La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y la deriva de la sociedad global

Carlos Gómez Gil

Una nueva cumbre mundial en Naciones Unidas con el pomposo nombre de “Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, nuevos acuerdos aprobados desde el convencimiento de ser incumplidos desde el momento mismo de adoptarse como ya se ha hecho con otros muchos anteriores, más promesas vacías, renovadas palabras huecas, alegrías, parabienes y felicitaciones que sonrojan a cualquiera que conozca en detalle la naturaleza de lo que se anuncia a los cuatro vientos en comparación con las políticas que cada día llevan a cabo quienes han firmado los solemnes acuerdos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

La nueva hoja de ruta del desarrollo mundial, aprobada en la 70º Asamblea General de las Naciones Unidas con la rúbrica de 190 jefes de estado mundiales, ha sido presentada con la fanfarria habitual, anunciándonos tanta dicha y felicidad para los habitantes de este castigado planeta que no se acaba de entender bien que haya tardado tantos años en acordarse. Sin embargo, cualquiera que repase las hemerotecas y los documentos institucionales posteriores a la Cumbre del Milenio, en la que se aprobó la Declaración del Milenio que daba cuerpo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio del año 2000, aprobados también con gran júbilo por la 55º Asamblea General de Naciones Unidas, encontrará las mismas alegrías, los mismos anuncios de júbilo y satisfacción, junto a oxidadas promesas de erradicar el hambre y la pobreza en el mundo, alcanzar el 0,7% y convertir el planeta en un paraíso de bienestar para los más desdichados.

Lo del 0,7% se ha convertido ya en un clásico desde que este compromiso mundial fue acordado también por las Naciones Unidas en el año 1972 hasta el punto que de la misma forma que no hay boda en la que se deje de gritar “vivan los novios”, no hay cumbre mundial en la que todos los países se comprometan a dar el 0,7%. Pero ahora, en esta nueva Agenda de Desarrollo Sostenible lo retrasan para el año 2030, una curiosa forma de decir que la comunidad internacional no tiene ninguna intención de dar respuesta a un solemne compromiso adoptado hace más de cuarenta años, que se dice pronto.

Pero si la Agenda de Desarrollo Sostenible (ODS) es la sucesora de los compromisos y acuerdos recogidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que abarcaban desde el año 2000 hasta 2015, no se entiende bien que no se haya procedido a realizar una evaluación exhaustiva y minuciosa del cumplimiento político y técnico de estos acuerdos, más allá de los avances macroeconómicos derivados del crecimiento de la economía mundial que se nos vende como si fueran un logro de las políticas de cooperación mundial. Esto sucede, por ejemplo, con la reducción de la pobreza en el mundo a partir de la cuantificación del Banco Mundial del dólar diario de la meta 1 del objetivo 1 de los ODM, vinculado esencialmente al formidable crecimiento de la economía en China e India, pero acompañado de un gigantesco avance de la desigualdad, la destrucción medioambiental y el deterioro de la salud, como demuestran las catástrofes apocalípticas que con periodicidad se producen en estos países, dejando un rastro de centenares de muertos y heridos. Sin hablar de los graves problemas metodológicos para el acceso a datos precisos sobre la evolución de la pobreza en el mundo. El propio BM estima que se carece de datos precisos para monitorear la pobreza en la mitad de los 155 países estudiados y que no menos de 57 países contaban con una o ninguna estimación sobre las tasas de pobreza. Por tanto, avanzamos en construir acuerdos que no están anclados en datos precisos.

Sin embargo, en esta ocasión, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible se aprueba coincidiendo con uno de los dramas humanitarios y políticos más grandes que se viven en Europa y Oriente Medio desde la Segunda Guerra Mundial a raíz de la crisis de los refugiados sirios, dejando patente la dejadez y el abandono deliberado de los países occidentales en atender sus obligaciones más elementales hacia la vida de cientos de miles de personas. Creo que es un buen termómetro de la verdadera validez de unos acuerdos para el año 2030, cuando en este desgraciado 2015 van a dar por finiquitado los anteriores Objetivos de Desarrollo del Milenio sin realizar la mínima autocrítica sobre las razones y responsables de su incumplimiento, y cuando a las puertas de Europa y en los propios países centroeuropeos a cientos de miles de refugiados, mujeres, niños, ancianos y heridos, se les niega hasta la atención más elemental a la que tienen derecho como recoge la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967 que obliga a todos los países firmantes. ¿Para qué presentar ampulosos acuerdos repletos de palabrería hueca si a las puertas de nuestras casas podemos hacer realidad cosas tan simples como impedir que se ahoguen quienes huyen del horror de una guerra y no lo hacemos?

A diferencia de los Objetivos del Milenio, que contaban con 8 objetivos, 18 metas y 48 indicadores, los Objetivos de Desarrollo Sostenible cuentan con 17 objetivos y 169 metas, dejándose los indicadores para marzo de 2016, cuando serán finalmente aprobados. Estos ODS ponen un mayor hincapié en elementos más ambiguos que serán de aplicación tanto para los países empobrecidos como para los países desarrollados, siendo así una agenda de carácter universal. En esta ocasión, se diluyen algunos de los problemas más graves y precisos en materia de lucha contra la pobreza, siendo sustituidos por otros conceptos más imprecisos, plásticos y ambiguos, como la desigualdad, la sostenibilidad, el crecimiento económico, la promoción de sociedades pacíficas o promover los derechos. Todo ello alimentado por la apoteosis del mercado, al que bajo la excusa de promover sectores dinámicos de la economía, apoyar al sector privado y al libre comercio, se le da una relevancia como nunca ha tenido en la historia de unos acuerdos de esta naturaleza por la comunidad internacional, mediante esas perversas alianzas público-privadas que tanto daño están haciendo en no pocos espacios de las políticas de la cooperación mundial. De hecho, esta dimensión económica del mercado es la más importante en el conjunto de los ODS, hasta el punto que se han eliminado objetivos y metas que puedan entorpecer su avance. Por ejemplo, la FAO propuso algo tan sensato como una apelación a la limitación de la especulación con los alimentos básicos en los mercados mundiales de valores agrícolas si de verdad se quería no ya acabar, sino reducir el hambre en el mundo, algo que finalmente se eliminó. Algo parecido sucedió con el objetivo referido a los derechos humanos, donde se sustituyó el peligroso término de “garantizar” por otro más impreciso de “promover”. Ahora bien, cómo vamos a creer que países como Estados Unidos van a promover los derechos humanos siendo como es, junto a Somalia y Sudán del Sur, los únicos países del mundo que se niegan a firmar la Convención de los Derechos del Niño de 1989, país que también junto a buena parte de los países europeos se niegan a firmar la Convención de los Derechos de los Trabajadores inmigrantes de 1990, por señalar solo algunos tratados internacionales en materia de derechos humanos de los muchos que se niegan a suscribir países firmantes de los ODS. Y eso por no hablar de ese objetivo 16 que se compromete a promover sociedades pacíficas, todo un sarcasmo cuando ha sido solemnemente suscrito por los principales países exportadores de armas en el mundo y generadores de conflictos.

Precisamente por ello no hay compromisos vinculantes ni son de obligado cumplimiento, sin que se hayan articulado sanciones para aquellos países signatarios de la Agenda 2030 ni tampoco mecanismos de imposición y control sobre su respeto. Todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible son simplemente voluntarios, cada país los llevará a cabo si los estima conveniente y tenemos sobradas razones para saber cuales son las conveniencias de buena parte de los Estados firmantes de estos acuerdos.

Ahora bien, en línea con lo que se ha señalado desde algunas organizaciones sociales, cuatro son los puntos de debilidad sobre este nuevo acuerdo de Naciones Unidas que le restan valor y capacidad de transformación en los avances sobre el desarrollo mundial. En primer lugar, la negativa a establecer mecanismos claros contra los flujos financieros ilícitos, la eliminación de los paraísos fiscales, y actuar contra la evasión fiscal que tanto daño hace a los Estados y en particular a los países en desarrollo. En segundo, la imposibilidad de que quienes vendan, promuevan y fomenten el comercio de armas en el mundo digan comprometerse con la promoción de la paz, que es tanto como decir que Volkswagen ha venido luchando contra las emisiones de CO2 en el mundo. En tercer lugar, la imposibilidad de eliminar la pobreza en el mundo desde un sistema económico, político e institucional basado en alimentar situaciones de pobreza y acumulación formidables. Y, por último, erosionar las políticas de cooperación mundial y los compromisos en materia de lucha contra la pobreza que son sustituidos por la fe absoluta en unos mercados y un sistema económico que ha alimentado un disparate de escala global sin mecanismos correctivos, de control o de supervisión.

Mención aparte merece el Gobierno de España, que ha protagonizado el mayor proceso de destrucción de unas políticas de cooperación y ayuda al desarrollo en menos tiempo jamás visto en la historia de los países donantes, con unas políticas de recorte y desmantelamiento de servicios públicos que han alimentado pobreza y desigualdad a niveles que lideran las estadísticas de la Unión Europea, con una fuerte involución en materia de derechos sociales y civiles, pero que firma sin reparo alguno estos objetivos, señalando que las alianzas público-privadas en las que van a entrar todos los sectores de la sociedad van a ser muy productivas. No esperábamos menos de este Gobierno que ha construido sus políticas a base de cinismo y falsedades. Pero sí esperábamos mucho más de unas ONGs que, salvo honrosas excepciones, han alabado con elogios sonrojantes unos acuerdos, una cumbre e incluso el documento oficial elaborado por el Gobierno español del PP cuya lectura solo certifica la deriva social, política y moral de las políticas de solidaridad en nuestra sociedad.

Carlos Gómez Gil es Doctor en Sociología, profesor universitario de cooperación al desarrollo e investigador de RIOS (Red de Investigadores y Observatorio de la Solidaridad), codirigiendo la revista Esbozos.

En la espiral de la energía. Obra maestra del ecologismo social

Carlos Pereda

En dos tomos se recoge el legado intelectual de Ramón Fernández Durán, completado y actualizado por su compañero ecologista Luis González Reyes. Se trata de un proyecto ambicioso y en cierto modo colectivo que Ramón venía fraguando antes de su prematura muerte (mayo de 2011). Recuerdo con cariño sus visitas a Colectivo Ioé para debatir borradores o recabar documentación (así conoció a Quijano y a Dussel), o la cena promovida por Éxodo en la que le pusimos en contacto con Víctor Toledo, etnólogo mexicano autor de La memoria biocultural, al que mostró su plan general de la obra que ahora reseñamos.

Una obra interdisciplinar y de largo aliento, que trata de comprender la crisis profunda de la sociedad actual a la luz de la historia de la humanidad y con la vista puesta en el futuro. Nada menos. El relato está muy documentado y lleno de referencias concretas de gran interés (68 páginas de bibliografía) y se inicia con dos capítulos que arrojan una luz nueva sobre las primeras sociedades (paleolítico y primera revolución agraria) que ocupan el 95% de la historia humana y en las que prevaleció la cooperación, no había estado ni patriarcado y el sistema económico se basaba en la donación y la reciprocidad. Sin embargo, en los últimos seis mil años han prevalecido las relaciones de dominación, desde los primeros imperios esclavistas hasta la revolución industrial y la era trágica del petróleo y la globalización capitalista.

Se podría criticar el trabajo de unilateral pues toma la energía como factor clave del cambio social, “pero no sólo” añade el subtítulo entre paréntesis, lo que podemos comprobar al observar las siete dimensiones que se investigan sistemáticamente en los sucesivos períodos históricos: la economía, las formas de organización política, las agrupaciones sociales, el sistema cultural, la lucha entre dinámicas de igualdad y de dominación, la relación con el entorno y, por supuesto, la cantidad, calidad y tipo de energía disponible. Con estos mimbres la tesis que se desarrolla es que el fin de los combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón…) va a colapsar el sistema urbano-industrial propio del capitalismo ya que no existe ninguna fuente de energía, ni combinación de ellas, que pueda sustituir al petróleo y al resto de combustibles fósiles, ni en cantidad ni en calidad.

La necesidad capitalista de acelerar de manera constante la acumulación de riqueza le impide reconocer con tiempo suficiente los límites físicos del planeta que no sólo implican el fin de la energía barata sino también el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Ni siquiera los movimientos sociales están preparados para afrontar de manera constructiva una crisis civilizatoria que es a la vez energética, material, productiva, financiera, política y cultural. Un proceso terminal que va a suponer el hundimiento general de los actuales sistemas de gobierno, de los valores de la modernidad y de las infraestructuras de todo tipo producidas por el complejo agroindustrial capitalista.

El último capítulo de la obra ofrece un panorama de política ficción del futuro postcapitalista que nos espera. Según los autores, se volvería a un metabolismo agrario basado en lo local y en energías solares, pero en un entorno degradado, con una primera etapa muy dura en la que se reforzarían las relaciones de dominación y el descenso de población sería inevitable. Sin embargo, a más largo plazo el nuevo contexto podría dar lugar a sociedades más igualitarias, justas y sostenibles, sobre todo si las fuerzas sociales que defienden la cooperación logran sobreponerse a las que se basan en la dominación

Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI

Miguel Ángel de Prada

Ha sido fulgurante el éxito editorial del texto y su autor en España: en un solo año, 2014, ha tenido la primera edición y una reimpresión. Llega a la reseña de Éxodo por el contenido que aborda, un tema central en las preocupaciones de la revista como es el de las desigualdades. El autor lo investiga tanto en el reparto de los ingresos por trabajo como en el de la propiedad del capital. El esfuerzo investigador recoge aportaciones de múltiples equipos y más de 15 años de trabajo del autor, recopila información sobre los últimos tres siglos principalmente en el continente europeo, EEUU y Japón. Su repercusión mediática se observa en los debates suscitados, como el del 1% más rico frente al 99%, convertido en lema del movimiento social (‘somos el 99%’), o el más sangrante de la acumulación por el 0,1% de la población frente al 99,99% restante.

Incitación a la lectura

¿Habría algún argumento que motive la lectura de un tomo de economía con más de 660 páginas? Veamos si las últimas palabras del texto lo consiguen: Principalmente todos los ciudadanos deberían interesarse seriamente por el dinero, su comportamiento, los hechos y las evoluciones que lo rodean. Quienes tienen mucho nunca se olvidan de defender sus intereses. Negarse a usas cifras rara vez favorece a los más pobres” (p. 649). En suma, es una cuestión de interés propio y, en mayor medida, en cuanto de menos recursos se disponga; es lo que denomina el juego de los más pobres (p. 647). Y, para facilitar esta tarea, T. Piketty comienza por reconocer la pretenciosidad del propio título, que en su opinión tendría que haberse titulado más directamente El capital a principios del siglo xxi, dada la incapacidad para predecir la forma que adquirirá el capital porque en su perspectiva la historia de los ingresos y de la riqueza siempre es profundamente política, caótica e imprevisible, y nadie puede saber qué forma adquirirán los cambios. Sin embargo, enfatiza la utilidad del estudio histórico de las desigualdades, señalando que el objetivo del libro es tratar de extraer “de la experiencia de siglos pasados algunas modestas claves para el porvenir, sin una ilusión excesiva sobre su utilidad real, pues la historia siempre inventa sus propios caminos” (p. 50).

Del mismo modo, Piketty expone su argumentario sin recurrir a complejas fórmulas matemáticas, como suelen hacer los economistas, a quienes considera distraídos de los verdaderos problemas de la gente e interesados en resolver o plantear pequeñas fórmulas que solo les interesan a ellos. Cuando recurre a ellas (en muy pocas ocasiones), las expone de modo que pueda entenderlas cualquier lector interesado sin formación especial. Según Piketty, el economista, la economía, lo mismo que cualquier ciudadano, debe estar al margen de las preocupaciones de la vida, ni separar éticamente los medios de los fines. La democracia jamás puede ser competencia de expertos, como tampoco la economía. El asunto de la distribución es demasiado importante para dejarlo en manos ajenas, atañe a todo el mundo. El papel de la investigación es informar el debate pero no pondrá fin al conflicto social.

Pero no busque el lector una posición radical en este autor, ni siquiera en el tema de la desigualdad. Para él mismo, puede haber distinciones sociales si se fundan en la utilidad común porque las desigualdades no plantean problemas en sí (p. 46) y, en todo caso, no se trata de cuestionar el capitalismo, aunque solo funcione en base a la desigualdad, sino sus disfunciones excesivas. El autor trata de contribuir modestamente a determinar los modos de organización social, las instituciones y políticas más apropiadas para instaurar real y eficazmente una sociedad justa en el marco de un Estado de derecho.

Marco de comprensión y principales resultados

El interés de T. Piketty es volver a situar el tema de la distribución en el centro del análisis económico, como lo fue en los clásicos desde Ricardo, pasando por Marx, hasta el más optimista Kuznets en plena época de la guerra fría. El tema tiene gran importancia en el momento actual porque los resultados del estudio de las fuentes indican que “desde la década de 1970, la desigualdad ha crecido significativamente en los países ricos (…), donde en la década 2000-2010 la concentración de los ingresos recuperó el nivel récord de la década de 1910-1920” (p. 29); con un siglo de diferencia, la situación vuelve a ser insostenible. En el momento actual se puede hacer con mayor precisión este tipo de análisis gracias al fácil manejo informático de ingentes fuentes de datos sobre los ingresos del trabajo y sobre los patrimonios en muchos países durante décadas y, en algunos casos, siglos.

La primera conclusión del estudio de fuentes históricas inéditas sobre ingresos y patrimonios es “que hay que desconfiar de todo determinismo económico: la historia de la distribución de la riqueza es siempre profundamente política y no podría resumirse en mecanismos puramente económicos (…); depende de las representaciones que se hacen los actores económicos, políticos y sociales, de lo que es justo y de lo que no lo es, de las relaciones de fuerza entre esos actores y de las elecciones colectivas que resultan de ellos; es el producto conjunto de todos los actores interesados” (p. 36).

La segunda conclusión constituye “el quid del texto y es que la dinámica de la distribución de la riqueza pone en juego poderosos mecanismos que empujan alternativamente en el sentido de la convergencia y de la divergencia, y que no existe ningún proceso natural y espontáneo que permita evitar que las tendencias desestabilizadoras y no igualitarias prevalezcan permanentemente” (p. 36). La principal fuerza de convergencia (para la reducción de la desigualdad) es para el autor “el proceso de difusión de los conocimientos y de inversión en la capacitación y la formación de habilidades”; este sería el mecanismo central que permite, al mismo tiempo, el aumento general de la productividad y la reducción de las desigualdades, tanto en el interior de cada país como entre países. Lo que advierte el autor es que la fuerza de convergencia puede ser dominada por fuerzas de sentido contrario, divergentes, que amplifican las desigualdades. Así, la falta de inversión en la formación de habilidades puede impedir que grupos sociales completos gocen del desarrollo o que sean desplazados por otros grupos. Por tanto, las fuerzas convergentes sólo son parcialmente naturales, también dependen de las políticas seguidas en materia de educación, de acceso a la formación y a cualificaciones apropiadas, como de las instituciones creadas en dicho campo (p. 38).

Entre las fuerzas divergentes netas, Piketty señala las más inquietantes, en la medida en que pueden producirse en un momento en el que todas las inversiones adecuadas en competencia se hayan realizado y cuando todas las condiciones de la eficacia de la economía del mercado estén presentes. Dos son las principales: las personas con remuneraciones más elevadas, que pueden separarse rápidamente del resto; y las fuerzas vinculadas al proceso de acumulación y concentración de la riqueza en un mundo de bajo crecimiento y un elevado rendimiento del capital (pp. 38-43). Este proceso es potencialmente el más desestabilizador y la principal amenaza para la dinámica de la distribución de la riqueza a largo plazo. La explicación, según el autor, es por la vuelta a un régimen de crecimiento relativamente lento, dado que entonces la riqueza originada en el pasado adquiere naturalmente una importancia desproporcionada (p. 41). En el esquema propuesto, las fuerzas de divergencia no son perpetuas, son una de las trayectorias probables, pero no tiene que ver con la imperfección del mercado. Antes al contrario, mientras más perfecto sea el mercado del capital, más posibilidades hay de cumplirse la desigualdad. Es lo que denomina “el pasado devora al porvenir” (p. 643) y que se presenta como la gran contradicción lógica del capitalismo.

¿Hay salidas que eviten la desigualdad en esta competencia entre fuerzas hacia la convergencia o hacia la divergencia? En opinión del autor “es posible imaginar instituciones políticas públicas que permitan contrarrestar los efectos de esta lógica implacable, como sería un impuesto mundial y progresivo sobre el capital, pero su instrumentación plantea problemas considerables en términos de coordinación internacional” (p. 43). También plantea en la 3ª Parte el esbozo de un Estado social en el siglo xxi y aborda el tema de la deuda pública y su correlato, la acumulación óptima del capital público. En último término, “para retomar el control del capitalismo, verdaderamente no hay más opción que apostar por la democracia hasta sus últimas consecuencias” (p. 645), lo que implicaría “contener el crecimiento sin límite de las desigualdades patrimoniales mundiales que hoy crecen a un ritmo insostenible a largo plazo, algo que debería preocupar incluso a los fervientes defensores del mercado auto-regulado” (p. 644). Fortunas tan desmesuradamente desiguales tienen poco que ver con el espíritu empresarial y carecen de utilidad para el crecimiento. De este modo se vuelve al comienzo del texto, cuando se citó el art. 1º de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano para señalar que solo las distinciones sociales pueden fundarse sobre la utilidad común. Pero si abre la puerta a pensar las desigualdades con utilidad común, ¿quién lo determinaría?

Guía de lectura. Aquí y ahora

El texto es largo. Si el lector cuenta con poco tiempo la propuesta es que se aproxime a la Introducción y a la Conclusión. En la primera, en 35 páginas (pp. 15-50) el autor expone los objetivos de su trabajo, los resultados principales y las bases en que se asienta. Y de modo más resumido aún, en apenas 7 páginas (643-649) la Conclusión vuelve a repetirlo. Si el lector cuenta con más tiempo, le será de interés trabajar las dos últimas partes de las cuatro en que se divide el texto: la tercera aborda el tema de “La estructura de las desigualdades” y la cuarta, las propuestas para “Regular el capital en el siglo xxi”. Para los más interesados se ofrece la posibilidad de ampliar el texto completo con la consulta a las bases de datos en línea (piketty.pse.erns.fr/capital21c).

Las categorías que emplea el autor sobre las clases patrimoniales o rentistas y la de los nuevos salarios de los super-ejecutivos, ya habían sido adelantadas años ha por el sociólogo e historiador Alfonso Ortí al enfrentar las viejas clases patrimoniales y las nuevas clases funcionales (para la gestión del capital). Del mismo modo, el lector puede aprovechar las claves que ofrece el sugerente texto de L. E. Alonso y C. J. Fernández sobre Los discursos del presente. Un análisis de los imaginarios sociales contemporáneos, Siglo XXI. España, 2013. Aproximación desde la economía a la sociología y que trata de desvelar la articulación de sentido que engarza las expectativas de individuos y grupos en las últimas décadas para la construcción de identidades y de futuros. Esas expectativas a las que se refiere frecuentemente Piketty como factores que explicarían la historia de la distribución del capital y el ingreso más allá de factores economicistas, pero de las que nunca dice nada y podría darse a entender que se desarrollan fuera de la historia social.

Se trata de un estudio sobre el capital casi a escala mundial, pero ¿se dice algo sobre la situación en España? Las bases completas de datos, que pueden consultarse en la red, reúnen datos de los principales países con series históricas y fuentes fiables sobre ingresos y patrimonio y, entre ellos, se recogen los de España. No se alude a lo que ocurre en España en el texto, mientras que se exponen ampliamente los casos de Francia, Reino Unido y Alemania, entre los continentales y Estados Unidos y Japón. Sin embargo, el lector puede consultar el Barómetro social de España (www.barometrosocial.es) para verificar cómo el crecimiento del capital ha sido muy superior al del trabajo en toda la serie considerada de las dos últimas décadas: 1994-2013 y cómo los salarios ven disminuida su parte en el reparto del ingreso nacional; también se podrá observar cómo la distribución desigual de los salarios se agranda por seis en la del patrimonio.

Y de repente, Teresa (Jesús Sánchez Adalid)

Evaristo Villar

1. “El domingo 3 de junio de 1576, de madrugada, una sublime procesión sale de la catedral de Sevilla. Amanece un día pletórico de luz y en la calle hay un alboroto inusitado. Se ve gente luciendo galas de fiesta, caballeros con buenos jubones y capas… las damas han sacado de los baúles sus vestidos suntuosos de primavera… que se ponen tradicionalmente para el oficio religioso y la procesión del Corpus Christi, y que esa misma tarde vuelven a guardar hasta el próximo año. El cortejo está ya delante del palacio del arzobispo, que sale acompañado por la clerecía y se sitúa detrás de la custodia de plata, en la que va el Santo Sacramento. Las campanas repican con solemnidad, en toque de gloria. Las autoridades se congregan custodiadas por soldados en uniforme de gala. Entre música, cohetes y nubes de incienso, todos avanzan en perfecto orden” (533)…

Si algún foráneo, ignorando lo que está ocurriendo, osa preguntar “¿qué está pasando si todavía no es el Corpus?”, la respuesta podría ser unánime: Don Cristóbal Rojas de Sandoval, arzobispo y máxima autoridad religiosa en Sevilla, solo sometido a la Suprema Inquisición, “va a llevar el Santo Sacramento al convento de las monjas carmelitas descalzas que ha fundado la madre Teresa de Jesús, y que hoy se inaugura en la calle Pajarería” (534)…

Días antes, fray Tomás Vázquez, ministro extraordinario de la Suprema Insumisión, por mandato expreso y en nombre del Gran Inquisidor de todas las Españas, don Gaspar de Quiroga y Vela, le había comunicado a la monja Teresa de Cepeda y Ahumada la sentencia absolutoria, dictada el 29 de abril de 1576 por el Consejo de la Suprema y General Inquisición.

Llegada la procesión al nuevo convento de las Carmelitas Descalzas, y colocado el Sacramento en el sagrario, el arzobispo “que ha rezado de hinojos frente al altar”, se dispone a marcharse. Entonces Teresa de Jesús va hacia él, se arrodilla y le pide la bendición. “Don Cristóbal la mira, con ojos vidriosos; la bendice y, acto seguido, hace algo del todo inesperado: la toma por los codos y la alza. Ella se resiste, humildemente, pero finalmente está de pie frente a él. Entonces el arzobispo, entre el pasmo de todas las miradas, se arrodilla ante la monja y pide a su vez la bendición (535)”.

Así acaba este caso que el Inquisidor General había resuelto siguiendo el informe del dominico P. Domingo Báñez, que, fiel a su máxima Bomum est faciendum et malum vitandum, concluía su informe con estas palabras: “Para poder juzgar justamente todo lo que le sucede a la madre Teresa y aquello que escribe en su Libro de la vida, deberemos tener en cuenta la cima alcanzada por ella cuando le llega el deseo de coger la pluma para llevar al papel lo que Dios ha hecho con ella: cómo ha sido su relación con él, es decir, cómo ha sido su oración… Ella no ha buscado nada por sí misma, nada para sí. Diríase que a estas alturas de su vida Dios mismo la ha avasallado. Sin quererlo, Teresa está viviendo momentos de extraño embeleso y enajenación. El misterio la cerca, la aprisiona y la saca fuera de sí. Pero todo esto sucede dichosamente… Quien no capte esto, quien no sea capaz de verlo con los ojos del alma, no podrá entrar en el misterio de la vida de Teresa… Al leer a Teresa de Jesús se siente uno invadido por un sentimiento que se agranda y crece: Él es el protagonista de su vida. Sin Él no hay historia, no hay vida” (444).

Conocida ya la sustancia de este libro, me parece interesante declarar en esta presentación otros aspectos que pueden ayudarnos a entrar mejor en la comprensión de la obra de Jesús Sánchez Adalid. En primer lugar, la elección de un tema tan frecuentemente ignorado en la vida de Teresa; luego, unas palabras sobre el género del relato; y, finalmente, algunas impresiones personales sobre el gran esfuerzo que ha hecho el autor para acercarse y acercarnos a una personalidad tan rica y singular como la de Teresa de Ávila.

 

2. Es de agradecer a Jesús Sánchez la brillante introducción que hace en el complejo contexto de la vida de Teresa de Jesús. El contexto no es otro que la convulsa situación política y religiosa del siglo XVI, el “siglo de oro español”. Con una población de unos 6 millones de habitantes, España está viviendo una enorme efervescencia en todas las dimensiones. Política y militarmente, con Carlos V y Felipe II, está envuelta en conflictos bélicos internos con los moriscos, en Europa con la guerra de los 30 años, con América Latina con la implantación de la colonización; culturalmente con el florecer de las letras (Miguel de Cervantes), la arquitectura (Juan de Herrera), las artes plásticas (el Greco), y en la música (Tomás Luis de Vitoria). En esta agitación política y cultural sobresalen los grandes contrastes económicos, como se advierte en la Celestina o el Lazarillo de Tormes: la riqueza de los grandes y la miseria que afecta a la mayoría social. Religiosamente la convulsión que levanta la Reforma de Martín Lutero y el humanismo antifanático de Erasmo de Rotterdam provoca la Contrarreforma en el campo católico que, desde el Concilio de Trento, se traduce en un exasperante control de la ortodoxia y un dirigismo asfixiante en las prácticas religiosas. El ambiente cerrado y reactivo contra toda apertura sospechosa de modernista recrea el mejor contexto para que surjan por todas partes alumbrados, iluminados y quietistas que acaban llevando a las personas a grandes aberraciones religiosas y sociales (pp. 107, 257). La jerarquía reacciona entonces con la Inquisición.

En este contexto cerrado, dominado por el miedo y la sospecha y sometido a la omnipotencia de la Inquisición, descubre el autor a Teresa de Ávila. Entre las muchas dimensiones de esta mujer extraordinaria que se van a poner de relieve durante la celebración del presente V Centenario de su nacimiento me parece un acierto de Jesús Sánchez haber centrado su obra en el lado “más peligroso” de la santa del Ávila, el que roza y desafía, sin pretenderlo, la ortodoxia oficial. Y en este envite, Teresa va a salir, de entre aquellas aguas enturbiadas por los éxtasis, las visiones y las revelaciones de mujeres y hombres deseosos de notoriedad y de poder, “como un río limpio”, en expresión del P. Báñez (p. 447). El autor introduce en su extenso relato a tres mujeres que, por su notoriedad y excentricismo, fueron siempre una amenaza para la honestidad de Teresa, dados sus orígenes judeoconversos (542): La frailesa (94), la Beata de Piedrahita y, sobre todo, Magdalena de la Cruz (pp. 128, 151, 207). Como hemos señalado antes, de todo esto sale Teresa muy airosa gracias a la extraordinaria defensa que hizo de ella y de su experiencia mística el dominico P. Báñez ante el Inquisidor General.

En un ambiente tan enrarecido como este, contrasta el gran temple y fortaleza de esta mujer, frecuentemente enferma, que está empeñada a llevar al Carmelo a la primitiva observancia, siguiendo la reforma franciscana de Cisneros (548). De su ingenio y gracejo quedan muy buenas anécdotas. “Sabed, padre, le dice a un franciscano cuando rondaba los 50 años, que en mi juventud me dirigían tres clases de cumplidos; decían que era inteligente, que era una santa y que era hermosa; en cuanto a hermosa, a la vista está; en cuanto a discreta, nunca me tuve por boba, en cuanto a santa, solo Dios sabe”. Y esta otra dirigida a fray Juan de la Miseria que le hizo el único retrato que se conserva: “¡Me habéis pintado fea y legañosa, Fray Juan, que Dios os lo perdone!”. En otra ocasión que estaba para firmar las escrituras de compra de un terreno para la fundación de Valladolid, el notario sopló al oído de su secretario: “Por un beso de esta mujer me daría por bien pagado”. Ella que lo oyó, le acercó la cara. El notario, sorprendido, se pregunta: “¿Qué quiere?”. “Que me bese”, dice ella con dominio de la situación. Así se hizo, y ante le azoramiento del notario, ella dice serenamente: “Nunca una escritura me ha resultado tan barata”. El juicio de Fray Luis de León es contundente: “Nadie la conversó que no se perdiese por ella” (p. 458).

 

3. El género literario en que nos presenta Jesús Sánchez su imagen de Teresa de Jesús es la novela histórica. “Desde el principio, dirá, tuve claro que no debía hacer una biografía, ni una novela biográfica, ni una historia novelada. Sería una novela histórica pura: un relato de ficción incrustado en un escenario histórico que se percibe como real y que tiene detrás, aunque de manera poco perceptible, una seria investigación” (p. 555). Se trata, pues, de una ficción basada en fuentes históricas y que pretende rellenar las lagunas, siempre existentes, desde el criterio de la verosimilitud.

Por otra parte, la obra pretende constituirse en puente que permita la llegada al pasado desde el interés del presente. Y esto me parece un gran acierto. Porque no cualquier acontecimiento del pasado resulta significativo para el presente. En esto la novela histórica juega con ventaja. No tiene por qué perderse en detalles biográficos que, siendo ciertos, carecen de interés para el momento que estamos viviendo. Hay hechos históricos que, por su riqueza, proyectan su luz más allá de su acontecimiento. Su proyección se alarga en la historia humana. Y, en esto, la figura de Teresa, desde esta dimensión de su rebeldía contra una realidad corrupta y su empeño en transformarla, aun a costa de levantar sospechas entre los guardianes de las esencias patrias, es un buen ejemplo para los días que estamos viviendo. De forma más camuflada, pero al fin y al cabo un parecido contexto sociorreligioso

—de control, autoritarismo, sospecha y miedo, discriminación de género, etc.— que le tocó vivir a Teresa se ha venido reproduciendo hasta nuestros días. ¿Llamarlo Santa Inquisición? Hasta hace bien poco todo eso se llamaba en la Iglesia Santo Oficio. No obstante, al lado de estas prácticas aberrantes, siempre surge la nobleza de una figura como la de Teresa y la de un honesto testigo como el Padre Domingo Báñez, capaces de señalar proféticamente por dónde va la verdad y la humanidad más auténtica.

4. No sería justo con el extremeño Jesús Sánchez, ­teólogo y jurista, profesor en el Centro Universitario Santa Ana de Almendralejo, si no dijera que su obra, en línea con toda su producción literaria, me deja un sabor de honestidad con la historia y de enorme creatividad en la ficción. De sincero apego y hasta de amor a la protagonista del relato. No en vano dice él que “esta novela ha supuesto para mí un intenso trabajo. Hasta ahora, el mayor esfuerzo de investigación y documentación que he hecho desde que empecé a escribir novelas” (555).

Pero también hay que agradecer a Jesús Sánchez su habilidad de relator que va integrando en una dicción clara y precisa el léxico y hasta el estilo de la época que recuenta. El contexto sociopolítico y cultural religioso que se descubre deja suficientemente claro el control absoluto que ejercía la “Santa” Inquisición sobre todas las instituciones y las vidas de las personas. Desde aquí se agranda más la figura de personas que, como Teresa de Jesús, supieron mantener su libertad de conciencia aun a costa de poder acabar en las mazmorras de la Inquisición o en la hoguera. Y esta libertad de conciencia la ve clarividentemente viva y encarnada Jesús Sánchez Adalid en Teresa de Ávila.

 

2015: nihil obstat. El fin de dos milenios de exclusión para elección de mujeres al episcopado

Miguel Ángel de Prada

El 16 de diciembre de 2014 fue noticia la elección de la mujer sacerdote Libby Lane para el episcopado de Stockport en el Reino Unido. ¿Por qué fue novedad informativa la elección de una mujer para obispa en la iglesia anglicana, si otras iglesias de la misma comunión anglicana han ordenado ya a 29 mujeres? Desde la década de los 70 en muchas de las 40 provincias de la iglesia anglicana, autónomas e interdependientes en comunión con el arzobispo de Canterbury, se ha ido aprobando la ordenación de mujeres tanto al sacerdocio como al episcopado. En todas se ha producido un gran debate doctrinal y legislativo desde entonces. La primera mujer promovida al episcopado fue Barbara Clementine Harris, en la diócesis de Massachusetts, EE.UU., en 1990, en la progresista iglesia episcopaliana, rama del anglicanismo, que también ordenó como obispo al primer sacerdote homosexual, Gene Robinson, o casó a dos mujeres sacerdotes lesbianas. En este caso no “obstat sexus” ni para el acceso de las mujeres ni para la ordenación de homosexuales. También en Nueva Zelanda, la primera obispa anglicana, Penny Jamieson, lo fue en 1990. Recientemente la primera mujer en acceder al episcopado de las 12 provincias anglicanas de África, Ellinah Ntombi Wamukoya, es obispa de Swazilandia desde julio de 2012. Incluso en la tradicional República de Irlanda, la rama irlandesa de la iglesia anglicana, minoritaria en la misma, se adelantó un año (diciembre de 2013) con la elección de Pat Storkey como obispa de la diócesis de Meath y Kidere, cerca de Dublín. El proceso parece imparable y ya en diciembre de 2014, un mes después de que el Sínodo general de la Iglesia de Inglaterra autorizara la ordenación de mujeres al obispado, con la modificación de la ley canónica, a partir de 2015, ha sido elegida la reverenda Libby Lane como obispa de Stockport. El cambio del proceso legislativo comenzó en el Sínodo de 2012 tras el voto en contra por 6 votos; sin embargo, en julio de 2014, el Sínodo general anglicano dio luz verde al principio de ordenación de mujeres al episcopado, y el Comité eclesiástico del Parlamento tramitó la legislación, que el 17 de noviembre ha recibido la sanción final. La ceremonia de consagración será en la catedral de York el 26 de enero de 2015. Han pasado 20 años desde la autorización para la ordenación de mujeres, 1994, y en 2010, por primera vez, se ordenaron más mujeres (290) que hombres (273) en la Iglesia de Inglaterra. El año 2015 se adivina clave porque hay varias sedes episcopales vacantes; sin duda conoceremos más nombramientos de mujeres.

¿Novedad o presentimiento para la iglesia católica? Entre el sí y el no

Las palabras del papa Francisco en la Evangelii Gaudium dejan claro que “es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia (…), se ha de garantizar la presencia de las mujeres también en el ámbito laboral y en los diversos lugares donde se toman las decisiones importantes, tanto en la Iglesia como en las estructuras sociales” (nº 103). Es el sí. Pero inmediatamente afirma que “El sacerdocio reservado a los varones, como signo de Cristo Esposo que se entrega en la Eucaristía, es una cuestión que no se pone en discusión, pero puede volverse particularmente conflictiva si se identifica demasiado la potestad sacramental con el poder” (nº 104). Es el no. Aunque continúa: “Aquí hay un desafío para los pastores y para los teólogos que podrán ayudar a reconocer mejor lo que esto implica con respecto al posible lugar de la mujer allí donde se toman decisiones importantes en los diversos ámbitos de la Iglesia“ (nº 104) En suma, y con bastante claridad: sí pero no, aunque tal vez…

Pensando las repercusiones

Podemos aventurar que pronto veremos mujeres que han accedido al episcopado en la tele, tanto en las noticias diarias como en las tertulias habituales. Será la normalización cultural del país. ¿Pero veremos mujeres en los puestos de responsabilidad eclesial en España? Tal como ha declarado Hilary Cotton, del Movimiento Mujeres e Iglesia del Reino Unido: “No se trata de llevar una túnica morada, sino de cambiar la cultura de la iglesia para que goce de equidad”.

Sin duda ya está abierta la guerra de denominaciones: mujeres sacerdotes, mujeres sacerdotisas; mujeres obispas, obispesas… La lucha por la apropiación de la denominación mostrará, como en cualquier otro ámbito de la vida social, un proceso de normalización lingüística que no se prevé corto en el país de los eufemismos.

El cambio contra la discriminación de la mujer en las iglesias, ¿vendrá de la mano del estado? Es lo que ha ocurrido en los países escandinavos, en donde los Parlamentos (Dinamarca, 1949, y Suecia, 1958) impusieron la normalización ciudadana para el acceso al episcopado. Ambos países son de tradición luterana. El caso de Suecia es paradigmático: los obispos luteranos en 1957 votaron contra la ordenación de mujeres como pastoras y obispas pero, dado que la ley sueca exige que la legislación eclesiástica pase tanto por la Asamblea eclesial como por el Parlamento nacional, éste obligó a impedir la discriminación por sexo. En 1958 la Asamblea eclesiástica aprobó la ordenación de mujeres y en 1960 fue ordenada la primera. La legislación también admitió la “cláusula de conciencia” para los obispos que no comulgaran con el cambio. En un proceso similar, ¿la iglesia española exigirá la separación de poderes para no verse obligada a prohibir la discriminación en su seno por motivo de sexo?; ¿el estado actuará para evitar la discriminación actual en la iglesia? En suma, ¿se derogará el “obstat sexus” o, de nuevo, “con la iglesia hemos topado”?. Por más que se insista en que el debate no deba iniciarse, no se podrá encerrar bajo “siete candados como el sepulcro del Cid” porque España no es diferente. El V Centenario del nacimiento de Teresa de Ávila podría suponer un impulso hacia la equidad en la Iglesia.

El poder y la ética: ¿es un axímoron la ética del poder?

Asamblea ciudadana "Sí se puede"

El proceso constituyente de Podemos llega a su fin el 15 de noviembre, después de dos meses de intenso trabajo a través de la Asamblea Ciudadana ‘Sí se puede’ y sometido a votación de casi doscientas mil personas inscritas. Por un lado se han elaborado, debatido y votado los tres documentos de principios básicos (éticos, políticos y organizativos); por otro, se han elegido las personas representantes en la Secretaría general (1), el Consejo ciudadano (17 de CC.AA y 62 para Áreas de trabajo) y la Comisión de Garantías (5 titulares y 5 suplentes). Informativamente se ha destacado, sobre todo, la diversidad de posiciones iniciales en el ámbito organizativo (si se proponía o no una secretaría general unipersonal o colegiada) pero ha tenido menos repercusión el trabajo realizado en el ámbito de los principios políticos y, menos aún, en el de los principios éticos.

Del borrador propuesto para cada uno de los tres documentos de principios (éticos, políticos y organizativos), se debatieron más de cuatrocientas elaboraciones y se pusieron todos ellos sobre el panel de votación on-line. El documento de principios éticos es el que menos modificaciones ha tenido y, también, es el más breve (en torno a 5 páginas), menos de la mitad que el de principios políticos y menos de la cuarta parte que el organizativo. ¿Quiere esto decir que es el que menos interés ha suscitado o es el que más adhesión ha suscitado desde el principio?.

La preocupación ética o moralizadora de la vida pública y de la política particularmente es una preocupación básica de Podemos y no se para en las fronteras de la política nacional. Ante el Parlamento Europeo se defiende la llamada ‘Directiva Villarejo’ con tres ejes: 1) erradicar la corrupción política; 2) combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales; y 3) poner fin a la vergüenza en las fronteras comunitarias, garantizando el respeto a los DD.HH.

El compromiso ‘ético’ en Podemos afecta sobre todo a los representantes políticos de dicho partido, que firman previamente dejar el puesto si los incumplen, pero también a los propios inscritos (militantes y simpatizantes) que firman defenderlos en todos los aspectos de la vida pública. El texto aprobado con el 80,7% de los votos on-line corresponde a la propuesta de ‘Claro que Podemos’ (grupo promotor de la Asamblea ciudadana ‘Sí se puede’):

Preámbulo

La pertenencia a PODEMOS implica un compromiso ético con los valores centrales de la iniciativa que deberá ser suscrito por todas las personas que quieran participar en ella.

PODEMOS nace como herramienta para la participación ciudadana y la unidad popular. Aspiramos a recuperar la política para ponerla al servicio de las personas. PODEMOS es un método: la democracia. Promovemos la participación democrática directa de todas las personas en los ámbitos de la decisión política, así como en la ejecución de las políticas públicas.

Como persona integrante de PODEMOS me comprometo a:

            I.          Defender la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en los ámbitos social, político e institucional de nuestra sociedad, avanzando hacia la resolución pacífica de los conflictos.

            II.         Promover la participación directa e igual de toda la ciudadanía en los espacios de adopción de decisiones y en los ámbitos de ejecución de las políticas públicas.

            III.       Trabajar a favor de la recuperación de la soberanía popular y democrática.

            IV.       Promover la igualdad tanto en la sociedad como dentro de Podemos, luchando contra toda forma de racismo, de xenofobia, de machismo o de exclusión por identidad de género u orientación sexual. Además se deberá promover la participación política de las mujeres en Podemos y comprometerse con incluir en los reglamentos de cada espacio la necesidad de habilitar guarderías en los actos y asambleas de la organización.

            V.         Velar para que la participación en PODEMOS sea siempre libre, voluntaria y abierta a todas las personas que, sin distinción de su estatus civil o social, comparten la defensa de la Declaración Universal de los Dere­chos Humanos y el método democrático de participación ciudadana y directa.

            VI.       Debatir con honestidad todas las opiniones y respetar a todas las personas con independencia de cuáles sean sus pareceres, fomentando el diálogo y la búsqueda de consenso.

            VII.      Exigir y respetar que la elección de candidatos o candidatas a cualquier institución de representación po­lítica (cámaras municipales, diputaciones provinciales, parlamentos autonómicos, congreso de los diputados, senado, parlamento europeo o cualquier otro) se lleve a cabo mediante elecciones primarias abiertas a toda la ciudadanía, con listas abiertas sólo corregibles mediante criterios de género. Rechazar el transfuguismo y velar para que ningún cargo electo pueda formar parte de PODEMOS si previamente no ha sido elegido para desempeñar tal función en un proceso de primarias abiertas y participadas por toda la ciudadanía.

            VIII.     Exigir y respetar que cualquier pacto previo o posterior a las elecciones con cualquier otra formación política sea sometido a la aprobación democrática mediante la consulta abierta a toda la ciudadanía en todos y cada uno de los niveles territoriales de representación.

            IX.        Exigir y respetar que cualquier cargo electo sea un mero representante obligado a vincular sus decisiones al método abierto y democrático de participación a lo largo de todo su mandato.

            X.         Impedir que Podemos en su gestión económica participe de productos bancarios de financiación de insti­tuciones basadas en el lucro. Se excluye expresamente la posibilidad, por tanto, de financiación bancaria en este sentido.

            XI.        Construir PODEMOS como plataforma para garantizar que la política deja de ser un espacio al servicio de intereses privados, para lo cual todos los cargos electos y cargos internos de PODEMOS aceptarán:

            a) La limitación salarial que se establezca con carácter general para cada nivel de representación, asumiendo la total transparencia de sus ingresos por cualquier concepto y la obligación de rendir cuentas públicas y asu­mir la gestión transparente de su patrimonio.

            b) La limitación que se establezca con carácter general sobre el número de funciones públicas que pueda desempeñar una única persona y a recibir un único salario por las mismas, salvo que sumen menos de tres salarios mínimos.

            c) La renuncia a cualquier privilegio jurídico o material derivado de forma directa de la condición de repre­sentante, proveyendo desde la responsabilidad del cargo público evitar el acogimiento a cualquier figura de aforamiento judicial.

            d) El compromiso de transparencia y la rendición de cuentas a lo largo y al final de su actividad como repre­sentante.

            e) El compromiso de inhibirse en la toma de decisiones y de abstenerse de optar a cargos electos con el obje­tivo de representar intereses personales, económicos o políticos ajenos a los que correspondan en cada caso al cargo electo en cuestión. El Régimen de Incompatibilidades que desarrollará el Consejo Ciudadano tendrá por objeto garantizar este punto no sólo en términos éticos sino también normativos y en cualquier caso reco­gerá la restricción del derecho al sufragio pasivo a cargos orgánicos internos a miembros o afiliados de organi­zaciones políticas de ámbito estatal.

            f) Asumir la imposibilidad de ocupar el acceso después de asumir cargos públicos a la empresa privada cuya actividad haya o hubiera tenido conexión de intereses en sus tareas como representante, con prohibición expresa de asumir durante 10 años responsabilidades ejecutivas en empresas conexas con sus responsabilida­des, y nunca como miembros en Consejos de Administración de empresas que actúen en sectores estratégi­cos o de relevancia económica nacional, así como proveer efectivamente no acogerse a ningún beneficio fiscal que pudiera derivarse de la actuación de cargo público.

            g) El compromiso de renuncia al cargo público, interno del partido o a cualquier candidatura a los mismos en caso de ser procesado o condenado por las faltas y delitos que se determinarán en el Reglamento al efecto que habrá de publicar la Comisión de Derechos y Garantías, y que en cualquier caso incluirán siempre los delitos de corrupción, económicos, acoso sexual, violencia de género, pederastia y maltrato infantil, contra los derechos de los trabajadores, ecológicos y urbanísticos.

            h) Evitar la contratación pública con empresas en las que el miembro de Podemos o sus familiares puedan tener algún tipo de interés económico.

            i) Limitación de mandatos asumiendo la limitación de cargos públicos o internos del partido a una duración de ocho años, que pudiera prorrogarse excepcionalmente a un máximo de 12 años.

            j) Impulsar el laicismo, promoviendo un sistema democrático fundado en la libertad de conciencia, sin apoyar ningún culto o religión.

            XII.      Además, todas las personas         titulares de CARGOS DESIGNADOS POR PODEMOS en cualquier órgano de las ADMINISTRACIONES PÚBLICAS o de cualesquiera de sus ENTES INSTRUMENTALES deberán aceptar:

            a) A desempeñar con lealtad a la ciudadanía, sencillez, moralidad y transparencia los puestos para los que ha­yan sido designados, velando por el buen uso de los bienes públicos y por una gestión de los recursos públicos basada en principios de eficiencia, equidad y eficacia.

            b) A no tener ningún privilegio jurídico o material derivado de forma directa de la condición de representantes proveyendo desde la responsabilidad del cargo público evitar el acogimiento a cualquier figura de aforamiento judicial.

            c) La limitación salarial que se establezca con carácter general para cada nivel de responsabilidad, sin que pue­da superarse en ningún caso el sueldo más alto establecido para el nivel del grupo funcionarial o laboral para el que estén capacitados en función del título exigido para el ingreso (A1, A2, B, C1 y C2) en cada Administra­ción Pública, salvo en lo concerniente a las cotizaciones por desempleo.

            d) A renunciar en las Administraciones y Empresas Públicas a percibir un salario superior a los recogidos en el convenio colectivo o en el régimen retributivo del resto de personas empleadas sin percepción de com­plementos o conceptos retributivos diferentes. No habrá privilegios de ningún tipo, solamente los derechos derivados del Convenio Colectivo que les será íntegramente de aplicación.

            e) A no cobrar sueldos o remuneraciones, cualquiera que sea su denominación, por la pertenencia a los Con­sejos de Administración de ningún Ente u Organismo Público, derivada del ejercicio de sus funciones públicas.

            f) A renunciar a cualquier plan o fondo de pensión que la Administración Pública respectiva pudiese haber contratado al margen de los que tengan derechos los empleados públicos. No habrá más derechos en materia de jubilación con cargo a los fondos públicos que los establecidos en la Seguridad Social, en Clases Pasivas del Estado o aquellos que la Administración Pública tenga contratados para sus empleados públicos.

            g) A no realizar gastos superfluos de los fondos públicos, moderar los costes de transporte y alojamiento ajus­tándose a las dietas e indemnizaciones establecidas para el personal funcionario o laboral. En caso de necesi­tar indemnizaciones por razón de desplazamiento, alojamiento o manutención, no podrán superar las estable­cidas normativamente para el personal funcionario o laboral ni, en el caso de empresas públicas y organismos asimilados, las que cobra el personal de los mismos por Convenio Colectivo. Renunciarán a las dietas de altos cargos de la Administración.

            h) A no percibir ninguna remuneración ni cesantías de ningún tipo una vez finalizada su designación en el cargo. Quienes con anterioridad al cargo fueran titulares de un empleo público serán repuestos con carácter definitivo en el último puesto del que fueran titulares definitivos u otro puesto equivalente en términos de salario, dedicación, área de actividad y localidad, debiendo incorporarse a ellos en los plazos previstos para la toma de posesión en los procesos de provisión de puestos de trabajo. Quienes no fueran titulares de un empleo público cobrarán la prestación que les corresponda.

            i) Las personas titulares de altos cargos renunciarán a la asignación de vehículo oficial de carácter permanente excepto cuando los cuerpos de seguridad del Estado así lo recomienden expresamente por razones de protec­ción personal. En cualquier otro caso, el uso de vehículos oficiales sólo podrá hacerse cuando sea imprescin­dible para el servicio público, en la forma y condiciones similares a las del resto del personal y en ningún caso se utilizarán para desplazarse al domicilio propio o familiar u otros usos no vinculados con lo estrictamente necesario para el ejercicio de las funciones públicas. En lo posible darán ejemplo con el uso de medios de transporte colectivo u otros medios de transporte respetuosos con el medio ambiente.

            j) A no percibir cobro en especie de ningún tipo y en especial a la percepción de ayudas al alquiler cuando estos tengan residencia continuada –bien por alquiler o compra– en la localidad o alrededores donde se en­cuentre la sede en la que ejerzan sus funciones públicas. En el caso de que no tuvieran residencia en la locali­dad del centro de trabajo y tuvieran que percibir ayuda, el montante será justificado y la vivienda será digna y adecuada a las necesidades de su familia.

            k) Respetar el deber de abstención previsto en la legislación vigente.

            l) Los cargos públicos designados por Podemos se comprometen a la democratización del ejercicio de sus funciones, a dar un trato humano y digno a la ciudadanía, especialmente con quienes tengan menos recursos económicos, sociales o culturales y a escuchar a todas las personas que lo soliciten, sin que tal obligación pue­da ser delegada al personal bajo su dependencia.

            m) Las personas titulares de cargos públicos procurarán la participación del personal en el desempeño de su misión, su empoderamiento y la mejora de la organización pública a su cargo, fomentando la asunción de responsabilidades y proporcionando reconocimiento público al personal a su cargo por el buen desarrollo de sus funciones. Se comprometen a evaluar de forma objetiva el desempeño del personal a su cargo, a combatir cualquier forma de discriminación y a perseguir el acoso laboral. Promoverán la mejora del clima laboral, la prevención de riesgos laborales en su ámbito, la mejora de las condiciones de trabajo y el respeto medioam­biental. Promoverán la cultura de mejora de la gestión pública orientada a la ciudadanía, fijarán la misión de la organi­zación a su cargo de acuerdo con los planes y programas previstos y difundirán los valores éticos y democráti­cos para su logro, persiguiendo con firmeza cualquier signo o indicio de fraude o corrupción. Periódicamente se someterán a evaluaciones de gestión y liderazgo.

            n) A crear y facilitar en las áreas de trabajo que tengan bajo su responsabilidad un clima y una cultura adminis­trativa de transparencia, rendición de cuentas y puertas abiertas a la ciudadanía rechazando comportamientos autoritarios y no democráticos.

Suscribo este compromiso en libertad, entendiendo todos y cada uno de los puntos que aquí se seña­lan y asumiendo su defensa como mejor garantía para la construcción de una sociedad más justa en la que todas las personas seamos más libres.

Argentina contra Franco. El gran desafío de la impunidad de la dictadura, de Marío Amorós

Evaristo Villar

Pascual Serrano acaba de publicar en la colección A Fondo, de Akal, un librito de poco más de cien páginas, escrito por Mario Amorós, doctor en Historia y periodista, autor, a su vez, de otros diferentes libros entre los que destaca Allende. La Biografía. Argentina contra Franco intenta acercarnos al proceso “judicial e histórico” contra el franquismo que está llevando la justicia argentina, dirigida, en este caso, por la jueza María Servini de Cubría. Más de trescientas personas y cien organizaciones respaldan desde CEAQUA (Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina), creada en 2012, la querella contra “todas las expresiones de represión del fascismo español entre julio de 1936 y junio de 1977: los fusilamientos, la tortura, la prisión política, el exilio, el trabajo esclavo, el robo de bebés, los desaparecidos, los depurados, las fosas del olvido, etc.” (9 y 97).

El texto se ajusta perfectamente a lo que Pascual Serrano espera de esta colección: información veraz, rigor en el análisis y lenguaje accesible.

El trabajo de Mario Amorós se desarrolla en tres escenarios complementarios. El primero, que titula Proceso a una dictadura criminal, aporta las escalofriantes cifras que, según el “holocausto español” de Paul Preston 2011, se produjeron durante el golpe militar del 1936, la crueldad de la victoria del 1939 y 1940 y la coerción de una dictadura que se apoyó básicamente en la implacable represión de la Brigada Político-Social y en los juicios-farsa del Tribunal de Orden Público. Después del cínico castigo que el desacreditado sistema jurídico español ha perpetrado contra el juez Baltasar Garzón, la Querella Argentina, actualmente en activo, se presenta como el único intento serio de hacer justicia a los vencidos, es decir, a las oficialmente olvidadas víctimas del lado republicano.

El segundo escenario se centra en el emblemático edificio de la Real Casa de Correos (siglo XVIII) de la Puerta del Sol de Madrid, donde se proclamó la II República el 14 de abril de 1931 y se convirtió luego, durante la dictadura franquista, en sede de la Dirección General de Seguridad y de la Brigada Político-Social. El autor, refiriéndose a este sórdido y tétrico lugar, principal foco de la represión franquista, no duda en calificarlo como “El infierno de Sol”. Reconvertido actualmente en flamante sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, nada alude en él a esa otra “historia siniestra” de más de 40 años durante los que fue una oscura catacumba para causar, de entrada, terror a los detenidos y prepararlos para los terribles interrogatorios y torturas que les esperaban después (41).

En este largo capítulo el autor recoge y relata, entre los miles de visitantes forzados a entrar es este terrible lugar —cuyas vidas quedaron para siempre marcadas por “el odio, la crueldad y el sadismo” de los torturadores (45) —, el estremecedor testimonio de diez destacados militantes que no hipotecaron su dignidad personal, ni la libertad de las clandestinas formaciones políticas y sindicales a las que pertenecían, ante la crueldad de las torturas. Algunos nombres nos resultan suficientemente conocidos como Willy Meyer, Julián Hidalgo, Jesús Rodríguez, Chato Galante, Paco Lobatón, Felisa Echegoyen y Roser Rius Camps, Alfredo Rodríguez, Manuel Blanco Chivete, etc. Su memoria pone en sordina la ejemplaridad de una Transición que no fue en esto precisamente modélica, y deja, sobre todo, en muy mal lugar la injusta y desafortunada amnistía del 1977, hecha desde la insensibilidad del poder y su desprecio a una parte muy significativa de la ciudadanía española.

Es muy significativo al respecto el “reciclaje e impunidad” del que han gozado los mayores torturadores materiales vinculados a esa “casa de los horrores”. Mario Amorós trae a escena por el inhumano papel desempeñado por estos victimarios, entre otros menos conocidos, a Saturnino Yagüe (comisario ya fallecido), a Roberto Conesa (“el superagente” implicado en la detención de las “Trece Rosas” y en la sucia lucha posterior contra el GRAPO), a Manuel Ballesteros (uno de los “más despiadados agentes”, posteriormente condenado varias veces por su lucha sucia contra ETA), a José Sainz González (investigador policial que acabó siendo director general de la Policía Nacional); y, sobre todo, Juan Antonio González Pacheco (Billy el Niño), que se consideraba a sí mismo como el “pistolero de Far West” (70) y que, según todos los testimonios, “disfrutaba torturando a los detenidos“ (73); “Billy es, a juicio de Enrique Aguilar Benítez, catedrático de filosofía, un sádico, un excelente policía para la dictadura” (94).

Leyendo estos relatos de tortura y reflexionando sobre los argumentos y razones que utilizaban los torturadores para justificar sus prácticas inhumanas, no puedo evitar la repugnancia que me provoca “esa mezcla de odio, crueldad y sadismo” con que actúan (45), el “disfrute en la humillación y la tortura” (49), y, sobre todo, la forma cómo “bordaban su trabajo” sucio porque “estaban convencidos de que era lo que les pedían sus jefes”. Me viene a la memoria la “banalidad del mal” con que califica Hannah Arent estas conductas expresamente educadas para obedecer ciegamente la ley y seguir órdenes superiores sin preguntarse nunca por la moralidad ni las consecuencias de las mismas.

El tercer escenario, que Amorós titula “hacia el fin de la impunidad”, se inicia con el poema “Siempre” de Pablo Neruda (“Un día de justicia conquistado en la lucha”) y se cierra con el convencimiento expresado por los componentes de la CEAQUA ante el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza: “Queremos juzgar la dictadura, no estamos hablando de los casos concretos de dos personas (Jesús Muñecas Aguilar y Billy el Niño, para quienes se solicitó la extradición en septiembre de 2013). Pronto tendrán más solicitudes de extradición, y luego más, y más. Desde octubre en todo consulado argentino en cualquier país una persona puede denunciar crímenes del franquismo y a un criminal concreto. Es un proceso que no lo van a poder parar” (98).

Cada día que pasa se me va imponiendo con mayor fuerza la imagen de una sociedad, en la que vivo, fundamentalmente buena y escrupulosamente respetuosa con viejas leyes y malas tradiciones. Como los nenúfares sobre el impasible cristal del lago, emergen en ella, predominantemente, aquellas personas que saben rodearse de un clima apropiado, es decir, los pícaros, los caciques y los perversos. Y estos también hunden cínicamente sus raíces hasta la profundidad del lago para chupar las bondades de una sociedad demasiado obediente y sumisa. ¿Hasta cuándo?

La Justicia desahuciada, de Elpidio José Silva

Benjamín Forcano

Venimos siguiendo desde hace unos años los agitados recovecos de la economía y de quienes son dueños de la misma. La economía es pieza clave en determinar el rumbo a seguir por los pueblos; la economía, no la ética. Y esto explica la temeridad del juez Elpidio José Silva que se propuso recoger pruebas que atestiguasen la mala gestión de la economía en nuestro país. Y lo hizo atreviéndose a atacar una de las caras más visibles del poder financiero, político y social: “Recorrimos los protocolos, irregularidades y vericuetos de la gestión bancaria, desvelamos intenciones y resultados. Nos entregamos a fondo… No nos cabe duda: tarde o temprano llegará el deshielo de la verdad congelada en estas causas procesales” (La Justicia desahuciada, pg. 236).

Aunque algo sabemos de lo ocurrido, nada como sumergirse en la lectura de quien revela datos de primera mano en toda la aventura sufrida por reabrir (finales de noviembre de 2012) las Diligencias Previas sobre el caso Blesa.

Será difícil encontrar otro caso en el que el acoso institucional y mediático se haya desplegado con tanta intensidad. Acoso que provenía de la Fiscalía y del mismo Consejo General del Poder Judicial, ampliado luego por otros cauces mediáticos. Se trataba de abrir al juez expedientes (hasta cuatro le tocó sufrir) para lograr incapacitarlo y apartarlo de su función jurisdiccional.

El Juez Elpidio tuvo certeza de las pruebas y no duda en reabrir el caso Blesa, con lo que provocó gran alarma en un determinado sector del poder. Las investigaciones y espionaje estaban motivadas por haber abierto en su Juzgado las diligencias contra determinadas actuaciones realizadas en la entidad Caja Madrid. Había que encontrar un punto de apoyo para apartar al Instructor del Juzgado. Las inspecciones se llevaron a cabo, aun sin cumplir los requisitos necesarios, pero nunca se le pudo sancionar disciplinariamente.

“A estas alturas, escribe el Juez, a tenor de cuanto ha sucedido, estoy en condiciones de asegurar que mi error fue acertar demasiado” (Idem, pg. 235).

En medio de la gran crisis, el acoso despertaba mayor indignación, pues la verdad ya no se la podía encubrir ni callar: “Ha ido creciendo la conciencia de que la gestión de las Cajas de Ahorro ha constituido una de las claves de nuestro desastre financiero… Los casos Blesa, Banco de Miami, Bankia, tal vez Gürtel, o la posible estafa a cientos de miles de preferentistas constituyen procesos alrededor de la pésima gestión de Caja Madrid” (Idem, pg. 237).

Todo esto restallaba con fuerza contra la misma Constitución que establece que el ministerio fiscal tiene por misión “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley y velar por la independencia de los Tribunales” (Idem, Tit. 124, Art. 1).

Demasiado sabía el Juez Elpidio que “El poder judicial debe asegurar la total independencia de los jueces” (Tit. 127, Art. 2). ¿Podía dejar de investigar, someterse a las calumnias y acusaciones, optar por la resignación y esperar a que pasen los años? Le contesta: “ Sentado en ese banquillo de fría piedra, reproches disciplinarios y acusaciones falsas, decidí escribir este libro y en él describo la sarta de trucos y manipulaciones que los guardianes están urdiendo” (Idem, pg. 239).

Desde el momento en que fue apartado en el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, el caso Blesa y del Banco de Miami han quedado totalmente paralizados.

“Nuestro festín de burbujas y ladrillos nos ha sumido en un sueño del que no acabamos de salir. Ni jueces, ni fiscales ni gran parte de la ciudadanía termina de aceptar lo que sucede ni, sobre todo, las consecuencias que nos aguardan. Todos hemos contribuido a la llegada de la crisis, pero otros se han beneficiado principal y manifiestamente” (Idem, pg. 240). 

Hay que refomar profundamente ciertas instituciones, superar el abatimiento y la desconfianza, porque si bien es cierto que “Deambular por la justicia española es divagar por tierras extrañas, y aunque vociferes nadie te escuchará, la ciudadanía sí parece dispuesta a entonar un cántico de exigencia e indignación” (Idem, pg.12).

Hipótesis democracia. Quince tesis para la revolución anunciada

Miguel Ángel de Prada

El texto que reseñamos en Éxodo se presenta a sí mismo como un “libelo” (p. 20) y ¿qué mejor calificativo para encuadrar lo que se plantea desde las primeras líneas del Preámbulo?: “Apuntar hoy a una revolución o, peor aún, a una asociación entre revolución y democracia, como hipótesis política, no deja de ser una afirmación extemporánea y alucinada” (p. 15). Las diferentes partes del libro están atravesadas por esta apuesta fuerte o hipótesis, es decir, se asume que el momento actual es y se debe reconocer como un momento revolucionario y, a la vez, que la renuncia a dicha oportunidad es mantener una confianza ciega en la imposible regeneración interna.

El propósito del texto es aproximarse a cómo afrontar esta decisión y desde su propio método histórico se pregunta por qué hoy es tan difícil plantear la pregunta por la democracia y por qué cuesta tanto pensar en términos estratégicos en la era internet, incluso por qué se está volviendo tan confusa esta coyuntura a los mismos actores que tras el 15M han decidido apostar por la misma. Si el centro del debate político de los últimos 250 años (¿qué es ganar y cómo hacerlo?) se ha ido oscureciendo en las últimas décadas, este libro quiere hacer el esfuerzo por recuperar la memoria de las experiencias políticas en las que se probaron diferentes hipótesis en relación con interrogantes que básicamente fueron en su momento idénticos a los que nos hacemos en la actualidad. Pero, de forma modesta, dice contentarse con “justificar suficientemente la necesidad de apostar por una ‘revolución democrática’, tal y como parece seguirse del espíritu del primer 15M”, aun sabiendo que tal proyecto sólo puede ser el producto de la política en acto (p. 19); se asimila la emergencia del 15M a esos momentos en que democracia y revolución aparecen, a un tiempo in nuce y de forma concreta, como poder constituyente (p. 16).

El título del libro alude directamente a la apuesta por la “democracia” y el subtítulo especifica quince tesis que avalarían la “revolución anunciada”. El propio autor propone una división del texto en tres bloques para su lectura. El primero, desde la Tesis I a la V, expone la crisis europea del capitalismo financiero y la onda expansiva hasta la crisis del capitalismo en general, desembocando en el diagnóstico sobre la situación actual: que la crisis es de naturaleza política y que está determinada por el bloqueo de los mecanismos de regulación económica; también que es una crisis revolucionaria en cuanto otra salida es inexistente. Dado que esta parte es las más técnica, se recomienda al lector menos avezado que comience la lectura por el segundo bloque, de la tesis VI a X. En esta segunda parte se interroga directamente por la cuestión de la democracia y sus aporías desde el 68’ hasta ahora, es decir cómo se canceló la apertura del 68’ pero, también, cómo se puede producir de nuevo la misma. El tercer y último bloque, tesis XI a XV, plantea la cuestión de la radicalización democrática en España y la articulación de un proceso constituyente, sin olvidar que el marco político es la Unión Europea (tesis XV) y que el propósito es la fundación de una nueva República (ver Epílogo) a escala continental.

Si el autor ha propuesto un guión de lectura, alterando el orden de las partes del texto, se pueden también observar otras disposiciones del texto que permiten nuevas aproximaciones a los lectores. Nos encontramos así en el “modelo para armar”, de Julio Cortázar. Como en aquél, algunos lectores advertirán diversas trans-gresiones a las convenciones, en este caso de la corrección política, mientras que otros apreciarán además a-gresión, pro-gresión y re-gresión, connaturales al final del capítulo 62 de “Rayuela” y que explican el título del libro de Cortázar, como explican la escritura del presente texto los debates y aportaciones de diversos colectivos, entre ellos la propia Fundación de los Comunes, Traficantes de Sueños y el Observatorio Metropolitano de Madrid a los que el propio autor pertenece. Por nuestra parte señalamos otras aproximaciones posibles: leer simultáneamente la primera y la última tesis, que abre y cierra el análisis con la situación europea (1ª “la crisis europea no tiene solución” y la 15ª “la revolución será europea o no será”), dado que propone el contexto geopolítico inmediato e ineludible de la apuesta. Del mismo modo encontramos en la tesis V y la Tesis X la explicitación de la idea central argumentativa: 5ª “esta crisis es una crisis revolucionaria” (no hay posibilidad de salidas dentro del sistema) y 10ª “decir revolución es decir democracia”, y por tanto pueden servir de eje de la lectura, mientras que, tal como ha propuesto el autor, a partir de la tesis XI se trata de la concreción a España. El Epílogo podría parecer como un exordio pero dado que aborda la cuestión de la forma de Estado en Europa, adquiere una importancia central: se señala la falta de análisis rigurosos sobre su arquitectura institucional, así como de perspectivas que conjuguen la crítica de la economía política con la potencia de movimientos europeos. En suma, el análisis echa en falta proyectos institucionales alternativos, precisamente cuando la historia recuerda que las dos grandes oleadas revolucionarias precedentes de la del 68’, la de 1917 y la de 1848, vincularon su suerte al triunfo de una revolución a escala continental. La apuesta por la democratización de la U.E., para el autor, en términos institucionales debería fundarse en el doble movimiento de centralización y descentralización, a partir de la constitución de un poder federal (de “abajo arriba”, es decir, en las antípodas de las cartas otorgadas) y de un poder republicano (“de abajo abajo”: separar el poder todo lo que sea separable). República, democracia y federalismo deben animar la discusión sobre el diseño institucional europeo pero, sea cual sea su forma, “el destino de la U.E. se jugará entre la revolución democrática o la involución bajo la dictadura del capital financiero” (p. 369). Por ello, las última palabras del texto marcan todo un programa europeo: “Y así, por primera vez será posible una democracia que lo sea, sin rapiña exterior, sin esquilmación ecológica. Una democracia sentada sobre los únicos pilares de la decisión directa del cuerpo social, el reparto de la riqueza y la unión libre de sus viejas regiones” (p. 370).

Pero hay más paralelismo con el “modelo para armar”, dado que no sólo permite permutar el orden de las partes, sino que apunta al nivel del sentido en el que “la opción del lector, su montaje personal serán en cada caso el libro que ha elegido leer”, tal como señala Cortázar. Esto pretende esta reseña, animar a cada lector a elegir el libro, la lectura que le haga comprender la elección que debe realizar en este tiempo de deslegitimación del modelo de la transición española. Porque, ¿quién no ha visto un significado simbólico en la coincidencia temporal entre el día en que se dijo “adiós” al primer presidente de la transición otorgada y el día en que Madrid recibió con un “hola” de bienvenida a las marchas reivindicativas de miles de personas que proclamaban una nueva carta de la democracia?

 

22 de marzo Marchas de la Dignidad – Manifiesto

Pan, trabajo y Techo para tod@s

No al pago de la deuda, ni un recorte más, fuera los gobiernos de la Troika, Pan,  trabajo y techo para todos y todas

En 2014 nos encontramos ante una situación extremadamente difícil, una situación límite, de emergencia social, que nos convoca a dar una respuesta colectiva y masiva de la clase trabajadora, la ciudadanía y los pueblos.

Millones de trabajadores y trabajadoras se encuentran sin empleo. Tener unas manos para trabajar; tener una carrera terminada; disponer de tu capacidad tanto manual como intelectual y no encontrar un trabajo digno es humillante. Se está desperdiciando el talento colectivo de una sociedad, hipotecando indefinidamente su futuro. Los trabajadores y trabajadoras no se merecen este atropello a nuestra dignidad colectiva.

Cientos de miles de familias han perdido su casa. No hay nada más inhumano que desalojar a una familia de su hogar, solo para alimentar la voracidad insaciable de unos banqueros sin escrúpulos. Banqueros a los que los Estados siervos de la Troika alimentan a costa de empobrecer aún más a la clase trabajadora y a las personas más indefensas.

Mientras, la patronal, aprovechando el drama del paro masivo, aprieta las tuercas a la baja de los salarios y de las condiciones de trabajo a las personas que aún tienen un empleo. Trabajadores y trabajadoras que, ante la difícil situación, no pueden ni siquiera cuestionar su papel de meros explotados/as por el capital. El sistema intenta obligarnos a mostrar agradecimiento a los empresarios, convertidos por el sistema en benefactores de la sociedad. Es hora de repartir el trabajo y la riqueza, y que las personas trabajadoras puedan sentirse dueñas de su futuro.

Nuestra juventud no tiene posibilidad de forjar un proyecto de vida digno con las actuales políticas y  se ve abocada a buscarse la vida en el extranjero como antes hicieron nuestros padres y abuelos.

Decimos no a un sistema patriarcal que nos arrastra a épocas del pasado, quitándonos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, negándonos la capacidad para decidir sobre si queremos o no ser madres, provocando la vuelta a los hogares para dedicarnos a la crianza.

Estamos sufriendo las políticas ejecutadas por el gobierno del PP al dictado de la Troika (Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea), consistentes en el robo de derechos y el empobrecimiento generalizado de la mayoría social. Estas políticas que se fundamentan en el pago de una deuda ilegítima que no han con­traído los ciudadanos y ciudadanas, son producto de la especulación bancaria y los excesos de los distintos gobiernos.

Privatizan lo rentable mientras nos recortan el presupuesto en salud, educación, dependencia, transportes públicos, agua, energía, comunicaciones, servicios sociales, etc., lo que redunda negativamente en nuestros derechos ciudadanos. Se ríen de nuestros mayores que sufren una enorme pérdida de su poder adquisitivo, mientras ven cómo sus ahorros de toda la vida están secuestrados por la estafa bancaria de las preferentes y otros productos financieros delictivos.

El gobierno del PSOE, con el apoyo del PP, modificó el artículo 135 de la Constitución para que se priorice el pago de la deuda frente a los derechos y necesidades de las personas. Lo justificaron diciendo que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades y que había que ser austeros y, por tanto, era imperativo recortar el déficit. Sin embargo, no ha habido ningún recorte a la hora de inyectar decenas de miles de millones de euros para salvar a los bancos y especuladores.

Están aprovechando la crisis para recortar derechos. Estas políticas de recortes están causando sufrimiento, pobreza, hambre e incluso muertes y todo para que la banca y los poderes económicos sigan teniendo grandes beneficios a costa de nuestras vidas.

Porque nos han robado la libertad. Al capitalismo le sobran las libertades y los derechos de la mayoría social. Es un sistema que busca exclusivamente el beneficio privado de unos pocos y que nos lleva inexorablemente a una catástrofe medioambiental y social de alcance incalculable.

Para la mayoría social esta crisis-estafa está significando un gigantesco drama humano. Sin embargo, para una insignificante minoría supone un gran negocio. Y cuando se protesta, siempre obtenemos la misma respuesta: la represión y criminalización del sindicalismo de clase y de los movimientos sociales. Es un sistema que necesita la represión para mantenerse y que debe ser superado con la lucha en la calle.

La descomposición del régimen surgido de la Constitución del 78 se hace evidente debido a los mismos elementos presentes en su nacimiento, el cual tuvo lugar en contra del pueblo, está corroído por la corrupción y no tiene ninguna legitimidad. Los derechos y libertades nos han sido robados para favorecer los intereses de una minoría y asegurar sus beneficios, los mismos que nos han llevado a este estado de excepción social, a base de desmantelar la educación y la sanidad públicas, de reducir drásticamente las pensiones de nuestros mayores, de apoderarse de nuestras  viviendas y de cerrar empresas, y despedir a miles de trabajadoras y trabajadores.

Los distintos Gobiernos se sitúan fuera de la legalidad, convierten en negocio los derechos que tanto costaron conquistar y sustentan la corrupción, un hecho generalizado pero no independiente del sistema económico, que forma parte de la estructura misma de esta sociedad y es indispensable para su desarrollo. Tanto los corruptores como los que se dejan corromper forman parte de este sistema injusto de producción y distribución de la riqueza.

Llamamos a los pueblos a que ejerzan su soberanía, alzando su voz de abajo arriba, democráticamente, para construir un proceso constituyente que garantice realmente las libertades democráticas, el derecho a decidir y los derechos fundamentales de las personas.

Desde la MARCHA DE LA DIGNIDAD 22M, consideramos que es importante articular una movilización unitaria, masiva y contundente contra las políticas que atentan contra los derechos humanos y la justicia social.

Una movilización contra el pago de la deuda, por el empleo digno, por la renta básica, por los derechos sociales, por las libertades democráticas, contra los recortes, la represión y la corrupción, por una sociedad de hombres y mujeres libres, una movilización contra un sistema, un régimen y unos gobiernos que nos agreden y no nos representan.

Exigimos, por tanto, que se vayan. Que se vaya el Gobierno del PP y, también, todos los gobiernos que recortan derechos sociales básicos, todos los gobiernos que colaboran con las políticas de la Troika.

Por eso hacemos un llamamiento a llenar de dignidad y rebeldía la capital del Estado español, Madrid, el 22 de Marzo. Ese día llegaremos columnas de todas las latitudes de la Península a Madrid y convocamos a los madrileños y madrileñas a salir a la calle e incorporarse a esa gran movilización de la mayoría social.

¡ PAN TRABAJO Y TECHO A

LA CALLE, QUE YA ES HORA!