Denuncia del dominio de la economía especulativa

Asamblea de ATTAC Madrid

Los últimos acontecimientos que se están produciendo en el mundo, Europa y España demuestran el dominio absoluto de la economía especulativa financiera sobre todos los aspectos de la vida, como lo demuestran los fondos buitre que se quedan con las viviendas sociales y la sanidad pública, los fondos buitre que especulan con la deuda de los países poniendo en riesgo su propia soberanía nacional, el saqueo constante de empresas y servicios públicos que son privatizados, entregando a entidades y fondos financieros privados las necesidades básicas de la población para que especulen con ellas con el único fin de obtener las mayores ganancias posibles, o el reciente escándalo protagonizado por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, al revelarse las ventajas fiscales que facilitó a grandes multinacionales en el paraíso fiscal de Luxemburgo. Paraísos fiscales, cuya mera existencia suponen una amenaza para el bienestar de los pueblos del mundo y que desde Attac hemos denunciado desde que empezamos a andar. Muchos sufrimientos, penurias y miserias nos habríamos ahorrado si se hubiera aplicado esta medida y muchos casos de corrupción se habrían evitado porque los corruptos lo habrían tenido mucho más difícil.

Attac ha denunciado, y sigue denunciando, el secuestro de la democracia y la soberanía por parte de organismos supranacionales que representan los intereses de los mercados financieros y no los de los pueblos del mundo. Estos organismos, como estamos viendo en Europa con la Troika, son los que imponen a los Gobiernos, por encima de los Parlamentos o de los organismos elegidos en cada país, las medidas que tienen que adoptar. Hoy, los servicios públicos, los recursos naturales de cada país y los bienes comunes de la humanidad son los bienes codiciados por estos poderes financieros, que los convierten en activos con los que pueden especular en el mercado financiero mundial, de forma que el saqueo llegará a todas partes: no solo la salud, la educación, la vivienda, las pensiones, también los alimentos que comemos, el agua que bebemos, el aire que respiramos o la energía con la que nos calentamos. Esta situación se agravará aún más si se llega a aprobar el Tratado Transatlántico Internacional de Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea (TTIP), que se está negociando con total opacidad y secretismo, ya que desaparecerán las pocas barreras, control y regulación que puedan existir hoy, y se dejará campo abierto sin la menor restricción para que operen las grandes corporaciones internacionales.

La oscuridad, la tergiversación del lenguaje y la manipulación con la que operan los poderes económicos y financieros dificultan que se conviertan en demandas sociales, medidas como la exigencia de que se eliminen los paraísos fiscales o se establezcan medidas de control de los movimientos de capitales (impuesto a las transacciones financieras). Sin embargo, la ciudadanía no es tonta y hace ya tiempo que se ha levantado reclamando su derecho al trabajo, a la vivienda, a la educación, a una jubilación justa, a la salud y ha señalado dónde están los responsables: “no somos mercancía en manos de políticos y banqueros”.

Attac, consciente de nuestra responsabilidad en la denuncia de estos poderes financieros, incrementaremos nuestra actividad en el estudio y denuncia de la economía neoliberal para que la ciudadanía pueda relacionar directamente los problemas cotidianos con los excesos del Casino Financiero y la perversa estructura del Mercado Global que denunciamos, ya que casi todos los problemas que nos afectan tienen una evidente, aunque generalmente ignorada, relación con el proceso de financiarización de la vida, por el que el dominio de los mercados financieros se extiende a prácticamente todos los aspectos de la vida.

Por ello, esta asamblea ha decidido que Attac centre su actividad y dé prioridad a los siguientes

temas:

– Denuncia del TTIP. Denuncia de la negociación secreta, el contenido del Tratado, el mecanismo de resolución de conflictos y las consecuencias tan graves que puede tener para la población en el caso de que llegue a implantarse.

– Justicia fiscal global. Trabajar por la supresión de los paraísos fiscales, ITF, el establecimiento de un Impuesto global a la riqueza, lucha contra el fraude fiscal, defender el establecimiento de políticas fiscales progresivas que supondrán la modificación del IRPF, IVA, I. Sociedades, I. Patrimoniales (Sicav), etc; medidas que permitan también que aflore la economía sumergida y regularice y reconozca los derechos de los trabajadores sometidos a un trabajo clandestino.

– Defensa de los bienes comunes y de los servicios públicos. Estudio y denuncia de la especulación con el agua, el aire, las materias primas, los fondos de pensiones, la sanidad privada o la educación privada…

– Renta básica. Información y debate sobre la Renta Básica Universal.

– Banca pública y Deuda pública. La acción de los grandes bancos, su responsabilidad en la crisis y sus terribles consecuencias. La acción de los bancos y de los fondos buitre en la compra de deuda, los swaps… defensa de una banca pública y de una auditoría de la deuda.

– COP21. Por ser una actividad acordada en la red europea de Attac, trabajaremos en España conjuntamente con los Attac de otros países con ocasión de la Conferencia sobre Cambio Climático que se celebrará en París en 2015.

Este es el plan central de actividad de Attac en Madrid, para el que pedirá el apoyo y la colaboración del consejo científico y de Attac TV.

Attac trabajará e impulsará junto a otras organizaciones y movimientos sociales, como lo ha venido haciendo hasta ahora, todas las formas de organización, coordinación y movilización unitaria en defensa de estas reivindicaciones; y apoyará y se sumará a otras movilizaciones y convocatorias en denuncia de agresiones antidemocráticas.

Attac, que no se propone participar directamente en los órganos de poder –por lo que no presenta candidaturas en los procesos electorales–, mantendrá su independencia y pluralidad. Nuestro programa será presentado y ofrecido a todas las fuerzas que quieran defenderlo.

 Attac colaborará con estas medidas, manteniendo sus propias señas de identidad, en la lucha contra la economía neoliberal y a favor de la ciudadanía. Porque Otro Mundo es Posible.

La ley mordaza o la manipulación ideológica de la justicia

Manuel de la Rocha, Abogado

El Gobierno ha enviado ya a las Cortes el Proyecto de Ley llamado de Protección de la Seguridad Ciudadana, contra el que la opinión pública se ha pronunciado de forma unánime.

Esta Ley de Seguridad Ciudadana junto con las modificaciones al Código Penal son instrumentos de una política represiva sobre los derechos de los ciudadanos frente a la contestación social. Pero también reformas que expresan concepciones profundas de la derecha española, hondamente ideológicas, sobre el alcance de los derechos fundamentales en una sociedad democrática y sobre la función del Derecho Penal y demás normas represoras, concepciones alejadas de la jurisprudencia constitucional y de los parámetros que la Ilustración penal ha ido desarrollando. Ya el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha advertido que esta Ley de Seguridad Ciudadana es “altamente problemática”.

Los años de la crisis financiera y económica están siendo muy duros para los ciudadanos y los trabajadores de nuestro país. Especialmente desde el año 2012 son constantes los recortes en derechos laborales y en derechos sociales. Por una parte, el ataque a la negociación colectiva, el incremento del poder de los empresarios, la posibilidad de éstos de reducir unilateralmente los salarios de sus trabajadores, lo que no había ocurrido nunca en la historia de las relaciones laborales en España, el abaratamiento de los despidos, la nueva reducción de las pensiones, y ahora la pretensión de limitar el derecho de huelga y la persecución penal de los huelguistas. Por otro lado el duro recorte de lo que se ha llamado “salario social”, con el deterioro progresivo y desmantelamiento del sistema público de educación, sanidad y dependencia.

Todo ello ha dado lugar a dos millones de hogares con todos sus miembros en paro y a varios cientos de miles de familias desahuciadas por su banco por no poder pagar sus hipotecas, y es expresión de una política que fundamenta la salida de una grave crisis financiera en el ajuste social, el recorte de derechos de los trabajadores y los menos favorecidos de nuestra sociedad y en definitiva en el incremento de la desigualdad.

La consecuencia ha sido el aumento de la protesta social, la convocatoria de huelgas generales por los sindicatos, así como de huelgas sectoriales y en algunas empresas con especial conflictividad, y la aparición de nuevas formas de protesta social, como las acampadas, los escraches, la utilización de las redes sociales para la convocatoria de manifestaciones y extensión de las protestas, etc.

Frente a esta contestación social el Gobierno no se plantea modificar su política económica, ni dar marcha atrás a los recortes laborales y sociales, sino que fiel a su matriz ideológica conservadora, su respuesta es exclusivamente represiva. En los dos últimos años se ha producido un incremento exponencial de la represión policial contra las manifestaciones de protesta, con la complicidad de la fiscalía, que en lugar de defensora de la legalidad, primero de la constitucional y de los derechos fundamentales que la Constitución garantiza, actúa también como punta de lanza de la acción represiva del Gobierno. Su actuación en el caso de los sindicalistas miembros de los piquetes de huelga, para los que pide muchos años de cárcel, es significativa.

La Ley de Seguridad Ciudadana, junto a la reforma penal, va dirigida contra las acciones de protesta y oposición a las políticas de recortes del Gobierno, en la medida en que se desarrollan a través del ejercicio de los derechos constitucionales de huelga, reunión y manifestación, expresión y en general de participación en los asuntos públicos, incrementando los comportamientos que no eran objeto hasta ahora de sanción, ni penal ni administrativa, o que los jueces no sancionaban por entender eran expresión del ejercicio de derechos constitucionales. Con estas nuevas leyes van a ser muy duramente sancionados, como expresión de un Derecho Penal autoritario, propio de quien no soporta ni acepta la contestación y la protesta.

La Constitución Española regula y garantiza los derechos fundamentales de expresión, reunión y manifestación y huelga, y lo hace sin establecer ninguna limitación gubernativa. Así quedó claramente recogido entre otras en la Ley Orgánica que regula el derecho de reunión. Y si el legislador ha de establecer algún requisito formal previo, lo es exclusivamente para garantizar el ejercicio de otros derechos fundamentales.

La nueva Ley va mucho más allá de esa concepción constitucional, para establecer como objetivo central no la garantía del ejercicio libre de los derechos fundamentales, sino la seguridad ciudadana, que se define nada menos que como garantía de la “tranquilidad de los ciudadanos” y que se usa como título jurídico para restringir toda una variedad legítima de formas de ejercicio de la discrepancia contra las políticas gubernamentales, y de “legalizar”, precisamente, las decisiones de la autoridad gubernativa que han sido revocadas por los órganos judiciales por considerarlas contrarias a la Constitución.

Pero la seguridad ciudadana, como el orden público, no son derechos fundamentales de los ciudadanos, no están reconocidos como tales en la Constitución ni tampoco en los Convenios Internacionales ratificados por España. El Tribunal Constitucional en su STC 385/1994 no reconoce un derecho fundamental a la seguridad ciudadana, sino que la considera una función de los Cuerpos de Seguridad, inseparablemente unido al derecho a la libertad individual. En cambio, sí ha afirmado sobre el derecho de manifestación en su STC 195/2003 que se trata de una “manifestación colectiva de la libertad de expresión”, que es “un cauce del principio democrático participativo” y que “para muchos grupos sociales este derecho es, en la práctica, uno de los pocos medios de los que disponen para poder expresar públicamente sus ideas y sus reivindicaciones”.

Lo que persigue la nueva Ley es impedir de hecho el ejercicio de las libertades públicas de expresión, reunión y manifestación, y el derecho de huelga en su vertiente de constitución de piquetes informativos; o limitarlos desproporcionadamente, disuadiendo a los ciudadanos y trabajadores para que no se manifiesten, elevando duramente las sanciones, o inventándose nuevas conductas objeto de sanción, como reacción frente a protestas concretas que se han ejercido en los últimos dos años: los escraches, las concentraciones en lugares céntricos de las ciudades, las acampadas más o menos permanentes como expresión cívica de la protesta en los centros urbanos, las manifestaciones masivas en protesta por los recortes, los piquetes informativos en las huelgas, etc.

Por una parte se amplían enormemente los supuestos sancionables, a la vez que se incrementan desproporcionadamente los tipos de sanción, elevando las multas hasta los 600.000 euros en ciertos casos. Y además, se busca extender la responsabilidad sancionadora también a los “inspiradores”, a quienes promuevan o convocan manifestaciones, huelgas y acciones de protesta, haciéndoles responsables de las conductas realizadas por individuos o grupos aislados durante los actos de protesta.

Incluso se eliminan normas de garantía de los ciudadanos frente a la Administración, al imponer que no se pueda identificar a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que actúan en una manifestación, lo que conlleva la impunidad de actuaciones policiales en las que el uso de la fuerza sea desproporcionado.

Por otro lado, para impedir lo que el Ministro del Interior ha llamado el “subjetivismo de los jueces”, se elimina el control judicial previo, sustrayendo de la competencia de los jueces la calificación como legales o ilegales de las conductas de los ciudadanos cuando protestan contra los recortes del Gobierno, para atribuírsela a la propia Administración, que se convierte así en juez y parte. Decidir si una manifestación se ha extralimitado en su ejercicio o si unas expresiones implican una extralimitación o no de la libertad de expresión, implica atribuir a la Administración no la facultad de preservar la seguridad ciudadana, sino la de sancionar el ejercicio de los derechos fundamentales.

Se pretende justificar tal dislate en que al desaparecer en el futuro Código Penal las faltas, determinadas conductas que éste hoy considera falta quedarían despenalizadas, por lo que ahora pasan a la Ley de Seguridad Ciudadana. La realidad es que menos de una sexta parte de las conductas que se tipifican proceden de conductas antes penalizadas como faltas. Y por otro lado, ese cambio implica una disminución injustificada de garantías para los ciudadanos. Hasta ahora la policía denunciaba ante el juez penal, y tenía que demostrar los hechos y el carácter punible de la conducta, siendo los jueces los que resolvían. Ahora será el Gobierno quien decida qué comportamientos son reprobables, juzgando las conductas y sancionándolas pecuniariamente. Y quien quiera recurrir ante los jueces de lo contencioso-administrativo tendrá previamente que pagar para recurrir, además de pagar las tasas judiciales impuestas por el Ministro Gallardón.

Estas nuevas sanciones administrativas se unen a la ampliación que la reforma del Código Penal hace de los denominados delitos contra el orden público, endureciendo los tipos delictivos relacionados con el ejercicio del derecho de manifestación o huelga, como la desobediencia o el delito de desórdenes públicos, incluso el delito de atentado, incluyendo un nuevo delito como el referido a la convocatoria de manifestaciones mediante la difusión de mensajes a través de las redes sociales y sancionando la mera resistencia pasiva.

En definitiva, se trata de cercenar las libertades democráticas y de acallar la protesta social mediante la criminalización generalizada del conflicto social, convirtiéndolo en un conflicto de orden público. Es un paso más en lo que se ha llamado la demolición asimétrica del Estado, en que a la vez que se desmantela el Estado de Bienestar, se refuerzan las funciones represoras y se intenta limitar la capacidad de los ciudadanos de defenderse frente a las agresiones de sus patronos y del propio Estado que elimina sus derechos.

Aumento de la represión y recorte de derechos: ya en 1748 Montesquieu denunció que en “los Estados de Europa las penas han disminuido o aumentado a medida que se acercaban a la libertad o se alejaban de ella”. Esta Ley y la reforma penal nos retrotraen a un pasado preilustrado.

 

 

La Auditoría Ciudadana de la Deuda como instrumento de la justicia global

Berta Iglesias y Alfredo Sánchez, Miembros de la PACD

Desde la década de los 70, muchos pueblos de la Periferia (África, América Latina y Asia) están encadenados a una deuda que, a pesar de haber pagado con creces, sigue estrangulando sus economías y coartando sus posibilidades de desarrollo. Durante este tiempo los poderes financieros han utilizado la deuda para someter a las economías periféricas a sus intereses capitalistas dando lugar a lo que muchos han llamado neocolonialismo.

Pero en los últimos años, el tsunami de la deuda ha llegado también a las costas de Europa, sometiendo a sus poblaciones a los dictados y recortes de la Troika, lo que ha supuesto una regresión sin precedentes en los derechos ciudadanos y la quiebra de los frágiles pilares que sustentan las democracias europeas.

En este contexto surgió en el Estado español hace poco más de dos años la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) con el objetivo de realizar una Auditoría Ciudadana de la Deuda que determine la legitimidad o no de los procesos de endeudamiento en los que intervenga el Estado español (bien como deudor o como acreedor). Se pretende repudiar el pago (y el cobro, si fuera el caso) de la deuda considerada ilegítima y enjuiciar a sus responsables. La Auditoría Ciudadana de la Deuda se plantea así como el primer paso en el camino hacia la justicia y la reparación globales.

Se puede decir que la PACD sigue la estela de otros movimientos contra la deuda y por la justicia restaurativa como la campaña ¿Quién debe a quién? que durante la década del 2000 cuestionó la deuda financiera contraponiéndola a otras deudas no reconocidas por el sistema como la deuda histórica, la deuda social, la deuda ecológica o la deuda de género; la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa (RCADE) que en el año 2000 llevó a cabo una consulta popular en todo el Estado donde más de un millón de personas votaron a favor de la cancelación de la deuda de la que era acreedor el Estado español; o la campaña internacional Jubileo 2000, que pedía la abolición de la deuda de los países empobrecidos y el fin de los Planes de Ajuste Estructural impuestos por el Banco Mundial y el FMI al albor del nuevo milenio.

El concepto nuclear sobre el que pivota la propuesta política de la PACD es la ilegitimidad de la deuda. La Auditoría pretende establecer como ilegítimas aquellas deudas que han sido adquiridas de forma no democrática, o bien que sólo han servido para el enriquecimiento de una minoría privilegiada de la población, ocasionando un perjuicio (político, económico, social, laboral, ambiental, de género, etc.) al resto. Ahí se encuadrarían, por ejemplo, la construcción de megainfraestructuras innecesarias que ha proliferado en los últimos años en nuestro estado o el rescate bancario que ha convertido ingentes cantidades de deuda privada en deuda pública. La Auditoría Ciudadana así concebida es algo abarcador, no meramente un análisis económico. Cuestiona el sistema capitalista desde sus raíces, ya que considera ilegítimo anteponer el beneficio privado al bienestar y la dignidad de la comunidad.

Más allá de los casos concretos de deuda, la PACD denuncia de una manera más global el uso que se está haciendo de la deuda como instrumento para someter a las poblaciones (la gran arma de dominación masiva de nuestros tiempos), poniendo de manifiesto que la deuda (y el capitalismo financiero que se construye sobre ella) es incompatible con la democracia.

De este modo, la Auditoría Ciudadana es, sobre todo, una herramienta para el aprendizaje y el empoderamiento colectivo, que no sólo dota de más transparencia y control democrático al sistema, sino que abre además la puerta a nuevas propuestas alternativas transformadoras. Un proceso colectivo que nos ayude a comprender cómo hemos llegado hasta aquí, qué impactos políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales o de género ha tenido el proceso de endeudamiento. Sirve para vincular los procesos de corrupción local (desvelados en las auditorías ciudadanas municipales) con la crisis global. Desvela que el endeudamiento no es una coyuntura, sino que es algo estructural, inherente al capitalismo. Desde esa comprensión, podemos construir propuestas que respondan a las necesidades de la población (y no de los mercados, las élites económicas y los acreedores), y que nos permitan recuperar el control sobre nuestra economía y nuestras vidas, sobre el modo en que producimos, el modo en que consumimos y, en definitiva, el modo en que nos relacionamos.

Por este motivo, es importante que la Auditoría sea Ciudadana, es decir, que sea la Ciudadanía informada la que tome las riendas del proceso y no lo deje en manos de tecnócratas o de las instituciones.

Por último, dado el carácter sistémico y global de la problemática de la deuda, la PACD se integra, a su vez, en la red International Citizen Debt Audit Network (ICAN) que agrupa a distintas iniciativas de auditoría ciudadana en los estados de la UE y el norte de África. La ICAN trabaja tendiendo puentes entre otros movimientos contra la deuda como Strike Debt en USA, o las iniciativas de auditorías ciudadanas en Brasil o Ecuador, con el objetivo de compartir experiencias de auditorías y aunar fuerzas en la denuncia de la deuda y en el no pago.

Justicia y perdón en el final de ETA

Miguel Cid Cebrián, Abogado

La dicotomía entre justicia y generosidad o perdón, siempre ha estado presente y ha sido objeto de múltiples controversias. No obstante, si el fin último, tanto de la justicia como de la clemencia, es conseguir la paz social, habrá que arbitrar mecanismos para que justicia y perdón no sean incompatibles.

Si la verdadera paz no es sólo ausencia de guerra o de violencia, como puede ser la terrorista, exige para que sea auténtica la restauración de la convivencia ciudadana y la pacificación social. Ello se ha planteado, y sigue planteándose, con crudeza en el espinoso y trágico fenómeno terrorista, obligada referencia al abordar esta cuestión.

José Mª Aznar, poco proclive a la benevolencia, llegó a decir como Presidente del Gobierno el 3 de marzo de 1998 que, “Si los terroristas deciden dejar las armas sabré ser generoso”, y el 4 de mayo del mismo año añadió que “Merecería la pena hacer un esfuerzo de generosidad si con ello conseguimos la paz”, para culminar el 5 de noviembre, también de 1998, que “Por la paz y por sus derechos no nos cerraremos, sino que, por el contrario, nos abriremos a la esperanza, al perdón y a la generosidad, y por la paz pondremos lo mejor de nuestra parte para hacerla definitiva con la ayuda y la esperanza de todos”. Y, en cuanto a la política penitenciaria, Aznar fue igualmente rotundo: “En dicho proceso (de paz) quiero decirles que el Gobierno incorporará una nueva orientación de la política penitenciaria consensuada, flexible y dinámica que acompañe los avances que se vayan produciendo en el aseguramiento de la paz” (2/10/98). Incluso, Mariano Rajoy, entonces Ministro del Interior, también se comprometió al decir que “El Gobierno ha hecho un gesto (el acercamiento de presos) conforme a la voluntad y el deseo de que llegue la paz” (26/12/98). Si bien Aznar aclaró que “El Gobierno cuando toma decisiones, hace política, no hace gestos y quien interprete en clave de gestos (el acercamiento de presos) no va por buen camino, si lo ven en clave de una política de fondo pueden acertar más” (10/09/99).

¿Quiere ello decir que el perdón es una cuestión política y la justicia jurídica? Esto es, ¿que aquel es cosa de los políticos y ésta de los jueces? Aunque no exactamente puede aproximarse, ya que también los jueces hacen política de perdón proponiendo indultos y los políticos hacen justicia concediéndolos.

Tampoco debe olvidarse que ya hay una legislación a aplicar y que debe servir también para tratar de reintegrar, hasta donde ello sea posible, a la sociedad a quienes han sido artífices del terror. Esto es, que se cumpla y se haga efectivo lo que nuestra Constitución señala respecto a las penas privativas de libertad que deben de estar orientadas hacia la reeducación y reinserción social de quienes las cumplen.

¿Y las víctimas? Yo diría que demasiado han sufrido para pedirles más sacrificio o esfuerzo. Sin embargo, creo que, como ayuda a su dolor y legítimo enojo, deben no sólo exigir justicia, sino que, desde una perspectiva realista nacida, como señala Tony Judt, tanto desde la desesperación como de la esperanza, tener una visión de futuro y una generosa altura de miras para afrontar el reto de la pacificación.

¿Y qué futuro? Pues bien, destacaría dos afirmaciones, la del filósofo Raimon Panikkar “sólo el perdón lleva a la paz” y la del Premio Nobel de la Paz, el sudafricano Desmond Tutú “sin perdón no hay futuro”.

¿Significa ello que hay que pasar página?, bueno, primero habrá que leerla y conocerla bien. Bárbara Dührkop, viuda del senador Enrique Casas, asesinado por ETA, dijo que cuando su nieta, ahora una niña de 3 años, le preguntara por ETA, tuviera que coger un libro de historia para contárselo porque ya sería cosa del pasado. Y, para Irene Villa, víctima paradigmática de ETA, “una vida anclada en hechos terribles del pasado constituye una hipoteca perpetua para el futuro”. Por último, Fernando Arrabal escribió, en el prólogo de mi libro, que “Sólo la reconciliación, con sencillez, puede suceder a la muerte”.

Pero llegados a este punto, no debe olvidarse tampoco que, siendo el castigo, como señala Amelia Valcárcel, la paz del agraviado, la liberación de los verdugos agudiza su dolor produciéndoles, en muchos casos, una segunda victimización.

Luis Rojas Marcos ha escrito, a raíz de los terribles atentados del 11S en Nueva York, que la mejor terapia para las víctimas es “perdonar lo imperdonable”, “aunque parezca una monstruosidad contra miles de criaturas inocentes”. Y así, frente a la relación binaria entre víctima y verdugo, plantea que lo que más desea la víctima es reconstruir su vida, en la que perdonar constituye un proceso lento, silencioso, íntimo y desgarrador, en el que sólo mandan los sentimientos y no las palabras, ni las creencias religiosas ni los criterios políticos. El perdón, según Rojas Marcos, no hace que se olvide la agresión pero sí ayuda a explicarla y entenderla y a que el sufrimiento y la maldad, aunque consideradas partes inolvidables de la vida, puedan utilizarse para el restablecimiento de la paz interior y para abrirse de nuevo al mundo.

El vetusto Fuero Juzgo, en contra de la tradición cristiana del perdón, imponía penas a los perdonadores, pues consideraba que al ser la clemencia una prerrogativa del poderoso, el perdón sólo podía venir de arriba, como ahora sucede con el a veces arbitrario indulto, que aunque necesario para los supuestos en que “la pena sea notablemente excesiva atendidos el mal causado por la infracción y las circunstancias personales del reo”, como señala el Código Penal, sigue teniendo sentido en un moderno estado democrático de derecho, como sucede en los países occidentales a cuyo ámbito pertenecemos. Esto es, la justicia y el perdón están condenados a entenderse.

“Expulsiones en caliente”: guerra sucia en la Frontera Sur

Margarita Martínez Escamilla, Catedrática de Derecho Penal

El pasado 27 de junio se presentó en la Universidad Complutense de Madrid un informe jurídico titulado “Expulsiones en caliente”: cuando el Estado actúa al margen de la ley1, en el que dieciséis académicos expertos en diversas ramas del Derecho ponemos de manifiesto la radical ilegalidad de estas prácticas. A continuación intentaré dar cuenta de la forma más divulgativa posible de parte de su contenido y de lo que las “expulsiones en caliente” significan.

1.La guerra declarada a la inmigración irregular no es a la postre sino una lucha despiadada contra el migrante irregular, contra quien tiene la rebeldía de buscar un futuro mejor lejos del lugar donde ha nacido. Es un combate desigual y desproporcionado que en la Frontera Sur presenta unas pautas de actuación que permiten hablar de guerra sucia. Guerra sucia porque el Gobierno, a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, actúa vulnerando la ley y lesionando los derechos de personas, en gran parte de los casos, especialmente vulnerables. Uno de los ejemplos más obvios y flagrantes de esta guerra sucia son las denominadas “expulsiones en caliente”.

2. Esta expresión hace referencia a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, particularmente de la Guardia Civil, consistente en la entrega a las autoridades marroquíes, por la vía de hecho, al margen de los procedimientos legalmente establecidos y sin cumplir las garantías internacionalmente reconocidas, de ciudadanos extranjeros interceptados en territorio de soberanía nacional.

Seguro que todos conservamos en la retina las imágenes de la playa de Tarajal en la madrugada del 6 de febrero en la que murieron quince inmigrantes que intentaban acceder a la costa ceutí: la Guardia Civil devolviendo a los veintitrés inmigrantes que, tras sortear pelotas de goma y botes de humo, alcanzaron exhaustos, asustados y algunos heridos la playa española. Según el Ministro del Interior estas personas nunca estuvieron en territorio español porque, a pesar de atravesar aguas indubitadamente nacionales y llegar a pisar la playa, no habrían conseguido traspasar la línea que formaban los cuerpos de los guardias civiles que esperaban en la arena.

Asimismo existe ingente material audiovisual que muestra cómo la Guardia Civil devuelve ilegalmente a Marruecos a personas que se quedan en la zona de intervallado e incluso a personas que han superado tanto la valla interna como externa que se levanta a lo largo del perímetro fronterizo entre las ciudades de Ceuta y Melilla y el Reino de Marruecos. En estos casos se sostiene que hay que sortear ambas vallas pues “la valla interna materializa la línea con la que el Estado, en una decisión libre y soberana, delimita, a los solos efectos del régimen de extranjería, el territorio nacional”2.

Incluso se ha llegado a afirmar que podría expulsarse de facto y al margen de cualquier procedimiento a toda persona que se encontrase en cualquier lugar del territorio nacional siempre que hubiera entrado clandestinamente, pues sólo estarían en territorio nacional quienes hubieran entrado en él por los puestos habilitados. Se supone que esta es la tesis en que se basa la entrega a las autoridades marroquíes en los casos en los que los migrantes han accedido a algunas de las islas de soberanía española que se encuentran frente a las costas de Marruecos o casos en los que los inmigrantes ya se encontraban de forma indubitada en las ciudades autónomas de Ceuta o Melilla. No se dice, sin embargo, que esta tesis fue declarada nula y absolutamente desautorizada por el Tribunal Supremo español (Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 2003, ratificada posteriormente por la Sentencia de 8 de enero de 2007 de la misma Sala).

 Pues bien, frente a este concepto “operativo” de frontera ha de oponerse, en primer lugar, que no existe ningún tipo de norma jurídica que otorgue cobertura a un concepto de frontera que pueda ser determinado de forma caprichosa ad casu violando, entre otros elementales principios, el de prohibición de la arbitrariedad y el de seguridad jurídica (art. 9.3 de la Constitución española). Ha de llamarse la atención sobre el hecho de que la argumentación del Gobierno supone en definitiva la creación de limbos jurídicos, de “zonas Guantánamo” excluidas de la aplicación de la legalidad nacional e internacional.

3. Otra manifestación de la guerra ilegal contra la inmigración irregular es el acceso de fuerzas de seguridad marroquíes a territorio nacional –tanto al espacio intervallado como a algunas de las islas de soberanía española frente a las costas marroquíes– con el fin de hacer, permítase la expresión, el “trabajo sucio” y sacar por la fuerza a los inmigrantes. El pasado 18 de junio la asociación Prodein distribuyó un video3 en el que se ve cómo –mantengamos el adverbio presuntamente– las fuerzas auxiliares marroquíes golpean salvajemente a inmigrantes ante la mirada impasible si no cómplice de efectivos de la Guardia Civil. Quien suscribe estas líneas no ha tenido conocimiento de que se haya abierto ninguna investigación por parte de los responsables militares o políticos para esclarecer lo sucedido y derivar responsabilidades disciplinarias por unos hechos que, además de indignos, poseen relevancia penal, pues no cabe ninguna duda del comportamiento delictivo tanto de las fuerzas auxiliares marroquíes como de los guardias civiles que miran impasibles. Respecto a la investigación penal, sería deseable que alguna vez la fiscalía y los juzgados de Melilla actuaran de oficio y no tan sólo a regañadientes obligados por las denuncias de asociaciones y particulares. En concreto, respecto a los hechos del 18 de junio, quizá resulte difícil identificar a los gendarmes marroquíes que intervinieron, pero no debería presentar especiales dificultades la identificación de los guardias civiles que permitieron la comisión delictiva. Sin ningún género de dudas les sería aplicable el art. 450 del Código penal que castiga a quien, pudiendo hacerlo, no impida la comisión de un delito que afecte a las personas en su vida, integridad y libertad sexual o el art. 195 CP que castiga como autor de un delito de omisión del deber de socorro a quien “no socorriere a una persona que se hallare desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros…”. Además, el Derecho penal permitiría castigarlos como cooperadores necesarios de los delitos de lesiones y torturas causados o, incluso, como autores con comisión por omisión de estos delitos. Esperemos que esta vez el fiscal y el juzgado de instrucción competentes desplieguen la diligencia investigadora que la gravedad de los hechos exige.

4. Pero volvamos al concepto “operativo” de frontera para dejar claro que, además de jurídicamente inaceptable, resulta totalmente inoperante de cara a justificar las “expulsiones en caliente”. Y ello porque nuestra legislación de extranjería no sólo establece un procedimiento y unas garantías para poder expulsar a los extranjeros que se encuentran en España sin autorización, sino también para aquellos que pretendan entrar ilegalmente en el país (art. 58.3b de la Ley de Extranjería), considerándose “incluidos a estos efectos, a los extranjeros que sean interceptados en la frontera o sus inmediaciones”, tal y como estable el art. 23 del Reglamento de Extranjería, cuyo apartado segundo es unívoco al preceptuar que en estos supuestos “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargadas de la custodia de costas y fronteras que hayan interceptado a los extranjeros que pretenden entrar irregularmente en España los conducirán con la mayor brevedad posible a la correspondiente comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, para que pueda procederse a su identificación y, en su caso, a su devolución”. Esta decisión administrativa de devolución ha de ser adoptada mediante resolución del Subdelegado del Gobierno, o del Delegado del Gobierno, según proceda, y requiere la observancia de las garantías recogidas en el mencionado artículo 23: asistencia jurídica y asistencia de intérprete si no comprende o habla las lenguas ofi­ciales.

Es decir, aunque se aceptara un insostenible concepto “operativo” de frontera y negáramos que se encuentra en territorio nacional quien ha pisado la playa española, quien ha saltado la valla externa o quien ha accedido a una isla de soberanía española, lo que procedería sería aplicar el procedimiento de devolución. En cualquier caso las “expulsiones en caliente” son contrarias a nuestra legislación de extranjería.

5. Otro de los argumentos reiterados para justificar las “expulsiones en caliente” es el Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión, firmado en 1992. Esta alusión al Acuerdo o bien responde a mala fe o bien a ignorancia supina, pues cualquiera que lea los dos folios que constituyen el Acuerdo apreciará sin dificultad alguna, en primer lugar que dicho Acuerdo no sustituye la legislación de extranjería, sino que opera una vez que se han aplicado los procedimientos previstos en ella. Por otra parte, dicho Acuerdo establece, a su vez, un detallado procedimiento de entrega que implica obligaciones recíprocas, como son la identificación de los ciudadanos extranjeros a entregar y la documentación por escrito del acto de entrega; obligaciones que también se incumplen con las “expulsiones en caliente”.

6. Las exigencias de la legislación de extranjería sobre la necesidad de dar la oportunidad a los ciudadanos extranjeros interceptados por las autoridades españolas de alegar cuáles son sus circunstancias derivan del cumplimiento de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Puede tratarse de menores de edad, de víctimas de trata de seres humanos para la explotación sexual u otros fines, de niñas que huyen de matrimonios forzados o de la ablación. Igualmente pudieran ser personas merecedoras del estatuto de refugiados, de personas que huyen de la guerra o de la persecución. La necesidad de protección de personas y colectivos vulnerables como los mencionados es la que ha llevado a la elaboración y firma de acuerdos internaciones tendentes al reconocimiento y desarrollo de unas garantías que posibiliten la defensa de su indemnidad. De ello se deriva que la legislación de extranjería de los países más desarrollados, y entre ellos España, prevea que no cualquier entrada clandestina en su territorio termine en devolución, en atención precisamente a circunstancias que exigen un mayor estándar de protección (arts. 31 de la Ley de Extranjería y 23.6 de su Reglamento). De ello se deriva también la imposibilidad de dotar de cobertura legal a las “expulsiones en caliente” tal y como se están practicando, toda vez que vulneran la Constitución española, la normativa de la Unión Europea y el derecho internacional de los derechos humanos, especialmente la referidas al ejercicio del derecho de asilo y protección jurídica internacional, la prohibición de expulsiones colectivas y el principio de no devolución. Tan sólo una breve referencia a este último principio.

El art. 19.2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea recoge el “principio de no devolución”. Conforme a esta previsión, que ampara no sólo a posibles solicitantes de asilo sino a cualquier migrante, “nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra grave riesgo de ser sometido a pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes”. Por su parte, este principio se entiende recogido en el art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos al igual que debe entenderse incluido en el art. 15 de la Constitución española, en cuanto ambos consagran la prohibición de tortura y sometimiento a penas o tratos inhumanos o degradantes. Estos preceptos deberían servir para cuestionar las devoluciones legales y no legales de inmigrantes a Marruecos, habida cuenta de los informes de organizaciones y organismos internacionales que ponen en duda el respeto de Marruecos a los derechos humanos de las personas migrantes, especialmente cuando son de origen subsahariano. El video al que anteriormente hacíamos referencia no es sino otra prueba más de la inseguridad y riesgo que para su vida y seguridad sufren los migrantes en el país vecino.

7. Para terminar, permítaseme  transcribir la conclusión final de nuestro informe: “No resulta posible, como parece pretender el Ministerio del Interior, utilizar atajos en abierta contradicción con la normativa nacional, europea e internacional, con el pretexto de mayor eficacia y eficiencia en una política migratoria focalizada principalmente en el control de los flujos humanos, movidos mayoritariamente por flagrante necesidad. Ello constituye un atentado a los valores superiores de la Constitución y a los más elementales principios éticos en que se asienta nuestra cultura. El Estado de Derecho reclama como elemento legitimador la protección de los derechos humanos como satisfactor institucionalizado de las necesidades humanas. Vulnerar los derechos pone en peligro no sólo a las víctimas de este desafuero, también compromete la dignidad moral de nuestras democracias y desde luego la de quienes, muchas veces en contra de su conciencia, se ven obligados a cumplir órdenes manifiestamente ilícitas de las que podrían derivarse responsabilidades personales. Como decía Nelson Mandela, todo lo que introduce el principio de discriminación negativa en lo político y en lo jurídico acaba degradando a quienes la padecen y, mucho más, a quienes la promueven o, al menos, la consienten.”

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[1] Este informe ha sido promovido desde el Proyecto I+D+i Iusmigrante (DER 2011-26449). El informe puede descargarse en http://eprints.ucm.es/25993/

[2] Estos conceptos de frontera aparecen en el Informe de 8 de febrero de 2014, redactado por la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil y dirigido a su Director General, en relación con los hechos acaecidos en la frontera de Ceuta el día 6 de febrero de 2014, y que fue entregado por el Ministerio del Interior al Congreso de los Diputados el 7 de marzo de 2014.

[3] Este video puede verse en el siguiente enlace: vimeo.com/98687161.

Covocatoria Cívica

Laura Ruiz, Miembro de Convocatoria

El diálogo y los puntos en común: el camino de Convocatoria Cívica para la transformación social

Son muchas las propuestas que se han presentado en los últimos años para cambiar lo que estamos viviendo. Unas centradas en parcelas de la vida muy concretas –como la vivienda, la sanidad o la educación, entre otras– y otras que han ido a lo genérico, dándose cuenta de que las desigualdades están unidas en muchas ocasiones. Así hemos podido ver cómo se han creado plataformas, asociaciones e incluso partidos que muchas veces tienen muchos de los puntos en común pero luchan por separado. Organizaciones que empiezan y otras que ya tienen batallas ganadas, pero no cooperan entre ellas pese a tener el mismo objetivo.

En esta realidad nace Convocatoria Cívica, con el deseo de ser ese punto en común de todas las formaciones y asociaciones que pelean por políticas progresistas. Se trata de crear un espacio de diálogo y debate en el que se alcance la convergencia, para que al final todos los ciudadanos que apuestan por una auténtica democracia y que quieren seguir disfrutando de los derechos sociales conquistados tengan una alternativa con fuerza por la que apostar. Se trata de política, sí; pero también de activismo, de participación y, sobre todo, del bien común.

Catalizador de ideas y propuestas para la transformación social

Desde que presentó en julio de 2013 esta plataforma en Madrid y los posteriores actos como el de Sevilla, Convocatoria Cívica viene desarrollando una función de catalizador de ideas y propuestas por la transformación social. De la mano de alguno de sus promotores, como el ex director de la UNESCO Federico Mayor Zaragoza o el magistrado Baltasar Garzón, se han hecho llamamientos a la lucha frente a la corrupción, contra los grupos plutocráticos o en favor de la Jurisdicción Universal, entre otros. Economistas como Lina Gálvez, Angels Castells o Juan Torres, docentes como Carlos Berzosa, Carmen Durán o Juan Manuel Faramiñán Gilbert, o periodistas como Rosa María Artal o Jesús Maraña entre otros muchos, han querido apostar por un sendero en el que se consiga una alternativa entre y para todos y todas.

A estos nombres se unen otros de sectores muy diferentes, como el teólogo Benjamín Forcano, los escritores Almudena Grandes y Luis García Montero o nombres de la política y el sindicalismo como Gaspar Llamazares, Antonio Gutiérrez o Rodolfo Benito.

 Voluntades que se unieron en un contexto de recortes en el Estado de Bienestar, de crisis económica y de valores y en punto de inflexión donde la mayoría absoluta del Partido Popular no quiere escuchar lo que la ciudadanía reclama en la calle. Como el propio manifiesto reclama: “Queremos que España sea de la gente común y que nos gobiernen políticos identificados con las personas honradas y bien preparadas que día a día, a base de decencia y eficacia, sacan adelante nuestra sociedad, los centros educativos, los hospitales, las empresas y la vida de millones de familias”.

Formalizar la unión

Para llevar a cabo esta tarea hemos decidido formalizar Convocatoria Cívica con la forma jurídica de asociación, lo que nos permitirá seguir recogiendo y de­sarrollando propuestas de cambio y ser punto de reunión para todos los que buscamos la transformación social. Y somos muchos. Así lo ha demostrado el enorme respaldo que ha cosechado Convocatoria Cívica desde que se presentó el manifiesto, documento firmado ya por 9.000 personas.

El deseo de involucrarse de muchas personas ha hecho que tengamos ya 600 voluntarios repartidos por todas las comunidades autónomas e incluso fuera de España. Con este paso dado, al constituirnos como asociación buscamos tener una infraestructura que nos permita llegar a más gente, no sólo de manera virtual sino también en la calle.

Gracias a los más estrechos colaboradores y promotores hemos podido definir nuestra propuesta de la siguiente manera:

Constituimos la ASOCIACIÓN Convocatoria Cívica, cuyos fines son de­sarrollar, promover y apoyar ideas, proyectos y políticas desde una posición ideológica progresista, entre otras: trasparencia de la gestión pública; la participación activa de los ciudadanos en la vida política; la promoción de políticas económicas sociales y desarrollo sostenible; la lucha contra la pobreza y exclusión social; igualdad entre todas las personas; la promoción de la Justicia Universal; una revisión de las instituciones europeas profundizando en la unión social y política; refuerzo de las relaciones entre los países de Iberoamérica; el avance en Memoria Histórica y el fomento de la unidad entre asociaciones, movimientos o plataformas con los mismos fines.

Por Un Mundo + Justo

Miguel Ángel Vázquez, candidato a las europeas

La ley es como la serpiente, sólo muerde a los que van descalzos. La frase, expresada por Óscar Romero hace ya más de treinta años, sigue de plena actualidad, tiene toda su vigencia. En este mundo confuso y desigual que hemos construido, las leyes nos siguen sirviendo para aprovecharnos de los más débiles, de los desprotegidos, y exprimirles hasta la última gota de sus recursos, cuando no de su sangre.

Nuestro mundo parece apoyarse en una lógica mediante la cual el Norte (ya no únicamente el geográfico) necesita devorar al Sur (quizá ya hoy los sures) para seguir creciendo a cualquier precio en su escalada constante de avaricia. Para ello, crea códigos, sistemas económicos, filosofías, organismos supranacionales y sistemas de control que velen para que su conciencia quede no sólo intacta, sino debidamente justificada. Mientras, los empobrecidos y empobrecidas de la tierra no pueden más que asumir lo que los enriquecidos a su costa les dictan. A los pueblos oprimidos del mundo no les queda otra que resignarse a unas normas de juego que se deciden fuera de sus fronteras y sobre las que ellos no pueden votar ni expresar su voz.

En ese contexto, hará el próximo mes de abril 10 años, nació de la mano de unos soñadores el partido Por Un Mundo + Justo. De la cabeza de Antonio Sieira, participante del movimiento de acampadas por el 0’7% en Madrid, surgió la idea de traspasar las reivindicaciones de las organizaciones y movimientos sociales que exigían el fin de la pobreza al plano político. Crear un partido que pudiera servir de herramienta a estos y que tuviera como fin específico erradicar las causas de la pobreza desde la mesa donde se tomaban las decisiones que afectaban a los más desfavorecidos. En menos de tres meses se presentarían a sus primeras elecciones europeas sin casi recursos y con una campaña sencilla que obtuvo unos resultados sorprendentes: más de 10.000 votos en todo el Estado. Esta inesperada reacción de los votantes, muy por encima de las expectativas iniciales, motivó a las primeras personas reunidas en torno a este proyecto a seguir trabajando por él y haciéndolo crecer hasta llegar a ser lo que hoy somos.

Mucho hemos crecido desde entonces y muchos son los nombres y los rostros que se han ido sumando a este sueño de justicia. Por el camino nos hemos presentado a todos los comicios que se han ido sucediendo desde entonces logrando esperanzadores resultados, como los más de 126.000 votos al Senado alcanzados en la anteriores Generales. En todo este camino, nuestros programas, nuestras propuestas, nuestros comunicados y nuestras denuncias han seguido respondiendo a un mismo mensaje: El fin de la pobreza es una decisión política.

El partido Por Un Mundo + Justo aspira a ser el altavoz de las reivindicaciones del Sur. La voz y el voto de sus intereses en las políticas que terminan rigiendo sus destinos y se deciden tan lejos de sus fronteras. Ese Pepito Grillo que le recuerde a la sociedad española y europea que no podemos crecer si es a costa de nuestros hermanos y hermanas del Sur y que la defensa de los Derechos Humanos sólo es real cuando se aplica a todos por igual, sin importar procedencias ni fronteras pintadas sobre un mapa.

Para lograr una justiciabilidad real de esos Derechos Humanos y no quedarnos simplemente en la utopía (necesaria) de los mensajes, hemos trabajado a lo largo de todo este tiempo por presentar alternativas reales y factibles basadas en la coherencia de políticas y en un paradigma económico que se apoye en la prosperidad compartida. Dentro de nuestras campañas más activas se encuentran el desarrollo anual de los Presupuestos Justos del Estado, el impulso de la plataforma Transparencia x la Paz contra el comercio de armas y la redacción de la Carta de los Derechos Sociales que busca hacer exigibles judicialmente para todos los habitantes del planeta lo que hasta ahora sólo son principios jurídicos como el derecho a la vivienda, al trabajo, a la educación o a la salud.

Actualmente nos hallamos inmersos en un proceso que está resultando muy emocionante y enriquecedor. Una de nuestras metas principales como partido, aparte de la ya expresada, es ni más ni menos que desaparecer. Así es, no ha leído mal: desaparecer. Desaparecer porque nuestra función se haya visto cumplida en la tierra. Desaparecer por no ser ya necesarios. Desaparecer porque la lucha contra la pobreza y por los derechos del Sur no sea una reivindicación de un partido alternativo sino de toda la sociedad consciente y esperanzada. Desde esa perspectiva de renuncia a cualquier tipo de ego, y entendiendo nuestras siglas y estructura como un medio para un fin, estamos trabajando durante estos meses en un proyecto de coalición junto a los partidos Equo y Compromís con la intención de llevar una propuesta conjunta a Europa. Una alianza de partidos afines que, desde la base de la necesaria unidad para luchar por el mundo más justo que ansiamos, cobre fuerza en las próximas elecciones europeas para lograr que se escuche con fuerza la voz de los empobrecidos y las empobrecidas en Estrasburgo.

Para ello, y como viene siendo nuestra costumbre desde el principio, queremos seguir siendo herramienta abierta en manos de todas las personas y organizaciones que llevan años luchando por esta causa justa. Es por este motivo que me atrevo a aprovechar estas letras para invitaros desde este preciso instante a hacernos llegar vuestras reivindicaciones concretas y propuestas si así lo veis conveniente. Queremos seguir haciendo este camino juntos, cada uno desde su trinchera, enriqueciéndonos de nuestras particularidades y experiencias.

Comenzaba este texto ubicando el nacimiento del partido en un mundo “confuso y desigual”. No quiero terminarlo sin remarcar su posicionamiento claro en ese Otro Mundo Posible. Un mundo de esperanza. Un mundo necesario. Un mundo que, desde la lucha común, será un mundo más justo.

Un abrazo cargado de revolución y poesía.

Red Ciudadana Partido X

www.partidox.org

La Red Ciudadana Partido X se define como un pacto ciudadano de mínimos, basado en la lógica y el pragmatismo, que trabaja mediante la colaboración en red, una forma cooperativa, respetuosa y efectiva de hacer las cosas.

Surgimos como un grupo de ciudadanos organizados que nos hemos cansado de que la clase política nos dé la espalda, legislando en contra del sentir popular y del bien común. Ante ello, nuestra iniciativa aborda la necesidad de cambiar esta dinámica y dar respuesta a los problemas que estamos sufriendo de una manera efectiva.

Mucha gente sigue preguntándose si realmente somos un partido de verdad. La respuesta es sí… aunque podemos explicarlo. Y es que nuestra misión es cubrir uno de los frentes de batalla que tiene ante sí la sociedad civil organizada y que se nos venía atragantando hasta ahora: el frente electoral. El objetivo es claro: permitir que la ciudadanía sea soberana sobre gobiernos e instituciones, de modo que las propuestas de amplio consenso surgidas del saber experto de la sociedad civil se lleven a cabo sin sufrir el bloqueo al que actualmente las someten nuestros gobiernos.

En definitiva, el instrumento administrativo del partido existe en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio de Interior para poder concurrir a unas elecciones, pero la manera de funcionar, el trabajo, la toma de decisiones, etc., son los propios de la Red Ciudadana.

Para conquistar la democracia del siglo XXI, la democracia que nos merecemos, la Red Ciudadana Partido X ha creado el programa “Democracia y Punto”, que establece cuatro mecanismos con los que recuperar la soberanía ciudadana y el control de las instituciones, y que sirve además de hoja de ruta para nuestro propio trabajo interno. Transparencia en la gestión pública, control ciudadano del gobierno y el poder legislativo ciudadano -lo que llamamos Wikigobierno y Wikilegislación-, derecho a voto real y permanente y referéndum vinculante. Estos cuatro mecanismos en su conjunto permiten a la ciudadanía mantenerse informada, tomar decisiones y participar en los asuntos públicos que le afectan. Así, se acaba con la corrupción y se permite que dejemos de ser los que sufrimos los problemas, para empezar a ser quienes los solucionamos.

“Democracia y punto” es un modelo democrático único que, implementado en su totalidad, garantiza una verdadera democracia. Dicho modelo ha sido creado a partir del reconocimiento de las herramientas y mecanismos más avanzados utilizados de manera efectiva en otras partes del mundo. Y es que no hay que partir de cero ni reinventar la rueda a cada paso: las soluciones que necesitamos ya están creadas y trabajadas por expertos de la sociedad civil y de la comunidad científica, siempre bajo la pertinente vigilancia de ciudadanos competentes. En otras palabras, la Red Ciudadana no representa una solución en sí misma, sino un catalizador de soluciones basado en un método riguroso y eficaz.

En cuanto a la organización de la Red Ciudadana, hay que subrayar que frente a los consabidos modelos horizontales o verticales, no­sotros funcionamos en red, lo que nos permite un crecimiento robusto y escalable, a la vez que nos permite ser eficaces en la toma de decisiones y conseguir objetivos con precisión y en tiempos razonablemente cortos.

En cuanto a nuestro método de trabajo, se basa en dos normas básicas a la par que sencillas: la participación secuenciada y la federación de competencias. La primera permite la secuenciación y calendarización del trabajo para marcarnos objetivos abordables y cumplirlos; la segunda se apoya en el reconocimiento entre iguales de la diversidad de capacidades, lo que permite que a cada tarea se dediquen aquellos que la propia red reconoce como más válidos. Lo que más importa son los hechos, no los nombres. Por eso, aunque siempre habrá caras, no se reconocerá entre nosotros a ningún líder carismático, sino a ciudadanos reconocidos por su trabajo, por sus competencias, por lo que saben hacer.

El pasado 24 de febrero presentamos en Madrid las herramientas con las que la ciudadanía podrá decidir su futuro, también en Europa, tras una gira que nos llevó por 15 ciudades en la que compartimos con toda la sociedad el trabajo realizado durante el último año.

Igualmente hemos abierto la adaptación de nuestro programa y hoja de ruta a las competencias y agenda europea para que cualquier ciudadano pueda enmendarla; hemos explicado las condiciones con las que trabajará un eurodiputado de la Red Ciudadana, equiparando su salario al del resto de la población; y hemos puesto en marcha un proceso de confección de listas verdaderamente abiertas, invitando a todos los ciudadanos a proponer quiénes desean que sean sus representantes.

También hemos lanzado el “Manual de uso para la Democracia del Siglo XXI”, un libro blanco donde sintetizamos los contenidos (procedentes de la condensación de las mejores propuestas de la sociedad civil y posteriormente enmendados por la ciudadanía) y el método de trabajo de la Red Ciudadana Partido X, partiendo de Democracia y Punto hasta llegar al Plan de Emergencia para Salir de la Crisis y a todas las Soluciones a Emergencias Concretas.

En nuestra web se puede encontrar información detallada de todo lo expuesto brevemente aquí: por qué surgimos, cómo funcionamos, la hoja de ruta, los contenidos recogidos en el manual y, en definitiva, todo el resultado de un trabajo que nos permite situar la Red Ciudadana Partido X como una evolución de la política convencional a la altura de la democracia que queremos para el siglo XXI.

Podemos, el eterno retorno de los Derechos Humanos

Pablo Iglesias, Secretario General de Podemos

 

«La victoria del fascismo no sólo es la ruina del movimiento socialista, es el fin del cristianismo en general, salvo en sus formas más degradadas. […]

 

El fascismo es aprobado como la salvaguarda de la economía liberal. La convicción común de los fascistas “intervencionistas” y “liberales” es que democracia conduce a socialismo. […] El capitalismo y la democracia han llegado a ser incompatibles entre sí; y los socialistas de todas las corrientes denuncian la embestida fascista contra la democracia como un intento de salvar por la fuerza el sistema económico actual.

 

Básicamente hay dos soluciones: la extensión del principio democrático de la política a la economía o la completa abolición de la “esfera política” democrática.»

 

Kar Polanyi, La esencia del fascismo, 1935[1]

 

En este texto de 1935, durante la otra gran crisis económica y política que, junto con la actual, conectan un siglo de historia europea, Polanyi explicaba con claridad que el fascismo es la solución adecuada a toda gran crisis del capitalismo: cuando éste se revela como radicalmente incompatible con la democracia, mientras que ésta en su desarrollo conduce inevitablemente al socialismo, entendiendo por tal la puesta en práctica de unos “derechos naturales” del hombre, compartidos tanto por el socialismo como por el cristianismo. El capitalismo puede convivir con una democracia adulterada; si la ciudadanía (siempre, según Polanyi, espontáneamente socialista allí donde echó raíces sociológicamente el cristianismo) exige una democracia real, política y económicamente real, entonces el capitalismo recurre al fascismo. Cristianismo y socialismo son, pues, la versión teológica y la atea del respeto incondicional por la dignidad humana y el carácter innegociable (insobornable a consideraciones “superiores”, históricas, económicas, técnicas, etc.) de los Derechos Humanos.

Aquélla fue la enseñanza legada por la Europa antifascista, principio de nuestros llamados “estados del bienestar”, con derechos políticos y sociales garantizados. Una Europa que ya no se reconoce en la actual, convertida en una cárcel crecientemente totalitaria donde democracia y derechos humanos son sacrificados en el altar tecnocrático de una economía independiente de nuestras necesidades y derechos.

Podríamos decir que son dos los datos fundamentales de nuestro tiempo político, a partir de los cuales nos es posible pensar y actuar. Se trata de dos datos indiscutibles y preeminentes, si bien el sentido, calado y peso específico que se les otorgue es ciertamente interpretable. El primero es la crisis del régimen del 78, la quiebra de la legitimidad del consenso político de la Transición. El segundo es el anticapitalismo espontáneo de los pueblos, que en España podríamos denominar el “dato 15m”.

La crisis de régimen es, como poco, doble. Por un lado nos encontramos con la incapacidad material del mismo para garantizar dignamente el sustento de sus ciudadanos, condenados a la miseria, el paro y la precariedad. Por otro, con la radical pérdida de legitimidad sufrida por la erosión, corrupción y contradicción estructural de las instituciones de la vieja política heredadas del consenso de la Transición (partidos, administración, sindicatos, etc.), postradas ante otras instancias radicalmente antidemocráticas que se han revelado como la sede real de la soberanía política: los poderes financieros y la Troika. Nos encontramos pues, según este dato, ante un momento político estrictamente excepcional, un momento destituyente.

El “dato 15m” constituye el hecho político más novedoso y fundamental de las últimas décadas, el punto de apoyo de la palanca de la nueva política, sin el cual nada sería posible. No es sino la enésima expresión histórica (al menos desde que fue redactada la primera Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano) de que si la ciudadanía toma la palabra, siempre lo hace de un modo espontáneamente anticapitalista, un hecho subterráneo de gran calado, que la izquierda no siempre ha sabido interpretar y anticipar 2. Consiste en cierto movimiento geológico, completamente lúcido, del sentido común ciudadano por el cual hoy en día preguntas como “¿Cree usted que habría que nacionalizar los bancos y ponerlos al servicio del interés general?” son respondidas afirmativamente por un 80% de la población, con independencia de los símbolos políticos con los que se identifiquen. Este dato nos da un contenido real con el que caminar hacia un momento constituyente.

Un momento político como el actual requiere audacia, y ello en un sentido muy preciso: los viejos significantes pierden vigor, y es preciso anticiparse y pelear los nuevos. Los nuevos significantes (símbolos) sólo se pueden constituir desde significados (principios, contenidos) más altos. En un momento político normal, se disputa por ejemplo una ley orgánica, en el marco de un régimen político sólido. En dicha disputa es fácil distinguir la izquierda (quienes pelean por lo universal, por la realización de los principios) de la derecha (quienes desde cierto realismo apuntalan los intereses de una parte). En un momento político anormal, en cambio, el régimen se desmorona y las pequeñas disputas desembocan invariablemente en una apelación a los grandes principios morales, puesto que ni las leyes ni la Constitución misma garantizan lo que pretenden.

Por ello los DDHH siempre retornan históricamente como bandera. Son la expresión que en la modernidad toman los procesos de emancipación, de empoderamiento colectivo y dignidad ciudadana, de ese sentido común moral de la humanidad que siempre es una tarea pendiente que exige realizarse.

De algún modo, la historia efectiva de los Derechos Humanos, como primer gran marco moral secularizado, legado por la Ilustración, concede una importante enseñanza para la izquierda: el fondo moral de la pedagogía política que la izquierda pretende hacer entre la ciudadanía en momentos de quietud política, cuando la tarea de la izquierda es defender ciertas ideas contra la ideología dominante, estalla de una manera redonda y recurrente en cada momento y lugar que un pueblo asume las riendas de su propio destino, empoderándose políticamente y tomando conciencia radical de su dignidad y su libertad.

Por ello no hay que tener miedo al pueblo. Por ello la izquierda tiene que reconocerse en su más alto significado y no en sus significantes, y reconocer que es ella la que ahora tiene que ser arrastrada por el empoderamiento ciudadano. La unidad de la gente es más importante que la unidad del “significante izquierda”, o mejor dicho: la unidad democrática contra la tecnocracia neoliberal es pues el “significado izquierda”. Dicen que, precisamente, una gran diferencia entre Robespierre y el resto de diputados era que él hablaba la lengua del pueblo, porque era del pueblo, un pueblo que al escribir los DDHH no pretendía estar inventando nada particularmente “francés” sino “recordando” unos derechos “olvidados” durante siglos, válidos para todo momento y lugar. Sólo una audacia tal puede hoy prepararnos para ganar. Y cuando lo que está en juego en cómo se salga de esta crisis es nuestro futuro entero, cuando la historia nos ha enseñado que el capitalismo no sabe salir de su propia zancadilla sin una solución fascista (que hoy se presenta como el imperio de las decisiones meramente técnicas, presuntamente no ideológicas, contra el reino de la política y los DDHH), entonces ganar es una necesidad. Por todo ello hoy Maquiavelo y Kant se dan la mano. Debemos ganar, y Podemos.

 


[1] Polanyi, Karl. La esencia del fascismo. Trad. De César Ruiz, ed. Escolar y Mayo, Madrid, 2014.

[2] Santiago Alba Rico lo expresa con toda claridad en su nuevo libro ¿Podemos seguir siendo de izquierdas? Panfleto en sí menor. (Madrid, Pollen ed. 2014): «La izquierda no ha sabido defender el programa anticapitalista de la mayoría mientras la derecha capitalista, que lo traiciona y lo hace imposible, se apropia siempre sus votos. Hay gente que se cree de izquierdas y que es de derechas y gente que se cree de derechas y que es de izquierdas. Esta es la mayor parte de la gente. El problema es que votamos con lo que creemos que somos y no con lo que somos realmente».

Objetivos políticos del 15 M

Carlos Pereda y Felipe Aguado, Asamblea de Tetuán (Madrid)

El 15M surgió como un movimiento netamente político que apuntaba a los núcleos del poder (políticos, banqueros, mercados), identificados como el origen de la crisis y sus principales beneficiarios. Sin embargo, ya en la acampada de Sol de mayo de 2011 el debate político se escindió en dos comisiones, llamadas de “corto” y “largo” plazo. La primera se centraba en el cambio de la ley electoral, la reforma fiscal y de la banca, la defensa de los servicios públicos, etc.; la segunda abordaba la necesidad de cambios económicos y políticos más profundos, como la autogestión de la producción y el consumo, o la democracia participativa de base asamblearia.

Casi tres años después la confrontación se mantiene y, tal como reconoce el propio movimiento, “hay dos líneas de trabajo abiertas (reformismo o cambio radical del sistema)… estamos en un cierto bloqueo que hemos de resolver si queremos mantenernos y progresar como 15M” (Balance y perspectivas del 15M). La Asamblea general que tuvo lugar en Sol el 25 de mayo de 2013, con la participación directa de 21 asambleas de barrios y pueblos, constataba este “bloqueo” y, a la vez que aprobaba por consenso el documento de Balance y perspectivas del 15M, tomaba la decisión de abrir un nuevo proceso de debate en torno a los objetivos políticos del 15M. Un debate todavía no concluido pero que avanza a buen ritmo.

El método de trabajo está siendo horizontal a partir de las asambleas que quieren participar en el seno de la APM (Asamblea Popular de Madrid). El primer paso fue consensuar un guion de trabajo que finalmente se redujo a tres puntos: 1) ámbitos de acción más urgentes en la sociedad actual; 2) objetivos, estrategias y medidas concretas para avanzar; y 3) herramientas y aliados a tener en cuenta.

La mayoría de aportaciones aspiran a integrar los objetivos globales de transformación social y lo que se puede hacer ahora mismo, o sea, superar la tradicional distinción entre objetivos a corto y largo plazo. Se prefiere hablar de “objetivos políticos” sin más. Este cambio implica la necesidad de plantear en las luchas concretas actuales los objetivos globales. Evidentemente no en el sentido de la revolución total ya, sino en el de impregnar las acciones concretas que se realizan en el día a día con los objetivos utópicos a los que se aspira: en el plano de las acciones, procurando que sean asamblearias; en el plano de los contenidos, procurando que se descubran las causas reales de los problemas; en el plano de la organización, procurando que las formas de lucha sean horizontales e igualitarias.

La acción política se plantea a la vez como cambio social en beneficio de la mayoría y como proceso de educación y emancipación de las personas: vivir ya la solidaridad, el apoyo mutuo, la amistad, poniendo a las personas por encima de todo. Por eso, al plantear los objetivos políticos, no se trata de hacer un listado de reivindicaciones sin más, que las puede hacer cualquier organización política de izquierda, sino de enmarcarlas en unos objetivos de fondo que dibujan un escenario alternativo de sociedad, tal como consensuaron todas las asambleas en el documento Balance y Perspectivas:

 * “Un modelo económico, de propiedad colectiva y autogestión comunitaria de los bienes de producción, distribución y consumo, que elimine la acumulación de riqueza y la especulación, y asegure las necesidades universales de las personas de forma sostenible.

 * Un modelo social que no permita las relaciones de dominación entre personas o grupos, no jerarquizado y basado en la construcción de empatía emocional, de cooperación y de autodeterminación.

 * Un modelo político, igualmente horizontal, basado en relaciones entre iguales, con participación colectiva y toma de decisiones directa (sin representación ni delegación de poder) y por tanto fundado en la organización asamblearia.

*  Un modelo orientado al de­sarrollo del conocimiento, el pensamiento autónomo, crítico, científico y la formación cultural, en armonía con el medio ambiente”.

Un punto controvertido en el proceso de debate ha sido la participación en procesos electorales. Las asambleas de San Blas/Canillejas, La Elipa y La Conce plantearon abrir la discusión en julio de 2013 y propusieron al resto, a través de la APM, debatir un manifiesto en apoyo de “un bloque electoral contrario a las políticas desarrolladas por el bipartidismo… con el objetivo de abrir una esperanza para la mayoría social de nuestro país”. La reacción de las asambleas fue muy tibia. Después de cuatro sesiones de intercambio, que se pueden seguir con detalle en las actas de la APM, sólo dos asambleas (Fuenlabrada y Hortaleza) apoyaron debatir el manifiesto; siete lo rechazaron (Lavapiés, Malasaña, Lucero, Retiro, Moratalaz, Carabanchel y Villa de Vallecas); y otras siete plantearon disensos propositivos (Chueca, Vicálvaro, Tetuán, Plaza de Dalí, Villalba, Las Rozas-Las Matas y Barrio del Pilar). Finalmente, se decidió trasladar el tema al debate que se estaba iniciando sobre los objetivos políticos del 15M.

En el polo opuesto a construir propuestas políticas organizadas desde el 15M se sitúa una de las asambleas de Malasaña que defiende el “ejercicio directo y sin intermediarios de todos los derechos políticos”. No haría falta proponerse metas políticas comunes ya que el pueblo lo hace desde sí mismo en las propias luchas. Una orientación “espontaneísta” de la acción política, próxima a la defendida en el entorno de la Asamblea General de Sol, que es poco compartida entre las asam­bleas que participan en la APM.

La mayoría plantea la necesidad de comprender la política y actuar en consecuencia, lo que requiere trabajar un proyecto político coherente y alternativo, tal como intentan los textos que se están presentando en el debate de “objetivos políticos”. En este marco, que implica la acción a corto plazo pero con un horizonte de cambio global, el fenómeno electoral se va entendiendo como un elemento más de la destrucción política de los desposeídos. En las elecciones no se dirime el poder sino el sometimiento de los pobres a estructuras de control social, político e ideológico de los poderosos de verdad. Como se ha visto en el abordaje de la crisis que estamos viviendo, los gobiernos son meros virreyes del poder financiero mundial. Por ello no se plantea la construcción de una plataforma electoral propia del 15M y se critican como oportunistas algunas candidaturas que difuminan la crítica necesaria y obstaculizan la lucidez del pueblo.

La actuación en el campo político debería ponerse como objetivo principal la construcción de organizaciones de poder popular y no de plataformas electorales. No obstante ello no impide que se puedan analizar en el aquí y ahora propuestas electorales concretas y que se pudiera optar por apoyar a alguna con un voto que podría denominarse de “defensa”, pero siempre en el marco de un proyecto político propio y coherente, cuyo eje sea la democracia directa.