Carta Contra el Hambre

Diagnóstico de situación

La palabra hambre está prohibida en el lenguaje políticamente correcto, en la creencia de que evitando la palabra se oculta la realidad; una situación de pobreza que lleva a las familias a la penuria extrema de tener que depender de la caridad, cuando falla la justicia. Y cuando la realidad estalla a la cara de los políticos con mando en plaza, ésta se minimiza como una situación puntual que ya está suficientemente atendida por las organizaciones de caridad.

Madrid, junto con Atenas y Lisboa, son las capitales de la pobreza en Europa. La voz de alarma ya está dada, la sociedad está demostrando que es sensible ante el problema, pero las instituciones callan. Hoy los comedores sociales madrileños están desbordados, a la vez que se vacían los comedores escolares; el reparto de alimentos está a la orden del día, pero no consiguen ofrecer una respuesta adecuada, ni en cobertura a todos los que lo necesitan, ni en regularidad del abastecimiento, ni en cantidad y calidad suficiente, ni en dignidad para los afectados. No hay más que visitar los centros parroquiales a lo largo y ancho de la ciudad y de la Comunidad Autónoma donde se agolpan semanal o mensualmente hombres y sobre todo mujeres con una bolsa para llevar algo a casa. Su vergüenza es una vergüenza colectiva, un castigo más al proceso de empobrecimiento causado por la crisis en primer lugar, pero agravado por la ausencia de mecanismos de justicia distributiva. Una crisis que no es producto de ningún mandato divino, ni es inevitable, sino que tiene su origen en la imposición de unas políticas concretas que han hecho de los recortes públicos, el sacrificio de las clases medias y la pérdida de derechos sociales y ciudadanos, su modus vivendi.

La red municipal de Servicios Sociales de Atención Social Primaria, se ha visto desbordada ante el aumento en la demanda de las ayudas para cobertura de Especial Necesidad -reguladas en la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid- así como de la solicitud masiva de la Renta Mínima de Inserción. Ambas constituyen la única cobertura pública, que se ha mostrado insuficiente e ineficaz ante el endurecimiento de los requisitos de acceso, demoras en los tiempos de gestión y respuesta para la ciudadanía.

De no variar la situación actual, lo que no va a ocurrir mientras sigan aumentando el desempleo y se sigan perdiendo las prestaciones, el reparto de alimentos se hace crónico, como saben y reconocen los principales actores del reparto: Banco de Alimentos, Caritas, Cruz Roja y Despensas Solidarias.

La sociedad está respondiendo solidariamente, son cientos los voluntarios que atienden los comedores sociales y centros de reparto. Son miles los madrileños que atienden las llamadas a la solidaridad entregando su kilo de comida a las organizaciones filantrópicas o a las demandas de activistas que, sensibles al problema, recogen alimentos en sus barrios. Esta solidaridad vital, espontánea, no debe servir de excusa para no abordar el tema central, ni mucho menos para acostumbrar a la administración a la privatización de la ayuda, con el consiguiente debilitamiento de la red de servicios sociales públicos.

El derecho a la alimentación

Pues lo que está en juego es el derecho a la alimentación, un derecho avalado por tratados internacionales firmados por este gobierno, entre cuyas obligaciones se cita: Cumplir el derecho a la alimentación de forma directa cuando existan individuos o grupos incapaces, por razones que escapen a su control, de disfrutar el derecho a la alimentación adecuada por los medios a su alcance.”* Un derecho que es sobre todo un derecho humano, que se garantiza mediante el derecho a los servicios sociales públicos, al mismo nivel que el derecho a la educación, a la sanidad, a la vivienda o al empleo. Un derecho que, como han señalado organizaciones y movimientos globales, se garantiza con la estrategia de soberanía alimentaria, que centra su atención en la producción para las necesidades y no para el máximo beneficio.

El poder político ha abjurado, una vez más, de sus obligaciones en el contrato social con los ciudadanos. Deja de ser garante de derechos sociales poniéndose al servicio de las grandes corporaciones, incumpliendo tratados internacionales, y traspasando su responsabilidad a la caridad privada; utilizando los fondos públicos europeos para la compra de alimentos a favor de las grandes corporaciones agroalimentarias, en detrimento de los pequeños productores, y prefiriendo que sea la industria agroalimentaria la que asuma la gran donación de alimentos, según sus intereses comerciales y sus desgravaciones fiscales. De esta manera los supuestos benefactores son los primeros beneficiarios, y el palo en la rueda del derecho a la alimentación.

Sólo el empleo y los sueldos justos junto con la reivindicación de la renta básica –lo que supone un cambio drástico en el sistema económico– eliminará la pobreza que obliga a tantos y tantas a depender del reparto de alimentos. Pero ante la inexistencia de voluntad política esto no va a ser así en demasiado tiempo; por ello se hace imprescindible asumir la necesidad de distribuir alimentos, y esta misma necesidad nos obliga a levantar la voz exigiendo que se tomen medidas que siendo de muy bajo coste aliviarían mucho la situación de las familias y alejarían definitivamente el riesgo de desnutrición infantil.

Programa mínimo

Reconociendo el importante papel que hasta ahora han jugado las organizaciones filantrópicas civiles o religiosas, y los activistas populares que trabajan en comités locales solidarios, llamamos a todos los actores, como parte interesada, a la defensa activa del derecho a la alimentación, evitando convertirse en sustitutos del sector público. A la que vez que afirmamos que los Ayuntamiento son las instituciones idóneas para organizar la distribución y el acceso de los alimentos como un servicio público, acorde con el conjunto de sus propios servicios asistenciales.

Por ello exigimos con carácter urgente:

- Dotación presupuestaria suficiente por parte del poder público para la compra de alimentos que la población empobrecida necesita, reforzando la cobertura de las ayudas económicas temporales y de emergencia social recogidas en la Ley11/2003 de Servicios Sociales de la comunidad de Madrid.

- Reposición urgente de las becas de comedor, cubriendo el 100% del coste para la familias en situación de emergencia alimentaria, desde la Consejería de Educación.

-(Apertura de los comedores escolares en el período vacacional, unido a actividades extraescolares.) Garantizar servicio de comedor a menores en todos los centros escolares que realicen actividades extraescolares en período vacacional.

- Exigir el cumplimiento del plazo máximo legal de tres meses, en el reconocimiento del derecho a la Renta Mínima de Inserción para todas las familias que cumplan los requisitos.

A corto plazo;

Considerando que el acceso a los alimentos –bien sea en especie o mediante un cheque alimento– es un derecho básico de las personas necesitadas, defendemos:

- reconducir el reparto hacia otras formas más ágiles y acordes con la necesaria defensa de la dignidad de los afectados,

-y convertir los centros de distribución en centros de organización social con la participación de los afectados

Nuestro compromiso

Las organizaciones firmantes de esta carta somos conscientes de que el problema del reparto de alimentos se resuelve conjuntamente con otros derechos y en una economía que busque el bien común y proteja a los más débiles.

Entendemos por tanto que el compromiso solidario con los más necesitados debe tener trascendencia política y convertirse en una reivindicación permanente. Una reivindicación que tiene su soporte

  • en la desvinculación del pensamiento paternalista y del asistencialismo,

  • en la resistencia a la manipulación mercantil, a la permanente privatización de lo que son responsabilidades y servicios públicos, y a la legitimación del negocio alimentario que prefiere hacer donaciones que pagar impuestos

  • y en la solidaridad activa y práctica, pues el hambre no espera.

Sostenemos que la lucha por el acceso a los alimentos forma parte del conjunto de luchas populares contra el empobrecimiento, contra los recortes, y por la emancipación social, y nos comprometemos a :

  • promover colectivamente acciones en defensa del derecho a la alimentación

  • presentar mociones de apoyo en los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid

  • convocar, junto con las organizaciones que se adhieran, una campaña de difusión social que partiendo del sentimiento popular de solidaridad lo convierta en conciencia crítica y en herramienta de transformación social.

  • Estudiar la posibilidad y en su caso apoyar la presentación de una ILP en la Asamblea de Madrid para hacer efectivo el derecho a la alimentación mediante el reconocimiento de la Renta Básica Ciudadana.

* En el mes de diciembre de 2008 la 63ª Asamblea General de Naciones Unidas aprueba el protocolo voluntario para la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratficado por el Gobierno de España en Agosto del 2013.