una década). Añádanse los intereses de esta deuda (más de 30.000 millones de euros en los últimos ejercicios) y que es una de las principales partidas del gasto público y una vía de negocio para el capital financiero.

La contradicción entre lo que podemos y lo que de verdad se está haciendo nos lleva a concluir que el resultado se debe a unas estructuras, socioeconómicas y de gobierno, que no sirven para garantizar los derechos del pueblo –esa franja amplia de nivel intermedio y pobre, un 90%–. Nuestra forma de democracia y de gobierno no reúne las condiciones requeridas para un proyecto de convivencia más justo y democrático.

Por lo tanto, se hace ineludible una transformación si se quiere lograr de verdad otra forma de democracia y de gobierno que sirvan a los intereses de la mayoría.

Desde el capitalismo neoliberal vigente se propone con la boca pequeña atajar la corrupción y las inversiones especulativas y, sobre todo, promover una economía más productiva y redistributiva.

Desde una posición socialdemócrata crece la conciencia de que el capitalismo neoliberal y la crisis ambiental son insostenibles, y se propone una vuelta al capitalismo social, regulado por el Estado.

En tercer lugar, otros sectores plantean un modelo de organización política y económica cuyo principio sea la democratización real, tanto de la política como de la economía, desde claves de horizontalidad, cooperación y solidaridad opuestas a la lógica del modelo capitalista.

  1. Una radiografía de la situación actual: datos

España ocupa el 13º lugar dentro de las mayores economías del mundo y, a pesar de la recesión de los últimos años, la capacidad de generar nueva riqueza se ha ampliado notablemente en las dos últimas décadas, dando lugar a una riqueza acumulada de los hogares que se estima en 4,6 billones de dólares (Credit Suisse), mayor que el PIB de Alemania. En 2012 nuestro PIB per cápita era de 26.800$, ocupando el puesto 26 a nivel mundial, justo por detrás de Francia e Italia.

Sin embargo, la potencia macroeconómica está mal repartida y presenta muchos problemas desde el punto de vista del equilibrio y la justicia social:

– Tenemos 5.457.000 parados (4º trimestre 2014). El repunte del empleo en 2014 es positivo, pero de peor calidad (temporalidad, salarios más bajos, etc.).

– 731.000 hogares no tienen ningún ingreso (4º trimestre 2014).

– Nuestra tasa de paro juvenil es la mayor en Europa después de Grecia. En lo que va de esta legislatura, el PP ha destruido el 25% de empleo joven. ¡Cómo no van a marcharse los jóvenes de España! De 956.100 (2011, 4º trimestre) a 756.000 (2014, 4º trimestre).

– España cerró el 2013 con 37.093 millones de ingresos menos de lo previsto en su presupuesto, lo que tiene que ver con la baja presión fiscal (de las más bajas de Europa) y con un sistema de impuestos regresivo que beneficia a los que más tienen. En cambio, los recortes en partidas sociales han supuesto ya más de 100.000 millones de euros en el conjunto de las administraciones públicas. Los millones y millones que se han entregado a la Banca para el rescate los han pagado todos los españoles. Si el Estado recuperara el dinero, ¿de cuántos millones podrían disponer al año para gastos sociales?

– La recaudación por impuestos de sociedades apenas llega al 12% de los beneficios empresariales; bancos y empresas no pagan ni una décima parte de lo que deberían. Con aplicarles no más que el doble del impuesto que se aplica a pequeñas y medianas empresas, el Estado recaudaría más de 60.000 millones de euros al año. Por otra parte, un recorte del 30% de los gastos innecesarios del Estado supondría un ahorro de otros 60.000 millones de euros al año.

– Como consecuencia de todo lo anterior, si en 2007 la deuda externa del gobierno español era de 398.734 millones de euros, en 2014 (4º trimestre) era de 1.033.857 millones de euros.

– En los años 2012-2014 del PP no ha mejorado ni uno solo de los muchos capítulos económicos y sociales, todos han empeorado. La brecha de la desigualdad y la injusticia, lejos de aminorarse, se ha agrandado y consolidado.

– En el plano económico, un problema estructural de España es su dependencia energética de fuentes externas –del petróleo y del gas sobre todo– nos supone una factura anual de más de 56.000 millones de euros, un 22,4% de las importaciones españolas.

– Desde que comenzó la crisis, han desaparecido 234.945 empresas (pequeñas y medianas) y son 400.000 los autónomos que han cerrado sus negocios. Por el contrario, en intereses de deuda pública, Caixa, Popular y Sabadell han obtenido 37.924 millones de euros desde 2010.

– En 2013 ocupamos el número 13 en la producción de automóviles en el mundo, produciendo 2,16 millones de vehículos. Pero, un porcentaje muy alto de la fabricación –y por tanto de los beneficios– está en manos de capital extranjero. El grueso de los vehículos exportados se vende a Francia, Italia, Inglaterra y Alemania. Para colmo, exportamos un 80% de los coches a Europa y nosotros tenemos que importar gran parte del parque automovilístico de los centros de producción con más valor añadido del centro de Europa.

– Entre 2010 y 2013, las mayores multinacionales y monopolios han tenido 83.000 millones de euros de beneficio. En cambio, en los mismos años, cada familia española ha tenido que pagar una media de 7.000 euros para salvar a los bancos en crisis (españoles y extranjeros).

  1. La Constitución de 1978 raptada por malos políticos

La Constitución Española diseña “un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores la justicia y la igualdad” (Art. 1), dentro del cual se asigna a nuestra vida individual y colectiva una digna calidad de vida. Y son los poderes públicos precisamente quienes “deben promover las condiciones necesarias para que la igualdad del individuo y de los grupos sea real y efectiva” (Art. 9,2).

Entre otros principios, la Constitución establece los siguientes principios:

– “Todos los españoles son iguales ante la ley” (Art. 14), y “Tienen derecho a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia” (Art. 35,1).

– “El respeto a los derechos de los demás es fundamento del orden político y de la paz social” (Art. 10,2).

– “Queda prohibida la arbitrariedad de los poderes públicos (Art. 9,3), y “Los poderes públicos podrán realizar privaciones de bienes y derechos por justificación de utilidad pública o de interés social” (Art. 33,3).

Frente a estos principios, casi a diario podemos comprobar la befa a que es sometida la Constitución. El gobierno podrá dar todas las explicaciones que quiera, pero los hechos pregonan una contradicción intolerable. Nos hablan de la salida de la crisis y de haber dejado atrás la ruta amarga de la recesión. Y, sin embargo, la realidad es otra, en general y en casos particulares como los de Antonio Brufau, presidente de REPSOL, quien decide recortar la mitad de su sueldo, que aun así le queda en 2,5 millones de euros, es decir, más de un millón de pesetas diario. O el de Teddy Bautista, denunciado y defenestrado de la SGAE (Sociedad General de Autores) después de 30 años de gestión, por delito continuado de apropiación indebida y administración fraudulenta e impedir a los socios el derecho de información y participación, que recibe alborozado la noticia del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Madrid desestimando las alegaciones de la Aseguradora, de las Asociaciones y de la misma SGAE que lo denunciaron y sentenciando que recupere la pensión vitalicia pactada (26.269€ mensuales) y también las mensualidades no cobradas desde junio del 2012 (183.886€).

El Estado de Derecho, la Constitución, la ética natural, las normas básicas del buen vivir, la solidaridad y el sentido común dictan que situaciones como estas son intolerables y que los poderes públicos (administrativos, jueces, políticos…) no deben dejar impunes estos escándalos de lesa justicia y humanidad, que ponen en grave riesgo el orden económico y social de nuestra sociedad.               

  1. Un modelo de crecimiento injusto y dependiente. Algunas propuestas

El modelo injusto de crecimiento de la economía española lo explican tres factores:

  1. La oligarquía española establece alianza, por una parte, con los principales proyectos de Estados Unidos. Y, por otra, da pleno apoyo a los principales proyectos de la oligarquía financiera franco-alemana.
  2. Este alineamiento le permite integrarse en el proceso expansivo de la oligarquía norteamericana y la más monopolista de Europa. Como contrapartida, EE. UU. permite a España por los años 90 participar aceleradamente en el proceso económico globalizado de Iberoamérica, su patio trasero.
  3. La expansión se financia mediante: a) la privatización de los antiguos monopolios estatales de la luz, la energía o las telecomunicaciones; b) la ampliación de capital de bancos y monopolios españoles por capital extranjero; y c) la financiación de la gran banca internacional. Esta expansión, una vez asegurada en 2001 la implantación de la moneda única, se dirige hacia Europa y es suministrada en exclusiva por préstamos de los grandes bancos de las oligarquías financieras francesa y alemana.

Estos factores explican el carácter absolutamente frágil del modelo de desarrollo español y la velocidad de vértigo con que se vio inmersa en las peores consecuencias de la crisis, abocada a un proyecto de degradación, intervención y saqueo. El crecimiento estaba basado en un endeudamiento exterior que ya en 2008 llevó a España a poseer proporcionalmente una de las mayores deudas privadas del mundo.

Como responsables de todo esto, habría que destacar la alianza de “políticos y banqueros”, tal como sintetizó en sus inicios el movimiento de indignados surgido en la Puerta del Sol en mayo de 2011:

1º) El Estado, que se ha sometido a convertir en deuda pública buena parte de la deuda impagable del sistema bancario español y se ha arrodillado ante el mandato de Merkel de reformar la Constitución y establecer la deuda pública como primera prioridad de pago en los gastos de Estado.

2º) La oligarquía española, que en parte ha tenido que vender al capital extranjero –casi siempre a precios inferiores a los que los compraron– activos de sus bancos y monopolios tanto dentro como fuera del país para hacer frente al vencimiento de sus deudas. Y, encima, hay que contar con el aumento en los intereses que hay que pagar por la deuda.

En este contexto resulta indispensable la necesidad de crear una banca pública como base que permita disponer de los recursos para resolver los principales problemas. Ella, con nuestro dinero, será uno de los grandes motores para la inversión productiva. Siendo público el dinero, tiene que estar en manos públicas. De lo contrario, veremos cómo venden a precio de saldo los recursos de que disponen la gran banca nacional y extranjera, y serían varias las generaciones que habrían de pagar el coste de nuevos rescates bancarios.

La nueva banca pública podría disponer de un volumen de depósitos de 300.000 millones de euros, convirtiéndose en el mayor Banco Español. Sería la palanca para invertir en industrias y sectores estratégicos de la economía y reactivar el crédito destinado a la inversión y el consumo y, al mismo tiempo, reduciría el paro y crearía empleos sostenibles y de calidad.

La segunda palanca sería la reforma fiscal de los impuestos de sociedades (bancos y multinacionales pagarían un 50% de impuestos) y del IRPF (las grandes fortunas pagarían el 75% de sus rentas personales). Quien más tiene, que más pague. Si se devolviera todo lo que se ha robado por estos conceptos, se resolvería de un plumazo el problema de la deuda pública.

Las economías encadenadas al sistema de dominio norteamericano se hunden, excepto Alemania y EE.UU. Las desenganchadas, crecen y crecen, como pasa con varias economías de Iberoamérica, liberadas de la tradicional dependencia del FMI, el Banco Mundial y Wall Street. La clave es elaborar una economía para servir a los intereses de la mayoría.

Sin Soberanía política y económica no se puede rescatar y disponer de la propia riqueza. Para conseguirlo, hay que desarrollar una fuerza política organizada, con programas que garanticen la redistribución de la riqueza y la implantación de una democracia participativa que defienda la soberanía de la población.

El problema, en el caso de España, no está en la extrema derecha de Rajoy, sino en la oligarquía yanqui, alemana y española. Urge denunciar y combatir la magnitud de este proyecto degradante que tiene como núcleo sustentador una concepción egolátrica de la convivencia, que establece como ley suprema el egoísmo, donde prevalece la astucia y prepotencia de los más fuertes, tanto a nivel individual, como nacional e internacional.

Esa ley sustantiviza el pensamiento neoliberal, concentrado hoy globalmente en centros económicos de máximo poder, que le permiten emanar directrices y normas que controlan el destino de los pueblos, con absoluto menosprecio y subyugamiento de los intereses y derechos de las mayorías.

Liberarse es, pues, la condición primera si queremos que haya redistribución de la riqueza para poner al servicio del país y del pueblo los enormes recursos de que dispone la economía española, y no para que estén en manos y al servicio de banqueros y oligarcas de aquí y fuera. Reforzar la democracia exige que nos unamos el 90% de la población afectada por su actual política de saqueo, lo que requiere no sólo defender enérgicamente las libertades ya conseguidas, sino ampliarlas mucho más. Porque ninguno de los problemas fundamentales de nuestro país pueden tener solución mientras España no se libere completamente de su actual dependencia de Washington y Berlín.

…………………………..

NB. Este texto se basa principalmente en dos fuentes: Colectivo IOÉ, “La desigualdad de la riqueza se dispara un 60% en la primera década del siglo XXI”, en www.barometrosocial.es, 2015; y el “Documento d apoyo” elaborado por el Movimiento Social y Político “Recortes cero”.

Una imagen realista de Teresa de Ávila

Jesús Sánchez Adalid

San Luis Beltrán animó a Teresa de Jesús a llevar adelante su proyecto de reformar la Orden del Carmen, adoptando la regla primitiva: el desprendimiento y la contemplación, dando cabida a la actividad apostólica. Su intención era restituir la antigua observancia de la regla del Carmelo, atenuada en 1432 por el papa Eugenio IV. Teresa tomó como modelo la reforma franciscana de Cisneros, basada en la práctica de la oración y del ayuno, en no poseer rentas ni propiedades, ni en común ni particularmente, en guardar silencio y en descalzarse. En todo esto influyó mucho que conociera a san Pedro de Alcántara. Teresa se “descalza” el 13 de julio de 1563, cambiando los zapatos que usaba en el Monasterio de la Encarnación por unas alpargatas de cáñamo. La seguirán en esto las demás monjas y más tarde los carmelitas varones, que se conocerán como los “descalzos” para distinguirse de los “calzados”, que se siguen rigiendo por la regla mitigada.

Contemporánea de Erasmo de Rotterdam, Martín Lutero, Teresa de Ávila fue plenamente consciente de los acontecimientos de su tiempo. Nos encontramos ante una mujer verdaderamente excepcional, dotada de una inteligencia despierta, de una voluntad intrépida y de un carácter abierto y expansivo. Su chispa y simpatía se ganaban a cuantos la trataban. Fray Luis de León nos dice de ella: “Nadie la conversó que no se perdiese por ella”. El P. Pedro de la Purificación escribió: “Una cosa me espantaba de la conversación de esta gloriosa madre, y es que, aunque estuviese hablando tres y cuatro horas, tenía tan suave conversación, tan altas palabras y la boca tan llena de alegría, que nunca cansaba y no había quien se pudiera despedir de ella”. Semejante es el testimonio de la Hna. María de S. José: “Daba gran contento mirarla y oírla, porque era muy apacible y graciosa”. Se granjeó toda clase de relaciones y de amistades incondicionales: obispos, teólogos, grandes damas, nobles, hidalgos, mercaderes, arrieros e incontables y anónimas gentes sencillas por toda la geografía que, de manera incansable, recorrió. Teresa repetía: “cuanto más santas, han de ser más conversables”, “un Santo triste es un triste Santo”, “un alma apretada no puede servir bien a Dios” y “Tristeza y melancolía, no las quiero en casa mía”.

Pensemos que una manera de pensar y vivir como esta, en el siglo XVI, no estaba exenta de grandes dificultades y peligros. Muchos no admitían que las mujeres fueran letradas, que tuvieran una vida activa de relaciones personales y, mucho menos, que se dedicaran a escribir. La mujer era considerada como propiedad del padre o del esposo, y su función se limitaba al trabajo casero, ser madre y cuidar y satisfacer las necesidades sexuales del marido. Teresa tuvo que demostrar su valía humana e intelectual y hubo de enfrentarse inagotablemente a los que dogmatizaban diciendo, por ejemplo, que “la oración mental no es para mujeres, que les vienen ilusiones; mejor será que hilen; no han menester esas delicadezas; bástalas el Pater Noster y el Ave María…” (CE 35,2). Era muy consciente de las sospechas que recaían sobre una mujer que escribía y necesitó utilizar constantes justificaciones y descargos para que sus obras no acabaran prohibidas o quemadas y ella misma condenada por la Inquisición. Insiste una y otra vez en que escribe “por obediencia” a sus confesores y “con su licencia”. Dice como excusa: “me lo han mandado… mucho me cuesta emplearme en escribir, cuando debería ocuparme en hilar… de esto deberían escribir otros más entendidos y no yo, que soy mujer y ruin… como no tengo letras, podrá ser que me equivoque… escribo para mujeres que no entienden otros libros más complicados…”. No obstante, y a pesar de sus empeños, en los márgenes de sus escritos podemos encontrar anotaciones de los censores. A pesar de todo, constantemente expresa su deseo de escribir y su convencimiento de que tiene algo valioso que decir. Desde el presente, su vida y sus escritos constituyen una permanente defensa del derecho de la mujer a pensar por sí misma y a tomar decisiones. Esto, sin duda, es algo absolutamente novedoso en aquella época y un signo más de la singularidad y el valor humano de la figura de Teresa.

Los letrados, siempre varones, no sólo van a leer los escritos teresianos sino que los van a juzgar, revisar y, en su caso, mandar que sean destruidos. El padre Diego Yanguas, confesor de Santa Teresa, le ordena quemar su comentario sobre los pasajes del Cantar de los cantares de Salomón, leídos en las oraciones matinales de las Carmelitas; porque no se podía consentir una interpretación de la Sagrada Escritura hecha por mujer; y mucho menos tratándose de versos con cierto contenido erótico.

Contra lo establecido, ella afirma que, en el campo de la oración, las mujeres llegan a ser mejores que los varones: “Hay muchas más que hombres a quien el Señor hace estas mercedes, y esto oí al santo fray Pedro de Alcántara (y también lo he visto yo), que decía aprovechaban mucho más en este camino que hombres, y daba de ello excelentes razones, que no hay para qué las decir aquí, todas a favor de las mujeres” (V 40,8).

El Nuncio del Papa, Filippo Sega, amonesta a Santa Teresa por la vida pública que lleva en los años de sus fundaciones: “…femina inquieta, andariega, desobediente i contumaz, que a título de devoción inventaba malas dotrinas, andando fuera de la clausura, contra el orden del Concilio Tridentino i Prelados: enseñando como maestra, contra lo que San Pablo enseñó, mandando que las mujeres no enseñasen.”

Un letrado censor de la época tachó con tal furia un escrito sincero y espontáneo de Teresa, que gracias a la tecnología actual ha podido ser rescatado y leído, ayudados por los rayos X, aunque algunas líneas no se pueden descifrar: “No aborrecisteis, Señor de mi alma, cuando andabais por el mundo, las mujeres. Antes las favorecisteis siempre con mucha piedad y hallasteis en ellas tanto amor y más fe que en los hombres… No basta, Señor, que nos tiene el mundo acorraladas… que no hagamos cosa que valga nada por vos en público, ni osemos hablar algunas verdades que lloramos en secreto, sino que no nos habíais de oír petición tan justa. No lo creo yo, Señor, de vuestra bondad y justicia, que sois justo juez y no como los jueces del mundo, que –como son hijos de Adán y, en fin, todos varones– no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa… que no es razón desechar ánimos virtuosos y fuertes, aunque sean de mujeres” (CE 4,1).

Los inquisidores nunca se fiaron ni de la obra fundadora ni de los escritos de Santa Teresa. De hecho, ella temía constantemente ser delatada: “Iban a mí con mucho miedo a decirme que andaban los tiempos recios y que podría ser me levantasen algo y fuesen a los inquisidores”, escribe en El libro de la vida. No obstante este cuidado, sus primeros problemas empezaron muy pronto, en 1559, cuando se publica el Índice de Libros Prohibidos del inquisidor Fernando de Valdés. Los inquisidores registraron por entonces la pequeña biblioteca que Teresa tenía en el monasterio de la Encarnación y requisaron obras de Fray Luis de Granada, San Juan de Ávila o San Francisco de Borja. Ella escribe: “Cuando se quitaron muchos libros de romance, yo lo sentí mucho”. A partir de este percance los censores empezaron a examinar con lupa sus escritos y dejaron abundante constancia de sus correcciones: tachan párrafos de sus libros, le hacen arrancar páginas enteras o rehacerlas, como se decía entonces, de “sana planta”. Uno de los censores, refiriéndose a sus disertaciones sobre el amor, anota al margen la siguiente advertencia: “Váyase con tiento”. Le obligaron a rehacer entero el Camino de perfección. Y ella, sumisa, obedeció el mandato; pero conservó en una arquilla del convento de San José de Ávila el cuaderno primero, que hoy se guarda en El Escorial.

Teresa escribió, además de muchas cartas y poemas, cuatro grandes obras: El libro de la Vida, Camino de perfección, Castillo interior y el Libro de las Fundaciones. El más cuestionado por la Inquisición fue el primero de ellos, la autobiografía de la Santa, por tratar de “cosas místicas”. La Inquisición la consideró sospechosa de ser “alumbrada” y “dejada” y Santa Teresa de Jesús tuvo que comparecer ante uno de sus tribunales.

En 1575 tuvo que comparecer ante la Inquisición en Sevilla, tras haber sido denunciada por una beata expulsada del convento. No se conserva el informe oficial que se presentó con las acusaciones. Pero por los despachos enviados al Tribunal de Madrid se puede saber algo de su contenido. Se acusa a Teresa de Jesús de practicar una doctrina nueva y supersticiosa, llena de embustes y semejante a la de los alumbrados de Extremadura. Los inquisidores investigan sobre el Libro de la Vida; están seguros de que contiene engaños muy graves para la fe cristiana. El documento está fechado en Triana, en el castillo de San Jorge, el 23 de enero de 1576.

Por orden del inquisidor apostólico general, don Gaspar de Quiroga, el padre Domingo Báñez, prestigioso teólogo de Salamanca redacta así su censura del libro: “Y en todo él no he hallado cosa que a mi juicio sea mala doctrina”. Las únicas observaciones se refieren a la abundancia de revelaciones y visiones: “las cuales siempre son mucho de temer, especialmente en mujeres, que son más fáciles en creer que son de Dios y en poner en ellas la santidad”. Y concluye con un veredicto final: “Esta mujer, a lo que muestra su relación, aunque ella se engañase en algo, a lo menos no es engañadora”.

Santa Teresa fue interrogada, molestada, amenazada y estuvo a punto de ir a prisión, según nos refieren los escritos del padre Gracián. Él mismo le notificó a Teresa que pensaban acusarla a la Inquisición y que probablemente la encarcelarían; se sorprendió al ver que ella ni se inmutaba, ni experimentaba disgusto en ello, antes bien, se frotaba las manos.

Finalmente, en un determinado momento, los inquisidores se dieron cuenta de que la denuncia de aquella testigo, María del Corro, eran patrañas infundadas, tejidas por su imaginación enfermiza. Dice María de San José: “Vino un inquisi­dor, y averiguada la verdad y hallando ser mentira lo que aquella po­bre dijo, no hubo más. Aunque como éramos extranjeras y tan recién fundado el monasterio y en tiempo que se habían levantado los alumbrados de Llerena, siguiéronse hartos trabajos”. Como dice el P. Gracián, “todo acabó en quedarse ellas con más crédito y dar los inquisidores una muy buena mano a aquel clérigo que andava zar­ceando estas cosas”.

Un tribunal compuesto por tres letrados jesuitas recogió las declaraciones de Teresa. Se conservan dos Cuentas de conciencia, que son los escritos que ella hizo en su defensa, en 1576. La sentencia definitiva se desconoce; pero hay que suponer que ésta existió.

Aunque las acusaciones contra la madre Teresa y sus escritos eran infundadas, constituyen hoy un hecho real que está ahí, que pertenece a la historia; y que durante mucho tiempo se quiso ocultar tal vez para no empañar la figura y la obra. En cambio, hoy día podemos presentar a una Teresa de Jesús más humana y realista, metida de lleno en las corrientes espirituales de su tiempo y teniendo que sufrir las consecuencias de aquella época. Otros grandes personajes también sufrieron aquellas consecuencias: recordemos a fray Luis de León y al arzobispo Carranza, que estuvieron en las cárceles de la Inquisición.

 

Corrupción: que salten las alarmas

Ignacio Sánchez Cuenca, Universidad Carlos III

1. Corrupción a la española

Desde la llegada de la democracia, los escándalos de corrupción se han concentrado en dos periodos de tiempo muy definidos: la crisis económica de la primera mitad de los noventa y la actual crisis económica, mucho más duradera y de la que tanto está costando salir. No es que la crisis sea un momento propicio para la corrupción. Es más bien al revés: durante las dos crisis de nuestra historia reciente han salido a la luz los abusos que se cometieron a lo largo de los años buenos, los años de euforia, crecimiento, enriquecimiento rápido y oportunidades de negocio.

La mayor parte de los escándalos que se han descubierto en estos últimos tiempos (financiación ilegal del PP, la red Gürtel, los ERE en Andalucía, la operación Púnica, etc.) corresponden a episodios y tramas de los años dorados de la burbuja y del dinero fácil. Que salgan a la superficie en época de crisis no es casual. Cuando las condiciones económicas empeoran y no se materializan los beneficios que los miembros de las tramas corruptas esperaban conseguir, se producen traiciones, denuncias y delaciones. La información llega entonces hasta los medios y se acaba destapando el escándalo.

Puesto que la burbuja de los primeros años del siglo XXI no ha tenido parangón en nuestra historia reciente, no debería sorprender que la magnitud de los escándalos sea mayor que en el pasado. En este sentido, puede decirse que el único aspecto positivo de la aparición de tantos escándalos es que estamos adquiriendo, a marchas forzadas, un conocimiento muy preciso sobre sus causas y funcionamiento.

A tenor de lo que hemos ido viendo en los últimos tiempos, cabe decir que la corrupción se localiza en dos ámbitos especialmente, la financiación de los partidos políticos y las operaciones urbanísticas. Por descontado, no son dos ámbitos independientes, pues muchas veces se entrelazan, utilizándose la especulación del ladrillo para conseguir donaciones ilegales para el partido (esta parece ser una de las especialidades del Partido Popular). En principio, pues, la corrupción tiene una naturaleza esencialmente política, centrada en los partidos, sin que afecte demasiado a la Administración. Así como en muchos países en vía de desarrollo la corrupción se infiltra por todo el sistema circulatorio del Estado, llegando hasta el último rincón de la Administración, de manera que los servicios públicos, desde la seguridad policial hasta la educación, pasando por una licencia de importación, se mueven mediante sobornos y amiguismo, en España, hasta el momento, la Administración se ha mantenido al margen de la corrupción. En las encuestas internacionales que prepara Transparencia Internacional, el porcentaje de ciudadanos que declara haber recurrido en alguna ocasión al soborno es extremadamente bajo. Esto hace que la corrupción no afecte demasiado a la vida del ciudadano.

Es probable que a medida que vayamos sabiendo más sobre la corrupción urbanística de la burbuja de la construcción, nos veamos obligados a revisar este juicio sobre la incidencia esencialmente política de la corrupción en España. Los datos revelados sobre la operación Púnica, por ejemplo, revelan que funcionarios municipales participaron en la trama a través de recalificaciones de terrenos. Con todo, la información de la que disponemos parece indicar que el problema está situado sobre todo en las prácticas de los partidos políticos.

2. La reacción ciudadana ante la corrupción

Durante los últimos años de la burbuja ya se descubrieron numerosos casos de corrupción municipal ligados al ladrillo. Sin embargo, cuando se celebraron las elecciones municipales y autonómicas de 2011, la prensa contó un montón de historias de alcaldes imputados o procesados que no perdían apenas apoyo electoral con respecto a las anteriores elecciones. Parecía, pues, que la corrupción no llevaba aparejada un castigo electoral por parte de la ciudadanía. Este resultado es especialmente desmoralizador, ya que, de ser cierto, mostraría que los españoles son más bien indiferentes antes los episodios de abuso de poder.

En realidad, las cosas son algo más complejas. Según una investigación exhaustiva realizada por Pablo Barberá, Pablo Fernández y Gonzalo Rivero (de próxima aparición en la revista académica Political Science Research & Methods) a propósito precisamente de las elecciones municipales de 2011, la corrupción política se disculpa cuando produce beneficios generales al vecindario. Si la expansión urbanística se traduce en nuevos puestos de trabajo y una revalorización de la propiedad inmobiliaria, todo el mundo gana y la corrupción queda disculpada. Por el contrario, cuando los beneficios de la corrupción se quedan en unos pocos, sin que la ciudadanía participe de los mismos, los votantes castigan al partido protagonista del abuso de poder. Así se explicaría, al menos en parte, por qué tantos alcaldes salen reelegidos aunque su participación en prácticas corruptas sea bien conocida.

Desde este punto de vista, los escándalos recientes que afectan especialmente al Partido Popular, tanto los de la trama Gürtel como la contabilidad paralela y el fraude fiscal del PP (papeles de Bárcenas) deberían recibir un fuerte correctivo en las urnas, puesto que los beneficios de estas prácticas se quedaban en unas pocas manos. De hecho, las encuestas muestran una caída sin precedentes en el apoyo al Partido Popular, un partido que tradicionalmente tenía una fidelidad de voto extraordinaria. En estos momentos, menos de la mitad de los votantes del PP en noviembre de 2011 declaran estar dispuestos a revalidar su confianza en este partido. Debe reconocerse que la erosión del PP ha sido muy lenta: cuando Rajoy ganó las elecciones generales de 2011 con mayoría absoluta, los medios de comunicación habían informado abundantemente sobre las tropelías de la trama Gürtel, que tocaba muy de cerca al núcleo duro del Partido Popular. En aquella ocasión, el electorado más conservador disculpó las malas artes del PP, probablemente porque tenían la esperanza de que Rajoy sería capaz de formar un Gobierno que sacara a España de la crisis. El incumplimiento de algunas de las promesas centrales de la campaña electoral de 2011 (como el compromiso de no subir el IVA), sumado a la falta de buenos resultados económicos, ha creado el caldo de cultivo para que los ciudadanos reaccionen airadamente ante los escándalos que atraviesan el PP.

La corrupción tiene efectos deletéreos sobre el sistema político que van más allá del castigo electoral. En general, la ciudadanía pierde confianza en los partidos y las instituciones. Los indicadores de encuesta ponen de relieve que las únicas instituciones en las que confían los ciudadanos son las no políticas (como el Ejército o la Policía). Las instituciones representativas o políticas están hundidas en su valoración ciudadana (partidos, sindicatos, patronal, parlamento nacional, parlamentos autonómicos, tribunal constitucional, etc.). Evidentemente, esta crisis de legitimidad no es sólo debida a los escándalos de corrupción: los malos resultados económicos y las políticas tan injustas que se han llevado a cabo durante las dos recesiones vividas desde 2008 han contribuido crucialmente al desprestigio del sistema. La combinación de crisis económica y corrupción generalizada es un coctel explosivo para la legitimidad de nuestra democracia.

Un efecto no previsto de la crisis ha sido el elevamiento de los estándares con los que la ciudadanía juzga a la clase política. Lo que hace diez años era admisible, hoy muchas veces resulta intolerable. Los políticos no parecen ser plenamente consciente de este cambio, lo que hace que vayan con varios pasos de retraso con respecto a la sociedad. Por ejemplo, los viajes personales del senador José Antonio Monago a Canarias, sufragados por las Cortes y opacos al escrutinio público, no hubieran causado un escándalo tan fenomenal durante los años de crecimiento. Ahora, sin embargo, la exigencia es mucho mayor y eso hace que los políticos con frecuencia se sientan desconcertados al ser juzgados hoy por acciones pasadas que en su momento no constituían motivo de escándalo.

3. El debate sobre la corrupción

En España, el debate sobre la corrupción está dominado por la perspectiva jurídica y económica. Ambas tienen en común el supuesto de que los políticos actúan en función de incentivos positivos y negativos. Por tanto, para evitar que se corrompan es preciso endurecer los incentivos negativos que se asocian con el descubrimiento de un caso de corrupción, así como aumentar el riesgo de que los corruptos sean descubiertos. La conclusión que se saca de estos planteamientos es que necesitamos mayor transparencia (lo que redundará en un mayor riesgo de descubrimiento) así como mayores controles y castigos.

Estoy convencido de que buena parte de este diagnóstico es correcto, sobre todo por lo que toca a la transparencia. Resulta inexplicable, por ejemplo, que algunos de los contratos más controvertidos que firmó la Generalitat valenciana con Bernie Ecclestone (Fórmula 1) o con Santiago Calatrava no sean accesibles para el público. Es solo un ejemplo, desde luego, pero revelador de los agujeros negros que continúa habiendo en la Administración española. Cuanto más transparente sea el sistema, más difícil resultará a los políticos abusar del poder que se les otorga.

Ahora bien, me gustaría recordar que los niveles de corrupción no dependen solamente del marco regulativo en el que operan los políticos y la Administración. Aunque apenas se mencione en nuestro debate público, hay también fuertes determinantes sociales de la corrupción. El tipo de sociedad que tenemos explica también en parte los niveles de corrupción existentes.

Los estudios comparados han demostrado que el principal predictor del nivel de corrupción de los países es la circulación de periódicos por 1.000 habitantes. En aquellos países en los que los ciudadanos están atentos a lo que dice la prensa, la corrupción es más baja que en aquellos otros con un público desinformado y apático. España, en este sentido, tiene indicadores muy bajos dentro del mundo desarrollado en cuanto a lectura de periódicos. Con el tipo de sociedad civil que tenemos, nos corresponde un grado elevado de corrupción.

En un estudio realizado por Elena Costas-Pérez, Albert Solé-Ollé, Pilar Sorribas-Navarro (publicado en 2012 en el European Journal of Political Economy) se demuestra que los casos de corrupción son electoralmente castigados cuando la prensa da cuenta de ellos. Por supuesto, el castigo será tanto mayor cuanto mayor sea el porcentaje de gente que lee la prensa. Una ciudadanía atenta y vigilante es un requisito fundamental para que los políticos eviten prácticas corruptas.

Alguien podría pensar que en realidad la relación es la inversa, de modo que en países dominados por la corrupción, la gente se siente asqueada y deja de leer periódicos. No es imposible que suceda así, pero la objeción resulta un poco artificial. En España, por ejemplo, observamos justo lo contrario: nunca la corrupción había sido tan alta y nunca había habido un interés tan profundo por los asuntos políticos.

Atacar la corrupción sólo desde el prisma de la regulación es probablemente insuficiente. La corrupción tiene que ver con el funcionamiento de la Administración y del sistema político, pero también con la articulación de la sociedad civil, su grado de información política y su actitud vigilante.

4. Remedios

Hablando de tendencias generales, la corrupción se da principalmente en países que sufren elevados niveles de desigualdad social, con poca confianza o capital social, y con niveles de desarrollo bajos (sobre todo con bajos niveles educativos). En un estudio muy provocativo, Bo Rothstein y Eric Uslaner demuestran que hay una asociación sorprendentemente sólida entre los niveles de corrupción en la actualidad y el porcentaje de la población con estudios secundarios en 1870. Conociendo el grado de educación de la población en 1870 podemos predecir con bastante precisión el nivel de corrupción hoy día. Una lección que puede extraerse de este hallazgo tan chocante es que la corrupción no se elimina rápidamente y, desde luego, no mediante decreto. No basta con modificar las leyes: también se requiere cambiar hábitos sociales muy enraizados en el país.

En España debemos aspirar a un nivel de corrupción mucho más bajo que el actual. Pero no podemos engañarnos pensando que solo cambiando las leyes conseguiremos erradicar el problema. Es necesario, desde luego, introducir mayor transparencia en el sistema, así como establecer mecanismos horizontales de control entre políticos y funcionarios, pero también reducir la desigualdad social, incrementar los niveles educativos, fomentar la confianza social y conseguir niveles superiores de información política a través de la lectura.

Cómo ven y cómo viven los ciudadanos la justicia

Manuela Carmena, Magistrada

Cómo percibimos la justicia

La percepción de una sociedad sobre la justicia es extraordinariamente importante.

Insisto mucho en el libro que acabo de publicar, “Porque las cosas pueden ser diferentes. Reflexiones de una jueza”, en la necesidad de profundizar en la importancia del sentimiento social de la justicia. No en la idea, o en el concepto (siempre más abstracto) que la sociedad tiene de lo que es la justicia, sino en el sentimiento: en lo que se percibe, y siente, como justo o injusto.

El sentimiento social de justica

 El ensayo de Amartya Sen “La idea de la justicia” me hizo pensar en la necesidad de ese sentimiento social. Desde entonces, hace ya más de 5 o 6 años, intento indagar en la importancia de este sentimiento. Recopilo datos desde perspectivas muy diferentes: la antropología judicial, la historia, la sociología o el derecho. Es muy posible que haya algo en el sentimiento individual de la justicia que tenga que ver con la esencia del código genético de la humanidad y su evolución. He leído algo sobre la detección de cierto sentimiento de justicia también, e incluso, entre grandes primates.

Pero no tengo ni formación profesional ni conocimientos para profundizar en algo tan trascendente. Sin embargo, sí tengo muy claro mi apoyo a quienes mantienen que el sentimiento de justicia (que sin duda tiene que ver con la empatía humana y por tanto con la igualdad entre unos y otros seres humanos) es un elemento positivo y motivador del avance permanente de las sociedades, que tiende a disminuir injusticias, nivelando la inaceptable desigualdad entre unos y otros.

Me pareció fascinante descubrir a la historiadora americana Lynn Hunt, quien en su libro “La invención de los derechos humanos” apuesta por la teoría de que los derechos humanos surgieron precisamente porque, afortunadamente, a lo largo del siglo XVIII la empatía entre unos y otros seres humanos había aumentado de forma sensible y que fue precisamente esa mayor identificación con el otro como tal la que llevó a aquella sociedad a rechazar y a criticar procedimientos esencialmente inhumanos, como el de la tortura.

Y parece ser que en ese proceso del desarrollo empático tuvo mucho que ver el conocer cómo funcionaba la justifica institucional en aquellos momentos. Así, el caso de Jean Calais, un inocente brutalmente torturado en 1762 y finalmente ejecutado, fue divulgado magistralmente por Voltaire (quien algunos dicen que creó la opinión pública como tal) y seguramente tuvo que ver con la publicación del joven Becaria contra todas las penas afrentosas en 1764.

Digo todo esto porque está claro que el sentimiento social de justicia se alimenta de lo que los medios de comunicación nos nutren. La sociedad, cuando conoce a través de estos cómo han actuado los tribunales ante determinados hechos, se posiciona y desarrolla ese sentimiento de justicia. Por eso, si no se ve identificada con lo que la justicia institucional resuelve, el rechazo y el alejamiento que esta genera incuba su sistemático y, casi podríamos decir geométricamente creciente, desprestigio histórico.

Esto puede ocurrir ahora pero, insisto, no es algo de ahora. La humanidad está llena de historias de juicios trascendentes que, resueltos en un sentido u otro, fueron conformando ese sentimiento de justicia. Sin embargo, la particularidad de nuestro ahora es el aumento imparable de la capacidad de difusión, aunque también de manipulación, de los medios de las noticias judiciales. Y ello, también ahora, junto a la cada vez más incomprensible falta de comunicación, y de transparencia misma, de los propios juzgados y tribunales.

El hermetismo de la justicia hoy

Resulta paradójico el que ahora, cuando todo se puede saber y difundir en tiempo real, los juzgados y tribunales sigan siendo herméticos.

Los jueces, los magistrados, los fiscales, los secretarios judiciales intervienen en ocasiones ante los medios a lo largo de los procesos. No obstante, nunca explican directamente las decisiones que toman, y dejan por tanto a los medios de comunicación la función de interpretarlos. Es así que en muchas ocasiones, y en infinidad de resoluciones judiciales trascendentes, lo que los ciudadanos llegan a conocer no es precisamente lo que los jueces hacen, sino lo que los medios de comunicación interpretan de lo que ellos han hecho. No es que los medios de comunicación mientan (que a veces también) sino que las informaciones están tantas veces descontextualizadas. Veamos un ejemplo.

 El Juzgado de lo Penal concedió la remisión condicional de la pena a unos banqueros a quienes se les rebajó muy sensiblemente la pena al aceptar ellos su responsabilidad en los hechos y abonar las indemnizaciones a las que se les condenaba, que suponían la restitución de las cantidades reconocidamente defraudadas.

Todos los medios de comunicación criticaron esa decisión judicial que calificaron de escandalosa. Todos la señalaban como la genuina expresión de una justicia desigual para ricos y pobres. Esa decisión de los magistrados se interpretó como una prueba de la impunidad de los grandes banqueros. Sin embargo, esto no es así o, cuanto menos, no es exactamente así.

Me consta que esta decisión es jurídicamente correcta, que se produce de forma habitual y que resulta conveniente como medida de carácter general. No obstante, puede resultar difícil de entender si se descontextualiza. Lo es en la medida que se aplique en este caso y no se aplique en otros. Puede pues resultar efectivamente injusta en el contexto general de cómo es y cómo se aplica la justicia penal.

Desafortunadamente, los magistrados que tomaron esta decisión no explicaron cómo y por qué disminuyó la pena de los condenados, ni por qué estos gozarán presumiblemente de la suspensión condicional de su condena. Los magistrados que tomaron esa decisión debieron haber explicado en rueda de prensa cómo siempre el pago de las cantidades defraudadas, o robadas a una víctima, reduce la pena que le asigna como básica el Código Penal. Las personas que resultan finalmente condenadas por cometer delitos que contengan indemnización para sus víctimas, si pagan esas indemnizaciones, reducen muy sensiblemente sus penas. Estoy segura que a la mayor parte de la población le parece una decisión razonable el que se disminuya la pena a quien aminora el daño causado.

Otra cosa es el principio, con el que fácilmente se puede estar de acuerdo, y el modo que en la práctica se aplica. Por eso resulta tan importante la necesaria explicación de los jueces y tribunales ante la ciudadanía, y sobre todo, valorar el contexto en el que se produce la sentencia. Se da de hecho una desigualdad de trato ante delitos económicos. Esa desigualdad se da, y en mayor medida entre quienes pueden, o no, pagar la reparación que significa un atenuante. Devolver el dinero que se ha robado es indiscutiblemente mucho más fácil para quienes tienen grandes patrimonios, es decir para quien son ricos, y mucho más difícil y tantas veces imposible para quien no tiene dónde caerse muerto. La justicia, puede llegar a decirse, es en abstracto igual para todos, pero sin duda no afecta a todos por igual.

La justicia penal, que se basa esencialmente en la aplicación de un baremo de castigos, es algo sin duda extraordinariamente complejo. Resulta de hecho objetivamente injusta. De ahí la importancia que tiene el que la gente normal y corriente, que nada tiene que ver con el mundo del derecho, conozca bien lo que podríamos denominar la “injusticia objetiva” del sistema penal. Desde 1995 se estableció en el Código Penal la rebaja hasta en dos grados de las penas que se imponen a una persona cuando la misma ha restituido a la victima el perjuicio causado. Esto es una medida extraordinariamente razonable muy vinculada con las líneas básicas de lo que se llama la “Justicia Restaurativa”, que poco a poco se va abriendo camino en los sectores jurídicos más progresistas. Esta atenuante, que se conoce como la de la reparación, está pensada fundamentalmente para el bien de la víctima, para resarcir su dolor.

Pero lo que ocurre, y aquí empiezan las paradojas, que el concepto de resarcimiento de la víctima se reduce, quizás por su mayor facilidad de enunciado, al resarcimiento económico. Así, una medida razonable y adecuadamente pensada en favor de la víctima, acarrea gravísimos agravios comparativos.

Conviene recordar que la mayor parte de presos que hay en España, y en el mundo en general, son personas con escasos recursos económicos. Los pobres, cuando cometen delitos económicos suelen ser simples robos y no grandes defraudaciones. Es raro que puedan tener capacidad económica para resarcir grandes cantidades. En la práctica, cuando los condenados por pequeños hurtos o robos indemnizan a sus víctimas (lo que, poco a poco, es cada vez más frecuente), lo hacen o bien porque otros pagan por ellos –las sufridas madres en muchas ocasiones– o bien en largos plazos con mínimos pagos periódicos.

Pero además, y es una parte muy importante del contexto, hay que tener en cuenta que una proporción importante de las personas que están en las cárceles lo están por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Estos, no sólo tienen unas penas mucho más duras que los delitos de defraudación económica, sino que además, quienes los cometen, no tienen posibilidad alguna de resarcimiento de la víctima.

De las aproximadamente 60.000 personas presas que tenemos en España, unas 16.000 lo están por lo que se llaman delitos contra la salud pública, que en castellano no es otra cosa que por tráfico de drogas. Aunque desafortunadamente tenemos unos pobrísimos estudios estadísticos sobre la población penitenciaria, es evidente que prácticamente el 90% de todo ese colectivo lo componen personas pobres. Las condenas que sufren estas personas son mucho más largas que las que el Código Penal establece para la apropiación indebida y estafa, delito fiscal o cohecho. En los delitos de tráfico de droga no está prevista la disminución de la pena por la reparación del daño, pues ni tan siquiera el delito de tráfico de drogas es un delito de daños sino de riesgo. (Sorprendentemente, no se castiga el daño social que se haya hecho, sino el que pudiera haberse producido). Si comparamos entonces el modo en que la justicia ha tratado a una persona condenada por un mero delito de tráfico de drogas (que puede ni tan siquiera haberse consumado) con cómo trata a algunos de estos banqueros que se apropiaron de una enorme cantidad de dinero de sus entidades bancarias para su beneficio, resulta evidente que, objetivamente, se dan dos clases de justicia.

Los ciudadanos tienen que saber todo esto y tienen que escucharlo de los propios agentes de la justicia, de los jueces y magistrados, quienes tienen que dar todas las explicaciones que se les exijan. Una sociedad democrática ha de decidir el tipo de justicia que desea y cómo se debe administrar.

El populismo punitivo

Llegada aquí sé que los lectores sentirán en este mismo momento una gran inquietud. ¿Cómo vamos a dejar que sea la sociedad quien decida el tipo de justicia que conviene, cuando las grandes airadas mayorías sociales parecen no parar de reclamar más y más duras penas?

Desde hace tiempo se explica en las universidades y se comenta en las reflexiones intelectuales de los profesionales de la justicia lo que se ha etiquetado como el “populismo punitivo“: el aparente deseo popular del incremento constante del rigor y la duración de las penas.

 Pero… ¿Qué es y cómo se produce este populismo punitivo?

En primer lugar, hay que tener mucho cuidado en anatematizarlo antes de analizarlo cuidadosamente y, en segundo lugar, cuando efectivamente se producen reivindicaciones de constantes incrementos de castigo, habría que indagar en las causas que lo provocan.

Cabe plantear, en contraposición a esa tendencia, que no es cierto que la opinión pública, y las reivindicaciones populares, en cuestión de justicia pretendan siempre la aplicación de una mayor dureza en los castigos señalados en el Código Penal o la modificación de este para endurecer las penas. Recordemos que también es frecuente que los medios, y muy especialmente las redes sociales, se disparen con solicitudes de indulto para personas que han cometido delitos de poca trascendencia social (y lo es hoy el tráfico de drogas y los hurtos y robos sin daño a las personas) máxime cuando, en el momento en el que tienen que entrar en prisión, han cambiado ya su actitud delictiva. No, las peticiones de indulto ciudadanas en modo alguno son expresiones de “populismo punitivo”. Son expresiones más bien de puro sentido común, de un necesario equilibrio en la justicia y por tanto expresión de un acertado sentimiento de justicia. Pues es efectivamente un terrible contrasentido obligar a cumplir una condena a una persona muchos años después de haber cometido un delito intrascendente, cuando esta se ha rehabilitado y hasta ha resarcido a la víctima o lo está haciendo en esos pequeños pagos a plazos a los que antes me he referido.

 Pero, ¿qué pasa cuando, en el otro extremo, lo que recogen las redes sociales y los medios de comunicación son innumerables peticiones de aplicación de la cadena perpetua o de otras más duras medidas de prisión para determinados agresores?

Normalmente cuando se producen estas peticiones se refieren ciertamente a delitos muy graves. Las víctimas de estos delitos generan la lógica compasión (recordemos empatía). Si la sociedad no recibe información alguna, que le permita vislumbrar alternativas eficaces para la disminución de esos delitos, recurre a lo único que los medios de comunicación y la clase política le ofrecen: el incremento de las penas.

Así, lo que a veces reprochamos a la sociedad como expresión primitiva y poco elaborada de respuesta penal, y que calificamos como populismo punitivo, no es otra cosa que el reflejo de nuestra propia imagen. Proponemos códigos penales en el que establecemos baremos de castigos basados en la mayor o menor medida en los delitos cometidos. Nada explicamos sobre por qué se producen esos delitos, ni cómo pueden disminuir, ni si los castigos que imponemos resultan eficaces para modificar las conductas de los que los cometieron y para impedir que otros los vuelvan a cometer, ni finalmente nada explicamos de cómo inciden esos castigos en las víctimas de esos delitos. ¿Por qué nos sorprende, por tanto, que la sociedad exija más de lo que nosotros hemos explicado que es la única medicina que sabemos suministrar ante hechos que producen tanto dolor?

Deberíamos ser nosotros, los expertos, los gestores de la justicia, los jueces, los fiscales, los profesores de derecho, los abogados… los que explicáramos a la sociedad el resultado que se produce mediante el cumplimiento de las sentencias.

Es evidente que la justicia tiene, como a mí me gusta decir, que reinventarse. No obstante, para que este proceso de reinvención se produzca, es necesario que la sociedad en general, los ciudadanos, tengan protagonismo.

De ahí que resulte una medida imprescindible para el proceso de reinvención y del cambio de la justicia el que los jueces y tribunales (quieran y) sean capaces de explicar ellos mismos directamente a la ciudadanía, a través de ruedas de prensa, cuando así sea conveniente, lo que hacen y por qué lo hacen

No olvidemos sin embargo que, cuando se consolidan las garantías esenciales de la justicia, se le atribuye un papel esencial a su publicidad.

Hoy día la publicidad no puede ser ese pantallazo rápido que desde los medios de comunicación se nos ofrece cuando se producen juicios interesantes. Ahora hace falta un proceso de transparencia absoluta, que permita a quién sepa de un juicio, a quien escuche una sentencia, a quien conoce una decisión judicial de suspender una condena…, entender de lo que se trata.

La mayor parte de juicios hoy día se graban en soporte audiovisual. ¿Por qué no mantener un canal con la grabación en directo de todos y cada uno de los juicios que se celebran? Esto, tan sencillo, permitiría a los ciudadanos ver cómo se juzga y cómo se sentencia. Curiosamente en esas grabaciones a las únicas personas a las que no se les distingue la cara son a los jueces y al personal de los tribunales. Fue una de sus grandes reivindicaciones cuando se decidió las, entonces muy cuestionadas, grabaciones. ¿No es eso ya indicativo de la falta de vocación de transparencia de la justicia?

Así, la percepción de los ciudadanos de la justicia no solo esta distorsionada sino que además esta distorsión dificulta el correcto desarrollo del sentimiento de la justicia y dificulta que la sociedad como tal asuma el protagonismo que le corresponde en el proceso de reinvención de la justicia.

La justicia de cerca

Pero no nos engañemos, la desafección que la ciudadanía siente por la justicia no es sólo una cuestión de percepción. No se trata de que los ciudadanos estén equivocados respecto al funcionamiento de la justicia. La justicia funciona mal. Y no es porque carezca de los medios necesarios, sino principalmente por dos razones. En primer lugar, porque no ha asumido correctamente su objetivo y su función: la de ser un instrumento útil para la mayoría de los ciudadanos, en la resolución de sus conflictos entre sí y con el estado. En segundo lugar, porque no ha sabido establecer la relación correcta con la ciudadanía.

La justicia está extraordinariamente burocratizada. Es oscura y actúa con una ausencia del más elemental sentido común. Ello evidencia entonces que nuestra justicia es una justicia deshumanizada. Cuando fui vocal del Consejo Gene­ral del Poder Judicial propuse sancionar a una magistrada que había acordado el enterramiento de un joven aparecido en la calle sin haber intentado ni tan siquiera localizar a su familia, a pesar de que el muchacho tenía su carnet de identidad. La magistrada se quedó muy sorprendida del reproche que se le hizo: “Nada dice la ley de Enjuiciamiento Criminal respecto a que los jueces deban ponerse en contacto con las familias de las personas fallecidas”, argumentó en su descargo. La madre del muchacho pasó más de dos meses indagando sobre el paradero de su hijo y no podía comprender que su hijo había muerto y se le había enterrado sin que el juzgado hubiera hecho nada para localizarla. Algo muy similar he leído días atrás que ha sucedido en un juzgado. Una persona busca a su hermano que vive solo, y que no sabe nada de él desde hace meses. Parece ser que le aconsejan presentar un procedimiento de Declaración de Ausencia. El juzgado tramitó escrupulosamente este procedimiento ancestral, como tantos otros en nuestra justicia. Regulado en 1881, tuvo algunas modificaciones en 1948, y tan solo fue mínimamente retocado en el 2000. Consiste fundamentalmente en la publicación de costosos edictos en los Boletines Oficiales, en la sección de anuncios judiciales, algo, ya se sabe, no muy leído. Naturalmente nadie dijo nada que permitiera localizar a esta persona, quien había muerto hacía más de cuatro años y de la que finalmente apareció el cadáver en su propio domicilio, obviamente ya momificado.

¿Cómo no se le ocurrió a nadie en ese juzgado buscar en las bases de datos de la Seguridad Social, o en las de Hacienda? (Todos los juzgados tienen un acceso directo informático a esas bases). Simplemente, porque no lo dice la ley.

La justicia está extraordinariamente burocratizada fundamentalmente porque aunque parezca mentira aun en este primer decenio del siglo XXI se sigue utilizando la escritura como un elemento imprescindible de relación entre jueces y ciudadanos. La escritura de la ley y la escritura de la resolución. La justicia vive aun hoy en el mundo del papel.

Las sentencias, que al fin y al cabo no son otra cosa que las decisiones que adoptan los jueces respecto a los juicios (conflictos) no solamente son escritas sino que lo son en un lenguaje difícilmente comprensible y abarrotadas de referencias y datos que le resultan completamente indiferentes a quienes se ven afectados por el procedimiento. En este momento todo lo que se dice (y se trata de comunicar) tiene un reflejo gráfico, sino visual. ¿Cómo es posible que los jueces no hayan llegado a la conclusión de que las resoluciones de los conflictos que ellos deciden puedan y deban ser dichas, explicadas con otros medios de comunicación, y no solo escritas en la jerga jurídica? Cabe pensar que no haya realmente un objetivo de comunicación, sino todo lo contrario: una pretensión de oscurantismo distante, prepotente en suma, triste herencia, en una sociedad democrática, de los antaño sumos sacerdotes.

Una resolución de un conflicto puede ser extraordinariamente compleja y puede precisar de muchas particularidades, pero todas, insisto todas ellas, pueden ser explicadas de palabra, sin perjuicio de que para transmitir mejor cuestiones técnicas y puntuales, las decisiones dichas se acompañen de documentos fotográficos, contables o tecnológicos, utilizando instrumentos de comunicación.

Pero si es burocrático el hecho mismo de la resolución escrita, de la decisión final de los conflictos, es aún más incomprensible el absurdo de que en la relación cotidiana y propiamente instrumental/funcional de la justicia, entre sus distintos agentes y afectados, se haga también todo por escrito y solo por escrito. Actos sencillos que podrían resolverse más eficazmente en escasos minutos por otros medios,

caen en la burocracia protocolaria escrita. Citas a los ciudadanos para realizar pruebas, comprobar datos, notificarles ingresos, embargos o cualquier otra decisión judicial de fondo o de forma se convierten en procesos complejos, que precisan actuaciones interminables con un coste inabarcable. Utilizar medios más ágiles de convocatoria no impide que, cuando el acto se realice, de ello se deje registro escrito, una vez están todos para corroborarlo y no, antes, en la persecución de cada uno de los intervinientes.

 No podemos olvidar que la terrible dilación de la justicia significa siempre un inmenso incremento del coste. Por eso, insisto como ya he reiterado en muchas ocasiones: la insuficiencia de medios no es ni mucho menos el principal problema de la justicia. Lo es la falta de una gestión inteligente, humanizada, dinámica y eficaz. Tampoco está concebida para que esa gestión pueda implementarse. He podido constatar cómo una mera llamada telefónica, en lenguaje llano que además puede ser amable, con su inmediatez, ha sustituido eficazmente un proceso de más de cincuenta folios que ha durado meses y que ha requerido la intervención de varios funcionarios, y hasta de determinados agentes de policía.

 El proceso penal sufre de una manera especial esta burocratización de la justicia. El proceso penal se diseña con una instrucción intensísima que sin embargo después, cuando llega el momento del juicio real, tiene (pese al esfuerzo y coste que implica) escaso valor jurídico de cargo. La instrucción de los procesos penales se desarrolla dentro de la ineficiente máquina burocrática y no sólo no aporta lo que debe sino que, en no pocas ocasiones, permite justificaciones para la impunidad. Tuve la experiencia de juzgar procedimientos muy complejos. En uno de ellos mi tribunal empleó más de un año en su enjuiciamiento. Se trataba de hechos que habían acaecido hacia más de 20 años; había acusados, testigos y peritos fallecidos, pruebas irregulares que deberían haber sido detectadas en su momento y cuyos errores ya no tenían arreglo, y en último término propiciaba el recurso al olvido, que en esos plazos podía estar justificado. La dilación, como atenuante, puede llevar a la reducción de la condena, cuando no a la absolución. En virtud de la desconocida atenuante de dilación en los procedimientos y otros muchos efectos de esa índole.

Otras cuestiones imprescindibles para la reinvención de la justicia

Tan importante como recuperar la comunicación entre la justicia y la sociedad es recuperar también la comunicación individual entre la justicia y el ciudadano concreto que exige su servicio. La justicia mantiene un distanciamiento incomprensible entre los ciudadanos y los jueces. La mediación obligatoria de profesionales que nos representan (procuradores y abogados) hace que una persona pueda haber tenido un proceso judicial sin que nunca haya visto al juez que le juzga, ni este ni siquiera le haya oído directamente.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, en una de sus últimas sentencias, de 16 de octubre del 2012, condena a España. Y lo hace tras sorprenderse en primer lugar y después claramente criticar el hecho de que, en un caso de una importantísima denuncia de torturas, ninguno de los jueces intervinientes, ni el de Instrucción, ni los del Tribunal de la Audiencia Provincial que resolvió el Recurso de Apelación, hubiera oído directamente al querellante que denunciaba haber sido torturado.

Burocracia, distanciamiento y deshumanización no pueden ser las señas de identidad de la justicia que necesitamos.

 

 

La izquierda, el sentido común y el cristianismo

Carlos Fernández Liria y Luis Alegre Zahonero

La verdad es que la idea de que la pequeña propiedad evoluciona hacia el capitalismo es un retrato exacto de lo que prácticamente no sucede nunca (…) El capitalismo es un monstruo que crece en los desiertos.  G. K. Chesterton.

El pasado 22 de marzo llegaron a Madrid las llamadas “marchas de la dignidad”, dando lugar a una de las concentraciones ciudadanas más masivas de la historia de la democracia. No cabe duda de que ese clamor popular reclamaba ante todo un cauce político que, sin embargo, no se acaba de encontrar. Se acumula indignación, rabia y desesperación. Mucha energía que anda a la búsqueda de un procedimiento para plasmarse en alguna realidad capaz de dar un vuelco a este panorama político de pesadilla. El FRENTE CÍVICO y PODEMOS lo han intentado. No sabemos lo que ocurrirá con estas iniciativas o con otras semejantes. Tarde o temprano alguna de ellas cuajará y cambiará radicalmente el espectro político del bipartidismo. Mejor sería temprano que tarde, porque, de lo contrario, el fascismo podría tomar la delantera y hacer a su manera lo que la izquierda no supo hacer.

Sinceramente, yo no tengo ninguna buena idea. Estas líneas no pueden tener otro sentido que el de mostrar mi admiración y mi agradecimiento por todas y todos los que se están dejando la vida en el intento. La solución no va a llovernos del cielo. Los que están intentando articular una respuesta política sólida y eficaz pueden equivocarse y pueden fracasar una y mil veces, pero están haciendo lo que hay que hacer.

Quería sólo llamar la atención sobre dos peculiaridades de la encrucijada política en la que nos encontramos. Se trata de un momento crítico muy peculiar, en el que, por un lado, lo tenemos más difícil que nunca y, por otro, más fácil que nunca.

Empecemos por lo difícil. Lo tenemos difícil porque, desde los años 80 y ahora más aún con la crisis económica, los poderosos más ricos del planeta han pasado a la ofensiva y han emprendido una revolución. Sí, ahora los revolucionarios son ellos; son ellos los que están dispuestos a acabar con todas las instituciones que sostienen la vida humana dentro de unos cauces normales de decencia y dignidad. Ni el nihilismo anarquista más radical había llegado nunca tan lejos. Con tal de salvar los intereses de un capitalismo financiero de casino, están dispuestos a convertir este planeta en un desierto, a matar de hambre a la mitad de la población mundial, especulando en el mercado de los alimentos más básicos, a demoler todas y cada una de las conquistas que las luchas revolucionarias de dos siglos han ido plasmando en eso que se llama el Estado de Derecho (que no es algo que nadie nos haya regalado, sino algo que es sin duda muy precario y muy imperfecto, pero que ha sido arrancado a los poderosos con mucha lucha, mucha sangre y muchos muertos). En suma, la revolución de los ricos contra los pobres está amenazando todo lo que podríamos llamar “civilización”. Y lo tenemos, por tanto, muy difícil, porque -como decía el magnate Warren Buffet- estos salvajes revolucionarios van ganando y podríamos decir que van ganando por goleada.

Sin embargo, al mismo tiempo, lo tenemos más fácil que nunca. Y esta es nuestra gran oportunidad. Porque ahora que los revolucionarios suicidas, nihilistas y salvajes son ellos, ahora que son ellos los terroristas, nosotros podemos empezar a defender cosas muy de sentido común. Las marchas de la dignidad se aproximaron a Madrid con reivindicaciones muy elementales y comprensibles: NO AL PAGO DE LA DEUDA; PAN, TRABAJO Y TECHO; NI UN RECORTE MÁS.

Es más: en esta situación revolucionaria en la que nos encontramos, nosotros podemos incluso aprovechar para volvernos muy conservadores. El hombre no puede rebelarse si no es conservador -decía Chesterton-, al menos “tan conservador como para haber conservado alguna razón para rebelarse”. Cambiar siempre es un riesgo y los cambios revolucionarios son, para la mayor parte de la gente, un riesgo demasiado grande. Por eso la izquierda siempre tuvo muy difícil extender su hegemonía entre la población. Pero ahora que los revolucionarios son los ricos más poderosos, la izquierda puede muy bien trabajar por el sentido común. Merece la pena conservar la escuela pública, la sanidad pública, el derecho a una pensión, a una vivienda, a un trabajo. Podemos, ante todo, insistir en que hay cosas en este mundo muy merecedoras de ser conservadas. Por ejemplo, hay una cosa que hay que conservar a cualquier precio, una cosa que es tan importante que vale más que la propia vida: la DIGNIDAD. Porque sin dignidad no merece la pena vivir. Los hombres no quieren conservar la vida a cualquier precio. Por encima de la vida, quieren, ante todo, conservar aquello que hace a la vida digna de ser vivida. Por eso, las marchas de la dignidad no podían haber encontrado un nombre mejor.

Esto nos tiene que hacer recordar que en la izquierda, seamos comunistas, anarquistas, anarcosindicalistas, trotskistas, maoístas o del frente judaico de liberación, ante todo siempre hemos sido luchadores por un orden político de la dignidad: lo que la filosofía llamó un orden republicano, en el que los individuos sean libres, iguales y fraternos. Es decir, ciudadanos independientes civilmente, que no tengan que pedir permiso a nadie para existir con dignidad. Desde luego, para cumplir este último requisito -que es precisamente lo que exigía la idea de fraternidad, ya que se trataba de dejar de depender de cualquier tipo de “padre”, “amo” o “señor”-, hacen falta condiciones materiales de existencia, precisamente esas condiciones materiales que el capitalismo destruyó e imposibilitó, al expropiar a la población de sus medios de producción 2. De ahí que, según pensamos algunos 3, cualquier proyecto políticamente republicano, se ve inevitablemente forzado a ser anticapitalista. Y entonces, en efecto, la radicalidad de los medios contrasta con la posible moderación de los objetivos. Somos antisistema para salvar un sistema, el sistema republicano del sentido común político más elemental. Somos radicales anticapitalistas para poder ser conservadores y reformistas.

He nombrado antes a PODEMOS y al FRENTE CÍVICO porque creo que son dos iniciativas políticas que han entendido perfectamente el problema. Podríamos decir, incluso, que los tiempos han demostrado que, en realidad, quien siempre ha tenido razón desde hace ya tres décadas ha sido Julio Anguita, el único político de izquierdas, por cierto, que ha tenido en este país posibilidad real de ganar alguna vez las elecciones (y bien que se empecinaron en impedirlo desde el grupo PRISA). No hay que inventar la pólvora, nos decía Anguita ya en los años ochenta. Bastaría, nos bastaría a las izquierdas, con obligar a que se cumpliera la Constitución. ¿No recordamos lo que siempre se le contestaba, desde el PP y el PSOE? “Yo no creo que la Constitución diga lo que dice el señor Julio Anguita… porque, ¿sabe usted?, si dijera lo que él dice, entonces sí pienso que habría que cambiarla”. Pues sí, en efecto, al final, la han cambiado, y lo hicieron durante el mes de agosto de 2012, con nocturnidad y alevosía, en un pacto de criminales del PP y del PSOE que blindó el pago de la deuda frente a cualquier decisión soberana de la democracia.

Las potencialidades de esta “nueva alianza” de la izquierda con el sentido común son inmensas. Entre otras cosas porque ello permite replantear un diálogo que yo siempre he considerado fundamental: el diálogo con el cristianismo y, sobre todo, con el catolicismo. Es asombroso el modo en que la izquierda regaló siempre sus mejores armas al enemigo. Luis Alegre y yo hemos insistido mucho en ello. El mayor error del marxismo fue empeñarse en que el derecho, la ciudadanía, la división de poderes, el parlamentarismo, etc., todo el andamiaje, en suma, de lo que llamamos Estado Moderno, no era otra cosa que la otra cara de la moneda de aquello que se pretendía combatir: el capitalismo. Toda la constelación política y conceptual del proyecto republicano se convirtió así en una realidad superestructural necesariamente ligada al pensamiento burgués o pequeñoburgués. Un negocio bárbaro: de este modo, se regalaba al enemigo el cuerpo conceptual políticamente más irrenunciable de la historia de la humanidad, y el marxismo se abocaba, en cambio, a inventar la pólvora, instituyendo algo mejor que la ciudadanía, algo más imaginativo que el parlamentarismo, algo más auténtico que la democracia, algo más creativo que el derecho. Al final, en lugar de una república de ciudadanos, teníamos siempre algo así como un régimen de camaradas, supuestos “hombres nuevos”, atletas morales militantes del Partido. No me interesa ahora comentar –como ya he hecho tantas veces– el desastre político en el que siempre consiste este experimento. El derecho es la única escalera que ha inventado el ser humano para elevarse por encima de la religión. Si se pretende dar un paso más alto, subiendo un peldaño más por encima del derecho, te das de narices con el suelo. El culto a la personalidad, una nueva religión artificial, fue el resultado inevitable.

Ahora bien, entre los increíbles patrimonios que la izquierda regaló tan alegremente al enemigo destaca, sobre todo, uno muy especial: el cristianismo. Puestos a acabar por inventar una religión puramente voluntarista y artificial, uno se pregunta si no habría sido más sensata una alianza seria con una auténtica religión. El derecho es racional, pero la razón no moviliza a la gente. La religión quizás sea irracional, pero es capaz de mover montañas. Este dilema lo plantearon, ya en 1795, los jóvenes Hegel, Schelling y Hölderlin, en ese famoso escrito conjunto que se conoce bajo el título de “Programa”. Mientras la razón no sea mitológica ningún interés tendrá para el pueblo. Mientras la mitología no sea racional, el filósofo tendrá que avergonzarse de ella. Necesitamos –decían– una “mitología de la razón” o una “razón mitológica”. Desde luego, este “programa” político puede interpretarse de maneras muy diversas y ahora no voy a extenderme en sus muchos peligros 4. En todo caso ese diagnóstico del problema responde a una realidad: el pueblo no se moviliza con razonamientos, sino con mitos. Así pues, la derecha debió de frotarse las manos satisfecha al ver que la izquierda le regalaba tan alegremente el arma más poderosa que jamás se haya inventado para movilizar a la población. Uno podía ser de derechas y conservar su religión. A la izquierda se le pedía, en cambio, el más difícil todavía: movilizar a la gente desde el ateísmo.

La cosa resulta aún más insensata si se piensa en concreto en el cristianismo, que es una religión que, al fin y al cabo, se lo ponía muy fácil tanto a la izquierda como a la Ilustración en general. Después de todo, el hecho de que Jesús fuera caracterizado como el “lógos hecho carne” podía ser leído ya como un pacto originario con cualquier forma de Ilustración. Ya no sólo es que la propia figura de Jesús en los evangelios resulte más bien simpática para el pensamiento de izquierdas. El asunto es que Jesús, al resumir todos los mandamientos en el “amarás al prójimo como a ti mismo”, había dado en el clavo con lo que podríamos considerar una versión mitológica de la forma misma de la razón. Obra siempre tratándote a ti mismo como si fueras cualquier otro. La Verdad nos obliga a reconocer que lo que estamos diciendo lo diríamos igual si fuésemos otro, pues el teorema de Pitágoras no es distinto para los esclavos que para los ciudadanos, para los griegos que los persas. La Justicia nos obliga a reconocer que lo que pretendemos hacer lo haríamos igual si fuésemos otro, pues no lo hacemos por ser ricos o pobres, hombres o mujeres, espartanos, atenienses o persas, sino porque es justo. Ante la Belleza sentimos que estamos sintiendo lo mismo que el otro, que cualquier otro. Por eso no nos conformamos con decir que nos gusta, sino que decimos con espectacular osadía, “que es bello”, hablando así, no de nosotros, sino de la cosa misma. Verdad, Justicia y Belleza nos sitúan en el lugar de cualquier otro. Ante la verdad nos sabemos iguales, porque no podemos evitar que un esclavo deduzca el teorema de Pitágoras al igual que nosotros. Ante la Justicia, nos sabemos libres, porque sabemos que nuestro acto no es imputable, no es un mero efecto de las circunstancias, no se limita a depender de que seamos ricos o pobres, hombres o mujeres, griegos o persas. Un acto que no depende de nada es, precisamente, un acto libre. Ante la Belleza nos sentimos fraternos, porque sentimos que estamos sintiendo lo mismo que el otro, algo así como cuando hacemos el amor, que no sabemos si sentimos en nuestro cuerpo o en el del otro. Ante una puesta de sol es un poco como si estuviéramos haciendo el amor con la humanidad entera. Libertad, Igualdad, Fraternidad, son, por tanto, la consecuencia política inevitable de una conocida tríada platónica que, en resumidas cuentas, no hace otra cosa que despejar esa incógnita a la que llamamos “razón”. No es fácil saber lo que es la razón. Será, en todo caso, ese lugar desde el que se ven las cosas a la luz de la Verdad, de la Justicia y de la Belleza. Pero, así iluminado, el mundo se estremece y se agita inevitablemente con tres tensiones políticas: Libertad, Igualdad, Fraternidad.

Podemos hablar, actuar y sentir desde el lugar de cualquier otro. Este es el origen del impulso de cualquier posible Ilustración de la humanidad. Y consiguientemente de cualquier programa político que luche por ese orden político irrenunciable -al que llamamos república- en el que los legislados sean al mismo tiempo los legisladores.

Forzoso es reconocer que el cristianismo nos había puesto las cosas bastante fáciles para dotar de carne y de sangre este proyecto. Al plantear una encarnación del “lugar de cualquier otro” bajo el signo del amor, se puede decir que el cristianismo prestaba a la razón toda la energía de la religión. Siempre hubo quien lo entendió así, por supuesto. Pero no fueron los que ganaron la batalla en las jerarquías de la Iglesia católica. También hubo marxistas que lo vieron con claridad, ya en el siglo XX. Asimismo, existió y existe una cosa que se llama teología de la liberación. La mejor prueba de que ahí se estaba jugando algo muy importante fue que la CIA tuvo que dedicar recursos inconmensurables a financiar y potenciar el evangelismo, en un intento desesperado -que finalmente, por desgracia, ha resultado exitoso- de contrarrestar el auge impresionante de la llamada “iglesia de los pobres”. También la propia jerarquía de la Iglesia católica –aliada con los poderes financieros mundiales– tuvo que poner manos a la obra para extirpar de su seno este germen de cristianismo tan comprometido políticamente. El papa Woytila y el futuro Benedicto XVI (el cardenal Ratzinger) fueron implacables en esta cruzada “antimarxista” (o, quizás se podría decir, sencillamente “anticristiana”, porque los caminos del Anticristo también son inescrutables).

Esto, por supuesto, no significa que la izquierda debería haber establecido una alianza con las altas jerarquías católicas. Pero sí que no debería haberse desentendido de este campo de batalla. Habría que haber plantado cara en el interior mismo de la Iglesia. Es una insensatez haber regalado al enemigo la mayor organización de masas de la historia de la humanidad occidental.

El potencial proselitista del cristianismo es, además, impresionante. Algo que debería haber resultado al marxismo de lo más interesante. No estoy seguro de en qué consiste el potencial proselitista de otras religiones, como, por ejemplo, el islam, pero siempre me ha parecido que el cristianismo tenía truco, que -podríamos decir- apostaba sobre seguro. Los misioneros, al predicar un mandamiento que dice “amarás al prójimo como a ti mismo” no estaban, en realidad, exponiendo ningún contenido confesional: estaban predicando la forma misma de la razón. Y cualquier pueblo de la tierra pretende tener razón. De modo que, al pretender tenerla, todos los pueblos daban en el fondo, a priori, la razón al misionero (siempre que no viniera acompañado, naturalmente, del traficante de esclavos). Las conversiones masivas estaban aseguradas, sin necesidad de la espada (más bien se puede decir que acontecían, muchas veces, a pesar de la espada). Así pues, resulta muy fácil volverse cristiano (lo difícil, más bien, es ser un buen cristiano).

Esto era tanto más cierto aún en virtud de la inmensa receptividad politeísta del catolicismo, el cual, ataviado con una legión de santos para todos los gustos, era virtualmente capaz de cualquier sincretismo religioso. Las comunidades indígenas latinoamericanas, por ejemplo, han escogido a la carta su santo patrón, fusionando sus dioses ancestrales con el santoral católico. La sensatez de la teología de la liberación al respecto debería valer como una lección de primer orden para la izquierda. Los párrocos, los sacerdotes de a pie, los cristianos de base, comprendieron perfectamente que lo de menos eran los símbolos en torno a los cuales se movilizaran los pueblos, con tal de que siempre estuvieran claros los principios. En efecto, la gran plasticidad del catolicismo para la construcción de identidades contrasta con la rígida inflexibilidad sectaria de la izquierda.

Lo que, a mi entender, han intentado hacer iniciativas políticas como PODEMOS o como el FRENTE CÍVICO, sea cual sea al final el resultado, es lo que había que hacer. La izquierda no tiene que pedir lo imposible, como rezaba el famoso lema de mayo del 68. Lo que es imposible es que podamos seguir aguantando este mundo absurdo y criminal, en el que, por ejemplo, se desahucian familias de sus casas al mismo tiempo que se mantienen millones de casas vacías. Lo que es imposible de soportar es vivir en un mundo en el que el capital financiero puede especular con los precios de los alimentos -como antes especuló con la vivienda- creando una burbuja que matará de hambre a millones de familias. Lo que es imposible, incluso, es que el equilibrio ecológico de este planeta pueda resistir un ritmo de crecimiento como el exigido por el capitalismo. Frente a la utopía suicida del capitalismo, lo que hay que reclamar es un poco de sensatez. Basta, en efecto, poner la Declaración de Derechos Humanos sobre la mesa y preguntar con suficiente energía por las condiciones materiales que sería preciso poner en juego para que se cumplieran. Son los capitalistas y sus espadachines a sueldo los que hoy piden la Luna, no nosotros.

En verdad, el lema de “la imaginación al poder” significa hoy en día lo contrario de lo que se planteó en el 68. Podemos pararnos un momento a reflexionar en el asunto si traemos a colación el concepto de “desnivel prometeico” de Gunther Anders. Este gran filósofo utilizó esta expresión, “desnivel prometeico”, para nombrar la enorme desproporción que existe actualmente entre lo que podemos hacer técnicamente y lo que somos capaces de imaginar y de vivir emocionalmente. Esta desproporción es ya tan grande que entre nuestra voluntad y nuestros actos se abre un abismo sin fondo. Parafraseando a Anders: en la actualidad es imposible saber lo que estás haciendo cuando haces lo que haces. Que llamar por el móvil tenga alguna oscura y misteriosa relación con el tráfico de coltán en el centro africano y con una guerra genocida que ha provocado más de una decena de millones de muertos, implica pensar en una serie causal que la imaginación humana, sencillamente, es incapaz de recorrer. En palabras de Anders, en estas condiciones, es como si el hombre se hubiera convertido en un analfabeto emocional. La imaginación es incapaz de hacerse cargo de lo que la complejidad técnica del mundo pone en juego. Estrictamente hablando en un sentido kantiano, el problema es tan grave que exigiría, en orden a hacer justicia a una reformulación contemporánea del imperativo categórico, reescribir la Crítica de la razón práctica sobre la base de que toda la “típica del juicio práctico” se hubiera vuelto imposible. Pues, en efecto, ahí donde la imaginación fracasa, lo que se vuelve imposible es el esquematismo de la razón práctica, es decir, la posibilidad misma de ejemplificar los mandatos morales. Por supuesto que este problema es también el que verdaderamente se juega en el fondo de la temática arendtiana de la “banalidad del mal”. Así pues, podríamos desembocar en un naufragio inevitable y definitivo de la razón práctica en las condiciones técnicas contemporáneas, si no fuera porque, como valientemente defiende Anders, es posible reformular el imperativo categórico en el sentido siguiente: obra de tal manera que tu imaginación no fracase. Se trata, en realidad, de una reformulación sorpresiva e inesperada del famoso lema sesentaiochista de “la imaginación al poder.” Si hay que dar el poder a la imaginación no es, en este sentido, por lo que esta facultad tiene de desbordante creatividad ilimitada, sino, más bien, por todo lo contrario: porque su tozuda limitación, su escuálida finitud, se corresponde políticamente muy bien con los límites de la condición humana que nos proponemos preservar. Frente a un mundo desbordante en el que, como diría Lacan, “todo es posible”, la imaginación humana tiene que ser un ancla y una inercia: la posibilidad de un mundo a la medida de la finitud del ser humano. “No hagas nada que desborde los límites de lo que tu imaginación es capaz de concebir” es lo mismo que comprometerse con un mundo que esté hecho a la medida de ese ser chapucero, finito y modesto que es –como todos los trabajos etnográficos han venido a corroborar– el ser humano.

Aunque yo diría que, aún mejor que Gunther Anders o Hannah Arendt, la teología de la liberación acertó de lleno en el blanco al crear el concepto de “pecado estructural”. Vivimos un mundo en el que las estructuras matan con mucha mayor eficacia y crueldad que las personas. Es absurdo, por tanto, poner el acento en la maldad o el pecado como un asunto exclusivamente personal. Por muy complejo que se haya vuelto en este mundo distinguir el bien del mal, hay una cosa que seguro que es mala: el hecho mismo de que exista un mundo así. Si vivimos en un mundo en el que “es imposible saber qué es lo que realmente estás haciendo cuando haces lo que haces”, entonces es que vivimos en un mundo muy malo. El lema de los movimientos antiglobalización –“otro mundo es posible”, “otro mundo tiene que ser posible”– se convierte entonces en un imperativo ético insoslayable. Es insoportable vivir en un mundo en el que basta meter los ahorros en un fondo de pensiones para tener que preguntarte con cuántas ignominias y matanzas estás colaborando sin saberlo.

Como ya he dicho otras veces 5, creo que el concepto más interesante que se forjó en la reflexión ética y moral del siglo XX fue el concepto de “pecado estructural”. Hay que recordar que, mientras que un buen puñado de curas y monjas se jugaban la vida luchando contra dictaduras terribles e intentando cambiar este mundo injusto, la filosofía académica estaba intentando descifrar a Derrida o dándole vueltas y vueltas al insondable misterio que ellos llamaban “el dilema del prisionero”, algo así como que si todo el mundo se comporta como un auténtico hijo de puta, de todos modos, el resultado, incomprensiblemente, no es el mejor de los posibles. La teología de la liberación, en cambio, se enfrentó a un problema de primer orden: en este mundo las estructuras son peores que las personas. Por mucho mal que se empeñe en hacer un individuo, siempre resultará un patético Fu-Man-Chú comparado con el cotidiano y rutinario genocidio estructural de la globalización. Cuando las estructuras son inmorales, la cuestión moral es qué responsabilidad tenemos respecto a las estructuras. En un mundo en el que las estructuras violan los mandamientos con una eficacia colosal e ininterrumpida, es inmoral limitarse a respetar los mandamientos… y las estructuras. Lo resumía así en el citado artículo: “La verdadera cuestión moral es qué responsabilidad tenemos en que determinadas estructuras perduren y qué estaría en nuestra mano hacer para sustituirlas por otras. Es obvio que eso pasa por la acción política organizada y no por el voluntarismo moral que intenta inútilmente apartarse de la maquinaria del sistema. No es a fuerza de no mover las fichas o de moverlas lo menos posible como se consigue dejar de jugar al ajedrez, si eso es lo que se pretende. Para dejar de jugar al ajedrez y comenzar a jugar al parchís hay que cambiar de tablero. Si no, lo único que se logra es perder el juego, y el juego del ajedrez, no del parchís. No sé si se capta el mensaje: vivimos en un mundo tan inmoral que no tiene soluciones morales, aquí no valen más que soluciones políticas y económicas muy radicales. Y la única cuestión moral relevante que todavía tenemos sobre la mesa es la de qué tendríamos la obligación de estar haciendo políticamente para que el mundo dejara de jugar en este tablero económico genocida. La cuestión no es la de si puedo llamar menos por el móvil para participar lo menos posible en la matanza centroafricana que ha provocado el tráfico de coltán. La cuestión es cómo y de qué manera atacar los centros de poder que la generan. Mi responsabilidad en la matanza no es la de llamar por el móvil. Mi responsabilidad es la de aceptar vivir en un mundo en el que llamar por el móvil tiene algo que ver no sé con qué guerras en el continente africano. Es el mundo lo que es intolerable, no nosotros. Pero sí es intolerable que aceptemos de brazos cruzados un mundo intolerable”.

Creo que la izquierda anticapitalista debía de haberse tomado muy en serio esta oportunidad de oro que le llovía desde las filas del cristianismo. Porque lo que se le brindaba en bandeja no era sólo el concepto más interesante de la reflexión ética del siglo XX. Se le estaba ofreciendo la posibilidad de una movilización masiva capaz de fundir la energía popular del cristianismo con un planteamiento político que se enfrentaba a las estructuras más profundas del capitalismo.

…………………………………

       Este artículo, pensado y elaborado por los dos autores firmantes, está redactado en primera persona por Carlos Fernández Liria por una cuestión meramente retórica.

[1]  Me he ocupado del asunto de la fraternidad en mi libro ¿Para qué servimos los filósofos?, La Catarata, 2013. Para una lectura republicana de Marx, cfr. Fernández Liria, C. y Alegre Zahonero, L.: El orden de El Capital, Akal, 2012.

[2]Cfr. en esta misma revista, mi artículo “Comunismo para la ciudadanía” (Éxodo, nº  119 junio 2013).

[3]  Me he ocupado de ello en varios sitios, por ejemplo, en Geometría y Tragedia (Hiru, 2002), en el capítulo titulado “La lógica del exterminio”.

[4]  Cfr. “Los diez mandamientos del siglo XXI”, El viejo Topo, nº 251, diciembre 2008.

 

El agua es vida

Pedro Pozas

“Una civilización que es capaz de enviar una nave espacial a Marte para conocer si hay agua y no es capaz de garantizar agua potable a sus miembros en la Tierra no es muy civilizada”, comenta Víctor Viñuelas en este mismo número de Éxodo.

Nuestra sociedad no llega a captar seguramente la magnitud del problema, porque, si es importante que Naciones Unidas haya aprobado este derecho humano al agua, lo es más que el derecho se haga efectivo y sólo lo es cuando el agua que sirve para vivir, beber y alimentarnos esté al alcance de todos no contaminada, sin consecuencias negativas para la enfermedad y la muerte. El agua existe y es suficiente para todos, pero paradójicamente los políticos que nos gobiernan demasiadas veces no le dan la prioridad que merece o generan, a causa de ella, conflictos y guerras.

En nuestra mentalidad occidental, hemos programado una economía al margen y aun en contra de de la naturaleza, hemos contra puesto la tecnocracia a la biosfera. Y ya el cambio climático nos está demostrando que es urgente actuar para evitar la subida de temperaturas y evitar nefastas consecuencias. Poner remedio a esta situación no será posible si no sustituimos la pela por la colaboración, el enfrentamiento por el diálogo, desterrando de nuestra mente toda suerte de xenofobia e intolerancia.

Junto a este problema, está también y es acaso el más importante, regular el Bien Común del agua sin que nadie quede excluido de ella por su condición económica. Pero al gua, como factor económico, imprescindible para múltiples usos de nuestra vida, no tiene por qué ser gratuita, ni supone la no participación del sector privado, siempre y cuando se asegure su carácter público.

Volviendo al tema de lo conflictos generados por el agua, resulta obvio afirmar que esos procesos conflictivos tienen mucho que ver con Estados que no atienden a los problemas esenciales de la sociedad; y el derecho a tener agua sería uno de ellos. Igualmente, ocurre esto cuando se imponen proyectos de interés privado y no de interés colectivo.

Todo esto puede generar conflictos y es bueno que así sea cuando cuestionan determinados modelos de sociedad respecto al desarrollo, comercio y manejo del agua. Pero los conflictos suponen mucho desgaste si no existen mecanismos institucionales que sepan acoger y resolver las demandas de la sociedad.

Es posible, como piensan algunos autores, que el tema del agua en nuestro siglo no nos llevará a guerras sino que será más bien motor para la paz y cooperación entre los pueblos: “Cuando hay problemas de tierra, casi siempre acaban en guerra; pero cuando hay problemas de agua, se termina en conversaciones”.

Otros en cambio consideran el agua como bien económico vinculado al territorio y puede justificar cualquier disparate: “Las guerras pueden hacerse por el agua, por la bandera, por la religión, por el territorio, aun cuando se escondan las razones profundas y sean puros pretextos los que movilizan a la gente”.

Si la democracia es algo más que una formalidad es porque resulta capaz de resolver las cosas.

Y esa solución llega cuando consideramos el agua como parte del ecosistema, de la naturaleza y estamos dispuestos a colaborar con ella, pues la naturaleza no tiene fronteras. “Son los que están controlando el mercado del agua e impulsan un valor económico para la misma, quienes generan ciertas tensiones, algo que es también poder sobre el agua. El agua se puede usar en ciertos momentos como un recurso para negociaciones o para presionar al otro, pero, en sí mismo, el agua no es el factor que genera la disputa sino un medio para lograr ciertos fines. No hay conflictos puros en torno al agua”.

En todo caso, conviene dejar bien claro: “Que el derecho al agua no es un derecho más de lista de los derechos humanos, es un derecho que posibilita los otros y cuya ausencia hace que el resto se conviertan en derechos para unos pocos, para los que sí tienen agua buena. Los gobiernos de bien, las entidades sociales de bien, los ciudadanos que en lo países mas ricos abrimos el grifo de agua potable con un gesto rutinario… debemos construir una gran alianza para acabar con esa lacra, con esa vergüenza civilizatoria que es que centenares de millones de personas no tengan garantizado el derecho humano a beber agua buena” (Víctor Viñuelas).

Considero un buen punto final la transcripción de “El mensaje del Secretario General Ban Ki -moon con motivo del Año Internacional de la Cooperación en la esfera del Agua (2013)”:

1. El agua es fundamental pata el bienestar de las personas y el planeta.

2. Es necesario para la salud, la seguridad alimentaria y el progreso económico.

3. El agua es clave para el desarrollo sostenible.

4. Debemos trabajar de consuno para proteger y gestionar con cuidado este recurso frágil y finito.

5. Cada año tare consigo nuevas presiones sobre el agua.

6. El crecimiento de la población. El cambio climático.

7. Un tercio de la población mundial vive ya en países con una moderada o elevada escasez de agua.

8. La competencia es cada vez mayor entre los agricultores y los pastores, la industria y la agricultura, la ciudad y el campo.

9. Es necesario cooperar tanto a nivel institucional como a nivel de base y a nivel internacional en beneficio de todos, ahora y en el futuro.

10. La Asamblea General de las Naciones Un ¡dadas ha designado 2013 Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua.

11. Debemos aprovechar las mejores tecnologías y las mejores prácticas para obtener mayores cosechas con menos agua.

12. Debemos promover el derecho al agua, derrochar menos y elaborar prácticas inteligentes para que todos los usuarios obtengan una parte equitativa.

13. Debemos invertir en los recursos hídricos.

14. El agua es vida.

La dimensión formal de las familias en España

Javier Elzo

Vamos a trabajar en estas breves páginas, exclusivamente, en la presencia meramente formal y cuantitativa de las distintas acepciones que la familia (a veces con otro término, como unión familiar, parejas, etc.) ha adoptado en nuestra sociedad: nuclear, unipersonal, de hecho y de derecho, del mismo y diferente sexo, monoparental, reconstituida, etc. Siendo lo anterior extremadamente importante, sin embargo no consideramos que sea lo esencial a la hora de hablar de la familia.

La primera cuestión es precisamente la delimitación-definición de lo que cabe entender por familia y a continuación los diferentes tipos o modelos familiares, pero no en razón de su configuración formal, cuestión a la que nos limitamos en estas páginas, sino en razón de los valores de sus padres y de sus hijos, del clima interno familiar, de la capacidad educadora de la familia, del modelo educativo imperante, y ello, insistimos fuertemente en este punto, más allá del modelo formal en el que se asienta la rica realidad familiar.

Pero este punto escapa a las páginas asignadas a este texto y nos limitamos a señalar al lector interesado un breve elenco de publicaciones en las que hemos trabajado estas cuestiones, más de contenido que meramente formales, en el estudio de la familia española del presente siglo1. Pero debemos detenernos en la dimensión formal de los diferentes tipos o modalidades de familia.

Introducción:  Algunas definiciones utilizadas por el INE y fuentes para este trabajo

Me basaré en este texto exclusivamente en los datos que nos ofrece el INE. Lo que no siempre resulta fácil pues a veces introducen nuevas variables al referirse al mismo concepto haciendo complicada la comparación. Cuestiones técnicas en las que no puedo entrar. Pero sugiero vivamente que se consulte un listado de “definiciones” que utiliza el INE, particularmente al final de su nota de prensa de 12 de diciembre de 2013.

Señalemos también que las fuentes utilizadas por el INE son dos: los Censos de población y vivienda principalmente. Utilizaré los de 2001 y 2011. Pero desde el año 2013 trabajan también con la Encuesta Continua de Hogares. En la nota de prensa del 10/04/14 puede leerse la metodología que utilizan y algunos resultados. Pero por problemas de espacio no puedo ocuparme aquí de esta importante y novedosa fuente.

Presentamos, de entrada, unos indicadores básicos que provienen esencialmente del servicio de prensa del INE el 12 de diciembre de 2013, para dar paso a continuación a los diferentes tipos de hogares existentes en España y a su cuantificación. Ver tabla 1.

Tabla 1. Principales indicadores de hogares en 2011 y su variación respecto a 2001

  Censo 2001 Censo 2011 Variación absoluta 2001-2001

Variación relativa 2011-2001 En %

Número de hogares 14.187.169 18.083.692 + 3.896.523

+ 27,5 %

Hogares unifamiliares 2.876.572 4.193.319 + 1.316.747

+45,8 %

Tamaño medio del hogar 2,86

personas

2,58

Personas

- 0.29

-10,0 %

Personas entre 25 y 34 años que viven solas 443.675 607.806 + 164.131

+ 37,0 %

Personas entre 25 y 34 años que viven en pareja sin hijos 1.003.329 1.394.865 + 391.536

+ 39,0%

Personas de 65 y + años 6.796.936 7.933.773 + 1.136.837

+ 16,7 %

Personas de 65 y + años que viven solas 1.358.937 1.709.186 + 350.249

+ 25,8 %

Número de parejas 9.510.817 11.473.534 + 1.962.717

+ 20,6 %

Parejas sin hijos 3.042.409 4.413.304 + 1.370.895

+ 45,1 %

Parejas con 1 o 2 hijos 5.473.743 6.429.044 + 955.301

+ 17,4 %

Parejas con 3 hijos o más 994.665 631.186 - 363.479

- 38,5 %

Parejas de derecho 8.947.032 9.806.022 + 858.990

+ 9,6%

Parejas de hecho 563.785 1.667.512 + 1.103.727

+ 195,8 %

Familias reconstituidas 235.385 496.135 + 260.750

+ 110,8 %

Fuente: INE. Nota de prensa del 12 de diciembre de 2013

El número de hogares está aumentando

Constatemos, en primer lugar, que el número de hogares en España alcanza los 18.083.692, según los Censos de Población y Viviendas 2011, lo que supone un incremento del 27,5 % respecto al año 2001. En realidad es el número de miembros en cada hogar el que viene descendiendo en España durante los últimos 40 años. 3,82 personas de media convivían en un hogar el año 1970; 3,59 el año 1981; 3,26 el año 1991; 2,86 el año 2001 y que queda reducido a 2,58 el año del último censo en 2011. Cada vez hay menos gente en cada vivienda. De ahí también que se hayan construido más viviendas. Demasiadas a lo que parece, pero también había más demanda.

También aumentan las personas que viven solas

Los técnicos las denominan hogares unipersonales o unifamiliares y con esa denominación aparecen en la tabla 1. Los hogares unipersonales mantienen la tendencia creciente de las cuatro últimas décadas y ya representan el 23,2 % del total de hogares españoles, cuando ese porcentaje era del 7,8 % el año 1970. Entre 2001 y 2011 el porcentaje de hogares unipersonales casi se dobla, hay un 45,8 % más. Es muy llamativo observar (véase para el detalle de datos la Nota del Prensa del INE ya referenciada del 12 de diciembre de 2013) que entre los solteros, casados y divorciados abundan los hombres sobre las mujeres viviendo solos, mientras que entre los viudos son muchas más las mujeres que viven solas. Vivir en hogares unipersonales en el caso de los hombres es consecuencia, particularmente, de su soltería o de un fracaso matrimonial. En el caso de la mujer, de su mayor esperanza de vida y quizás también (no he comprobado en detalle el dato) las mujeres se casan (unen, forman pareja, etc.) en segundas nupcias con mayor frecuencia que los hombres. Lo veremos más abajo en detalle.

Tabla nº 2. Personas que viven solas, según el sexo, a tenor del Censo de 2011.

Condición Valores absolutos

Porcentaje

sobre total de hogares

Mujer sola de menos de 65 años 1.054.513

5,83 %

Mujer sola de 65 y más años 1.279.486

7,07 %

Mujeres que viven solas 2.333.999

12,9 %

Hombres solos de menos de 65 años 1.429.621

7,91 %

Hombres solos 65 y más años 429.700

2,38

Hombres que viven solos 1.859.321

10,28

Total hogares unipersonales 4.193.320

23,19 %

Total de hogares en 2011 18.083.692

100 %

   Datos del Censo de 2011, elaboración de JE.

En la tabla 1 también hemos tenido ocasión de comprobar que el aumento del número de personas que viven solas ha aumentado entre las personas de 65 y más años de edad, así como entre las personas más jóvenes, quienes tienen, en el momento de administrar la encuesta, entre 25 y 34 años de edad. En el primer caso señalado, personas de 65 y más años habría el año 2011 más de un millón setecientas mil personas viviendo solas en su domicilio en España, un 25,8 % más que el año 2001, diez años antes. Es salto es espectacular y merece, en sí mismo considerado, un apartado al que aquí no podemos consagrar. Pero nótese también que entre las personas más jóvenes (entre 25 y 34 años de edad) en los años que median entre el censo de 2001 y el de 2011, el porcentaje de los que viven solos ha aumentado en un 37 %. Cifra aún más espectacular. Indicador básicamente de que en la actualidad la media de los jóvenes se casan (unen, hacen pareja, etc.) pasados los treinta años… y que muchos se separan o divorcian en los primeros años de vida en común. Tampoco podemos ocuparnos aquí de este tema.

Limitándonos ahora a los datos del Censo de 2011, hemos profundizado en el sexo de las personas que viven solas y hemos construido esta Tabla 2.

La tabla 2 nos complementa el perfil de los hogares unifamiliares, hogares donde viven personas solas. Casi llegan al 25 % de los hogares españoles, aunque el número de personas que viven solas en España es el 9 % del total pues, no se olvide, el número medio de personas por hogar era en el censo de 2011 de 2,58.

Pero más importante a señalar es que si bien no hay mucha diferencia entre el porcentaje de mujeres que viven solas (12,90 del total de hogares) respecto del de los hombres (10,28), sin embargo, y de forma muy significativa, los hombres de 65 y más años son un tercio menos que las mujeres, lo que se explica en gran medida por la superior longevidad de las mujeres. Por otra parte los hombre de 65 y menos años son, en número, algunos más que las mujeres, lo que se explica, aunque en menor medida, por su renuencia a casarse.

Parejas, según su número  de hijos

Estamos ante lo que se ha estado denominando como familia nuclear: una pareja con o sin hijos. En la tabla 1 constatamos su número y evolución entre los censos de 2001 y 2011. Retengamos lo esencial.

Tabla 3. Tipos de familia según nacionalidad

 

Censo 2011

Incremento

2001-2011

En %

Según Tipo de pareja Valores absolutos

En % verticales

Parejas  españolas 9.880.642

86,1

- 9,6

Parejas extranjeras 1.022.770

8,9

248,5

Hombre español y cónyuge extranjero 322.795

2,8

136,4

Mujer española y cónyuge extranjero 247,327

2,2

Total de parejas 11.473.534

100%

-

 

El número de parejas ha aumentado en el periodo considerado en cerca de dos millones. En el censo de 2011 hay un 20,6 % de parejas más que en el censo de 2001. Al boom de nacimientos en España entre 1970 y 1975 “le ha llegado el momento de formalizarse en parejas”, -teniendo en cuenta que muchas parejas se constituyen con treinta y más años de edad-, a partir del año 2002 y durante toda la década que comprenden los censos de 2001 y 2011 que estamos analizando. Más interesante es constatar que han aumentado en un 45 % el número de parejas que no tienen hijos, pero en solo un 17 % las que tienen uno o dos hijos y ha disminuido en un 48,5 el número de parejas con tres o más hijos. La conclusión es clara: aumento de parejas, sí, pero básicamente de parejas sin hijos y notabilísimo descenso de parejas con tres o más hijos, siendo el aumento de parejas con uno o dos hijos inferior al aumento general de parejas. Luego notable descenso de la natalidad que no llega ni de lejos a cubrir la reproducción natural de la sociedad española. Dentro de unos años habrá más personas mayores de 65 años que menores de 15. Será la pirámide de edades invertida. O cambia la actual tendencia de baja natalidad, o se produce una gran masa de inmigrantes. Si solamente se da la primera realidad, España, poco a poco va desapareciendo. Si aumenta fuertemente el número de inmigrantes, España será cada vez más mestiza. Habrá cada vez más parejas mestizas.

Parejas según su nacionalidad

Detengámonos un momento en la evolución actual de las parejas según su nacionalidad. Es lo que ofrecemos en la tabla 3.

Según el censo de 2011 la inmensa mayoría de parejas siguen estando conformadas por parejas donde ambos son de nacionalidad española, lo que no significa, exactamente, que ambos cónyuges hayan nacido en España pues uno -o los dos- han podido nacionalizarse español. Estamos hablando del 86,1 % de parejas en España el año 2011 pero, regístrese el dato, representaban porcentualmente un 9,6 % menos que diez años antes. Por el contrario el porcentaje de parejas extranjeras (ambas extranjeras) había aumentado en 248,5 % y el de parejas con un cónyuge español y el otro extranjero lo hacía en un 136,4 %, cuando en la pareja el hombre era español y cuando lo era la mujer.

Parejas interreligiosas

Llamadas también interconfesionales o mixtas, como lo hace el Código de Derecho Canónico, exigirían al menos un apunte propio. Pero no he encontrado referencia alguna en España al número de familias, uniones familiares, matrimonios, etc., entre personas de diferente signo religioso que hayan decidido compartir su vida en alguna de las modalidades posibles que arriba hemos mentado. La Web de la Conferencia Episcopal Española en su Comisión de Relaciones Interconfesionales, siguiendo las directrices del Código de Derecho Canónico (cánones 1124-1128), escribe sobre la preparación, celebración y acompañamiento posterior a los matrimonios mixtos, entre otros documentos de interés pastoral. Pero no hay –o yo al menos no he encontrado– un solo dato estadístico (tampoco en la Oficina de estadística de la CEE) sobre el número de matrimonios mixtos que haya habido en España. Al menos de los que la Iglesia pudiere tener conciencia. No es que sea lo esencial, ciertamente, pero parece conveniente sobre qué universo de personas se ha “pastoreado”.

El INE ni siquiera menciona la expresión matrimonios, uniones, parejas, etc., interreligiosas o interconfesionales. El INE utiliza la expresión de matrimonios mixtos cuando se trata de matrimonios de diferentes nacionalidades, pero es fácil darse cuenta de que matrimonios de diferentes nacionalidades no supone necesariamente matrimonios interreligiosos: es el caso de españoles casados con latinoamericanos de religión católica. Para el INE –salvo error por mi parte, que no creo pues he buceado en el interior del INE– ese matrimonio sería calificado de mixto. Luego matrimonio mixto no tiene la misma significación en el INE que en la Iglesia católica y se presta a equívocos a los escasos investigadores a quienes estas cosas interesen.

Sea lo que sea, los datos obtenidos sobre la modalidad de matrimonios (exclusivamente matrimonios, no parejas de hecho o uniones libres) canónicos o civiles tampoco nos muestra la modalidad de matrimonios interreligiosos en España. Así, según el INE, el año 2012 hubo en España 165.101 matrimonios de los cuales 61.809 según la Iglesia católica (el 37 %) y 102.334 exclusivamente civiles (como los denominan) que conformarían el 62 % de matrimonios en España el año 2012. El 1 % restante, 958 en valores absolutos, el INE lo encuadra bajo la denominación de matrimonios “según otra religión”. Pero no podemos decir cuántos interreligiosos. Cabe hipotetizar que los hubo bajo la denominación de matrimonios según la Iglesia católica o según otra religión pero ninguna información sobre el número de los mismos. Obviamente su cuantificación no interesa al INE.

Parejas de hecho y de derecho

Aunque en la tabla 1 ya nos hemos referido a esta modalidad, trasladamos los datos allí ofrecidos con alguna ampliación significativa en la tabla nº 4.

Tabla 4. Evolución de los tipos de pareja (mismo sexo, distinto sexo) según los Censos de 2001 y de 2011.

 

Censo de 2001

Censo de 2011

Incremento

2001-2011

En %

Según Tipo de pareja Valores absolutos

En  %

Verticales

Valores absolutos

En % verticales

Parejas de distinto sexo 9.500.343

99,9

11.418.614

99,5

20,2

Parejas del mismo sexo femenino (a) 3.478

0.0

17.067

0,1

390,7

Parejas del mismo sexo masculino (b) 6.996

0.1

37.853

0,3

441,1

Parejas del mismo sexo (a + b) 10.474

0,1

54.920

0,47

524,3

Total de parejas 9.510.817

100 %

11.473,534

100%

20,6

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo de población y vivienda 2011. Nota de prensa 12 diciembre 2013 (Completado por los propios datos del INE por JE)[1]


Las parejas de derecho siguen siendo mucho más numerosas que las de hecho, aunque en los 10 últimos años se ha producido un descenso significativo del número de parejas de derecho (casi un 10 %) y un incremento muy significativo del número de parejas de hecho. En efecto, en las parejas de hecho con sus dos miembros solteros el incremento ha sido del 249,5 %. Y en las de otro tipo (por ejemplo un soltero con alguien que habría estado casado, o parejas de personas que anteriormente hubieran estado casadas con otras personas), del 136,4 %. En definitiva, según el Censo de 2011 las parejas de hecho ya conforman el 14,5 % de las parejas en España.

 

Parejas del mismo y distinto sexo

La inmensa mayoría de las parejas en España son de diferente sexo. Según el censo de 2001 sumaban el 99,9 % de las parejas. En el censo de 2011, ya aprobada la ley que formalizaba el matrimonio entre personas del mismo sexo, la cifra desciende un poco: el 99,5 % del número de parejas son de distinto sexo. Por su parte, las parejas del mismo sexo se han multiplicado por cinco en los 10 últimos años y se sitúan en 54.920 según el censo de 2011 cuando el número de parejas de diferente sexo arrojaba, siempre según el INE, la cifra de 11.418.614. Ver datos en la tabla 5.

Es evidente, sin embargo, que más allá de las diferencias, tanto en valores absolutos como en valores porcentuales entre parejas del mismo sexo y parejas de diferente sexo, la cifra de casi 55.000 parejas del mismo sexo es mucho más que una anécdota o una cifra residual. Es una realidad estadísticamente relevante. Anótese también que las parejas del mismo sexo masculinas siguen siendo más del doble que las femeninas.

Hogares monoparentales

En la nota de prensa del INE de 12/12/13 en su página 4 podemos leer una tabla de hogares según estructura, tabla de la que extraemos estos datos, aunque algunos repetidos, por haber sido presentados anteriormente, al objeto de facilitar la lectura, particularmente si se lee en formato electrónico. Ver tabla 6.Ya hemos hablado más arriba de los hogares unipersonales (el 23 % de los hogares en el Censo de 2011), así como los conformados por parejas que viven sin hijos (21 %) y con hijos (35 % en números redondos). Con estos datos recordados, presentamos en la tabla 5, el 7,5 % de hogares donde vive una madre que vive sola con sus hijos y el 3,2 % de hogares conformados por un padre que vive solo con hijos. Sumando ambas situaciones tendríamos que, a tenor del Censo de 2011, habría en España un 10,7 % de familias monoparentales siendo claramente mayoritarias las conformadas por la madre con sus hijos, aunque haya aumentado en la década anterior a la del Censo de 2011 el porcentaje de familias monoparentales con padre (el 59,7 %) en mayor proporción que el porcentaje de familia monoparentales con madre (44,8 %).

Tabla 5: La dimensión de los hogares monoparentales y su evolución según los censos de 2001 y 2011.

Diferentes tipos de hogares

Censo 2011

Variación
  Valores absolutos

En  %

Verticales

2011 – 2001
Hogar unipersonal 4.199.319

23,2 %

+ 27,5 %

Hogares formados por parejas sin hijos 3.804.677

21,0 %

+ 55,4 %

Hogares formados por parejas con hijos 6.321.923

34,6 %

+ 9,1 %

Hogares con una madre sola con hijos 1.359.376

7,5 %

+ 44,8 %

Hogares con un padre solo con hijos 573.732

3,2 %

+ 59,7 %

Hogar con al menos dos personas que no forman familia 246.835

1,4 %

+ 77,3 %

Otro tipo de hogar 1.823.680

10,1 %

- 9,9 %
Total de hogares 18.083.692

100 %

+ 27,5 %

Podemos dar un paso más y con riqueza de información suplementaria. Según la nota de prensa de 10 de abril de 2014 en base a la encuesta continua de hogares de 2013 (recuerden que hablamos de datos provisionales) bajo el epígrafe de “Hogares monoparentales” podemos leer que “los hogares monoparentales, es decir, los que están formados por uno solo de los progenitores con hijos, están mayoritariamente integrados por madre con hijos (1.412.800, el 82,7 % del total, frente a 294.900 de padre con hijos). El número de hogares formados por madre con hijos ha crecido en más de 53.000 desde el censo de 2011. Por el contrario, el de padres con hijos ha disminuido en 40.000. En un 43,7 % de los hogares de madres con hijos la madre está viuda, en un 35,7 % separada o divorciada, en un 12,6 % soltera y en el 8,0 % casada. El 56,4 % de los 178.000 hogares de madre soltera con hijos está formado por mujeres de 40 o más años”.

Ya pasados del espacio que nos han asignado para este texto limitémonos a señalar las diferentes situaciones de la madre que vive sola con sus hijos: el 43,7 % por viudedad, luego estamos ante una situación sobrevenida. En todos los demás casos es consecuencia de una decisión adoptada.

Nos parece capital señalar que el número de madres viviendo solas con algún hijo menor de 25 años es de 693.167, el 3,83 % de hogares en el censo de 2011, y que el número de padres viviendo con algún hijo de menos de 25 años es de 180.826, el 1,0 % del total de hogares del mismo censo. Estos hogares, especialmente cuando los hijos sean de corta edad, son los que debieran tener prioridad asistencial, si la educación de las nuevas generaciones es prioritaria como a veces se oye decir.

Familias reconstituidas

Señalemos, por último, que, según la Nota del INE del 12 de diciembre de 2013, habría en España casi medio millón de parejas que tienen algún hijo que no es común a los dos miembros de la pareja. Añaden en la nota que “en los 10 últimos años esta cifra ha aumentado en un 110,8 %, debido al incremento de rupturas matrimoniales”

 

Cinco claves de lectura del fenómeno eclesial del papa Francisco

Marciano Vidal

El significado de la elección del papa Francisco y de su actuación en el primer año de su pontificado desborda los límites de la Iglesia para alcanzar los ámbitos más amplios de la sociedad, al menos de la que está condicionada por lo mediático sin excluir, naturalmente, la que se mueve por intereses de poder (político, económico, cultural). El que haya sido portada del semanario norteamericano Time (23 de diciembre de 2013) como lo pone de manifiesto.

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Usos y abusos de la soberanía: del pueblo agredido al poder ciudadano

José Antonio Pérez Tapias

Éxodo 119 (may.-jun.) 2013
– Autor: José Antonio Pérez Tapias –

Los ciudadanos de la Unión Europea, sobre cuyas sociedades se ceba la crisis inmisericorde que nos han echado encima, estamos como aquel personaje de la obra de Italo Calvino, El vizconde demediado, que andaba atónito por los campos tras las distintas mitades de su tío Medardo: ora tras la mitad mala del vizconde, la del Malvado, que por doquier pasaba destruyendo, ora tras la mitad benévola, la del vizconde Bueno que hacía el bien a todo el que se encontraba. Hay que recordar, por si no se tuviera presente, que el vizconde en cuestión quedó partido en dos mitades cuando fue desde Italia a Centroeuropa a la guerra contra los turcos y una certera bomba de estos le alcanzó, partiéndole justo por el medio. Cada mitad se las compuso como pudo, pero ambas decidieron volver a su lugar de origen. Después de todo, era el mismo vizconde añorando sus dominios.

NEGACIÓN DEL PUEBLO POR UN SOBERANO DEMEDIADO

Al soberano de nuestros Estados, como quiera que se lo conciba, aunque no puede entenderse de cualquier manera, le ha pasado como al vizconde del relato de Calvino. Se ha visto metido en una guerra, dura guerra por más que sea económica –ya dejó dicho Benedetti, con su certera palabra de poeta, que “las guerras nuevas no tienen semblante/ salvo el rostro sutil de las finanzas”–, y la metralla le ha partido por la mitad. Se le puede echar la culpa a la insuperable debilidad que arrastra todo ejército fragmentado, y no otra cosa es una Unión Europea solo superficialmente unida, como se puede apuntar también la escasa defensa que supone una moneda aparentemente fuerte, pero realmente muy volátil: el euro. Pero el caso es que esas causas de la desbandada de un ejército en retirada mal consuelo son para un soberano alcanzado de lleno en la batalla y partido en dos, con pocas posibilidades de que sus escindidas mitades vuelvan a reunirse armoniosamente.

Cuando la ciudadanía de esos Estados ve a sus respectivos soberanos tan dañados, trabajo le cuesta, primero, creer que quien parecía estar dotado de tanto poder como aparentaba esté ahora reducido a la más humillante impotencia; y, segundo, constatado lo anterior, ciudadanas y ciudadanos no hacen sino poner en solfa los pretendidos atributos de soberanía que la realidad se encarga de desmentir. Estados que se tenían por soberanos se hallan sutil o descaradamente intervenidos, con sus decisiones constantemente escrutadas desde instancias ajenas con escasa legitimidad democrática –como la Comisión europea– o con ninguna –como el FMI o un Banco Central Europeo en verdad sometido al control remoto del Bundesbank alemán–.

El pueblo, esa ciudadanía que se creía demos, por haber asumido que era sujeto de derechos que no solo habían de ser respetados, sino además ejercidos, especialmente los tenidos por derechos políticos de participación democrática, ha visto cómo su Estado pretendidamente soberano se ha ido quedando desnudo, como el famosísimo emperador de Andersen. La cuestión es que esa desnudez no induce ninguna conmiseración, sino, de entrada, un fuerte desapego, es más, una ácida crítica hacia los mecanismos de poder que ha dejado a la vista el despojo de los ropajes de la soberanía. Cuando a eso se le llama desafección hacia la política todavía responde al lenguaje del poder que se creía soberano, que siente cómo los ciudadanos no sólo le retiran el afecto, sino que le pierden el respeto. Es, por ello, más que desafección: es crítica sin contemplaciones.

No obstante, el pueblo, en medio de la lucha diaria por la supervivencia, todavía no se ha percatado lo suficiente del perverso juego que ha empezado a practicar con cada una de sus mitades un soberano demediado. Estas, dedicadas a tareas asumidas como propias en una guerra cruel en la que al pueblo, en nombre de los sacrificios que toda contienda bélica exige y que se ponen bajo la engañosa bandera de la “austeridad” –falseada para conseguir el engaño de las multitudes–, se presentan en su contraposición como tareas necesarias, insoslayables, para salvar a la sociedad de caer en el abismo. Así, se utilizan remedos de aquel lema que adornaba los cuarteles y con el que antaño todos los ciudadanos se topaban en cualquier rincón de su localidad, el “todo por la patria”, sin extraer las debidas conclusiones del hecho de que en esta guerra donde se nos ha metido de hoz y coz, esos ciudadanos hemos aprendido de una vez que el capital, que siempre aspira a vencedor, no tiene patria.

Así, el pueblo, en trance de verse liquidado como tal en lo que es más un democidio que lo que confusamente se quiere llamar austericidio, comprueba los alardes de cinismo de que son capaces los que detentan el mencionado poder soberano, venido a menos a fuer de su tremenda bipartición. Cuando ya nada se espera –los poetas, ¿dónde están los poetas, que bien harían en ejercer como profetas con sus insobornables denuncias?– de un poder desmentido en sus pretensiones por los hechos, a este parece no quedarle más camino que el de la mentira generalizada, el de la contradicción sin miramientos o el de una orwelliana neolengua absolutamente desvergonzada –o todo eso a la vez–. Todos los papeles están al descubierto, incluso los de un tal Bárcenas, tirando de la manta que tapaba las miserias de décadas de financiación irregular del partido hegemónico de la derecha española y españolista. Nada falta, pues, para que en respuesta al cinismo, el pueblo se instale en el descreimiento, resultado de un escepticismo que conduce a los bordes del nihilismo, sin muchas veces más trinchera para resistir que la agudeza de la ironía que a todas horas nos aprestamos a practicar.

Así, el pueblo, poco a poco, a golpe de injusto sufrimiento por los sucesivos ajustes que sobre él recaen, toma conciencia cada vez con más fuerza de lo que supone un soberano demediado, es decir, un Estado radicalmente menguado en sus funciones políticas a expensas del mercado que le domina, como se acusa sobre todo en la impotencia del gobierno de turno, incapaz de ir más allá de aplicar los mandatos explícitos e implícitos que los poderes financieros imponen. De este lado, el pueblo comprueba sobre sus doloridas espaldas cómo el soberano demediado actúa al modo del vizconde en su mitad malvada: recortes sociales y derechos ciudadanos amputados desde la despiadada ortodoxia neoliberal de un poder político, en verdad político a medias a lo más, pues sólo se limita a gestionar el avance hacia el abismo, es decir, la gran regresión a la que nos está llevando la gran depresión en la que nos han metido.

De otro lado, el pueblo también constata cómo el poder soberano reducido a la mitad, siendo generosos en la consideración, viendo que todo se hunde y el pueblo no levanta cabeza, sino todo lo contrario, trata de amortiguar el golpe desplazando a la beneficencia lo que eran políticas sociales de bienestar, así como dejando para la caridad lo que era objeto de la responsabilidad de los poderes públicos en la atención a derechos y necesidades de la ciudadanía. No escapa a la mirada de ésta, cada vez más avezada en descubrir los trucos del perverso juego de complementariedades en que las dos mitades de un Estado escindido se han embarcado, el hecho de cómo, desde el aparato estatal, desdoblado en esas dos vertientes de la más infausta Maldad y la más falsa Bondad, se reparten las funciones entre neoliberales y neoconservadores para ser unos y otros los encargados de las tareas más acomodadas a sus respectivos perfiles. Lo que la mitad maléfica destruye, la mitad benefactora trata de compensarlo, en hechos y dichos, como corresponde a una derecha que tiene claros los intereses sociales que defiende y la complementariedad de acciones y discursos que tiene que llevar a cabo para no perder pie en la lucha de clases –reactivada en tiempos de recursos escasos–, incluida la lucha ideológica, tan necesaria para el control social.

La ciudadanía, como pueblo al que ya no se le engaña, viendo la fatal esquizofrenia del Estado en el juego con cartas marcadas en el que está enfrascado –unas, del palo del Dr. Jekyll; otras, del palo de Mr. Hyde–, indaga atónita a lo largo y ancho de sus instituciones por donde pasa esa divisoria del soberano demediado. Con especial interés detiene la mirada allí donde la teoría, con su destilación en dogmas, dice que reside la soberanía nacional, la soberanía, por tanto, de ese mismo pueblo en tanto que delegada en sus representantes democráticamente elegidos, es decir, en el parlamento –o en los parlamentos, contando también los de las comunidades autónomas–. Afinando la vista, aunque sin necesidad de mucho esfuerzo, esa ciudadanía ha levantado acta de lo lejos que se van esos representantes respecto de quienes les votan, de manera que resulta francamente difícil reconocerlos como tales. Ese cuestionamiento de la representación política –no tanto en los principios, sino en su facticidad– no empece para que se perciba en quienes han sido elegidos para desempeñar ese reparto de funciones en la doble vertiente de lo claramente calificado como maligno –un proceder político impasible ante la injusticia en aras del control del déficit y la estabilidad financiera–, y lo amablemente describible, no ya como benigno, sino como ingenua bondad de una oposición atenazada. No todo se reduce a eso, pero el soberano demediado ha desencadenado tales dinámicas que esos dos polos vienen a engullir el bipartidismo y sus restos, dejando en medio el vacío de una amplia zona del espectro político donde se instalan nuevos protagonistas.

En definitiva, si puede hablarse de la impotencia resultante de esa partición a la que ha sido sometido un poder soberano que ha dejado de serlo, lo que se impone ineludiblemente es la constatación de la “furia demediadora” –como era el caso en la historia del vizconde demediado– del lado malo del poder partido, la cual, queriendo aparentar el poder que ya no tiene asume la destructiva lógica de un poder arrogante que conduce las instituciones a un autoritarismo postdemocrático –punto machaconamente subrayado, y con toda razón, por el comentarista Josep Ramoneda en muchos de sus artículos–. La ciudadanía, por tanto, incrédula respecto de doctrinas schumpeterianas sobre “destrucción creativa”, así como muy escaldada para aceptar prosaicos lemas apelando a hacer de la crisis una oportunidad, ha sacado la conclusión de que vamos por el camino equivocado de una destrucción que no deja de ser redundantemente destructora de todo un país.

El soberano demediado, en medio de la destrucción que no solo permite, sino que hasta promueve, ni siquiera respeta al pueblo a quien en su retórica considera a su vez fuente de su soberanía, es decir, soberano a su vez. Si el Estado y sus poderes ya no son en verdad soberanos, de tan intervenidos como están –soberanos e intervenidos, como magistralmente los ha vuelto a describir Joan Garcés–, y lo que les queda de soberanía se dirige negativamente hacia el pueblo ciudadano, es decir, para actuar negadoramente sobre los restos de soberanía que pudiera aún ejercer, ¿por qué seguir engañándonos con la soberanía, con lo que pensamos y decimos de ella y, peor aún, con lo que se hace con lo que de ella queda?

NECESARIA DESMITIFICACIÓN: CONTRA UNA SOBERANÍA SACRALIZADA

Visto lo visto, sorprende la mayoritaria y casi unánime posición fideísta que respecto a la soberanía se mantiene. Es cierto que de siempre, aunque de hecho no se diera en abundancia, cualquiera podía asombrarse de cómo desde los Estados y sus respectivos gobiernos, así como desde los partidos de su espectro político o, en general, desde los representantes de sus élites, se ha reivindicado con vehemencia la soberanía nacional. Pero eso que hasta podía verse como normal es lo que hoy resulta singularmente chocante. ¿Qué soberanía pueden reivindicar aquellos que consienten en que estemos intervenidos? Hace falta, ante una mirada tan patológicamente desiderativa, una doble cura: de humildad y de realismo. Para ambas cosas la terapia ha de incluir por fuerza una buena dosis de desmitificación del concepto mismo de soberanía.

Relativizar la noción de soberanía, desmitificándola o, si se prefiere, consumando respecto a ella la desacralización de la misma que se quedó a medias es lo que hay que hacer para sanear una vida política muy distorsionada por visiones del Estado apoyadas en una idea insostenible de soberanía nacional. Es de ella de donde arranca ese doble quehacer perverso que nos ha mostrado el análisis del soberano demediado: sometido a poderes económicos transnacionales –no soberano, por tanto– y crecido ante el propio pueblo al que se le roba una soberanía que, de suyo, habría de ejercerse en su nombre –un Estado impotente que abusa de su soberanía residual aplastando a quien debía ser pueblo soberano–.

El dogma de la soberanía nacional es la piedra angular que sostiene la correlación entre nación y Estado –hay que decir de camino que se constituye en piedra de tropiezo para pensar y poner en práctica un Estado plurinacional como el que en España necesitamos–. Aparte la urgencia que tenemos de revisar esa noción de soberanía para impulsar un federalismo pluralista, que ha de construirse a partir de la descentralización de un Estado que era unitario, la crítica hay que llevarla al punto en que se plantea la cuestión radical de la soberanía. Eso supone revisar el dogma, tal como lo recoge la Constitución de 1978, que dice que “la soberanía nacional reside en el pueblo español” (art. 1.2) –correlativo al que enuncia que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles” (art. 2)–. Tal dogmática, que por lo demás tiene el horizonte de vigencia que pueda tener el Estado español en la forma actual, que es lo que aparece cuestionado en su perdurabilidad –a no ser que la fórmula del federalismo pluralista se abra paso–, es absolutamente cuestionable, y debe ser cuestionada.

Tal idea de soberanía, que en el caso del Estado español se afirma y se traslada a la norma fundamental de la mano de un nacionalismo españolista hegemónico, es la que no se sostiene, ni por el cuestionamiento al que la someten los hechos, ni tampoco desde un punto de vista teórico. No obstante, puede pensarse que prescindir totalmente del concepto de soberanía nos acarrearía problemas indeseables, pues todavía lo necesitamos de alguna forma para pensar el Estado. Aunque el Estadonación está sometido a fuertes tensiones –rebasado y muchos casos reducido a la impotencia en el contexto de la actual globalización económica, como estamos viendo en la terrible crisis que padecemos, pero también instrumentalizado en esa misma situación para políticas de resurgimientos nacionalistas, de tipo reactivo y compensatorio en múltiples direcciones–, el Estado no es prescindible. Es esa necesidad respecto a él lo que parece que obliga a mantener el concepto de soberanía como necesario “resto” jurídico-político, lo cual impone manejar esa soberanía sabiendo, como indica lúcidamente el filósofo catalán Rubert de Ventós hacia el final de su libro Nacionalismos, que “ninguna soberanía tendrá todos los atributos de la soberanía”. Es decir, puestos a mantener la idea de soberanía, procede hacerlo pasándola por el filtro de una crítica seria que nos la devuelva desmitificada y secularizada y, por tanto, apta para un uso relativizado de la misma.

Mientras no se consiga esa secularización definitiva de la noción de soberanía, ella estará lastrando, con su carga mítica, las posibilidades mismas de reinvención del Estado, quedando atrapado éste en las redes del nacionalismo que trata de monopolizarlo. La soberanía esgrimida por cualquier nacionalismo, que en este caso actúa servilmente hacia poderes económicos o instancias externas y autoritariamente hacia dentro, tiene mucho del fondo teológico monoteísta del que procede. Por ello una soberanía mitificada funciona en un discurso monológico, con afán monopólico e interpretada de modo compacto como indivisible, cual correspondiente al uno, ya no divino, pero sí el uno que es Estado unitario que con la soberanía también se eleva a mito –el “mito del Estado” que ya abordó Ernst Cassirer–.

Hay, pues, que empezar afrontando ese lastre de mítica heredad en moldes teológicos que sigue arrastrando la idea de soberanía, la cual, tal como venía del mundo de la religión y de las monarquías a las que pasó desde aquél, comportaba –como analiza Georges Bataille en la obra que dedicó a esclarecer “lo que entiende por soberanía”– una alienación o enajenación de lo que de suyo debía ser la soberanía de todos y cada uno de los individuos, pero que no lo era en tanto vivían en condiciones de servidumbre desde la que trasponían su soberanía al dios o al rey que los “representaba”. Una apreciación como esa da pie para aceptar la parte de razón que llevaba Carl Schmitt en su polémica Teología política al afirmar –no era el único– que “todos los conceptos centrales de la teoría del Estado son conceptos teológicos secularizados”, mas para alejarnos de inmediato de la “teología política” schmittiana. Ésta venía a sostener la idea de soberanía como secularización de la soberanía divina transferida al monarca absoluto y luego al Estado –operación tematizada por Hobbes, de quien Schmitt se sentía próximo, a diferencia de su distancia respecto al demócrata republicano Rousseau, que culmina el movimiento haciendo radicar la soberanía en el pueblo como conjunto de ciudadanos–. Lo malo es que Schmitt se aferraba a ese fondo de sacralidad, redundando en la mitificación, lo cual le hacía defender la soberanía como el poder total, no solo capaz de fundar el orden jurídico del Estado, sino de dejar en suspenso ese orden cuando discrecionalmente –arbitrariamente– lo considerara oportuno mediante el estado de excepción, poniendo entre paréntesis la misma legalidad establecida por el soberano: “soberano –era su definición– es quien decide sobre el estado de excepción”. Puesto así, lo grave que la realidad obliga a reconocer, con Walter Benjamin en sus Tesis de filosofía de la historia (8), es que el juego trucado del poder soberano hace que la regla misma acabe siendo el “estado de excepción en el que vivimos”, desde el momento en que la ley se ve constantemente traicionada desde el mismo poder que la promulga.

Los nacionalismos fascistas evidenciaron su apego al pensamiento de Schmitt, y aunque los nacionalismos de cuño liberal no manifiestan tal querencia, lo cierto es que en éstos últimos se sigue cultivando una noción de soberanía cargada de connotaciones provenientes de ese pasado teológico, no suficientemente depuradas, dando lugar en ese caso a una idea de soberanía, como hemos dicho, malamente secularizada, al menos por estarlo a medias. La ideología nacionalista se nutre de ese fondo donde arraiga una mitificación de la soberanía que, por lo demás, entronca con otras mitificaciones con las que se construye el imaginario nacionalista, tanto si es de legitimación, en el caso de nacionalismos mayoritarios e instalados en el poder de un Estado, como si es de carácter reivindicativo, como es en los nacionalismos minoritarios, aspirantes en muchos casos a Estado propio. El caso es, con todo, que tanto en unos como en otros la soberanía que a ellos se asocia, por muy mitificada que esté la idea, no deja de ser una soberanía mitificada, metida en tramposos equilibrios compensatorios entre sus dos mitades. Lo que se sigue, sobre todo por el lado de la soberanía falsamente encumbrada por el lado del nacionalismo dominante, aferrado a la obsoleta ecuación una nación, un Estado, es la ridícula pretensión –ridícula por no creíble– de pretenderse independiente, como corresponde a la soberanía defendida cual si fuera la de un “dios celoso”, pero siendo en realidad lo contrario. Esto es lo que se constata ahora en el mismo seno de una Unión Europea en la que se ha pasado de supuestas cesiones de soberanía para constituir espacios comunes de poder, a ver cómo de hecho se trata, al menos para los países periféricos del sur, de soberanía que nos es robada en procesos que se dan al margen de los procedimientos establecidos por la misma normativa de la Unión.

DEMOCRACIA O PODER CIUDADANO: ¿SOBERANÍA SIN MITOS?

No es el momento de adentrarnos por derroteros de filosofía política que nos llevarían excesivamente lejos, pero sí lo es de reparar en que, además de razones pragmáticas que invitan a flexibilizar, secularizar y relativizar un concepto de soberanía trasnochado, también hay razones de profundo calado teórico que nos dicen que la idea de soberanía que en medio de todo esto aparece una y otra vez es una idea del todo obsoleta. Una fina operación de desmontaje de un concepto de soberanía que se pretende sostener sobre unos cimientos desmoronados es la que lleva a cabo, por ejemplo, el constitucionalista italiano Luigi Ferrajoli, el cual, en un magnífico texto de 1997 sobre “La soberanía en el mundo moderno”, tomando pie de la herencia del jurista Hans Kelsen –con quien polemizaba Schmitt–, pone de relieve las contradicciones con las que carga el concepto y quien se apunte a mantenerlo inconmovible. En el Estado constitucional y democrático de derecho, el concepto de soberanía, como soberanía interna –del Estado hacia dentro– pierde su razón de ser. En este punto merecen ser transcritas estas líneas de la obra Derechos y garantías. La ley del más débil (Ed. Trotta, Madrid, 2009, pp. 138-139) del profesor italiano:

“División de poderes, principio de legalidad y derechos fundamentales constituyen, en efecto, limitaciones y en último término negaciones de la soberanía interna. Gracias a estos principios, la relación entre Estado y ciudadano deja de ser una relación entre soberano y súbdito, y se convierte en una relación entre dos sujetos que tienen una soberanía limitada. En particular, el principio de legalidad en los nuevos sistemas parlamentarios cambia la estructura del sujeto soberano vinculándolo no sólo a la ley sino también al principio de las mayorías y a los derechos fundamentales –por tanto, al pueblo y a los individuos– y transformando los poderes públicos de potestades absolutas en potestades funcionales. Desde esta perspectiva el modelo del Estado de derecho, en virtud del cual todos los poderes quedan subordinados a la ley, equivale a la negación de la soberanía, resultando excluidos aquellos sujetos o poderes que se encuentran legibus solutus; de esta forma la doctrina liberal del Estado de derecho y de los límites de su actividad se convierte también en una doctrina que rechaza la soberanía”.

En lo que respecta a la soberanía externa, también la rea – lidad actual de los Estados hace insostenible que se predique tal cual, puesto que los tratados internacionales y, más aún, la adhesión a las declaraciones de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos que los Estados incorporan a sus constituciones como derechos fundamentales implican un límite tal a la soberanía que, en verdad, sólo se mantiene como concepto pertinente en tanto que el orden internacional sigue siendo un hobbesiano estado de naturaleza, sólo mitigado por dichos tratados y la pertenencia a organizaciones supranacionales, respecto a las cuales, no obstante, se siguen manteniendo reservas de soberanía –que en la mayor parte de los casos apenas supone capacidad alguna de ejercerla–. Con todo, es contradictoria con esa noción de soberanía hacia fuera, en las relaciones internacionales o interestatales, un concepto de ciudadanía que remite a derechos de los individuos como sujetos políticos, que de suyo implica obligaciones y responsabilidades de los Estados respecto a los ciudadanos –y no sólo sus ciudadanos, otrora súbditos– que trascienden límites fronterizos y, por tanto, delimitaciones según categorías vinculadas al concepto de soberanía externa. Junto a eso, si queda como “resto” la soberanía popular es –dice Ferrajoli– cual “un simple homenaje al carácter democrático-representativo de los ordenamientos actuales”, dado que éstos, en tanto tienen ese carácter, dejaron atrás los ribetes absolutistas que, aun secularizados, han acompañado a la idea de soberanía, incluso en la versión que quiso darle Schmitt de concepto- límite. Por tanto, con un enfoque como el ofrecido tan sugerentemente por Luigi Ferrajoli, la secularizada relativización de la idea de soberanía, su desmitificación, y con ella, la desmitificación de lo nacional-estatal, es paso obligado para salir de los falsos encantamientos políticos y laborar a favor de una política verdaderamente profana –así, la reivindicaba con acierto el politólogo francés Daniel Bensaïd–, lejos de los tintes funcionalmente religiosos que sigue presentando una política que no cesa de pedir sacrificios a los individuos o de proceder directamente a inmolarlos, sea en el culto a Leviatán, sea en el altar de Moloch.

En tanto que un pueblo agredido, como lo estamos siendo los ciudadanos en la actual crisis del sistema en el que estamos inmersos, toma conciencia de sí, de su dignidad, y es capaz de convertir su indignación en energía política transformadora, podrá poner en su sitio a los “poderes salvajes” que desde fuera y desde dentro del Estado liquidan, utilizando abusivamente los mismos poderes del soberano, lo que de soberanía le pudiera quedar a una ciudadanía expoliada y humillada. Ésta no necesita nuevos mitos, sino acopio de eso que Ernst Bloch llamaba “energías utópicas” para administrar desde la resistencia su capacidad de movilización social e innovación política, con las miras puestas en una participación democrática que sea cauce de una humilde, pero efectiva, soberanía en ejercicio desde la libertad, en igualdad y tras objetivos de justicia.