2015: nihil obstat. El fin de dos milenios de exclusión para elección de mujeres al episcopado

Miguel Ángel de Prada

El 16 de diciembre de 2014 fue noticia la elección de la mujer sacerdote Libby Lane para el episcopado de Stockport en el Reino Unido. ¿Por qué fue novedad informativa la elección de una mujer para obispa en la iglesia anglicana, si otras iglesias de la misma comunión anglicana han ordenado ya a 29 mujeres? Desde la década de los 70 en muchas de las 40 provincias de la iglesia anglicana, autónomas e interdependientes en comunión con el arzobispo de Canterbury, se ha ido aprobando la ordenación de mujeres tanto al sacerdocio como al episcopado. En todas se ha producido un gran debate doctrinal y legislativo desde entonces. La primera mujer promovida al episcopado fue Barbara Clementine Harris, en la diócesis de Massachusetts, EE.UU., en 1990, en la progresista iglesia episcopaliana, rama del anglicanismo, que también ordenó como obispo al primer sacerdote homosexual, Gene Robinson, o casó a dos mujeres sacerdotes lesbianas. En este caso no “obstat sexus” ni para el acceso de las mujeres ni para la ordenación de homosexuales. También en Nueva Zelanda, la primera obispa anglicana, Penny Jamieson, lo fue en 1990. Recientemente la primera mujer en acceder al episcopado de las 12 provincias anglicanas de África, Ellinah Ntombi Wamukoya, es obispa de Swazilandia desde julio de 2012. Incluso en la tradicional República de Irlanda, la rama irlandesa de la iglesia anglicana, minoritaria en la misma, se adelantó un año (diciembre de 2013) con la elección de Pat Storkey como obispa de la diócesis de Meath y Kidere, cerca de Dublín. El proceso parece imparable y ya en diciembre de 2014, un mes después de que el Sínodo general de la Iglesia de Inglaterra autorizara la ordenación de mujeres al obispado, con la modificación de la ley canónica, a partir de 2015, ha sido elegida la reverenda Libby Lane como obispa de Stockport. El cambio del proceso legislativo comenzó en el Sínodo de 2012 tras el voto en contra por 6 votos; sin embargo, en julio de 2014, el Sínodo general anglicano dio luz verde al principio de ordenación de mujeres al episcopado, y el Comité eclesiástico del Parlamento tramitó la legislación, que el 17 de noviembre ha recibido la sanción final. La ceremonia de consagración será en la catedral de York el 26 de enero de 2015. Han pasado 20 años desde la autorización para la ordenación de mujeres, 1994, y en 2010, por primera vez, se ordenaron más mujeres (290) que hombres (273) en la Iglesia de Inglaterra. El año 2015 se adivina clave porque hay varias sedes episcopales vacantes; sin duda conoceremos más nombramientos de mujeres.

¿Novedad o presentimiento para la iglesia católica? Entre el sí y el no

Las palabras del papa Francisco en la Evangelii Gaudium dejan claro que “es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia (…), se ha de garantizar la presencia de las mujeres también en el ámbito laboral y en los diversos lugares donde se toman las decisiones importantes, tanto en la Iglesia como en las estructuras sociales” (nº 103). Es el sí. Pero inmediatamente afirma que “El sacerdocio reservado a los varones, como signo de Cristo Esposo que se entrega en la Eucaristía, es una cuestión que no se pone en discusión, pero puede volverse particularmente conflictiva si se identifica demasiado la potestad sacramental con el poder” (nº 104). Es el no. Aunque continúa: “Aquí hay un desafío para los pastores y para los teólogos que podrán ayudar a reconocer mejor lo que esto implica con respecto al posible lugar de la mujer allí donde se toman decisiones importantes en los diversos ámbitos de la Iglesia“ (nº 104) En suma, y con bastante claridad: sí pero no, aunque tal vez…

Pensando las repercusiones

Podemos aventurar que pronto veremos mujeres que han accedido al episcopado en la tele, tanto en las noticias diarias como en las tertulias habituales. Será la normalización cultural del país. ¿Pero veremos mujeres en los puestos de responsabilidad eclesial en España? Tal como ha declarado Hilary Cotton, del Movimiento Mujeres e Iglesia del Reino Unido: “No se trata de llevar una túnica morada, sino de cambiar la cultura de la iglesia para que goce de equidad”.

Sin duda ya está abierta la guerra de denominaciones: mujeres sacerdotes, mujeres sacerdotisas; mujeres obispas, obispesas… La lucha por la apropiación de la denominación mostrará, como en cualquier otro ámbito de la vida social, un proceso de normalización lingüística que no se prevé corto en el país de los eufemismos.

El cambio contra la discriminación de la mujer en las iglesias, ¿vendrá de la mano del estado? Es lo que ha ocurrido en los países escandinavos, en donde los Parlamentos (Dinamarca, 1949, y Suecia, 1958) impusieron la normalización ciudadana para el acceso al episcopado. Ambos países son de tradición luterana. El caso de Suecia es paradigmático: los obispos luteranos en 1957 votaron contra la ordenación de mujeres como pastoras y obispas pero, dado que la ley sueca exige que la legislación eclesiástica pase tanto por la Asamblea eclesial como por el Parlamento nacional, éste obligó a impedir la discriminación por sexo. En 1958 la Asamblea eclesiástica aprobó la ordenación de mujeres y en 1960 fue ordenada la primera. La legislación también admitió la “cláusula de conciencia” para los obispos que no comulgaran con el cambio. En un proceso similar, ¿la iglesia española exigirá la separación de poderes para no verse obligada a prohibir la discriminación en su seno por motivo de sexo?; ¿el estado actuará para evitar la discriminación actual en la iglesia? En suma, ¿se derogará el “obstat sexus” o, de nuevo, “con la iglesia hemos topado”?. Por más que se insista en que el debate no deba iniciarse, no se podrá encerrar bajo “siete candados como el sepulcro del Cid” porque España no es diferente. El V Centenario del nacimiento de Teresa de Ávila podría suponer un impulso hacia la equidad en la Iglesia.

El poder y la ética: ¿es un axímoron la ética del poder?

Asamblea ciudadana "Sí se puede"

El proceso constituyente de Podemos llega a su fin el 15 de noviembre, después de dos meses de intenso trabajo a través de la Asamblea Ciudadana ‘Sí se puede’ y sometido a votación de casi doscientas mil personas inscritas. Por un lado se han elaborado, debatido y votado los tres documentos de principios básicos (éticos, políticos y organizativos); por otro, se han elegido las personas representantes en la Secretaría general (1), el Consejo ciudadano (17 de CC.AA y 62 para Áreas de trabajo) y la Comisión de Garantías (5 titulares y 5 suplentes). Informativamente se ha destacado, sobre todo, la diversidad de posiciones iniciales en el ámbito organizativo (si se proponía o no una secretaría general unipersonal o colegiada) pero ha tenido menos repercusión el trabajo realizado en el ámbito de los principios políticos y, menos aún, en el de los principios éticos.

Del borrador propuesto para cada uno de los tres documentos de principios (éticos, políticos y organizativos), se debatieron más de cuatrocientas elaboraciones y se pusieron todos ellos sobre el panel de votación on-line. El documento de principios éticos es el que menos modificaciones ha tenido y, también, es el más breve (en torno a 5 páginas), menos de la mitad que el de principios políticos y menos de la cuarta parte que el organizativo. ¿Quiere esto decir que es el que menos interés ha suscitado o es el que más adhesión ha suscitado desde el principio?.

La preocupación ética o moralizadora de la vida pública y de la política particularmente es una preocupación básica de Podemos y no se para en las fronteras de la política nacional. Ante el Parlamento Europeo se defiende la llamada ‘Directiva Villarejo’ con tres ejes: 1) erradicar la corrupción política; 2) combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales; y 3) poner fin a la vergüenza en las fronteras comunitarias, garantizando el respeto a los DD.HH.

El compromiso ‘ético’ en Podemos afecta sobre todo a los representantes políticos de dicho partido, que firman previamente dejar el puesto si los incumplen, pero también a los propios inscritos (militantes y simpatizantes) que firman defenderlos en todos los aspectos de la vida pública. El texto aprobado con el 80,7% de los votos on-line corresponde a la propuesta de ‘Claro que Podemos’ (grupo promotor de la Asamblea ciudadana ‘Sí se puede’):

Preámbulo

La pertenencia a PODEMOS implica un compromiso ético con los valores centrales de la iniciativa que deberá ser suscrito por todas las personas que quieran participar en ella.

PODEMOS nace como herramienta para la participación ciudadana y la unidad popular. Aspiramos a recuperar la política para ponerla al servicio de las personas. PODEMOS es un método: la democracia. Promovemos la participación democrática directa de todas las personas en los ámbitos de la decisión política, así como en la ejecución de las políticas públicas.

Como persona integrante de PODEMOS me comprometo a:

            I.          Defender la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en los ámbitos social, político e institucional de nuestra sociedad, avanzando hacia la resolución pacífica de los conflictos.

            II.         Promover la participación directa e igual de toda la ciudadanía en los espacios de adopción de decisiones y en los ámbitos de ejecución de las políticas públicas.

            III.       Trabajar a favor de la recuperación de la soberanía popular y democrática.

            IV.       Promover la igualdad tanto en la sociedad como dentro de Podemos, luchando contra toda forma de racismo, de xenofobia, de machismo o de exclusión por identidad de género u orientación sexual. Además se deberá promover la participación política de las mujeres en Podemos y comprometerse con incluir en los reglamentos de cada espacio la necesidad de habilitar guarderías en los actos y asambleas de la organización.

            V.         Velar para que la participación en PODEMOS sea siempre libre, voluntaria y abierta a todas las personas que, sin distinción de su estatus civil o social, comparten la defensa de la Declaración Universal de los Dere­chos Humanos y el método democrático de participación ciudadana y directa.

            VI.       Debatir con honestidad todas las opiniones y respetar a todas las personas con independencia de cuáles sean sus pareceres, fomentando el diálogo y la búsqueda de consenso.

            VII.      Exigir y respetar que la elección de candidatos o candidatas a cualquier institución de representación po­lítica (cámaras municipales, diputaciones provinciales, parlamentos autonómicos, congreso de los diputados, senado, parlamento europeo o cualquier otro) se lleve a cabo mediante elecciones primarias abiertas a toda la ciudadanía, con listas abiertas sólo corregibles mediante criterios de género. Rechazar el transfuguismo y velar para que ningún cargo electo pueda formar parte de PODEMOS si previamente no ha sido elegido para desempeñar tal función en un proceso de primarias abiertas y participadas por toda la ciudadanía.

            VIII.     Exigir y respetar que cualquier pacto previo o posterior a las elecciones con cualquier otra formación política sea sometido a la aprobación democrática mediante la consulta abierta a toda la ciudadanía en todos y cada uno de los niveles territoriales de representación.

            IX.        Exigir y respetar que cualquier cargo electo sea un mero representante obligado a vincular sus decisiones al método abierto y democrático de participación a lo largo de todo su mandato.

            X.         Impedir que Podemos en su gestión económica participe de productos bancarios de financiación de insti­tuciones basadas en el lucro. Se excluye expresamente la posibilidad, por tanto, de financiación bancaria en este sentido.

            XI.        Construir PODEMOS como plataforma para garantizar que la política deja de ser un espacio al servicio de intereses privados, para lo cual todos los cargos electos y cargos internos de PODEMOS aceptarán:

            a) La limitación salarial que se establezca con carácter general para cada nivel de representación, asumiendo la total transparencia de sus ingresos por cualquier concepto y la obligación de rendir cuentas públicas y asu­mir la gestión transparente de su patrimonio.

            b) La limitación que se establezca con carácter general sobre el número de funciones públicas que pueda desempeñar una única persona y a recibir un único salario por las mismas, salvo que sumen menos de tres salarios mínimos.

            c) La renuncia a cualquier privilegio jurídico o material derivado de forma directa de la condición de repre­sentante, proveyendo desde la responsabilidad del cargo público evitar el acogimiento a cualquier figura de aforamiento judicial.

            d) El compromiso de transparencia y la rendición de cuentas a lo largo y al final de su actividad como repre­sentante.

            e) El compromiso de inhibirse en la toma de decisiones y de abstenerse de optar a cargos electos con el obje­tivo de representar intereses personales, económicos o políticos ajenos a los que correspondan en cada caso al cargo electo en cuestión. El Régimen de Incompatibilidades que desarrollará el Consejo Ciudadano tendrá por objeto garantizar este punto no sólo en términos éticos sino también normativos y en cualquier caso reco­gerá la restricción del derecho al sufragio pasivo a cargos orgánicos internos a miembros o afiliados de organi­zaciones políticas de ámbito estatal.

            f) Asumir la imposibilidad de ocupar el acceso después de asumir cargos públicos a la empresa privada cuya actividad haya o hubiera tenido conexión de intereses en sus tareas como representante, con prohibición expresa de asumir durante 10 años responsabilidades ejecutivas en empresas conexas con sus responsabilida­des, y nunca como miembros en Consejos de Administración de empresas que actúen en sectores estratégi­cos o de relevancia económica nacional, así como proveer efectivamente no acogerse a ningún beneficio fiscal que pudiera derivarse de la actuación de cargo público.

            g) El compromiso de renuncia al cargo público, interno del partido o a cualquier candidatura a los mismos en caso de ser procesado o condenado por las faltas y delitos que se determinarán en el Reglamento al efecto que habrá de publicar la Comisión de Derechos y Garantías, y que en cualquier caso incluirán siempre los delitos de corrupción, económicos, acoso sexual, violencia de género, pederastia y maltrato infantil, contra los derechos de los trabajadores, ecológicos y urbanísticos.

            h) Evitar la contratación pública con empresas en las que el miembro de Podemos o sus familiares puedan tener algún tipo de interés económico.

            i) Limitación de mandatos asumiendo la limitación de cargos públicos o internos del partido a una duración de ocho años, que pudiera prorrogarse excepcionalmente a un máximo de 12 años.

            j) Impulsar el laicismo, promoviendo un sistema democrático fundado en la libertad de conciencia, sin apoyar ningún culto o religión.

            XII.      Además, todas las personas         titulares de CARGOS DESIGNADOS POR PODEMOS en cualquier órgano de las ADMINISTRACIONES PÚBLICAS o de cualesquiera de sus ENTES INSTRUMENTALES deberán aceptar:

            a) A desempeñar con lealtad a la ciudadanía, sencillez, moralidad y transparencia los puestos para los que ha­yan sido designados, velando por el buen uso de los bienes públicos y por una gestión de los recursos públicos basada en principios de eficiencia, equidad y eficacia.

            b) A no tener ningún privilegio jurídico o material derivado de forma directa de la condición de representantes proveyendo desde la responsabilidad del cargo público evitar el acogimiento a cualquier figura de aforamiento judicial.

            c) La limitación salarial que se establezca con carácter general para cada nivel de responsabilidad, sin que pue­da superarse en ningún caso el sueldo más alto establecido para el nivel del grupo funcionarial o laboral para el que estén capacitados en función del título exigido para el ingreso (A1, A2, B, C1 y C2) en cada Administra­ción Pública, salvo en lo concerniente a las cotizaciones por desempleo.

            d) A renunciar en las Administraciones y Empresas Públicas a percibir un salario superior a los recogidos en el convenio colectivo o en el régimen retributivo del resto de personas empleadas sin percepción de com­plementos o conceptos retributivos diferentes. No habrá privilegios de ningún tipo, solamente los derechos derivados del Convenio Colectivo que les será íntegramente de aplicación.

            e) A no cobrar sueldos o remuneraciones, cualquiera que sea su denominación, por la pertenencia a los Con­sejos de Administración de ningún Ente u Organismo Público, derivada del ejercicio de sus funciones públicas.

            f) A renunciar a cualquier plan o fondo de pensión que la Administración Pública respectiva pudiese haber contratado al margen de los que tengan derechos los empleados públicos. No habrá más derechos en materia de jubilación con cargo a los fondos públicos que los establecidos en la Seguridad Social, en Clases Pasivas del Estado o aquellos que la Administración Pública tenga contratados para sus empleados públicos.

            g) A no realizar gastos superfluos de los fondos públicos, moderar los costes de transporte y alojamiento ajus­tándose a las dietas e indemnizaciones establecidas para el personal funcionario o laboral. En caso de necesi­tar indemnizaciones por razón de desplazamiento, alojamiento o manutención, no podrán superar las estable­cidas normativamente para el personal funcionario o laboral ni, en el caso de empresas públicas y organismos asimilados, las que cobra el personal de los mismos por Convenio Colectivo. Renunciarán a las dietas de altos cargos de la Administración.

            h) A no percibir ninguna remuneración ni cesantías de ningún tipo una vez finalizada su designación en el cargo. Quienes con anterioridad al cargo fueran titulares de un empleo público serán repuestos con carácter definitivo en el último puesto del que fueran titulares definitivos u otro puesto equivalente en términos de salario, dedicación, área de actividad y localidad, debiendo incorporarse a ellos en los plazos previstos para la toma de posesión en los procesos de provisión de puestos de trabajo. Quienes no fueran titulares de un empleo público cobrarán la prestación que les corresponda.

            i) Las personas titulares de altos cargos renunciarán a la asignación de vehículo oficial de carácter permanente excepto cuando los cuerpos de seguridad del Estado así lo recomienden expresamente por razones de protec­ción personal. En cualquier otro caso, el uso de vehículos oficiales sólo podrá hacerse cuando sea imprescin­dible para el servicio público, en la forma y condiciones similares a las del resto del personal y en ningún caso se utilizarán para desplazarse al domicilio propio o familiar u otros usos no vinculados con lo estrictamente necesario para el ejercicio de las funciones públicas. En lo posible darán ejemplo con el uso de medios de transporte colectivo u otros medios de transporte respetuosos con el medio ambiente.

            j) A no percibir cobro en especie de ningún tipo y en especial a la percepción de ayudas al alquiler cuando estos tengan residencia continuada –bien por alquiler o compra– en la localidad o alrededores donde se en­cuentre la sede en la que ejerzan sus funciones públicas. En el caso de que no tuvieran residencia en la locali­dad del centro de trabajo y tuvieran que percibir ayuda, el montante será justificado y la vivienda será digna y adecuada a las necesidades de su familia.

            k) Respetar el deber de abstención previsto en la legislación vigente.

            l) Los cargos públicos designados por Podemos se comprometen a la democratización del ejercicio de sus funciones, a dar un trato humano y digno a la ciudadanía, especialmente con quienes tengan menos recursos económicos, sociales o culturales y a escuchar a todas las personas que lo soliciten, sin que tal obligación pue­da ser delegada al personal bajo su dependencia.

            m) Las personas titulares de cargos públicos procurarán la participación del personal en el desempeño de su misión, su empoderamiento y la mejora de la organización pública a su cargo, fomentando la asunción de responsabilidades y proporcionando reconocimiento público al personal a su cargo por el buen desarrollo de sus funciones. Se comprometen a evaluar de forma objetiva el desempeño del personal a su cargo, a combatir cualquier forma de discriminación y a perseguir el acoso laboral. Promoverán la mejora del clima laboral, la prevención de riesgos laborales en su ámbito, la mejora de las condiciones de trabajo y el respeto medioam­biental. Promoverán la cultura de mejora de la gestión pública orientada a la ciudadanía, fijarán la misión de la organi­zación a su cargo de acuerdo con los planes y programas previstos y difundirán los valores éticos y democráti­cos para su logro, persiguiendo con firmeza cualquier signo o indicio de fraude o corrupción. Periódicamente se someterán a evaluaciones de gestión y liderazgo.

            n) A crear y facilitar en las áreas de trabajo que tengan bajo su responsabilidad un clima y una cultura adminis­trativa de transparencia, rendición de cuentas y puertas abiertas a la ciudadanía rechazando comportamientos autoritarios y no democráticos.

Suscribo este compromiso en libertad, entendiendo todos y cada uno de los puntos que aquí se seña­lan y asumiendo su defensa como mejor garantía para la construcción de una sociedad más justa en la que todas las personas seamos más libres.

Argentina contra Franco. El gran desafío de la impunidad de la dictadura, de Marío Amorós

Evaristo Villar

Pascual Serrano acaba de publicar en la colección A Fondo, de Akal, un librito de poco más de cien páginas, escrito por Mario Amorós, doctor en Historia y periodista, autor, a su vez, de otros diferentes libros entre los que destaca Allende. La Biografía. Argentina contra Franco intenta acercarnos al proceso “judicial e histórico” contra el franquismo que está llevando la justicia argentina, dirigida, en este caso, por la jueza María Servini de Cubría. Más de trescientas personas y cien organizaciones respaldan desde CEAQUA (Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina), creada en 2012, la querella contra “todas las expresiones de represión del fascismo español entre julio de 1936 y junio de 1977: los fusilamientos, la tortura, la prisión política, el exilio, el trabajo esclavo, el robo de bebés, los desaparecidos, los depurados, las fosas del olvido, etc.” (9 y 97).

El texto se ajusta perfectamente a lo que Pascual Serrano espera de esta colección: información veraz, rigor en el análisis y lenguaje accesible.

El trabajo de Mario Amorós se desarrolla en tres escenarios complementarios. El primero, que titula Proceso a una dictadura criminal, aporta las escalofriantes cifras que, según el “holocausto español” de Paul Preston 2011, se produjeron durante el golpe militar del 1936, la crueldad de la victoria del 1939 y 1940 y la coerción de una dictadura que se apoyó básicamente en la implacable represión de la Brigada Político-Social y en los juicios-farsa del Tribunal de Orden Público. Después del cínico castigo que el desacreditado sistema jurídico español ha perpetrado contra el juez Baltasar Garzón, la Querella Argentina, actualmente en activo, se presenta como el único intento serio de hacer justicia a los vencidos, es decir, a las oficialmente olvidadas víctimas del lado republicano.

El segundo escenario se centra en el emblemático edificio de la Real Casa de Correos (siglo XVIII) de la Puerta del Sol de Madrid, donde se proclamó la II República el 14 de abril de 1931 y se convirtió luego, durante la dictadura franquista, en sede de la Dirección General de Seguridad y de la Brigada Político-Social. El autor, refiriéndose a este sórdido y tétrico lugar, principal foco de la represión franquista, no duda en calificarlo como “El infierno de Sol”. Reconvertido actualmente en flamante sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, nada alude en él a esa otra “historia siniestra” de más de 40 años durante los que fue una oscura catacumba para causar, de entrada, terror a los detenidos y prepararlos para los terribles interrogatorios y torturas que les esperaban después (41).

En este largo capítulo el autor recoge y relata, entre los miles de visitantes forzados a entrar es este terrible lugar —cuyas vidas quedaron para siempre marcadas por “el odio, la crueldad y el sadismo” de los torturadores (45) —, el estremecedor testimonio de diez destacados militantes que no hipotecaron su dignidad personal, ni la libertad de las clandestinas formaciones políticas y sindicales a las que pertenecían, ante la crueldad de las torturas. Algunos nombres nos resultan suficientemente conocidos como Willy Meyer, Julián Hidalgo, Jesús Rodríguez, Chato Galante, Paco Lobatón, Felisa Echegoyen y Roser Rius Camps, Alfredo Rodríguez, Manuel Blanco Chivete, etc. Su memoria pone en sordina la ejemplaridad de una Transición que no fue en esto precisamente modélica, y deja, sobre todo, en muy mal lugar la injusta y desafortunada amnistía del 1977, hecha desde la insensibilidad del poder y su desprecio a una parte muy significativa de la ciudadanía española.

Es muy significativo al respecto el “reciclaje e impunidad” del que han gozado los mayores torturadores materiales vinculados a esa “casa de los horrores”. Mario Amorós trae a escena por el inhumano papel desempeñado por estos victimarios, entre otros menos conocidos, a Saturnino Yagüe (comisario ya fallecido), a Roberto Conesa (“el superagente” implicado en la detención de las “Trece Rosas” y en la sucia lucha posterior contra el GRAPO), a Manuel Ballesteros (uno de los “más despiadados agentes”, posteriormente condenado varias veces por su lucha sucia contra ETA), a José Sainz González (investigador policial que acabó siendo director general de la Policía Nacional); y, sobre todo, Juan Antonio González Pacheco (Billy el Niño), que se consideraba a sí mismo como el “pistolero de Far West” (70) y que, según todos los testimonios, “disfrutaba torturando a los detenidos“ (73); “Billy es, a juicio de Enrique Aguilar Benítez, catedrático de filosofía, un sádico, un excelente policía para la dictadura” (94).

Leyendo estos relatos de tortura y reflexionando sobre los argumentos y razones que utilizaban los torturadores para justificar sus prácticas inhumanas, no puedo evitar la repugnancia que me provoca “esa mezcla de odio, crueldad y sadismo” con que actúan (45), el “disfrute en la humillación y la tortura” (49), y, sobre todo, la forma cómo “bordaban su trabajo” sucio porque “estaban convencidos de que era lo que les pedían sus jefes”. Me viene a la memoria la “banalidad del mal” con que califica Hannah Arent estas conductas expresamente educadas para obedecer ciegamente la ley y seguir órdenes superiores sin preguntarse nunca por la moralidad ni las consecuencias de las mismas.

El tercer escenario, que Amorós titula “hacia el fin de la impunidad”, se inicia con el poema “Siempre” de Pablo Neruda (“Un día de justicia conquistado en la lucha”) y se cierra con el convencimiento expresado por los componentes de la CEAQUA ante el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza: “Queremos juzgar la dictadura, no estamos hablando de los casos concretos de dos personas (Jesús Muñecas Aguilar y Billy el Niño, para quienes se solicitó la extradición en septiembre de 2013). Pronto tendrán más solicitudes de extradición, y luego más, y más. Desde octubre en todo consulado argentino en cualquier país una persona puede denunciar crímenes del franquismo y a un criminal concreto. Es un proceso que no lo van a poder parar” (98).

Cada día que pasa se me va imponiendo con mayor fuerza la imagen de una sociedad, en la que vivo, fundamentalmente buena y escrupulosamente respetuosa con viejas leyes y malas tradiciones. Como los nenúfares sobre el impasible cristal del lago, emergen en ella, predominantemente, aquellas personas que saben rodearse de un clima apropiado, es decir, los pícaros, los caciques y los perversos. Y estos también hunden cínicamente sus raíces hasta la profundidad del lago para chupar las bondades de una sociedad demasiado obediente y sumisa. ¿Hasta cuándo?

La Justicia desahuciada, de Elpidio José Silva

Benjamín Forcano

Venimos siguiendo desde hace unos años los agitados recovecos de la economía y de quienes son dueños de la misma. La economía es pieza clave en determinar el rumbo a seguir por los pueblos; la economía, no la ética. Y esto explica la temeridad del juez Elpidio José Silva que se propuso recoger pruebas que atestiguasen la mala gestión de la economía en nuestro país. Y lo hizo atreviéndose a atacar una de las caras más visibles del poder financiero, político y social: “Recorrimos los protocolos, irregularidades y vericuetos de la gestión bancaria, desvelamos intenciones y resultados. Nos entregamos a fondo… No nos cabe duda: tarde o temprano llegará el deshielo de la verdad congelada en estas causas procesales” (La Justicia desahuciada, pg. 236).

Aunque algo sabemos de lo ocurrido, nada como sumergirse en la lectura de quien revela datos de primera mano en toda la aventura sufrida por reabrir (finales de noviembre de 2012) las Diligencias Previas sobre el caso Blesa.

Será difícil encontrar otro caso en el que el acoso institucional y mediático se haya desplegado con tanta intensidad. Acoso que provenía de la Fiscalía y del mismo Consejo General del Poder Judicial, ampliado luego por otros cauces mediáticos. Se trataba de abrir al juez expedientes (hasta cuatro le tocó sufrir) para lograr incapacitarlo y apartarlo de su función jurisdiccional.

El Juez Elpidio tuvo certeza de las pruebas y no duda en reabrir el caso Blesa, con lo que provocó gran alarma en un determinado sector del poder. Las investigaciones y espionaje estaban motivadas por haber abierto en su Juzgado las diligencias contra determinadas actuaciones realizadas en la entidad Caja Madrid. Había que encontrar un punto de apoyo para apartar al Instructor del Juzgado. Las inspecciones se llevaron a cabo, aun sin cumplir los requisitos necesarios, pero nunca se le pudo sancionar disciplinariamente.

“A estas alturas, escribe el Juez, a tenor de cuanto ha sucedido, estoy en condiciones de asegurar que mi error fue acertar demasiado” (Idem, pg. 235).

En medio de la gran crisis, el acoso despertaba mayor indignación, pues la verdad ya no se la podía encubrir ni callar: “Ha ido creciendo la conciencia de que la gestión de las Cajas de Ahorro ha constituido una de las claves de nuestro desastre financiero… Los casos Blesa, Banco de Miami, Bankia, tal vez Gürtel, o la posible estafa a cientos de miles de preferentistas constituyen procesos alrededor de la pésima gestión de Caja Madrid” (Idem, pg. 237).

Todo esto restallaba con fuerza contra la misma Constitución que establece que el ministerio fiscal tiene por misión “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley y velar por la independencia de los Tribunales” (Idem, Tit. 124, Art. 1).

Demasiado sabía el Juez Elpidio que “El poder judicial debe asegurar la total independencia de los jueces” (Tit. 127, Art. 2). ¿Podía dejar de investigar, someterse a las calumnias y acusaciones, optar por la resignación y esperar a que pasen los años? Le contesta: “ Sentado en ese banquillo de fría piedra, reproches disciplinarios y acusaciones falsas, decidí escribir este libro y en él describo la sarta de trucos y manipulaciones que los guardianes están urdiendo” (Idem, pg. 239).

Desde el momento en que fue apartado en el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, el caso Blesa y del Banco de Miami han quedado totalmente paralizados.

“Nuestro festín de burbujas y ladrillos nos ha sumido en un sueño del que no acabamos de salir. Ni jueces, ni fiscales ni gran parte de la ciudadanía termina de aceptar lo que sucede ni, sobre todo, las consecuencias que nos aguardan. Todos hemos contribuido a la llegada de la crisis, pero otros se han beneficiado principal y manifiestamente” (Idem, pg. 240). 

Hay que refomar profundamente ciertas instituciones, superar el abatimiento y la desconfianza, porque si bien es cierto que “Deambular por la justicia española es divagar por tierras extrañas, y aunque vociferes nadie te escuchará, la ciudadanía sí parece dispuesta a entonar un cántico de exigencia e indignación” (Idem, pg.12).

Hipótesis democracia. Quince tesis para la revolución anunciada

Miguel Ángel de Prada

El texto que reseñamos en Éxodo se presenta a sí mismo como un “libelo” (p. 20) y ¿qué mejor calificativo para encuadrar lo que se plantea desde las primeras líneas del Preámbulo?: “Apuntar hoy a una revolución o, peor aún, a una asociación entre revolución y democracia, como hipótesis política, no deja de ser una afirmación extemporánea y alucinada” (p. 15). Las diferentes partes del libro están atravesadas por esta apuesta fuerte o hipótesis, es decir, se asume que el momento actual es y se debe reconocer como un momento revolucionario y, a la vez, que la renuncia a dicha oportunidad es mantener una confianza ciega en la imposible regeneración interna.

El propósito del texto es aproximarse a cómo afrontar esta decisión y desde su propio método histórico se pregunta por qué hoy es tan difícil plantear la pregunta por la democracia y por qué cuesta tanto pensar en términos estratégicos en la era internet, incluso por qué se está volviendo tan confusa esta coyuntura a los mismos actores que tras el 15M han decidido apostar por la misma. Si el centro del debate político de los últimos 250 años (¿qué es ganar y cómo hacerlo?) se ha ido oscureciendo en las últimas décadas, este libro quiere hacer el esfuerzo por recuperar la memoria de las experiencias políticas en las que se probaron diferentes hipótesis en relación con interrogantes que básicamente fueron en su momento idénticos a los que nos hacemos en la actualidad. Pero, de forma modesta, dice contentarse con “justificar suficientemente la necesidad de apostar por una ‘revolución democrática’, tal y como parece seguirse del espíritu del primer 15M”, aun sabiendo que tal proyecto sólo puede ser el producto de la política en acto (p. 19); se asimila la emergencia del 15M a esos momentos en que democracia y revolución aparecen, a un tiempo in nuce y de forma concreta, como poder constituyente (p. 16).

El título del libro alude directamente a la apuesta por la “democracia” y el subtítulo especifica quince tesis que avalarían la “revolución anunciada”. El propio autor propone una división del texto en tres bloques para su lectura. El primero, desde la Tesis I a la V, expone la crisis europea del capitalismo financiero y la onda expansiva hasta la crisis del capitalismo en general, desembocando en el diagnóstico sobre la situación actual: que la crisis es de naturaleza política y que está determinada por el bloqueo de los mecanismos de regulación económica; también que es una crisis revolucionaria en cuanto otra salida es inexistente. Dado que esta parte es las más técnica, se recomienda al lector menos avezado que comience la lectura por el segundo bloque, de la tesis VI a X. En esta segunda parte se interroga directamente por la cuestión de la democracia y sus aporías desde el 68’ hasta ahora, es decir cómo se canceló la apertura del 68’ pero, también, cómo se puede producir de nuevo la misma. El tercer y último bloque, tesis XI a XV, plantea la cuestión de la radicalización democrática en España y la articulación de un proceso constituyente, sin olvidar que el marco político es la Unión Europea (tesis XV) y que el propósito es la fundación de una nueva República (ver Epílogo) a escala continental.

Si el autor ha propuesto un guión de lectura, alterando el orden de las partes del texto, se pueden también observar otras disposiciones del texto que permiten nuevas aproximaciones a los lectores. Nos encontramos así en el “modelo para armar”, de Julio Cortázar. Como en aquél, algunos lectores advertirán diversas trans-gresiones a las convenciones, en este caso de la corrección política, mientras que otros apreciarán además a-gresión, pro-gresión y re-gresión, connaturales al final del capítulo 62 de “Rayuela” y que explican el título del libro de Cortázar, como explican la escritura del presente texto los debates y aportaciones de diversos colectivos, entre ellos la propia Fundación de los Comunes, Traficantes de Sueños y el Observatorio Metropolitano de Madrid a los que el propio autor pertenece. Por nuestra parte señalamos otras aproximaciones posibles: leer simultáneamente la primera y la última tesis, que abre y cierra el análisis con la situación europea (1ª “la crisis europea no tiene solución” y la 15ª “la revolución será europea o no será”), dado que propone el contexto geopolítico inmediato e ineludible de la apuesta. Del mismo modo encontramos en la tesis V y la Tesis X la explicitación de la idea central argumentativa: 5ª “esta crisis es una crisis revolucionaria” (no hay posibilidad de salidas dentro del sistema) y 10ª “decir revolución es decir democracia”, y por tanto pueden servir de eje de la lectura, mientras que, tal como ha propuesto el autor, a partir de la tesis XI se trata de la concreción a España. El Epílogo podría parecer como un exordio pero dado que aborda la cuestión de la forma de Estado en Europa, adquiere una importancia central: se señala la falta de análisis rigurosos sobre su arquitectura institucional, así como de perspectivas que conjuguen la crítica de la economía política con la potencia de movimientos europeos. En suma, el análisis echa en falta proyectos institucionales alternativos, precisamente cuando la historia recuerda que las dos grandes oleadas revolucionarias precedentes de la del 68’, la de 1917 y la de 1848, vincularon su suerte al triunfo de una revolución a escala continental. La apuesta por la democratización de la U.E., para el autor, en términos institucionales debería fundarse en el doble movimiento de centralización y descentralización, a partir de la constitución de un poder federal (de “abajo arriba”, es decir, en las antípodas de las cartas otorgadas) y de un poder republicano (“de abajo abajo”: separar el poder todo lo que sea separable). República, democracia y federalismo deben animar la discusión sobre el diseño institucional europeo pero, sea cual sea su forma, “el destino de la U.E. se jugará entre la revolución democrática o la involución bajo la dictadura del capital financiero” (p. 369). Por ello, las última palabras del texto marcan todo un programa europeo: “Y así, por primera vez será posible una democracia que lo sea, sin rapiña exterior, sin esquilmación ecológica. Una democracia sentada sobre los únicos pilares de la decisión directa del cuerpo social, el reparto de la riqueza y la unión libre de sus viejas regiones” (p. 370).

Pero hay más paralelismo con el “modelo para armar”, dado que no sólo permite permutar el orden de las partes, sino que apunta al nivel del sentido en el que “la opción del lector, su montaje personal serán en cada caso el libro que ha elegido leer”, tal como señala Cortázar. Esto pretende esta reseña, animar a cada lector a elegir el libro, la lectura que le haga comprender la elección que debe realizar en este tiempo de deslegitimación del modelo de la transición española. Porque, ¿quién no ha visto un significado simbólico en la coincidencia temporal entre el día en que se dijo “adiós” al primer presidente de la transición otorgada y el día en que Madrid recibió con un “hola” de bienvenida a las marchas reivindicativas de miles de personas que proclamaban una nueva carta de la democracia?

 

22 de marzo Marchas de la Dignidad – Manifiesto

Pan, trabajo y Techo para tod@s

No al pago de la deuda, ni un recorte más, fuera los gobiernos de la Troika, Pan,  trabajo y techo para todos y todas

En 2014 nos encontramos ante una situación extremadamente difícil, una situación límite, de emergencia social, que nos convoca a dar una respuesta colectiva y masiva de la clase trabajadora, la ciudadanía y los pueblos.

Millones de trabajadores y trabajadoras se encuentran sin empleo. Tener unas manos para trabajar; tener una carrera terminada; disponer de tu capacidad tanto manual como intelectual y no encontrar un trabajo digno es humillante. Se está desperdiciando el talento colectivo de una sociedad, hipotecando indefinidamente su futuro. Los trabajadores y trabajadoras no se merecen este atropello a nuestra dignidad colectiva.

Cientos de miles de familias han perdido su casa. No hay nada más inhumano que desalojar a una familia de su hogar, solo para alimentar la voracidad insaciable de unos banqueros sin escrúpulos. Banqueros a los que los Estados siervos de la Troika alimentan a costa de empobrecer aún más a la clase trabajadora y a las personas más indefensas.

Mientras, la patronal, aprovechando el drama del paro masivo, aprieta las tuercas a la baja de los salarios y de las condiciones de trabajo a las personas que aún tienen un empleo. Trabajadores y trabajadoras que, ante la difícil situación, no pueden ni siquiera cuestionar su papel de meros explotados/as por el capital. El sistema intenta obligarnos a mostrar agradecimiento a los empresarios, convertidos por el sistema en benefactores de la sociedad. Es hora de repartir el trabajo y la riqueza, y que las personas trabajadoras puedan sentirse dueñas de su futuro.

Nuestra juventud no tiene posibilidad de forjar un proyecto de vida digno con las actuales políticas y  se ve abocada a buscarse la vida en el extranjero como antes hicieron nuestros padres y abuelos.

Decimos no a un sistema patriarcal que nos arrastra a épocas del pasado, quitándonos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, negándonos la capacidad para decidir sobre si queremos o no ser madres, provocando la vuelta a los hogares para dedicarnos a la crianza.

Estamos sufriendo las políticas ejecutadas por el gobierno del PP al dictado de la Troika (Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea), consistentes en el robo de derechos y el empobrecimiento generalizado de la mayoría social. Estas políticas que se fundamentan en el pago de una deuda ilegítima que no han con­traído los ciudadanos y ciudadanas, son producto de la especulación bancaria y los excesos de los distintos gobiernos.

Privatizan lo rentable mientras nos recortan el presupuesto en salud, educación, dependencia, transportes públicos, agua, energía, comunicaciones, servicios sociales, etc., lo que redunda negativamente en nuestros derechos ciudadanos. Se ríen de nuestros mayores que sufren una enorme pérdida de su poder adquisitivo, mientras ven cómo sus ahorros de toda la vida están secuestrados por la estafa bancaria de las preferentes y otros productos financieros delictivos.

El gobierno del PSOE, con el apoyo del PP, modificó el artículo 135 de la Constitución para que se priorice el pago de la deuda frente a los derechos y necesidades de las personas. Lo justificaron diciendo que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades y que había que ser austeros y, por tanto, era imperativo recortar el déficit. Sin embargo, no ha habido ningún recorte a la hora de inyectar decenas de miles de millones de euros para salvar a los bancos y especuladores.

Están aprovechando la crisis para recortar derechos. Estas políticas de recortes están causando sufrimiento, pobreza, hambre e incluso muertes y todo para que la banca y los poderes económicos sigan teniendo grandes beneficios a costa de nuestras vidas.

Porque nos han robado la libertad. Al capitalismo le sobran las libertades y los derechos de la mayoría social. Es un sistema que busca exclusivamente el beneficio privado de unos pocos y que nos lleva inexorablemente a una catástrofe medioambiental y social de alcance incalculable.

Para la mayoría social esta crisis-estafa está significando un gigantesco drama humano. Sin embargo, para una insignificante minoría supone un gran negocio. Y cuando se protesta, siempre obtenemos la misma respuesta: la represión y criminalización del sindicalismo de clase y de los movimientos sociales. Es un sistema que necesita la represión para mantenerse y que debe ser superado con la lucha en la calle.

La descomposición del régimen surgido de la Constitución del 78 se hace evidente debido a los mismos elementos presentes en su nacimiento, el cual tuvo lugar en contra del pueblo, está corroído por la corrupción y no tiene ninguna legitimidad. Los derechos y libertades nos han sido robados para favorecer los intereses de una minoría y asegurar sus beneficios, los mismos que nos han llevado a este estado de excepción social, a base de desmantelar la educación y la sanidad públicas, de reducir drásticamente las pensiones de nuestros mayores, de apoderarse de nuestras  viviendas y de cerrar empresas, y despedir a miles de trabajadoras y trabajadores.

Los distintos Gobiernos se sitúan fuera de la legalidad, convierten en negocio los derechos que tanto costaron conquistar y sustentan la corrupción, un hecho generalizado pero no independiente del sistema económico, que forma parte de la estructura misma de esta sociedad y es indispensable para su desarrollo. Tanto los corruptores como los que se dejan corromper forman parte de este sistema injusto de producción y distribución de la riqueza.

Llamamos a los pueblos a que ejerzan su soberanía, alzando su voz de abajo arriba, democráticamente, para construir un proceso constituyente que garantice realmente las libertades democráticas, el derecho a decidir y los derechos fundamentales de las personas.

Desde la MARCHA DE LA DIGNIDAD 22M, consideramos que es importante articular una movilización unitaria, masiva y contundente contra las políticas que atentan contra los derechos humanos y la justicia social.

Una movilización contra el pago de la deuda, por el empleo digno, por la renta básica, por los derechos sociales, por las libertades democráticas, contra los recortes, la represión y la corrupción, por una sociedad de hombres y mujeres libres, una movilización contra un sistema, un régimen y unos gobiernos que nos agreden y no nos representan.

Exigimos, por tanto, que se vayan. Que se vaya el Gobierno del PP y, también, todos los gobiernos que recortan derechos sociales básicos, todos los gobiernos que colaboran con las políticas de la Troika.

Por eso hacemos un llamamiento a llenar de dignidad y rebeldía la capital del Estado español, Madrid, el 22 de Marzo. Ese día llegaremos columnas de todas las latitudes de la Península a Madrid y convocamos a los madrileños y madrileñas a salir a la calle e incorporarse a esa gran movilización de la mayoría social.

¡ PAN TRABAJO Y TECHO A

LA CALLE, QUE YA ES HORA!

Carta por la Democracia*

Más de 200 personas de todo el Estado

Esta Carta nace desde un profundo malestar, pero también desde una profunda alegría. Malestar por la falta de confianza en un sistema político carente de legitimidad que desoye de manera reiterada las exigencias sostenidas por la inmensa mayoría. Alegría, por la certeza de la potencia de la movilización ciudadana, la que habla en primera persona del plural y trata de construir, para todo el mundo, una vida que merezca la pena ser vivida. Sin duda su presupuesto es el de la misma democracia: la gente, las personas, tienen capacidad para inventar otras formas de gobernarse a sí mismas y vivir en común. Este texto nace con la certeza de que las luchas de hoy son la base de la democracia que está por llegar.

Sin embargo, a pesar de las importantes movilizaciones que se han sucedido, las demandas expresadas se han visto reiteradamente desoídas. Ante este bloqueo institucional, solo cabe una salida: una profunda ampliación de la democracia basada en el control ciudadano sobre el poder político y económico. Esta Carta nace con el deseo de contribuir a este proceso de democratización. Nace con la vocación de apostar por un cambio de las reglas del juego: un cambio democrático orientado a devolver a la sociedad la capacidad efectiva de decisión sobre todo aquello que le concierne. Las alternativas a la democracia actual no son el caos o la dictadura. Es posible una democracia hecha entre todas las personas, una democracia no reducida al mero voto electoral, una democracia fundada en la participación, el control ciudadano y la igualdad de derechos.

Esta Carta nace con el deseo de contribuir a este proceso de democratización y, para ello, se presenta como un texto inacabado, abierto a su construcción permanente y a la participación de cualquiera. Esta Carta no quiere ser un programa político ni un catálogo exhaustivo de derechos, al igual que tampoco se pretende como un modelo de Estado terminado. Simplemente apunta los elementos básicos que, en una apuesta por la democratización, resultan necesarios para reconstruir un nuevo modelo institucional abierto a los deseos colectivos, las propuestas y la capacidad de autogobierno que desde hace tiempo están siendo expresados.

En definitiva, esta Carta se propone abrir un nuevo proceso de discusión que culmine en una reordenación política y económica dirigida a garantizar la vida, la dignidad y la democracia. Se presenta como contribución a la constitución de un nuevo acuerdo social, de un proceso de refundación democrática en el que las personas, los y las cualquiera, seamos los verdaderos protagonistas.

El texto se divide en cuatro partes: derechos y garantías, democracia política, democracia económica y democracia territorial.

DERECHOS Y GARANTÍAS

Una democracia digna de tal nombre exige el reconocimiento universal de una amplia constelación de derechos relativos a todos los ámbitos de la vida pública y de la reproducción social.

Esta Carta propone unas bases comunes para la definición de un nuevo sistema de derechos, derechos surgidos de las demandas y luchas de la propia sociedad, a través de sus múltiples formas de organización y participación.

Estos derechos redefinen las relaciones sociales, la producción y distribución de la riqueza y las relaciones entre los Estados nacionales, de acuerdo con una concepción del ser humano como sujeto con derecho a la autonomía pero en profunda relación de interdependencia con el espacio común que habita. En esta medida, se oponen a la concepción de los mismos como una mera atribución individual. Estos derechos deben ser reconocidos tanto desde su dimensión universal como desde su dimensión singular.

La garantía de estos derechos requiere de un marco institucional que ha de reconocer y promover el acceso a una vida política activa y democrática, el reconocimiento del derecho a la participación colectiva y directa como posibilidad real de expresión de un deseo ciudadano para poder decidir sobre todo aquello que afecte de forma significativa a la comunidad. Un marco que a su vez se haga cargo de que esa vida, la nuestra, es interdependiente y por lo tanto requiere de un sistema de protección colectiva.

El nuevo sistema de derechos debe reconocer a la sociedad misma como fuente de derecho y es por ello que se debe considerar abierto y modificable, si bien distinguimos entre los derechos universalmente reconocidos y aquellos que están en proceso de elaboración, ampliación y definición constante por la propia sociedad. Los principios básicos que inspirarán la nueva Carta con el objeto de dotarla de la mayor solidez y garantía institucional posibles son: la universalidad, la singularidad, la no regresividad, la igualdad y la suficiencia financiera.

DEMOCRACIA POLÍTICA

Los límites del actual sistema democrático no pueden resolverse desde el mismo lugar de donde surgen. Resulta pues necesario promover su refundación a fin de instituir una verdadera democracia.

La presente Carta apuesta por una democracia capaz de devolver el poder de decisión a la población sobre los aspectos fundamentales de la vida. Una democracia basada en la participación en la vida social y política, que permita decidir en común cómo queremos vivir. Esta Carta se presenta, así, como una apuesta por un nuevo acuerdo político construido de forma abierta y con la participación activa de la ciudadanía. Un acuerdo basado en el reconocimiento de la capacidad de la sociedad para organizarse, crear instituciones y gobernarse.

La construcción de esta democracia requiere de una serie de mecanismos ágiles, eficaces y transparentes articulados en distintos niveles y dirigidos tanto a profundizar en la participación directa como en el control de la delegación, vía representación, según se considere conveniente. Algunos de los mecanismos que podrían dar forma al nuevo ordenamiento político democrático son:

1. Democratización de los poderes públicos: control de la representación y reforma del sistema de representación electoral, democratización que se aplicará de manera extensiva no sólo a los poderes públicos sino también al resto de organizaciones sociales.

2. Reconocimiento y extensión de las formas de participación y democracia directa: ampliación de los instrumentos de democracia directa, reconocimiento de instrumentos de control ciudadano, desarrollo de mecanismos de deliberación colectiva en la vida pública y en todos los ámbitos relacionados con los bienes públicos y comunes.

3. La sociedad como fuente última de la Constitución y de los poderes del Estado: un modelo de constitucionalismo abierto, nuevas instituciones democráticas para la autotutela y el desarrollo de sus propios derechos.

El desarrollo de la democracia política permitirá no solo una separación real y efectiva de los diferentes poderes del Estado, sino también el control directo de la ciudadanía sobre los mismos. Por esta Carta la judicatura y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado quedarán también sometidos a los mismos requisitos de transparencia, democratización y control ciudadano.

DEMOCRACIA ECONÓMICA

No se puede concebir una sociedad democrática sin la garantía del sustento material necesario para el de­sarrollo de una vida digna y políticamente activa. No se puede concebir una sociedad democrática sin un acceso igualitario a la riqueza.

Esta Carta se propone recuperar los recursos sociales privatizados y concentrados en pocas manos con el fin de ponerlos a disposición de un proceso democrático real. Es por ello que se requiere una completa reconsideración de las funciones de las políticas económicas a fin de implantar el principio de bienestar de las poblaciones por encima del beneficio privado, financiero y corporativo. Se trata del reconocimiento real y no solo formal de que las leyes del mercado han de quedar supeditadas a la función social de la economía.

Con el objetivo de promover la democracia económica, esta Carta considera cinco pilares básicos:

1. Democracia financiera: Auditoría Ciudadana de la Deuda, creación de instituciones de utilidad pública conformadas por los activos financieros e inmobiliarios resultantes de las sucesivas reestructuraciones.

2. Reforma fiscal: la restauración de los principios de proporcionalidad y progresividad tanto para las rentas del trabajo como para los beneficios empresariales, la aplicación de nuevas tasas a la circulación financiera y de los tipos más altos a las rentas de capital y de patrimonio, la disminución de los impuestos indirectos y al consumo de los bienes básicos y la persecución del fraude fiscal.

3. Bienes público-comunes: la aplicación del estatuto de público-común a todos aquellos bienes e infraestructuras de interés general y también a los recursos y sectores estratégicos de la economía, que no podrán ser alienables y que deberán ser administrados de forma democrática.

4. Promoción de la economía social y de la democracia en las relaciones económicas: el desarrollo de un nuevo modelo de empresarialidad basado en los principios de la economía social, el cooperativismo y el respeto al medio ambiente; todas las empresas deberán organizarse progresivamente sobre los principios de: equidad, respeto al medio ambiente, transparencia y desarrollo sostenible. Y, además, serán recogidos los principios fundamentales del derecho laboral.

5. Ampliación de la protección social, reconocimiento de la riqueza común y derecho a una existencia digna: ampliación del sistema de pensiones hasta niveles dignos y suficientes, así como la ampliación de los mecanismos e infraestructuras de apoyo al cuidado colectivo.

DEMOCRACIA TERRITORIAL

La actual crisis económica y financiera ha puesto en evidencia la debilidad de la democracia a todas las escalas, así como la fragilidad de los mecanismos de reparto de la riqueza territorial. Los dictados del gobierno financiero a través de políticas de austeridad han establecido una particular geografía de la desigualdad, precipitando a algunos países y regiones al abismo económico y social.

Esta Carta propone a discusión un nuevo acuerdo territorial a todas las escalas basado en un modelo radicalmente democrático. Parte del presupuesto de que las decisiones y la gestión de los recursos y servicios se deben desarrollar en el nivel mínimo de unidad territorial, pero también que las formas de reparto de la riqueza han de estar organizadas de forma común para garantizar la equidad entre los territorios.

El nuevo modelo de acuerdo territorial será el resultado de un trabajo de consulta democrática y cooperación entre las distintas unidades territoriales. Deberá reconocer la mayor pluralidad posible y formarse a partir del derecho de los residentes en cada territorio a decidir democráticamente la pertenencia o no a las distintas unidades territoriales.

La democracia territorial se basará en los principios de: corresponsabilidad e igualdad, subsidiariedad, autonomía y suficiencia financiera.

El desarrollo institucional de las diferentes escalas territoriales se desarrollará a partir de los siguientes fundamentos:

1. Profundización de la democracia política, el autogobierno: de acuerdo con el principio de subsidiariedad se tenderá a desarrollar la democracia local y directa a la escala más cercana a las personas: los municipios y las ciudades.

2. Reconocimiento de las distintas escalas y realidades territoriales y solidaridad entre las mismas: las nuevas formas de unión política tomarán como objetivo el rechazo de las actuales formas de competencia territorial, así como la redistribución de la riqueza en todas las escalas.

3. Escala europea: en este ámbito se establecerá una verdadera unión fiscal, presupuestaria y bancaria y así como en el Estado español, en los que serán aceptados el principio de igualdad fiscal, la existencia de un presupuesto conjunto y la redistribución de la riqueza según métodos equitativos de reparto territorial. Una nueva constitución europea deberá garantizar todos los derechos fundamentales en cada una de las partes de la Unión.

De las plazas y las redes hemos aprendido algo simple y definitivo, que cambia para siempre nuestra forma de estar en el mundo.

Hemos aprendido que sí se puede.

…………………………….

* La Carta por la Democracia es un documento abierto en el que han participado hasta ahora más de 200 personas de Madrid, Málaga, Barcelona, Zaragoza, Pamplona, Valladolid, Sevilla, Valencia… Su intención es elaborar colectivamente un texto vivo que recoja las principales demandas, anhelos y necesidades de la ciudadanía en los últimos años. El texto íntegro de la carta se puede seguir en www.movimientodemocracia.net.

El agua, derecho humano y raíz de conflictos

Benjamín Forcano

La Fundación SIP adquiere personalidad jurídica en el 2002 , contribuye a la investigación para la paz en sus múltiples facetas con un enfoque interdisciplinar , independiente en sus orientaciones y desde 2004 está asociada al Departamento de Información Pública de la Organización de Naciones Unidas.

La investigación llevada a cabo en este libro aborda las raíces de la violencia directa y estructural existentes en el mundo en relación con el agua y propone respuestas para pasar del conflicto a las prácticas de cooperación.

El agua es parte de la vida misma, de toda clase de vida y, por lo mismo, además de un bien común universal, es un derecho humano del que nadie debe carecer. La crisis del agua no se debe a su escasez sino a la desigualdad, que genera pobreza y a las políticas equivocadas en su gestión. El agua viene unida a una serie de valores y significaciones que van más allá de lo material. Como dice Leonardo Boff , desde una razón humanística, vemos el agua como símbolo de vida, como algo sagrado, igual que toda la vida es sagrada. Puede convertirse en factor de conflictos y en ocasión de cooperación entre los pueblos.

Es toda una muestra de violencia estructural el hecho de que más de 1.200 millones de personas del mundo no tienen acceso garantizado a aguas potables y 2.600 millones carecen de un saneamiento adecuado. En el continente africano , el 80 % de la mortalidad global y el 50 % de la mortandad en los hospitales están directa o indirectamente vinculadas con el agua.

Hay una degradación sistemática de los ecosistemas acuáticos que explica el que millones de personas carezcan de agua potable y existen y estallan otros conflictos a causa de la tendencia privatizadora promovida por las instituciones económico-financieras internacionales.

El libro, a través de ocho estudios bien articulados, esclarece todos estos aspectos, y también la pugna por el control del agua, la disputas por el agua en los diversos continentes, las perspectivas para exponer cuál puede ser la aportación de un operador privado al objetivo de proveer agua potable a los ciudadanos, los principios de de intervención y las propuestas concretas de actuación, la Alianza por el Agua (que vincula administraciones públicas, empresas, centros de investigación y opinión, entidades sociales y ciudadanía), las Iniciativas Sociales de Mediación para estimular acuerdos, el nuevo paradigma de la Nueva Cultura del Agua ,entendiendo como tal “Una filosofía hidrológica que da valor a la profunda vinculación entre el ser humano y el agua, que hace pedagogía para la toma de conciencia de la espiral de degradación general, que afecta no sólo a los ríos y a los ecosistemas acuáticos en general sino también al alma humana, a la dimensión espiritual de las personas” (Prof. Javier Gil Martínez).

La familia en la Biblia. Una enseñanza, un manifiesto cristiano (Xabier Pikaza)

Evaristo Villar

Cuando este número de Éxodo está entrando en imprenta, aparece el libro de nuestro amigo y gran especialista en el tema, Xabier Pikaza, sobre La familia en la Biblia. Sin tiempo para hacer nuestra propia presentación, como hubié­ramos deseado, ofrecemos algunos párrafos tomados directamente de su presentación y conclusión. Estamos seguros que los lectores podrán apreciar la originalidad y riqueza que promete este libro que acaba de aparecer.

No hay en el mundo un libro de familia tan valioso como la Biblia,  no sólo para judíos y cristianos, sino para aquellos que quieran seguir abriendo un camino de vida, en línea mesiánica. Pienso que la Biblia, manual de cabecera de judíos y cristianos, sigue siendo el texto clave de nuestra identidad, de forma que debemos retornar a ella para entender lo que somos y anticipar lo que debemos ser en horas inciertas como son las nuestras…

Me voy a ocupar de la Biblia, entendida como Escuela y Libro de Familia, en un camino largo, que va de los Patriarcas y el Éxodo de Egipto, hasta Jesús y Pablo, con el Apocalipsis. Ella no resuelve todos los problemas que hoy tenemos, pero nos permite plan­tearlos con claridad, abriendo caminos de futuro, a medida que recorremos su historia, como iré mostrando. Las revoluciones esperadas no han dado el fruto que habíamos pensado, pero estoy convencido de que podemos acudir a la raíz del tema, que es la formación de la familia, en la línea de la Biblia… 

Estoy convencido de que, en un sentido muy profundo, la misma existencia de la humanidad depende de la forma en que entendamos y solucionemos los tema de familia, con sus tres ejes centrales: atracción afectiva (expresada de modo ejemplar en la pareja), transmisión de vida (reproducción y educación de hijos) y convivencia social (vinculada a la fraternidad universal).

Sin amor mutuo de adultos, con vinculación estable de personas (especialmente varones y mujeres), y sin acogida/educación personal de los niños/hijos en un contexto de madurez afectiva, es decir, relacional, la concordia sobre el mundo cesa, y la misma humanidad corre el riesgo de caer en manos de la opresión de algunos y/o de la violencia de todos, que puede llevarnos a la muerte. No es problema de números (¡muchos hablan de un peligro de super-población!), sino de identidad; si ellos “quieren”, los seres humanos pueden suicidarse, y lo harán, si no cuidan la familia.

Así pienso que en este tiempo crucial en el que estamos llamados a crear nuevas formas de vida, resulta clave la enseñanza de la Biblia (quizá con otras tradiciones religiosas y humanistas), no para saber simplemente lo que dice, sino para optar por lo que pide, según esta encrucijada: “Pongo ante ti la vida y la muerte… Elige la vida y vivirás…” (cf. Dt 30, 19-20). Para iluminar esa opción de vida he querido escribir esta “guía de familia en la Biblia”.

 En medio de una escandalosa y obscena injusticia social, con diferencias abismales entre ricos y pobres, iniciamos la nueva navegación de lo que algunos llaman la post-modernidad. Desde ese fondo, tomando como base lo dicho en este libro, quiero señalar algunas tareas abiertas, en clave de humanidad:

1. Educación en el amor. Quizá la primera y mayor de las tareas sea la educación en el amor y la palabra, no sólo para el matrimonio, sino también para la vida de los niños. Ciertamente, son importantes nuevas “políticas” sociales, que reconozcan el valor de la familia, creando condiciones económicas, no al servicio del puro capital (como es ahora), sino del despliegue y de la comunión de vida.

2. Más que la pobreza, el riesgo para la familia es el capitalismo, es decir, una cultura donde la vida de los hombres y mujeres (y el nacimiento y educación de los niños) está en manos del capital monetario, al que le importa ante todo su ganancia. Ciertamente, para mantenerse y “disfrutar” del capital, el sistema necesita  “producir” nuevas vidas humanas, para poder así perpetuarse, pues sin ellas muere. Pero como no sabe ni quiere comprometerse en ellos, y como además las vidas no se producen, sino que se engendran en amor y generosidad (cosa que no tiene), el sistema corre el riesgo de destruirse a sí mismo.

3. Fidelidad. En principio, el matrimonio es un compromiso de personas, que quieren vivir en amor fecundo, por encima del “dictado” del puro dinero, en igualdad dialogal, sin dominio del hombre sobre la mujer. Entendido así, es una vocación, una llamada al encuentro renovado de unos seres que, al conocerse progresivamente, descubren su verdad, cada uno en el otro. Ésta es una vocación de Reino, que los esposos han de actualizar en cada momento, una experiencia que la Iglesia debe potenciar y ensayar entre los creyentes, abriéndola a todos los hombres y mujeres, pero sin imponerla.

4. Control de la natalidad. Éste es un problema médico y antropológico moderno, planteado y formulado en la segunda mitad del siglo XX por el papa Pablo VI, en su encíclica Humanae Vitae (1968), donde rechaza el uso de los anticonceptivos químicos y de otros medios físicos (preservativos), que se empezaban a emplear normalmente para evitar que la mujer quedara encinta. Han pasado casi cincuenta años, y una parte considerable de la iglesia empieza a plantear el tema de otra forma, insistiendo en la libertad creadora de los esposos/padres, para que los niños nazcan de su deseo y  amor generoso, no por imposición de la naturaleza. En ese nivel, el tema físico/químico de los anticonceptivos o medios de regulación de la natalidad queda en segundo plano…

 5. ¿Revolución de la familia? Estamos superando ya un estadio cósmico-biológico de la humanidad y del conocimiento, que había culminado en el pensamiento racional de Grecia y en la ciencia moderna. Lo que ahora empieza es totalmente distinto, una etapa de la humanidad que ha de fundarse en la palabra personal: Hombres y mujeres estamos descubriendo con Jesús nuestro “fondo divino”, pero no en un plano cósmico-biológico (como el de los dioses antiguos del neolítico), sino a través de la palabra, que nos hace creadores de lo que somos y de lo que podemos “engendrar” suscitando nueva vida humana. Hasta ahora, básicamente, hemos creado familia por impulso de la naturaleza, y hemos terminado cayendo en manos de la idolatría de un capital anti-humano. Ahora debemos crearla libremente, por nuestra palabra, en amor gratuito, liberándonos de la imposición del capital absolutizado. Somos responsables de Dios sobre la tierra, estamos llamados a crear su familia, con Cristo y desde Cristo (hijo de Dios).

6. Más allá del sistema, ante el mundo de la vida. La ciencia nos ha permitido no sólo dominar amplias parcelas del mundo, convirtiendo la tierra en una especie de gran empresa/fábrica destinada a producir bienes de consumo para los más ricos. Podemos comunicarnos casi de un modo total e instantáneo, en el plano de los conocimientos objetivos.  Pero hemos dividido la humanidad en dos grupos enfrentados (ricos y pobres) y, sobre todo, nos hemos perdido en el campo del mundo de la vida.

Eso significa, como he dicho, que podemos tener casi todo lo que deseamos, pero corremos el riesgo de destruirnos a nosotros mismos, pues hemos “perdido” la orientación en el mundo de la vida.  Tenemos cosas (¡los privilegiados!), pero no sabemos para qué, ni sabemos si podremos dejárselas a nuestros hijos, pues posiblemente seamos incapaces de “engendrarles” en amor, como auténticas personas. Éste es el problema, y está centrado en el “mundo de la vida”, es decir, en el campo de las relaciones familiares donde se sitúa el matrimonio (y las diversas formas de vinculación personal humana), con la apertura hacia los más pobres. El futuro será de aquellos que sean capaces de crear vida, de abrir caminos de auténtica familia, de manera que el recuerdo del pasado se vincule con la esperanza del futuro.

Ni oasis ni “omertá”

José María Mena

Aquí hubo mucho que denunciar pero no denunciantes; Pujol se benefició de un provechoso silencio cooperador y cómplice

Se hablaba del oasis catalán, pero todos sabíamos que nunca existió. Un oasis es un vergel en el desierto, y en sentido figurado, un refugio frente a las penalidades. Un oasis implica una diferencia abismal entre un exterior tórrido, estéril y hostil, en que se muere de sed, y un plácido interior, fértil, fresco y acogedor. Cataluña es un país normal, una nación normal, como otra cualquiera, con penalidades similares a las demás, sin diferencias abismales con el mundo exterior. No es un plácido vergel interno, ni está rodeada por un mortífero desierto externo.

En un país normal hay cosas, historias y gentes buenas, medianas y malas. Hay muchas buenas personas con sus virtudes individuales y colectivas, sus problemas, defectos y contradicciones, su generosidad y sus utopías, sus lealtades y fidelidades. También hay malas personas con su ­egoísmo, su avaricia, su doblez. Esta mala gente, cuando tiene poder económico, social o político, se sirve de él.

La fingida confesión del patriarca, ­fríamente calculada, es el inicio de su estrategia de contraataque ante la rotura del silencio.

Por eso, lamentablemente, es normal que haya tantos Bárcenas y Millet. No es normal, sin embargo, que tengamos que soportar la farsa de la identificación de todo un pueblo y sus sentimientos, con un líder, su familia y su amplio entorno, que se sirven de los símbolos, lealtades y fidelidades para mandar y comerciar, enriqueciéndose impunemente.

No hay impunidad sin silencios, porque no hay justicia sin pruebas, sin denunciantes. Durante casi una generación, aquí hubo mucho que denunciar pero no ha habido denunciantes, salvo voces excepcionales clamando en el desierto. Un desierto de silencio social, político y mediático que aparentaba ser un plácido ­oasis. Cuando Maragall denunció lo del 3% tampoco habló nadie. Muchas murmuraciones, pero ni un testigo, ni un perjudicado, ni un mínimo asidero para una actuación judicial eficaz. Instalada en un clamoroso silencio reinaba la voracidad desinhibida de la familia Pujol y su corte.

Por eso algunos dicen ahora que se ha roto la omertá catalana. Pero, igual que nunca hubo oasis catalán, nunca hubo omertá catalana. La omertá es la ley del miedo, del silencio de la mafia. Aquí nunca se impuso el silencio con miedo. Solo hay un provechoso pacto de silencio cooperador o cómplice. Voluntaria e interesadamente, callan los que piden y los que dan, los que ofrecen y los que aceptan, los que obtienen ventajas y los que las esperan.

Son los que aún le exculpan o disculpan, dispuestos a creer en la farsa del mito personalista, en que hay un desierto exterior.

El escándalo producido por la exhibición desvergonzada de riqueza de los hijos del patriarca, con colección de automóviles de lujo incluida, y la explosiva denuncia de la novia de uno, resentida o arrepentida, rompieron el silencio e hicieron inaplazable la jugada del viejo líder. No es creíble que su pretendida autoinculpación, parcial e inveraz, obedezca a un cristiano acto de contrición. Su fingida confesión, fríamente calculada, es el inicio de su estrategia de contraataque ante la rotura del silencio, las noticias de Andorra y el inminente acoso de Montoro. La confesión quiso ser un cortafuegos, aunque ya era ineficaz frente a tantos vientos contrarios. Él mismo ha acabado de incendiar su espejismo del oasis catalán. Ya no será honorable, pero aún puede asegurar el botín familiar.

Regateará al Parlament. Eternizará los procesos judiciales, fraccionándolos y enredándolos con toda suerte de líos de competencias, obstrucciones, prescripciones y jurisprudencias sorprendentes. Otra vez, trabas pujolistas procurando impedir o estorbar el descubrimiento de la verdad. Este es también el evidente propósito de la querella de Pujol en Andorra contra un empleado bancario para anular, por pretendidamente ilícitas, las informaciones que facilitó. Y completará su estrategia escenificando de nuevo su sobreactuación victimista, con la inestimable ayuda del pendenciero Montoro.

El ministro, ciego para lo de su casa, dice que tenía a la vista datos contra los Pujol desde hace catorce años. O sea, que reconoce implícitamente que ellos también participaron en el pacto del silencio. Insinúa que actúa ahora porque Pujol y sus herederos políticos han lanzado un pulso al Estado. O sea, reconoce que su actuación es una represalia. Alimenta la farsa de identificar el pulso soberanista con el viejo líder y su amplio entorno político y económico, como si toda Cataluña fuera, fuéramos, una misma y única cosa. Justamente, lo que conviene al rancio discurso victimista.

Pujol, tras el primer gesto de la confesión-cortafuegos, con fingida melancolía, llamará ingratos a sus secuaces que le abandonan, a sus cómplices que le rehúyen, a sus leales que le reprueban y rechazan. Y finalmente conectará con sus fieles de fe ciega, que siempre le quedarán, buena gente ante la que fingir una heroica autoinmolación. Son los que aún le exculpan o disculpan, dispuestos a creer en la farsa del mito personalista, en que hay un desierto exterior, mortífero como el infierno, y dispuestos a creer también en aquel espejismo de un celestial oasis que nunca existió.