El necesario diálogo y algunos temas que la comunidad cristiana de hoy debe tener presente entre su fidelidad a Jesús y si fidelidad a este “signo de los tiempos” que se da en Catalunya

Aunque en su origen este texto que ahora incluimos en “La Brecha” no fue pensado por su autor para esa sección, nos ha parecido, sin embargo, que se trata de un texto sumamente apropiado para este lugar. Es un texto breve con el que concluía Jaume Botey su artículo en la sección “A fondo”. Apuesta en él decididamente por restablecer el diálogo y por tender puentes entre las posiciones encontradas, con lo que implica de autocrítica y cambio de actitudes. Y ello, no solo por razones políticas, sino también creyentes: solo la apertura a los otros despeja el camino al Otro, al Transcendente… Hay aquí mucho trabajo “en la brecha” para la comunidad cristiana, como sabe muy bien Jaime Botey y evoca sucinta, pero lúcida y valientemente, en este breve texto.

Es necesario restablecer el diálogo. Necesario desde la perspectiva política para resolver conflictos. No hay otro camino. Esto supone tender puentes y una política clara de corrección de los estereotipos que de manera sistemática se han ido alimentando. Es necesario un cambio de actitudes.

Pero, además, en la construcción del diálogo el cristiano puede tener otro tipo de consideraciones. En la Palabra con los demás, en el reconocimiento sincero del Otro, el cristiano encontrará la dimensión transcendente del Otro, y la posibilidad de una puerta abierta al infinito (Buber, Lévinas…). Negarse al diálogo es negarse a abrir esta puerta del Otro y su misterio, es empobrecerse. Porque el diálogo exige conversión del corazón. Y si por desgracia acaban pesando más los prejuicios, si la negativa a escuchar es firme, aunque se invoque al diálogo sólo quedará frialdad, cálculo, estrategia, fuerza.

Lamentablemente algunas posiciones, tanto en el interior mismo de algunas comunidades como en su relación con otras, se niega el diálogo. Y cuando no hay diálogo, el otro queda anatematizado como culpable y justificada la confrontación. Como dice la hoja parroquial de una humilde comunidad periférica y muy alejada de cualquier planteamiento independentista, “Desde la madurez humana y la coherencia y honestidad cristiana estamos llamados a aprovechar este tiempo histórico para hacer este entrenamiento: reformular criterios, romper moldes, valorar la diferencia, la contrariedad. Es lamentable que unos sencillos cristianos neguemos la dignidad al criterio contrario y a las personas que lo defienden, y admitimos la negación y con ella las mentiras, difamaciones, ridiculizaciones, amenazas, la defensa del uso de la fuerza, del miedo la desinformación” [1].

Para abrir el diálogo es necesario identificar dónde está el conflicto y por qué. Partiendo de la situación de bloqueo al deseo mayoritario de poder hablar en el que el Estado mantiene a Catalunya, me permito algunos apuntes que creo pueden ayudar a deshacer algunos nudos en las comunidades cristianas:

  1. A la Iglesia y a la comunidad cristiana les corresponde anunciar y proclamar los principios éticos, no las soluciones políticas. Se trata del terreno de la moral y de la utopía, donde los matices, el diálogo y el contraste de opiniones puede ser fecundo. La concreción en propuesta política corresponde a cada persona. Muchas de estas opciones, como en nuestro caso el independentismo o el unionismo son perfectamente compatibles con el evangelio. La Iglesia no puede tener nada en contra con ninguna de ellas, pero tampoco puede identificarse con ninguna de ellas: ni con el independentismo, ni con el 155 (como ha hecho el presidente de la CEE), ni con la propuesta de la llamada “equidistancia” política. Es un terreno que no le corresponde. La comunidad cristiana debe poder compartir la misma fe y celebrar el evangelio y la eucaristía con diferentes posturas políticas en su interior, como una riqueza.
  1. Asimismo es vital tener presente la distinción entre lo legítimo y lo legal. Para la comunidad cristiana la dimensión profética es esencial, la posibilidad de infringir la legalidad en nombre de un principio superior. Nadie sabe si es mejor la obediencia a la ley o la objeción de conciencia, aceptar la Constitución como ordenamiento legal u obedecer las demandas del pueblo actualmente no recogidas en la Constitución. Sin embargo, es cierto que Jesús murió por su desobediencia a las leyes del templo, y que la historia ha avanzado gracias a los subversivos. Nadie está llamado a posiciones heroicas de ruptura o de “desobediencia civil” pero, después del discernimiento, la comunidad debe acoger, alegrarse y acompañarlas, si estas posturas nacen en su interior.
  1. En una comunidad ni la mayoría debe imponer su criterio a la minoría ni ésta tiene derecho a vetar el deseo de la mayoría aludiendo al respeto que se debe a la minoría. La votación, además, no acostumbra a arreglar los agravios o sentimientos. Será siempre necesario un esfuerzo de sinceridad, de cordialidad, de apertura, de capacidad de entender las razones ajenas y de esfuerzo por explicarse uno mismo, de diálogo sin imposiciones y sin sospechas, a fin de que las discrepancias no acaben en divisiones. Es imprescindible que la comunión en la fe se mantenga como principio.
  1. Ante violaciones flagrantes de DDHH (negación de libertades, coacciones físicas o morales, golpes, detenciones, sentencias judiciales manifiestamente injustas… ) es obligado estar al lado de quien ha sufrido la violencia, independientemente de si se está o no de acuerdo con los motivos que le llevaron a quebrantar la ley por la cual se le condena. Asimismo, la atención que merece cualquier preso debe ser siempre la misma, sin atender a si la causa de su condena es por delito común o político. Se trata de una exigencia ética y moral, de las bienaventuranzas, previa a cualquier opción política. Las comunidades cristianas deben ser ejemplo de misericordia, de acogida sin distinciones.
  1. Las comunidades cristianas deberían vivir este momento difícil como oportunidad. Muchas ya lo viven así, como una ocasión de maduración. Tienen el tesoro de la fe y la fraternidad vivida durante tanto tiempo en su seno. Deben poder ser ejemplo de diálogo. No podría decirse que vive el mensaje del evangelio quien no viva en paz con su hermano simplemente por cuestiones de concreciones políticas.

[1] Parroquia S. Juan Evangelista, Bellvitge, Hospitalet. Hoja informativa 30 díes. Noviembre 2017.

Cristianos ante el nacionalismo/independentismo catalán

Cristianos ante el nacionalismo/independentismo catalán: Cómo se han ido moviendo los cristianos en estas últimas décadas en Catalunya con respecto al nacionalismo y la independencia. ¿Qué se puede decir desde el pensamiento cristiano, desde el criterio de solidaridad con el resto de España y, en general, desde el plano ético?

La comunidad cristiana de Catalunya vive desde hace tiempo en un permanente estado de shock. Esta  nuestra “Iglesia de base” se ha caracterizado siempre por su carácter abierto, acogedor y, por fidelidad al pueblo, asumiendo en ocasiones compromisos más allá de la legalidad vigente. Los mayores recuerdan cómo, casi desde el comienzo del franquismo, la iglesia fue un pequeño reducto de libertad, baluarte de la defensa de la lengua y de la identidad conculcada. En aquel momento, la historia, como desde hace mil años, pasó por Montserrat y las instituciones que nacieron a su alrededor, entre ellas el movimiento de jóvenes del escultismo. Con el tiempo, este espacio de apertura, no sin conflictos en su interior, supuso un creciente proceso de enfrentamiento con el régimen, primero por la simple acogida de colectivos clandestinos en los templos (encierro de universitarios en el convento de capuchinos de Sarriá para la creación de un sindicato democrático en marzo de 1966, Asamblea de Intelectuales en Montserrat contra el proceso de Burgos en 1969, constitución de  la clandestina Asamblea de Catalunya en la iglesia de San Agustín en noviembre de 1971,  creación de CCOO en la de Sant Medir en 1976,  y un largo etcétera), para pasar a un enfrentamiento explícito y a la represión también explícita (manifestación en 1966 de los 130 curas apaleados, detenciones y multas a militantes obreros cristianos, Xirinacs como aglutinante pacifista en la cárcel y frente a la cárcel, habilitación de la cárcel de Zamora como cárcel de curas). La comunidad cristiana vivía esto con contradicciones, pero sin desgarramientos, a menudo acompañada por la jerarquía e impulsada por la vivencia profética de personas como Alfonso C. Comín, García Nieto, Borri, Rovirosa y tantos otros, que explicaban su compromiso a partir de la fe, y muy arraigada en las zonas de inmigración reciente gracias al trabajo de las parroquias. La iglesia de base asumió aquellas tres palabras de la Asambea de Catalunya “Llibertat, Aministia i Estatut d’Autonomia”, hecho que suponía la exigencia de un conjunto de libertades políticas, sindicales, nacionales, lingüísticas, culturales… Fue un momento de crecimiento de la identidad cristiana y de clase, en perfecta sintonía con la del país.

Hoy la situación de las comunidades cristianas en Catalunya tiene mucho de parecido y mucho de diferente. Mucho de parecido porque no es ajena a lo ocurrido. Hemos vivido dos meses de excepcional tensión confrontados con un Estado incapaz de dialogar: manifestaciones masivas como nunca a favor del derecho a decidir, caceroladas, encarcelamientos, golpes y, por primera vez, también manifestaciones masivas de signo contrario. La comunidad cristiana comparte el sentimiento mayoritario de estar viviendo en estado de excepción, de ocupación, de ser objeto de un estigma injustificado, de un incomprensible y humillante “¡a por ellos!”, de desolación, de arbitrariedad jurídica, de calumnia manifiesta cuando se afirma que en las escuelas se educa en el odio de franquismo reaparecido. Catalunya vive traumatizada, con una profunda herida, entre el espanto y la angustia. Pero hoy la situación es diferente a lo que se vivió en el franquismo. Porque entonces las diferencias políticas en el interior de la comunidad pasaban a un segundo plano frente al adversario común, la dictadura, y hoy la represión se ejerce “en nombre de la democracia”. Y porque amplios sectores viven el sentimiento de la identidad catalana como opuesto al de la identidad de clase. Y las diferencias políticas y de sentimientos enturbian el posible diálogo. Esto ocurre incluso en aquellos grupos en los que compartimos la fe que nos hace hermanos. Hoy, en las comunidades cristianas, el diálogo sobre lo ocurrido no resulta fácil.

Dividiré esta intervención en tres apartados: 1. Qué ha dicho un muy amplio sector de la comunidad cristiana. 2. Qué ha dicho la jerarquía. 3. Cuáles son los debates presentes hoy en la comunidad cristiana entre su fidelidad a la fe y su fidelidad a este “signo de los tiempos” que se da en Catalunya.

  1. Qué ha dicho el sector mayoritario de la comunidad cristiana

Diálogo y Derecho a decidir

El derecho a decidir lo compartían el 80% de la población y, en consecuencia, el 80% de los miembros de las comunidades cristianas. Respondiendo a este deseo, a partir de la ruptura que supuso la sentencia del Tribunal Constitucional en 2010, las bases cristianas han generado decenas de manifiestos, posicionándose a favor del diálogo y de poder votar, desde las más altas instancias de las diócesis pasando por abades, párrocos, laicos, acción católica especializada, comunidades de base o entidades educativas.

Ya en 2013, el 31 de octubre, un total de 55 entidades cristianas hicieron entrega solemne al Parlament de un manifiesto “Por el derecho de Catalunya a decidir su estatus político”. Entre los firmantes había entidades de tanto peso como la junta de la Unión de Religiosos de Catalunya, la Compañía de Jesús, Escuela Pía, claretianos, carmelitas descalzas, carmelitas de la caridad, el Instituto Superior de Ciencias Religiosas (Iscreb), Caritas, Justicia y Paz, Confederación Cristiana de AMPAS, Cristianismo y Justicia, Fundación Escuelas Parroquiales, Grup Sant Jordi. etc. En el documento no se pedía ningún pacto para la independencia, sino un llamamiento previo, neutral y respetuoso con todas las opciones para encontrar una solución; se ceñía al nivel de los principios éticos que fundamentan toda acción social o política, no en el de las opciones políticas concretas que puedan derivarse de dichos principios.

El 7 de julio de 2014, las entidades firmantes celebraron un acto masivo en el Caixaforum por el Derecho a Decidir. Finalmente, el pasado 21 de febrero, veinte de estas entidades presentaron de nuevo al Parlament el documento “El fet religiós en la Catalunya del futur”, donde planteaban el estatus legal del hecho religioso y la cooperación de las confesiones en una Catalunya con capacidad de decidir.

La declaraciones en el mismo sentido por el derecho a decidir continuaron antes de la consulta del 9 de noviembre de 2014 y después de la consulta. Finalmente, ante las elecciones del 27 de septiembre de 2015, un numeroso grupo de intelectuales el día 8 dirigió una “Carta abierta de cristianos de Cataluña a cristianos del conjunto de España”, manifestando que Catalunya debe “poseer la capacidad de decidir su futuro, si quiere o no tener un Estado propio”, y el día 14 Cristianisme al Segle xxi emite un comunicado parecido refiriéndose al reciente discurso del Papa Francisco en Bolivia.

Ante los últimos acontecimientos, el volumen de declaraciones de sectores cristianos, comunicados, hojas parroquiales, homilías, asambleas, etc.,  ha sido un verdadero alud, algunas de las cuales con una notable repercusión pública. Cito sólo algunas que me han parecido más significativas, limitándome casi sólo al entorno cultural y geográfico de Barcelona y dividiéndolas entre las que se hicieron públicas antes del 1 de octubre, pidiendo fundamentalmente diálogo y el derecho a decidir [1] y las que se hicieron públicas después de la represión policial, encarcelamientos  y aplicación del 155, protestando por la violencia y las arbitrariedades  [2].

Todos los manifiestos citados, sin excepción, se sitúan en el terreno de los principios, de la ética, de la defensa de los derechos humanos, de la pre-política o, mejor, en el terreno previo al de las determinaciones políticas.  En todos se insiste en que el diálogo necesario debía reconocer el derecho a decidir como derecho fundamental.

Valores, pacifismo y no violencia

Cabe subrayar, finalmente, que, en un contexto tan tenso, los valores de la paz, del diálogo, de la no violencia han estado permanentemente presentes en todo el proceso, incluso en los momentos de mayor tensión. Esto no se improvisa. Sin duda, es el resultado del trabajo de muchos grupos y personas que durante años han trabajado y educado a los jóvenes en estos valores. Muchas de estas instituciones han sido impulsadas por movimientos cristianos. Hoy, con un sentimiento enormemente satisfactorio, la comunidad cristiana tiene la sensación de recoger los frutos.

  1. Posición de la Jerarquía

En 1985, con algunos años ya de autonomía recobrada, los obispos de Catalunya publican un documento “Les arrels cristianes de Catalunya”, que se convertirá en texto de referencia para este tema. Se trata de un documento pastoral clave acerca del nacionalismo en general y del nacionalismo catalán en particular, siguiendo la tradicional doctrina social de la Iglesia, que en el compendio de la Doctrina Social se dice que“El campo de los derechos del hombre se ha extendido a los derechos de los pueblos y de las Naciones, pues «lo que es verdad para el hombre lo es también para los pueblos»”  [3]. Ya en 1963 la Pacem in Terris, habla de los derechos de las minorías étnicas, concepto que reafirma el Concilio en 1965 en la Constitución Gaudium et Spes (nº.73); posteriormente, Pablo VI en la Populorum progressio de 1967 y sobre todo Juan Pablo II en los discursos de la UNESCO, en París en 1980, y en la ONU, el 5 de octubre de 1995.

Decía el documento “Les arrels cristianes…”:

“Como obispos de la Iglesia de Catalunya, damos fe de la realidad nacional de Catalunya, labrada a lo largo de mil años de historia, y reclamamos para ella la aplicación del magisterio de la iglesia: los derechos y valores culturales de las minorías étnicas dentro de un Estado, de los pueblos y nacionalidades, deben ser respetados e, incluso, promovidos por los Estados, los cuales de ninguna manera pueden, según derecho y justicia, perseguirlos, destruirlos o asimilarlos a una cultura mayoritaria. (…) Los pueblos que, como el de Catalunya, tienen conciencia de su historia anterior a la formación del Estado y mantienen, junto a esta conciencia, una cultura y lengua propias que no son las mayoritarias del Estado, guardan viva la convicción que no provienen de la división administrativa de un Estado-Nación, sino que son un componente con personalidad propia de un Estado plurinacional…”

El Concilio de las diócesis de Catalunya, celebrado en 1995, remite a este documento de  1985, que a su vez obispos reafirmaran en 2011 en el nuevo documento “Al servei del nostre poble”.

Posteriormente, el papa Francisco en reiteradas ocasiones ha vuelto sobre lo mismo, especialmente en el discurso frente a los pueblos indígenas en Bolivia en julio de 2015: “Al igual que las personas, los colectivos y las naciones tienen unos Derechos inalienables que deben ser protegidos y defendidos. La negación o limitación de estos derechos, entre ellos el derecho a la autodeterminación, supone una herida al colectivo y una continuada fuente de conflictos y violaciones de Derechos Humanos”.

Notas recientes de los obispos de Catalunya

En la nota de los obispos del 7 de septiembre de 2015, ante las elecciones del 27 de septiembre, los obispos constatan el crecimiento a la aspiración de autodeterminación, a la que es necesario dar respuesta: “…en los últimos años se han manifestado nuevos retos y nuevas aspiraciones, que afectan la forma concreta como el pueblo de Cataluña debe articularse y cómo se quiere relacionar con los demás pueblos hermanos de España en el contexto europeo”.

Pero se siguen manteniendo en el terreno de los principios en el que es posible mantener el diálogo y defienden la legitimidad moral de todas las opciones (obviamente también la de la independencia): “No toca a la Iglesia proponer una opción concreta, pero sí defendemos la legitimidad moral de todas las opciones políticas que se basen en el respeto de la dignidad inalienable de las personas y de los pueblos, y que busquen con constancia la paz y la justicia”.

En la nota del 11 de mayo de 2017, reiteran lo dicho en la nota anterior (legitimidad moral de todas las opciones políticas), añadiendo el necesario respeto a lo cultural, en especial la lengua, y a las demandas sociales: “… conviene que sean escuchadas las legítimas aspiraciones del pueblo catalán, para que sea estimada y valorada su singularidad nacional, especialmente su lengua propia y su cultura, y que se promueva realmente todo lo que lleva un crecimiento y un progreso en el conjunto de la sociedad, sobre todo en el campo de la sanidad, la enseñanza, los servicios sociales y las infraestructuras”.

Notas recientes de la Conferencia Episcopal Española

La nota de la CEE del 27 septiembre de 2017, tiene matices diferentes. En el momento de máxima tensión –tres días antes del 1 de octubre–, lamentablemente entra en el terreno de lo opinable, como la defensa de la Constitución. Afirma que “Es necesario que se eviten decisiones y actuaciones irreversibles y de graves consecuencias, que los sitúe al margen de la práctica democrática amparada por las legítimas leyes que garantizan nuestra convivencia pacífica y origine fracturas familiares, sociales y eclesiales […]Es necesario recuperar la confianza en las instituciones, en el respeto de los cauces y principios que el pueblo ha sancionado en la Constitución”.

Pero fue en la Asamblea Plenaria de la CEE del 20 de noviembre cuando de manera más decidida los obispos abandonan el terreno de los principios y se sitúan. Sin utilizar el trasnochado argumento de la Unidad de España como Bien Moral (que todavía esgrime Cañizares) en lugar de ayudar en la iluminación del debate fraterno, dogmatizan verdades e imparten condenas en cuestiones que, desde el evangelio, son simplemente opinables. Ya en el discurso inaugural, su presidente, Ricardo Blázquez, asegura que a los obispos les “entristeció la Declaración Unilateral de Independencia” y apoyan el artículo 155. Para los obispos, la DUI significó la “ruptura del orden constitucional” y “un hecho grave y perturbador, que va más allá de las discrepancias entre las formaciones políticas”. Por eso “Apoyamos el restablecimiento del orden constitucional, porque es un bien común. La normalización de la vida social y el correcto funcionamiento de las instituciones ponen y exigen el respeto de la ley, que regula nuestra convivencia”.

Se sobrentiende que en este “restablecimiento del orden constitucional” la CEE legitima la brutalidad de las cargas policiales del 1 de octubre, y que con la expresión “normalización de la vida social y el correcto funcionamiento de las instituciones”, legitima las detenciones consideradas arbitrarias por una parte muy importante de los profesionales del derecho, las restricciones a la libertad de expresión o el ataque a la lengua en la escuela.

Ni los obispos de Catalunya ni la CEE han dicho una sola palabra de consuelo o sosiego para las víctimas. La comunidad cristiana, independentista o no, desearía sentir una mayor cercanía de sus obispos.

Iglesia Evangélica Española

También la Iglesia Evangélica Española se ha pronunciado a favor del derecho de autodeterminación. En el 75 Sínodo General que se celebró en Málaga en 2013 acordó por amplia mayoría la siguiente resolución: “Consideramos un derecho de nuestro ordenamiento la Declaración Universal de Derechos Humanos y en base a ésta, el derecho a la autodeterminación de los pueblos para que puedan decidir sobre su futuro”.

Además de esta declaración, recientemente algunos colectivos de Catalunya se definen de manera más explícita como “Evangélicos por la independencia”.

[1] Justicia y Paz, “Declaración de Justicia y Paz a favor de la legitimidad y conveniencia de un referéndum de autodeterminación política de Catalunya” (11 de julio); Cristians per la independencia, “Siguem creadors d’un futur millor” (11 septiembre). En el momento más álgido de la tensión, después de los hechos del 20 de septiembre y antes del 1 de octubre  400 sacerdotes y diáconos de todas las diócesis de Cataluña hacen público un llamamiento  “Sobre el referéndum de autodeterminación convocado por el Gobierno de Cataluña” (21 de septiembre); a éste documento, seguirán otros de  Cristianismo y Justicia: “Ante la escalada de tensión en Cataluña” (21 de septiembre); el Secretariado interdiocesano de Pastoral Obrera de Catalunya “Ante la situación de excepción que vive Catalunya” (21 de septiembre); de los abades de Poblet y Montserrat: “Ante la hora delicada de Cataluña” (21 septiembre); de las Abadesas y Prioras benedictinas y cistercienses de Catalunya: “Ante la grave situación de nuestro pueblo” (23 septiembre); de las plataformas Cristianisme al Segle XXI y Església Plural :“Sobre lo ocurrido el 20 de setembre” (22 setembre 2017); del Col·lectiu de dones en l’Eslglésia “Sumem la nostra veu a la majoría” (22 setembre)…

[2] Abades de Poblet y Montserrat y de las abadesas y prioras benedictinas y cistercienses: “Los monasterios catalanes condenan la violencia y piden un diálogo sincero y pacífico” (2 octubre); 13 entidades cristianas (Escuela Pia, Justícia y Pau, Grup Sant Jordi…): “En defensa de las instituciones y el  autogobierno de Cataluña” y contra el 155 (24 octubre); asimismo la Facultad de Comunicación y relaciones Internacionales Blanquerna (Universidad Ramon Llull) y la fundación Juan Maragall; plataformas Cristianisme Segle XXI y Església Plural “Ante el encarcelamiento preventivo y sin fianza..” (18 de octubre); un grupo de 200 cristianos de Tarragona: “En defensa del derecho a la desobediencia” (22 de noviembre)… Para finalizar el elenco citemos la carta de más de 250 curas y diáconos y 700 laicos dirigida a los cristianos del resto de España “Por la conocordia y el diálogo” (3 de diciembre).

A esta avalancha habría que añadir los innumerables comunicados en defensa de la escuela tanto de las congregaciones religiosas de enseñanza (escolapios, maristas, la Salle, vedrunas…) como de sus profesores y AMPAS contra los ataques de que es objeto.

[3] Compendio de la Doctrina social de la Iglesia, 2005, n. 175. Cf. Jaume Botey, ‘La iglesia católica y el nacionalismo español’ en AAVV: Nacionalismo español (Madird: Ed. Catarata, 2007))pg. 231-267; id.: ‘El nacionalismo catalán y los sentimientos. Momento actual del proceso’ en  Iglesia Viva, n.263, 2015/3. pg. 65;  Antoni Mª.Oriol y Joan Costa han elaborado una antología prácticamente exhaustiva y de obligada consulta de la documentación pontificia sobre el hecho nacional en Nació i Nacionalismes. Una reflexió en el marc del Magisteri pontifici contemporani (M&M Euroeditors y Facultat de Teologia de Catalunya, Barcelona, 200) y  Hecho nacional y magisterio social de la iglesia (Barcelona: Tibidabo Ed., 2003).

En la brecha del proceso constituyente

Todo comenzó en un contexto que, en principio, nada tenía que ver con Cataluña ni con un Proceso Constituyente, pero sí en un contexto de denuncia de la injusticia que mueve a las grandes multinacionales.

Esta denuncia tuvo una gran repercusión y me acerca a personas y grupos que se situaban también en una perspectiva crítica frente a esos oscuros intereses y al sistema capitalista que los alienta y sostiene. Poco después, ya en plena crisis, surge de una conciencia crítica similar el movimiento 15M y esa conciencia se generaliza como un clamor de dice “¡Basta ya!”,  que compartimos: Es  hora de actuar: ¿Qué podemos hacer para cambiar esta situación?

Entretanto. surge un nuevo motivo, decisivo, que se añade a los mencionados para alimentar y modular el movimiento social que se estaba gestando: la decisiva y lamentable actuación del Partido Popular, en 2010, contra el Estatuto de Cataluña, aprobado en 2006 por el Parlament y ratificado por las Cortes y el Senado, así como por el pueblo catalán en referéndum, denunciándolo al Tribunal Constitucional, quien finalmente lo deslegitimó, provocando una oleada de manifestaciones de protesta.

La convocatoria de una nueva charla mía a la que acuden más de mil personas, desbordando todas nuestras expectativas, nos hizo conscientes de la enorme energía que había en movimiento contra la injusta situación existente. Y en este contexto me llega una invitación de los anticapitalistas a aprovechar toda esa energía para llevar a cabo una syriza a la catalana que agrupe a todos los partidos para revertir la situación.

Pero mi respuesta a semejante invitación fue indudablemente negativa: yo no tenía interés en la estructura de partido. Yo sí me hubiera sumado, a una rebelión social, por ejemplo, a una huelga general indefinida que pusiera en crisis al gobierno y al sistema dominante, aun cuando semejante idea nos llenaba de interrogantes, que aprovecharon lamentablemente grupos de poder disfrazados y se perdió esa gran oportunidad de generar ese cambio social profundo y duradero.

Y es a partir de aquí que yo pienso el Proyecto Procés Constituent, entendiendo por tal ese debate llevado a nivel popular sobre “cómo debemos, queremos, podemos vivir juntos”. Porque eso es en verdad una constitución: el marco de referencia de nuestra convivencia política como sociedad. De ahí la idea de que en Cataluña se pudiera llevar a cabo un Procés Constituent para articular el poder popular de una forma eficaz, cosa que en la mayor parte de las democracias del mundo queda reducido a una mera democracia formal representativa, no verdaderamente deliberativa, que sigue siendo la asignatura pendiente.

En torno a esta idea convocamos desde el principio a significativas personas, como Arcadi Oliveres, o activistas políticos como Xavier Domenech, Ada Colau, Jaume Assens o Gerardo Pisarello, hasta formar un grupo de unas cuarenta personas de muy diversos ámbitos y sensibilidades, como Justicia y Paz y otros movimientos sociales de base. Y este proceso fundacional culmina en la elaboración del documento o Manifiesto por la convocatoria de un Procés Constituent en Cataluña, que presentamos Arcadi Oliveres y yo en abril de 2013. Y de nuevo nos vimos sorprendidos y desbordados por la respuesta de más de cincuenta mil personas que se adhieren al Procés, convirtiéndose en el mayor movimiento organizado en aquel momento en Cataluña.

Que fuera en Cataluña no significa que fuera un grupo nacionalista cerrado. En absoluto. Esto es muy importante dejarlo claro. Pues lo esencial de este movimiento es un trabajo y un proyecto de justicia, que es esencialmente algo abierto, aunque sí situado y concretado en una comunidad política, En este caso, en Cataluña, por el contexto hostil que había generado la respuesta brutal por parte del poder central al Estatuto de Cataluña.

El Proceso Constituyente, de hecho, tuvo desde el principio y hasta hoy un objetivo esencial que implicaba un cambio profundo de modelo económico, político y social, una transformación de la política desde las bases, radicalmente popular, el logro de una democracia verdaderamente deliberativa, el despertar de los sujetos como subjetividades políticas que toman sus vidas en sus manos y generan así la comunidad política que llamamos nación. La idea de autodeterminación es por eso clave en este Proceso Constituyente, pero entendida rigurosamente en el sentido global indicado, que implica desde un cuestionamiento radical del capitalismo y sus imperativos, que están poniendo en peligro la vida en el planeta y al planeta mismo, hasta la mencionada transformación, no menos radical, de la política dominante.

De la radicalidad de estas propuestas de justicia y bien común, debatidas en una memorable reunión de más de mil personas al inicio de la andadura del Proceso y que conforman desde entonces una especie de Decálogo de reivindicaciones que dan identidad al movimiento han derivado la riqueza del mismo, pero también los momentos de dificultad o frustración por los que atravesado a lo largo de su andadura.

Mención especial merece la dificultad de relación con los partidos, debido sobre todo a su perverso sistema de listas cerradas, que choca frontalmente con la idea básica de una democracia verdaderamente popular deliberativa y popular. De ahí derivaron, en efecto, las mayores fricciones y frustraciones que ha sufrido nuestro movimiento. Una de las más graves, cuando, como consecuencia de las dinámicas que se crean en los partidos dominantes a causa de esa estructura inflexible, el movimiento se partió en dos, justamente en uno de los momentos históricos que en principio mayor oportunidad ofrecía para formar un frente popular y poder abrir un verdadero Proceso Constituyente. Y se frustró uno de sus objetivos principales: el cambio de modelo de política, una nueva política para una sociedad nueva.

Esta experiencia dolorosa dejó nuestro movimiento sensiblemente disminuido, pero no paralizado. A partir de ese momento continuó con nuevas fuerzas como movimiento social intensamente empeñado en lo que en definitiva fue y es su objetivo central: crear el tejido humano, impulsar la transformación de las subjetividades para conseguir finalmente abrir un genuino proceso constituyente desde las bases, que a su vez transforme la sociedad y el mundo. Y la experiencia que hemos hecho ha sido sorprendente: se ha generado una intensa transformación de amplias capas de nuestra sociedad, un despertar de la subjetividad política que se ha traducido en un potente movimiento de implicación y compromiso por cambiar la sociedad, por tomarla en las propias manos, por no dejarla a merced de los poderes que aseguran que “no hay alternativa” para que nada cambie; un despertar contra la resignación y un estallido de ilusión y creatividad,  de “autodeterminación” en su sentido más genuino.

Este potente movimiento de transformación, creatividad e implicación es un acontecimiento que difícilmente se puede entender sin la fuerza generada y desplegada por el proceso constituyente que pusimos en marcha y ha tocado a miles de personas que ahora lo sostienen y llevan adelante. Nos llena por eso de gozo, e incluso de emoción. Lo que se ha movido en estos últimos meses en Cataluña ha sido, aun con sus errores y ambigüedades, una muestra poderosa de la capacidad transformadora de ese Proceso: la enorme e intensa implicación de numerosos grupos en la movilización de la ciudadanía y sobre todo el hecho de que el Procés haya llegado a calar de forma particularmente intensa en las bases populares.

En su sencillez, esa conciencia forma parte de aquel proceso de   “autodeterminación” en el que decidimos “cómo queremos, podemos y debemos vivir juntos” y que de ese modo crea comunidades políticas  desde abajo, desde las bases y sobre bases nuevas: no desde el poder, como los imperios, sino desde la justicia y el bien común, en el sentido del Proceso Constituyente.

Este proceso ha sido y es, por supuesto, enteramente laico, como no podía ser de otro modo al sustentarse en una pluralidad y diversidad de sujetos constituyentes. Ello no obstante, a nivel personal, e incluso de grupos determinados, la religión, más exactamente el evangelio, ha sido una fuente de inspiración importante. Lo cual, aunque en determinados momentos pudo generar desconfianza o sospecha, en general significó también un proceso de aprendizaje y de descubrimiento mutuo entre personas situadas a distancia en el arco de posiciones de creencia, que enriqueció el clima en que se fue gestando el entero Proceso. El que la CUP viniera a pedirme, en los inicios, que liderara este Proceso y que después mi Institución religiosa accediera a liberarme para ello, es otro de los rasgos novedosos y lúcidos o inspirados de este movimiento, que, contra toda frustración y desánimo, se sostiene firme en la esperanza.

 

Hablemos-Parlem: España es mejor que sus gobernantes

Nos lo han preguntado muchas veces: ¿cómo surgió la iniciativa Hablamos? La respuesta es sencilla: nació de la espontaneidad de un grupo de personas (en realidad un grupo de amigos) indignado y desesperado por la situación política creada en Catalunya el día 1 de octubre. Al día siguiente, el lunes 2 de octubre, comentando con vergüenza y rabia lo ocurrido, nos decidimos a hacer algo y comenzamos una cadena de whatsapp llamando a toda la ciudadanía a concentrarse de manera apartidista y enarbolando el color blanco frente a los ayuntamientos de todas las ciudades y pueblos de España. También en el extranjero en torno a las embajadas y consulados. Se trataba, por un lado, de pedir al Presidente del Gobierno y al Presidente de la Generalitat que abandonaran la escalada de tensión; y, por otro lado, de señalar que esta crisis había demostrado que la ciudadanía tenía más responsabilidad y más sentido común que sus gobernantes. O, como escribimos en el manifiesto de convocatoria: que España era mejor que sus dirigentes. De este modo, y en menos de una semana, logramos reunir a miles de personas en todo el Estado: Madrid, Barcelona, Valencia, Coruña, Málaga, Vitoria o Salamanca, tiñendo las plazas de blanco; pero también frente a las embajadas de algunas ciudades europeas como París, Londres, Estocolmo o Berlín.

La respuesta ciudadana fue sorprendente y nos dice algo sobre las ganas que sentían muchas personas de expresar su rechazo al modo como las élites políticas catalanas y españolas estaban gestionando esta crisis territorial. Enfundándose en banderas iban encaminadas a un choque de trenes cuyas consecuencias, siendo imprevisibles, hacían presagiar un desenlace dramático. El problema no era sólo que no hablaran (ni tuvieran intención de hacerlo), sino sobre todo que si España no encontraba una solución civilizada en términos democráticos a este conflicto, la enseñanza que legaba a la cultura política de este país era desastrosa. Ante cualquier problema territorial, sacar las banderas y dar palos. O lo que es peor: despedir a los guardias civiles enviados a Catalunya al grito de “a por ellos”, como si se tratara de una guerra colonial. Como ciudadanos de un país que aspira a un futuro más democrático merecíamos algo mejor.

Lo bonito de la movilización del 7 de octubre no fue solo la oportunidad del momento escogido, sino sobre todo observar cómo la llamada de un pequeño grupo de individuos provocó que muchas personas de lugares muy diferentes la hicieran suya y se auto-organizaran a partir de ella. Por ejemplo, en la misma semana en que lanzamos la convocatoria, nos enteramos por la radio de que una persona de Vitoria, a la que evidentemente no conocíamos, estaba organizando la concentración en esa ciudad. Le había llegado un mensaje al móvil, había leído algo en el periódico y se había puesto manos a la obra junto con un grupo de amigos. Ese era precisamente uno de los objetivos: activar a la ciudadanía indignada y empoderarla de manera horizontal y descentralizada.

Han pasado dos meses del punto álgido de tensión y, sin embargo, el conflicto sigue sin tener una solución pactada, democrática y duradera. Por el camino, la cuestión catalana ha puesto de relieve la necesidad urgente de llevar a cabo reformas de envergadura en nuestro país. Para ello debemos recuperar el inmenso caudal democrático del 15M y los debates, enseñanzas y propuestas que desde el año 2011 los movimientos sociales han puesto encima de la mesa.

Estas reformas en la justicia, en el mundo laboral, en la sanidad, en la educación, en la ley electoral, en la banca, en los mecanismos para perseguir la corrupción, en el sistema de pensiones, en el acceso a la vivienda, así como en el modelo de radiotelevisión pública no solo son justas, sino que son necesarias para salir del inmenso atolladero en el que nos encontramos. España sufre actualmente los efectos de varias crisis que están afectando profundamente a la vida de los ciudadanos. Transformaciones que están cambiando nuestra sociedad y de las que prácticamente no estamos hablando. Es hora de abrir un debate profundo al respecto y adaptar nuestra legislación.

Gran parte de la ciudadanía española lleva años reclamando precisamente esto, reformas universales, de sentido común que repercutan directamente en el bienestar del conjunto de los españoles. Pero, tras el año 2016, parece que todo este caudal de cambio se haya disipado. Que los cientos de propuestas de tantos grupos y colectivos sociales no hubieran existido; que las charlas, reuniones, libros y actos no hubieran ocurrido nunca; y que la labor de concienciación de todo ese tiempo no hubiera servido para nada. No es verdad. Por este motivo debemos empujar para que se reabra el debate constitucional desde abajo y se aborden aquellos asuntos que nos comprometen como sociedad.

Es hora de hablar, de consensuar cómo queremos vivir. Sin miedo, evitando aquel prejuicio tan visible en la derecha política de nuestro país que interpreta la diversidad de España siempre como una amenaza de desintegración en lugar de pensarla como un elemento que nos enriquece. Es hora de entendernos, de ponernos al día, de modernizarnos y de construir el país que queremos y que necesitamos. Y lo seguirá siendo después del 21 de diciembre. Por eso debemos empujar para que el 2018 sea el año del diálogo. Nos lo merecemos como sociedad. Así que, ahora más que nunca: ¿Volvemos a hablar?

Documento de la paz 2017: La igualdad que soñamos

Pues sí, ahora que el siglo xxi se hace mayor de edad, lo declaramos con convicción: soñamos con la igualdad. Tenemos ilusión, no somos ilusas; sabemos de las dificultades, no somos ingenuos. Somos hijos e hijas de una larga tradición humanizadora: la que va desde el profetismo de la antigüedad a los hombres y mujeres revolucionarias de los últimos siglos, la que viene desde el Evangelio hasta la declaración de los Derechos Humanos. Tenemos los pies en la realidad, pero, desde nuestra raíz cristiana, nos convoca y nos moviliza la fe compartida en una humanidad única, aunque no la veamos realizada; nos sentimos llamadas e impulsados por la esperanza en una fraternidad radical, contra toda apariencia, imprudentemente abiertas a un futuro más justo.

Porque la igualdad que soñamos ya está asomando. Es frágil, pero ya está entre nosotros, protegida en el pueblo, en los derechos y en las instituciones históricamente peleadas y conquistadas; está ahí, maravillosamente incompleta. Por eso celebramos –y defendemos– cada pequeña victoria de ese amor en acción que se llama derecho social, sanidad universal, igualdad de género, inclusión del extranjero, coeducación pública o pensión digna.

La igualdad que soñamos la soñamos despiertos porque el avance de los derechos y la igualación en las oportunidades son la expresión política de la ternura, de la ternura de las sociedades y de los pueblos y de las mejores utopías de la humanidad.

La igualdad que soñamos tiene enemigos

Vemos, no obstante, que la igualdad cotiza a la baja. Se llevan más la riqueza impúdica, el marcar las distancias o el defender sin pudor la iniquidad, mantenida con techos y muros de cristal, invisibles. Y también con muros de los otros, obscenos, con concertinas. Tragamos a menudo discursos como que la redistribución de la riqueza, esa que equipara algo a los desiguales y rescata a aquellos que la sociedad desecha, resulta “disfuncional”, un obstáculo para la competitividad y el crecimiento. Y hay quien, instalado en la fortuna o en el enchufismo, elabora finísimos argumentos para distinguir entre pobreza merecida e inmerecida.

Sí, constatamos, con poco margen para la duda, que estamos en tiempos críticos para la igualdad como proyecto colectivo, para seguir soñándola, apretándola, avistándola a pesar de la niebla densa de los discursos y de las propagandas dominantes. Está cuestionada, asediada, despreciada por estudiosos economistas liberales, por modelos sociales agresivos y triunfadores o, incluso, por desgracia, por políticas y movimientos de odio al diferente que resucitan los peores fantasmas de esta vieja Europa.

La igualdad que soñamos sale de la crisis malherida

La recesión y la crisis que vivimos tuvieron mucho de fraude a nuestros sueños colectivos. No admitimos entonces, y no podemos admitir ahora, que salgamos de la crisis mucho más desiguales de lo que entramos. Los indicadores hablan: la diferencia entre la renta media de las familias más ricas y de las familias más pobres se ha disparado; la denominada “intensidad de la pobreza” es mayor, la brecha salarial sigue aumentando. Las mujeres que volvieron a sus hogares con la crisis para cuidar dependientes no están volviendo a ocupar puestos de trabajo y las que lo consiguen es en condiciones más precarias respecto de los hombres. Y, lo que es más significativo, la pobreza se ha incrementado entre los que están en edad de trabajar y entre los jóvenes y se ha feminizado todavía más. Es una constatación unánime: el publicitado crecimiento económico de esta economía “reajustada” no está significando mejoras en la equidad. Es lo que la propia OCDE llama en sus informes “crecimiento en desigualdad”.

Hemos salido de la crisis por la derecha. Los derechos laborales están deturpados, anémicos, se hacen contratos en unas condiciones de precariedad, falsedad e incerteza impensables hace tan sólo quince años. Hoy en día las personas jóvenes, incluso las mejor preparadas, no pueden conducir un proyecto vital con los ingresos y garantías que le ofrece nuestro mercado laboral. Por eso, simplemente, ya no están entre nosotros.

Pagar más de la mitad de tus ingresos para acceder a una vivienda, tener que trabajar los dos miembros de la pareja en turnos imposibles por salarios “híper” mínimos, o trabajar 60 horas para que te coticen media jornada es incompatible con crear una familia. Procrear es una heroicidad que no se compensa con una caja finlandesa, un cheque bienvenida o con propaganda innecesaria en forma de “plan” contratada a empresas amigas sobre la maravillosa experiencia de la maternidad.

La propaganda oficial es especialmente hiriente para las mujeres cuando, en un contexto en el que aguantan despidos improcedentes por embarazo o acoso sexual en el trabajo, siguen percibiendo menos salario por idéntico trabajo; cuando los patrones –nunca mejor dicho– culturales y de comportamiento siguen dando por supuesto que la parentalidad es un trabajo femenino; cuando son ellas, tantas veces en exclusiva, las que cuidan sin reconocimiento ninguno de las personas dependientes, incluso renunciando a su carrera profesional y sin que ese trabajo, una vez “reajustada” la ley, sirva para cotizar a la Seguridad Social. También, más aún, cuando se sigue ejerciendo una violencia machista –alarmantemente vigente en la adolescencia ciberdependiente–  sobre las mujeres o cuando se utiliza el cuerpo de las mujeres como mercancía.

La desigualdad, cuando crece, se ceba en los más vulnerables. Creamos bolsas de exclusión porque la integración parece ser un premio para los perfectos, que, curiosamente, acostumbran a ser familia de los poderosos. Sí, aún hay clases. Incluidos y excluidas. Discapacidades, culturas distintas, minorías, enfermedades mentales… y también parados crónicos, fracasadas escolares, habitantes de los márgenes, sobrevivientes en la jungla urbana. La cultura de la pobreza tiende a consolidarse y reproducirse, de padres a hijos, de madres a hijas. Sólo los servicios públicos de calidad y las prestaciones y pensiones son efectivos para paliar, para coser y cicatrizar las grietas sociales.

La solidaridad interna, ese cemento moral de las sociedades, se resiente. Pero la primera víctima son los extraños, los otros, los diferentes. Es como si nos vacunasen contra el sentimiento de vergüenza. Acogemos a una parte mínima, ridícula, de las familias de refugiados sirios que nos comprometemos a acoger, familias con menores que huyen de una guerra infame… y no sentimos culpa ni vergüenza. Incluso montamos argumentarios sobre el terrorismo infiltrado o, en palabras de obispo, sobre que “no todo es trigo limpio”. Pero deberíamos estar avergonzados. Tanto como si nuestros gobernantes admitiesen sobornos en la adjudicación de contratos o fuesen amigos de narcotraficantes. La vergüenza es condición de la dignidad. Van juntas. Nos resistimos a la desvergüenza. Tenemos razones para indignarnos.

La igualdad que soñamos no es barata

Crecer en igualdad no es un sueño etéreo. Tiene concreción ya, tiene expresión social y tiene política económica.

Sabemos que es fácil decirle al cuerpo electoral lo que quiere oír. Por ejemplo, que la igualdad es barata. Pero no es así.

Crecer en igualdad necesita un plan. Y un plan no es una proclama, no son un montón de eslóganes, no es una rabieta opositora. Tampoco es suficiente con tomar la calle, aunque haga falta empujar la historia y contrapesar la tendencia dominante con nuestras indignaciones. Un plan implica saber cómo y de dónde vamos a obtener los recursos financieros para construir la igualdad que queremos, para deconstruir el desorden económico y social. Un plan implica hacer números y propuestas concretas y formular una fiscalidad más eficiente y justa.

Efectivamente, necesitamos una nueva fiscalidad igualadora y una nueva moral fiscal. No puede ser que el impuesto de sociedades pasase de un 21% de la recaudación total en 2013 a tan sólo un 13% en 2015. No puede ser que se les dé un tratamiento tan favorable a las rentas derivadas de los dividendos (con un máximo de tributación del 21%, con independencia de su volumen), comparado con el trato dado a las rentas del trabajo (que pueden alcanzar el 45%). No es admisible que 34 de las 35 empresas que cotizan en el IBEX tengan sedes en paraísos fiscales.

La igualdad que soñamos es una tarea

Nuestra conciencia fiscal ha ido creciendo. Sabemos ahora de la gravedad del fraude fiscal y de la importancia e inconveniencia de tener un 25% de economía en negro. También de hacerle caneos al IVA. Pero no nos ayuda a mejorar nuestra conciencia fiscal la falta de ejemplaridad de los gobernantes, famosos y grandes empresas. Necesitamos una inspección fiscal eficaz e independiente del poder político. Que vaya de arriba a abajo.

Y necesitamos superar fronteras. El capital ya las superó bien superadas. Las normas que lo controlan y regulan van muy por detrás. No son admisibles los paraísos fiscales, ni la incapacidad de las autoridades globales –comenzando por las europeas– para armonizar los tributos que se deben imponer a las grandes corporaciones y para establecer tasas sobre las grandes operaciones especulativas de capitales –como la conocida tasa Tobin– con las que financiar los programas de solidaridad global que nuestro mundo precisa, esos que mitigarían los grandes flujos migratorios de gente hambrienta o desesperada. Los representantes del pueblo deben tener poder sobre las corporaciones multinacionales, y no a la inversa.

Estamos delante de la revolución de la robótica. Los gobiernos y los legisladores deben anticiparse a sus efectos sobre la clase trabajadora y sobre los sistemas de protección, que son los garantes de la igualdad. No podemos permitirnos una masa de excluidos tecnológicos sin futuro ni lugar en la sociedad. Los incrementos de productividad que producen los robots, expulsando mano de obra, deben tener su propia cotización y tributación fiscal. Es tiempo de retomar en serio el debate de la Renta Básica universal e incondicional. Porque el “trabajo” ya no se reduce al “empleo”. Porque esa renta, en Galicia, unida a incentivos inteligentes a la actividad y residencia rural permitiría políticas de reequilibrio demográfico del territorio que son un desafío inaplazable en nuestra tierra.

Hay mucha dignidad y derechos que devolver a la clase trabajadora, comenzando por jornadas y contratos legales y el derecho al descanso: en sectores feminizados como el comercio, ¿que ha sido del derecho intocable al descanso dominical o del fin de semana, en otros momentos defendido por sindicatos e iglesias?

Queremos llamar la atención sobre la necesidad de una clara apuesta por la coeducación, por una educación que no siga reproduciendo los estereotipos de género, que fomente la igualdad y la no violencia, en las familias, en los centros educativos, en los medios de comunicación social o en la Iglesia. La educación necesita un plan, no se puede improvisar.

Habrá más igualdad, armonía e inclusión social si hay una educación pública de calidad, bien dotada en medios, contenidos y métodos, con los mejores funcionarios –seleccionados bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad– y motivadora para el alumnado. Esa es la mejor estrategia para romper el fatalismo de la reproducción intergeneracional de la exclusión social y laboral. Es la mejor vacuna contra la desigualdad.

Es necesario que sigamos defendiendo el sistema de sanidad pública que tanto trabajo costó levantar. No es barato. Es, por ejemplo, incompatible con las bolsas de corrupción, con la distracción de millones de euros públicos hacia los bolsillos privados de los partidos y las cuentas corrientes suizas de los gobernantes. No tenemos dinero para sobornos ni mordidas porque hacen falta para quirófanos y doctoras. Necesitamos ser tan rigurosos en el control del gasto sanitario como en el descontrol del fraude fiscal y de la corrupción.

Las pensiones públicas ejercieron durante la crisis el papel de principal herramienta de igualación y compensación de las bancarrotas familiares. Fueron el principal estabilizador anticíclico. Es necesario, efectivamente, un debate sobre la viabilidad del sistema de pensiones, pero no para privatizarlo ni recortarlo, sino para hacerlo fiscalmente viable.

Los servicios sociales públicos son la expresión de nuestra solidaridad colectiva. Junto con la acción generosa, incisiva y eficaz de las organizaciones sociales solidarias tejen una malla de protección para todos aquellos que están en desventaja. No podemos permitirnos un sistema de servicios sociales anémico porque la atención a los menores en riesgo, a las personas con discapacidad, a las dependientes, a los individuos y minorías excluidas por las más diversas razones son el verdadero termómetro de nuestra conciencia social.

No puede haber igualdad si no se hace ya un pacto de estado contra la violencia de género, si no se legisla para erradicar los abusos sobre la mujer. Habrá igualdad cuando las mujeres puedan caminar por la calle sin miedo, cuando todos los niños y niñas se sientan seguros en su hogar, cuando cualquier mujer, independientemente de la ropa que vista o de sus hábitos sociales, se pueda sentir protegida por la justicia.

Por fin, como comunidad de comunidades cristianas, sabemos que la igualdad comienza por la propia casa. Necesitamos construir comunidades eclesiales igualitarias, fraternas, sin discriminación de funciones en función de género, inclusivas con la diversidad social y de identidades y culturas. Esa es la mejor forma, no hay otra, de comunicar la Buena Nueva, haciéndola realidad cada día, desde dentro, desde lo concreto, desde la cocina de nuestra casa común.

La crisis política catalana

La crisis catalana es un episodio extraordinario, casi estrambótico, de autonomía de lo político. Autonomía llevada a niveles de delirio, pero con escasas consecuencias reales más allá de algunos golpes, unos pocos juicios y un achicharrante estrés emocional para unos y otros. Todo ocurre, es preciso recordarlo, dentro de la Unión Europea, único ámbito territorial decisivo para las provincias española y catalana. Y todo ello también dentro del marco de una sociedad pacificada y poco dispuesta a llegar al enfrentamiento armado por las cuestiones en liza. Así se explica que el desastre nunca lo sea del todo. Que cada cual pueda recuperar su vida cotidiana sin mayores traumas. Que la crisis no afecte a los empleos, a la economía (lo de las sedes se desarrolla en el nivel de lo simbólico). Y así se explica también que este conflicto, incluso cuando parece desbarrar, nunca lo hace del todo. La cuestión catalana se manifiesta en términos postmodernos, con grandes narrativas pero sin materialidad evidente, como una gigantesca guerra cultural.

Aun, por tanto, con presos y con una increíble inflación verbal (independencia, sedición, gobierno en el exilio), este conflicto sigue siendo una bicoca para ambas élites institucionales que, debemos recordar, nunca han dejado de ser los actores principales del conflicto. En primer lugar, el PP y los exconvergentes del PDeCat, dos partidos atosigados por los escándalos de corrupción, que han sufrido el desgaste de la aplicación de las políticas de austeridad dictadas por Europa. Pero que ahora se nos presentan, no sin contradicciones, como los campeones de sus respectivos demos (catalán y español), haciendo gala de gran política, con una épica que les estaba vedada por su posición subalterna en el concierto europeo. Esa triste realidad, que intentan conjurar, es la que constituye ese muñeco de paja llamado régimen del ’78. En segundo lugar, están los partidos-relevo, Ciudadanos-Ciutadans y ERC, que heredarán la tierra que han dejado sus hermanos mayores, y que azuzan el conflicto como quien sabe que lo tiene todo por ganar.

Sea como sea, ¿cómo se ha llegado a una situación en la que se ha amagado con la independencia y con una intervención directa del Estado? “Debilidad” es, sin duda, la palabra y la llave. Debilidad de aquellos que impulsaron el Procés. En primer lugar, los ex-convergentes, en caída libre desde hace años, azotados por la sobrevenida desnudez del santurrón de su fundador, mostrado al público como un archimillonario andorrano. Los ex-convergentes se ataron a un palo que no era el suyo (el soberanismo) con tal de encontrar algo para seguir flotando. Debilidad de Esquerra, partido complejo, pero que nunca pensó en gobernar y que aún hoy en día lo más probable es que acabe engullido, de una u otra forma, por su hermano mayor, siempre con más sentido de empresa. Entre los soberanistas, a los que no se les puede acusar de debilidad es a los miembros de la CUP, que desde el comienzo vieron en el procés la oportunidad para llevar al sistema de partidos catalán hasta el límite de sus incongruencias. Por una extraña alineación gravitatoria, todo ha salido de acuerdo a su propio guión. Han sido los únicos en no equivocarse en sus predicciones: no habrá pacto entre élites, los ex-convergentes amagarán con desobedecer aunque no quieran y el Estado reprimirá.

Debilidad también del partido Beta español (el Alfa es siempre el PSOE). Los populares, a su vez desnudos por sus múltiples chanchullos, llevan media década desangrándose entre escándalos de corrupción y su propia guerra interna. Solo así se explica que el PP haya decidido arrollar en una pelea que tenía ganada. Tras las jornadas del Parlament del 6-7 de septiembre, cuando JpS y CUP aprobaron las leyes que permitían el referéndum, sin más discusión ni apoyos parlamentarios, el PP simplemente tenía que haber dejado las cosas estar; y el referéndum hubiera acabado en algo parecido a lo que fue el 9N. Pero no. El Estado ha sobreactuado, enviando a miles de policías, de guardias civiles, alimentando el guerracivilismo con declaraciones calculadamente incendiarias. Ha sido un espectáculo para los suyos, para los siete millones de votantes que aún les quedan. Pero con la particularidad de que, como toda representación a tiempo real y con actores reales, algo podía salir mal.

Debilidad también de todos los terceros actores, que no han sabido generar una posición propia en cinco años de procesisme, que no han sido siquiera capaces de generar un análisis mínimamente complejo de lo que propiamente no es más que la variante catalano-espanyola de la descomposición social y política de Occidente (dicho con una fórmula muy de principios del siglo xx).

Debilidad en última instancia de la sociedad, y en todas las direcciones que se quiera. Desde una sociedad española que desconoce sencillamente lo que en Catalunya ocurre, y viceversa. Hasta un malestar que no ha encontrado más forma de expresión que la nacional. Valga decir que una de las cosas que más sorprende del independentismo catalán es la insondable vacuidad de sus contenidos: sean sociales, económicos o incluso culturales. Apenas un proyecto resumido en una idea, “independencia”, sobre la que se concitan esperanzas diversas cuando no antagónicas: la solución a casi cuarenta años de desindustrialización especialmente vividos en la Cataluña interior; la propia precariedad social implícita en un modelo económico en el que sólo el turismo y el sector inmobiliario muestran algo de dinamismo; la particular crisis de las clases medias catalanas, que se refleja en jóvenes formados sin posición ni expectativa de tenerla; la propia degeneración del régimen político en su versión catalana (lo que podríamos llamar el carácter patrimonial que CiU-PSC mantenían sobre las instituciones de autogobierno).

Lo más sorprendente, no obstante, es que a pesar de esta debilidad el conflicto catalán ha sido el colofón al 15M, si bien en un sentido negativo. Nunca en los años previos, los viejos actores institucionales han tenido tanto margen de maniobra, hasta el punto de dominar la calle y cabalgar el malestar como dueños y representantes legítimos de sus respectivas huestes, trapos y banderas. Catalunya parece ser la restauración de lo viejo, a través como siempre de la integración de lo nuevo. La reforma constitucional ya en marcha es simplemente eso.

Más grave aún. Al processisme, esta izquierda le ha ofrecido un lenguaje, que ya en el 15M era solo una muletilla de una intuición más profunda. Le ha dado palabras como proceso constituyente, régimen del ’78 y, sobre todo, democracia. Con este regalo lingüístico, ha transformado a las izquierdas, nuevas y viejas, que sin movilización son solo institución, en un contenedor vacío, sin capacidad de análisis, ni respuesta. El agujero es mayor en aquellos que han quedado más atrapados en esta gigantesca guerra cultural, aquellos que han asumido completamente la literalidad de los términos del conflicto. Así, por ejemplo, la bandera de “un sol poble”, que el PSUC agitó para apaciguar la agresiva conflictividad obrera de los años setenta y asegurar una transición pacífica, hoy se emplea para unificar por abajo a una sociedad quebrada frente al ataque a las instituciones catalanas practicadas por el Estado. Fuera de Catalunya es la misma bandera que identifica el pueblo de Catalunya con el soberanismo, y que comparte la épica de los procesos de liberación nacional, en una época, un país y una posición geopolítica que nada tienen que ver con la Guinea Bissau de Amilcar Cabral o la Argelia de Ben Bella. Nada más regocijante para los que comparten esta mirada que considerar que lo que hoy moviliza el PP-Ciutadans es una caterva de facinerosos y franquistas: un cuerpo por tanto “externo” al pueblo. Y nada más del gusto progre que esgrimir superioridad moral, también melancólica, frente a los fachas españolistas o españoles (según se encuentre el observador). Entender los rasgos neocon de estas movilizaciones, en las que efectivamente hay falangistas, pero sobre todo segmentos importantes de población modesta y hasta hace poco despolitizada, queda como una tarea pendiente para otra generación. Réquiem, otra vez, para la extrema izquierda.

En definitiva, la izquierda de 2017 no entiende el teatro de lo político: se lo toma demasiado en serio, porque quiere ser parte del mismo. Pero tampoco entiende los niveles materiales del conflicto: por ausencia de luchas materiales en las que apoyarse. Valga decir la realidad de las periferias metropolitanas de Barcelona y Tarragona que han permanecido completamente al margen del procesismo y que en las recientes elecciones se han inclinado en parte a Ciudadanos, resultado inesperado de la propia crisis de la izquierda catalana. De esta Catalunya se puede decir que es un fantasma político. Durante décadas fue el gran caladero de votos del PSC. Previamente también lo había sido del PSUC. Pero se trata de un voto que lleva treinta años diluyéndose en la abstención y en las vidas anónimas de una clase obrera pulverizada. En muchos de estos lugares, el gesto más elemental de desafección política (el abandono del voto) supera de largo el 50 %.

Su desaparición del espectro es compleja. Sin embargo, la respuesta de estos fallos en el radar reside en casi todo lo importante que haya podido ocurrir en Catalunya desde el año 73. Una economía industrial en picado que ha pasado de suponer más del 40% del PIB, a apenas rebasar el 20%. Una progresiva rarefacción y terciarización del empleo, cada vez más precarizado y peor remunerado. También una secuencia compleja de derrotas políticas que comienzan hacia 1976, cuando se quebró violentamente la oleada de huelgas de ese invierno-primavera, que detuvieron la actividad durante semanas en el Baix Llobregat y en buena parte del Vallés Oriental. Las prácticas asamblearias y autónomas del movimiento obrero catalán tuvieron, efectivamente, que ser “tamizadas” (subordinadas, sería una palabra más adecuada) por los pactos de la Transición. La integración del PCE-PSUC, los pactos de la Moncloa, el nuevo reparto político-electoral, la formación de una nueva burocracia sindical desmocharon al movimiento obrero catalán.

Sobre estos mimbres y como en forma de titulares, se puede hacer un balance:

  1. Las élites institucionales españolas y catalanas han salido curiosamente reforzadas de este conflicto. El PP ha conseguido recuperar una iniciativa política que no ha tenido desde 2011 y lo ha hecho sobre la base de un revitalizado nacionalismo español. Aunque los inmediatos beneficiarios hayan resultado ser Ciudadanos, el PP conoce bien la posición subsidiaria de este partido, y puede disponerse en el medio plazo a recuperar ese voto. Por su parte, la propia ex-convergencia de la mano de su presidente ha salido notablemente reforzada al llevar al extremo el agonismo teatral del procés. La lista del presidente puede llegar a ser la más votada el 21 de diciembre.
  1. Los terceros actores difícilmente salvarán una situación que no han sabido afrontar antes. Recordemos, para el caso, la vacilante actitud del Podemos catalán, que nació de la mano de un xulo madrileny pero que no supo aprovechar “su momento Lerroux”. Nadie o muy pocos estaban dispuestos a organizar a ese conjunto de abandonados por la sociedad civil y política catalana (y también española), a ayudarles a articular una mínima expresión política autónoma. Y hoy Podem es el mismo poti-poti de familias enfrentadas y vacío político. También hay que analizar la posición de els Comuns, que siempre guiados, como un misil ante el calor, por el oportunismo electoral, han seguido atados a un discurso ambiguo que tiene su origen en su doble clientela: las clases medias progres de Barcelona, de raíz política catalanista, y los desarrapados movilizados por Podemos. Impotentes en un marco fabricado para aniquilarlos, hoy En Comú, proclama por boca de alguno de sus líderes el un sol poble. La izquierda catalana trata de resolver su propia impotencia frente al nacionalismo catalán conservador, cuando este se valida ante el nacionalismo agresivo español.

En ningún caso, parece que los resultados del 21 de diciembre vayan a resultar concluyentes. En cierto modo, se puede decir que el procés no sólo no ha terminado, sino que va camino de ser la forma de la política catalana durante la próxima década.

Balance y perspectiva. De la desolación a la esperanza

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?; ¿qué nos cabe esperar?: ¿qué podemos hacer? Voy a intentar contestar a estas tres interrogantes sabiendo que es tal la magnitud de artículos, de ensayos, de interpretaciones, que es imposible decir nada que sea original pero sabiendo que todos tenemos la obligación intelectual de intentar aportar un poco de luz, al menos de la luz que modestamente podamos atisbar.

  1. El origen del problema

Al hacer balance de estos cuatro últimos meses tenemos que hacer un esfuerzo por precisar si lo vivido tiene poco o mucho que ver con lo ocurrido anteriormente. No cabe duda de que desde el 17 de agosto del 2017, cuando se produce el atentado yihadista en las Ramblas, hasta el 21 de diciembre, cuando se realizan las elecciones, es tal la cantidad de hechos que se suceden unos a otros que cabría decir que el problema de Cataluña concentra todas las energías y monopoliza la agenda política. Parece el único tema sobre el que podemos debatir y reflexionar. Por ello se ha hablado de un monotema obsesivo, angustioso, paralizante.

Para intentar superar esta situación hay que situar el problema en un contexto más amplio. Un contexto que comienza en el año 2010. En ese año se produce el giro en la política económica del gobierno Zapatero y se aprueban en el parlamento las medidas que van a propiciar el inicio de los recortes. Si volvemos a mayo del 2010 podemos recordar que es el momento en el que se produce el choque con los funcionarios, con los pensionistas, el recorte en los servicios públicos y donde, por primera vez, desde el inicio de la democracia, los sindicatos no son capaces de recoger el malestar social. Un año después se produce el despertar de una nueva generación y el movimiento del 15 de mayo de 2011.

Traigo esta fecha a colación para plantear el primer interrogante que surge a partir de lo vivido en Cataluña: ¿son compatibles las dos impugnaciones al régimen del 78? Tanto el 15M como el movimiento independentista han supuesto dos desafíos muy serios al régimen del 78; a la luz de lo ocurrido en Cataluña hay que preguntarse qué queda de cada uno de ellos y qué puede pasar en el futuro. El 15M visualiza la aparición de una nueva generación que irrumpe en las plazas aquella primavera, que logra abrirse un hueco en las elecciones europeas del 2014, que alcanza grandes cotas de poder autonómico y municipal en el 2015, y que obtiene un resultado electoral espectacular en las elecciones generales de 2015. Estamos ante un movimiento que cuestiona el modelo económico-social, los recortes en los servicios públicos, la pérdida de las garantías laborales, el aumento de la desigualdad y la brecha generacional que se ha abierto en nuestro país y en otros países europeos. Un movimiento que trata de articular una política económica alternativa asumiendo propuestas que se dan en Grecia, en Portugal, en Francia, en Alemania o en Inglaterra. Un movimiento que bebe en las fuentes de las opciones a la izquierda de la socialdemocracia llámense Txipras, Corbyn o Melenchon. ¿Qué queda de todo aquello?

Tras lo vivido en estos cuatro meses: ¿es este el tema que marca la agenda política de los españoles? La respuesta es negativa. El motivo se puede cifrar en el hecho de que Grecia tuvo que rectificar en su intento de desafiar a la política económica dominante; en que, a pesar del meritorio resultado de Corbyn, no se pudo evitar el triunfo de los conservadores y en la polarización en Francia entre el gran centro y la ultraderecha. A la luz de este balance, no es extraño que haya tenido mucho más impacto en las elecciones catalanas Manuel Valls que Melenchon. Valls forma parte de la coalición victoriosa de Macron, y Melenchon no pudo conseguir que la FRANCIA INSUMISA pasara a la segunda vuelta de las elecciones francesas. Al no existir ejemplos gubernamentales europeos de una política distinta, y al estar tan polarizado el ambiente por el choque entre los dos nacionalismos, la apuesta por poner en un primer plano una política económica alternativa por el momento ha fracasado.

Este es el punto importante del que hay que partir. La exacerbación de la pasión indentitaria ha sido la gran protagonista de lo ocurrido en Cataluña. ¿Cómo es posible que la misma persona (Xavi Domenech) que encabeza una candidatura ganadora en dos ocasiones en unas elecciones generales, y al que todo el mundo reconoce una gran capacidad, sea la quinta fuerza en unas autonómicas?; ¿cómo es posible que la candidatura de la alcaldesa de la ciudad de Barcelona sea también la quinta fuerza en su propia ciudad? La desigualdad no ha desaparecido, ni la brecha generacional, ni el precariado, pero cuando los sentimientos ocupan el primer plano es muy difícil introducir otros elementos en la pugna.

El 15M auspició la aparición de una nueva generación que deseaba irrumpir con fuerza en el mundo político sin hacerse cargo del pasado, sin heredar la lógica de los protagonistas de la transición y sin pretender resarcir a los marginados de la misma; no quería heredar los valores de los vencedores, pero tampoco deseaba hacerse cargo de los agravios de los principios de los vencidos. Pretendía dirigirse a todos los que sufrían la crisis más allá de su pasado ideológico, o de sus adscripciones político-partidistas.

Lo ocurrido en Cataluña responde a una lógica completamente distinta. Si en un caso se trata de un proyecto adanista, en otro se trata de establecer una continuidad con el pasado que dé sentido a las tareas del presente y a las perspectivas de futuro. No es extraño que al tratar de establecer una continuidad entre Felipe IV, Felipe V y Felipe VI la irrupción del 15M fuera vista como una perturbación. Poner el foco en la Europa del Euro hacía perder el rumbo. Lo importante no era el neoliberalismo, la globalización sin control o el dominio del Capital financiero; lo importante era resaltar una y otra vez que el lastre era España y el sueño ser un nuevo Estado europeo como Austria o como Dinamarca.

Este esfuerzo por centrar todas las energías en conseguir ser un nuevo Estado en Europa ha marcado la agenda política en las Diadas realizadas desde 2012, en el referéndum del 9 de noviembre, en las elecciones del 27 de septiembre de 2015, y en las elecciones del 21 de diciembre de 2017. No se puede decir que no haya habido una continuidad en todo el proceso. Tras la Diada de 2012, Artur Mas se presenta en Madrid y pide una nueva financiación para Cataluña. Ante la negativa del gobierno es aclamado a su regreso a la plaza de San Jaume por destacados miembros de la sociedad civil catalana que le animan a continuar la batalla. Decide romper su pacto con el partido popular e ir a unas elecciones autonómicas donde espera alcanzar un apoyo inequívoco que le dé fuerzas para afrontar su desafío con el Estado. No logra la mayoría absoluta y tiene que formar gobierno con el apoyo de Esquerra Republicana.

En mayo de 2014 se producen las elecciones europeas, la irrupción de PODEMOS, la abdicación del rey, la dimisión de Rubalcaba y la confesión de Jordi Pujol sobre una cuenta no declarada en Andorra. Esta confesión que afecta a la credibilidad del padre de la patria catalana no impide que Artur Mas decida incrementar la pulsión independentista y proponer un referéndum ilegal el 9 de noviembre de 2014. Logra una movilización importante de personas que van a alcanzar una cifra en torno a los dos millones. Dos millones que vuelven a aparecer en las elecciones de 27 de septiembre de 2015 y en las elecciones del pasado 21 de diciembre. Estamos ante un movimiento muy amplio, que ha superado muchas pruebas y que no parece permeable a otras perspectivas. Es el movimiento que ha alcanzado la mayoría absoluta en estas elecciones y que ha propiciado, a su vez, el ascenso imparable de una fuerza política que comenzó con 3 diputados y hoy tiene 36, y ha sido el partido más votado. Unos proponen la secesión; otros celebran la victoria con el canto eufórico de ser españoles. Unos representan el 47%; Ciudadanos con el PP, aproximadamente, el 30%; el PSC y los Comunes, el 22%.

Al inicio de la democracia, el PSC y el PSUC representaban casi el 50%. Hoy no llegan al 25%. Están en medio entre dos nacionalismos que reparten sus acusaciones. Para los nacionalistas catalanes los socialistas son simple y llanamente traidores al pueblo de Cataluña. Para los nacionalistas españoles los Comunes y Podemos no se distinguen de los independentistas. Pero la cosa no queda ahí, ya que para los nacionalistas españoles los socialistas son ambiguos, poco claros, excesivamente condescendientes con el nacionalismo catalán; mientras que para los nacionalistas catalanes los comunes son equidistantes, miran para otro lado, no son capaces de asumir que el deber de todo demócrata autentico es apoyar inequívocamente a la futura república catalana.

  1. Qué podemos esperar

Dos absolutos chocan y saben que mientras la alternativa sea el otro sus electores se ven reconfortados. En este laberinto invito a los lectores de Éxodo a analizar el uso de las categorías religiosas en este conflicto.

La fuerza que triunfa en Cataluña es un partido que tiene poco o nada que ver con el conservadurismo español tradicional, y mucho menos con el nacional-catolicismo. Si nos fijamos con atención al análisis del papel de los símbolos religiosos, siempre se achaca a la otra parte, al otro nacionalismo. Ciudadanos se presenta como centrista-liberal-relativista-europeo-modernizador. Es el otro nacionalismo el que es caracterizado como conservador-reaccionario-dogmático-antieuropeo-anacrónico. Es el nacionalismo catalán el que es estigmatizado como la peste, la guerra, la violencia, la exclusión, la peor herencia del siglo veinte; esa herencia que recoge a su vez lo peor de las religiones, la absolutización de la política, la exaltación de un pueblo elegido, que sigue fanáticamente a un mesías y está dispuesto a cualquier clase de sacrificio hasta alcanzar la tierra prometida.

Por ello no estamos ante una contraposición entre la racionalidad y los sentimientos como se ha dicho por distintos analistas. Ciudadanos ha sabido movilizar los sentimientos de una identidad nacional española que se ha visto reconocida, representada, encarnada, en una candidata joven, atractiva y solvente, que defendía la combinación de la identidad española con la catalana y la europea, y que no quería nuevos pasaportes ni nuevas fronteras; era una candidata que devolvía su orgullo a los “otros catalanes”, a los que viniendo de otras tierras de España han contribuido decisivamente a la prosperidad de la sociedad catalana y se han sentido maltratados, despreciados y vilipendiados por el secesionismo.

Al mantener los independentistas la mayoría absoluta y al alcanzar la victoria electoral Ciudadanos, se visualiza un empate permanente, que puede dificultar cualquier acuerdo o aproximación. Las dos posiciones no pueden estar más alejadas porque ambas tratan de superar el modelo autonómico que ha durado muchos años; el problema es que estamos ante una superación de sentido contrario. Ciudadanos considera que el origen de todos los problemas vividos en Cataluña se centra en la dejación de una izquierda acomplejada ante la hegemonía del nacionalismo. Estamos ante un partido que nace en Cataluña como crítica al tripartito y como respuesta a lo que consideran benevolencia, complicidad o traición de los socialistas catalanes.

La otra cara de la moneda son los catalanistas que han optado por el independentismo. No hay ninguna lógica inexorable que plantee que todo aquel que apuesta por la lengua y la cultura catalana, que todo aquel que piense que Cataluña es una Nación por su personalidad histórica debe dar el paso a afirmar, a postular, a defender, que esa Nación para poder desarrollarse necesita tener un Estado propio. La posición autonomista-posibilista-constitucionalista ha sido hegemónica en Cataluña durante muchos años. Tanto la antigua Convergencia, como el PSC, como el PSUC compartían el modelo en un contexto donde Esquerra Republicana y el Partido Popular eran fuerzas minoritarias. Minoritarias incluso cuando se produjo la votación en referéndum de 2006 sobre el nuevo Estatut y votaron en contra los separatistas y los separadores. Hoy los separatistas son hegemónicos en Cataluña y los separadores tienen una minoría muy importante en Cataluña, y pueden ser ampliamente hegemónicos en España si el debate sobre la unidad nacional sigue centrando los próximos meses y la izquierda no logra hacer creíble un relato alternativo del pasado y una propuesta creíble de futuro.

Estamos ante un choque entre dos nacionalismos que no tienen incentivos para llegar a acuerdos. A los dos les conviene seguir acumulando fuerzas de cara al futuro. A Ciudadanos, para disputar el liderazgo al Partido Popular en España; a los independentistas catalanes, para ir acumulando fuerzas mientras se resuelven los procesos judiciales y se despeja el tipo de organización política que agrupe sus ideas de cara al futuro. Los dos piensan que no es el momento de negociar ni de ceder, que hay que seguir polarizando para seguir sumando en cada uno de los bandos, por tanto que hay que seguir cavando trincheras, considerando y propagando, eso sí, que es el otro el único responsable de todo lo ocurrido. Ni los unos están dispuestos a asumir que recurrir el Estatut ante el Constitucional fue un error, ni los otros a reconocer que no deben propiciar la ruptura unilateral de un país cuando no llegan al 50% de apoyos.

III.  Qué podemos hacer

Si la polarización ha avanzado y el choque de trenes ya se ha producido, solo cabe reconocer lo evidente. Todos los que apostamos por un federalismo plurinacional, pluricultural y por una tercera vía entre los dos nacionalismos estamos en minoría. Estamos en minoría porque apostar por el acuerdo, por el diálogo, por el consenso ¡no digamos por la reconciliación! es visto como una posición ambigua, poco clara, perturbadora, en momentos en los que se trata de vencer, de ganar, de derrotar al otro.

Dos hechos operan en este debate que hacen casi imposible la tercera vía. El primero es el de los que afirman que no se trata de hacer una reforma de la constitución para dar satisfacción a los que han roto las reglas de juego. No hay que reformar la constitución para satisfacer los deseos de los independentistas. Dos millones de catalanes no pueden imponer su voluntad a cuarenta millones de españoles. Esta posición liberal-conservadora deja intacto el problema a la espera de que algún día la pesadilla desaparecerá y las aguas volverán a su cauce. Por el momento, no parece que sea así. Este inmovilismo provoca el segundo hecho que hace imposible la tercera vía; va creciendo la desafección y el sentimiento de que en España no hay federales, que es más utópica la España federal que la Cataluña independiente y, por tanto, que es la hora de romper y de abandonar a su suerte a un Estado fallido. No hay que seguir siendo parte de un todo, sino de formar un todo aparte.

Ante una polarización tan aguda, el problema no se resuelve atendiendo únicamente a lo procedimental. El problema no es únicamente pactar el tipo de consulta que pueda ser asumida por todas las partes y que permita resolver democráticamente el litigio. A la altura en la que estamos, la apuesta por un referéndum a lo sumo resuelve una parte del problema pero no afronta el núcleo del contencioso. Se pueden buscar fórmulas para ver cómo sería la consulta (Rubio Llorente ofreció formulas en este sentido), pero el problema es que un referéndum implica una opción donde tienes que elegir, y aquí es donde está el problema. Un problema que las izquierdas, sean clásicas o emergentes, no pueden soslayar. Puedes defender el derecho a decidir, pero tienes que definir con claridad cuál es tu propuesta si optarás por la independencia o por el federalismo.

Cabe imaginar (porque lo han dicho públicamente), que la estrategia de Esquerra es ir incrementando el 47% hasta llegar al menos a un 60% de independentistas; cabe imaginar igualmente (porque también lo han dicho), que la apuesta de los socialistas es propiciar una reforma constitucional donde se consiga un encaje satisfactorio de Cataluña que haga descender el independentismo desde su techo actual hasta un apoyo que no supere el 30%.

Unos y otros tienen que disputar un electorado que está confuso, dubitativo, disponible. Esquerra para conseguir aumentar su apoyo considera imprescindible entrar en el electorado de la izquierda, bien en el electorado de origen castellano, que se suma al independentismo como Gabriel Rufián, o el de los antiguos líderes de Podemos que apoyan a la CUP o a Esquerra, como su antiguo líder Albano Dante. En esa posición es decisiva la postura que adopte la actual alcaldesa de Barcelona Ada Colau. No podemos olvidar que Podemos no tiene fuerza orgánica propia en Cataluña.

La postura de los independentista de intentar sumar a sus filas al electorado de los comunes no se puede realizar sin costes, como hemos visto ante la postura tomada por referentes de la izquierda como Francisco Frutos, Carlos Jiménez Villarejo, Lydia Falcón o Salvador López Arnal; tampoco será fácil esa ampliación del espectro si pensamos en la posición que mantienen revistas como Mientras Tanto o El Viejo Topo.

Todo lo ocurrido nos recuerda lo acontecido en el PSC. También en el PSC una parte importante de los electores se fue a Ciudadanos en 2015 y no han vuelto a los socialistas (a pesar de que la brillantez y contundencia de Borrell ha evitado que la hemorragia sea mayor), y los que marcharon al independentismo siguen apasionadamente la nueva ruta como es el caso de Toni Comín o de Ernest Maragall.

Esta dificultad no implica que los principios defendidos por los Comunes y por el PSC no sean dignos de aprecio y no hayan encontrado el apoyo de muchos referentes muy valiosos de la izquierda que han intentado abrir brecha en un marco tan polarizado. Subrayaría en este sentido las propuestas de los Federalistas de izquierda, las reivindicaciones del Estado plurinacional de las jornadas de Podemos en Córdoba, las lúcidas notas de campaña de Raimon Obiols publicadas por Nou Cicle, o las reflexiones llenas de interés de Jordi Amat en su obra La Conjura de los Irresponsables.

No todo ha sido en vano y no cabe afirmar masoquistamente que no hay ningún asidero al que agarrarse, pero para dar continuidad a esta batalla, para que no todo sea desolación y quepa atisbar alguna esperanza, hay que construir un relato propio y no permitir que las palabras pierdan su sentido. Las izquierdas que quieren ser españolas-europeas y catalanas o si se prefiere catalanas-europeas y españolas no pueden, o al menos para ser más modestos, no deben tolerar que su legado republicano y su combate antifranquista queden olvidados, marginados o tergiversados por este debate. Pondré dos ejemplos para terminar y recordaré una experiencia que puede ser bueno rememorar y reactivar para alimentar lo realizado en otros tiempos igualmente difíciles, aunque la situación no llegara ni de lejos a la polarización actual.

Ante los encarcelamientos de los líderes independentistas, estos supieron articular con gran intensidad muchas protestas en la calle. En una de ellas María del Mar Bonet recordó la canción que había compuesto en pleno franquismo “Quien es esta gent que viene de matinada”, pero no recordó que el motivo de aquella composición era homenajear a Enrique Ruano, un estudiante madrileño muerto a manos de la policía. Si la memoria es tan selectiva como para olvidar un hecho tan significativo, tan relevante, tan decisivo, no es extraño que muchos jóvenes catalanes hayan llegado a creer que se trata de un conflicto entre España y Cataluña, y que no existieron dos Españas.

Un segundo ejemplo. Durante la campaña saltó el insulto homófobo contra Miquel Iceta de un profesor de la Universidad de Barcelona que tuvo que dimitir de su puesto como director de un departamento universitario. Son muchos los que desconocen curiosamente cómo había empezado todo; el twit del profesor iba dirigido a un colega que había criticado a Iceta. El profesor dimitido instaba al otro profesor a que no polemizara con Iceta al que acusaba de incompetente, ignorante, traidor y otras lindezas; todo era porque Iceta había afirmado que “no quería renunciar a los poetas españoles como elementos centrales de su cultura”. Uno se pregunta: ¿podremos convivir en el mismo Estado, y compartir una identidad nacional si muchos catalanes no sienten como propios a Machado o a Cernuda, a Lorca o a Aleixandre? Igual podríamos decir pensando en Josep Pla o en Salvador Espriu.

Sin esa memoria cultural compartida y compleja no es posible una convivencia a medio plazo. Esa memoria no se mantiene desde una perspectiva liberal-cosmopolita ni desde una ciudadanía abstracta. Necesita de una memoria republicana. Una memoria que sí estaba presente hace años cuando era inconcebible que en Sabadell un responsable político propusiera borrar la calle de Antonio Machado.

Por ello, para terminar, quiero recordar a una persona y a una iniciativa. Se ha puesto hoy de moda, siguiendo el canon positivista-liberal-modernizador, hoy hegemónico, hablar de los efectos patológicos de la religión; todos los errores de la modernidad parecen vinculados a un mundo de sentimientos desbocados fruto de una herencia religiosa de la que todavía no nos hemos emancipado accediendo a una racionalidad utilitarista-economicista-positivista. La izquierda no debe seguir ese camino; no es su modelo de laicismo. La izquierda debe recordar que también hay efectos religiosos que fueron muy positivos en el antifranquismo y en la construcción de la democracia. En plena hegemonía del pujolismo en Cataluña y del Felipismo en Madrid, cuando la modernización económica y el liberalismo campaba a sus anchas, cuando los sindicatos libraban una lucha dura y con pocos apoyos, hubo alguien que decidió constituir una fundación en la que convivían el PSC y el PSUC, UGT y CCOO. La fundación se llamaba Utopia, y el promotor era Juan García Nieto que había sido uno de los fundadores de Cristianos por el Socialismo. La fundación se creó en Cornella, en esa zona donde hoy separatistas y separadores tratan de hacerse fuertes.

En aquella fundación fui invitado a intervenir en aquellos debates con personas como Paco Fernandez Buey, Raimon Obiols o Jose Mará Zufiaur. Es un recuerdo que no quería olvidar. Solo recogiendo aquel espíritu internacionalista, socialista, republicano, tendremos futuro. Es un espíritu hoy desgraciadamente minoritario, pero es tarea nuestra recoger lo mejor de aquella tradición, de aquella tradición que tiene huellas religiosas que no debemos olvidar. Pocos lugares tan apropiados como la revista Éxodo para realizar esa tarea y no hacer que todo sea desolación y no atisbemos ni un pequeño resquicio para la esperanza.

Primera quiebra constitucional de la democracia

El 29 de diciembre la Constitución habrá cumplido 39 años. Aunque el 6 de diciembre, día en que se celebró el referéndum de ratificación del texto aprobado por las Cortes Generales, es el día en que se celebra oficialmente el cumpleaños, la Constitución no entró en vigor hasta el día 29.

Desde ese día la Constitución no ha visto suspendida su vigencia ni un solo momento en parte alguna del territorio del Estado hasta el 21 de octubre de 2017, en que el Presidente del Gobierno anunció que el Consejo de Ministros había aprobado la aplicación del artículo 155 CE en Catalunya, procediéndose a continuación a dejar en suspenso el ejercicio del derecho a la autonomía en dicha comunidad.

El 39 cumpleaños ha venido precedido, pues, de la primera declaración de un “estado de excepción”, pues no otra cosa es la “coacción federal”, aunque circunscrita al ejercicio del derecho a la autonomía exclusivamente y solo en una comunidad autónoma.

Se trata, por tanto, de un cumpleaños triste, en la medida en que lo celebramos en medio de la primera quiebra constitucional de la democracia española.

Y no una quiebra cualquiera, porque afecta a lo que se consideró de manera unánime durante el proceso constituyente como la cuestión clave por la que acabaría siendo juzgada la Constitución. Cuando se inició el debate constituyente el 5 de mayo de 1978, los portavoces de todos los grupos parlamentarios en dicho debate, Felipe González, Manuel Fraga, Miquel Roca, Jordi Solé Tura, Enrique Tierno, Miguel Herrero, al hacer la valoración del texto en su conjunto, coincidieron en que la estructura del Estado, la compatibilidad del principio de unidad política del Estado con el ejercicio del derecho a la autonomía de las “nacionalidades y regiones” que integran España, sería la cuestión decisiva por la que se decidiría el éxito o fracaso de la Constitución. Lo demás era importante también, pero lo decisivo era esto.

Coherentemente con esta opinión unánime, la primera legislatura constitucional, 1979-1982, se centró no exclusivamente, pero sí fundamentalmente, en iniciar la construcción del Estado de las Autonomías. Se inició la legislatura con la aprobación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional el 3 de octubre de 1979, e inmediatamente después, en noviembre, se aprobaron los Estatutos de Autonomía de País Vasco y Catalunya. Aparecieron los primeros problemas en diciembre con el Estatuto de Galicia y, sobre todo, en enero y febrero con el Referéndum del 28 de febrero de 1980 en Andalucía, problemas que obligaron a hacer un alto en el camino y a renegociar toda la operación. Fruto de dicha renegociación serían los “Pactos Autonómicos” suscritos por UCD en el Gobierno y el PSOE en la oposición en 1981, en los que se fijó el mapa autonómico, la naturaleza del derecho a la autonomía que sería ejercido por todas las comunidades autónomas, la arquitectura institucional de las mismas y la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.

Dichos Pactos serían aplicados escrupulosamente, y en 1983 ya estarían aprobados todos los Estatutos de Autonomía y se habrían celebrado las primeras elecciones parlamentarias en todas las Comunidades Autónomas. En un plazo extraordinariamente breve el Estado español se había “territorializado” por completo. Y lo había hecho mediante pactos políticos canalizados a través de órganos constitucionales legitimados democráticamente de manera directa. Como debe ser. Pues los problemas constituyentes tienen que ser resueltos políticamente sin intervención judicial de ningún tipo.

La estructura del Estado concretada a través de los Pactos Autonómicos de 1981, “se perfeccionaría” con unos Segundos Pactos en 1992, esta vez con el PSOE en el gobierno y el PP en la oposición. La descentralización política alcanzaba una dimensión notable en términos de derecho comparado.

El Estado de las Autonomías, no definido en Constitución, pero posibilitado por ella, y construido a través de “Pactos” durante la década de los ochenta y noventa del siglo pasado, ha sido un éxito inicial enorme. El Estado de las Autonomías ha sido el Estado más legítimo y eficaz de la historia contemporánea de España.

Lamentablemente, dicho Estado empezaría a ser puesto en cuestión en los primeros años del siglo xxi con el conocido como “Plan Ibarretxe”, con el que se pone en circulación por primera vez “el derecho a decidir” y, sobre todo, a partir de 2005/2006 con la reforma de diversos Estatutos de Autonomía, fundamentalmente con el Estatuto de Autonomía de Catalunya.

La reforma del Estatuto de Catalunya fue aprobada respetando tanto la Constitución como el Estatuto. Fue pactada entre el Parlament y las Cortes Generales y fue aprobada en referéndum. Pero el PP no aceptó la reforma y la recurrió ante el Tribunal Constitucional, que en la STC 31/2010, estimó el recurso y anuló, bien directamente bien mediante mandatos de interpretación, prácticamente todo lo que se había introducido de nuevo a través de la reforma en el ejercicio del derecho a la autonomía.

La desautorización del Pacto entre los dos Parlamentos y el desconocimiento del resultado del referéndum supondría, de facto, no de iure, una quiebra de la Constitución Territorial en Catalunya, de la que no hemos sido capaces de salir.

Dicha quiebra se expresaría en las tres últimas legislaturas catalanas, 2010-2012, 2012-2015 y 2015-2017, que han girado en torno a la convocatoria de un referéndum en Catalunya, a fin de que el cuerpo electoral decidiera sobre la integración en el Estado o la independencia de Catalunya.

Entre 2006 y 2010 se estuvo incubando la crisis de la Constitución Territorial. En 2010 se exteriorizó de manera inequívoca. Y en 2017 ha estallado de manera inmanejable. El recurso al 155 CE es la certificación de que, con base en la Constitución de 1978, no hay respuesta ya para la integración de Catalunya en el Estado.

Esta es la naturaleza del problema con el que tenemos que enfrentarnos. La enfermedad que aqueja a la Constitución no es una neumonía o una hepatitis. Es un cáncer. Todavía su alcance está limitado. Pero si no se acaba aceptando este diagnóstico y se actúa en consecuencia, se acabará llevando por delante todo el edificio constitucional.

Me temo que ni en Catalunya ni fuera de Catalunya se está entendiendo así. Lo que estamos viendo en estas últimas semanas es una prolongación de la misma forma de hacer política de estos últimos años. La independencia de Catalunya es un espejismo, es una “ilusión óptica” o de la “imaginación” (Diccionario de la RAE), que hace que un objeto parezca verosímil en la lejanía, pero que hace que se desvanezca en la proximidad. En torno a este espejismo han girado las tres últimas legislaturas en Catalunya. Y en torno a ese espejismo se está articulando la campaña electoral para la próxima. La política de “bloque contra bloque” de las pasadas legislaturas nos ha traído hasta el 155 CE. ¿Hay alguien que piense que la continuidad de dicha política nos puede sacar de él?

No hay nada más urgente que cerrar el paréntesis en el ejercicio del derecho a la autonomía de Catalunya que ha supuesto la aplicación del artículo 155 CE. Esa célula cancerígena tiene que ser extirpada antes de que se extienda a todo el tejido constitucional.

 

No vamos en esa dirección. De ahí que haya que calificar el 39 cumpleaños de la Constitución no solamente de triste, sino también de ominoso.

Jordi Borja

En la rica biografía de Jordi Borja destacan dos imágenes estrechamente entrelazadas.

De una parte, su vocación académica-universitaria: Geógrafo urbanista, licenciado en sociología y ciencias políticas y Máster en urbanismo. Profesor en la Universidad Abierta de Cataluña y encargado del Área de Gestión de la Ciudad y Urbanismo. Y de otra, su compromiso político: Militante en el PSUC desde 1962, exiliado desde el 1961 al 1968, y desde el 2012 presidente del Observatori DESC (Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), con sede en Barcelona.

Entre sus numerosas publicaciones queremos traer las siguientes: Local y global: la gestión de las ciudades en la era de la información (1997), Urbanismo en el siglo XXI (2003) y Revolución urbana y derechos ciudadanos.

 

 ¿Cómo has vivido el procés y cómo te estás sintiendo ahora bajo el 155?

Con aburrimiento por lo repetitivo, perverso por parte del Gobierno español y la Judicatura, infantilismo de los gobernantes y líderes independentistas, y por el destino manifiesto de los más de dos millones de catalanes que vivieron de ilusiones y ahora el festín se acabó con la frustración.

¿El uso del 155? Es un atentado a las instituciones catalanas reconocidas cuando se reconoció a la Generalitat, anteriormente a la Constitución. Es peor que un crimen, es un error que el PP lo pagará en Catalunya. Como el uso perverso de la Judicatura actuando como Brigada político-social y de Tribunal de Orden Público del antiguo régimen. Como dijo algo parecido el presidente del Tribunal Supremo a Rajoy “lo que no os atrevéis a hacer vosotros, lo haremos nosotros”.

 ¿Te has sentido humillado en algún momento del conflicto?

Desprecio al gobierno y el PP, a los C’s y a una parte importante de los dirigentes del PSOE, a fiscales y jueces, la Acorazada Aranzadi acompañada por la “brunete mediática”. No me pueden humillar, son la escoria de la política. Simplemente me repugnan y los combato. Hacen daño a Catalunya y a España, lo lamento, nada más. ¿Conflicto? Ojalá hubiera habido conflicto político democrático, que es una de las bases de la política. El gobierno español no pretendía evitar la independencia, pues era un imposible político actualmente. Lo que pretendían aplastar era el pueblo catalán, que más que independencia buscaba reconocimiento. Algo parecido a la frase del relato inicial de la obra de Alberto Méndez “Los girasoles ciegos”. El capitán del “Ejército nacional” se declara desertor y es juzgado por el Tribunal militar. Declara “no quisimos entonces ganar la guerra… queríamos matarlos”.

¿Cuáles son, a tu juicio, los mayores errores del Gobierno estatal (del PP) frente a Catalunya? ¿Y cuáles los del Govern de la Generalitàt durante el procés?

Es suficiente haber leído por encima los titulares de los medios o los comentarios de las TV para darse cuenta de que unos y otros, Gobierno español y Gobierno catalán, desarrollaron un ballet siniestro de errores, abusos y confusiones. La sentencia del Tribunal Constitucional (2010) fue promovida por el PP, que ya había iniciado una campaña absurda contra “Catalunya”. Fue la chispa que puso incendio en la pradera. Una sentencia más que dudosa jurídicamente y muy provocadora políticamente. Creó la confrontación España-Catalunya.

La reacción social fue inmediata y masiva. Se creó la Asamblea Nacional Catalana y la primera gran manifestación (2012). Se planteó una consulta sobre el futuro de Catalunya, pero pronto emergió la independencia. El Gobierno catalán se subió en la ola, forzó una consulta no legal y planteó abiertamente el objetivo inmediato: la independencia (2014). Lo cual dividió Catalunya, y el Estado tenía muchos medios, legales, políticos, económicos, mediáticos e internacionales para abortar cualquier intento independentista.

El cúmulo de errores fue seguido. El Gobierno español y la Judicatura iniciaron procesos penales a gobernantes y diputados catalanes. El Gobierno catalán empezó a preparar la transición sobre bases legales, también dudosas, a partir de un Parlamento mayoritario pero que no alcanzaba la mayoría de votos. Y amenazó con una declaración unilateral de independencia. El Gobierno español inició la paralización de la Generalitat mediante el control de los recursos que gestionaba el Govern. El Parlament catalán empezó a elaborar dos Leyes de Transición y el Tribunal Constitucional (TC) fue dotado de medios represivos para actuar via expres. El choque de trenes se había puesto en marcha.

El Gobierno español hubiera podido asumir un marco de diálogo que derivase en pacto. Nunca lo aceptó. El Govern catalán, sin tomar conciencia de la relación de fuerzas, pensó que el jefe de gobierno, Rajoy, aceptaría el diálogo. El Govern convocó una nueva consulta y anunció la declaración de independencia y la proclamación de la república catalana. El Gobierno español hubiera podido declarar la ilegalidad de las leyes catalanas y basta. Y no pasaría nada. El gobierno PP y sus entornos, Ciudadanos y los medios, optaron por la represión mediante las policías y guardias civiles y por la Judicatura.

El 1 de octubre el independentismo tuvo un extraordinario éxito, pero fue una victoria pírrica: la consulta ilegal. A pesar del esfuerzo del Estado para evitar el “referendum”, se abrieron prácticamente todas las sedes electorales, aparecieron milagrosamente los censos y las papeletas electorales. El Gobierno español optó por la represión brutal frente a dos millones trescientos mil (el 40 %) ciudadanos pacíficos que aguantaron en pie. El 90% votó independencia y el escándalo represor en vez de crear miedo resultó una victoria ciudadana y una pésima imagen europea. Un cúmulo de errores. Para el Govern catalán era evidente que la reacción del Gobierno español no se haría esperar. La carta catalana era que el President de la Generalitat convocara elecciones, con lo cual evitaba la aplicación de la Constitución que permite intervenir las instituciones autonómicas por parte del Gobierno español. Pero los gobernantes catalanes, por ingenuidad y por el ambiente, esperando una oferta de diálogo del Gobierno, optaron por lo peor: la declaración unilateral de independencia. Grave error. La fuerza del Estado, en toda su amplitud, pasó a la ofensiva. Cesa al Govern y la Mesa del Parlament, y convoca elecciones en Catalunya. Pero, por su parte, la Judicatura procesa y encarcela a los gobernantes y líderes parlamentarios independentistas. Otro error. Los grandes y evitables errores, por acción y por omisión, se lo han repartido ambas partes.

¿Crees que ha habido, en una y otra parte, suficiente autocrítica y escucha del otro? ¿O más bien han abundado las posturas fundamentalistas?

Fundamentalismo lo hay en ambos lados. En un escenario conflictual tan ideológico y emocional no hay que esperar que hagan autocrítica unos y otros. El Estado español es en gran parte de muy débil cultura democrática. Es aún oligárquico, autoritario, centralista y sin cultura pactista. El nacionalismo catalán tiende al victimismo, esencialismo, movido por emociones y poco consciente de la fuerza brutal de los aparatos estatales, no solo el Gobierno, también las cúpulas partidarias, las corporaciones económicas, gran parte de los medios de comunicación y, por descontado, la Judicatura y las fuerzas policiales y militares. El Estado español ha demostrado ser, a la hora de gestionar la relación con Catalunya, fundamentalista, excluyente y represor. El Gobierno de la Generalitat y los partidos independentistas expresan un fundamentalismo de baja intensidad, han sido políticamente ingenuos respecto al Estado y se han equivocado cuando confunden el Estado (las cúpulas principalmente) con la sociedad española, más democrática y tolerante.

¿Qué efectos mayores ha causado el procés y luego la DUI en Catalunya y en España?

El procés ha sido a lo largo de 7 años una movilización extraordinaria. El liderazgo político, sin embargo, ha cometido un grave error al convertir una vaga ilusión popular en un objetivo alcanzable a corto plazo. Y la DUI ha sido tirarse al precipicio. Pero el afán destructor del pueblo catalanista, que es bastante más amplio que el independentismo, ha sido a medio plazo un error por parte del Gobierno español y el conjunto de los aparatos del Estado. Hay un sustrato sólido en Catalunya que exige un reconocimiento nacional. Lo cual no supone necesariamente independencia. Pero sí autogobierno, republicanismo y federalismo.

¿Te imaginas una narrativa alternativa al independentismo y al constitucionalismo? En este marco, ¿valoras como importantes el derecho a decidir y el derecho a la autodeterminación?

Creo que aún no hay condiciones para que pueda concretarse el derecho a decidir o la autodeterminación. El objetivo posible y necesario hoy es abrir el diálogo como hicieron Suárez y Tarradellas en el inicio de la Transición. Y acordar un Pacto bilateral. Se trata de reconocer la existencia de la nación catalana y sus propias instituciones, como ocurre en el País Vasco. Y establecer un pacto con valor constitucional (puede ser una addenda a la Constitución española) que garantice las competencias propias de la nacionalidad como el autogobierno del territorio, las competencias culturales o identitarias (lengua y educación especialmente) y todas las competencias y funciones que no estén especificadas: aquéllas que sean propias y básicas del Estado español.

La reivindicada “República independiente catalana”, ¿es un (mal) sueño o una utopía luminosa en el horizonte?

La República proclamada fue solamente proclamada casi con voz baja y sin constar en ningún acta parlamentaria. Fue un triste e infantil capricho. Pero es algo más que un sueño o una utopía. Catalunya y España serán un Estado plurinacional y republicano.

Dado que el “nacionalismo” parece haberse convertido en eje catalizador del malestar social, ¿qué puede éste aportar –en tu opinión– a un cambio de modelo socio-económico precarizador y a un cambio de política restrictiva de derechos?

El nacionalismo catalán puede considerarse “centrista”, en parte de centro-derecha más liberal (Convergencia y sus herederos) y centro-izquierda (ERC). En los últimos años han expresado en el discurso y en algunos casos mediante iniciativas legales o gubernamentales han promovido derechos sociales, pero en otros casos han optado por políticas neoliberales (como las privatizaciones de la sanidad o el apoyo prioritario a la educación concertada especialmente con escuelas religiosas). No sería justo considerar el “nacionalismo catalán” como de “derechas”, pero tampoco ha sido hegemonizado por las izquierdas. En este momento el “nacionalismo” es de amplio espectro y va más allá del “independentismo”, que también no siempre es “nacionalista”.

¿Dónde han estado los/as intelectuales en este conflicto? ¿La racionalidad podría haber prestado auxilio para dignificar la más bien deficiente acción política?

Me remito al libro, excelente y valiente, de Sánchez Cuenca (La desfachatez intelectual, 2016). Intelectuales más o menos brillantes, incluidos algún Nobel como el fantasma de lo que fue un gran novelista como Vargas Llosa, o inteligentes políticos que fueron esperanzas de la izquierda como Pepe Borrell, se han exhibido al lado de fantoches como García Albiol (del PP) o con postfalangistas como el “ciudadano” Rivera. El País ha sido el huerto donde se han reunido una multitud de intelectuales. Académicos unos, que firman como expertos pero que en realidad sacan su bilis, sus tópicos y su necesidad de aparecer en el escenario. Otros, con más ganas de estar en el juego de la política con expectativa de ser reconocidos como salvadores de la patria sin otro riesgo que se les reconozca como lacayos del poder político y económico. La racionalidad, exponer con fundamentos, y el afán constructivo han estado casi siempre poco presentes en libros y artículos respecto a Catalunya.

¿Y dónde han estado el pueblo sencillo y sobre todo los pobres? ¿Quiénes han salido más beneficiados y quiénes más perjudicados en este conflicto?

Las clases populares, los desocupados, los trabajadores pobres, los inmigrantes, los sectores medios al límite de la pobreza, los precarios, etc., temen los cambios convulsos y las rupturas de las que no se sabe cuál será el futuro inmediato. Son vulnerables, desprotegidos, en muchos casos no entienden o no se interesan por las confrontaciones políticas. Unos, los menos, se movilizan si encuentran motivos posibles para tener esperanzas para un cambio mejor. Otros, bastantes, se apuntan a favor de los poderes existentes, políticos y económicos, como los pensionistas. Los hay que se apuntan a los mitos nacionalistas, españolistas o catalanistas, la Roja o el Barça. Pero muchos se retraen y votan lo que les proporciona una cierta seguridad. En el caso de Catalunya hay que tener en cuenta la existencia de los lazos culturales, de lengua, familia y entorno, son catalanes pero también son españoles, y mantienen vínculos con sus orígenes. Pueden incluso sentirse que se les va a expropiar una parte de su ser, aunque también los hay que se han arraigado y afirman su catalanidad con especial encono. Es probable que el independentismo genere un temor en algunos que no son “catalanes autóctonos” y que en el futuro se les trate como ciudadanos de segunda clase. En resumen, no hay un “pueblo homogéneo”.

¿Cuál ha sido, a tu juicio, la aportación de las confesiones religiosas, y más en concreto la cristiana, para iluminar esta confusa situación?

No entiendo la “aportación religiosa”. Si se trata de política, ya sabemos que Dios es una cosa y César otra, no mezclarlo. Si se trata de valores, creo que nadie tiene un monopolio de los valores de tolerancia, de solidaridad, de igualdad de derechos (reales, no retóricos), de reconocimiento mutuo, etc. Soy ateo, respeto las creencias religiosas, pero el ámbito público, incluido el Estado y la política, debe ser laico.

Nota posterior a las elecciones.

Espero que los dos bloques confrontados asuman la necesaria y urgente disponibilidad de dialogar con vocación “pactista”. Hay que encontrarse a la mitad del puente, no quedarse cada uno en su orilla. En la sociedad española, y en la catalana, hay mucha gente a favor de un diálogo y un pacto, pero las fuerzas políticas que pudieran ser intermediarias (Podemos/Comunes, Socialistas quizás) no tienen ni la fuerza ni la iniciativa, ni la audacia para ello. Son los actores reales, los que están confrontados, los protagonistas del Pacto. No es lo que me gusta, pero es lo que es posible.

Cataluña: escenario y personajes de un drama inacabado

“¡No apunten al guionista!” Eso es lo que puede gritar, remedando el famoso “no disparen al pianista” del género western, cualquier observador caritativo ante la locura de la secuencia de hechos que acaecen en Cataluña –en España, si tenemos en cuenta el escenario en todas sus dimensiones–. Con todo, alma tan bella de inmediato se percataría de que en verdad no hay tal guionista. ¿Qué autor se pondría a imaginar para sus personajes tantas torpezas como hemos visto? Y si fueran los personajes quienes buscaran autor, siguiendo la estela pirandelliana, no habrían incurrido en tanta irracionalidad si de verdad hubieran querido encontrar alguno que pusiera orden en lo caótico de tantos hilos entrecruzados, cabos sueltos del desgarrado tapiz de una historia en la que lo real, para incomodidad de Hegel, no es racional. Lo curioso del caso, no obstante, es que tan deshilachado suceder de hechos, que solo una ópera bufa podría rescatar si no fuera porque cuadran mejor con el teatro del absurdo, ha respondido a la hoja de ruta de los diferentes protagonistas, conllevando en cada caso la “lógica ilógica” del viaje a ninguna parte en el que todos nos hemos visto embarcados. Para colmo, cuando la escena  la ocupa una tan incierta como ilegal declaración unilateral de independencia por parte de las instituciones del autogobierno de Cataluña, desde el otro extremo, allá por la cámara alta de las Cortes españolas, emiten de forma expeditiva el billete del artículo 155 de la Constitución, aplicado para una travesía a la que se pone fin señalando como puerto de arribada el día 21 de diciembre como fecha electoral, una vez disuelto el parlamento autonómico sin que se sepa muy bien en virtud de qué cobertura legal para ello.

En medio de una campaña electoral con tonos de retóricas confrontadas a la búsqueda de apoyo para sus respectivos planteamientos a la postre plebiscitarios, el conflicto entre Cataluña y España –interno, por lo demás, a la misma sociedad catalana–, entre quienes apuestan por la independencia de la primera y quienes se presentan como abogados de la inquebrantable unidad de la segunda, sigue adelante. Si las instituciones del autogobierno de Cataluña han sido intervenidas, no por eso queda disuelto el independentismo como movimiento político. A la vista está que trata de reorganizarse, aun acumulando frustraciones, en una campaña electoral contaminada por los procesos judiciales en curso, lo cual acrecienta los tonos marcadamente emocionales que se hacen notar en la campaña misma, precisamente porque algunos de sus más destacados protagonistas, de nuevo en listas como candidatos, están imputados por supuestos delitos de rebelión y sedición –en libertad condicional unos, en prisión preventiva otros o, como en el caso de Puigdemont, el depuesto presidente del gobierno catalán, y algunos más de sus consellers, como “exiliados” en Bruselas aun habiendo retirado el Tribunal Supremo la orden de busca y captura en maniobra de ingeniería judicial dudosamente presentable–.

Qué resultados arrojen las elecciones en Cataluña y qué puede pasar a partir del 22 de diciembre, día siguiente al paréntesis electoral, una vez comprobado que las opciones del electorado plasmadas en votos no suponen ninguna mágica solución a una situación endiablada, son cuestiones que obligan de nuevo a preguntarnos cómo llegó a tal punto un drama que, con todos sus elementos desplegados sin contención, entra en nueva fase como drama inacabado. Aunque sea para que el drama no se adentre sin remisión en el territorio en donde lo necesario es de todo punto imposible –esencia de lo trágico–, conviene, por más que sea en condiciones de director ausente, que esta complicada obra colectiva se retome sabiendo, al menos, por dónde transcurrieron los actos que llevaron en dirección contraria a un desenlace, si no feliz, al menos adecuado para el encauzamiento de un conflicto de hondas raíces históricas que añadidos recientes hicieron reverdecer al máximo. Es el caso de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales elementos del Estatut aprobado por el Parlamento de Cataluña, refrendado por la ciudadanía catalana, e igualmente aprobado en las Cortes españolas, tratándose de elementos muy significativos atinentes a la identidad nacional catalana. Desencadenado el agravio, con el componente político de tratarse de una tácita ruptura del pacto constitucional en lo que se refiere a Cataluña, nada se hizo para enderezar el entuerto, viniendo a desembocar, y todo dice que de forma culpablemente imparable, a donde estamos. Pero vayamos a los protagonistas de tan lamentable curso de acontecimientos.

Un PP inmovilista y un presidente que nada quiere saber de Platón

Además de neoliberal en todo lo que toca a la economía y sus consecuencias sociales, el Partido Popular es un partido conservador. Si hay que subrayar tal obviedad es porque se trata de una fuerza política de derecha tan malamente conservadora que ni siquiera se acoge al lema gatopardiano de cambiar algo para que todo siga igual. El inmovilismo del PP es así subrayado por cualquier analista imparcial como uno de los factores que han incidido sobremanera en el enconamiento del conflicto de Cataluña. Tras plantear el recurso ante el Constitucional para que quedase recortado el Estatut, nada movió el gobierno del PP ni su grupo parlamentario para buscar solución a un conflicto que desde 2012 se acentuaba a pasos acelerados. El presidente Rajoy, cuya alianza con el tiempo como factor político estriba en dejarlo pasar, alentó una irresponsable pasividad, pensando al parecer que ha de resolverse por disolución todo problema para el que no se ofrezca una solución. Nada más alejado de lo que da de sí una tozuda realidad.

Hay que considerar que el inmovilismo del PP no es achacable meramente al carácter del gestor que tiene por líder. En el fondo, como algo previo a las pretensiones de rentabilidad electoral de su dureza frente a todo lo que sea real o potencialmente separatismo catalán, se trata del inmovilismo del nacionalismo españolista. Éste se aferra, cual dogma inquebrantable, a una concepción mitificada de la nación española, que es además la que encuentra su lugar en la Constitución cuando en su artículo 2 se predica su “indisoluble unidad” y se afirma su condición de “indivisible” –se apartan del campo de visión todos los casos de supuestas naciones que se vieron fragmentadas, o que desaparecieron en el curso de la historia, por más que sus textos constitucionales o equivalentes elevaran a pretendida permanencia eterna lo que no pasa de ser en todo caso realidad contingente.

Así, caracterizándole inmovilidad de efigie, puede explicarse que el presidente Rajoy sorprendiera a todos al convocar de inmediato, tras aplicar el artículo 155 de marras, elecciones en Cataluña. Aprovechó sagazmente la garrafal torpeza de Puigdemont de no convocarlas él mismo, para, a pesar de las críticas de los suyos, salvar el autogobierno de Cataluña y evitar ese 155 de consecuencias nefastas para las mismas pretensiones del independentismo. Resultó así que el inmóvil se movió cual aristotélico “motor inmóvil” autoconvocado a recuperar enseguida su fijeza. De ello puede dar cuenta el secretario general del PSOE, cuando Rajoy le hace ver el engaño al que le sometió al negar que estuviera dispuesto a la reforma constitucional, supuesto compromiso arrancado por el líder socialista como contrapartida por apoyar la intervención –cuasi estado de excepción– en Cataluña.

Visto todo, cualquier cronista puede señalar que el nacionalista españolista e inmovilista Rajoy no ha leído a Platón. Por eso, para lo que sigue, incluiría en el guión que el presidente del gobierno de España leyera la Carta VII de Platón, por mucho que no entre en las lecturas preferidas de un presidente aficionado a la prensa deportiva. En dicha carta, el autor de La República, da cuenta de los consejos que dio a Dionisio, rey de Siracusa, para evitar la guerra civil y poder conservar su reino. Platón transmitía sus consejos como resultado de escuchar “la voz” emergente de la realidad siracusana. A diferencia de lo que hizo su padre, el joven rey debía procurar para sus ciudades constituciones y regímenes que despertaran confianza, pues sin crear una “comunidad de poderes” bien distribuidos y equilibrados no habría manera de lograr la unidad del reino. Sería un error mantener para todas las ciudades una misma normativa muy rígida, ajena a la pluralidad constituida por sus realidades diversas. El modelo de la polis ateniense tal cual no podía ser válido para todas. El reconocimiento de la diversidad era garantía de unidad desde la amistad como alternativa a una unificación a la fuerza… Platón no tuvo éxito con sus consejos. Todo indica, desgraciadamente, que a Rajoy no le interesan unas observaciones tan pertinentes para la actualidad del Estado español, a pesar de los más de dos mil años que hace que fueron escritas. El inmovilismo político también es cerrazón mental, siendo el dogmatismo que alimenta –sacralizando, por ejemplo, una insostenible idea de soberanía– el peor sostén que un nacionalismo patriotero puede prestar al Estado que dice defender.

Independentismo anacrónico con líder mesiánico

El independentismo ha ido ganando apoyos en Cataluña precisamente a raíz de los recortes al Estatut impuestos por el Tribunal Constitucional. El hecho de que no hubiera respuestas políticas desde el Estado a la situación así creada, con el componente de agravio ante reconocimiento nacional hurtado y añadiendo a ello el malestar acumulado socialmente en tiempos de crisis económica, fue provocando que numerosos sectores de la ciudadanía catalana que no estaban en posiciones soberanistas –algunos nunca militaron en el nacionalismo– fueran asumiendo los postulados independentistas. Un punto fue decisivo para ello: la negativa de Rajoy y su gobierno y del PSOE, más el bloqueo de Ciudadanos al respecto, a considerar siquiera la posibilidad de un referéndum en el que la ciudadanía se pronunciara sobre la relación de Cataluña con España. Tal referéndum, planteado inicialmente como consulta legal no asimilable sin más a un referéndum de autodeterminación al uso, era y es viable desde la Constitución, promoviendo políticamente las medidas legales para ello. Tal fue la valiosísima aportación jurídica hecha por el magistrado Rubio Llorente, diseñada a partir del artículo 92 de la Constitución, y secundada por otros, como el constitucionalista Javier Pérez Royo. El no dar paso a tal consulta, con la cual estaba de acuerdo en torno a un 80 % de la ciudadanía catalana, fue tremendo error que propició el ascenso del independentismo ante un déficit de reconocimiento que no se quiso solucionar.

Si lo relativo al Estatut y a un referéndum rechazado son hechos inmediatos que explican los acontecimientos en Cataluña, no hay que perder de vista lo que en horizonte más dilatado se percibe. Cabe decir que, viniendo de atrás, las demandas de autogobierno, y de independencia por parte de determinados actores, llevan activadas más de un siglo en Cataluña. Un repaso a la historia del siglo XX muestra los avatares de la sociedad catalana en ese sentido, destacando los momentos en que Francesc Macià, en 1931, y Lluís Companys, en 1934, proclamaron la República catalana en medio de situaciones críticas de la II República, con la salvedad por eso mismo de que tal proclamación añadía que se formulaba en el marco de la República federal española. La II República logró el avance crucial de un estatuto de autonomía para Cataluña, tras arduos debates en el Congreso de los Diputados de los que cabe subrayar el intercambio dialéctico entre Azaña y Ortega. Éste, contrario a hablar de federalismo por más que se definiera autonomista, consagró la conocida expresión de la “conllevancia” como fórmula para afrontar el convivir de Cataluña y España. Tras la dictadura franquista, en la transición a la democracia, el retorno de Tarradellas volviendo del exilio como presidente de la Generalitat respaldó el reganar la autonomía a tenor de lo posibilitado por la Constitución del 78. De alguna manera, la tesis orteguiana se vio confirmada por los hechos y éstos se configuraron en lo que permitía articular el marco del Estado de las Autonomías fraguado en España como encauzamiento de la “cuestión nacional”.

Durante más de tres décadas la solución autonomista ha dado un rendimiento muy fructífero no solo para Cataluña, sino para el conjunto de las comunidades autónomas que se constituyeron en el Estado español. Sin embargo, al cabo del tiempo, cuando dicho Estado autonómico muestra síntomas de agotamiento, tanto por dificultades de su funcionamiento, de coordinación administrativa entre diferentes instancias políticas, como por las cuestiones pendientes de resolver en cuanto a reconocimiento político de la realidad de las distintas naciones existentes en España, se presenta la necesidad insoslayable de abordar con nuevos criterios la no resuelta del todo “cuestión de las naciones” en nuestro Estado.

El independentismo catalán, en el contexto señalado y por los motivos sucintamente expuestos, eleva el listón de sus reivindicaciones, concitando el respaldo electoral de casi la mitad de los votantes de Cataluña y obteniendo en 2015 mayoría absoluta en el parlamento autonómico, siendo tales circunstancias las que espolean el llamado “procés” hacia la ruptura con el Estado español. El caso es que a lo largo del mismo, siendo el independentismo una opción legítima, los procedimientos empleados tanto en sede parlamentaria –basta recordar la tormentosa sesión en la cámara catalana durante los días 6 y 7 de septiembre de 2017–, así como la convocatoria ilegal del “referéndum” sobre la independencia del 1 de octubre siguiente, desacreditaron el planteamiento a favor de una declaración unilateral de independencia, sumado además el factor de la fractura provocada por ello en la misma sociedad catalana.

Cómo se llegó a tal extremo es cuestión que sigue presente en el debate político. Es cierto que hay factores que explican lo ocurrido, pero eso no da respuesta a la cuestión de cómo no fue posible encauzar un proceso que a todas luces se adentraba por los derroteros de una confrontación entre bloques políticos en antagonismo irreductible. ¿Nadie pudo echar el freno, lo cual hubiera sido, como en su día señaló el filósofo Walter Benjamin en otro contexto, el acto revolucionario de hacer sonar la alarma cuando se va hacia el abismo? La pregunta es tanto más pertinente cuanto el acelerado proceso secesionista se produce como algo anacrónico en pleno siglo xxi. Así se puede considerar por varios motivos, desde el peso ganado por una idea de nación aún anclada en una concepción decimonónica hasta un planteamiento de referéndum de autodeterminación varado en las condiciones propias de los procesos de descolonización de la segunda mitad del siglo xx. Ni siquiera se hacían de manera consecuente las alusiones a referendos como los realizados en Quebec o, recientemente, en Escocia. Y se descuidaba el mismo enfoque de lo que supone la condición de ciudadanía en el seno de la Unión Europea –a pesar de su crisis– y en el marco de un mundo globalizado en el que hasta en los mejores casos se ve sobrepasada la realidad de los Estados. Tesis como las de la “interdependencia”, en su día sostenida por el filósofo catalán Rubert de Ventós, se presentan como más productivas para ser soporte actual de demandas de reconocimiento nacional.

Para ello, sin embargo, habría que superar lo que se ha visto como elemento fuertemente distorsionador en los modos de actuar del independentismo. Se trata del componente mesiánico que se ha hecho presente en los mismos. El asunto no se limita al deslizamiento de la idea de “pueblo” desde el “demos” –pueblo como conjunto de ciudadanas y ciudadanos que ejercen sus derechos– hacia el “etnos” –pueblo como comunidad étnica según una tradición cultural–, mitificando una historia en la que el imaginario colectivo opera con categorías como las de “destino” u otras similares. Es en la manera de entender el liderazgo del “procés” donde se verifica con especial fuerza un mesianismo que se vuelve contra el mismo proceso que se quiere impulsar. Desafortunadamente, con antecedentes como el de Artur Mas, el consiguiente Carles Puigdemont ha caído en la trampa de un mesianismo de la que ni en su peregrinar bruselense ha salido. Ello se compadece con la pretensión de mantener ese entusiasmo que fue el que propició la ceguera para las propias condiciones en las que se pretendía alcanzar una república independiente.

Ha sido sorprendente la falta de realismo crítico en un “procés” en el que la sobrecarga superestructural respecto a lo simbólico hizo olvidar lo fuertemente condicionante de los elementos infraestructurales relativos a lo económico. Si un poco de materialismo histórico hubiera venido bien, no hubiera estado tampoco de más algunas consideraciones, siguiendo a Foucault, por ejemplo, relativas a las estructuras de gubernamentalidad que hacen funcionar las complejas sociedades actuales. Pasar por encima de asuntos tan cruciales es lo que dio lugar a que miles de empresas siguieran a grandes bancos trasladando su sede social fuera de Cataluña, así como a que se descuidaran toda una serie de cuestiones cruciales para la vida de ciudadanas y ciudadanos, desde las pensiones hasta la financiación de la sanidad, la educación o las infraestructuras, en ausencia de un sistema fiscal operativo. Todo un ejercicio de irresponsabilidad, al cual contribuyeron no poco quienes desde la izquierda independentista se confundieron de batalla: ni 2017 es 1917, ni el Palau de la Generalitat era el Palacio de Invierno. La lucha contra el “sistema” no se gana con meros gestos simbólicos.

Pensar que con el solo entusiasmo de ciudadanos y ciudadanas –se reconoce al final que no había “masa crítica”, es decir, mayoría social suficiente– se pueden levantar las pretensiones de un “poder constituyente”, por mucho que en la opinión pública se vea erosionada la legitimidad del “poder constituido”, es de ingenuidad no solo anacrónica, sino políticamente desubicada. Con todo, los resortes emocionales, y más con líderes en prisión o habiendo pasado por ella, funcionan en una campaña electoral a la que las fuerzas independentistas concurren, a pesar de declararla ilegítima por proceder de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el cual, incluso acatado por los líderes independentistas presos para salir de la cárcel impuesta como prisión preventiva, no deja de verse como violencia ejercida sobre las instituciones catalanas. El bucle se reanuda cuando desde los contrarios a la independencia se recuerda la violencia ejercida al pretender aplicar en el “procés” un principio democrático desgajado del principio de legalidad.

El conflicto de legitimidades sigue en pie con visiones contrapuestas de las respectivas soberanías, una con respaldo jurídico, la otra solo como pretensión política. Lo malo es que por ambos lados una noción de soberanía que entiende ésta como sacralizada, ayuna de la necesaria reconceptualización laica de la soberanía, es obstáculo para salir del atasco político que afecta, en definitiva, al Estado español.

Ciudadanos, con su Juana de Arco, en “defensa de la Hispanidad”

Precisamente en defensa del Estado español y, más exactamente, de España como nación única (en el Estado), indisoluble e indivisible, a un tris de proclamarla eterna, se presenta el partido político Ciudadanos. Teniendo su origen en Cataluña con la denominación “Ciutadans” para hacer frente al nacionalismo catalán, tomó desde el principio por bandera la encendida defensa de España como seña de identidad de un nacionalismo que, si no se reconoce como tal, es por situarse en el terreno de lo que se da como obvio, parte del paisaje cultural y político en el que la identidad nacional dominante suministra las creencias –dicho al modo de Ortega– en que “se está”, pensando que por alguna suerte de esencia corresponden a lo que “se es”.

Siendo en verdad la inversa extrema del independentismo catalán, Ciudadanos empieza y termina su discurso político con una afirmación de españolidad a cuyo lado palidecen cualesquiera otras cuestiones. En ese sentido, para el nacionalismo españolista es el partido ideal –sin complejos, como suelen decir ahora los forofos– para hacer frente a todo intento secesionista, para combatir a los nacionalismos –los “otros” nacionalismos– e incluso para ir poniendo en cuestión el mismísimo Estado de las Autonomías. Entra en su análisis considerar excesivo el proceso de descentralización llevado a cabo desde el Estado hacia las comunidades autónomas, criticado poniendo en primer plano el gasto económico excesivo que las Autonomías suponen, granjeándose así el apoyo de sectores sociales que padecen fuertemente la crisis económica, a los que lleva una denuncia marcadamente demagógica que sitúa a Ciudadanos en el terreno del populismo que desde sus propias filas se critica con especial ahínco en otros.

Con un españolismo muy acentuado que en boca de sus líderes fácilmente se desplaza hacia un nacionalismo excluyente, el doctrinarismo de Ciudadanos le asimila a un partido como el Frente Nacional de Francia. Le separa de éste sus planteamientos neoliberales en el terreno económico, pero que quedan puestos en un discreto segundo plano al lado de las declaraciones de españolidad. Habiéndose desplazado cada vez más explícitamente hacia ese punto, bien parece que la militancia de Ciudadanos ha convertido en su manual de cabecera aquel famoso libro de Ramiro de Maeztu que éste ofreció a la posteridad como la más alta apología de la nación española. Hablamos de su “Defensa de la Hispanidad”, obra en la que la añoranza de imperio y la querencia nacional-católica culminan en la afirmación de que “el ideal hispánico sigue en pie” como horizonte inquebrantable para el “espíritu español”. Curiosamente,  el escritor vasco alienta a que dicho espíritu impulse la “obra de España”, la cual, “lejos de ser ruinas y polvo, es una fábrica a medio hacer, como la Sagrada Familia, de Barcelona, o la Almudena, de Madrid”. Ahora, Ciudadanos reconvierte tal empresa hacia la recomposición, desde su perspectiva nacionalista, de la España menguada por las fuerzas centrífugas que alcanzaron una maléfica potencia de la mano de los nacionalismos periféricos. El problema añadido es que las posiciones asumidas por Ciudadanos arrastran hacia la derecha no sólo al PP, sino a la política española en su conjunto, y no solo en lo relativo al rechazo al federalismo y al sutil cuestionamiento del Estado autonómico, sino también en lo que toca a políticas económicas y sociales.

Se explica que el PP tema el avance de Ciudadanos por su derecha, lo cual es tan claro en Cataluña que hace que su candidata, Inés Arrimadas, albergue expectativas respecto a la presidencia de la Generalitat que el candidato del PP, Xavier Albiol, ni en sus fantasías más descabelladas puede imaginar. De todas formas, en verdad a quien Ciudadanos pone en aprietos es al PSC, si sitúa a Miquel Iceta en la tesitura de tener que apoyar a su candidata –no quisiera el líder socialista tener que hacerlo, por lo que supondría de seguidismo respecto a la derecha–, elevada a los altares del españolismo, trascendiendo los límites de Cataluña, cual Juana de Arco hispánica que al mismísimo Albert Rivera, inventor de la criatura “ciudadana”, pone a sus pies. Pero cuidemos las comparaciones para no caer en excesos. A la figura de Juana de Arco no le acompañarán nunca los sones de algo parecido a la popular canción de Manolo Escobar, el “Que viva España” constituida en himno de las mismas masas españolistas que, alborozadas, jaleaban a los guardias civiles enviados por el ministerio del Interior del gobierno de España a mantener el orden –a todas luces se excedieron, siguiendo órdenes superiores, en funciones de represión– en la señalada fecha del “referéndum”, que en verdad no era tal, realizado el 1 de octubre. La España que ha de vivir no será la así vitoreada, sino la que, reconociendo la pluralidad de sus realidades nacionales y siendo consecuente con el respeto a los derechos de todos sus ciudadanos y ciudadanas, sea la que se constituya como capaz de garantizar la mejor convivencia democrática en términos verdaderamente inclusivos.

El ser o no ser de la socialdemocracia e Iceta en la danza del fuego

Es cierto que Miquel Iceta, primer secretario del PSC y candidato a la presidencia de la Generalitat, ha hecho ímprobos esfuerzos en pos del diálogo entre los antagonistas en el conflicto de Cataluña. Pedro Sánchez, como secretario general del PSOE, le ha secundado. Pero tal empeño no se ha visto recompensado con los frutos que sería de esperar. El campo socialista se situó entre el inmovilismo del PP y del gobierno de España, por una parte, y el independentismo promovido desde la Generalitat y los partidos de Cataluña propugnadores de la secesión. En medio de tan fuerte antagonismo, con planteamientos encallados en sus respectivas propuestas, sin voluntad de modificarlas, poco se podía hacer. Así era efectivamente. Solo quedaba que las intenciones socialistas para un diálogo político y una posible negociación se hubieran visto acompañadas de una propuesta seria y creíble que favoreciera dicha salida. Esta podría haber sido la oferta de un referéndum pactado, convocando al electorado catalán, para que se pronunciase sobre las posibilidades de futuro de Cataluña en cuanto a su relación con España. Aunque el PP no estuviera a favor, una propuesta así por parte de PSC y PSOE hubiera incidido quizá en el panorama convulso de la política catalana, generando posibles alianzas en favor de una salida, máxime cuando el independentismo se veía metido en una vorágine que se podía entrever catastrófica. En cualquier caso, con semejante ofrecimiento –que retomaría lo incluido por el PSC en su programa para las autonómicas de 2012 en cuanto a derecho a decidir y consulta legal– el campo socialista podría haberse perfilado como terreno para una mediación efectiva. No fue el caso, quedando dicha propuesta de referéndum pactado, que respondería a lo deseado por una amplia mayoría de la ciudadanía de Cataluña, como la pieza que faltó en el diseño del PSC y del PSOE para rehacer con sentido una estrategia viable para la solución de un conflicto enquistado entre el anuncio de declaración unilateral de independencia y amenaza de intervención de la autonomía catalana aplicando el 155 de la Constitución.

En medio de todo ello, desde el grupo parlamentario socialista en el Congreso se propuso una comisión para el evaluar el desarrollo y situación actual del Estado autonómico, con el fin de proceder a su “modernización”, contando con las demás fuerzas políticas, especialmente el PP. Tan loable iniciativa, de hecho ya articulada en el Congreso, habría de dar pautas para una reforma constitucional, pero la dinámica del conflicto catalán, es decir, de la grave crisis del Estado español, la dejaba como remedio insuficiente para una grave enfermedad. Tal insuficiencia es la que se vería acentuada cuando otras fuerzas políticas, además de los independentistas, tales como nacionalistas vascos, Unidos Podemos o Compromís se niegan a participar por el hecho de que el PSOE, y el PSC con él, apoyara la aplicación del 155, consumando la amenaza de intervención del gobierno del Estado incluso disolviendo el parlamento de Cataluña –lo cual, a ciencia cierta, no se sabe en virtud de qué cobertura legal para ello–.

El anunciado compromiso arrancado por Sánchez a Rajoy, como contrapartida a votar en el Senado a favor del 155 aunque los populares tuvieran mayoría absoluta, en cuanto a que el PP se sumaría a la pretensión de reforma constitucional, quedaría en agua de borrajas, mostrando a las claras la nula voluntad del partido conservador en cuanto a entrar en el debate constitucional, dejando en posición muy desairada al secretario general socialista. Los problemas en el campo socialista se han hecho notar además con las tensiones en el PSC por transigir con la aplicación del 155 tal como se hizo, sin agotar otras posibilidades, y dejando que los socialistas quedaran alineados con PP y Ciudadanos en un llamado bloque “constitucionalista” que, de suyo, mejor quedaría descrito como españolista. No obstante, hay que constatar que la mayoría de la militancia socialista no ha escamoteado apoyos a Pedro Sánchez e Iceta, tratando de pulsar el estado de una opinión pública muy marcada por el nacionalismo dominante en el conjunto de la sociedad española.

Como se pudo comprobar, al discurso socialista que pretendía una vía distinta tanto, obviamente, de la que iba a parar a la declaración de independencia como de la que apuntaba a desembocar, antes de que ocurriera en el recurso al 155, le faltó fuste para perfilar una posición propia, claramente diferenciada del PP al que se acusaba de inmovilismo. Esa falta de fuerza es la que se constata a la vez en un lenguaje político en el que incluso ciertas expresiones van decayendo, a medida que otras pasan a primer plano en las palabras de los protagonistas. No es menor el reemplazo del término “socialismo” por el de “socialdemocracia”, lo cual, visto desde la tradición del PSOE y sus debates internos, no es cuestión menor. La profusión en el uso de “socialdemocracia”, prescindiendo de la crisis de la socialdemocracia de la que ésta no se ha repuesto, ni siquiera en Europa, responde a la voluntad de centrar la política del partido como estrategia para contrarrestar la transversalidad que otros buscan. Y en el terreno pantanoso de la crisis del Estado, apenas si se utiliza la expresión “federalismo”, que ha quedado orillada para hablar de puesta al día del Estado autonómico. Otro tanto cabe decir de “plurinacionalidad”, término últimamente desaparecido en combate, ni siquiera traído a colación indicando que se habla de naciones culturales de la “nación de naciones” que es España –algo que parecía ganado, aunque fuera insuficiente por cuanto lo necesario es un Estado de naciones (políticas) suficientemente reconocidas–.

Es ese ir y volver en cuanto a la idea de un Estado federal plurinacional, que ya se había ido abriendo paso en el discurso socialista, lo que de nuevo muestra a PSOE y a PSC como partidos en una perpetua duda hamletiana en torno a su ser o no ser. Ahora, ante nuevos titubeos, como suele ocurrir de manera recurrente dada la acostumbrada tibieza socialdemócrata, resurge para muchos la duda acerca de si los dos partidos socialistas “hermanos” asumen de verdad el federalismo pluralista al que parecían haber llegado –duda que respecto al PSC es especialmente grave, pues de la indefinición al respecto provienen en gran parte los males padecidos por el socialismo catalán–. Respecto a la cuestión misma de un referéndum, a la vez que se rechaza una consulta expresamente hecha a la ciudadanía catalana, previa y distinta a la reforma constitucional necesaria, se habla de dos referendos posteriores a ésta, el necesario para la propia reforma y el que seguiría para un Estatut reelaborado a la luz de dicha reforma. Pero el mismo Iceta insiste en que para Cataluña no habrá solución estable ni legítima si no está ratificada por su ciudadanía. ¿Significa eso que hay que empezar de nuevo si no tienen suficientes votos a favor en Cataluña tanto una constitución reformada como un nuevo Estatut conforme a ella? El sinsentido de una vuelta a empezar en tal hipótesis nos retrotrae a la cuestión de la necesidad de un referéndum pactado en un momento previo, que es lo desechado por una socialdemocracia alicorta.

Con todo, lo expuesto hasta aquí no opaca el crédito ganado por Miquel Iceta como candidato socialista a la Generalitat. Dado que es conocida su afición a bailar con muy diferentes músicas no queda lejos de lo que se puede imaginar el verlo metido de lleno en la danza del fuego. Iceta arriesga y hace equilibrios, y puede quemarse si no logra zafarse de quienes lo quieren achicharrar por la derecha en el acto mismo de consumar la alianza con ellos. Tampoco lo tiene fácil a su izquierda, pero no solo su futuro, sino el de los socialistas catalanes depende de que acierte librándose de la quema. Es más, la verdad es que mucho depende de ello. Cabe decir que incluso el futuro del Estado por cuanto un alineamiento férreo del PSC con las derechas del PP y Ciudadanos decantará todo hacia el inmovilismo del PP, reacio a toda reforma constitucional en serio. Y, de suyo, la crisis del Estado es tan fuerte que reformas epidérmicas sobre el tejido constitucional son de todo punto insuficientes. Hay que pensar en un proceso constituyente, aunque eso quede lejos de lo que una tímida socialdemocracia está dispuesta a proponer.

En Comú-Podem y el (in)fiel de la balanza

En el panorama catalán juega un papel especial la coalición En Comú-Podem, heredera de lo que representó Catalunya Sí que Pot en la legislatura abruptamente finalizada. A las diputadas y diputados de dicho grupo parlamentario no les fue fácil mantener sus posiciones logrando a la vez que llegaran a la ciudadanía con la suficiente nitidez. Con figuras tan destacadas como Joan Coscubiela –memorable sus intervenciones parlamentarias criticando la quiebra de reglas democráticas en la cámara catalana–, han marcado distancias claras respecto al independentismo, mas presentando de continuo con la misma nitidez la propuesta de un referéndum pactado como paso necesario para desbloquear la situación en Cataluña dada por un antagonismo cada vez más acentuado. Con tal planteamiento aceptaron participar en la Comisión para el proceso constituyente, en el parlamento catalán, haciendo valer en ella su enfoque federalista –Comisión a la que fui invitado a participar como “experto” a propuesta de este grupo–. Siguiendo esa misma lógica, desde tal grupo parlamentario también se dijo que ni declaración unilateral de independencia ni artículo 155. No obstante, no dejaron de acentuarse diferencias internas a consecuencia especialmente de las distintas maneras de valorar el “referéndum” del 1 de octubre, por más que hubiera coincidencias con Podem, y con el grupo municipal de En Comú-Podem en el Ayuntamiento de Barcelona, en no considerarlo en rigor un referéndum por hacerse en ausencia de condiciones elementales para que fuera tal.

Es cierto que al mencionado distanciamiento contribuyó la equivocidad de los mensajes de En Comú-Podem a lo largo del “procés”, los cuales, tildados de equidistantes entre el independentismo y el llamado constitucionalismo, muchos veían escorados hacia el primero. Con todo, en honor a la verdad, hay que decir que En Comú-Podem, aparte determinados pronunciamientos individuales, nunca ha secundado el secesionismo. Eso mismo es obligado decirlo de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por más que haya motivos para criticar, por ejemplo, su pasividad ante una consulta a la militancia a resultas de la cual se produjo la ruptura de la coalición de gobierno municipal entre En Comú-Podem y el PSC.

En la campaña electoral hacia el 21 de diciembre, En Comú-Podem, con Xavier Domènech como candidato a la Generalitat, retoma tanto la propuesta de referéndum pactado como la insistencia en el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado español –manteniendo el hincapié en la crítica a la aplicación del 155, traducida incluso como recurso de inconstitucionalidad respecto a ella ante el Tribunal Constitucional, lo cual puede verse apoyado en ciertas razones jurídicas, pero explicitado en momento en que ya pasó la razonable oportunidad para ello–. Siendo tales acentos los mismos que pone Podemos en su discurso, se detecta en éste la carencia de una concreta propuesta federalista como la adecuada al reconocimiento jurídico-político de la plurinacionalidad que se propugna.

A pesar de que, según parece a tenor de lo que señalan los sondeos de opinión, la posición de Podem causa a Podemos notables problemas de comunicación e inteligibilidad de su mensaje en el resto de España –queda por ver en qué medida pueden superarse–, sí cabe aventurar que en Cataluña puede jugar un papel crucial, dependiendo, claro está, del resultado electoral. Aun no dando éste para más que un grupo minoritario, su ubicación en el espectro parlamentario con un planteamiento como el expuesto le puede granjear una función decisiva a la hora de inclinar la balanza hacia un lado u otro de los bloques en liza. El caso es que si llega a ser el fiel de la balanza, el compromiso de En Comú-Podem es precisamente romper esa dinámica de bloques. La tarea puede ser paradójica, pues en la medida en que se subraya la predisposición a pactar con ERC, si abandona pretensiones de independencia unilateral, y PSC, si no se mantiene aferrado al 155, obligaría a la primera a dejar fuera a PdeCat, herederos de la CiU atorada en los casos de corrupción y promotora de políticas antisociales en la crisis, y supondría que el segundo se aparta del alineamiento con PP y Ciudadanos, con quienes Podem, como Podemos en el conjunto de España, no va a hacer alianza alguna. La apuesta tiene un horizonte difícil, y por el mismo hecho de formularse muchos critican a Domènech y a quienes le apoyan por ser, no fiel de la balanza, sino “in-fiel” a lo que unos y otros pueden esperar desde los respectivos sectarismos. Está claro, en definitiva, que sea arriesgando en la danza del fuego, sea apostando a un pacto que entrañaría que otros rompieran sus previas fidelidades, Iceta y Domènech disputan el papel de muñidores de nuevas alianzas para salir del conflicto. Si el segundo, proponiendo giro a la izquierda, lo tiene muy complicado a priori –diríase que imposible–, al primero, consumando pacto con las derechas, le puede resultar costoso a posteriori. 

El drama continúa… No hay que abandonar toda esperanza

A estas alturas nadie debe llamarse a engaño. La situación del Estado español es de crisis grave. Como Miquel Iceta repite una y otra vez –no hace falta que se arrogue originalidad por ello– el problema de Cataluña es el problema de España. Y con antagonismo de posiciones tan enfrentadas en Cataluña, mal lo tenemos entonces en España. Algo habrá que hacer también desde el conjunto de España para coadyuvar a la solución del conflicto catalán. Sin embargo, la realidad se muestra al respecto muy deprimente cuando también por ahí se consolidan posturas intransigentes, en vez de promover la búsqueda de efectiva solución –lo cual nada tiene que ver con hacer concesiones al independentismo, como el conservadurismo españolista suele decir–. Presentándose unas circunstancias tan complicadas, propias de nuestra compleja realidad política, cualquiera podría recordar esas “palabras de color oscuro” que Dante recogió en su Divina Comedia como frontispicio del infierno: “Dejad, los que entráis aquí, toda esperanza”. No obstante, tal recuerdo debe servir para lo contrario: para armarse de esperanza desde el compromiso en el empeño por hallar vías de salida a favor de la convivencia democrática.

La esperanza, si lo es, nunca se reduce a mera ilusión; por el contrario, implica la movilización a favor de lo que su horizonte delinea en correlación con las posibilidades reales que se nos brindan. Si para un plazo más allá de lo inmediato estamos quienes pensamos que la crisis del Estado, emergida y evidenciada desde el conflicto de Cataluña, requiere acometer lo que ha de ser proceso constituyente –respuesta dialógica al anacrónico y desubicado “procés” que hemos conocido–, para la inmediatez de lo inminente hay que preparar vías que efectivamente sean transitables para todos. Al trazarlas no vale confundir deseos y realidad, y menos tratar de imponer a los demás la interesada confusión que a cada cual convenga. Eso es importante tenerlo en cuenta para el día siguiente al 21 de diciembre, habida cuenta de la composición de un parlamento que va a reflejar la pluralidad, con las consiguientes tensiones en este caso, de la sociedad catalana. Previendo tal situación, se anticipa que la formación de mayoría parlamentaria capaz de formar gobierno puede decantarse o hacia las fuerzas independentistas –el independentismo no desaparece por el ensalmo del 155– o hacia las que se autodenominan constitucionalistas, estando entre ambas En Comú-Podem.

Si por cada lado se va con un plan A inamovible, poco o nada se podrá hacer para dar esperanza a una sociedad fracturada que desde tal condición no puede construir futuro. Lo preocupante es que, descuidando consideraciones básicas de estrategia política, parece que en los distintos casos no se cuenta con un plan B por si lo que cada cual aspira a conseguir no lo logra. Al menos, debería contarse con un plan B que sea defendible como democrático y legal, amén de digno para una ciudadanía harta de frustraciones y con las vidas de los individuos pendientes de variables inciertas. No es de recibo que como plan B se contemple que la aplicación hecha del 155 sea prorrogada bajo algún pretexto, como desde el gobierno del PP parece insinuarse e incluso desde la portavocía del PSOE parece admitirse. Si hubo una notable coincidencia en que llegar a aplicar el 155 significó un fracaso político de todos, por más que culpas y responsabilidades fueran distintas en unos y otros, el prolongar tal aplicación significaría multiplicar el fracaso y ahondar más el pozo en el que nos podemos ver hundidos. Quienes no lo queremos y no nos resignamos, seguiremos reescribiendo de la mejor manera posible el guión de un drama inacabado, tratando de que los protagonistas –en definitiva toda la ciudadanía– tengan la capacidad de reconstruir el escenario para el mejor acto posible. Insisto: pensemos en un Estado federal plurinacional como el mejor diseño para –con la venia de Ortega lo diré con sus palabras– “un sugestivo proyecto de vida en común”.