El Comisionado de la Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid

Teresa Aradillas

El Comisionado de la Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid fue creado por acuerdo del pleno municipal de 26 de abril de 2016. Se constituyó como órgano colegiado de asesoramiento y propuestas de actuación municipales en cumplimiento de la “ley 52/2007 de 26 de diciembre por la que se reconocen y amplían los derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura” (conocida como “Ley de Memoria Histórica”).

En la exposición de motivos de la creación del Comisionado se alude como antecedente tanto al hecho de que ya en 2005 la Organización de Naciones Unidas en su Comisión de Derechos Humanos establecía el “deber de recordar” como a la condena al franquismo llevada a cabo por el Consejo de Europa en el año 2006, cuando se denunciaron graves violaciones a los Derechos Humanos cometidos por España entre 1936 y 1975.

Derivado de lo anterior, y conscientes de que la ciudad y los ciudadanos de Madrid sufrieron con especial intensidad la Guerra Civil resistiendo el asedio de las tropas rebelde desde 1936 a 1939, con posteriores exilios y detenciones masivas que hacinaron sus cárceles o fueron seguidas de numerosas ejecuciones, el actual Ayuntamiento de Madrid consideró su deber dedicar una especial atención a aquellos hechos para que las presentes y futuras generaciones conociesen con cierta objetividad su pasado para no repetir lo indeseado y por el contrario honrar las conductas que deben ser valoradas.

Así, el Decreto firmado por la Alcaldesa nombró Presidenta del Comisionado a Francisca Sauquillo y a continuación fue nombrado como Vicepresidente a José Álvarez Junco y como vocales a Teresa Arenillas, Octavio Ruiz Manjón, Andrés Trapiello, Santos Urías y Amelia Valcarcel, siendo asesor Txema Urquijo y secretario el letrado del Ayuntamiento Pedro Manuel Salas.

La filosofía que inspiró desde el inicio la actuación del Comisionado se sustentó en la idea básica de que las medidas que unas autoridades democráticas deben tomar después de un período de Guerra Civil o dictadura son de gran complejidad y que desde luego había que huir de cualquier ánimo de revanchista, que la justicia nos exigía una restitución de la memoria y honor a quienes les son debidos con independencia de quien gobierne.

No queríamos dejarnos llevar solo por la tan reiterada idea de que los pueblos que no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo, pues entendíamos que el recuerdo ayuda, sin duda, a prevenir riesgos futuros pero que en la historia hay más cambios que repeticiones y uno de esos cambios son las transiciones democráticas. En el caso español creíamos que hay razones para apoyar la convicción de que lo ocurrido en 1936 no volverá a suceder.

No pretendimos establecer una versión canónica del pasado que fijase méritos y responsabilidades de cada uno, ni menos aún hacer proyecciones de culpas y méritos remotos sobre grupos sociales del presente.

Tampoco nos guio la idea de hacer justicia en el sentido literal del término, es decir en el de restaurar la situación al estado anterior a que se conculcara el derecho ya que esto raramente es posible y menos aun cuando ha transcurrido tanto tiempo.

Lo único posible ahora es la rehabilitación moral, política y simbólica de las víctimas.

Se trataría sobre todo de resolver los problemas de los ciudadanos españoles presentes mejorando su convivencia y por tanto fortalecer nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestra moral cívica.

Con consideraciones de este tipo trabajamos en debate constructivo y abierto, llegando en general a amplios acuerdos y casi siempre a consensos.

De esta manera nos ocupamos de temas como las distinciones honoríficas otorgadas anteriormente por el Ayuntamiento de Madrid y la necesidad en muchos casos de su retirada; de la nomenclatura de calles con las correspondientes supresiones y nuevos nombramientos; de la retirada de símbolos franquistas aún presentes en lugares públicos; de las placas que deberían honrar a personas, instituciones o episodios significativos en la ciudad de Madrid entre 1936 y 1975. También, siguiendo la definición de Pierre Nora, propusimos algunos “lugares de memoria”, espacios físicos a los que se les puede asociar un hecho histórico y un valor simbólico que permitan recordar o conmemorar un determinado episodio representativo de esa etapa de referencia.

Recomendamos retirar cualquier expresión de homenaje a personas que participaron de manera destacada en la rebelión militar de 1936 o en la política represiva del régimen establecido en 1939, proponiendo nombres alternativos que honraran a mujeres ilustres, instituciones pedagógicas o personas destacadas del mundo de la cultura que contribuyeron a engrandecer nuestro patrimonio intangible en tiempos difíciles, así como a quienes adoptaron posiciones conciliadoras.

Visitamos también lugares y nos reunimos con personas relacionadas con asociaciones de víctimas del franquismo y de la Memoria Histórica, con representantes de los grupos políticos municipales, con entidades y personalidades poseedoras de criterios y vivencias relevantes sobre este período histórico.

Las medidas que propusimos pretenden restaurar y fortalecer la confianza entre los ciudadanos y con unas instituciones que han de encarnar la justicia y reconocer que entre 1936 y 1975 se cometieron actos y se vivieron situaciones de violencia que afectaron a muchos de manera injusta. La democracia debe reconocerlo para merecer así la confianza de todos. Solo entonces se podrán considerar cerradas las heridas y saldadas las responsabilidades.

El Comisionado, acabada su función, editó en diciembre de 2017 y entregó a la Alcaldesa de Madrid un libro-memoria que recoge la labor y propuestas realizadas, propuestas que deberán ser ejecutadas en gran medida y en su caso completadas por el propio Ayuntamiento.

La mayor prueba de amor es dar la vida por los demás

Armando Márquez Ochoa

Cuando se trata de beatificar o de canonizar a un hombre,

es aquí donde se le examina: su amor.

El amor es la santidad y la medida de la santidad.

Si un hombre sabe desprenderse de sí mismo y amar, es santo;

si un hombre habla mucho de santidad pero no sabe amar, no es santo

(Mons. Romero, 13 mayo 1979)

UNA IGLESIA POBRE PARA LOS POBRES

El Papa Francisco que, desde los inicios de su pontificado, expresó su deseo de impulsar “una Iglesia pobre para los pobres” ahora nos propone un modelo de pastor y de Iglesia coherente con ese ideal. En el contexto de involución que, con los dos Papas anteriores, hemos vivido y, con una gran mayoría de cardenales, obispos y sacerdotes conservadores, impulsando un modelo de Iglesia sacramentalista y espiritualista, la canonización de Monseñor es una “buena noticia”.

Nos alegramos porque confirma lo que a nivel popular ya proclamábamos y que Don Pedro Casaldáliga “oficializó” con su poema “San Romero de América”. Desde el Concilio Vaticano II y desde Medellín, venimos soñando y trabajando por una Iglesia más evangélica, más cercana a aquellas primeras comunidades (Hech 2,42-46; 4,32-36); creemos que, el Papa Francisco, está empujando en ese sentido: por ejemplo, escogió para beatificar a Mons. Romero la fecha de Pentecostés (23 mayo 2015), una festividad con un mensaje y un significado especial porque Mons. Romero consideraba Pentecostés como “el cumpleaños de la Iglesia, porque este día nació la Iglesia” (Homilía del 14 mayo 1978); con ello creemos que el Papa Francisco nos ha invitado a “refundar” la Iglesia en el espíritu de Mons. Romero, como “una Iglesia pobre para los pobres”.

Ahora, la invitación se repite: Francisco canoniza a Mons. Romero junto a Pablo VI, el Papa que decidió llevar adelante el Concilio y viajó a Latinoamérica para inaugurar la Conferencia Episcopal de Medellín, de donde emanaron los lineamientos que conformaron la Iglesia Latinoamericana como una “Iglesia pobre para los pobres”. Sin duda, todavía estamos muy lejos de ese ideal; por eso, la canonización no es un punto final, es una etapa para dar seguimiento a los ideales, a la palabra y al testimonio martirial de Mons. Romero.

 

Algunos signos positivos han comenzado a presentarse: Mons. José Luis Escobar Alas, Arzobispo de San Salvador, siguiendo la denuncia del Papa Francisco respecto al martirio de Mons Romero[i] (en el sentido que fue difamado, calumniado, ensuciado, o sea que su martirio se continuó incluso por hermanos suyos en el sacerdocio y en el episcopado), en la homilía[ii] de la eucaristía de acción de gracias por la canonización expresó: quiero hacer un acto de justicia: Públicamente pido perdón en nombre de aquella parte de la Iglesia que maltrató a Monseñor Romero y lo difamó; entre esos sus hermanos obispos, sacerdotes y laicos que lo abandonaron y lo atacaron en una actitud antievangélica. Y no solo en vida, sino aun después de su muerte martirial. Pedimos perdón al santo pueblo de Dios por todo el escándalo que esa actitud injusta le causó. También manifestó, un público reconocimiento y expreso un sincero agradecimiento a todos aquellos que sí supieron responder a ese momento histórico de salvación dando fiel testimonio de su fe al lado de Monseñor Romero, supieron estar junto al Santo,… a las Comunidades Eclesiales de Base… Este reconocimiento público de las CEB´s es importante porque en las últimas 3 décadas, estuvimos ignoradas, invisibilizadas por la jerarquía católica salvadoreña. Además, fue significativa la invitación de Mons. Escobar, a “que, siguiendo las huellas de nuestro Santo, luchemos por la justicia”, para ello actualizó las denuncias de Mons. Romero en 4 temas de actualidad en el contexto social y político salvadoreño: la defensa del agua, el injusto sistema de pensiones, un sistema tributario que castiga a los pobres y beneficia a los ricos, y, finalmente, la defensa del derecho a migrar. Agradecemos al Señor Arzobispo este tono profético en la línea de Mons. Romero y esperamos que marque un cambio de tendencia pastoral, teológica y litúrgica.

 

CARACTERISTICAS DE LA SANTIDAD DE OSCAR ARNULFO ROMERO

 

¿Qué tipo de santidad descubrimos en él?: Sin duda las características tradicionales de santidad, pero, además, Mons. Romero, presenta algunas notas que lo hacen un santo diferente, un santo especial, un santo difícil de comprender y, por supuesto, de seguir:

 

  • SANTIDAD PROFETICA: sin duda esta fue una característica muy especial, específica y novedosa en Mons. Romero; el anuncio y la denuncia que hizo durante sus 3 años como Arzobispo lo han catapultado a nivel mundial, difícilmente encontramos desde los profetas del Antiguo Testamento, un profeta con tanta fuerza: Es obra de Dios, y por eso no tenemos miedo a la misión profética que el Señor nos ha encomendado. Ya me imagino que alguno dice: «¡Ah, se está creyendo profeta!». No es que me crea profeta, es que ustedes y yo somos un pueblo profético, es que todo bautizado ha recibido participación en la misión profética de Cristo… Nunca me he creído profeta como en el sentido de único en el pueblo porque sé que ustedes y yo, el pueblo de Dios, formamos el pueblo profético, y mi papel únicamente es excitar en ese pueblo su sentido profético que no lo puedo dar yo, sino que lo ha dado el Espíritu” (14 julio 79).

 

  • SANTIDAD POLITICA: otra de sus grandes habilidades fue saber iluminar sabiamente la realidad sociopolítica que se vivía en su tiempo: a la luz de la Palabra divina que revela el proyecto de Dios para la felicidad de los pueblos, tenemos el deber, queridos hermanos, de señalar también las realidades; ver cómo se va reflejando o se está despreciando entre nosotros, el proyecto de Dios. Nadie tome a mal que a la luz de las palabras divinas que se leen en nuestra misa iluminemos las realidades sociales, políticas, económicas, porque de no hacerlo así, no sería un cristianismo para nosotros… (23 marzo 1980)
  • SANTIDAD EN FIDELIDAD AL PUEBLO: Pero quiero asegurarles a ustedes, y les pido oraciones para ser fiel a esta promesa, que no abandonaré a mi pueblo sino que correré con él todos los riesgos que mi ministerio me exige… (11 noviembre 1979)
  • SANTIDAD EN LA PERSECUCION Y EL MARTIRIO: la comisión de teólogos aprobó el reconocimiento de la muerte “in odium fidei”. Y es que Mons. Romero vivió la persecución y el martirio por odio a la fe, por odio a la justicia, a la verdad y a los pobres: como rumores los creo también los que me avisaron esta semana que yo también anduviera con cuidado que se estaba tramando algo contra mi vida. Yo confío en el Señor y sé que los caminos de la Providencia amparan a quien trata de servirle (7 enero 1979). Me basta para estar feliz y confiado saber con seguridad que en Él está mi vida y mi muerte, que a pesar de mis pecados en Él he puesto mi confianza y no quedaré confundido” (último retiro 25 febrero 1980)

DESPUES DE LA CANONIZACIÓN

Durante más de 3 décadas estuvimos luchando por visibilizar y reconocer la santidad de Mons. Romero, ahora no podemos bajar la guardia, la canonización no puede servir como estrategia institucional y eclesial para convertir a Mons. Romero en un santo de camerino, tal como lo expresó el cardenal Gregorio Rosa Chávez, hay que evitar presentarlo como un “santo light o descafeinado”.

Con la canonización, la historia y diversos sectores a nivel mundial reivindican la figura de “San Romero de América y del mundo entero”, la realidad se impone: la verdad de Mons. Romero crece cada día más, el Vaticano finalmente ha asumido y acogido el clamor popular expresado en los diferentes ámbitos de la realidad: el arte en sus diversas expresiones, la literatura, el teatro, la música, la academia, la geografía, la jurisprudencia, la teología, las Iglesias, las Naciones Unidas… proclaman universalmente la grandeza única de este santo obispo, mártir, profeta y “doctor” de la Iglesia.

Una de las tareas post canonización es la demanda de justicia, es incoherente e injusto que, mientras la Iglesia universal y el mundo le honran, en El Salvador, su crimen se mantenga en la impunidad. El señalamiento de los Apóstoles a las autoridades judías: “Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos. ¡Y nosotros somos testigos de ese hecho!” (Hech 3,15), se mantiene, esta denuncia se actualiza en Mons. Romero: nosotros también ahora levantamos el dedo acusador contra los sectores que lo asesinaron, lo que pedimos no es venganza sino justicia; está claro que Roberto D´Abuisson (fundador del partido ARENA) fue el autor intelectual del complot magnicida, él ya falleció, pero, no actuó solo, los sectores que le apoyaron logística y financieramente están vivos y activos políticamente, lo menos que podemos esperar de ellos es que pidan perdón; el Señor Arzobispo ha dado un paso importante, ahora, les toca a otros continuar su ejemplo; pedir perdón no es fácil, tampoco humilla, pero, sí supone mucha humildad, actitud cristiana que dignifica. Así como el dedo de la historia reivindica al santo, así el dedo justiciero de la historia, también señala a sus asesinos: “ustedes mataron al santo, al justo, al profeta, pero, Dios lo ha santificado, la Iglesia lo ha canonizado, el pueblo lo ha resucitado y nosotros somos testigos de ello”

[i] http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151030_el-salvador.html

[ii] https://drive.google.com/drive/folders/1hdYSkSsAAaN-Ld1hfEH_HrrX6035vWl7?ogsrc=32

Exigimos conocer la verdad

Jaime Ruiz Reig

“¿Es posible que el antónimo de olvidar no sea recordar sino justicia?”

Hayim Yerushalmi

40 años de Constitución no es corto plazo para un país que siempre vivió en libertad en pequeños paréntesis de su historia. 40 años y una evidente incapacidad de afrontar su pasado más oscuro, brutal y opresivo. El Estado español no ha sido aún capaz de aplicar verdad, justicia y reparación a las víctimas del franquismo.

Las graves violaciones de Derechos Humanos cometidos en España entre los años 1936/1978 exigen la condena de la dictadura por los poderes del Estado y la sociedad toda. Es una afrenta añadida a las víctimas pretender que se mantenga el olvido o se ignora su sufrimiento. El conocimiento del pasado debe afrontarse como un patrimonio del que se debe y puede aprender para no repetirlo nunca más.

El informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, celebrado en París en marzo del 2006, afirma: “Que en julio de 1936, en nuestro país se produjo un golpe de estado, con el apoyo de unidades regulares de las fuerzas Armadas de Alemania e Italia y sus respectivos gobiernos y que intervinieron en territorio español, prólogo de las agresiones a otros estados que fueron juzgados y condenados por el tribunal de Nurenberg en 1946. La República identificó como guerra de España dicha agresión ante la Sociedad de naciones”.

Este informe considera que las personas fallecidas como consecuencia del golpe y posterior guerra, alcanza una cifra que oscila entre medio millón y un millón. Así mismo se denuncia la represión, incluidos fusilamientos, desapariciones forzadas, cárcel, campos de concentración, etc. Y por todo ello se denuncia la dictadura franquista como un régimen en el que se cometieron graves violaciones de los derechos humanos.

Hoy nuestro país se ha dotado de una constitución, dispone de un marco de instituciones asentada, es miembro de pleno derecho de la UE y participa en diversos organismos de NNUU, por todo ello nos reafirmamos en lo que afirmaba Pablo de Greiff, siendo relator de NNUU, “la fortaleza de las instituciones democráticas queda mejor reflejada en la forma como aborda positivamente las peticiones de los ciudadanos, que en su capacidad de dejar ciertos temas fuera de la agenda pública”.

Nos recuerda que existe el derecho a la verdad. Conocer la verdad sobre la suerte y paradero de los familiares es un derecho absoluto y una obligación que el Estado debe satisfacer de acuerdo con el derecho internacional. El derecho a la verdad es un derecho individual y también colectivo; todos tenemos derecho a conocer lo sucedido, empezando porque los juzgados atiendan la solicitud de exhumación y levantamiento de cadáveres con el fin de esclarecer las causas de la muerte y de intentar identificar a las víctimas, dando protección a las mismas y solo después tomar las decisiones procesales o materiales que correspondan

Igualmente urge que se desclasifiquen, sin más dilaciones, los documentos que nos ayuden a conocer mejor lo sucedido en nuestro pasado doloroso, facilitando el acceso tanto a los archivos públicos, incluidos los de policía política y la jurisdicción militar de la época franquista, las entidades privadas sostenidas con fondos públicos que han formado parte del régimen totalitario que fue el franquismo, lo que incluye a la iglesia católica. Se necesita una ley, un marco legislativo apropiado, sobre archivos para garantizar el efectivo acceso público a los mismos.

Desde la creación de la Plataforma por la Comisión de la Verdad en 2012, venimos reclamando la creación en nuestro país de una Comisión de la Verdad, que no es solo una investigación histórica, sino el instrumento del derecho a conocer los progresos y resultados de una investigación, la suerte y el paradero de las personas desaparecidas y sus circunstancias, así como la identidad del autor o autores de las mismas.

Las comisiones de la verdad se han llevado a cabo en más de 42 países para esclarecer las violaciones de los DDHH, del derecho humanitario y de las graves infracciones cometidas durante conflictos y dictaduras. Elaboran un informe oficial con recomendaciones pertinentes para que sea conocido por las Instituciones pertinentes y una vez se comprometa a implementar las mismas y hacerlo público para conocimiento de todos los ciudadanos.

Exigimos para nuestro país una Comisión de la Verdad, constituida con garantías, desde los principios del Derecho Internacional, adaptando las experiencias desarrolladas en otros países, integrada por personalidades independientes, nacionales e internacionales, de reconocido prestigio democrático, aceptada por las Instituciones y entidades asociativas memoralistas, para que establezca la verdad sobre el horror practicado por la dictadura franquista y evidencie la dignidad de sus víctimas y de todos los que se le opusieron y defendieron las libertades para nuestro país. El conocimiento de la historia y nuestra memoria colectiva podrán ser vacunas contra la repetición de los errores del pasado, además de atender a la formación ética y ciudadana de las jóvenes generaciones. Todo ello demostrará la solidez de los valores que garantizan nuestra convivencia democrática.

Racismo institucional. El sufrimiento inútil de migrantes en los CIE

Miguel Ángel de Prada

En contra de la autocomplacencia colectiva en España, basada en la auto-percepción del buen trato que se dispensa a extranjeros, migrantes o solicitantes de asilo, la realidad no se compadece con ello. Y, menos aún, la situación desde las instituciones del Estado.

La situación en España del trato institucional a migrantes que entran irregularmente por motivos económicos o como solicitantes de asilo, ha sido y es motivo de preocupación entre las organizaciones de Derechos humanos y la ciudadanía. Así, por primera vez en la UE, un Tribunal supremo de un país miembro condena al propio país por incumplir el acuerdo de acogida de migrantes en el reparto consensuado entre estados de la U.E. España aceptó recibir 19.449 personas pero sólo tramitó entre 2015 y 2017, el 12,85%; y los realmente reubicados fueron 1.359 (235 procedentes de Grecia y 1.124 de Italia), es decir, el 7% del cupo asumido. ¿Ha cambiado el panorama desde la entrada del PSOE en el gobierno? Sí ha habido un golpe de efecto, sentido en toda Europa, al recibir al barco Aquarius en el puerto de Valencia, lo mismo que han existido dudas o vacilaciones con barcos posteriores. Pero del grueso de las 19.449 personas asumidas desde 2015, pero no recibidas, ni una palabra.

Si esta situación vergonzosa para el Estado español, se refiere a quienes debían entrar en España, no menos abusivo es el trato recibido por quienes, una vez dentro, son recluidos en los CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) previamente a su expulsión. No sólo sobre la situación en los CIE, sino también sobre su misma existencia, la UE ha llamado varias veces la atención al gobierno español debido a su ilegalidad.

El Servicio Jesuita a Migrantes España (SJME) realiza desde 2012 el informe anual sobre la situación de los CIE en España. El informe de 2017 lleva por título: Sufrimiento inútil[1]. Para los autores del informe, los CIE funcionan como los nuevos lazaretos, en los que padecen un sufrimiento inútil miles de migrantes antes de ser puestos en la mayoría de los casos en libertad. Si el fin pretendido del CIE es retener a migrantes para devolverlos a sus países, en 2017 sólo el 31% fueron realmente devueltos y el 67% puestos en libertad al no poder documentarlos. En todo caso, el CIE es un instrumento casi inútil para el fin que pretende. El segundo aspecto es más grave, desde el punto de vista institucional: el informe recoge de los autos de los jueces que “es sumamente preocupante el modo como el Ministerio del Interior desoye los requerimientos del Poder judicial en la garantía de los Derechos de las personas extranjeras internadas en los CIE” (p. 55).

El informe 2017 del SJME también pone en contexto la situación migratoria a la que dicen responder los CIE, que es la irregularidad. En 2017 se contabilizaron 28.572 entradas irregulares, casi el doble que el año anterior (14.558), pero casi la mitad que en 2006 (41.180). No se puede olvidar el carácter cíclico de los flujos migratorios ni sus contextos internacionales. Del total de entradas irregulares, en 2017 se internaron en los CIE 7.559, la cuarta parte del total de entradas, y de éstos sólo uno de cada tres fue devuelto a su lugar de origen. Este resultado es el que desvela la ineficacia del recurso.

Las fuentes de información con que se realiza el informe de 2017 cuenta con visitas a los CIE de Madrid, Barcelona, Valencia, Algeciras y Tarifa del personal del SJM y con aportaciones de personas muy cualificadas: el Magistrado Juez de control del CIE de Aluche (Madrid), las recomendaciones del Defensor del Pueblo y las actas de jueces de control. Ramiro García de Dios Ferreira ha trabajado como Juez de control del CIE de Aluche desde 2009 hasta 2018; estos más de 8 años de experiencia jurisdiccional le permiten conceptuar los CIE como “centros de sufrimiento y espacios de opacidad e impunidad policial” (p. 6). Y concluye su aportación con una afirmación rotunda: “Finalizada mi función jurisdiccional, me queda la esperanza de que, entre todos y todas, logremos el objetivo del cierre de la barbaridad que significa la existencia de los CIE” (p. 7).

El aspecto de “ilegalidad” de la propia existencia de los CIE se refuerza por las ilegalidades de su funcionamiento, tal como recoge la aportación “Un CIE en fraude de ley”, sobre el centro de Archidona (Málaga II), cuyas instalaciones fueron realizadas para un nuevo centro penitenciario pero han sido usadas como CIE en contra de lo dispuesto en la ley y la jurisprudencia, sin que conste la Orden de creación. También ha ocurrido esto en el caso de antiguos centros penitenciarios cerrados, que se están utilizando como CIE en Algeciras (Centro de la Piñera) y en Las Palmas de Gran Canaria (Barranco Seco). Las denuncias y quejas de internos por el trato recibido; actuaciones polémicamente violentas de la Unidad de intervención de la policía y el suicidio del interno Mohamed Bouderbala, pusieron a este CIE en el centro del debate. El Defensor del Pueblo en sus visitas al Centro de Archidona afirma sobre la gestión de la seguridad que es demasiado intensa para el internamiento cautelar y recomienda sustituir a los miembros de la UIP por funcionarios policiales de las brigadas que habitualmente prestan servicios en los CIE. Además muestra especial preocupación por el estado de las instalaciones, de los servicios de asistencia médica y sanitaria, de orientación jurídica y de asistencia socio-cultural. En resumen, sobre el centro de Archidona: “un caso para aprender a gestionar de otro modo las situaciones de emergencia, a no crear más CIE en fraude de ley” (p. 35).

La necesidad de nuevas instalaciones no respondería únicamente a la voluntad de ampliar plazas de internamiento, sino también a las constantes llamadas de atención de los jueces de control de los CIE, del Defensor del Pueblo y de las ONG sobre el estado alarmantemente deficiente de los actuales CIE de Algeciras, Tarifa y las Palmas de Gran Canaria. En opinión de los autores del informe, son centros que deberían cerrarse, a la vez que no debe descuidarse la vigilancia sobre el resto, cuyo deterioro es creciente. Y recomiendan al Ministerio del Interior que “sus planes de construcción lo sean de instalaciones para la acogida de números más reducidos de personas, con la misma provisión de servicios que la expresada para los CIE, para acogidas en régimen abierto, dentro de la red de dispositivos de acogida humanitaria” (p. 9). Todo esto lleva a reclamar “una política migratoria distinta, en que la flexibilidad para obtener visado de residencia y trabajo, siquiera dentro de un plazo prudencial para buscar empleo e iniciar el proceso de integración cultural como condiciones de continuidad o no del proyecto migratorio, disminuya la necesidad de intentar la entrada irregular en España. Y, en tanto se perfecciona dicha política, se necesita mayor inversión en Centros Abiertos de estancia temporal, en los que se dé orientación sobre el marco jurídico de extranjería a la vez que se proporcionan las primeras herramientas de integración” (p. 9).

Las visitas a los CIE en 2017 se dieron en mejores condiciones que en años anteriores, incluyendo la normalización del acceso al CIE de Tarifa y la autorización de entrada en el de Algeciras. Esta normalidad ayuda a forjar una imagen de conjunto más nítida y mejor documentada. La imagen que se desprende en 2017 es mayor presencia de varones que de mujeres; jóvenes, entre 18 y 30 años; sobre-representación de argelinos, marroquíes, guineanos y costamarfileños; sujetos a procedimiento de devolución recién desembarcados de una patera o al haber quebrantado una prohibición de entrada; con más de dos semanas de internamiento (el máximo es de dos meses) y, a veces, a pocos días de la puesta en libertad por agotamiento del plazo legal; que solicita asilo más fácilmente cuando procede del Magreb (p. 43).  Las causas de vulnerabilidad son variadas: la minoría de edad; problemas de salud física o mental; deficiente comprensión de su situación jurídica, etc. En las visitas se han podido percibir algunas de estas circunstancias que se han visto confirmadas al revisar las recomendaciones elevadas por el Defensor del Pueblo y los autos dictados por los jueces de control de los CIE

Las recomendaciones del Informe del SJM 2017 son claras. La principal es que no necesitamos nuevos lazaretos, se necesita una política migratoria distinta. La función de los CIE es meramente publicitaria, un mensaje para la opinión pública española de que se controlan las fronteras. Pero se advierte de que el recurso de los CIE es ineficaz para el objetivo de las expulsiones (2 de cada 3 personas internadas tiene que ser puesta en libertad) y produce un sufrimiento inútil a la mayoría de internados. Además no disuade a quienes desean migrar a los centros del progreso desde lugares de miseria. Tengamos en cuenta que el 80% de los internados en los CIE durante 2017 provenían de cinco países africanos: Argelia (31%), Marruecos (18%), Costa de Marfil (14%), Guinea (9%) y Gambia (9%). La propuesta alternativa al CIE, como internamiento cautelar, es un alojamiento temporal dotado con recursos abiertos de acogida humanitaria.

Las últimas palabras del informe 2017 son para resaltar la importancia de la presencia de las ONG en los CIE: “además del valor humanitario de su programa de visitas y actividades, tiene una función preventiva de violaciones de Derechos humanos, correctivo de deficiencias a través de sus quejas y sistemática, generando una reflexión crítica sobre el internamiento cautelar de extranjeros a través de sus informes” (pág. 58). En suma, las ONG “se convierten en las ventanas de la sociedad civil dentro de los CIE, arrojando luz y reflexión crítica sobre una institución, cuando menos, muy cuestionable” (p. 45).

El intenso e interesante informe 2017 puede verse completado por la lectura de los informes de años anteriores (www.sjme.org): Atrapados tras las rejas. Informe 2012 CIE; Criminalizados, internados y expulsados. Informe CIE 2013; Expulsiones exprés. Informe CIE 2014; Vulnerables vulnerabilizados. Informe CIE 2015; Lanzamiento 25,66 (media diaria de repatriaciones forzadas). Informe CIE 2016.

[1] SJM-E (Josep Buades y Antonio Bohórquez), Sufrimiento inútil. Informe CIE 2017.  Junio, 2018. https://sjme.org/wp-content/uploads/2018/06/Informe.

De los refugiados bosnios al Aquarius. La voluntad de ayudar como antídoto contra la normalización de la política de muerte. El caso valenciano

Esma Kucukalic

Un cuarto de siglo separa la experiencia de acogida en la Comunitat Valenciana de los refugiados procedentes de Bosnia y Herzegovina, y el recibimiento del Aquarius, que atracó en aguas valencianas el pasado 17 de junio. 25 años en los que la sociedad valenciana se volcó en la acogida del que, en aquel momento (1992), suponía el mayor contingente de personas refugiadas en la historia de España, y que nuevamente, en 2018, hizo de puerto seguro a un barco de salvamento a la deriva, con 629 personas a bordo.

Aquarius no es la primera lección de solidaridad

La guerra de Bosnia y Herzegovina marcó tristemente el final del siglo xx a pesar de que la Comunidad Internacional se había comprometido a que nunca volvería a permitir que se repitieran los desastres de la II Guerra Mundial. Un conflicto que dejaba más de cien mil muertos y dos millones de refugiados, ante el que vecinos de siete localidades de la provincia de Alicante, ciudadanos de a pie, se movilizaron para dar cobijo a personas que veían por televisión y que eran protagonistas de un éxodo en toda regla. Corrían años duros en la maltrecha economía española de finales de los noventa, en la que la tasa de paro superaba casi los 25 puntos, pero eso no fue impedimento para la solidaridad de gente corriente que no querían contribuir a uno de los episodios más negros de Europa.

“Era la primera vez que España –históricamente país de desplazados de guerra– iba a acoger a más de un millar de refugiados que tenían que ser distribuidos por el Estado en apenas un mes. El programa, además, no iba a ser costeado por la administración, sino por los ciudadanos, apoyados espontáneamente por los ayuntamientos. España estaba en un momento económico peor que el actual. No teníamos la red social como la que existe hoy y nos atrevimos a hacerlo», comenta Paca Sauquillo, presidenta de Movimiento Por la Paz (MPDL). «Recibimos la autorización del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Interior, planificamos el reparto de las personas en diferentes comunidades autónomas, dimos preferencia de llegada a mujeres y niños, pero todo eso fue posible porque hubo voluntad política. Si entonces el gobierno facilitó las cosas, ahora también podría hacerlo permitiendo, por ejemplo, fletar un barco desde Valencia para traer a las personas. La experiencia ya la tenemos», aseguraba telefónicamente en una entrevista previa al caso Aquarius, como si de una premonición se tratase.

En aquella ocasión, vecinos de las localidades de Villena, Beneixama, Biar, Onil, Castalla, Sax, Petrer, Elda y Banyeres, pertenecientes a la provincia de Alicante, crearon la Asociación de Ayuda para la Población Infantil de Bosnia y Croacia con el objetivo de acoger a personas que huían de la guerra.

Y de aquella solidaridad en caliente cristalizó uno de los proyectos de acogida más exitosos que se llevó en el ámbito nacional. Ubicados en el albergue social de Biar, una cincuentena de familias bosnias entre las que había una treintena de niños, encontraba al fin la paz lejos de las bombas, y únicamente gracias al compromiso social, pues no era el gobierno el que costeaba el proyecto. «La solidaridad era abrumadora. Todo el mundo quería ayudar. Fabricantes de calzado, juguetes, supermercados de los pueblos, el gremio de panaderos. Tuvimos que hacer turnos de voluntarios y víveres para que no sobraran excedentes», recuerda Cristina Hernández, concejala de este municipio.

La escolarización de los menores fue toda una hazaña. En una localidad con poco más de 3.000 habitantes y una única escuela, se desarrolló un desafiante programa educativo de inmersión e integración plena de los pequeños. El director del colegio, Antonio Doménech aún guarda el buen recuerdo de aquella proeza en la que colaboró profesorado, estudiantes y hasta el AMPA, pero también las madres refugiadas que prestaban su apoyo en el proceso de adaptación y el aprendizaje del idioma. Algunas de ellas, recuerdan que su prioridad después de poner a salvo a sus hijos era intentar brindarles una vida lo más normal posible y para ello era clave la escuela. Era la vuelta a la rutina que había minado la guerra.

Otras guerras, mismos refugiados

Su periplo para llegar hasta aquel puerto seguro era bien distinto al de los refugiados a bordo del buque Aquarius, pero no lo era la arbitrariedad ni sus circunstancias. Los refugiados que llegaron a Valencia por tierra en el año 1992 huían de la guerra, de una muerte segura, del hambre, la indefensión, la esclavitud, la violencia sexual y un largo etcétera de atrocidades. Que fuera Valencia la que les ofreciera cobijo era una casualidad, como lo fue la suerte que tuvieron los rescatados por el barco de salvamento de la ONG Sos Mediterrannée y Médicos sin Fronteras. Y una vez más la sociedad valenciana respondió a la llamada de auxilio.

Exhaustos tras días a la deriva sin un destino claro, como aquellos refugiados de los años noventa. “Algunos habían pasado hambre y querían guardar alimentos para más tarde. Otros tenían la mirada perdida pensando en la familia que habían dejado y de la que no sabían nada», recuerda Mari Carmen García Martínez, concejala del ayuntamiento de Villena, y voluntaria en el proyecto de acogida de refugiados bosnios. Pero ha sido gracias al Aquarius cuando por primera vez, aquellas personas, que una vez fueron refugiadas, y miles de migrantes que viven en la Comunidad Valenciana han podido ver cómo se moviliza una sociedad para dar la bienvenida a aquellos que más lo necesitan y a los que nadie parece querer.

Y es que la movilización y el despliegue organizado en torno al Aquarius no tiene precedentes. Numerosos municipios valencianos pertenecían, desde el estallido de la llamada crisis de refugiados en el año 2015, a la red española de ciudades refugio. Han sido constantes las llamadas de la sociedad civil por permitir la entrada de las personas que esperan y mueren a las puertas de Europa. No es casualidad que mientras el ministro italiano Salvini espetaba que no acogería a ningún refugiado del Aquarius, un centenar de organizaciones internacionales, entre ellos la valenciana Fundación Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo (FACM), lanzaban el Movimiento Euromediterráneo de Solidaridad con las personas en el exilio que exige que se pare de criminalizar el socorro y la acogida de las mismas. Desde el momento en que el gobierno español vio la posibilidad real de que aquel barco –que, tras una semana a la deriva, era todo un símbolo del sinsentido y el atropello de los derechos fundamentales– pudiera atracar en aguas valencianas, la solidaridad se disparó. 150 municipios de esta comunidad se ofrecieron a acoger a los rescatados. El equipo de respuesta inmediata que se desplegó por parte de Cruz Roja para la atención en la llegada contó con más de dos mil voluntarios, aunque fueron casi tres mil las llamadas ciudadanas que tenían como fin ayudar. Médicos, traductores, abogados y vecinos, muchos de ellos migrantes, esperaban en el puerto impacientes la llegada del buque. Una vez en tierra, la emoción era máxima. Cánticos a bordo para celebrar la vida, y lágrimas en una abarrotada rueda de prensa en la que estábamos desplegados más de trescientos medios de comunicación internacionales. Aquellas imágenes colocaban a la Comunidad Valenciana en el centro del mundo con una operación de rescate bautizada “Esperanza del Mediterráneo”.

Personas de 26 nacionalidades distintas tocaban tierra. Hombres abatidos, menores no acompañados, mujeres con niños pequeños y embarazadas. De ellas había cuidado durante la travesía Amoin Soulemane, la matrona del Aquarius. Una vez en Valencia, emocionada contaba que “todas las mujeres del barco han sido violadas durante el camino. Están desesperadas porque vienen de lejos, han perdido la esperanza. Cuando las rescatamos caen en un estado de depresión por el alto grado de estrés que han sufrido. Están aterrorizadas, tienen un miedo inimaginable. Entonces nuestro papel es estar con ellas y repetirles que no es su culpa”.

3 meses después

Testimonios de una dureza extrema que han servido al personal técnico para poder abrir expedientes administrativos y realizar las oportunas tramitaciones de asilo. Al igual que para los refugiados bosnios, es ahora cuando se abre una nueva y dura etapa para los llegados del Aquarius. Han pasado tres meses desde que el buque humanitario tocase tierra, pero ninguna de estas solicitudes ha sido resuelta. De los 629 llegados, 493 permanecen en España bajo el sistema estatal de acogida hasta que se resuelva su situación legal. De éstos, 79 fueron trasladados a Francia, 73 son menores no acompañados de cuya tutela se encarga la Generalitat Valenciana, y 60 personas renunciaron al sistema español de acogimiento. La ley marca que en un plazo de tres a seis meses se resuelva una petición de asilo. Es el tiempo de cobertura por el sistema de acogida en un centro o piso que puede prolongarse hasta 24 meses. Según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), España registra cifras récord de solicitudes de asilo. El año 2015 tuvo 15.780 casos y en el 2016, 30.445, el doble. Una cifra que sin embargo no representa ni el 1% con respecto a otros países de la Unión Europea. De esta suma, 2.300 han sido realizadas en la Comunitat Valenciana, pero los tiempos de resolución de los expedientes son muy lentos. La entidad explica que las solicitudes tardan aproximadamente entre un año y medio y dos en ser resueltas, y son pocas las concesiones de protección internacional que finalmente se otorgan. Una vez pasado este periodo, y sin una cobertura de asilo, son “las entidades colaboradoras con la administración las que asumen casi todo el peso de la acogida e integración de las personas solicitantes de asilo y refugiadas”, explica Amnistía Internacional en su informe de 2016 denominado “El asilo en España: un sistema poco acogedor”.

«La primera fase de un techo no es tan complicada. Lo difícil es conseguir tejer redes para que toda la estructura que se le ha roto a un refugiado, su familia o su integridad económica pueda rehacerse. Aquí la sociedad es fundamental», comenta María Jesús Vega, portavoz de ACNUR España. A pesar de que los desafíos en política de asilo eran grandes, aquella experiencia bosnia sirvió de lección para hacer las cosas mejor, añade. Una lección que ha superado con creces la ciudadanía. Que, en el caso de Aquarius, ha vuelto a ratificar que la voluntad de ayudar es el antídoto a la política que normaliza la muerte, haciéndonos creer que no hay otra opción.

Burgos, tierra de acogida

Hilda Vizarro Taipe

La realidad migratoria en Burgos

Vivimos una “nueva era” de cambios acelerados. España en los últimos cincuenta años ha pasado de ser una tierra de emigración a ser un país de inmigración. Y esto se nota hasta en el último rincón de la geografía. No obstante, la inmigración llegó a la provincia de Burgos bastante más tarde y en menor medida que a otras regiones de España. En el año 2000 apenas el 0’6% de la población burgalesa era extranjera, unas 2.200 personas, destacando la colonia portuguesa afincada muchos años atrás. Pero con el comienzo del siglo xxi llegaron nuevos vecinos, hasta 35.000 extranjeros empadronados en el año 2011, de más de 115 nacionalidades distintas, con tres grandes bloques de procedencia, por este orden: Europa del Este (Rumanía y Bulgaria sobre todo), América Latina (Ecuador, Colombia, República Dominicana, Brasil, Honduras, Perú…) y Marruecos. Situados en 2018 podemos hablar de unos 25.000 extranjeros empadronados en la provincia (el 7% de la población), pero también de unas 9.000 concesiones de nacionalidad española por residencia durante estos años y de muchos hijos de inmigrantes ya nacionalizados españoles, con lo cual los orígenes migrantes alcanzan al menos a un 12% de la población burgalesa. En el contexto de Castilla y León, Burgos es la provincia que más migración acoge.

En cuanto a la procedencia religiosa de las personas inmigrantes, la foto de este momento habla aproximadamente de un 35% de origen católico, un 25% de origen ortodoxo, un 16% de evangélicos y un 18% de musulmanes.

Y respecto a su situación social, económica, laboral y de participación ciudadana, solemos hablar de tres grupos:

– El primero y más amplio, de personas inmigrantes que llegaron hace unos años y están integradas en mayor o menor medida con su trabajo, familia, participación en el entramado social… Cierto que a muchas de estas personas les afectó la crisis, pero como a muchas familias españolas.

– El segundo grupo, donde se juntan personas que con la crisis perdieron el trabajo y/o la vivienda y otras de más reciente llegada, que necesitan de las ayudas de entidades sociales para salir adelante, pero no por falta de habilidades sino porque las circunstancias las tienen difíciles, y que con el tiempo serán capaces de salir adelante.

– Y un tercer grupo, pequeño en número pero más preocupante y a la vez muy heterogéneo, de usuarios habituales de servicios sociales que rayan en la precariedad o exclusión: inmigrantes sin papeles, solicitantes de asilo recién llegados, familias desestructuradas, mujeres víctimas de la trata, extranjeros reclusos…

A todos ellos quiere llegar la acogida de la Iglesia de Burgos, porque si bien los pobres han de ser los primeros y preferidos, la pastoral de migraciones tiene como objetivo compartir el calor de la comunidad y del Evangelio con todos los que llegan de fuera en busca de un mundo mejor.

La respuesta de acogida por parte de la Iglesia

Si a partir del año 2000 es cuando empiezan a llegar a Burgos inmigrantes en número significativo, desde el minuto uno la Iglesia trató de activar y acomodar sus recursos para la acogida. Ese mismo año Cáritas diocesana añadió a sus recursos habituales (ayudas directas, orientación laboral…) un programa específico para inmigrantes en Burgos y en Miranda de Ebro con tres áreas de actuación: asesoría jurídica, alojamiento y clases de español. También las Hijas de la Caridad abrieron ese mismo año en el casco viejo de la capital la Casa de Acogida San Vicente de Paúl, con alojamiento, comedor, centro de día… Y en 2003 los religiosos (en concreto Jesuitas, Esclavas del Sagrado Corazón, Hijas de la Caridad y Religiosas de María Inmaculada) iniciaron un nuevo proyecto integral de acogida a inmigrantes, llamado Atalaya Intercultural.

Se unieron así estas tres instituciones a la amplia red social pública y privada que en Burgos ha sido capaz de dar una acogida razonable y digna a las personas llegadas de fuera; destacan en este sentido Burgos Acoge, ACCEM, Cruz Roja, Fundación Cauce, Hechos, UGT, CCOO… Y de hecho todavía hoy siguen en relación todas ellas a través de la Coordinadora de entidades pro-inmigrantes. Lo cual nos hace constatar que, al menos en Burgos, la acogida a inmigrantes ha estado y sigue estando mucho más en manos de la sociedad civil que de la administración pública. Quizá por lo lentas que son las instituciones y por cierta dejadez, el protagonismo en el campo de las migraciones es de las ONGs, de la sociedad civil y de la Iglesia. Esto tiene su lado positivo, pero también sus carencias…

Y falta hablar de la Delegación diocesana de Pastoral de migraciones. Su origen es curioso y atípico: no fue la “Iglesia oficial” quien se planteó crearla, sino que nació de la base, de la necesidad, de la visión profética de algunos sacerdotes, religiosos y laicos que en 2002 se dieron cuenta que la Iglesia tenía que ofrecer algo más que vivienda, comida, trabajo o asesoramiento: así nació la Mesa de pastoral con inmigrantes. Posteriormente en 2004 es acogida en el “organigrama oficial diocesano” y en 2016 se convierte en Delegación diocesana. Pero, fiel a sus orígenes, conserva su estructura de coordinación: en el equipo de la Delegación figuran representantes de Cáritas, de la Casa de Acogida, de Atalaya Intercultural, de la HOAC y de otras entidades como el equipo pastoral de latinoamericanos o las parroquias. Esto permite que la Delegación siga siendo además una plataforma de conocimiento y discernimiento de la realidad migratoria y de su constante evolución, un “observatorio”.

Una acogida integral

La mayor parte de las personas de origen inmigrante que residen en Burgos no necesitan actualmente, gracias a Dios, ni de los servicios sociales ni de las ayudas de la Iglesia para su vida habitual. Como decía antes, gran parte de ellas están integradas en el tejido ciudadano con bastante normalidad. Pero sí es cierto que una buena parte de estas personas han tenido contacto a lo largo de los años con entidades de acogida y ayuda, especialmente cuando llegaron. Y también es cierto que la acogida de la Iglesia no nos la podemos plantear solo como la “primera acogida”. Porque la comunidad cristiana es mucho más que una buena agencia de servicios sociales…

Por eso, la tarea de acogida y acompañamiento por parte de la Iglesia de Burgos a las personas migrantes la tenemos como “repartida” en diversos ámbitos y con distintos responsables.

Por una parte están las instituciones de acogida e intervención. Cáritas, la Casa de Acogida y Atalaya Intercultural continúan ofreciendo primeras ayudas, alojamiento, comedor, clases de español, orientación e intermediación laboral, apoyo escolar, actividades de tiempo libre, asesoría jurídica… Con respecto a las personas refugiadas o solicitantes de protección internacional que llegan a Burgos, lo hacen a través de instituciones sociales concertadas con la administración pública (en Burgos ACCEM, Burgos Acoge y Cruz Roja). En la Iglesia de Burgos no hay ningún programa específico para refugiados, aunque en muchas ocasiones estas instituciones se ven desbordadas y los casos son derivados a instituciones de la Iglesia.

Por otro lado está la Delegación de Pastoral de Migraciones, que no lleva a cabo la acogida social, laboral o jurídica, porque estos ámbitos están cubiertos ya por esas otras instituciones de la Iglesia y de la sociedad. Es el organismo diocesano llamado a promover, apoyar y coordinar la pastoral con inmigrantes de toda la Iglesia diocesana de Burgos.  Por un lado, se asume y apoya las diversas acciones desarrolladas por las parroquias, por las comunidades religiosas, por los diversos programas e instituciones. Además, se intenta complementar con reflexiones, materiales, actos, reuniones, opinión pública. También desde la Delegación se coordina la pastoral específica de cara a los inmigrantes desde el acompañamiento religioso, el diálogo ecuménico e interreligioso. Ponemos varios ejemplos:

– La Delegación lleva a cabo tareas de acercamiento a las personas migrantes a través de encuentros de diversos países para conocer la realidad que se vive en cada uno de ellos y la situación y necesidades de los residentes en Burgos; este último año ha habido encuentros sobre Venezuela, Argentina o Nigeria.

– Se promueven actividades formativas, como un concurso escolar de dibujo y redacción en torno al tema de la Jornada Mundial de las Migraciones; este año 2018 han participado 1.752 alumnos de 18 colegios.

– Se edita desde hace doce años una revista trimestral, Burgos Inmigra, con amplia difusión digital y en papel tanto en ambientes eclesiales como sociales y de asociaciones de inmigrantes; la Delegación mantiene además una página de Facebook y dispone de un espacio propia en la web diocesana.

– Casi desde los orígenes funciona un Equipo pastoral de latinoamericanos con diversas actividades propias de formación y reflexión cristiana, y otras abiertas como retiros o las misas de difuntos y de Navidad.

– Se acompañan y facilitan medios para diversas celebraciones de devoción popular de colectivos católicos latinoamericanos: Señor de los Milagros de Perú, Vírgenes del Quinche y del Cisne de Ecuador, Virgen de Altagracia de la República Dominicana, Virgen de Guadalupe y las Posadas de México, las Velitas y la Novena de Aguinaldos de Colombia…

– Desde la Delegación se creó en 2008 un grupo de conocimiento y diálogo cristiano-musulmán, que sigue funcionando como ámbito de reflexión conjunta sobre algunos temas y de organización de unas Jornadas anuales (ya once) sobre temas de actualidad; propicia además encuentros y visitas mutuas entre mezquitas y parroquias cercanas.

– El momento cumbre del año es la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado (hasta ahora en el mes de enero), en torno a la cual se organizan en diversos lugares de la provincia encuentros de naciones (multitudinarios, con participación de muchos colectivos migrantes), vigilias de oración, cinefórum, mesas redondas, actos públicos, el encuentro diocesano de pastoral de migraciones…

– En junio de 2011 la Delegación inició en Burgos los Círculos de silencio, concentraciones pacíficas para denunciar la vulneración de los derechos de las personas migrantes. Nacieron con un ritmo bimensual, pero desde diciembre de 2016 son mensuales, dado que la otra mitad de los meses los organiza la Plataforma “Burgos con las personas refugiadas”, formada por numerosas entidades sociales, políticas, sindicales y eclesiales.

– Uno de los últimos “hijos” de la Delegación ha sido la creación del Secretariado diocesano de Trata (creemos que único en España), como respaldo de toda la Iglesia burgalesa a la tarea que realizan las Religiosas Adoratrices; junto a su trabajo directo con las víctimas, en su inmensa mayoría de origen extranjero, se celebra la Jornada mundial de oración contra la trata, se realizan vigilias, actos públicos, se difunden materiales…

Podríamos añadir muchas más acciones, generalmente pequeñas, pero que en su conjunto hacen que la Iglesia de Burgos esté claramente del lado de las personas migrantes: algunas recientes y significativas han sido la visita de la Cruz de Lampedusa en noviembre de 2017 que durante diez días recorrió parroquias, colegios y centros de acogida por toda la provincia, o la instalación de un “Belén migrante” en el centro de Burgos en las pasadas navidades.

Finalmente están las parroquias, que conjugan la acogida directa de inmigrantes en situación de vulnerabilidad a través de sus respectivas Cáritas con la participación e integración de personas y familias de diversos países en sus catequesis, celebraciones, grupos y actividades. No tanto como nos gustaría, pero cada vez más.

Haciendo balance

Sin duda que la tarea realizada estos últimos dieciocho años ha merecido la pena y ha dado sus frutos. Somos muchos los inmigrantes que nos sentimos en casa en esta tierra de Burgos y en la comunidad cristiana. Pero también tenemos nuestras “espinitas” y, como Delegación, nos seguimos planteando algunos retos al reconocer nuestras lagunas y dificultades. Por ejemplo, no acertamos a realizar contactos y ofertas pastorales a los católicos subsaharianos, ya sea por el idioma o porque no estamos abiertos a esa realidad. Vemos también que hay todavía poca presencia activa de las personas migrantes en las diversas comunidades cristianas, aunque cada año está creciendo el número de migrantes como agentes de pastoral. Observamos además un serio peligro en nuestra Iglesia en general, aunque también en nuestra sociedad, de identificar “migrantes” y “pobres” (con lo cual, una vez terminada la ayuda directa, parece que no tenemos más que hacer o que ofrecerles…). Y nos chocamos con los muros legales y las trabas o lentitud burocrática en la realidad de los inmigrantes sin papeles o los recién llegados solicitantes de asilo.

Y a la vez, mirando hacia delante, vemos claro que para seguir muy de cerca la evolución del fenómeno migratorio es necesario estar atentos a las nuevas realidades y necesidades que surjan porque de esta manera podemos ofrecer respuestas adecuadas en el momento oportuno. Apostamos por dejar de ver a la migración como un problema y contemplarla como una oportunidad y riqueza. Trabajamos para la integración social de una población migrante de origen étnico y cultural muy diverso. Hemos de tener en cuenta la situación de los menores y el papel de la mujer en el reto migratorio, así como las dificultades y el gran drama de la trata de personas. Y como Iglesia no podemos olvidar la denuncia profética constante utilizando los medios a nuestro alcance, junto a todo lo positivo que intentamos aportar y el apoyo a otras muchas actitudes y realizaciones que la propia sociedad ponen para hacer de Burgos una tierra de acogida.

Mesa por la hospitalidad: aliviando un sufrimiento evitable. Un nuevo desafío

José Luis Segovia Bernanbé

Nuestro país estaba tristemente acostumbrado a la producción de exilados políticos, pero ni las instituciones ni la ciudadanía estaba preparada para la crisis humanitaria que se produce especialmente a partir de 2015 y que viene siendo calificada como la crisis de refugiados más importante desde la II Guerra Mundial. Más de 60 millones de personas desplazadas forzosamente por todo el mundo y un millón personas cruzando el Mar Mediterráneo. Han pasado varios años y la imprevisión y la falta de recursos siguen siendo la tónica general. Todo apunta a que la cifra se puede incrementar en el futuro con un número creciente de personas desplazadas a causa del cambio climático, cuestión sobre la que nuestra conciencia es más bien escasa.

En cualquier caso, hay que empezar dejando bien claro que el primer derecho es el derecho a no tener que desplazarse forzosamente por la guerra, las hambrunas, la falta de oportunidades o el deterioro medioambiental. Ello exige una (inexistente) acción internacional concertada y una política proactiva de cooperación que sea mucho más que la búsqueda de oportunidades para el país “cooperante” o un mero trueque de contención de salidas del país de origen a cambio de “un poco” de desarrollo y tecnología.

Incorporo a este primer desafío la necesidad de educar para la interculturalidad y el mestizaje y el avance hacia una ciudadanía cosmopolita, vinculada al ideal cristiano de la fraternidad, recogido por la Revolución Francesa, recuperado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y necesitado de urgente salvaguarda. No se nos puede escapar que los aspectos relacionados con las migraciones y con el “otro”, en general, son susceptibles de manipulación política y social acudiendo a los grandes facilitadores del totalitarismo: el miedo al diferente, el cultivo de la humillación y, en nuestros días, el uso perverso de las fake news y ¡el humor! vinculados a las redes sociales que se aprovecha de una bajada de los filtros morales que tiene todo lo relacionado con lo festivo para introducir un discurso de odio y discriminación hacia los extranjeros. Particular preocupación deben causarnos los datos del Pew Research Center 2018 sobre España[1]. Éstos muestran un incremento de la intolerancia y, en general, su crecimiento significativo en el ámbito católico practicante. Es difícil no considerar como facilitador del discurso xenófobo el papel de algunos medios participados por la Iglesia.

Imprevisión de las administraciones

Si hace unos años era comprensible que las cuestiones relacionadas con el asilo y refugio y la movilidad humana en general nos pillarán con el “pie cambiado”, a estas alturas es imperdonable la imprevisión de las administraciones, cierto pensamiento mágico que espera que las cosas se resuelvan solas, la falta de coordinación y el hecho de que solo responden por la presión mediática y el impacto en la opinión pública. El reciente caso de los MENA (menores extranjeros no acompañados) desatendidos por la Comunidad de Madrid (su tutora legal) es paradigmático. A pesar de que desde hace años, por ONG y trabajadores, se venía señalando la insuficiencia de los recursos residenciales y del personal educativo y que todo iba a explotar, hasta que no han salido en los medios las fotografías de los niños durmiendo literalmente por el suelo no se ha empezado a ampliar la exigua respuesta que se estaba dando. El lema parecía ser: “a ver si se cansan y se van”.

Pero tampoco son mucho mejores las respuestas de otras administraciones. No se puede olvidar que el asilo es competencia del gobierno central. Éste parece responder con mayor prontitud allá donde enfocan las cámaras y con diletante parsimonia donde concurre el sufrimiento sin más. A modo de ejemplo, las personas solicitantes de asilo con tarjeta roja que les acaba de vencer están recibiendo citaciones para renovarla para dentro de cinco meses. Durante este tiempo, este grupo de “afortunados” está en el limbo. Por no hablar de la perversa, estéril, contraproducente y criminógena relación de circularidad y mutua dependencia que se establece entre el permiso de residencia y el de trabajo que impide buscarse la vida honesta y legalmente y que hace invisibles a bastantes, obligados a vivir en la clandestinidad y la economía sumergida.

De igual forma, no podemos felicitar al Ayuntamiento pues no hace intervención social con las personas extranjeras que llegan y acaba destinando a dispositivos para personas sin hogar a un perfil joven, sano, activo y entusiasta que puede acabar cayendo en el sinhogarismo. Las condiciones de hospedaje dejan bastante que desear y escribo estas líneas después de que me cuenten que la respuesta a un requerimiento ha sido literalmente “es lo que hay”.

Algunas constataciones

La primera es que el ámbito de la extranjería constituye hoy la mayor zona opaca a los ojos de los derechos humanos en los denominados Estados de Derecho. La existencia de una legislación restrictiva de derechos, segregadora de personas y que choca frontalmente con la dinámica expansiva y universalista que caracteriza los derechos humanos evidencia la tacha de inmoralidad que se puede hacer al ordenamiento jurídico en materia de extranjería. Algunas situaciones son especialmente groseras como la de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). La simple lectura de las resoluciones de los jueces de control o las vigorosas recomendaciones del Defensor del Pueblo, que exigen el cumplimiento de obviedades en su interior, evidencian la escasa base moral y de justicia sobre las que se asienta la privación de libertad por razones administrativas.

En otro orden, aquellos que esperábamos, incluso con balconeras de “Refugees Welcome”, no han llegado. Mejor: no les hemos dejado llegar. La Unión Europea y el Estado Español han incumplido de manera grosera sus compromisos. Mirábamos a Siria y al Este y estaban entrando por Frontera Sur en condiciones de extrema precariedad. Ahora hay que sumar las personas desplazadas “dublinadas” (p.e. devueltas por Alemania y que entraron por España), las que no van a ser reconocidas como refugiadas, las que no son renovadas en plazo su tarjeta roja… Un inmenso limbo jurídico para el que hay que crear marcos nuevos que impidan una pendiente resbaladiza hacia la criminalidad y que les otorgue el contenido básico de los derechos humanos (cuesta escribir esta obviedad en pleno siglo xxi).

Por otra parte, hay que insistir en que la condición de solicitante de refugio otorga una serie de derechos frente a los cuales los Estados no pueden inhibirse. Estamos ante deberes jurídicos, no solamente éticos. No es de recibo que para pedir asilo haya que recorrer miles de kilómetros cuando, de cambiarse las normas, podría pedirse en la embajada o consulado del país al que se dirigen.

Casi 10 años después de ser aprobada, seguimos sin desarrollo reglamentario de la Ley de Asilo, lo que revela el desinterés manifiesto de todo el espectro político. El personal que está tramitando no tiene preparación para ello y es insuficiente. Por ejemplo, en algunos centros penitenciarios se les ha dado una mini charla a las trabajadoras sociales y, sin ninguna formación, ni siquiera tener claros los conceptos básicos, se han convertido en tramitadoras de las peticiones de asilo. Pareciera que todo está encaminado a poner dificultades y a que nada prospere y todo se pierda en una burocracia imposible.

Las administraciones parecen actuar solo a “golpe de telediario” y cuando lo hacen suele ser de modo descoordinado, partidista, cortoplacista y no considerando a las personas desplazadas en su totalidad personal y familiar. Naturalmente lo mismo se puede decir elevado al cubo de los países que forman parte de la Unión Europea. Aunque en el tema migratorio hay una unidad muy grande institucional en el seno de la Iglesia católica española, claramente pro-migrante, sin embargo el incremento de recursos que la nueva situación reclama es excesivamente lento. Los bastantes comprometidos, lo estaban y siguen estando, pero se necesitan más personas y más medios de acogida.

La ciudadanía ha dado ejemplos elocuentes de solidaridad creando redes, llevándose a dormir a personas a sus domicilios particulares y generando una encomiable presión política. Entre ellos se han contado algunos grupos y congregaciones de la Iglesia. Gracias a su impagable labor, se han podido empezar algunas iniciativas que se suman a las existentes (de fuera y de dentro de la Iglesia) y que, conscientes de su valor testimonial, describiremos.

Aunque se ha producido un cambio de orientación de los flujos en el seno de la Unión Europea hacia España y las cifras diarias se han incrementado notablemente, en términos globales no hay un incremento de la presión de los desplazamientos en la UE y nos movemos en rangos que, si media la previsión, son manejables. Desde luego, no hay ninguna invasión, máxime si se comparan nuestros flujos migratorios con los de países colindantes con los que sufren la guerra y que tienen unas cotas de solidaridad sobresalientemente más importantes que la nuestra.

Algunas iniciativas de la Iglesia

Junto con repuestas múltiples de la ciudadanía, de ONG, y de comunidades y movimientos cristianos concretos, la Iglesia de Madrid ha tratado de dar respuesta a través de la Mesa por la Hospitalidad creada por el arzobispo. Una suerte de gabinete de crisis de la diócesis que se ha movido entre la impotencia del desbordamiento de tanto sufrimiento, la rabia por la falta de sensibilidad y de respuesta de las administraciones, y la conciencia de estar haciendo poco ante la magnitud de la tragedia humanitaria. En esta colaboración, necesariamente breve, me limito a hacer algunas catas.

La primera. Lo mejor de una ciudad o pueblo es su gente. De la Iglesia también su gente sencilla y los servidores de la comunidad sensibles a los dramas del momento. Debo reseñar que, cuando empiezan a llegar personas susceptibles de asilo y refugio a la estación de autobuses de Méndez Álvaro, la primera en responder ha sido la ciudadanía a través de redes de solidaridad y algunas comunidades cristianas y congregaciones religiosas (habría que matizar: algunos miembros de las mismas que venían trabajando en este campo).

A lo largo del verano del 2018 empezaba a repetirse la historia del terrible invierno pasado: decenas de personas llegaban a Madrid remitidas desde Andalucía, cuyos recursos estaban colapsados. Llegaban muy despistados, sin conocer el idioma, con un proyecto migratorio en algunos casos completamente ilusorio, algunas personas enfermas y todas muy desconcertadas después de semanas (o meses) de durísimos recorridos migratorios por África. Mientras, la televisión se prodigaba en mostrar encomiables despliegues en torno a determinados barcos convertidos en mediáticos. Sin embargo, los que llegaban en las pateras parecían encontrarse en un limbo de atención social.

La transición de gobierno del PP al PSOE favoreció la inacción de la administración central, quien ha realizado una política aún más de cosmética que real (p.e., en términos de supuesta sanidad universal, estamos como estábamos, porque aún no está desarrollado normativamente el tema a pesar de los grandilocuentes anuncios del actual gobierno).

Por parte de la Mesa por la Hospitalidad, sin olvidar que su papel era subsidiario, se puso en marcha un programa que aún no ha logrado los resultados apetecidos aunque va avanzando: la red de parroquias de acogida de emergencia. Éstas van rotando temporalmente y, en el caso de ser activadas, funcionan como “hospedaje de campaña”. Se montan camas, se preparan cenas y desayunos y, durante el tiempo determinado que la parroquia y sus voluntarios ofrecen, se ayuda a que los recién llegados se sitúen, contrasten con la realidad su proyecto migratorio, tomen contacto con sus familiares y amigos, pueda revisarse su situación legal y sanitaria, exploren las vías legales y tengan una atención presidida por la calidad y la calidez. La experiencia del CPS San Carlos Borromeo, las parroquias Ntra. Sra. de las Angustias, Ntra. Sra. de Europa, Ntra. Sra. de la Paz y en este momento Santa Irene, junto con las que se apunten en el futuro, permitirá asegurar una red solidaria de emergencia para el caso de que los recursos del sistema se colapsen. Naturalmente, hay plena conciencia de que es un parche, pero el agradecimiento de quienes han estado acogidos y el enriquecimiento y la honda revitalización que han experimentado las comunidades cristianas constituye un buen indicador de que se camina en la dirección correcta.

Tras esta experiencia tan positiva, y con el argumento de la fraternidad y la iluminación de Mateo 25 (el juicio final), alguna parroquia ha decidido pasar a constituirse en lugar de hospitalidad de larga duración, apostando por el acompañamiento integral de las personas desplazadas y que funcione sin límite temporal al servicio de su proyecto migratorio. Es el caso de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Paz. Fran, su párroco, Alberto y un grupo de jóvenes cristianos voluntarios, deciden, haciendo una lectura orante del evangelio sin glosa, que los que habían estado acogidos temporalmente se queden el tiempo que sea necesario en la propia casa parroquial haciendo vida compartida. La experiencia está siendo impresionante para todos. Recojo el testimonio de un huésped musulmán: “Soy fiel al Islam y lo seguiré siendo, pero ni yo ni mis hijos, ni los hijos de mis hijos olvidarán jamás que fui acogido en una parroquia católica”. Viven juntos, rezan juntos, juegan blancos y negros al futbol en el colegio próximo de las hermanas… Todo un signo, más que de interculturalidad, de auténtica fraternidad, de la que se empeña en buscar todo lo que nos nivela e iguala y, al mismo tiempo, en respetar lo que nos diferencia.

Mientras tanto, junto con otras entidades de Iglesia y del resto de la sociedad civil, con la Delegación de Migraciones, Confer Madrid, Caritas Madrid, San Egidio, Sercade, Pueblos Unidos, Justicia y Paz y otras muchas se trata de mostrar que lo imposible es posible y que la movilidad humana ha venido para quedarse. De ahí la necesidad de que los organismos internacionales establezcan normas y criterios para que los flujos migratorios se desarrollen de manera ordenada, responsable, segura y con todas las garantías para las personas. Esa es la mejor manera de luchar contra las mafias: asegurar primero el derecho a no tener que desplazarse y, cuando devenga inevitable, hacerlo con todas las garantías y con el mayor conocimiento posible de riesgos y oportunidades. Al servicio de este ideal está el compromiso del papa Francisco con los “Pactos que salvan vidas” a suscribir en el marco de la ONU en Marruecos en diciembre de este año. La Mesa, presidida por el cardenal Osoro, organizó una jornada de sensibilización política con presencia de autoridades de las diferentes administraciones. Lamentablemente, la clase política de todos los colores era (y sigue siendo) bastante ajena a la trascendencia de apoyar unos Pactos internacionales sobre migraciones y refugio como los que promueve la Santa Sede. Se trata de ser hospitalarios, pero también de evitar los desplazamientos forzosos y, cuando se producen, de elevar los listones de la efectividad de los derechos de las personas desplazadas.

[1] El 41% de los cristianos comprometido consideran que el número de migrantes debería reducirse en nuestro país, subiendo hasta el 47% en el caso de los no practicantes. La cifra se reduce a un 26% en el caso de los no creyentes. Cfr. Vida Nueva 3086 (2018) 9-16 junio, p. 22.

Red Solidaria de Acogida (RSA) Lavapiés

Pampa en Madrid

1ª Descripción del grupo/colectivo: ¿quiénes son, dónde y desde cuándo intervienen, a quiénes se dirigen?

2ª ¿A qué problemáticas intentan responder?

3ª ¿Qué papel juegan las administraciones implicadas en esta situación?

4ª ¿Cuáles son los mayores retos a los que se enfrentan?

5ª Soluciones que proponen y realizan.

6ª ¿Cómo ven en un futuro próximo la situación que están abordando?

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1ª Somos la Red Solidaria de Acogida (RSA), un espacio ciudadano, de vecinas y vecinos, apartidista, autogestionada y feminista. Trabajamos en red en forma colaborativa y de apoyo mutuo con otros colectivos que luchan por los Derechos Humanos. Defendemos la libertad de circulación por el mundo de todas las personas.

Denunciamos las leyes migratorias de España y la Unión Europea, con especial atención a la Frontera Sur, las leyes de acogida y extranjería de nuestro lugar de residencia, las múltiples transgresiones de los Derechos Humanos que hay detrás de los movimientos migratorios forzados (guerras, cambio climático y desastres medioambientales, el hambre, el capitalismo, la persecución a las personas LGTBI y otras manifestaciones del patriarcado, etc.). Todo ello a través de manifestaciones, charlas, campañas en redes, acción directa, etc.

La RSA nació a finales de agosto de 2015, cuando ante la innumerable cantidad de noticias que hablaban de la llegada de personas migrantes y refugiadas a la isla griega de Lesbos, decidimos auto convocarnos para evaluar posibilidades de acción y denuncia.

La idea inicial fue juntarnos unas 10 o 12 personas que habían compartido otros espacios de militancia en la lucha contra las fronteras, en especial contra los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), pero el interés era tanto que a la convocatoria inicial concurrieron unas 200 personas, lo cual hizo imposible sesionar en el local previsto y se decidió hacer las asambleas en un espacio público: la Plaza de Agustín Lara, en el barrio de Lavapiés.

Entre la primera y segunda asamblea se conoció la muerte del pequeño de origen sirio Aylan Kurdi, lo cual aumentó la necesidad visceral de hacer algo. Esto coincidió con una iniciativa europea de manifestaciones en todas las ciudades, así que la primera acción denuncia a desarrollar fue, precisamente, organizar en Madrid la manifestación en coincidencia con las ya previstas en otras ciudades para aprovechar y fortalecer la idea común existente en el pueblo español de que “algo había que hacer”, impotentes ante la dramática situación que vivían miles de personas, en especial mujeres y menores de edad.

Transcurrida una semana, llego a la Red la noticia de que familias de personas migrantes y refugiadas que habían ingresado por frontera sur, estaban llegando a la estación de buses de Méndez Álvaro y muchas de ellas con niños y niñas, pernoctaban a la intemperie a la espera de poder continuar viaje.

Rápidamente montamos un dispositivo vecinal que nos permitió durante cada semana acoger en nuestras casas a entre 120 y 200 personas. El dispositivo vecinal lo integraban más de una quincena de vecinas y vecinos que cumplían funciones de traducción, y mucha gente que cubría turnos desde las 6 de la madrugada hasta la 1 del otro día, a la espera de las personas refugiadas y migrantes que llegaban en autobuses desde diferentes ciudades del sur del Estado español.

Esta iniciativa en cierta forma marcó el devenir de la RSA, ya que nos demostró capacidad de reacción inmediata sin perder de vista que más allá de ese voluntarismo lo importante, lo mejor que podíamos hacer por estas personas, era reivindicar su legítimo derecho a ser incluidos en el sistema de acogida y o, en su defecto, a no tener que pernoctar en las calles en su paso por Madrid.

La diversidad de las personas que llegaban, sumado a la práctica política diaria de muchas de las personas que comenzaron el transitar por la Red Solidaria de Acogida, nos llevó a reconfirmar que nuestro trabajo político debía ser la defensa de los derechos de las personas en movimiento, con independencia de la categorización política que desde otros lugares se hacía y se hace, de si son consideradas migrantes o refugiadas.

Para nosotras se trataba y se trata de personas en movimiento y como tal Madrid no podía quedarse en una pancarta de “Refugees Welcome”, sino que esa bienvenida debía convertirse también en acogida. De esa forma, la denuncia mediática y social obligó a las autoridades a habilitar un nuevo dispositivo que, aunque insuficiente, desde ese momento sirve para dar respuesta a la situación de aquel momento.

2ª Procuramos dar respuesta a diferentes problemáticas derivadas de las leyes de extranjería y asilo, siempre desde la óptica de ejercer presión política y hacer denuncia social ante una realidad que excluye a las personas en movimiento, sin abandonar los acompañamientos –siempre necesarios- de las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

Estas situaciones han sido cambiantes en intensidad y en el tipo de gestión. Cuando hablamos de acompañamientos es tanto para una asesoría legal, como empadronamiento, visita médica, búsqueda de empleo, de vivienda, cita en la oficina de atención al refugiado o cualquier otra tramitación en que la persona lo solicite.

Una de las problemáticas más preocupantes que afrontamos es la búsqueda de una solución habitacional temporal –hasta que sean incluidas en el sistema oficial de acogida o de ayuda humanitaria– para personas que lo necesitan. Ya sea en viviendas particulares o a través de organizaciones que puedan tener espacios o recursos para ello.

El sistema y –por ende– gran parte de las ONG que reciben fondos para la acogida, no consideran susceptibles de ayuda a las personas que aún esperan cita para presentar su solicitud de protección internacional, por cuanto las dejan sometidas a dos posibilidades: la calle o los recursos de noche del Ayuntamiento de Madrid, destinados para un perfil de personas en situación de calle, con realidades completamente diferentes y que solo dan techo desde las 22:00 a las 8:00 de la mañana. Luego vuelven a la calle.

Preocupa en especial la situación de personas que han sido devueltas de otros países de la Unión Europea en virtud de la aplicación del Reglamento de Dublín. Son personas a quienes si bien el Estado español acepta recibir, se niega a reincorporarlos al sistema de acogida, por cuanto se encuentran de nuevo una situación de calle si es que no se logra incorporarles dentro de algunos de los programas de ayuda humanitaria. La única opción, en su defecto, puede ser recaer en uno de los albergues de noche del Ayuntamiento.

En estos casos, además, se está haciendo un asesoramiento e intervención legal, presentando demandas administrativas y jurídicas en caso de considerarse necesario.

3ª Consideramos que el papel que juegan es determinante. Si bien las competencias en extranjería y en asilo son del Estado español, es vital una coordinación entre todas las administraciones. Ciudades como Madrid, que se han declarado públicamente como ciudades de acogida, no pueden permitirse tener personas en situación de calle ante el olvido de la administración central, ni tampoco enviar a estas personas a recursos de noche ya de por sí saturados.

Asimismo, el reiterado deseo acogedor manifestado por la ciudadanía en diferentes encuestas debe verse reflejado en una acción directa de los gobiernos municipales y autonómicos por presionar a las autoridades del Estado español a que realmente se implemente una política de acogida digna.

Lamentablemente, en una parte de importante de los dispositivos puestos en marcha en todos los órdenes de la administración, hemos detectado serias falencias estructurales y de funcionamiento que hacen que el sistema de asilo se convierta en un sistema expulsor, del que muchas personas quieren huir.

Contrariamente a la creencia colectiva de que “nadie se quiere quedar en España, todos quieren irse”, la práctica nos demuestra que cuando las familias son bien atendidas y se les brinda las posibilidades de alcanzar un desarrollo personal y familiar, con la escolarización de sus hijos e hijas, un techo digno, aprendizaje del español, y un acompañamiento que facilite su incorporación a la nueva sociedad de acogida, sí desean quedarse.

Por eso, reiteramos, el rol de todas las administraciones es fundamental porque de la coordinación entre ellas, con el tejido asociativo y la sociedad civil movilizada, dependerá que un día realmente podamos alcanzar un sistema de acogida inclusivo que dé cobertura a todas las personas sin distinción alguna.

4ª A la hora de hacer incidencia política, el mayor reto es la creciente xenofobia y el aumento de los discursos de odio fomentados desde un sector importante de la clase política y difundido sin miramientos por medios de comunicación. Ideas como que estamos sufriendo una invasión y de que las personas migrantes vienen a quedarse con nuestro trabajo y beneficios sociales, alimenta todo tipo de conductas que van en el sentido de negar el derecho a una vida digna a estas personas y a que el Estado y las diferentes administraciones se hagan cargo de las responsabilidades que les competen.

Lamentablemente, los discursos cada vez más radicalizados exigiendo un cierre de fronteras y los evidentes réditos electorales que están dando a la extrema derecha en diferentes países de la Unión Europa (Italia, Alemania, Hungría, etc.) están creando un clima en donde cada día es más difícil explicar y concienciar sobre la necesidad de reconocer derechos a las personas en movimiento.

Es cierto que distintas encuestas dan cuenta de que en el Estado español aún persiste una convicción acogedora, una cierta predisposición a abrir las puertas que invita a ilusionarse, pero no menos cierto es que suele acabarse en una visión meramente caritativa, de ayuda, que no comparte una determinación por exigir a las administraciones el cumplimiento de sus obligaciones.

5ª Es difícil enumerar las soluciones. Lo primero es de un orden más bien macro y tiene que ver con modificar en forma total la legislación de extranjería y también la de asilo. Es fundamental que vuelvan a abrirse vías seguras para llegar al Estado español, que se pueda solicitar protección internacional en nuestras embajadas y consulados, que se cierren los centros de internamiento de extranjeros (CIE), se acabe con las devoluciones ilegales en nuestra frontera sur (conocidas como devoluciones en caliente), se retiren las concertinas, se anule la exigencia de visado de tránsito aeroportuario para ciudadanos de origen sirio, se elimine a nivel europeo el reglamento de Dublín o, en su defecto, al ser devueltos a España, la administración admita su reinserción en el sistema de acogida.

El abordaje de las políticas de extranjería y de asilo se hace siempre bajo una óptica de seguridad, se aborda la situación migratoria como una cuestión de seguridad, y eso hace que la implementación de políticas y su gestión esté atravesada siempre por un prisma que no tiene a las personas como centralidad, sino a una idea de invasión y de que los recursos son escasos ante la misma.

Desde la Red hemos presentado varios documentos ante las autoridades municipales, que cubren los diferentes ámbitos que tienen que ver con el trabajo de calle, pero que necesitan fundamentalmente de una articulación entre las diferentes administraciones y un abordaje humanitario no asistencialista de la situación de las personas en movimiento.

6ª En estrecha relación con el punto cuatro, el futuro se presenta difícil, muy difícil. Bajo el paraguas de la xenofobia, la creciente externalización de fronteras y persecución de las personas migrantes hace cada vez más difícil soñar con sociedades de mayor inclusión y entendimiento.

Los acuerdos con los países de origen y de tránsito de los procesos migratorios cada vez respetan menos los derechos humanos y la situación de las personas, y en nuestra frontera sur la represión es creciente.

Por otra parte, en tanto no se garantice el reconocimiento de derechos básicos para las personas migrantes, no podremos salir del limitado círculo del voluntarismo y la compasión. Es necesario construir sociedades entre iguales, sólo los derechos harán posible una vida digna de las personas que arriben a nuestro país.

Plataforma de solidaridad con los/as inmigrantes de Málaga

Luis Pernía Ibáñez

Cuestiones

1ª Descripción del grupo/colectivo: ¿quiénes sois, dónde  y desde cuando intervenís, a quiénes os dirigís?

2ª ¿A qué problemáticas intentáis responder?

3ª ¿Qué papel juegan las administraciones implicadas en esta situación?

4ª ¿Cuáles son los mayores retos a los que os enfrentáis?

5ª Soluciones que proponéis y realizáis

6ª ¿Cómo veis en un futuro próximo la situación que estáis abordando?

1ª Nuestro grupo se denomina Plataforma de Solidaridad con los/las inmigrantes de Málaga. Nació en 1992, en Málaga, cuando en la ciudad se constató la presencia de más inmigrantes cada día y cuando, por decirlo de alguna manera, el saldo migratorio se hizo positivo, es decir, que entraban más personas migrantes de las que salían.

Se inició con un grupo de asociaciones proinmigrantes conscientes de que solas no podíamos hacer nada ante una realidad de gran envergadura y por tanto que teníamos que juntarnos en una Plataforma. Aquellas primeras organizaciones eran Asociación de Mujeres Progresistas la Mitad del Cielo, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (A.P.D.H.A. Málaga), Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA), ATIME, CC.OO., CEAR, Federación de Vecinos Unidad, Jóvenes por la Intolerancia, Málaga Acoge, UGT, Secretariado Diocesano de Migraciones, Comisión 0,7, Liga Malagueña por la Cultura y la Educación y Fundación Paz y Solidaridad.

Posteriormente se unieron Médicos del Mundo, ASIS, Uyamá, Interred, Oxfam, Palmira, Asociación de Paraguayos, Asociación de Bolivianos, Coordinadora de Inmigrantes, Bienvenidos Refugiados y Observatorio Frontera Sur.

Este elenco de organizaciones ha oscilado al cabo de los años, pues algunas han dejado de asistir o sencillamente han desaparecido. Sin embargo. un pequeño grupo ha permanecido constante afrontando los nuevos retos que cada día trae el fenómeno migratorio.

2ª Al principio, más o menos en la última década del siglo xx, nuestra preocupación principal era, por un lado, estar unidos en una Plataforma, porque considerábamos que el fenómeno migratorio era de una magnitud que cada ONG o colectivo no podía afrontar individualmente; y por otro lado buscar un status legal migratorio, pues no existía una legislación pertinente. Posteriormente fueron la denuncia permanente sobre la arbitrariedad de los CIE (especialmente el de Capuchinos de Málaga), el acogimiento en los pueblos de la provincia de los primeros grupos de personas subsaharianas que llegaron a Andalucía, propuestas alternativas a unas Leyes de Extranjería (especialmente a la Ley 8/2000) con muchas lagunas en relación a los Derechos Humanos y la propia Constitución Española, y responder a tres demandas importantes de las personas inmigrantes: los papeles, la vivienda y el trabajo. En los últimos tiempos es el acogimiento de las personas enfatizando en restablecer el derecho de asilo y los derechos que amparan las personas refugiadas según la Convención de Ginebra.

3ª Desde finales de los noventa del siglo pasado, cuando el saldo migratorio fue positivo hacia nuestro país, constatamos que buena parte de las administraciones cayeron en la tentación de “hacer política con la inmigración” en el sentido de convertir la inmigración en un instrumento de lucha electoralista, en vez de “política para la inmigración”. La consecuencia no pudo ser otra que un modelo de gestión instrumental de cara a la galería electoral, deshumanizado, evaluado como una especie de operación contable, en función de oferta y demanda del mercado laboral y de gestión policial. Las administraciones lo presentan, en consecuencia, como un problema. Así la inmigración es entendida como una competencia desleal por recursos escasos como el trabajo o la vivienda, se vincula a la inseguridad ciudadana y como una amenaza para la identidad nacional. Las administraciones dejaron de lado lo que significa en sí el fenómeno migratorio y se refugiaron en su castillo hasta que la peste pasara, como en el poema de Edgar Allan Poe. Así sus respuestas fueron opacas, fraccionadas y para salir del paso. Y en esta dinámica continúan sin entender que las políticas migratorias deben ir de la mano de los Derechos Humanos.

Por ello seguimos cuestionando a los gobiernos español y europeos sobre la estrategia de externalización de la gestión de nuestras fronteras a países como Marruecos y Turquía, exigiendo la suspensión de los acuerdos.

Ponemos en tela de juicio al Frontex y sus labores de vigilancia y represión actuales en nuestras fronteras.

Venimos exigiendo a los partidos políticos que asuman el compromiso del acogimiento de 18.449 personas, que es la cuota que públicamente decidió asumir el Gobierno español.

Permanentemente y más ahora con el nuevo Gobierno manifestamos nuestra rotunda negativa a la realización de las “devoluciones en caliente” en las fronteras de Ceuta y Melilla.

Reiteramos nuestra exigencia del cierre de los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros).

Exigimos la derogación del RD Ley 16/2012 y su posterior desarrollo a través del RD 1192/1012, que supone la expulsión de miles de personas inmigrantes del sistema sanitario.

Seguimos pidiendo que se eliminen las detenciones indiscriminadas a inmigrantes.

De forma positiva pedimos que establezca con los restantes países europeos rutas seguras, con medidas concretas y urgentes de acceso legal y seguro.

Pedimos la retirada de las “concertinas” en las vallas de Ceuta y Melilla, por razones de estricta humanidad y respeto a los derechos humanos.

4ª El reto más importante para las administraciones es desbloquear el corsé del miedo a los votos, y es que desde que surgió el fenómeno migratorio las políticas migratorias tiraron a resguardarse sobre sí mismas, se escoraron sobre sus intereses, dejando de lado la realidad de las personas que llegaban, por qué llegaban y el calado de aquellas llegadas que cada día iban a más. Siguieron haciéndonos ver que era un asunto coyuntural y no estructural.

En esta línea, vemos que, en España, el debate se ha colado de golpe y por las mismas razones por las que ya ha hecho furor en el resto de Europa, donde la derecha más conservadora se ha instalado en el poder en países como Hungría, Austria o Italia, con el discurso de la pérdida de identidad y la falta de seguridad que provoca la inmigración, haciendo surgir estas preguntas ¿Por qué engañan? ¿Por qué ocultan el interés común? No es que desconozcan que nuestras sociedades envejecen y avanzan hacia un futuro inviable, es que expandiendo el temor a la inmigración arrancan millones de votos. Triste que haya entrado en España de la mano de una derecha que le ha bastado perder el Gobierno para abrazar esa misma idea de que nos invade el enemigo.

Otro reto es entender y prepararnos, en consecuencia, para saber que las migraciones van a seguir como el día a la noche. Esto supone que nuestras organizaciones y, por supuesto, los Gobiernos español y europeo pongan en marcha políticas que centren sus esfuerzos en las causas de las migraciones forzadas en origen y no en la contención y control policial y militar.

Otro reto es el cumplimiento de los acuerdos internacionales firmados, especialmente la Convención de Ginebra de 1951. En todo el año solo han llegado 75.000 inmigrantes a Europa, una cantidad que no debería alarmar, pero se habla de una invasión de millones y se elude otro argumento importante. Mientras pagamos 3.000 millones de euros para sellar la frontera turca, Marruecos solo ha recibido 30 para hacer lo mismo y presiona abriendo el grifo. Era el anuncio de un verano más caliente en la ruta occidental, con puerta de entrada en el sur de la Península. Aun así, no será una invasión, pero sí la evidencia de que financiar las fronteras del engaño es inútil porque solo aumenta los beneficios del tráfico humano. Un error que debería centrar la reflexión y el debate.

Pero el reto más importante al que nos enfrentamos es que, en realidad, necesitamos de los inmigrantes para dar respuesta a una sociedad envejecida, las pensiones, y las necesidades del mercado laboral. Necesitamos inmigrantes. La duda, tal vez, sea cuántos necesitamos, pero no hay una sola tesis que haya demostrado que podamos mantener las pensiones o el sistema de seguridad social, es decir, los pilares del Estado de bienestar sin abrir las puertas. Ahora que el calor aprieta y el debate apela a las emociones, más que a la razón, conviene recordar que agitar el temor a los que vienen solo es posible gracias a la desinformación. Necesitamos inmigrantes como agua de mayo.

5ª Las soluciones que se han llevado a cabo por nuestras administraciones son muy discutibles, por antidemocráticas, poco constitucionales y con el olvido de los acuerdos internacionales firmados y de los Derechos Humanos. Miradas de cerca podemos decir que han sido y son opacas, fraccionadas y para salir del paso.

No queda otra solución que tomar en serio el fenómeno migratorio evitando los paños calientes. Esto supone, que los Gobiernos español y europeo legitimen el fenómeno migratorio y, a su vez, pongan en marcha políticas que centren sus esfuerzos en las causas de las migraciones forzadas en origen y no en el control policial y militar de los flujos migratorios.

Además y en propuestas más concretas las organizaciones sociales de la Plataforma seguimos cuestionando a los gobiernos español y europeos sobre la estrategia de externalización de la gestión de nuestras fronteras a países como Marruecos y Turquía, exigiendo la suspensión de los acuerdos y del apoyo bilateral de la UE a los países que no respetan los Derechos Humanos.

Pedimos que de una vez por todas se cuestione el papel de Fróntex y sus labores de vigilancia y represión actuales en nuestras fronteras, de tal manera que se convierta en un instrumento para una amplia operación europea de rescate y salvamento en el Mediterráneo, descartando toda acción militar.

Pedimos a los partidos políticos que asuman el compromiso del acogimiento de 18.449 personas, que es la cuota que públicamente decidió asumir el Gobierno español.

Urgimos se suspendan las “devoluciones en caliente” en las fronteras de Ceuta y Melilla, que permanentemente hace el Gobierno español y por tanto pedimos la eliminación la Ley de Seguridad Ciudadana, cuya disposición Final Primera enmienda la Ley de Extranjería para amparar dichas devoluciones. Dada la gravedad y continuidad de esta práctica pedimos la presencia de la Cruz Roja a pie de valla. En este sentido pedimos también la retirada de las “concertinas” en las vallas de Ceuta y Melilla, por razones de estricta humanidad.

Desde hace años venimos pidiendo el cierre de los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros) por su déficit humanitario, democrático y jurídico. Del mismo modo, manifestamos nuestra rotunda oposición a cualquier proyecto de apertura de un nuevo CIE en la provincia de Málaga.

Queremos que claramente se derogue el RD Ley 16/2012 y su posterior desarrollo a través del RD 1192/1012, que supone la expulsión de miles de personas inmigrantes del sistema sanitario.

Seguimos con un no rotundo a las detenciones indiscriminadas a inmigrantes, muchas de las cuales se realizan atendiendo a criterios raciales o directamente en sitios a los que necesitan acudir de forma cotidiana: colegios, hospitales, centros de salud o comedores, etc.

Muchas de las soluciones que demandamos son las del día a día, como ha sido recientemente el cierre de la cárcel de Archidona o la petición, estos días, de un centro de acogida digno (“el centro de las 72 horas”, que nosotros decimos) para los inmigrantes que llegan a Málaga. Lo cual indica que nuestro papel como Plataforma es responder, dentro de nuestras posibilidades, a las demandas que el fenómeno migratorio plantea en cada momento. No dudamos en absoluto del valor de nuestras pequeñas acciones haciendo nuestro aquel refrán africano “pequeña gente, con pequeñas acciones, en pequeños lugares, hacen cosas grandes”.

6ª El futuro lo vemos difícil, pero no imposible. Entendemos que el escenario de juego se mueve entre la real politik y las evidencias, que en el fondo es entre identidad y alteridad.

Lo cual exige, en primer lugar, un debate social sobre la inmigración. El eje del debate es si disponemos de instrumentos adecuados para gestionar el fenómeno migratorio y si el primer elemento a considerar sería el de la legitimidad, es decir, de que su tratamiento sea de conformidad con los principios y reglas del estado de derecho y de la democracia, de tal manera que, en todo momento, brille el reconocimiento y garantía de los derechos humanos. Después habrá que barajar elementos de eficacia, pero siempre en segundo lugar.

Y la primera constatación es que la inmigración va a continuar. Poner el énfasis en que es un fenómeno estructural y no coyuntural y por eso aceptar la existencia de flujos migratorios como un fenómeno social histórico e internacional, presente y futuro. En el momento presente con profundas razones como la mundialización o globalización económica, homogenización cultural, quiebra Norte-Sur, mito de la Ciudad de la Abundancia, guerras, desastres ecológicos, pero también porque hay países a quienes interesa la inmigración por sus aportaciones demográficas, por su riqueza cultural y aporte laboral.

El flujo casi diario de llegadas a nuestro puerto y las muertes, contadas y sin contar, en el Estrecho, solo pueden corregirse demandando, por activa y por pasiva, se establezcan con los restantes países europeos rutas seguras, con medidas concretas y urgentes de acceso legal y seguro al estado español, como la búsqueda, el rescate y el tratamiento de las solicitudes de asilo en terceros países, mediante la posibilidad de solicitar asilo en las embajadas, y la concesión de visados humanitarios, de reagrupación familiar, de estudio, de trabajo y de reasentamiento.

El futuro pasa necesariamente por tomar en serio el fenómeno migratorio evitando los paños calientes. Esto supone que los Gobiernos español y europeo centren sus esfuerzos en las causas de las migraciones forzadas en origen y no en el control policial y militar de los flujos migratorios.

Mirando también el día de mañana entendemos que ninguna política de migración puede llegar a buen puerto si los pueblos se oponen a ella. Esta es la principal lección que puede sacarse desde que comenzó a preocupar el fenómeno migratorio. Pues hemos visto renacer el racismo, la xenofobia y la exclusión étnica. Pero también hemos visto que todas las identidades se van transformando. Más vale prepararse para ello, es decir, educar a los pueblos, en vez de confiar ciegamente en las leyes del mercado. En consecuencia uno de los trabajos más importantes de las organizaciones de nuestra Plataforma es la sensibilización sobre la realidad migratoria en escuelas, universidades, institutos y toda clase de ámbitos educativos posibles. Y en eso estamos.

Nadie podrá hurtar el sueño del mestizaje y de la policromía social y cultural a los agentes proinmigrantes, porque las urgencias, las apremiantes urgencias para la supervivencia de este navío espacial, llamado Tierra, eso que llamamos “solidaridad necesaria”, así lo reclaman.

Rumbo a Medellín. 50 años de opción por los pobres

Evaristo Villar

Desde hace ya algún tiempo los movimientos cristianos de base de toda América Latina vienen preparando un macroencuentro en la ciudad colombiana de Medellín para celebrar,   entre el 27 y 31 de agosto 2018,  el 50 aniversario de la II Asamblea General del Episcopado Latinoamericano (CELAM  o Consejo Episcopal Latinoamericano) que tuvo lugar hace 5 décadas  en esa misma  ciudad.

  1. Medellín 68. Medellín 68 marcó un antes y un después en la imagen del catolicismo latinoamericano. En pocas palabras, se puede decir que Medellín puso en marcha tres movimientos simultáneos en la Iglesia latinoamericana: la recepción del Concilio Vaticano II —de marcado carácter eurocéntrico—, el despegue del modelo de cristiandad — muy arraigado institucional y popularmente en el cristianismo de la época— y la emergencia de un nuevo modelo de Iglesia,  posteriormente desarrollado en la floración de Comunidades Eclesiales de Base y en la Teología de la Liberación.

La segunda Conferencia del CELAM apareció en un marco político y socioeconómico muy concreto. Políticamente surge en un continente crispado por el enfrentamiento entre las dictaduras militares impuestas por el imperio y  la proliferación de las guerrillas emergentes. Y socioeconómicamente irrumpe  en medio de la tensión creciente entre dos teorías o prácticas marcadamente enfrentadas:  de un lado, la Alianza para el Progreso —una especie de reformismo a lo Plan Marshall que pretendía controlar,  contra el “mal ejemplo” de Cuba,  el proceso de cambio en América (considerada “patio trasero de del imperio”) desde el subdesarrollo hasta  el progreso);  y, de otro lado,  la Teoría de la dependencia, radical e incisiva,  que luchaba por romper la relación causal entre el bienestar del Primer Mundo y la precariedad y pobreza del resto de mundos dependientes.

En este contexto, el episcopado latinoamericano hizo en Medellín tres inmersiones de enorme repercusión  tanto  en América Latina como en el resto del mundo cristiano,  principalmente en Europa y, singularmente, en España: en primer lugar,  “se hizo cargo” de la situación de un continente injustamente empobrecido y asolado por las guerras de baja intensidad. —A juicio de Gustavo Gutiérrez, este “mirar cara a cara sus problemas” y descubrir que, además de las guerras,  “la pobreza no era el único pero sí el más grande desafío al anuncio del evangelio”, fue la mayor aportación significativa de la Conferencia de Medellín—.  En segundo lugar y asumiendo las palabras de Juan XXIII al inicio de Concilio sobre una “Iglesia de los pobres”, — que, por cierto,  no llegó a abordar  directamente el Concilio Vaticano II— los obispos latinoamericanos decidieron  “optar por los pobres” como aparece, de diversas formas expresado,  a lo largo de sus documentos. ¡Sin lugar a dudas, esta fue una de las apuestas de mayor calado y trascendencia de la II Conferencia de Medellín! Y, finalmente, como forma más práctica y eficaz  de llevar a cabo esta opción por los pobres, los obispos reconocieron  y dieron su impulso a las incipientes Comunidades Eclesiales de Base. Esta forma social de vivir y anunciar el mensaje de Jesús se propagó pronto  al resto del mundo cristiano.

  1. 50 años después. La decisión de celebrar el 50 aniversario de la Asamblea de Medellín entre los cristianos y cristianas de base se tomó en septiembre del pasado año en Colombia. Es cierto que Medellín 68 no fue una asamblea de las bases cristianas sino de la jerarquía, pero en los documentos hay algo que sintoniza bien con la base eclesial y el espíritu del papa Francisco. Me refiero exactamente a la opción por los pobres, a la presencia cristiana en el mundo —siguiendo la inspiración de la constitución Gaudium et Sepes del Vaticano II— y a la apuesta por cultivo y la vivencia de la fe en sociedad o en comunidad.

Todo comenzó con la convocatoria hecha por diferentes organizaciones, unas propiamente colombianas y otras de ámbito internacional. Entre las primeras cabe señalar las siguientes: Mesa Ecuménica, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Fe y Territorios, El Diálogo Intereclesial por la Paz de Colombia (DIPAZ), Comunidades construyendo paz en los territorios (CONPAZ), Congregación Hermanas Misioneras de la Madre Laura (Lauritas),  Universidad Javeriana, CIDEP, Iglesia Menonita (Medellín), Iglesia Luterana (Medellín) y Pax Christi (Medellín); entre las instituciones internacionales:  Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (SICSAL de México, El Salvador, Ecuador, Argentina, Australia y Colombia),  Justicia y Paz de la Congregación Claretiana, Fundación Pueblo Indio (Ecuador),  Comunidad Santo Tomás de Aquino (Madrid), Universidad DePaul, (Estados Unidos) e  Iglesia Sueca. En resumen,  25 personas, de 17 instituciones y de 10 países (Colombia, Estados Unidos, México, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Argentina, España, Australia y Suecia).

En el transcurso de tres encuentros maratonianos – 04 de septiembre en la Universidad Javeriana de Bogotá, 10 de septiembre con las Iglesias Luterana y Menonita de Medellín, y 11 de septiembre en el Centro de Formación Santa Laura de Medellín— se fueron perfilando:  los objetivos generales (legado religioso y civil de Medellín 68) y específicos (celebración e intercambio de experiencia martiriales y liberadoras a la luz de los nuevos signos de los tiempos y de la presencia de Monseñor Romero y del papa Francisco); los criterios (en forma de proceso, horizontal y participativo,  desarrollado en cinco  tiempos —ver, juzgar,  actuar, y celebrar—, macroecuménico y, aunque centrado en el continente latinomericano, abierto al resto del mundo).

Finalmente, se estableció una secretaría general con 7 comisiones y un cronograma de trabajo al que se ha venido ajustando el proceso de preparación.