Cataluña: escenario y personajes de un drama inacabado

José Antonio Pérez Tapias

“¡No apunten al guionista!” Eso es lo que puede gritar, remedando el famoso “no disparen al pianista” del género western, cualquier observador caritativo ante la locura de la secuencia de hechos que acaecen en Cataluña –en España, si tenemos en cuenta el escenario en todas sus dimensiones–. Con todo, alma tan bella de inmediato se percataría de que en verdad no hay tal guionista. ¿Qué autor se pondría a imaginar para sus personajes tantas torpezas como hemos visto? Y si fueran los personajes quienes buscaran autor, siguiendo la estela pirandelliana, no habrían incurrido en tanta irracionalidad si de verdad hubieran querido encontrar alguno que pusiera orden en lo caótico de tantos hilos entrecruzados, cabos sueltos del desgarrado tapiz de una historia en la que lo real, para incomodidad de Hegel, no es racional. Lo curioso del caso, no obstante, es que tan deshilachado suceder de hechos, que solo una ópera bufa podría rescatar si no fuera porque cuadran mejor con el teatro del absurdo, ha respondido a la hoja de ruta de los diferentes protagonistas, conllevando en cada caso la “lógica ilógica” del viaje a ninguna parte en el que todos nos hemos visto embarcados. Para colmo, cuando la escena  la ocupa una tan incierta como ilegal declaración unilateral de independencia por parte de las instituciones del autogobierno de Cataluña, desde el otro extremo, allá por la cámara alta de las Cortes españolas, emiten de forma expeditiva el billete del artículo 155 de la Constitución, aplicado para una travesía a la que se pone fin señalando como puerto de arribada el día 21 de diciembre como fecha electoral, una vez disuelto el parlamento autonómico sin que se sepa muy bien en virtud de qué cobertura legal para ello.

En medio de una campaña electoral con tonos de retóricas confrontadas a la búsqueda de apoyo para sus respectivos planteamientos a la postre plebiscitarios, el conflicto entre Cataluña y España –interno, por lo demás, a la misma sociedad catalana–, entre quienes apuestan por la independencia de la primera y quienes se presentan como abogados de la inquebrantable unidad de la segunda, sigue adelante. Si las instituciones del autogobierno de Cataluña han sido intervenidas, no por eso queda disuelto el independentismo como movimiento político. A la vista está que trata de reorganizarse, aun acumulando frustraciones, en una campaña electoral contaminada por los procesos judiciales en curso, lo cual acrecienta los tonos marcadamente emocionales que se hacen notar en la campaña misma, precisamente porque algunos de sus más destacados protagonistas, de nuevo en listas como candidatos, están imputados por supuestos delitos de rebelión y sedición –en libertad condicional unos, en prisión preventiva otros o, como en el caso de Puigdemont, el depuesto presidente del gobierno catalán, y algunos más de sus consellers, como “exiliados” en Bruselas aun habiendo retirado el Tribunal Supremo la orden de busca y captura en maniobra de ingeniería judicial dudosamente presentable–.

Qué resultados arrojen las elecciones en Cataluña y qué puede pasar a partir del 22 de diciembre, día siguiente al paréntesis electoral, una vez comprobado que las opciones del electorado plasmadas en votos no suponen ninguna mágica solución a una situación endiablada, son cuestiones que obligan de nuevo a preguntarnos cómo llegó a tal punto un drama que, con todos sus elementos desplegados sin contención, entra en nueva fase como drama inacabado. Aunque sea para que el drama no se adentre sin remisión en el territorio en donde lo necesario es de todo punto imposible –esencia de lo trágico–, conviene, por más que sea en condiciones de director ausente, que esta complicada obra colectiva se retome sabiendo, al menos, por dónde transcurrieron los actos que llevaron en dirección contraria a un desenlace, si no feliz, al menos adecuado para el encauzamiento de un conflicto de hondas raíces históricas que añadidos recientes hicieron reverdecer al máximo. Es el caso de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales elementos del Estatut aprobado por el Parlamento de Cataluña, refrendado por la ciudadanía catalana, e igualmente aprobado en las Cortes españolas, tratándose de elementos muy significativos atinentes a la identidad nacional catalana. Desencadenado el agravio, con el componente político de tratarse de una tácita ruptura del pacto constitucional en lo que se refiere a Cataluña, nada se hizo para enderezar el entuerto, viniendo a desembocar, y todo dice que de forma culpablemente imparable, a donde estamos. Pero vayamos a los protagonistas de tan lamentable curso de acontecimientos.

Un PP inmovilista y un presidente que nada quiere saber de Platón

Además de neoliberal en todo lo que toca a la economía y sus consecuencias sociales, el Partido Popular es un partido conservador. Si hay que subrayar tal obviedad es porque se trata de una fuerza política de derecha tan malamente conservadora que ni siquiera se acoge al lema gatopardiano de cambiar algo para que todo siga igual. El inmovilismo del PP es así subrayado por cualquier analista imparcial como uno de los factores que han incidido sobremanera en el enconamiento del conflicto de Cataluña. Tras plantear el recurso ante el Constitucional para que quedase recortado el Estatut, nada movió el gobierno del PP ni su grupo parlamentario para buscar solución a un conflicto que desde 2012 se acentuaba a pasos acelerados. El presidente Rajoy, cuya alianza con el tiempo como factor político estriba en dejarlo pasar, alentó una irresponsable pasividad, pensando al parecer que ha de resolverse por disolución todo problema para el que no se ofrezca una solución. Nada más alejado de lo que da de sí una tozuda realidad.

Hay que considerar que el inmovilismo del PP no es achacable meramente al carácter del gestor que tiene por líder. En el fondo, como algo previo a las pretensiones de rentabilidad electoral de su dureza frente a todo lo que sea real o potencialmente separatismo catalán, se trata del inmovilismo del nacionalismo españolista. Éste se aferra, cual dogma inquebrantable, a una concepción mitificada de la nación española, que es además la que encuentra su lugar en la Constitución cuando en su artículo 2 se predica su “indisoluble unidad” y se afirma su condición de “indivisible” –se apartan del campo de visión todos los casos de supuestas naciones que se vieron fragmentadas, o que desaparecieron en el curso de la historia, por más que sus textos constitucionales o equivalentes elevaran a pretendida permanencia eterna lo que no pasa de ser en todo caso realidad contingente.

Así, caracterizándole inmovilidad de efigie, puede explicarse que el presidente Rajoy sorprendiera a todos al convocar de inmediato, tras aplicar el artículo 155 de marras, elecciones en Cataluña. Aprovechó sagazmente la garrafal torpeza de Puigdemont de no convocarlas él mismo, para, a pesar de las críticas de los suyos, salvar el autogobierno de Cataluña y evitar ese 155 de consecuencias nefastas para las mismas pretensiones del independentismo. Resultó así que el inmóvil se movió cual aristotélico “motor inmóvil” autoconvocado a recuperar enseguida su fijeza. De ello puede dar cuenta el secretario general del PSOE, cuando Rajoy le hace ver el engaño al que le sometió al negar que estuviera dispuesto a la reforma constitucional, supuesto compromiso arrancado por el líder socialista como contrapartida por apoyar la intervención –cuasi estado de excepción– en Cataluña.

Visto todo, cualquier cronista puede señalar que el nacionalista españolista e inmovilista Rajoy no ha leído a Platón. Por eso, para lo que sigue, incluiría en el guión que el presidente del gobierno de España leyera la Carta VII de Platón, por mucho que no entre en las lecturas preferidas de un presidente aficionado a la prensa deportiva. En dicha carta, el autor de La República, da cuenta de los consejos que dio a Dionisio, rey de Siracusa, para evitar la guerra civil y poder conservar su reino. Platón transmitía sus consejos como resultado de escuchar “la voz” emergente de la realidad siracusana. A diferencia de lo que hizo su padre, el joven rey debía procurar para sus ciudades constituciones y regímenes que despertaran confianza, pues sin crear una “comunidad de poderes” bien distribuidos y equilibrados no habría manera de lograr la unidad del reino. Sería un error mantener para todas las ciudades una misma normativa muy rígida, ajena a la pluralidad constituida por sus realidades diversas. El modelo de la polis ateniense tal cual no podía ser válido para todas. El reconocimiento de la diversidad era garantía de unidad desde la amistad como alternativa a una unificación a la fuerza… Platón no tuvo éxito con sus consejos. Todo indica, desgraciadamente, que a Rajoy no le interesan unas observaciones tan pertinentes para la actualidad del Estado español, a pesar de los más de dos mil años que hace que fueron escritas. El inmovilismo político también es cerrazón mental, siendo el dogmatismo que alimenta –sacralizando, por ejemplo, una insostenible idea de soberanía– el peor sostén que un nacionalismo patriotero puede prestar al Estado que dice defender.

Independentismo anacrónico con líder mesiánico

El independentismo ha ido ganando apoyos en Cataluña precisamente a raíz de los recortes al Estatut impuestos por el Tribunal Constitucional. El hecho de que no hubiera respuestas políticas desde el Estado a la situación así creada, con el componente de agravio ante reconocimiento nacional hurtado y añadiendo a ello el malestar acumulado socialmente en tiempos de crisis económica, fue provocando que numerosos sectores de la ciudadanía catalana que no estaban en posiciones soberanistas –algunos nunca militaron en el nacionalismo– fueran asumiendo los postulados independentistas. Un punto fue decisivo para ello: la negativa de Rajoy y su gobierno y del PSOE, más el bloqueo de Ciudadanos al respecto, a considerar siquiera la posibilidad de un referéndum en el que la ciudadanía se pronunciara sobre la relación de Cataluña con España. Tal referéndum, planteado inicialmente como consulta legal no asimilable sin más a un referéndum de autodeterminación al uso, era y es viable desde la Constitución, promoviendo políticamente las medidas legales para ello. Tal fue la valiosísima aportación jurídica hecha por el magistrado Rubio Llorente, diseñada a partir del artículo 92 de la Constitución, y secundada por otros, como el constitucionalista Javier Pérez Royo. El no dar paso a tal consulta, con la cual estaba de acuerdo en torno a un 80 % de la ciudadanía catalana, fue tremendo error que propició el ascenso del independentismo ante un déficit de reconocimiento que no se quiso solucionar.

Si lo relativo al Estatut y a un referéndum rechazado son hechos inmediatos que explican los acontecimientos en Cataluña, no hay que perder de vista lo que en horizonte más dilatado se percibe. Cabe decir que, viniendo de atrás, las demandas de autogobierno, y de independencia por parte de determinados actores, llevan activadas más de un siglo en Cataluña. Un repaso a la historia del siglo XX muestra los avatares de la sociedad catalana en ese sentido, destacando los momentos en que Francesc Macià, en 1931, y Lluís Companys, en 1934, proclamaron la República catalana en medio de situaciones críticas de la II República, con la salvedad por eso mismo de que tal proclamación añadía que se formulaba en el marco de la República federal española. La II República logró el avance crucial de un estatuto de autonomía para Cataluña, tras arduos debates en el Congreso de los Diputados de los que cabe subrayar el intercambio dialéctico entre Azaña y Ortega. Éste, contrario a hablar de federalismo por más que se definiera autonomista, consagró la conocida expresión de la “conllevancia” como fórmula para afrontar el convivir de Cataluña y España. Tras la dictadura franquista, en la transición a la democracia, el retorno de Tarradellas volviendo del exilio como presidente de la Generalitat respaldó el reganar la autonomía a tenor de lo posibilitado por la Constitución del 78. De alguna manera, la tesis orteguiana se vio confirmada por los hechos y éstos se configuraron en lo que permitía articular el marco del Estado de las Autonomías fraguado en España como encauzamiento de la “cuestión nacional”.

Durante más de tres décadas la solución autonomista ha dado un rendimiento muy fructífero no solo para Cataluña, sino para el conjunto de las comunidades autónomas que se constituyeron en el Estado español. Sin embargo, al cabo del tiempo, cuando dicho Estado autonómico muestra síntomas de agotamiento, tanto por dificultades de su funcionamiento, de coordinación administrativa entre diferentes instancias políticas, como por las cuestiones pendientes de resolver en cuanto a reconocimiento político de la realidad de las distintas naciones existentes en España, se presenta la necesidad insoslayable de abordar con nuevos criterios la no resuelta del todo “cuestión de las naciones” en nuestro Estado.

El independentismo catalán, en el contexto señalado y por los motivos sucintamente expuestos, eleva el listón de sus reivindicaciones, concitando el respaldo electoral de casi la mitad de los votantes de Cataluña y obteniendo en 2015 mayoría absoluta en el parlamento autonómico, siendo tales circunstancias las que espolean el llamado “procés” hacia la ruptura con el Estado español. El caso es que a lo largo del mismo, siendo el independentismo una opción legítima, los procedimientos empleados tanto en sede parlamentaria –basta recordar la tormentosa sesión en la cámara catalana durante los días 6 y 7 de septiembre de 2017–, así como la convocatoria ilegal del “referéndum” sobre la independencia del 1 de octubre siguiente, desacreditaron el planteamiento a favor de una declaración unilateral de independencia, sumado además el factor de la fractura provocada por ello en la misma sociedad catalana.

Cómo se llegó a tal extremo es cuestión que sigue presente en el debate político. Es cierto que hay factores que explican lo ocurrido, pero eso no da respuesta a la cuestión de cómo no fue posible encauzar un proceso que a todas luces se adentraba por los derroteros de una confrontación entre bloques políticos en antagonismo irreductible. ¿Nadie pudo echar el freno, lo cual hubiera sido, como en su día señaló el filósofo Walter Benjamin en otro contexto, el acto revolucionario de hacer sonar la alarma cuando se va hacia el abismo? La pregunta es tanto más pertinente cuanto el acelerado proceso secesionista se produce como algo anacrónico en pleno siglo xxi. Así se puede considerar por varios motivos, desde el peso ganado por una idea de nación aún anclada en una concepción decimonónica hasta un planteamiento de referéndum de autodeterminación varado en las condiciones propias de los procesos de descolonización de la segunda mitad del siglo xx. Ni siquiera se hacían de manera consecuente las alusiones a referendos como los realizados en Quebec o, recientemente, en Escocia. Y se descuidaba el mismo enfoque de lo que supone la condición de ciudadanía en el seno de la Unión Europea –a pesar de su crisis– y en el marco de un mundo globalizado en el que hasta en los mejores casos se ve sobrepasada la realidad de los Estados. Tesis como las de la “interdependencia”, en su día sostenida por el filósofo catalán Rubert de Ventós, se presentan como más productivas para ser soporte actual de demandas de reconocimiento nacional.

Para ello, sin embargo, habría que superar lo que se ha visto como elemento fuertemente distorsionador en los modos de actuar del independentismo. Se trata del componente mesiánico que se ha hecho presente en los mismos. El asunto no se limita al deslizamiento de la idea de “pueblo” desde el “demos” –pueblo como conjunto de ciudadanas y ciudadanos que ejercen sus derechos– hacia el “etnos” –pueblo como comunidad étnica según una tradición cultural–, mitificando una historia en la que el imaginario colectivo opera con categorías como las de “destino” u otras similares. Es en la manera de entender el liderazgo del “procés” donde se verifica con especial fuerza un mesianismo que se vuelve contra el mismo proceso que se quiere impulsar. Desafortunadamente, con antecedentes como el de Artur Mas, el consiguiente Carles Puigdemont ha caído en la trampa de un mesianismo de la que ni en su peregrinar bruselense ha salido. Ello se compadece con la pretensión de mantener ese entusiasmo que fue el que propició la ceguera para las propias condiciones en las que se pretendía alcanzar una república independiente.

Ha sido sorprendente la falta de realismo crítico en un “procés” en el que la sobrecarga superestructural respecto a lo simbólico hizo olvidar lo fuertemente condicionante de los elementos infraestructurales relativos a lo económico. Si un poco de materialismo histórico hubiera venido bien, no hubiera estado tampoco de más algunas consideraciones, siguiendo a Foucault, por ejemplo, relativas a las estructuras de gubernamentalidad que hacen funcionar las complejas sociedades actuales. Pasar por encima de asuntos tan cruciales es lo que dio lugar a que miles de empresas siguieran a grandes bancos trasladando su sede social fuera de Cataluña, así como a que se descuidaran toda una serie de cuestiones cruciales para la vida de ciudadanas y ciudadanos, desde las pensiones hasta la financiación de la sanidad, la educación o las infraestructuras, en ausencia de un sistema fiscal operativo. Todo un ejercicio de irresponsabilidad, al cual contribuyeron no poco quienes desde la izquierda independentista se confundieron de batalla: ni 2017 es 1917, ni el Palau de la Generalitat era el Palacio de Invierno. La lucha contra el “sistema” no se gana con meros gestos simbólicos.

Pensar que con el solo entusiasmo de ciudadanos y ciudadanas –se reconoce al final que no había “masa crítica”, es decir, mayoría social suficiente– se pueden levantar las pretensiones de un “poder constituyente”, por mucho que en la opinión pública se vea erosionada la legitimidad del “poder constituido”, es de ingenuidad no solo anacrónica, sino políticamente desubicada. Con todo, los resortes emocionales, y más con líderes en prisión o habiendo pasado por ella, funcionan en una campaña electoral a la que las fuerzas independentistas concurren, a pesar de declararla ilegítima por proceder de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el cual, incluso acatado por los líderes independentistas presos para salir de la cárcel impuesta como prisión preventiva, no deja de verse como violencia ejercida sobre las instituciones catalanas. El bucle se reanuda cuando desde los contrarios a la independencia se recuerda la violencia ejercida al pretender aplicar en el “procés” un principio democrático desgajado del principio de legalidad.

El conflicto de legitimidades sigue en pie con visiones contrapuestas de las respectivas soberanías, una con respaldo jurídico, la otra solo como pretensión política. Lo malo es que por ambos lados una noción de soberanía que entiende ésta como sacralizada, ayuna de la necesaria reconceptualización laica de la soberanía, es obstáculo para salir del atasco político que afecta, en definitiva, al Estado español.

Ciudadanos, con su Juana de Arco, en “defensa de la Hispanidad”

Precisamente en defensa del Estado español y, más exactamente, de España como nación única (en el Estado), indisoluble e indivisible, a un tris de proclamarla eterna, se presenta el partido político Ciudadanos. Teniendo su origen en Cataluña con la denominación “Ciutadans” para hacer frente al nacionalismo catalán, tomó desde el principio por bandera la encendida defensa de España como seña de identidad de un nacionalismo que, si no se reconoce como tal, es por situarse en el terreno de lo que se da como obvio, parte del paisaje cultural y político en el que la identidad nacional dominante suministra las creencias –dicho al modo de Ortega– en que “se está”, pensando que por alguna suerte de esencia corresponden a lo que “se es”.

Siendo en verdad la inversa extrema del independentismo catalán, Ciudadanos empieza y termina su discurso político con una afirmación de españolidad a cuyo lado palidecen cualesquiera otras cuestiones. En ese sentido, para el nacionalismo españolista es el partido ideal –sin complejos, como suelen decir ahora los forofos– para hacer frente a todo intento secesionista, para combatir a los nacionalismos –los “otros” nacionalismos– e incluso para ir poniendo en cuestión el mismísimo Estado de las Autonomías. Entra en su análisis considerar excesivo el proceso de descentralización llevado a cabo desde el Estado hacia las comunidades autónomas, criticado poniendo en primer plano el gasto económico excesivo que las Autonomías suponen, granjeándose así el apoyo de sectores sociales que padecen fuertemente la crisis económica, a los que lleva una denuncia marcadamente demagógica que sitúa a Ciudadanos en el terreno del populismo que desde sus propias filas se critica con especial ahínco en otros.

Con un españolismo muy acentuado que en boca de sus líderes fácilmente se desplaza hacia un nacionalismo excluyente, el doctrinarismo de Ciudadanos le asimila a un partido como el Frente Nacional de Francia. Le separa de éste sus planteamientos neoliberales en el terreno económico, pero que quedan puestos en un discreto segundo plano al lado de las declaraciones de españolidad. Habiéndose desplazado cada vez más explícitamente hacia ese punto, bien parece que la militancia de Ciudadanos ha convertido en su manual de cabecera aquel famoso libro de Ramiro de Maeztu que éste ofreció a la posteridad como la más alta apología de la nación española. Hablamos de su “Defensa de la Hispanidad”, obra en la que la añoranza de imperio y la querencia nacional-católica culminan en la afirmación de que “el ideal hispánico sigue en pie” como horizonte inquebrantable para el “espíritu español”. Curiosamente,  el escritor vasco alienta a que dicho espíritu impulse la “obra de España”, la cual, “lejos de ser ruinas y polvo, es una fábrica a medio hacer, como la Sagrada Familia, de Barcelona, o la Almudena, de Madrid”. Ahora, Ciudadanos reconvierte tal empresa hacia la recomposición, desde su perspectiva nacionalista, de la España menguada por las fuerzas centrífugas que alcanzaron una maléfica potencia de la mano de los nacionalismos periféricos. El problema añadido es que las posiciones asumidas por Ciudadanos arrastran hacia la derecha no sólo al PP, sino a la política española en su conjunto, y no solo en lo relativo al rechazo al federalismo y al sutil cuestionamiento del Estado autonómico, sino también en lo que toca a políticas económicas y sociales.

Se explica que el PP tema el avance de Ciudadanos por su derecha, lo cual es tan claro en Cataluña que hace que su candidata, Inés Arrimadas, albergue expectativas respecto a la presidencia de la Generalitat que el candidato del PP, Xavier Albiol, ni en sus fantasías más descabelladas puede imaginar. De todas formas, en verdad a quien Ciudadanos pone en aprietos es al PSC, si sitúa a Miquel Iceta en la tesitura de tener que apoyar a su candidata –no quisiera el líder socialista tener que hacerlo, por lo que supondría de seguidismo respecto a la derecha–, elevada a los altares del españolismo, trascendiendo los límites de Cataluña, cual Juana de Arco hispánica que al mismísimo Albert Rivera, inventor de la criatura “ciudadana”, pone a sus pies. Pero cuidemos las comparaciones para no caer en excesos. A la figura de Juana de Arco no le acompañarán nunca los sones de algo parecido a la popular canción de Manolo Escobar, el “Que viva España” constituida en himno de las mismas masas españolistas que, alborozadas, jaleaban a los guardias civiles enviados por el ministerio del Interior del gobierno de España a mantener el orden –a todas luces se excedieron, siguiendo órdenes superiores, en funciones de represión– en la señalada fecha del “referéndum”, que en verdad no era tal, realizado el 1 de octubre. La España que ha de vivir no será la así vitoreada, sino la que, reconociendo la pluralidad de sus realidades nacionales y siendo consecuente con el respeto a los derechos de todos sus ciudadanos y ciudadanas, sea la que se constituya como capaz de garantizar la mejor convivencia democrática en términos verdaderamente inclusivos.

El ser o no ser de la socialdemocracia e Iceta en la danza del fuego

Es cierto que Miquel Iceta, primer secretario del PSC y candidato a la presidencia de la Generalitat, ha hecho ímprobos esfuerzos en pos del diálogo entre los antagonistas en el conflicto de Cataluña. Pedro Sánchez, como secretario general del PSOE, le ha secundado. Pero tal empeño no se ha visto recompensado con los frutos que sería de esperar. El campo socialista se situó entre el inmovilismo del PP y del gobierno de España, por una parte, y el independentismo promovido desde la Generalitat y los partidos de Cataluña propugnadores de la secesión. En medio de tan fuerte antagonismo, con planteamientos encallados en sus respectivas propuestas, sin voluntad de modificarlas, poco se podía hacer. Así era efectivamente. Solo quedaba que las intenciones socialistas para un diálogo político y una posible negociación se hubieran visto acompañadas de una propuesta seria y creíble que favoreciera dicha salida. Esta podría haber sido la oferta de un referéndum pactado, convocando al electorado catalán, para que se pronunciase sobre las posibilidades de futuro de Cataluña en cuanto a su relación con España. Aunque el PP no estuviera a favor, una propuesta así por parte de PSC y PSOE hubiera incidido quizá en el panorama convulso de la política catalana, generando posibles alianzas en favor de una salida, máxime cuando el independentismo se veía metido en una vorágine que se podía entrever catastrófica. En cualquier caso, con semejante ofrecimiento –que retomaría lo incluido por el PSC en su programa para las autonómicas de 2012 en cuanto a derecho a decidir y consulta legal– el campo socialista podría haberse perfilado como terreno para una mediación efectiva. No fue el caso, quedando dicha propuesta de referéndum pactado, que respondería a lo deseado por una amplia mayoría de la ciudadanía de Cataluña, como la pieza que faltó en el diseño del PSC y del PSOE para rehacer con sentido una estrategia viable para la solución de un conflicto enquistado entre el anuncio de declaración unilateral de independencia y amenaza de intervención de la autonomía catalana aplicando el 155 de la Constitución.

En medio de todo ello, desde el grupo parlamentario socialista en el Congreso se propuso una comisión para el evaluar el desarrollo y situación actual del Estado autonómico, con el fin de proceder a su “modernización”, contando con las demás fuerzas políticas, especialmente el PP. Tan loable iniciativa, de hecho ya articulada en el Congreso, habría de dar pautas para una reforma constitucional, pero la dinámica del conflicto catalán, es decir, de la grave crisis del Estado español, la dejaba como remedio insuficiente para una grave enfermedad. Tal insuficiencia es la que se vería acentuada cuando otras fuerzas políticas, además de los independentistas, tales como nacionalistas vascos, Unidos Podemos o Compromís se niegan a participar por el hecho de que el PSOE, y el PSC con él, apoyara la aplicación del 155, consumando la amenaza de intervención del gobierno del Estado incluso disolviendo el parlamento de Cataluña –lo cual, a ciencia cierta, no se sabe en virtud de qué cobertura legal para ello–.

El anunciado compromiso arrancado por Sánchez a Rajoy, como contrapartida a votar en el Senado a favor del 155 aunque los populares tuvieran mayoría absoluta, en cuanto a que el PP se sumaría a la pretensión de reforma constitucional, quedaría en agua de borrajas, mostrando a las claras la nula voluntad del partido conservador en cuanto a entrar en el debate constitucional, dejando en posición muy desairada al secretario general socialista. Los problemas en el campo socialista se han hecho notar además con las tensiones en el PSC por transigir con la aplicación del 155 tal como se hizo, sin agotar otras posibilidades, y dejando que los socialistas quedaran alineados con PP y Ciudadanos en un llamado bloque “constitucionalista” que, de suyo, mejor quedaría descrito como españolista. No obstante, hay que constatar que la mayoría de la militancia socialista no ha escamoteado apoyos a Pedro Sánchez e Iceta, tratando de pulsar el estado de una opinión pública muy marcada por el nacionalismo dominante en el conjunto de la sociedad española.

Como se pudo comprobar, al discurso socialista que pretendía una vía distinta tanto, obviamente, de la que iba a parar a la declaración de independencia como de la que apuntaba a desembocar, antes de que ocurriera en el recurso al 155, le faltó fuste para perfilar una posición propia, claramente diferenciada del PP al que se acusaba de inmovilismo. Esa falta de fuerza es la que se constata a la vez en un lenguaje político en el que incluso ciertas expresiones van decayendo, a medida que otras pasan a primer plano en las palabras de los protagonistas. No es menor el reemplazo del término “socialismo” por el de “socialdemocracia”, lo cual, visto desde la tradición del PSOE y sus debates internos, no es cuestión menor. La profusión en el uso de “socialdemocracia”, prescindiendo de la crisis de la socialdemocracia de la que ésta no se ha repuesto, ni siquiera en Europa, responde a la voluntad de centrar la política del partido como estrategia para contrarrestar la transversalidad que otros buscan. Y en el terreno pantanoso de la crisis del Estado, apenas si se utiliza la expresión “federalismo”, que ha quedado orillada para hablar de puesta al día del Estado autonómico. Otro tanto cabe decir de “plurinacionalidad”, término últimamente desaparecido en combate, ni siquiera traído a colación indicando que se habla de naciones culturales de la “nación de naciones” que es España –algo que parecía ganado, aunque fuera insuficiente por cuanto lo necesario es un Estado de naciones (políticas) suficientemente reconocidas–.

Es ese ir y volver en cuanto a la idea de un Estado federal plurinacional, que ya se había ido abriendo paso en el discurso socialista, lo que de nuevo muestra a PSOE y a PSC como partidos en una perpetua duda hamletiana en torno a su ser o no ser. Ahora, ante nuevos titubeos, como suele ocurrir de manera recurrente dada la acostumbrada tibieza socialdemócrata, resurge para muchos la duda acerca de si los dos partidos socialistas “hermanos” asumen de verdad el federalismo pluralista al que parecían haber llegado –duda que respecto al PSC es especialmente grave, pues de la indefinición al respecto provienen en gran parte los males padecidos por el socialismo catalán–. Respecto a la cuestión misma de un referéndum, a la vez que se rechaza una consulta expresamente hecha a la ciudadanía catalana, previa y distinta a la reforma constitucional necesaria, se habla de dos referendos posteriores a ésta, el necesario para la propia reforma y el que seguiría para un Estatut reelaborado a la luz de dicha reforma. Pero el mismo Iceta insiste en que para Cataluña no habrá solución estable ni legítima si no está ratificada por su ciudadanía. ¿Significa eso que hay que empezar de nuevo si no tienen suficientes votos a favor en Cataluña tanto una constitución reformada como un nuevo Estatut conforme a ella? El sinsentido de una vuelta a empezar en tal hipótesis nos retrotrae a la cuestión de la necesidad de un referéndum pactado en un momento previo, que es lo desechado por una socialdemocracia alicorta.

Con todo, lo expuesto hasta aquí no opaca el crédito ganado por Miquel Iceta como candidato socialista a la Generalitat. Dado que es conocida su afición a bailar con muy diferentes músicas no queda lejos de lo que se puede imaginar el verlo metido de lleno en la danza del fuego. Iceta arriesga y hace equilibrios, y puede quemarse si no logra zafarse de quienes lo quieren achicharrar por la derecha en el acto mismo de consumar la alianza con ellos. Tampoco lo tiene fácil a su izquierda, pero no solo su futuro, sino el de los socialistas catalanes depende de que acierte librándose de la quema. Es más, la verdad es que mucho depende de ello. Cabe decir que incluso el futuro del Estado por cuanto un alineamiento férreo del PSC con las derechas del PP y Ciudadanos decantará todo hacia el inmovilismo del PP, reacio a toda reforma constitucional en serio. Y, de suyo, la crisis del Estado es tan fuerte que reformas epidérmicas sobre el tejido constitucional son de todo punto insuficientes. Hay que pensar en un proceso constituyente, aunque eso quede lejos de lo que una tímida socialdemocracia está dispuesta a proponer.

En Comú-Podem y el (in)fiel de la balanza

En el panorama catalán juega un papel especial la coalición En Comú-Podem, heredera de lo que representó Catalunya Sí que Pot en la legislatura abruptamente finalizada. A las diputadas y diputados de dicho grupo parlamentario no les fue fácil mantener sus posiciones logrando a la vez que llegaran a la ciudadanía con la suficiente nitidez. Con figuras tan destacadas como Joan Coscubiela –memorable sus intervenciones parlamentarias criticando la quiebra de reglas democráticas en la cámara catalana–, han marcado distancias claras respecto al independentismo, mas presentando de continuo con la misma nitidez la propuesta de un referéndum pactado como paso necesario para desbloquear la situación en Cataluña dada por un antagonismo cada vez más acentuado. Con tal planteamiento aceptaron participar en la Comisión para el proceso constituyente, en el parlamento catalán, haciendo valer en ella su enfoque federalista –Comisión a la que fui invitado a participar como “experto” a propuesta de este grupo–. Siguiendo esa misma lógica, desde tal grupo parlamentario también se dijo que ni declaración unilateral de independencia ni artículo 155. No obstante, no dejaron de acentuarse diferencias internas a consecuencia especialmente de las distintas maneras de valorar el “referéndum” del 1 de octubre, por más que hubiera coincidencias con Podem, y con el grupo municipal de En Comú-Podem en el Ayuntamiento de Barcelona, en no considerarlo en rigor un referéndum por hacerse en ausencia de condiciones elementales para que fuera tal.

Es cierto que al mencionado distanciamiento contribuyó la equivocidad de los mensajes de En Comú-Podem a lo largo del “procés”, los cuales, tildados de equidistantes entre el independentismo y el llamado constitucionalismo, muchos veían escorados hacia el primero. Con todo, en honor a la verdad, hay que decir que En Comú-Podem, aparte determinados pronunciamientos individuales, nunca ha secundado el secesionismo. Eso mismo es obligado decirlo de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por más que haya motivos para criticar, por ejemplo, su pasividad ante una consulta a la militancia a resultas de la cual se produjo la ruptura de la coalición de gobierno municipal entre En Comú-Podem y el PSC.

En la campaña electoral hacia el 21 de diciembre, En Comú-Podem, con Xavier Domènech como candidato a la Generalitat, retoma tanto la propuesta de referéndum pactado como la insistencia en el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado español –manteniendo el hincapié en la crítica a la aplicación del 155, traducida incluso como recurso de inconstitucionalidad respecto a ella ante el Tribunal Constitucional, lo cual puede verse apoyado en ciertas razones jurídicas, pero explicitado en momento en que ya pasó la razonable oportunidad para ello–. Siendo tales acentos los mismos que pone Podemos en su discurso, se detecta en éste la carencia de una concreta propuesta federalista como la adecuada al reconocimiento jurídico-político de la plurinacionalidad que se propugna.

A pesar de que, según parece a tenor de lo que señalan los sondeos de opinión, la posición de Podem causa a Podemos notables problemas de comunicación e inteligibilidad de su mensaje en el resto de España –queda por ver en qué medida pueden superarse–, sí cabe aventurar que en Cataluña puede jugar un papel crucial, dependiendo, claro está, del resultado electoral. Aun no dando éste para más que un grupo minoritario, su ubicación en el espectro parlamentario con un planteamiento como el expuesto le puede granjear una función decisiva a la hora de inclinar la balanza hacia un lado u otro de los bloques en liza. El caso es que si llega a ser el fiel de la balanza, el compromiso de En Comú-Podem es precisamente romper esa dinámica de bloques. La tarea puede ser paradójica, pues en la medida en que se subraya la predisposición a pactar con ERC, si abandona pretensiones de independencia unilateral, y PSC, si no se mantiene aferrado al 155, obligaría a la primera a dejar fuera a PdeCat, herederos de la CiU atorada en los casos de corrupción y promotora de políticas antisociales en la crisis, y supondría que el segundo se aparta del alineamiento con PP y Ciudadanos, con quienes Podem, como Podemos en el conjunto de España, no va a hacer alianza alguna. La apuesta tiene un horizonte difícil, y por el mismo hecho de formularse muchos critican a Domènech y a quienes le apoyan por ser, no fiel de la balanza, sino “in-fiel” a lo que unos y otros pueden esperar desde los respectivos sectarismos. Está claro, en definitiva, que sea arriesgando en la danza del fuego, sea apostando a un pacto que entrañaría que otros rompieran sus previas fidelidades, Iceta y Domènech disputan el papel de muñidores de nuevas alianzas para salir del conflicto. Si el segundo, proponiendo giro a la izquierda, lo tiene muy complicado a priori –diríase que imposible–, al primero, consumando pacto con las derechas, le puede resultar costoso a posteriori. 

El drama continúa… No hay que abandonar toda esperanza

A estas alturas nadie debe llamarse a engaño. La situación del Estado español es de crisis grave. Como Miquel Iceta repite una y otra vez –no hace falta que se arrogue originalidad por ello– el problema de Cataluña es el problema de España. Y con antagonismo de posiciones tan enfrentadas en Cataluña, mal lo tenemos entonces en España. Algo habrá que hacer también desde el conjunto de España para coadyuvar a la solución del conflicto catalán. Sin embargo, la realidad se muestra al respecto muy deprimente cuando también por ahí se consolidan posturas intransigentes, en vez de promover la búsqueda de efectiva solución –lo cual nada tiene que ver con hacer concesiones al independentismo, como el conservadurismo españolista suele decir–. Presentándose unas circunstancias tan complicadas, propias de nuestra compleja realidad política, cualquiera podría recordar esas “palabras de color oscuro” que Dante recogió en su Divina Comedia como frontispicio del infierno: “Dejad, los que entráis aquí, toda esperanza”. No obstante, tal recuerdo debe servir para lo contrario: para armarse de esperanza desde el compromiso en el empeño por hallar vías de salida a favor de la convivencia democrática.

La esperanza, si lo es, nunca se reduce a mera ilusión; por el contrario, implica la movilización a favor de lo que su horizonte delinea en correlación con las posibilidades reales que se nos brindan. Si para un plazo más allá de lo inmediato estamos quienes pensamos que la crisis del Estado, emergida y evidenciada desde el conflicto de Cataluña, requiere acometer lo que ha de ser proceso constituyente –respuesta dialógica al anacrónico y desubicado “procés” que hemos conocido–, para la inmediatez de lo inminente hay que preparar vías que efectivamente sean transitables para todos. Al trazarlas no vale confundir deseos y realidad, y menos tratar de imponer a los demás la interesada confusión que a cada cual convenga. Eso es importante tenerlo en cuenta para el día siguiente al 21 de diciembre, habida cuenta de la composición de un parlamento que va a reflejar la pluralidad, con las consiguientes tensiones en este caso, de la sociedad catalana. Previendo tal situación, se anticipa que la formación de mayoría parlamentaria capaz de formar gobierno puede decantarse o hacia las fuerzas independentistas –el independentismo no desaparece por el ensalmo del 155– o hacia las que se autodenominan constitucionalistas, estando entre ambas En Comú-Podem.

Si por cada lado se va con un plan A inamovible, poco o nada se podrá hacer para dar esperanza a una sociedad fracturada que desde tal condición no puede construir futuro. Lo preocupante es que, descuidando consideraciones básicas de estrategia política, parece que en los distintos casos no se cuenta con un plan B por si lo que cada cual aspira a conseguir no lo logra. Al menos, debería contarse con un plan B que sea defendible como democrático y legal, amén de digno para una ciudadanía harta de frustraciones y con las vidas de los individuos pendientes de variables inciertas. No es de recibo que como plan B se contemple que la aplicación hecha del 155 sea prorrogada bajo algún pretexto, como desde el gobierno del PP parece insinuarse e incluso desde la portavocía del PSOE parece admitirse. Si hubo una notable coincidencia en que llegar a aplicar el 155 significó un fracaso político de todos, por más que culpas y responsabilidades fueran distintas en unos y otros, el prolongar tal aplicación significaría multiplicar el fracaso y ahondar más el pozo en el que nos podemos ver hundidos. Quienes no lo queremos y no nos resignamos, seguiremos reescribiendo de la mejor manera posible el guión de un drama inacabado, tratando de que los protagonistas –en definitiva toda la ciudadanía– tengan la capacidad de reconstruir el escenario para el mejor acto posible. Insisto: pensemos en un Estado federal plurinacional como el mejor diseño para –con la venia de Ortega lo diré con sus palabras– “un sugestivo proyecto de vida en común”.