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Exodo 110 (sept.octub.) 2011
– Autor: Varios Autores –
Existe un creciente malestar popular sobre el planteamiento y el mismo funcionamiento de la justicia, no solo, aunque principalmente, en España. Se tiene la sensación, alimentada por la parcialidad y las muchas torpezas a que nos tienen acostumbrados los jueces y magistrados, de que la justicia no es justa con las mayorías. Es más, se advierte a diario cómo ni siquiera la legalidad suele coincidir siempre con el derecho de los ciudadanos a ser tratados justa e igualitariamente, a pesar de la misma Constitución.
Como podemos advertir en este especial PUNTO DE MIRA, esta situación extraña, en la que la justicia aparece divorciada de la vida, puede explicarse desde dos ángulos complementarios. De una parte, como señala el filósofo Reyes Mate, la separación justicia/vida arranca desde el mismo punto en que se pierde la memoria de las víctimas; por su parte, las letradas Diana y Amparo nos ponen ante los ojos un ejemplo práctico de las torturas diarias a que está siendo sometida la administración de la justicia en la Comunidad de Madrid.
Con este doble punto de mira teórico/práctico queremos abrir el importantísimo debate de este número de Éxodo sobre el malestar y la falta de credibilidad que están teniendo entre nosotros el planteamiento y la aplicación de la justicia.
1. Manuel Reyes Mate: CUANDO LAS INNUSTICIAS NO PRESCRIBEN
La memoria abre expedientes que el derecho considera archivados, Walter Benjamin
El recurso a la memoria, proclamado con rabia en plena guerra mundial cuando a los vencidos no les quedaba otra arma de lucha contra la barbarie, se ha convertido en clave interpretativa de los conflictos más agudos de nuestro tiempo, incluido el que afecta al juez Garzón.
Baltasar Garzón está siendo procesado, acusado de prevaricación, por intentar dar satisfacción a las víctimas del franquismo. El juez instructor, Luciano Varela, le echa en cara desconocer principios esenciales del Estado de derecho como “la irretroactividad de la ley y de leyes como la de amnistía”. La actual querella contra el franquismo está siendo abordada desde perspectivas muy diferentes: desde la técnica jurídica y ahí el problema es cuándo una interpretación de la ley deriva en prevaricación; desde el costado político y ahí la ironía es que grupos falangistas lleven al banquillo al juez que quiso juzgar al franquismo; o también desde la cultura que somete los planteamientos del derecho a las exigencias morales de la memoria. Estaríamos entonces ante un conflicto entre la memoria y el olvido.
Si hoy la memoria resulta, aquí y fuera de aquí, tan peligrosa es porque se ha ido cargando a lo largo del siglo XX, debido a las dos guerras mundiales, de una autoridad que escapa a los controles que durante siglos habían impuesto el derecho, la política y la ética. Esa autoridad procede de unos contenidos nuevos que hoy reconocemos como propios de la memoria. En primer lugar, que no es un sentimiento sino un conocimiento. La memoria ve algo que escapa a la historia o a la ciencia. Lo que la memoria ha descubierto en los últimos años es que las víctimas del colonialismo, de la esclavitud, de la conquista o de la guerra civil son significativas, tienen significación. Claro que víctimas ha habido siempre, pero eran insignificantes o invisibles porque entendíamos que eran el precio del bienestar presente o de la transición política. Había que asumirlo como irremediable y lo que tocaba era pasar página. Eso se ha acabado. Ahora son visibles y si queremos romper una lógica política que camina sobre víctimas, hay que hacer justicia a las víctimas de la historia. No podemos plantearnos el futuro del País Vasco al margen de la memoria de las víctimas y no podemos lograr la reconciliación sin la memoria de la guerra y de la postguerra.
El segundo componente consiste precisamente en entender la memoria como justicia y al olvido como injusticia. Primo Levi cuenta que una joven le preguntó, después de oír su testimonio, qué podrían hacer ellos, los oyentes. Y Levi, que no daba una puntada sin hilo, respondió con un escueto “los jueces sois vosotros”. Extraña respuesta porque ¿qué justicia puede impartir un oyente? Eso debería ser cosa de los tribunales o de la historia. Pero Levi lo tenía muy claro. Sabía que sin memoria de la injusticia no hay justicia posible. Sin memoria la injusticia deja de ser, como si lo que en su momento fue crimen, robo o infamia, nunca hubiera tenido lugar. Nadie lo sabe mejor que el propio criminal, por eso se afana, una vez cometido el crimen, en borrar las huellas, es decir, en quitar importancia al crimen, interpretándolo como inevitable dadas las circunstancias. Los supervivientes mantenían viva esa memoria de la injusticia mientras vivían, pero, una vez idos, el testigo pasaba a las generaciones siguientes. Lo que Levi pedía a la generación de la joven es que hiciera justicia bajo esa forma modesta, pero fundamental, que es la memoria de la injusticia. La forma más perversa de olvido consiste en privar de significación y de actualidad a la injusticia pasada.
El deber de memoria alcanza al derecho en el sentido de la frase del exordio: la memoria abre expedientes criminales que las leyes de punto final o de amnistía convinieron en dar por clausurados. Algunos de esos expedientes abiertos han sido muy sonados. Recordemos el Juicio de Nüremberg. Cayó de un plumazo el sacrosanto principio, mantenido durante milenios, de que hasta los crímenes más horrorosos prescribían con el tiempo. Pues no, hay crímenes, como los del franquismo, que no prescriben aunque se invoquen dos amnistías. Pero más allá de las anécdotas, lo importante es señalar que gracias a la moderna cultura de la memoria se ha creado una cultura moral que establece una relación indisoluble entre justicia y memoria de la injusticia, de suerte que las figuras del olvido son cómplices de la injusticia. Entre las variables que un juez, también si es del Tribunal Supremo, tiene que tener en cuenta en la interpretación de la ley, la atención a las injusticias pasadas olvidadas es prioritaria porque es un deber moral. En el caso de que esa inspiración moral no haya logrado aún cambiar las leyes en ese sentido, debe condicionar la argumentación jurídica siempre en favor de dar satisfacción a las víctimas que esperan se las haga justicia. En este caso el juez Garzón está del lado de la memoria y el juez Varela, del olvido.
2. Diana Galindo y Amparo Barbero: TORTURAS DIARIAS DE LA JUSTICIA DOMÉSTICA
Vivimos en una sociedad donde la Justicia ha pasado a ser prácticamente un bien de primera necesidad. Todos, tarde o temprano, necesitamos acudir a ella porque parece que, hoy por hoy, es la única forma que tenemos de resolver nuestros conflictos. Hasta que llega el momento en que los tribunales no dan más de sí; existe un gran atasco que se ve influenciado por el momento de crisis en el que vivimos. En los Tribunales no existen medios suficientes y las soluciones a nuestros conflictos se retrasan -cuando no llegan- estando el mal ya hecho.
Nuestra Constitución previene en su art. 119 que la Justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar, lo que implica que, en la actualidad, se está dando un uso a ese derecho que en algunos casos no es real. No existe un verdadero control para ejercerlo y como no hay medios para todos, esto provoca una serie de recortes que recaen sobre los más desfavorecidos.
A su vez, existe una confusión entre lo que es el derecho a la Justicia Gratuita y el derecho a ser asistido por un abogado del turno de oficio. Cuando un solicitante de Justicia Gratuita solicita un abogado, dependiendo del orden jurisdiccional donde nos movamos, le asiste inmediatamente para evitar cualquier tipo de indefensión o se le designa provisionalmente. Realizándose un estudio posterior de su patrimonio, dándose el caso de justiciables a quienes se les ha concedido un abogado del turno de oficio y cuando tramitan la Justicia Gratuita se le deniega, siendo realmente un problema el hecho de que ese abogado llegue a cobrar su minuta, porque nadie le ha explicado al justiciable que el abogado es de oficio y no gratis.
Para esto existe un organismo que es el encargado de controlar la concesión del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita que pudiendo recopilar toda la información patrimonial del justiciable de las administraciones públicas, como hace poco que se está empezando a hacer en el Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, prefiere marear al solicitante, requiriéndole que aporte multitud de documentación o al abogado, pretendiendo que sea éste quien le requiera toda la documentación.
En la actualidad, debido al gran volumen de la litigiosidad y al uso de la asistencia jurídica gratuita, se está generando una importante deuda en determinadas comunidades autónomas como Madrid, Andalucía o Cataluña -entre otras- donde los abogados llevan meses sin cobrar sus honorarios, poniendo algunos Colegios de Abogados a disposición de los letrados unas líneas de crédito avaladas por las propias pólizas de responsabilidad civil que quienes ejercemos tenemos que costear. Eso sí, con unos intereses que pagamos los abogados de nuestro bolsillo. A su vez, esto ha provocado que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se haya producido una suspensión del servicio, a modo de protesta, con unos servicios mínimos, lo que significa que, por ejemplo, en el orden jurisdiccional penal, si no estamos asistiendo a un detenido, a víctimas de violencia de género o a menores y el justiciable solicita la asistencia de un abogado de oficio porque no tiene recursos para costearse uno, se encuentra con la respuesta de “vuelva usted otro día”. Son procedimientos que están vivos y que se están paralizando uno tras otro. Mientras en el orden jurisdiccional civil un justicia necesita un abogado para interponer una demanda, hoy por hoy, le tramitamos la Justicia Gratuita a ver si tiene derecho, pero su pretensión la dejamos en un montón porque no se le va a conceder abogado hasta que no se levante la suspensión.
Ante casos como estos, la Comunidad de Madrid no ofrece respuesta alguna, alegando que las administraciones no tienen dinero y los colegios de abogados designan menos guardias y, por tanto, menos asuntos provocando que se facture mucho menos a la Comunidad de Madrid. Esto significa más paralización y lentitud de la justicia. Que alimenta por tanto la injusticia.
Todo esto provoca el gran colapso de la justicia. Acudes a los juzgados y tienes que entrar esquivando montañas y montañas de expedientes que no avanzan y que se encuentran amontonados en el suelo. Solo hay que darse un paseo por cualquier juzgado de instrucción de la Comunidad de Madrid, siendo inevitable el estado de crispación para todos los operadores jurídicos, por los retrasos, por el abuso, por la falta de reconocimiento de nuestro trabajo o por las consecuencias tan nefastas.
Para intentar paliar la situación actual se ha aprobado definitivamente el Proyecto de Ley de medidas de agilización procesal. Una ley que ha sido muy criticada ya que pretende solucionar los problemas de la justicia mediante la limitación e incluso la eliminación del acceso a los recursos contra determinadas resoluciones judiciales, en función de la cuantía de los procedimientos, vulnerándose nuevamente el derecho a la tutela judicial efectiva.
Habiéndose dado un paso mayor al comenzar a circular rumores acerca de la privatización de dicho servicio. Que se pondría en manos de grandes bufetes privados de abogados cuya vinculación y preocupación por “el cliente” no siempre sería satisfactorio. Cuando median las perras, los intereses pueden ser legítimamente cuestionables.
Por todo lo anterior, podemos concluir este pequeño paseo por la justicia afirmando que nos estamos jugando mucho. Y es que cuando la justicia es lenta o ineficaz se pone en entredicho el estado social y, por tanto, los sectores sociales más vulnerables o necesitados serán quienes con más virulencia paguen las consecuencias de este desastre.
